Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Empleo y de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 23 de octubre de 2015

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Como todos los viernes, vamos a informarles de los principales asuntos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que ha sido un Consejo de Ministros cargado de decisiones.

En primer lugar, hemos tomado una serie de medidas que se engloban en el objetivo de hacer una Administración Pública más eficiente, más ágil y que dé más seguridad jurídica. Como saben, ésta es una tarea constante y continua, que forma parte del conjunto de medidas del Informe de Reforma de las Administraciones Públicas, de la CORA. Hasta septiembre de 2015 hemos aprobado tres leyes orgánicas, 23 leyes ordinarias, un decreto ley y 53 reales decretos, además de numerosos acuerdos de Consejo de Ministros, para dar cumplimiento a ese Informe.

Pues bien, en ese Informe se ponía de manifiesto que distintos organismos internacionales habían señalado que la revisión de textos normativos en España no era sistemática y que, además, no existían en la tradición legal herramientas como revisiones periódicas obligatorias o fijación de fechas de caducidad. Siguiendo esas recomendaciones de organismos internacionales, el Informe de CORA de codificación del Derecho estableció la necesidad de un proceso de revisión y simplificación normativa mediante la elaboración de una figura, que existe en nuestro ordenamiento, que son textos refundidos sobre materias de especial relevante y que han sido modificadas en innumerables ocasiones. Es decir, una de las medidas que nos impusimos fue procedimientos de codificación, procedimientos de simplificación y actualización de normas que son muy utilizadas por los ciudadanos y por distintos operadores jurídicos y económicos.

En cumplimiento de esta medida y de una ley que se aprobó para que pudiera hacerse efectiva, hoy se aprueban tres textos refundidos: el del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido modificado cincuenta veces desde su última refundición y que no había sido actualizado; la Ley de Empleo y la Ley del Mercado de Valores. La semana que viene aprobaremos otros tantos, que supondrán aprobar textos refundidos en algunas de las normas más utilizadas por los usuarios del Derecho y por los ciudadanos en general.

Además, como saben, en ese afán de acercamiento al ciudadano el servicio del BOE presta, sin el certificado de ser un texto refundido pero sí integrando normas, 92 títulos legales y ha conseguido que 3,2 millones de descargas de estos códigos se hayan extendido a los usuarios. Es decir, aparte de refundir textos, prestamos, a través del BOE, la capacidad de que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real cuál es la norma vigente en cada momento.

Como decía ayer, y ahora lo explicará la ministra de Empleo, aprobamos el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el texto refundido de la Ley de Empleo, que son las dos normas básicas y claves en materia de empleo. A ello se suma el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que también ha sido aprobado. Es un texto que ha sufrido muchas modificaciones, creo que cuarenta, desde su aprobación. Por tanto, lo que buscamos es facilitar el conocimiento y la aplicación e interpretación de la normativa jurídica, y reducir la carga de los operadores.

Como digo, más de cuarenta normas con rango de ley habían modificado la Ley del Mercado de Valores; hoy todas estas ya se integran en este texto refundido. Además, se han incluido algunas en su ámbito material, que han afectado a esta ley justo antes de su aprobación y, además, se incluyen una serie de disposiciones legales relativas a estos mercados.

Estos textos refundidos permitirán, igualmente, una cosa muy importante: como es una materia en la que la Unión Europea legisla con mucha frecuencia, y probablemente tendremos que seguir incorporando transposiciones de Directivas y otras decisiones comunitarias, el aprobar un texto refundido dará claridad a la hora de tener o no por traspuestas diversas decisiones.

Por tanto, tres textos importantes y un objetivo fundamental: trabajar en la calidad normativa, que es una de las exigencias, entre otras, de nuestra pertenencia a la Unión Europea.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que ahora explicará el Ministro; que, a su vez, ha llevado a Consejo el Marco de Actuación para las Personas Mayores, que es un documento que, consensuado con los agentes implicados, busca impulsar la autonomía, la calidad de vida y la participación de las personas mayores en nuestra sociedad.

Además, hoy el Consejo de Ministros aprueba una de las materias más importantes, una de las decisiones más importantes, del paquete de medidas de lucha contra la corrupción, que es el Real Decreto que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la ORGA. Es un nuevo órgano que nace tras la reforma del Código Penal, que se aprueba este año, y que hoy comienza su andadura como una herramienta fundamental en la lucha activa contra la corrupción y la criminalidad organizada.

Las funciones primordiales de esta Oficina serán en todo tipo de procesos, y ya no sólo, como se viene haciendo hasta esta fecha con bastante eficacia, aquellos en que participa, o la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, que tienen gran experiencia en este tema, sino en todos los ámbitos la localización y recuperación de bienes y efectos del delito, así como la gestión y realización de los bienes decomisados. Es decir, que en todo tipo de delitos, cualquiera que sea su origen, podamos localizar y trabar esos bienes que forman parte de los efectos del delito para poder recuperarlos el Estado y, después de su decomiso, su venta o su enajenación para, con los efectos de ese delito, poder sufragar determinados programas de carácter social.

