Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Defensa y de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de algunos de los asuntos que hemos aprobado en el Consejo de Ministros. De todos los demás tendrán en la Referencia las explicaciones oportunas de un Consejo de Ministros con bastantes temas, muy amplio. Nos vamos, por tanto, a centrar en los asuntos más destacados.

Me acompaña, por un lado, el ministro de Defensa, porque hoy ya se ha aprobado para su remisión a Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la Carrera Militar. Este Proyecto tiene como objetivo solucionar alguno de los principales problemas causados por el régimen transitorio establecido en la Ley de la Carrera Militar y que, por su complejidad y casuística, ha provocado numerosos procesos administrativos, incluso la presentación de más de tres mil recursos por los miembros de las Fuerzas Armadas.

Además, se ha aprobado un Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en la operación "Resolute Support" en Afganistán. Como saben, participamos en el seno de la OTAN desde el año 2002 en la fuerza de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, como ahora explicará el Ministro.

Por otro lado, y en lo que compete al ministro de Industria, que también nos acompaña esta tarde, se ha aprobado el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Hidrocarburos, por la que se establecen, además, determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. ¿Cuál es uno de los principales objetos de este Proyecto de Ley, como explicará el Ministro? Que esas medidas de carácter tributario de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, puedan repartirse para dotaciones entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos afectados, así como entre los titulares de los suelos donde se produzcan algunos de los hallazgos en materia de minas e hidrocarburos, en general.

Por otro lado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado esta mañana para su remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. El objetivo de esta Ley es establecer un auténtico Sistema Nacional de Protección Civil asegurando la coordinación y la eficacia de todas las acciones y las Administraciones competentes. El nuevo Sistema Nacional garantiza la protección de las personas y los bienes ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes.

Con la norma lo que se asume son los compromisos internacionales y europeos, y los últimos cambios se han producido en los últimos años, porque la norma anterior data de 1985. Es, por tanto, muy anterior al completo desarrollo autonómico y se ha visto superada por la aparición de nuevos agentes e instrumentos.

En estos años se han producido cambios fundamentales, que tienen que ver, no sólo en la delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino también la aparición de nuevos medios de actuación ante las emergencias, como la Unidad Militar de Emergencia, la UME, o de nuevos servicios, como los centros de emergencia del 112; la participación muy amplia de voluntarios en estas materias y el amplio desarrollo reglamentario de los últimos años.

Lo que se hace en esta Ley es regular las distintas fases de actuación del Sistema Nacional de Protección Civil ante situaciones de emergencia, poniendo énfasis en la prevención que se ha revelado esencial para producir los efectos sobre personas y bienes. Por eso se crean instrumentos novedosos, como la Red Nacional de Información sobre protección civil para la recogida, almacenamiento y acceso a información sobre los riesgos, así como medidas de protección y recursos disponibles; el Fondo de Prevención de Emergencias, para facilitar tareas de análisis de peligrosidad, mapas de riesgos o programas de sensibilización; o la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, como sistema de comunicación de avisos a las autoridades, servicios públicos y ciudadanos.

Entre otras novedades, se establecen con precisión las competencias de la Administración General del Estado y las competencias en las grandes emergencias de interés nacional. Se contempla la relación del Sistema Nacional con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, mejorando con ello los compromisos y la coordinación asumidos en el ámbito de la Unión. Tengan en cuenta que muchos de estos riesgos son, a veces, transfronterizos.

En definitiva, ¿qué se busca? Crear un nuevo Sistema Nacional que garantice la eficacia del servicio de Protección Civil para proteger personas y bienes ante distintos tipo de emergencias y catástrofes, haciendo especial incidencia, además, en la prevención.

Por otro lado, hoy se aprueban --saben que lo que voy a explicar es competencia del Consejo de Ministros, porque supera los doce millones de euros-- dos Acuerdos por los que se conceden subvenciones a Cáritas Española y a Cruz Roja con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Quiero decir que el Consejo de Ministros aprueba únicamente estas dos subvenciones, porque superan los doce millones de euros, pero forman parte de un reparto que hace el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de más de 220 millones de euros, que se reparten entre 468 entidades y que suponen, aproximadamente, el 75 por 100 de la cantidad a repartir a resultas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Éstas son, por tanto, las dos subvenciones más elevadas, que superan ese montante de doce millones de euros.

En el caso de Cáritas Española la subvención es de más de 25,5 millones de euros, lo que supone el 37 por 100 del presupuesto de la entidad. Quiero además poner de manifiesto el enorme incremento que ha tenido esta subvención para Cáritas en los últimos años: de 18,6 millones de euros en 2009 pasó, en 2012, a 20,6 millones, y hoy es de 25,5 millones. Es decir, desde 2009 se ha producido un incremento de casi el 40 por 100. Esta subvención se dedica a 37 programas de cooperación y voluntariado dirigidos a familias con situación de especial necesidad, mujeres, personas mayores y sus cuidadores, población gitana, jóvenes, personas en riesgo de exclusión, desempleados o enfermos.

Dentro de estos programas destacan, por su mayor dotación, los destinados a la atención socio-sanitaria de personas sin hogar, atención integral a personas mayores, a través de servicios que facilitan su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, y programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión.

La otra gran subvención es el caso de Cruz Roja Española, en que asciende a 42,7 millones de euros. Esta subvención en 2009 era de 33 millones de euros, en 2012 la subimos a 36,4 millones y hoy es la cifra que se reparte: 42,7 millones de euros. Se destinará a 56 programas de cooperación y voluntariado social, entre los que destaco ayuda a domicilio, atención urgente a necesidades básicas, centros de día, integración de inmigrantes y transporte en vehículos adaptados.

