El Gobierno crea un tributo a la exploración y explotación de hidrocarburos del que se beneficiarán comunidades y ayuntamientos

Consejo de Ministros - 12.12.2014

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La Moncloa, Madrid

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha explicado que el proyecto para modificar la Ley del Sector de Hidrocarburos, que es del año 1998, busca en primer lugar crear en España un mercado organizado del gas, ya que actualmente solo existen operaciones bilaterales. De esta forma, los precios serán más competitivos y transparentes.

Un segundo objetivo es aumentar la competencia y disminuir el fraude en el sector de los hidrocarburos: se amplía el número de agentes que pueden inspeccionar las instalaciones en el caso del gas natural, se fomenta la competencia en la distribución de butano y propano y se combate el fraude en la distribución de los carburantes a las gasolineras.

Por último, ha señalado el ministro, se cambia la norma "para establecer tributos que graven el valor de la producción de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas o sean las dos cosas, y que una parte de los recursos públicos así obtenidos reviertan directamente en las arcas de las comunidades autónomas y de las entidades locales que estén en el ámbito territorial" de las explotaciones.

Soria ha detallado que se crea un tributo que grava la exploración y, en su caso, la explotación de hidrocarburos y cuyo hecho imponible será el valor de la producción que se extraiga. De él se beneficiarán las comunidades y las entidades locales del lugar donde se produzca la extracción cuando esta sea en tierra; si se realiza en el mar, lo hará la comunidad autónoma más próxima al yacimiento.

Además, se incrementa el canon de ocupación que ya pagan las empresas que tienen autorizaciones para llevar a cabo prospecciones y explotaciones. Otra novedad subrayada por el titular de Industria es que la norma establece un retorno del 1% del valor de la producción anual para los propietarios de los subsuelos de los terrenos donde tiene lugar la explotación.

Fomento del vehículo eléctrico

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros también ha aprobado el reglamento sobre la infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos, con el fin de favorecer la "implantación progresiva" de estos, según José Manuel Soria. La norma establece las dotaciones mínimas con que deben contar los edificios y los aparcamientos de nueva construcción y también las vías públicas.

El ministro ha apuntado que en las viviendas unifamiliares tendrá que haber infraestructura para un punto de conexión; en los aparcamientos colectivos privados, una preinstalación con cargo al coste de la edificación, y en los aparcamientos colectivos públicos, un punto de recarga por cada 40 plazas. En las vías públicas, el número mínimo de puntos de suministro se establecerá de acuerdo a los planes de movilidad sostenible de ámbito municipal o supramunicipal.

Déficit eléctrico

Por último, José Manuel Soria ha informado de que el déficit del sistema eléctrico en el año 2013 fue de 3.540 millones de euros y su financiación corre a cargo de las cinco grandes compañías del régimen convencional: a Endesa le corresponde un 44%, a Iberdrola un 35%, a Gas Natural Fenosa un 14%, a Hidroeléctrica del Cantábrico un 6%, y a Eon un 1%. Esa cantidad les será devuelta con un tipo de interés de mercado, ha indicado el ministro.

En cuanto a los déficits que "eventualmente pudieran surgir a partir del año 2014", serán financiados por todos los operadores del sector eléctrico y tendrán un periodo de financiación de cinco años y no de quince como en la actualidad, ha especificado el titular de Industria, Energía y Turismo.

Carrera militar

Pool MoncloaEl Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes de la modificación de la Ley de la Carrera Militar que data de 2007.

El proyecto, ha explicado la vicepresidenta, tiene como objetivo solucionar algunos de los problemas causados por el régimen transitorio establecido en la antigua norma, que, "por su complejidad y casuística, ha provocado numerosos procesos administrativos e, incluso, la presentación de más de 30.000 recursos por los miembros de las Fuerzas Armadas".

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha destacado que la principal novedad de este proyecto de ley es facilitar la vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas del personal que pasó a la situación de retiro o que resolvió su compromiso por incapacidad permanente derivada de acto de servicio y en especiales circunstancias.

También incluye como modificaciones importantes la concesión del empleo honorífico al personal del Cuerpo de Mutilados de Guerra que, cumpliendo las condiciones para el ascenso, no pudo acogerse a él por estar ya retirado, así como la concesión de empleo honorífico al personal que no pudo ascender por pasar directamente a retiro como consecuencia de acto de servicio, sin pasar previamente por la situación de reserva.