Hasta la fecha, como no existían órganos especializados, los activos decomisados quedaban a disposición de los órganos jurisdiccionales de cada Juzgado, de cada Tribunal, que tenían una capacidad limitada para gestionarlos y, además, en procesos muy complejos, que se alargaban en el tiempo había problemas de deterioro, excesivos gastos en el mantenimiento, depósito y custodia de estos bienes, etc., etc. A partir de ahora, la Oficina, con el respaldo del órgano judicial y la fiscalía correspondiente, podrá adoptar las medidas necesarias para conservar y gestionar estos bienes, teniendo en cuenta su naturaleza, las posibilidades de venta o adjudicación y el coste de custodia y conservación.

Como importante novedad que se estableció en la Ley, se podrá proceder a la venta anticipada de los bienes, sin esperar al fin del procedimiento, evitando el deterioro o la desaparición del bien y ahorrando gastos de conservación. Todo ello permitirá que lo que se obtenga vendiendo esos bienes se pueda utilizar para fines de interés social, especialmente víctimas de los delitos, abonando las indemnizaciones reconocidas por sentencia judicial, apoyo a proyectos sociales de asistencia a las víctimas, medidas para la reinserción de los delincuentes y el impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.

Por tanto, éste es un elemento fundamental, que sigue el ejemplo de otros Estados europeos, como es el modelo francés, y que permitirá que haya un órgano especializado en investigar, localizar, trabar, estos bienes, obtenerlos, conservarlos de la manera más económica posible y obtener los mayores rendimientos de la venta de esos bienes para poder utilizarlos a fines de interés social, en particular, protección a las víctimas y prevención de otro tipo de delitos.

En otro orden de cosas, hoy se aprueba un Acuerdo por el que se permite suscribir una adenda al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, la Administración de la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación. Como recordarán, el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que daba continuidad para el período 2016-2019 a este convenio de colaboración, con un presupuesto de veintitrés millones de euros.

Este Centro es una referencia mundial, tanto en infraestructuras de supercomputación, como en centro de investigación y desarrollo tecnológico. Con esta adenda facilitamos la tramitación de un convenio bilateral entre el Ministerio de Economía y el Centro de Supercomputación que permita la participación y colaboración de España en el Proyecto Europeo de Supercomputación PRACE, de modo que nuestro país pueda mantener su condición de socio principal, junto a Alemania, Francia e Italia. Para ello, hay que mejorar el supercomputador "Mare Nostrum" y de ahí que el Convenio bilateral tenga la envolvente presupuestaria, es decir, los recursos necesarios, para hacer frente a los gastos que implica esa mejora. Este proyecto europeo, el PRACE, es una iniciativa integrada por veintiséis instituciones de supercomputación, con el objetivo de crear una infraestructura europea de supercomputación de alto rendimiento.

También hemos aprobado dos Acuerdos que permiten la celebración de conciertos para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE); es decir, los nuevos conciertos para prestar asistencia sanitaria en MUFACE. Es una inversión de más de dos mil millones de euros, mil millones por anualidad en 2016 y 2017, para el aseguramiento de los beneficiarios a nivel nacional, y veintiséis millones en estos dos años para aseguramiento a los empleados públicos residentes o destinados en el extranjero. Es una muestra de un refuerzo a este modelo de previsión sanitaria para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes, en el que ha habido un incremento a las aportaciones para garantizar la amplitud de la cobertura.

También se crea hoy por Real Decreto el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, el CESED, y se establece su estructura y funcionamiento. Se trata de un centro docente de titularidad pública, adscrito al Consejo Superior de Deportes, que nace con la finalidad de apoyar la implantación y desarrollo de las enseñanzas deportivas, y suplirá la ausencia de una oferta centralizada a nivel estatal.

Por último, hoy se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. El Registro cumple una función esencial para dar seguridad jurídica y la necesaria publicidad formal al ejercicio del derecho de asociación, que reconoce nuestra Constitución. Viene a remplazar al actual Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y busca un servicio público mucho más ágil, transparente y tecnológicamente avanzado. Ese nuevo Reglamento tiene una estructura más lógica, se define con mayor claridad su objeto, la forma de hacer las inscripciones de estas asociaciones no lucrativas de ámbito estatal y de régimen general, y quedan excluidos de él las de ámbito autonómico y otras que tienen, por su legislación específica, la obligación de inscribirse en registros especiales.

Por primera vez, se recogen los conceptos de federación, confederación y unión de asociaciones, y se trabaja para una hoja electrónica registral, de manera que, una vez más en el procedimiento de administración electrónica, aprobamos este Reglamento que va a suponer un ahorro de cargas administrativas para los interesados importante, que cuantificamos en 375.000 euros.

Finalmente, quiero informarles brevemente de que se ha autorizado la contribución de España, por importe de un millón de euros, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Es una Agencia que nació en 1949 para brindar apoyo a la población palestina refugiada tras la guerra árabe-israelí. Tras más de 65 años desde su creación, sigue aportando recursos necesarios para mantener a cinco millones de refugiados; les presta asistencia, defensa y protección. España es desde 2001 país donante de la Agencia y desde 2005 forma parte de su comité asesor. Por la situación financiera de la Agencia ha venido la necesidad de apoyar con más recursos su tarea y lo hacemos a través de ese Acuerdo, como digo, por importe de un millón de euros.