Por otro lado, se aprueba, dentro de las medidas de racionalización administrativa, un Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Con esto damos una respuesta a una reclamación histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, porque se habían detectado muchas disfunciones en la utilización de las tarjetas, hasta el punto de que algunas no eran reconocidas en otras comunidades autónomas o municipios distintos de aquel en que se emitía la tarjeta, con lo que los titulares, cuando se desplazaban con su vehículo fuera de la misma, no podían utilizarla.

Con esto, ¿qué tratamos de garantizar? La igualdad en todo el territorio para las personas con discapacidad y movilidad reducida que, como saben, pueden estacionar su vehículo en las plazas reservadas en toda España. La tarjeta de estacionamiento que se emita válidamente por una administración pública tendrá validez en todo el territorio nacional, así que se podrá desplazar con su vehículo con esta tarjeta y podrá aparcar en cualquier lugar del territorio nacional.

Además, otra novedad es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad siempre que presten servicios sociales. Es decir, también podrán utilizar este tipo de tarjetas.

Asimismo, también se prevé su concesión por razones humanitarias. Con frecuencia, la gravedad y evolución de una enfermedad que provoca la reducción de la movilidad impide, por los tiempos de solicitud, que puedan hacerse con cierta agilidad y, sin embargo, esa persona lo necesita; por tanto, se establece un procedimiento más rápido para solventar esta cuestión.

Por último, quiero decirles que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se designan los miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, esa Comisión que asiste al Consejo de la Transparencia. Se procede al nombramiento definitivo de doña Ester Arizmendi como responsable del Consejo de la Transparencia y se designan los miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno que, como saben, algunos son de procedencia parlamentaria --un diputado y un senador-- y otros, representantes de las principales instituciones ligadas, de una u otra manera, con la transparencia de las Administraciones Públicas en España.

Los nombres son: doña Pilar Cortés Bureta, diputada, a propuesta del Congreso de los Diputados; don Jokin Bildarratz Sorron, senador, a propuesta del Senado, del Grupo Nacionalista Vasco; doña María José de la Fuente y de la Calle, que es consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Tribunal de Cuentas; don José Manuel Sánchez Saudinós, secretario general del Defensor del Pueblo, a propuesta de la defensora del Pueblo; don Agustín Puente Escobar, que es el jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la propia Agencia Española de Protección de Datos; doña María Pía Junquera Temprano, que es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos, y es la representante propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; y don José Luís Martínez Almeida Navasqües, director de la División Jurídica Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nombrado a su propuesta.

Sr. Morenés.- Como saben ustedes, se trata de cumplir con el mandato de la Ley Orgánica de derechos y deberes de miembros de las Fuerzas Armadas, en la que se decía que había que modificar el régimen transitorio de la Carrera Militar.

El pasado 9 de julio la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó, con 38 votos a favor y uno en contra, un dictamen previo por el que se establecen una serie de recomendaciones para que en el plazo de tres meses el Gobierno modificara determinados aspectos del régimen transitorio de la Ley.

Las principales novedades de este proyecto de modificación son: en primer lugar, facilitar la vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas de aquel personal que pasó a la situación de retiro o que resolvió su compromiso por incapacidad permanente producida en acto de servicio y en especiales circunstancias. Esta vinculación, que afecta a oficiales, suboficiales y tropa, comprende la adscripción del interesado a una unidad y la posibilidad de alcanzar sucesivos empleos con carácter honorífico. También la concesión del empleo honorífico de teniente a los suboficiales del Cuerpo de Mutilados de Guerra que, cumpliendo las condiciones para el ascenso, no pudieron acogerse en su día al mismo por estar ya retirados. Y también la concesión de un empleo honorífico al personal que no pudo ascender por pasar directamente a retiro, como consecuencia de acto de servicio, sin pasar previamente por la situación de reserva.

Con estas tres modificaciones se cumple con una deuda que nuestra sociedad tiene con este personal y al que, por su sacrificio, se le debe tratar con una especial sensibilidad.

El resto de modificaciones tienden a paliar aquellas disfunciones que desde el mismo día de entrada en vigor de la Ley fueron apreciadas y que crearon malestar en ciertos colectivos de las Fuerzas Armadas, y son las siguientes: ampliar el periodo transitorio para pasar voluntariamente a la situación de reserva con 58 años, del año 2017 al año 2019, dando la oportunidad a que más oficiales y suboficiales puedan acogerse a ello, lo que permitirá indirectamente ascender en la reserva a más personal; modificar las condiciones de ascenso de los suboficiales al empleo de teniente para que se produzca, al pasar a la situación de reserva, sin requisitos adicionales de edad, que antes eran 33 años de servicio. ;al mismo tiempo, y hasta el año 2019 también, se compensará al personal que no se acoja a la reserva voluntariamente a los 58 años, a los que se concederá antigüedad, tiempo de servicio y efectos económicos del correspondiente ascenso desde la fecha en que se cumplieran los 58 años, aunque permanecieran en servicio.

Se entiende que con estas modificaciones y aquellas otras que se puedan establecer por vía reglamentaria se podrán paliar aquellas disfunciones que se produjeron por la aplicación de un complejo régimen transitorio, de consecuencias imprevistas en muchos casos, manteniendo, sin embargo, el modelo establecido por la Ley de la Carrera Militar, que debe permitir alcanzar la estabilidad normativa ya de una vez en las Fuerzas Armadas.

