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​El Gobierno aprueba el nuevo IRPF que bajará las retenciones de todos los contribuyentes

La Moncloa, Madrid, viernes 5 de diciembre de 2014

​El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, según ha subrayado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, plasma los primeros pasos de la Reforma Tributaria y pone de relieve "su altísimo contenido social".

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que este Reglamento, que surtirá efectos a partir de enero de 2015,  contiene "importantes medidas de apoyo a la familia e importantes medidas de apoyo a las familias que tienen alguna persona con algún tipo de discapacidad a su cargo".

La nueva norma, ha señalado Montoro, "va a bajar los impuestos a todos los contribuyentes, pero lo hace más para las rentas bajas y medias, más para los que son familia numerosa y más para los que tienen personas con problemas de discapacidad a su cargo".

Objetivos

Entre los objetivos que persigue la reforma fiscal, el ministro ha destacado el aumento de la renta disponible para las personas físicas y sociedades, del orden de 9.000 millones de euros en los años 2015 y 2016. El impulso a la creación de empleo a través de la reducción de la fiscalidad para las rentas de trabajo. Favorecer el ahorro, la inversión productiva y la competitividad y hacer más equitativo el sistema tributario.

Retenciones y pagos a cuenta

El nuevo Reglamento reduce la carga tributaria de las rentas de trabajo. Las retenciones salariales se adaptan a la rebaja media del 12,5% que supone la reforma del IRPF para veinte millones de contribuyentes. Se eleva el umbral mínimo de retención hasta los 12.000 euros, la cuantía a partir de la cual se practica la retención y se incorpora la nueva escala con tipos marginales inferiores.Pool Moncloa

En los años 2015 y 2016 las retenciones a la renta procedentes del ahorro se rebajan del 21% al 19% y las de los profesionales pasan del 21% al 18%. Se incorpora un nuevo tipo del 15%  para los profesionales con rendimientos inferiores a 15.000 euros anuales. El tipo de retención para los administradores de sociedades pasa del 42% al 35% y para los administradores de empresas con facturación inferior a los 100.000 euros se rebajan al 19%.

Nuevas deducciones

El montante de las deducciones que incorpora el nuevo IRPF para familias numerosas y con personas discapacitadas a su cargo asciende a 732 millones de euros en 2015. Las ayudas, que son compatibles y acumulables, suponen la percepción de 1.200 euros anuales o 100 mensuales si se elige su cobro anticipado. Se calcula que estos "impuestos negativos" beneficiarán a 750.000 familias, según ha detallado el ministro.

Las personas con derecho a estos beneficios podrán solicitarlos a partir del 7 de enero de 2015 por internet, telefónicamente o en las Delegaciones de Hacienda. No obstante, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas  ha dicho que la Agencia Tributaria ya ha remitido cartas a las familias para informarlas de que pueden acogerse a estas ayudas.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla algunas de las medidas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno el pasado 27 de noviembre en el Congreso de los Diputados, según ha avanzado la vicepresidenta.

Soraya Sáenz de Santamaría ha indicado que la norma busca agilizar la justicia penal para que "no haya ninguna sensación de impunidad" y los tiempos de tramitación sean "razonables y suficientes" para dictar una sentencia. También permitirá recuperar "aquello que el corrupto o el sentenciado haya podido detraer del dinero público o de lo que haya podido beneficiarse en su actividad delictiva".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado que los objetivos de la reforma son mejorar la agilidad y la eficiencia del sistema procesal penal; reforzar las garantías procesales; establecer un marco normativo para la investigación tecnológica; generalizar la segunda instancia penal y establecer un procedimiento de decomiso autónomo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado.

Proceso penal y plazos de instrucción

Pool MoncloaPara agilizar el proceso penal, se modifican las reglas de conexidad que conducen con frecuencia a la acumulación de procesos por distintos delitos, lo cual dilata su resolución. Catalá ha señalado que ahora "cada delito generará una instrucción diferenciada", con lo que se dictarán sentencias en plazos mucho más cortos. Además, los atestados policiales sin autor conocido no se enviarán a los juzgados, sino que se tramitarán con carácter administrativo hasta que se detenga al responsable, en cuyo caso sí tendrán un tratamiento judicial.

Los asuntos sencillos tendrán un plazo máximo ordinario de instrucción de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para las investigaciones complejas, el plazo será de 18 meses, prorrogable hasta otro plazo máximo similar cuando haya causas que lo justifiquen. Asimismo, se amplían los juicios rápidos a asuntos de tramitación sencilla, como los hurtos, amenazas leves o conducir en estado de embriaguez.