Sr. Alonso.- Yo voy a presentar, en primer lugar, el Marco de Actuación para las Personas Mayores, que se ha presentado hoy en el Consejo de Ministros. Fue objeto también de una presentación formal por sus autores, que es el Consejo Estatal de Personas Mayores, que lo han hecho en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la participación de otros Ministerios; también del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como es lógico. Fue objeto de presentación en el Palacio de la Moncloa ante el presidente del Gobierno y hoy ya ha cumplido su trámite de pasar por el Consejo.

Como ustedes saben, hay más de 8,3 millones de personas mayores de 65 años en España. La tendencia que tenemos es que la población va envejeciendo. Es una buena noticia, en la medida en que tenemos una esperanza de vida ya de 83 años. En 1990 era de 77 y, por tanto, vivimos más tiempo. Pero éste es el principal reto social al que se enfrenta España, sin ninguna duda, para las próximas décadas. Las previsiones son que en 2050 haya más de dieciséis millones de personas mayores de 65 años en España y que sean más de la tercera parte de la población.

Esto, naturalmente, pone de manifiesto retos muy importantes en distintos apartados; el primero, naturalmente, en las pensiones: hay más de nueve millones de pensionistas en España a los cuales, a lo largo de esta Legislatura, se les ha cuidado el mantenimiento de su capacidad adquisitiva. Esto ha tenido un impacto importante en las personas mayores, cuya tasa de pobreza relativa ha caído ocho puntos en los últimos cuatro años: estaba en el entorno del 21 por 100 en 2011 y hoy, en 2015, estamos en el 12,9 por 100; por tanto, ha mejorado la situación relativa de los pensionistas, de las personas mayores, en nuestro país, debido al esfuerzo de mantenimiento de sus pensiones.

Pero también hay que decir que muchas veces estas pensiones han sido el sostén y el apoyo de muchas familias que lo estaban pasando mal. Por tanto, las personas mayores, que se apoyan en un sistema de pensiones que se basa en una solidaridad intergeneracional, luego devuelven también en forma de solidaridad en tiempos difíciles. Por lo tanto, creo que es muy importante que les demos protagonismo y que atendamos a las recomendaciones que han incorporado en su Marco de Actuación.

Lo que se busca, fundamentalmente, es el envejecimiento activo: que haya mayor participación de las personas mayores en la sociedad. En primer lugar, en el empleo, porque son pocas las personas de más de 65 años que continúan activas y que continúan manteniendo un empleo. El Marco, por tanto, contiene medidas para tratar de fomentar que prolonguen su actividad laboral, que prolonguen su contribución y que mantengan entonces la aportación de su experiencia más allá de los 65 años.

Son, en total, 384 recomendaciones que están agrupadas en cuatro bloques y en cuya elaboración han participado más de cien entidades.

El segundo aspecto en el que se incide es el de la participación en la sociedad, una participación también activa; su conexión con las personas más jóvenes para aprovechar también que puedan trasladarles todo el conocimiento y la experiencia acumulada; potenciar que participen en actividades de voluntariado, potenciar también que participen en las tecnologías de la información y de la comunicación, y que tengan presencia en los distintos órganos consultivos las políticas que les afecten.

El tercer bloque es favorecer una vida sana e independiente. Es la adaptación de nuestro Sistema Nacional de Salud y de nuestro sistema social a las necesidades que pone de manifiesto el envejecimiento de la población; y, en la medida de lo que se pueda, mantener su autonomía.

En cuarto lugar, favorecer la igualdad y la no discriminación de las personas mayores.

Yo creo que esto supone una apuesta importante. España es uno de los primeros países que cumple con las recomendaciones de la Unión Europea para poner en marcha estos marcos de actuación y diseña unas líneas estratégicas para afrontar el que, como decía, en mi opinión, es el reto de futuro desde el punto de vista social. Ahora estamos tratando y creando empleo de una manera muy intensa y, por tanto, afrontando esa prioridad; pero de futuro, realmente, el envejecimiento de la población y la atención a las personas mayores es una prioridad del Gobierno.

En segundo lugar, quiero decir que el Consejo de Ministros ha dado su aprobación hoy al Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Como ustedes saben, en el año 2009 se modificó la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios para establecer una serie de atribuciones a los enfermeros y a las enfermeras españoles: por una parte, les concede la Ley, y así está redactado, la facultad para, de forma autónoma, indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos que no están sujetos a prescripción médica, a través de una orden de dispensación. Quiere decir que en este momento --naturalmente, ésta es la previsión legal, pero faltaba este desarrollo reglamentario-- un enfermero que no esté acreditado no tiene una habilitación legal para dispensar un medicamento que ustedes pueden comprar libremente en una oficina de farmacia, porque no está sujeto a prescripción médica, lo cual les deja en una situación un tanto alegal. Por tanto, con este Real Decreto yo creo que se les da una cobertura, se les ofrece una seguridad y se refuerzan también las garantías de cara a los pacientes de que el cuidado que proporcionan los enfermeros se va a poder realizar con todas las garantías.