En cuanto al Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en la operación "Resolute Support", saben ustedes que la operación nació dentro del ámbito de las Naciones Unidas, fue acogida por la OTAN en el año 2002, ahí se incorporó España; en el año 2003 se adoptó una resolución, dentro de la OTAN y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de ampliar la zona de influencia de la operación más allá de Kabul y en la Cumbre de Chicago de 2012 la OTAN decidió que se había terminado ya la parte importante de la operación, en el sentido de la formación de las Fuerzas Armadas afganas y también de los apoyos al desarrollo de ese país.

No obstante, en la Cumbre de Gales, que ha sido ahora, en septiembre de este mismo año, se adoptó la decisión de seguir apoyando a las capacidades de las Fuerzas de Seguridad afganas, en respuesta a la solicitud del Gobierno de Afganistán.

Así que España se integrará, una vez más, en la operación "Resolute Support" y adoptaremos los siguientes acuerdos: primero, solicitar la aprobación del Congreso de los Diputados, cosa que se hará la semana que viene; se aportará a la operación, si así lo considera el Congreso, personal integrado en los Cuarteles Generales de la operación, tanto en Kabul, como en Herat; un equipo de asesores con las Fuerzas de Seguridad afganas para seguirles adiestrando en sus cometidos; la Sanidad Militar que tenemos instalada en estos momentos en Herat en el Role 2; una unidad de apoyo de gestión al aeropuerto de Herat, que ya está funcionando; unidades de apoyo logístico y de apoyo al despliegue, que ya están en Herat, y unidad de protección de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Herat, que ya está allí.

¿Qué quiero decir? Que será una continuidad, con otro paraguas jurídico, de lo que ahora viene siendo la aportación española a la operación ISAF, la continuación en Herat, que era lo que pretendía España desde el primer momento. El número máximo será de 485, oscilando dependiendo de las necesidades; la aprobación que se pedirá al Congreso será hasta diciembre del año 2015 y yo mismo compareceré ante el Congreso para solicitar la correspondiente autorización.

Sr. Soria.- Tal como la Vicepresidenta comentó, hoy hemos aprobado un Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Hidrocarburos, que es una Ley del año 1998, y fundamentalmente tiene tres objetivos esta modificación: el primero de ellos es crear un mercado organizado del gas en España; en segundo lugar, introducir medidas para aumentar la competencia y disminuir el fraude en el mercado del gas, y, en tercer lugar, se persigue también establecer tributos que graven el valor de la producción de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas o sean las dos cosas, y que una parte de los recursos públicos así obtenidos a través de estos tributos revierta directamente en las arcas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales que estén en el ámbito territorial del lugar donde se tienen estas explotaciones.

En relación con la constitución del mercado organizado del gas, ahora mismo no hay un mercado organizado del gas en España; hay un mercado organizado del sistema eléctrico, pero no del gas. Lo que hay en el mercado del gas es, simplemente, un mercado donde hay operaciones bilaterales, con lo cual los precios no están dando señales precisas y nítidas en relación a este mercado. Por tanto, lo que se introduce con esta modificación es más transparencia y más competencia al dotarnos de un mercado organizado.

En segundo lugar, decía que había también medidas para impulsar la competencia y disminuir el fraude en el sector de los hidrocarburos. Hay medidas para el gas natural ciudad, medidas para los gases licuados del petróleo y también medidas en relación con los carburantes. En relación con las primeras, medidas para aumentar la competencia en el mercado del gas natural ciudad: se aumenta el número de agentes que puedan llevar a cabo las inspecciones, de tal forma que se introduzca más competencia y no sea, como es hasta ahora mismo, que sólo pueden hacer este tipo de inspecciones los operadores. En segundo lugar, respecto a los gases licuados del petróleo, butano y propano, lo que se establecen son medidas para fomentar también una mayor competencia en su distribución. Y en tercer lugar, respecto a los carburantes, se introducen medidas para disminuir el fraude en cuanto a la distribución a gasolineras.

En cuento a la parte de tributos, en relación con los tributos se crea, en primer lugar un tributo que grava la exploración y la explotación, en su caso, de hidrocarburos en España. Este tributo va a tener como hecho imponible el valor de la producción de los hidrocarburos que se extraigan y van a existir, de acuerdo a la Ley General de Subvenciones del año 2003, los mecanismos para que una parte de esos recursos reviertan directamente, o bien a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales donde tenga lugar esa extracción, siempre y cuando la extracción sea en tierra, y, si no es tierra sino que es en mar, a la Comunidad Autónoma más próxima al lugar de esas extracciones.

Aparte de la creación de este tributo, se actualiza también el canon de ocupación que ya pagan las empresas, los operadores, que tienen autorizaciones para hacer prospecciones o explotaciones. Por tanto, se actualiza incrementándolo.

Y luego se establece --esto es una las novedades más importantes de esta modificación-- que para los propietarios de los subsuelos de aquellos terrenos donde tiene lugar la explotación haya también un retorno del 1 por 100 del valor de la producción anual, mientras dure la autorización de explotación, sobre lo que comporte esa explotación, de tal forma que para los propietarios de los terrenos ya no va a haber, como hasta ahora, solamente un, digamos, valor de expropiación y ya está, sino que se les va a retribuir con un 1 por 100 del valor total de la extracción anual.

