Consejo de Ministros

​El Gobierno regula la puesta en marcha de la Oficina encargada de recuperar los bienes procedentes de delitos

La Moncloa, Madrid, viernes 23 de octubre de 2015

​El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que se integrará en el Ministerio de Justicia. La nueva Oficina será competente para localizar, recuperar, conservar, administrar y realizar los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de las actividades delictivas dentro del marco de una organización criminal.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que este órgano "es una herramienta fundamental en la lucha activa contra la corrupción y la criminalidad organizada". Además, ha subrayado que la Oficina actuará en todo tipo de procesos y que la venta de los bienes decomisados servirá para sufragar determinados programas de carácter social.

La portavoz del Gobierno ha recordado que hasta la fecha los activos decomisados quedan a disposición de cada juzgado o tribunal, que tiene una capacidad limitada para gestionarlos. Asimismo, los procesos son complejos y se alargan en el tiempo y existen problemas de deterioro de los bienes y gastos de mantenimiento y custodia. A partir de ahora, la Oficina podrá adoptar las medidas necesarias para conservar y gestionar los bienes teniendo en cuenta su naturaleza, las posibilidades de venta o adjudicación y el coste de custodia y conservación.

Como principal novedad, Sáenz de Santamaría ha destacado que se "podrá proceder a la venta anticipada de los bienes sin esperar al final del procedimiento, evitando el deterioro, la desaparición del bien y ahorrando gastos de conservación". El rendimiento que se obtenga de la venta se utilizará para proteger y asistir a las víctimas de delitos, abonarles las indemnizaciones reconocidas por sentencia judicial, así como para la reinserción de los delincuentes y la prevención de otro tipo de delitos.

Promoción del envejecimiento activo

El Ejecutivo ha abordado el informe sobre el Marco de Actuación para las Personas Mayores, un plan que busca "impulsar la autonomía, la calidad de vida y la participación" de este colectivo en la sociedad, según ha afirmado la vicepresidenta. Esta iniciativa fue presentada por sus autores -el Consejo Estatal de Personas Mayores, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y otros departamentos- en La Moncloa ante el presidente del Gobierno el pasado 1 de octubre.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl Marco de Actuación recoge un total de 348 recomendaciones en cuya elaboración han participado más de cien entidades, según ha explicado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso. Las propuestas buscan fomentar el envejecimiento activo a través de cuatro ámbitos.

El primero de ellos es el laboral. El ministro ha destacado que son pocas las personas de más de 65 años que continúan manteniendo un empleo, por lo que el Marco incluye medidas para tratar de que prolonguen su actividad después de esa edad. Un segundo capítulo se refiere a la participación de este colectivo en la sociedad, por ejemplo, a través de actividades de voluntariado, de las tecnologías de la información y la comunicación y de los órganos consultivos de las políticas que les afectan. El tercer bloque recoge las propuestas destinadas a favorecer una vida sana e independiente de los mayores y supone adaptar el Sistema Nacional de Salud y el sistema social a las necesidades ligadas al envejecimiento de la población. El cuarto apartado busca favorecer la igualdad y la no discriminación de las personas mayores.

Alfonso Alonso ha señalado que España es uno de los primeros países que cumple las recomendaciones de la Unión Europea para poner en marcha estos marcos de actuación y que diseña unas líneas estratégicas para afrontar el que, en su opinión, va a ser el "principal reto social" durante las próximas décadas.

El titular de Sanidad ha recordado que en España hay más de 8,3 millones de personas mayores de 65 años y que la esperanza de vida ya alcanza los 83 años, cuando en 1990 era de 77. Además, las previsiones indican que en el año 2050 más de 16 millones de personas integrarán ese colectivo, lo que representará más de la tercera parte de la población.

Esta tendencia implica desafíos en diversos ámbitos, empezando por el de las pensiones, ha manifestado Alonso. El ministro ha defendido el esfuerzo del Gobierno durante toda la legislatura por mantener el poder adquisitivo de los más de nueve millones de pensionistas, lo que ha permitido que su tasa de pobreza relativa haya caído ocho puntos en los últimos cuatro años. Además, "muchas veces estas pensiones han sido el sostén y el apoyo de muchas familias que lo estaban pasando mal", ha dicho.

Indicación de medicamentos por los enfermeros

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoTambién en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros.

Alfonso Alonso ha explicado que legalmente estos profesionales pueden desde el año 2009 indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos que no estén sujetos a prescripción médica, pero que faltaba el desarrollo reglamentario acordado hoy. "Con este Real Decreto se les da una cobertura y se les ofrece una seguridad, y se refuerzan también las garantías de cara a los pacientes de que el cuidado que proporcionan los enfermeros se va a poder realizar con todas las garantías", ha indicado.