En cuanto a los medicamentos sujetos a prescripción médica, la Ley encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones que realizan los enfermeros mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y profesional, que se tienen que elaborar conjuntamente entre médicos y enfermeros y que tienen que ser validados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Real Decreto, entonces, contiene el procedimiento para realizar estos protocolos, para establecer estas guías, y también incorpora la previsión de cuál es la formación que han de recibir los enfermeros para poder ser acreditados y entonces poder participar en estas tareas de indicación y de uso de los medicamentos.

Este es un Real Decreto que ha llevado mucho tiempo, porque llevamos nueve años desde que la Ley mandó al Gobierno el desarrollo reglamentario de esta previsión. Ha sido trabajado, como no puede ser de otra manera, con los representantes de la profesión enfermera. Ya hay 140.000 enfermeras y enfermeros que han realizado los cursos que permiten su acreditación, a través de distintas vías, y los nuevos graduados ya salen con esta previsión en su currículum. Y todavía hay hasta 274.000 enfermeros y enfermeras que tendrán que acreditarse y, por tanto, tendrán que recibir esa formación. Pero es un paso adelante también en su reconocimiento profesional y en las competencias que pueden hacer. Y creo que es una buena noticia para todos los que somos objeto de su cuidado.

Digo que se ha trabajado con los representantes de la profesión enfermera y se ha acordado también con los representantes de los médicos, con el Foro de la Profesión Médica, con todos sus integrantes, en la garantía de que la atribución de estas actuaciones a los enfermeros no merma ni disminuye una competencia esencial, que es que prescribe quien diagnostica y que, por tanto, la prescripción, en todo caso, corresponde siempre al médico. En ese sentido, se han introducido las garantías para que esto sea así en el texto del Real Decreto y yo creo que se ha llegado, por tanto, a un punto razonable de regulación, que va a dar seguridad al trabajo que diariamente realizan las enfermeras en nuestro país, y los enfermeros, y a un punto también de seguridad del trabajo que realizan los profesionales de la medicina que tienen esa responsabilidad de prescribir y que, por tanto, en el ámbito de su prescripción y cuando los enfermeros en ese ámbito colaboren con los médicos en la indicación de los medicamentos, han de hacer el seguimiento de ese tratamiento por parte de quien está realizando los cuidados.

Yo creo que, en ese sentido, estamos satisfechos de que se haya podido hacer así y agradezco, tanto a los médicos, como a los enfermeros, el trabajo para que esto haya podido llegar a buen puerto.

Sra. Báñez.- Presento en nombre del Ministerio de Empleo, después de su aprobación por el Consejo de Ministros, los dos textos refundidos en materia de empleo: el texto refundido del nuevo Estatuto de los Trabajadores y el texto refundido de la Ley de Empleo.

Estos textos refundidos pretenden dos cosas, fundamentalmente: facilitar, por una parte, a los trabajadores el ejercicio de sus derechos y a los agentes económicos, facilitar su actividad diaria.

¿Qué hemos hecho? Agrupar toda la normativa, que era dispersa, era amplia, y lo hemos hecho de manera sistemática, haciendo más comprensible, más fácil y más ágil la utilización de las normas. Eso es un compromiso que adquirimos al inicio de la Legislatura, no sólo a la hora de la reforma CORA de las Administraciones Públicas, que puso en marcha la vicepresidenta del Gobierno, sino también en el propio ámbito del Ministerio de Empleo para simplificar, acercar y hacer más fácil la relación administrativa en materia de empleo y Seguridad Social a los ciudadanos.

Si recuerdan bien, pusimos en marcha, por ejemplo, el simplificar de cuarenta y dos modalidades de contrato a cuatro las modalidades actuales: indefinido, temporal, en prácticas y de formación. Acercamos también y pusimos en marcha nuevas herramientas para facilitar el hacer un contrato a los operadores jurídicos con el Contrata en 5, que conocen y está en la página web del Ministerio de Empleo. Se hizo más sencilla también la liquidación de cuotas con la Seguridad Social, que hoy lo hacen las empresas, de manera natural, de forma telemática y más sencilla. Y abordamos también estos textos refundidos, que van a dar, sin duda, más seguridad jurídica y van a simplificar también la vida de los operadores, tanto trabajadores como empresas, en su actividad diaria.

Son textos refundidos, por supuesto, sometidos a los agentes sociales --ha habido diálogo con ellos a la hora de hacerlo-- y tienen un dictamen positivo y favorable del Consejo Económico y Social, y también del Consejo de Estado.

Quiero señalar, porque es justo que así se le reconozca su trabajo y su dedicación, que se ha hecho exclusivamente por los funcionarios del Ministerio. Así que desde aquí quiero agradecer todo ese trabajo que, muchas veces callado y laborioso, hacen los funcionarios públicos y, en este caso, los del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El Estatuto de los Trabajadores, el primer texto que presento en esta rueda de prensa, fue aprobado, como conocen muy bien, en marzo de 1980 y se refundió por primera vez, como ha dicho antes la Vicepresidenta, en el año 1995. Desde entonces, no ha habido ningún nuevo texto refundido, pese a que ha sido modificado, más o menos intensamente, en cincuenta ocasiones. Por tanto, éste es el segundo texto refundido desde el primer Estatuto de los Trabajadores.