En relación con el Real Decreto de procedimiento de cesión de los derechos de cobro y tipos de interés por el déficit del sistema eléctrico, tanto del año 2013 como de los eventuales desajustes coyunturales que pudieran surgir entre ingresos y costes del sistema a partir del 1 de enero del año 2014, este Real Decreto establece dos cuestiones.

En relación con el déficit en el sistema eléctrico del año 2013, como ustedes saben, después de la liquidación catorce que se hizo en el mes de marzo de este año 2014, que es la última liquidación correspondiente el ejercicio del año 2013, ese déficit fue, en total, de 3.540 millones de euros. La financiación de este déficit para el año 2013 corre a cargo de las cinco grandes compañías eléctricas del régimen convencional, de tal forma que a cada una de ellas corresponde financiar un porcentaje de acuerdo al porcentaje de generación que tengan en el mercado. De tal forma, que a Iberdrola le corresponde un 35 por 100; un 44 por 100, a Endesa; 14 por 100, a Gas Natural Fenosa; un 6 por 100, a Hidroeléctrica del Cantábrico y un 1 por 100 a EON.

Ahora bien, financian estas compañías pero, lógicamente, con el derecho a recuperar esa cantidad que han financiado y esas cantidades, junto con un interés de mercado, las van a obtener en los quince años siguientes al ejercicio en el que se haya producido ese déficit. Como el ejercicio es el de 2013, quiere decir que esas cantidades van a retornar a estas compañías en el período comprendido entre el 1 de enero del año 2014 y el 31 diciembre del año 2028. El tipo de interés es, como les decía antes, el del mercado, pero añadiéndole una prima, que será la prima que tienen estas compañías, las "utilities" españolas, en el mercado.

Todo ello para el déficit, insisto, del año 2013, que sabemos es que es un déficit cierto con la última liquidación, la catorce.

¿Qué ocurre, de acuerdo a lo que se establece en la Ley del Sistema Eléctrico de diciembre del año 2013, para aquellos déficits que pudieran eventualmente surgir a partir del año 2014? En primer lugar, si surgen esos déficits, tendrán un periodo de financiación no de quince años, sino de cinco años. Y, en segundo lugar, van a participar en la financiación de este déficit, no sólo las empresas de régimen convencional, sino absolutamente todos los operadores implicados en el sector eléctrico. ¿Cuál va a ser el tipo de interés al que se les remunere esa financiación a las empresas? Va a ser el tipo de interés que marque la Deuda Pública, más un diferencial fijo, que en el caso del año 2013 son 85 puntos básicos, y luego, en los sucesivos años, estará determinados por el riesgo que haya en cada momento y eso vendrá marcado en la orden de peajes correspondiente anual.

Aparte de establecer este tipo de metodología, tanto para la cesión de derechos de cobro y también para fijar el rendimiento de estas cantidades, este Real Decreto introduce también una modificación en la estructura de los peajes que las empresas industriales pagan por su conexión eléctrica. Estas estructuras de peaje están establecidas en función de la tensión que en términos de cada industria hay fijada. Entonces, para la estructura de peajes de 1 a 36 kilovoltios se establecen dos tramos: uno, hasta 30 kilovoltios y, otro, de 30 a 36 kilovoltios. El objetivo es que todas aquellas industrias que estén en el tramo entre 30 y 36 kilovoltios no estén penalizadas con un peaje superior al que tienen otras industrias. Esto va a afectar, fundamentalmente, en sentido positivo a las industrias del País Vasco que tienen la tensión contratada a 33 kilovoltios. Por tanto, esto es una modificación técnica que también se incluye en este Real Decreto.

Hay otro Real Decreto que se ha aprobado hoy, que tiene como objeto regular las dotaciones de infraestructuras para recargas de los vehículos eléctricos en España. ¿De qué se trata? Se trata de favorecer la implantación progresiva del vehículo eléctrico a través del establecimiento de cuáles son las condiciones que, fundamentalmente, en los aparcamientos, tanto públicos como privados, se deben reunir con el fin de que haya una mayor facilidad para los propietarios de este tipo de vehículos.

Lo que hace este Real Decreto es establecer una serie de dotaciones mínimas. ¿Cuáles son estas dotaciones mínimas? En primer lugar, en las viviendas unifamiliares --estamos hablando de edificaciones nuevas, lógicamente; no en las que ya están-- tendrá que haber infraestructura para un punto de conexión. En los aparcamientos colectivos privados, en los edificios tendrá que haber una pre-instalación, que tendrá que ir con cargo, digamos, al propio coste de la edificación; pero esa pre-instalación es para hacer posible que luego cada propietario de cada plaza de aparcamiento pueda llevar su propia acometida desde esa pre-instalación hasta el punto concreto de su plaza de garaje.

En tercer lugar, en aparcamientos colectivos pero no privados, sino aparcamientos públicos --los que haya en unos grandes almacenes, los que haya en un ministerio, etc., etc.,--, tiene que haber un punto de recarga por cada cuarenta plazas de aparcamiento que haya en cada uno de estos estacionamientos. Y en las vías públicas también se establece una dotación mínima, que será un número de puntos de suministro de acuerdo a los planes de movilidad sostenible que haya en los correspondientes planes, o municipales, o supramunicipales.