En cuanto a los medicamentos sujetos a prescripción médica, la Ley del año 2009 encargaba al Gobierno la regulación de las actuaciones de los enfermeros mediante la aplicación de unos protocolos que deben elaborarse de manera conjunta por médicos y enfermeros y que tienen que ser validados por el Ministerio. El decreto, ha detallado Alonso, recoge el procedimiento para realizar esos protocolos, así como la formación que han de recibir los enfermeros para poder participar en esas tareas de indicación y uso de los medicamentos.

Alonso ha recalcado que para la elaboración del texto el Ministerio ha trabajado con los representantes de la profesión enfermera y de los médicos. A su juicio, "es un paso adelante en el reconocimiento profesional" de los enfermeros y también "la garantía de que la atribución de estas actuaciones a los enfermeros no merma ni disminuye una competencia esencial, que es que prescribe quien diagnostica y, por tanto, la prescripción corresponde en todo caso siempre al médico".

Preguntado por la posibilidad de que los supermercados puedan vender medicamentos, el ministro de Sanidad ha defendido el modelo español de farmacia, que considera "una referencia internacional" y que, desde el punto de vista de la salud, "es una garantía".

Simplificación normativa

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoEn el marco de la reforma de las Administraciones Públicas y, en concreto, de la simplificación y la actualización normativa, el Ejecutivo ha aprobado tres textos refundidos, correspondientes a normas muy relevantes y que han sido modificadas en numerosas ocasiones: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo y la Ley del Mercado de Valores.

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Empleo son "las dos normas básicas y claves en materia de empleo". Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sostenido que estos dos textos refundidos pretenden facilitar a los trabajadores el ejercicio de sus derechos, y a los agentes económicos su actividad diaria. Además, los ha encuadrado en el objetivo de facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración en estas materias, lo que se ha concretado en medidas como la reducción de las modalidades de contrato de 42 a 4 o la liquidación de cuotas con la Seguridad Social de manera telemática.

En el caso del Estatuto de los Trabajadores, la ministra ha apuntado que se refundió por primera vez en el año 1995 y que desde entonces había sido modificado en medio centenar de ocasiones. El nuevo texto actualiza el anterior en cuanto a técnica normativa, lenguaje y conceptos, además de integrar todos esos cambios.

El texto refundido de la Ley de Empleo, ha explicado Fátima Báñez, simplifica y actualiza esa norma, al tiempo que mantiene su estructura, basada en la importancia de las políticas de empleo y el Sistema Nacional de Empleo.

En cuanto al texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, integra más de 40 normas que habían modificado esa Ley y facilita la adaptación a la normativa europea en una materia en la que la Unión Europea legisla con frecuencia, según ha indicado la portavoz del Ejecutivo. 

Otros acuerdos

Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y Alfonso Alonso (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoEl Gobierno ha autorizado la suscripción de una adenda al convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

Esta decisión, según ha resaltado la vicepresidenta, permitirá iniciar la tramitación de la nueva fase del proyecto europeo de supercomputación PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), en el que España seguirá siendo socio principal junto a Alemania, Francia e Italia.

El Ejecutivo ha autorizado la suscripción por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) de un nuevo concierto con entidades de seguro que garantiza el acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2016 y 2017, por valor de más de 2.000 millones de euros, más de 1.000 millones por anualidad.

Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado que la medida "es una muestra y un refuerzo a este modelo de previsión sanitaria para garantizar la continuidad asistencial a los pacientes".

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo reglamento del Registro Nacional de Asociaciones con el fin de lograr un servicio público más ágil, transparente y tecnológicamente avanzado. Además, ha autorizado una contribución de España, por importe de un millón de euros, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

Asuntos de actualidad

Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y Alfonso Alonso (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. CuadradoEn respuesta a los periodistas que preguntaron por las declaraciones de Artur Mas contra el Estado en su comparecencia en el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre las acusaciones por el cobro de comisiones en la contratación pública, la vicepresidenta ha subrayado que son "impropias de cualquier gobernante". Ha añadido que si después de las investigaciones judiciales se confirma el cobro de esas comisiones, "el perjuicio es para lo público".

A su juicio, "lo último que debe hacer un representante político es presentarse como víctima y, además, escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial", pues "aquí la única víctima es el conjunto del sistema y el conjunto de los ciudadanos, que pagan sus impuestos para que se hagan contratos con neutralidad y con transparencia".

Respecto a si antes de las elecciones se actualizará la declaración sobre el patrimonio de los altos cargos, Sáenz de Santamaría ha explicado que esta se llevará a cabo en cuanto se apruebe el Reglamento, del que solo resta solventar dos observaciones.  Además, ha aclarado que con la ampliación de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo el número de los obligados a declarar se ha incrementado, ya que antes solo afectaba a los ministros y secretarios de Estado.