Por supuesto, no hemos hecho ningún régimen jurídico nuevo a la hora de realizar este texto refundido, ni cuenta con novedades sustantivas en estos últimos tiempos. Es decir, los objetivos que teníamos a la hora de elaborar el texto eran simplemente actualizar ese texto de 1995 en cuanto a técnicas normativas y en cuanto también al lenguaje y actualización de conceptos. Se moderniza y se unifica a lo largo de todas esa modificaciones que se han hecho, que habían provocado a veces discordancias, incluso, en el lenguaje. Todo eso se aclara, se reordenan diversos artículos y se integran todas las normas legales que habían sido cambiadas, como digo, desde la última reunificación del Estatuto de los Trabajadores.

Entre las normas que quiero destacar que se han integrado está la reforma laboral del año 2012; el Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, de regulación de las comisiones negociadoras de los despidos colectivos; o el Real Decreto Ley 16/2013, que reformó también el contrato a tiempo parcial en España. Esas son las principales novedades que también se recogen en el texto refundido.

Mantiene la estructura que tenía de 97 artículos; no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran por completo al suprimirse gran parte de las mismas.

Quiero señalar también esta mañana que, cuando nace el Estatuto de los Trabajadores, nace como una norma coyuntural y contingente, algo que hoy nos parece sorprendente. Hoy es una norma jurídica con gran fortaleza y a la que todos los interlocutores sociales y agentes económicos reconocen su importancia y transcendencia. Pero nació como una norma coyuntural y temporal, y también lo quería señalar.

En cuanto a la Ley de Empleo, este texto tampoco supone cambios sustantivos en el orden. Simplemente, lo que hacemos es poner en valor, simplificar y actualizar el texto tras las modificaciones que se han hecho, manteniendo la estructura que es la importancia de las políticas de empleo como verdaderas herramientas de activación frente al desempleo, y el Sistema Nacional de Empleo como un conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo.

Los ejemplos de armonización en cuanto a esta Ley son muchos, incluso desde la composición de la actual Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a la nominación de determinadas normas; por ejemplo, el cambio que se ha hecho en el nuevo Sistema de Formación Profesional para el Empleo; entonces, se llamaba Formación Ocupacional y Continua. Son cambios que se han hecho a lo largo del tiempo y que hoy también se actualizan y se estructuran de una manera más simple, más sencilla y más armónica para los agentes económicos.

Por tanto, con estos dos trabajos cerramos una intensa agenda reformista en el Ministerio de Empleo, que se suma al conjunto de reformas que ha hecho este Gobierno a lo largo de estos tres años largos y que lo que hacen es garantizar esa mayor seguridad jurídica, facilitando el manejo y la aplicación a trabajadores y operadores económicos de unas normas mucho más transparentes y mucho más claras. Por tanto, son dos textos que quedan ahí para el mejor día a día de trabajadores y agentes económicos.

P.- Vicepresidenta, quería pedirle primero una valoración, porque Artur Mas acaba de decir que no tenemos un Estado neutral que vela por todos, sino que tenemos un Estado que, cuando tiene que poner en funcionamiento sus cloacas, lo hace a fondo.

Al ministro de Sanidad quería preguntarle por un informe de Competencia, que es partidario de que se puedan vender medicamentos en los supermercados. Me gustaría saber si esta opción el Gobierno la valora positivamente y, en cualquier caso, cómo incidiría esto en el actual sistema de farmacias que tenemos en España.

Sr. Alonso.- Nosotros hemos expresado con rotundidad nuestra posición a favor del modelo español de farmacia comunitaria. Nos parece que es un modelo que garantiza que siempre hay un profesional --además, profesionales competentes que inspiran a todos confianza, que son los profesionales de farmacia-- al tanto de la dispensación de los medicamentos. Es un modelo el español que permite también que tengamos más de veinticinco mil farmacias y que haya farmacia realmente en todos los puntos del territorio nacional y, por tanto, que se atienda también a las pequeñas poblaciones donde seguramente las farmacias tienen más dificultades para ser rentables.

Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes, de la confianza y la seguridad de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud, nos parece que no debe alterarse el modelo español de farmacia, que es una referencia internacional; que, desde el punto de vista de la salud pública, es una garantía; que es eficaz para evitar, por ejemplo, un problema con los medicamentos falsificados y que, por tanto, no compartimos las conclusiones del informe al que usted hace referencia, y somos promotores activos de este modelo en España y también como modelo que puede ser exportable a otros países.

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, yo creo que las declaraciones de Artur Mas son impropias en cualquier gobernante político, en primer lugar, porque su primera obligación, como la de todos los ciudadanos pero especialmente de quienes tienen responsabilidades políticas, es respetar al resto de los poderes del Estado, muy particularmente al Poder Judicial y a todos los que colaboran en las investigaciones judiciales, y no puede colocarse por encima de las decisiones de los Tribunales.