Hay, además, otro Real Decreto que ha sido aprobado hoy también en el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo establecer un mecanismo de compensación para los costes de emisión de las empresas electro-intensivas. Esos derechos de emisión son pagados normalmente por las compañías eléctricas; pero lo que ocurre es que son repercutidos en el precio que pagan, a su vez, las compañías electro-intensivas, lo cual supone un encarecimiento de la energía para estas compañías y lo que hacemos en este Real Decreto, en definitiva, es establecer un mecanismo de ayuda, que no es novedoso, porque en la mayor parte de los países europeos ya existe. A tal efecto se establece una cuantía de cuatro millones de euros para este tipo de ayudas.

Y finalmente, Vicepresidenta, también quiero informar sobre, a su vez, el informe que hice al Consejo de Ministros en relación con la presentación de un ERE el 10 de diciembre por parte de la empresa ALCOA.

Como saben ustedes, la empresa ALCOA es una empresa global que tiene centros de producción de aluminio en distintas partes del mundo; en España tiene tres centros productivos: tiene una fábrica en San Ciprián, en Lugo; tiene una en A Coruña y tiene una en Avilés.

Quiero decir, en primer lugar, que la presentación de ese expediente de regulación de empleo por parte de ALCOA no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo mecanismo para distribuir la interrumpibilidad en España. Es más, quiero decir que este nuevo mecanismo para distribuir la interrumpibilidad se modificó el pasado año para entrar en vigor, justamente, el 1 de enero del año 2015 a petición de las empresas interrumpibles en España; entre ellas, también ALCOA. Y nos lo pidieron partiendo de un planteamiento que yo creo que es absolutamente coherente, y es que el sistema que teníamos anteriormente, al igual que el sistema de algunos otros países europeos, era un sistema que generaba dudas en relación a si constituía o no constituía ayuda de Estado para las Unión Europea.

De hecho, en concreto, la empresa ALCOA nos apercibió insistentemente de la situación que se les había dado en Italia, en virtud de la cual la Unión Europea les había impuesto una multa de trescientos millones de euros, directamente a la empresa, por haber sido objeto de un sistema de interrumpibilidad que era incompatible por ser ayuda de Estado.

Quiero decir esto para sentar exactamente de por qué hoy hay un nuevo sistema de distribución de la interrumpibilidad. Ahora bien, éste es un sistema de distribución de la interrumpibilidad que es mucho más transparente, es mucho más competitivo; es un sistema de subastas y quiero decir que las subastas establecen unas condiciones que son exactamente iguales para absolutamente todos quienes estén interesados en el mecanismo de la interrumpibilidad. Por cierto, quiero recordar, es un mecanismo en virtud del cual, las empresas electro-intensivas ofrecen una cantidad de dinero por cada megavatio que estén dispuestos a interrumpir, a apagar, en el caso de que en un momento determinado pueda ser ello preciso para el conjunto del sistema eléctrico.

Quiero decir que en la subasta que se hizo hace algunas semanas la empresa ALCOA pujó por, digamos, bloques de interrumpibilidad en la fábrica de Lugo hasta un nivel que le hizo, lógicamente, ser adjudicataria de los bloques que necesitaba para esa fábrica; pero, en cambio, en su puja en cuanto a los bloques de las fábricas de Avilés y de A Coruña no bajaron lo suficiente como para ser, digamos, adjudicataria. Quiero decir que la única y exclusiva razón, al igual que con todas las empresas, de por qué no fue adjudicataria de más bloques fue por un estrategia absolutamente legítima, libre, pero desde luego de la empresa, y que nada tiene que ver con este sistema de subasta.

Pero quiero decir que antes de que finalice el año habrá una nueva subasta. Estamos pendientes de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia el informe que le hemos pedido para poder acometer una segunda parte de la subasta con la parte que no ha sido adjudicada en la primera y quiero decir que, si ALCOA puja realmente en condiciones similares a las que por ejemplo pujó con su fábrica en Lugo, no va a tener absolutamente ningún problema para ser adjudicataria, tanto en la fábrica de A Coruña, como en la fábrica de Avilés.

P.- Mis preguntas son para la Vicepresidenta; perdonen, Ministros. Según el CIS, el 86 por 100 de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala. Los datos están ahí de paro, de pobreza y de desigualdad. ¿Usted cree que los ciudadanos van a entender que el Presidente les diga que "la crisis es historia" o, como decía ayer el presidente Posada: tal vez, exageró un poco?

Le quería preguntar también sobre este choque que hay entre el Banco de España y el ministro De Guindos, por Bankia. Quería preguntarle si la forma mejor de resolverlo no sería que ustedes aceptaran de una vez una comisión de investigación de Bankia y así sabríamos todos qué pasó realmente con el Gobierno anterior y con este Gobierno.

Por último, le quería preguntar por una cuestión personal, política. Todos los medios han escrito que la llegada de Alfonso Alonso refuerza su poder en el Gobierno y se escribe mucho sobre su inmenso poder. Quería saber si a usted le agrada que se instale esta idea de su inmenso poder, que genera algunos recelos en el PP.

Vicepresidenta.- Respecto a la primera de las cuestiones sobre la situación económica que vive España, yo creo que la mejor manera de contestarla es con algunos datos:

Cuando llegamos al Gobierno, España había entrado otra vez en recesión; hoy es el país que más crece entre las grandes economías de la eurozona.

- En el último año de la pasada Legislatura el paro creció en 585.000 personas; hoy, el último año el desempleo ha caído en 515.000. Es decir, pasamos, en el año 2011, de incrementar el paro en más de medio millón de personas a bajarlo, en este último año, en una cifra similar.

- Las exportaciones han crecido en estos años un 9 por 100, en casi 20.000 millones de euros. Y la inversión: en 2013 España recibió 29.500 millones de euros de inversión extranjera directa.