Con estas reformas, a juicio del ministro, "se cumple con una deuda que nuestra sociedad tiene con este personal y al que por su sacrificio se le debe tratar con una especial sensibilidad". Las restantes reformas tienden, según ha comentado Morenés, a paliar las disfunciones apreciadas en la Ley. Entre ellas ha citado la ampliación del período transitorio, de 2017 a 2019, para pasar voluntariamente a la situación de reserva con 58 años y la modificación de las condiciones de ascenso de los suboficiales al empleo de teniente.

Misión en Afganistán

El ministro de Defensa también ha informado del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros por el que se solicita la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en la operación 'Resolute Support' en Afganistán. Esta operación, tal y como ha señalado Morenés, será una continuación "con otro paraguas jurídico, de lo que ahora viene siendo la aportación española a la operación ISAF".

Además, ha especificado que el operativo estará presente hasta diciembre de 2015, que el número máximo de efectivos será de 485 y que comparecerá la semana próxima en el Congreso para solicitar la correspondiente autorización.

Sistema Nacional de Protección Civil

Por otra parte, el Gobierno ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. El objetivo, ha remarcado la vicepresidenta del Gobierno, es "establecer un auténtico sistema nacional de protección civil, asegurando la coordinación y la eficacia de todas las acciones y las administraciones competentes" y "poniendo énfasis en la prevención".

El nuevo sistema, ha añadido Sáenz de Santamaría, garantiza la protección de las personas y los bienes ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes y asume los compromisos internacionales y europeos. Además, se adapta al desarrollo autonómico, a la aparición de nuevos medios como la Unidad Militar de Emergencias o los centros del 112 y a la participación muy amplia de voluntarios en estas materias.

Otros acuerdos

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha aprobado subvenciones por valor de 68,3 millones de euros a Cáritas Española y a Cruz Roja Española con cargo a la asignación tributaria del IRPF en el ejercicio 2014. Las ayudas priorizan los programas de urgencia dirigidos a la atención de las necesidades básicas de familias en situación de pobreza. En total se financiarán 93 proyectos que atenderán a cerca de un millón de personas.

La vicepresidenta ha remarcado que estas subvenciones forman parte de un reparto de más de 220 millones de euros que realiza el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Esa cantidad supone un incremento del 4,8% respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, dentro de las medidas de racionalización administrativa, el Gobierno ha regulado las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

La principal novedad, ha señalado Sáenz de Santamaría, es que se garantiza "la igualdad en todo el territorio para las personas con discapacidad y movilidad reducida", de forma que la tarjeta que se emita por una administración pública tendrá validez en toda España. Además, también se prevé su concesión para personas con una enfermedad de extrema gravedad, así como para las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, siempre que presten servicios sociales.

En la semana en que han entrado en vigor las obligaciones de publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, recogidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Gobierno ha nombrado a María Ester Arizmendi presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ha designado a los vocales de la Comisión que asiste al Consejo.

Asuntos de actualidad

Pool MoncloaComo consecuencia de la puesta en funcionamiento el pasado miércoles del Portal de la Transparencia, los periodistas se han interesado por las diferencias de las retribuciones de los de los miembros del Gobierno con las de los altos cargos de las empresas públicas.

La vicepresidenta ha dicho que estos sueldos "son así desde tiempo inmemorial" y que el Ejecutivo ha tomado medidas al respecto desde el inicio de la legislatura, como la reducción de los salarios y de las indemnizaciones por cese de los altos cargos de las empresas públicas y la congelación de los sueldos de los miembros del Gobierno. El debate sobre el nivel retributivo de los responsables públicos, ha añadido, "debería ser general" y abordarse en "muchos ámbitos, alguno prioritario como el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado la evolución favorable de la economía española. Entre otros datos, ha citado que España es hoy el país que más crece entre las grandes economías de la eurozona, que el desempleo ha caído en 515.000 personas en 2014 y que las exportaciones han crecido en un 9%. "La economía está cambiando de ciclo, el signo ha cambiado totalmente, es muy diferente destruir empleo al ritmo de medio millón que crearlo al ritmo de medio millón, es exactamente lo contrario", ha concluido.

Sobre la repercusión de las actuales bajadas del precio del barril de petróleo en el precio final de los combustibles, el ministro de Industria, Energía y Turismo ha explicado que sólo un 35% de ese coste tiene que ver con el precio de las materias primas. El 65% restante corresponde a la repercusión de los impuestos y el margen empresarial de los distribuidores. No obstante, el Gobierno -ha señalado- "no descarta tomar medidas adicionales para seguir favoreciendo la competencia".