En segundo lugar, son impropias, porque no respetan a los ciudadanos; porque quien puede tener una responsabilidad, al menos política, en esta cuestión lo último que debe hacer es presentarse como víctima. Aquí el perjuicio es para los ciudadanos, el perjuicio es para el conjunto del sistema y el perjuicio es para lo público porque, si se confirman, después de las investigaciones judiciales, esas comisiones, el perjuicio es para lo público. Y creo que lo último que debe hacer un representante político es presentarse como víctima y, además, escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial.

El conjunto de los ciudadanos tenemos que ser respetuosos con los Tribunales, colaborar con la Administración de Justicia, pero sobre todo respetar a los ciudadanos. Cuando se envuelve en la política para no asumir responsabilidades, se está presentando como víctima y aquí la única víctima es el conjunto del sistema y el conjunto de los ciudadanos, que pagan sus impuestos para que se hagan contratos con neutralidad y con transparencia.

P.- Le quería preguntar, señora Vicepresidenta, si los gastos del cuidado como dependiente del padre de Mariano Rajoy, del Presidente, deben ser asumidos por el presupuesto público de La Moncloa.

También Eldiario.es ha publicado esta semana la confesión de Francisco Correa, donde el principal imputado de la Gürtel asegura que recaudaba el 3 por 100 de las obras públicas durante los años del Gobierno de Aznar en nombre de Luís Bárcenas, que entonces era gerente del PP. Le pido, por favor, la posición del Gobierno sobre esta información.

Quería preguntarle también respecto a las adjudicaciones de la TDT. El ministro Soria dijo que la adjudicación de la TDT se ha hecho conforme a criterios objetivos; sin embargo, hemos publicado un documento del propio Ministerio que revela propuestas para manipular la norma del concurso y cambiar la Ley para adjudicar ad hoc. Me gustaría saber si nos pudiera dar una valoración de este hecho.

Y también le quería preguntar si tienen previsto actualizar antes de las elecciones el patrimonio de los altos cargos que, según dijo Presidencia hace un año, se iba a publicar el 30 de septiembre.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, la política de contratación del personal de servicio del Palacio no ha cambiado en este Gobierno. Es la misma que la de los anteriores predecesores.

Sobre la segunda de sus informaciones, es un proceso sujeto a una investigación judicial y, como he dicho aquí en reiteradas ocasiones, desde luego, nosotros no colaboramos ni en la estrategia de defensa ni de acusación de las partes. Ahí estamos a lo que digan los jueces.

Sobre la tercera de las cuestiones, el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es la decisión de la Mesa de Contratación, de la que forman parte distintos funcionarios públicos de acreditada experiencia y solvencia en este tipo de mesas. Aquí se sigue la contratación administrativa y nosotros lo que hemos hecho es aprobar, sin más, la propuesta de la Mesa.

Sobre la última de sus cuestiones, permítame que le actualice un poco su razonamiento: esto era con la vieja Ley de Incompatibilidades; ahora tenemos una nueva Ley del Alto Cargo. Esa nueva Ley del Alto Cargo obliga a unas publicaciones mucho más amplias que lo que lo hacía la anterior donde, como ustedes recuerdan, había el activo y el pasivo, y no se daba ningún dato más. Cuando aprobamos la Ley de Altos Cargos, ampliamos el número de las informaciones que tenían que prestar esos altos cargos. Entró la norma en vigor y se está --ya hemos recibido el informe del Consejo de Estado hace escasos días-- en la aprobación del Reglamento; Reglamento de Altos Cargos que determinará, entre otras cuestiones, esos datos a mayores que obliga a dar la nueva Ley de Altos Cargos.

Cuando se apruebe el Reglamento --como digo, acaba de llegar el informe del Consejo de Estado y está pendiente de solventar dos observaciones, creo que son del Ministerio de Economía--, se aprobará la norma y se procederá a la publicación del patrimonio de los altos cargos que no había sido publicado, porque, como sabe también, en la Ley de Altos Cargos lo que hicimos fue ampliar el número de los que estaban sujetos a esa información. Anteriormente sólo la daban ministros y secretarios de Estado; con la ampliación de la Ley del ejercicio de Altos Cargos lo son todos los altos cargos, hasta la condición de director general, asimilados y también determinado personal que presta servicios en el exterior.

P.- ¿Será antes de las elecciones? ¿Para cuándo?

Vicepresidenta.- Probablemente el Real Decreto lo aprobemos la semana que viene si, digo, se solventan estas cuestiones. Yo me imagino que dará perfectamente tiempo; pero, además, lo que haremos a partir de ahora es que esa obligación se tenga que cumplir todos los principios de año, que es lo lógico, con lo que, fíjense ustedes, tendrán los de los actuales, los de los que puedan incorporarse después de las elecciones y lo que sobre todo me parece más importante, una información absolutamente completa.

Como hay que aprobar los nuevos modelos, porque la información es mucho más amplia que la que se daba hasta ahora, era necesario un desarrollo reglamentario de la norma, que exige la participación del Consejo de Estado.