- En turismo --y tengo aquí al ministro competente--, sólo en los últimos años, 2012 y 2013, el gasto ha crecido en 7.000 millones de euros.

- Conocen ustedes cómo está la prima de riesgo y los intereses que pagamos; algunos son los más bajos que se han pagado en toda la serie histórica. Y empieza recuperarse la financiación.

- Pero lo que es más importante: está mejorando el consumo. Tienen ustedes también las cifras de algunas compras importantes que deciden las familias, como son los últimos datos de las matriculaciones y de las ventas de vehículos.

Yo creo que la economía está cambiando de ciclo; el signo ha cambiado totalmente; hay que seguir trabajando, indudablemente; pero yo creo que, desde dónde veníamos hasta dónde estamos, en tres años no creo que muchos de ustedes, cuando nos preguntaban entonces, tampoco pensaran que podíamos llegar a esta situación, sin perjuicio de que, como le digo, hay todavía muchísimo que trabajar, porque en España hay un buen número de parados. Pero es muy diferente destruir empleo a ritmo de medio millón que crearlo a ritmo de medio millón; es exactamente lo contrario.

En la segunda de las cuestiones yo diferenciaría varios aspectos: en primer lugar, las decisiones políticas de los Gobiernos anteriores que tomaron distintos modelos en materia de reestructuración del sistema bancario, que no funcionaron, y la situación que ahora atraviesa el sistema financiero con los últimos hechos objetivos --se los leí la semana pasada--, los últimos test de estrés, que nos tienen que dar confianza en un elemento clave de la economía.

Por otro lado, hay un procedimiento judicial en marcha, donde se tendrán que tomar las decisiones que sean competentes y en el que, además, yo creo que deberíamos ser todos bastante respetuosos antes de hacer peticiones y presiones a esos órganos jurisdiccionales.

Pero, dicho lo cual, hay que dejarles, por tanto, trabajar. Creo que son los dos sitios en los que deben residenciarse estas cuestiones: en el ámbito judicial y en los controles en el ámbito europeo.

Sobre las comisiones de investigación, ya conocen ustedes cuáles han sido la decisión del Parlamento y la posición del ministro de Economía. Y ya les digo: aquí, probablemente, este Gobierno, sobre cómo se tomaron determinadas decisiones en el momento temporal del que usted habla, poco tiene que decir; tienen que decirlo otros. Pero esto no es cuestión de que afecte a uno o a otro Gobierno, sino de hacer las cosas con seriedad.

Sobre la tercera de las preguntas, que obedece a un artículo que firmaba usted este fin de semana, yo no le voy a contradecir a usted. Si a usted le parece que ésa es su… Si quiere, yo le valoro su artículo: lo escribió usted. Aquí lo que hacemos es trabajar todos y, si es por antigüedad, casi se puede decir que el señor Alfonso Alonso me trajo a mí al Partido Popular, más que yo al señor Alfonso Alonso, que llevaba ya largos años trabajando, como conocen, en el Ayuntamiento de Vitoria. Es que es a la inversa: creo que aumenta el poder del señor Alfonso Alonso.

P.- Para la Vicepresidenta. Desde la puesta en marcha del Portal de Transparencia en lo que más se ha fijado la gente y los periodistas es en los sueldos. Ayer empezaron a decirse, algunos, que los políticos deberían cobrar más, sobre todo los que pertenecen al Gobierno, y otros que son los que están en cargos de empresas públicas, por ejemplo la SEPI, los que deberían cobrar menos. ¿Tiene previsto el Gobierno alguna reestructuración de sueldos de políticos o de responsables de empresas?

Vicepresidenta.- Permítanme que inicie la contestación de la pregunta de una determinada manera: que estos sueldos eran así, ha sido así desde tiempo inmemorial. Entre otras cuestiones, para que se entienda, el vicepresidente del Gobierno, los ministros y, por supuesto, el presidente del Gobierno tienen doce pagas; no tienen catorce pagas. Entonces, eso es una de las explicaciones del escalón. El resto de los altos cargos sí las tienen.

No es un tema nuevo. Es más, yo recordaba esta mañana con mi gente que sobre este tema en febrero de 2013 hablamos el ministro Montoro y yo en esta mesa, y creo que a pregunta suya, señora del Riego; me acuerdo de eso.

P.- Era porque nadie sabía lo que cobraba un secretario de Estado.

Vicepresidenta.- Era por la Ley de Régimen Local y entonces el sueldo base era el del secretario de Estado. Dijo el ministro Montoro, que ya saben que siempre que baja a las ruedas de prensa da mucho de sí: "esto es tal…". Y dijimos: "que cobran más que los ministros, que los vicepresidentes e, incluso, que el presidente del Gobierno". Se inició así un debate entre los dos. Y no hubo polémica. Pero esto ya se sabía.

Dicho lo cual, nosotros en esta Legislatura hemos aplicado una congelación de sueldos. No los hemos tocado, los hemos congelado, y se les aplicó, además, como al resto de los funcionarios, sean o no lo sean, asuntos relativos a la paga extraordinaria. Lo que sí hicimos en las empresas públicas, como recordarán, al principio de la Legislatura, establecer un sistema de clasificación de todas las empresas públicas y, según el rango, los grupos A, B y C, de empresas públicas, se les pegó un bajonazo a los sueldos, porque los sueldos que se pagaban a los responsables de las empresas públicas durante la pasada Legislatura eran mucho más superiores y, además, no estaban organizados y no había… Entonces, nosotros hicimos eso.