P.- Mi pregunta va dirigida al ministro de Sanidad acerca del Real Decreto de prescripción enfermera. Ha dicho que se han introducido las garantías para que la nueva prescripción enfermera no merme la competencia esencial del médico. ¿Se ha cambiado, por tanto, el polémico artículo 3 y se ha dado satisfacción al Foro de la Profesión Médica, que pedía, como condición indispensable para apoyar el texto, el cambio de este artículo?

Sr. Alonso.- El objetivo del Gobierno, cuando regula, es dar satisfacción a los ciudadanos, que yo creo que es lo que se consigue también con este Real Decreto que, como digo, favorece mucho la actividad de cuidados que realizan los enfermeros, que pueden indicar de forma autónoma medicamentos no sujetos a prescripción médica y, en los medicamentos sujetos a prescripción médica, se ha modificado el artículo 3. Se ha establecido una redacción que aclara y disipa cualquier duda que pudieran albergar los médicos, y también se ha incorporado una referencia, que yo creo que era importante, en la exposición de motivos. En palabras del texto, la facultad de prescripción de los medicamentos no resulta modificada y, por ende, la competencia previa de diagnóstico.

Por tanto, yo creo que éste es un Real Decreto que ofrece esa garantía y dispone de ese acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, y que viene a dar un desarrollo muy importante y necesario a la actividad de cuidados que ofrecen los enfermeros, y a la posibilidad de que puedan indicar medicamentos en el uso de sus funciones.

P.- Sobre el tema de Cataluña, quería una aclaración: parece que tanto la lista que encabezó…, bueno, que no encabezó, en la que estaba Artur Mas…

Vicepresidenta.- Encabezar, no; creo que era quinto, o el cuarto. Aunque el concepto de encabezamiento es amplio; es un concepto ya indeterminado.

P.- Parece que hay la intención por parte de la lista de "Junts pel Sí" y de la CUP de presentar una declaración en el Parlamento, más o menos inmediata, hacia la república catalana. Yo quería saber si eso sería suficiente para el Gobierno para tener algún tipo de actuación ante ese tipo de declaración.

Sobre el tema de la Oficina que se ha inaugurado hoy, ¿nos podía precisar exactamente por qué se ha inaugurado tan tarde? ¿Cuáles han sido los problemas para que no se hubiera montado antes? Hay quien ha criticado que se ha inaugurado prácticamente el último día laborable que es posible inaugurar. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha sido la inversión que se ha necesitado para montar esta Oficina?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, permítame que haga una cierta valoración del momento en que nos encontramos. Esta lista, como decía usted, de la que formaba parte el señor Artur Mas no obtuvo la mayoría absoluta que buscaba en esas elecciones; unas elecciones que algunos integrantes de esa lista, particularmente la persona que usted citaba, el señor Artur Mas, quiso vender como publicita… Perdón, como plebiscitarias; pero también publicitarias. Pero en este caso eran plebiscitarias. Eso no lo permitía la Ley pero, además, se dio la circunstancia de que tampoco lo avalaron los catalanes con su voto en las urnas. Las opciones que podían llegar a defender un proyecto de esa naturaleza suman escasamente el 47 por 100 de los votos. Esa es la realidad, ése es el panorama del Parlamento de Cataluña.

Al margen de lo que puedan decidir, mi pregunta es la siguiente: ¿un porcentaje tan exiguo tiene capacidad, ya no digo legitimación legal, que no la tiene, legitimidad política, para llevar a cabo declaraciones de esa naturaleza? Para cambiar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es su norma institucional básica después de la Constitución, se requieren dos tercios del Parlament de Cataluña.

Yo creo que antes de plantearnos otras cuestiones, los dirigentes de esa lista tienen que contestar a esta pregunta, porque ya saben cuál ha sido el resultado de esas elecciones y cuál es su legitimidad para embarcarse en procesos de esta naturaleza.

Y sobre la Oficina, como saben, esta Oficina trae causa, tanto de la modificación del Código Penal, como del cumplimiento de determinados cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para crearla ha sido necesario aprobar un Real Decreto, que ha sido sometido también al Consejo de Estado, incluso se le ha pedido con urgencia, y se ha aprobado en el momento en que se disponían de todos los informes. También eran necesarios informes, si no recuerdo mal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, en cuanto que lo que vamos a hacer es colaborar con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en la gestión de esa Oficina.

Sobre el coste, he de reconocerlo que no lo tengo aquí; figurará en la Memoria. Pero sí le puedo indicar que supone la constitución de una dirección general, pero que buena parte de sus medios, de su oficina y de sus funcionarios proceden del propio Ministerio, con lo que se hará el máximo esfuerzo con el mínimo costo presupuestario, teniendo además presente que al mantenimiento también contribuirán los propios recursos que se obtengan como consecuencia del decomiso de esos bienes, porque la ORGA, y eso sí se lo digo, tiene previsto la autofinanciación para la realización de sus funciones entre los beneficiarios de ese decomiso y de esa realización de bienes.

Aparte de la Oficina de asistencia a las víctimas; de los programas sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales; de ONGs y entidades sin ánimo de lucro, fundamentalmente para asistir a víctimas; de lo que pueda colaborarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía del Estado, los Institutos de Toxicología o Medicina Legal y la colaboración internacional; uno de los gastos que se van a sufragar precisamente con lo que se saque de la persecución de estos bienes será la autofinanciación de la Oficina.

P.- La pregunta es para el ministro de Sanidad. ¿Cree que los cambios introducidos a última hora en el texto del Real Decreto de prescripción enfermera puede poner en peligro el pacto con la Enfermería?

Luego, una segunda pregunta, aunque sé que es un tema del Ministerio de Educación, pero probablemente lo sepan, es si se ha aprobado en este Consejo de Ministros la equiparación de títulos, la equivalencia, entre el Diplomado en Enfermería con el Graduado de Enfermería, como ya se ha hecho con muchas carreras.

Sr. Alonso.- Me indica la señora Vicepresidenta que va para el siguiente Consejo de Ministros.

Vicepresidenta.- Si no recuerdo yo mal, el Índice Negro del próximo miércoles. Creo que va para el siguiente.

Sr. Alonso.- Precisamente, este Real Decreto da cumplimiento a un pacto y nosotros dijimos que los pactos hay que cumplirlos. Nosotros tenemos firmado un pacto y un acuerdo por nuestro Sistema Nacional de Salud, un pacto por la Sanidad, tanto con la profesión enfermera, como con los médicos y con los farmacéuticos. Esto da cumplimiento al pacto y a mí me parece que por eso es un momento particularmente satisfactorio. Se ha hecho la regulación, se da esta seguridad a los enfermeros y a las enfermeras en el desarrollo de sus funciones, y se hace también de una manera armónica, como no puede ser de otra forma, como se trabaja todos los días en los centros de salud y en los hospitales, entre las distintas profesiones sanitarias, de manera que todo el mundo tiene claras sus atribuciones; pero ahora los enfermeros tienen una protección que antes no tenían y van a poder hacer su trabajo mucho mejor.

Por tanto, éste es el cumplimiento escrupuloso, punto por punto, del acuerdo que se firmó en su día en Moncloa con la profesión enfermera.

P.- En primer lugar, para el Ministro. Quería plantearle, sobre el avance que se ha producido hoy en materia de medicamentos, precisamente sobre las posibilidades que van a tener los enfermeros de recetar esos medicamentos, si nos puede poner algún ejemplo concreto para que el ciudadano vea qué ventaja va a tener a la hora de ir como paciente y que un enfermero le pueda recetar directamente algún medicamento de algún tipo. ¿Cómo se va a producir y qué ventaja tiene directa?

Y a la Vicepresidenta. En clave ya electoral, porque el lunes se va a disolver el Parlamento y convocar oficialmente las elecciones, me gustaría preguntarle si el Gobierno es partidario de que, tanto el presidente del Gobierno, como los ministros, como por ejemplo pasó con García-Margallo en las elecciones catalanas, participen activamente en debates electorales en televisión con otras formaciones políticas, y un poco cuál es su inclinación con vistas a las elecciones del 20-D.

Sr. Alonso.- Es una agilización decisiva a la hora de trabajar, y sobre todo le da una cobertura legal. Piense que usted recetar --perdón, usted no puede recetar porque usted no es médico; no puede recetar de ninguna de las maneras-- o usted le puede decir a la ministra de Empleo: "tómese un paracetamol", ¿no? Una enfermera no puede legalmente o no tenía la habilitación legal para poder hacerlo en el desarrollo de sus trabajos. Por tanto, ésta era claramente una carencia que tenía la profesión y que ahora se cubre.

Se ha dado el caso de que se ha inhabilitado a una enfermera por hacer eso sin que le hubiera ocurrido nada al paciente. Hemos tenido casos de inhabilitación. Esto da una gran seguridad profesional y, además, tiene otra ventaja añadida: le he dicho que 140.000 enfermeras -fundamentalmente, son mujeres-- y enfermeros han realizado ya cursos que les permiten acreditarse; es decir, se han formado en el conocimiento y en el uso de estos medicamentos, y eso es una garantía adicional para todos.

Luego, también se prevé el desarrollo de protocolos y de guías para cada uno de los supuestos. Cuando se ha producido la diagnosis del médico y se ha producido también la prescripción del tratamiento, estará ordenado a través de una guía y un protocolo, en el que se sabrá muy bien qué es lo que tiene que hacer cada uno.

Por tanto, yo creo que está lleno de ventajas desde el punto de vista de la seguridad del paciente, de la coordinación entre los distintos profesionales y también de la consolidación de la profesión enfermera.

Vicepresidenta.- Sobre los debates, creo que tanto el Presidente como los ministros estamos bregados bastante en esto de los debates, entre otras cosas, porque a lo largo de la Legislatura muchos han sido los debates parlamentarios, por poner un ejemplo. Pero no nos corresponde a nosotros decidir cómo Gobierno. Eso es ya cuestión de los partidos que van a las elecciones cómo van a ser esos debates y quién va a ir, porque, en todo caso, no lo haríamos como ministros, sino como miembros de una candidatura o por formar parte o militar en un partido. Pero, como ya digo, estamos bregados, con lo que estaremos a lo que nos pidan.

Muchísimas gracias.