Ahora se ha abierto este debate de un asunto que, como digo, no es nuevo. Si aquí lo debatimos el señor Montoro y yo --no lo debatimos, se lo contamos a ustedes-- en el año 2013.

Nosotros estamos haciendo muchas reformas y estamos en un momento de congelación. Creo que el debate sobre los salarios debería ser general. Nosotros sí nos hemos planteado cuestiones en que hay diferencias salariales: estoy hablando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son muchos ámbitos e, incluso, para nosotros alguno, como este último, es tanto o más prioritario que el que afecta a los ministros. ¿Qué hemos hecho? Congelar, reducir los de las empresas públicas, plantear otros debates salariales en el ámbito de la función pública que nos parecen más urgentes y éste, de momento, a nosotros… Más que contar lo que hay, no lo tenemos planteado encima de la mesa porque pensamos que, por otro lado, tiene que ser también más general y más global.

P.- Vicepresidenta, por seguir con el asunto de los sueldos, del que se ha hablado mucho en estos días, yo quería más una valoración política. Quería saber si usted considera que tanto el cargo o el puesto de presidente del Gobierno, vicepresidenta y ministros está bien pagado en España. Por ejemplo, ¿qué le parece la diferencia con presidentes autonómicos, como Artur Mas en Cataluña, que gana casi un 50 por 100 más que el presidente del Gobierno de la nación?

Por otro lado, sí quería saber su evaluación de la propuesta que ha hecho el líder de la oposición de rebajar el sueldo a esos 285 altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno en España.

Al ministro Soria. Esta semana también ha salido a la luz, en "ABC", por ejemplo, que el petróleo ha bajado un 43 por 100, mientras que la gasolina solamente lo ha hecho un 13 por 100 desde el mes de junio. ¿A usted le parece lógica esta diferencia en el descenso del petróleo, por un lado, y la gasolina, por otro? ¿El Gobierno puede tomar nuevas medidas, aparte de las que ya aprobó, que, por lo que se ve, no han surtido efecto?

Vicepresidenta.- Como le señalaba a su compañera hace un momento, aquellas Comunidades Autónomas que, en el uso de su autonomía, fijan este tipo de sueldos tendrán que explicar por qué lo hacen. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, en este Estado tan descentralizado, de imponer a nadie los sueldos que tiene o que no tiene que marcar de acuerdo con lo que hacen sus propias leyes de presupuestos.

Como digo, este sistema lleva así desde tiempo inmemorial, ligado al asunto de las pagas, ya que por los ministros, seamos o no productivos, productividad no se cobra; eso es lo que determina esas diferencias. Yo creo que ya cada uno tendrá que explicar con qué funciones o con qué parámetros determinan los sueldos. Nosotros lo que hemos hecho es congelarlos.

En cuanto a las propuestas del Partido Socialista, han gobernado bastante tiempo antes en que ya esto era así y tampoco se hizo nada. Nosotros en las empresa públicas, sí, si hicimos un recorte importante de los sueldos que había y estoy recordando más: y de las indemnizaciones que se cobraban al cese, que nos llevaron hasta los Tribunales, porque recortamos las indemnizaciones al cese de cargos nombrados en la pasada Legislatura.

Sr. Soria .- En relación a lo que planteaba sobre la evolución de los precios de carburantes, usted decía que el precio desde junio hasta ahora del petróleo había caído un 43 por 100 y decía usted que había caído el precio de la gasolina un 13 por 100. En realidad, de acuerdo a los datos que tenemos, en los últimos cinco meses, entre junio y el final de noviembre, los precios, expresados en euros, porque, claro, tenemos que tener en cuenta que ha habido una depreciación del euro respecto al dólar y, por tanto, tenemos que tomarla en consideración… El precio del barril generalmente se fija en dólares; pero, a los efectos de saber lo que estamos pagando, es bueno saber que la disminución del precio del barril de Brent entre junio y final de noviembre ha sido del 25 por 100, aproximadamente.

Luego está la disminución de lo que es la cotización internacional de la gasolina, que es muy importante, porque, cada vez que compramos un litro de gasolina, ese precio no está referenciado directamente al barril de Brent, sino referenciado a lo que es la cotización internacional de la gasolina, y ahí hay dos referentes: el mercado de Rotterdam y el mercado del Mediterráneo.

Pues bien, esa cotización internacional de la gasolina entre junio y noviembre ha bajado un 24 por 100 y, sin embargo, el precio de venta al público de la gasolina en ese mismo período, junio a final de noviembre, ha bajado un 9,7 por 100. ¿Por qué esta diferencia? En primer lugar, porque, cuando compramos un litro de gasolina, lo que es la materia prima de lo que estamos comprando, en lo que repercute la cotización internacional de la gasolina, es un 35 por 100; es decir, hay un 65 por 100 del precio que estamos pagando por cada litro de gasolina que nada tiene que ver con la cotización internacional. ¿Y con qué tiene que ver entonces ese 65 por 100? Impuestos y, luego, el margen bruto de explotación de los operadores. Los impuestos suponen, aproximadamente, un 52 por 100 y el margen bruto es alrededor de un 13 por 100.

¿Cómo son los precios de la gasolina en España en comparación a la media europea? En España tenemos unos precios de la gasolina inferiores a los precios medios en Europa. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, porque aquí tenemos un nivel impositivo inferior. Luego, ¿dónde está la diferencia de precios, sin impuestos, entre España y el resto de Europa? Está, fundamentalmente, en el margen bruto de distribución. ¿Y por qué es superior ese margen bruto de distribución en España que en el resto de Europa? Porque ese margen incluye una serie de elementos, como son los descuentos, como son los rappel y como son los costes de la distribución logística, que se incluyen en el concepto margen en España y que no se incluyen en Europa.

Pero usted decía: ¿vamos a adoptar nuevas medidas, porque da la impresión que las medidas que han tomado no han tenido efecto? Vamos por partes: en febrero del año 2013, el Gobierno reforma la Ley General de Hidrocarburos e introduce medidas para tener más competencia en el sector mayorista y en el minorista del mercado. ¿Qué cosas hacemos? Por ejemplo, limitamos que los operadores, los grandes operadores del mercado, puedan tener más de un 30 por 100 de estaciones de servicio en una provincia o en una isla en concreto. O, por ejemplo, limitamos a un año el período máximo de contrato de un gran operador con un distribuidor independiente.

¿Ha tenido consecuencias, ha tenido efectos, esto se está notando? Parece que sí. ¿Por qué? Porque, desde febrero del año 2013 en que hicimos la reforma hasta ahora mismo, resulta que en España hay 317, aproximadamente unas 320, nuevas estaciones independientes. Eso ¿qué está favoreciendo? Está favoreciendo la competencia; es verdad que fundamentalmente en las grandes ciudades. En ciudades como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, como Valencia o como Zaragoza se pueden ver estaciones de servicio donde se observan diferencias de hasta cuatro, cinco y, a veces, seis céntimos en el litro de gasolina, y ya hay discriminación de compra en función de que el precio sea uno en una estación o sea en otra.

¿Se puede hacer más? Siempre se puede hacer más y estamos muy, muy, vigilantes a ese diferencial en el margen que hay en los operadores en España y en la Unión Europea. Y, desde luego, el Gobierno no descarta tomar medidas adicionales en esta materia para seguir introduciendo competencia. De hecho, tenemos un buen marco ahora sobre la mesa, que es el Proyecto de Ley que hemos aprobado en el día de hoy. Va a tener su tramitación parlamentaria y, desde luego, el Gobierno no descarta, si fuera necesario, introducir vía enmiendas nuevas modificaciones para introducir más competencia.

P.- En el asunto de los sueldos, quería preguntarle si le parece ético que el gobernador de Banco de España, con la aprobación del ministro de Economía, se haya subido el salario cuando está pidiendo una moderación salarial a los españoles.

Después, también quería saber si existe en el Gobierno preocupación porque la deuda de las Comunidades Autónomas siga batiendo records en la mayoría de ellas, y que este asunto siga siendo un problema, a pesar de que hay muchos síntomas de recuperación, como nos ha contado.

Por último, quería preguntarle si le parece buena la imagen que está dando el Gobierno con el secretario de Estado de Comercio representando al Ejecutivo ante grandes empresarios, en cumbres como las que se celebraron ayer, a pesar de que tuvo un trato de favor, como hemos estado leyendo, inexplicable con un chaval que ha utilizado el nombre del Gobierno para beneficiarse. Entonces, no sé si se han planteado el cese o no.

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, sobre el sueldo del gobernador del Banco de España, en España hay una cosa que se llama la Ley de Autonomía del Banco de España. Entonces, como comprenderá, hay determinadas cuestiones en las que nosotros no tomamos decisión. Le corresponde al Banco de España explicar su política retributiva.

En segundo lugar, a lo largo de la Legislatura se ha hecho un esfuerzo enorme en materia de reducción del déficit público y yo quiero poner también de manifiesto cómo todas las Comunidades Autónomas, en aplicación, además, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así lo han hecho. Me pregunta usted por el aumento de la deuda, con carácter general, de todas las Administraciones Públicas. Pues bien, entre otras cuestiones, se ha aflorado déficit; en el Estado fíjese lo que nos hemos encontrado. Se han pagado facturas que estaban pendientes, y ahí está el Fondo de Proveedores y ahí está todo lo relativo al FLA. Lo que se ha hecho es aflorar todas las cantidades que se debían y el déficit que por algunos, y lo vimos en el salto del 6 al 9 por 100 que se encontró este Gobierno en el 2011, estaba pendiente.

Tenemos la ventaja de que es un momento en que la deuda pública en España se paga con los ratios que se paga y eso nos está permitiendo también apoyar a las Comunidades Autónomas para que los mecanismos de financiación, y se ha hecho un esfuerzo más importante en esa deuda, sean mucho más bajos, sean mucho más baratos y les permita que ese dinero que se ahorran en intereses poderlo dedicar a otro tipo de políticas.

Del mismo modo que les explicamos en los Presupuestos Generales del Estado, que se aprueban ya esta semana definitivamente en las Cortes, la rebaja de los tipos de interés de esa deuda ha permitido que ese dinero se destine a otro tipo de partidas.

Sobre la tercera de sus cuestiones, yo le recuerdo que hay un procedimiento judicial abierto y ahí es donde se tendrán que dilucidar algunas cuestiones, como dice usted y de lo que se ha publicado, por estafa y falsedad en documento público. Con lo que yo creo que habrá que estar muy pendiente a lo que decida ese procedimiento antes de dar por hechas muchas cosas que pueden algunos llegar a decir; pero hay un proceso abierto contra ese señor por, entre otros delitos, esos dos que yo le he señalado, como se ha hecho público.

Muchísimas gracias.