El titular de Justicia ha subrayado que, con estas medidas, "se reduce la carga de los jueces y los fiscales para que se dediquen a la instrucción de las causas especialmente complejas".

Garantías procesales y seguridad jurídica

Rafael Catalá ha explicado que la futura ley orgánica refuerza el derecho, ya existente, a asistencia letrada que, entre otras cosas, "garantiza la confidencialidad entre el detenido o el imputado y su abogado".

Por otra parte, la norma regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas, la grabación de conversaciones orales o imágenes, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y el registro de dispositivos de almacenamiento de datos. "Lo que estamos pretendiendo es dotar a los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad de herramientas para la investigación de una delincuencia de alta complejidad. Este tipo de medidas requerirá autorización judicial y responderá a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad", ha aclarado el ministro.

El texto también regula la segunda instancia penal. El ministro estima que 5.000 asuntos podrían ser susceptibles de esa segunda instancia y ha asegurado que "hay capacidad suficiente para articularla incluso sin necesidad de nuevos recursos sino mediante la reasignación de los disponibles".

El ministro ha señalado que la norma "incluye nuevas formas de decomiso para dotarnos de herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción". Crea un procedimiento de decomiso autónomo y recuperación de activos procedentes de actividades delictivas, así como una oficina de recuperación y gestión de activos derivados de la práctica de delitos.

Buques de acción marítima

Pool MoncloaEl Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la suscripción de un convenio de colaboración con la empresa Navantia relativo a la prefinanciación del programa de construcción de dos buques de acción marítima (BAM).

La vicepresidenta ha detallado que, con este proyecto, "por cada euro de facturación de Navantia se genera una demanda agregada total de la economía española de 3,1 euros; el PIB de la economía española se incrementa en 1,2 unidades monetarias".

Por cada millón de euros anuales de facturación del proyecto -el compromiso de financiación que se aprueba será de 335 millones de euros-, se generan cerca de 17 empleos anuales directos e indirectos durante un período de cuatro años, que es el previsto de la construcción de estos BAM, y un valor añadido directo e indirecto para la economía de, aproximadamente, 114,8 millones de euros anuales. Durante el período de construcción, se generarán anualmente cerca de 1.350 ocupaciones directas e indirectas.

La intención de los Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo es acelerar la celebración de estos contratos y la puesta en marcha de los encargos para que puedan empezarse a trabajar en las próximas semanas en los astilleros afectados, ha dicho Sáenz de Santamaría.

Otros acuerdos

El Gobierno ha acordado remitir a las Cortes la Estrategia de Acción Exterior, que es un instrumento de planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior del Estado, y un marco para tomar decisiones.

Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que "por primera vez, España va a tener un instrumento clave en la planificación a medio y largo plazo de su política y de su acción exterior".

El Ejecutivo también ha estudiado el Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

Asuntos de actualidad

Pool MoncloaLa vicepresidenta del Gobierno, preguntada por la propuesta del Partido Socialista de crear una subcomisión para el estudio de la reforma de la Constitución de 1978, ha resaltado que la reformas constitucionales son posibles, de hecho se han producido en los países de nuestro entorno y también en el nuestro, tal es el caso de la reforma en 2011 del artículo 135, para la que hubo acuerdo entre los dos grandes partidos.

Existen mecanismos y procedimientos para ello, pero lo esencial es que, al tratarse de "un tema muy serio", quien ahora la promueve, el Partido Socialista "lo tenga claro" y "haga propuestas concretas para mejorar el sistema", sin embargo "no ha explicado a los ciudadanos ni lo más básico", ha recalcado.

Respecto de las recientes excarcelaciones de etarras, Sáenz de Santamaría ha dicho que "los ciudadanos no lo entienden" y "nosotros tampoco". "El Gobierno está de acuerdo con la Fiscalía en la presentación de un recurso" contra esa decisión y "eso queremos decírselo a las víctimas", ha concluido.

Sobre la ocultación de la realidad financiera de Bankia por parte de alguno de sus responsables, la vicepresidenta ha destacado que sobre las actuaciones del pasado "hay en marcha un procedimiento judicial y corresponderá al juez determinar responsabilidades". Sobre la situación actual ha dicho que, tras la amplia reforma del sistema financiero del Gobierno, se ha conseguido que nuestras entidades obtengan del Banco Central Europeo buenas calificaciones y se haya recuperado la confianza de los clientes e impositores.

En respuesta al interés de los periodistas por la postura de Ejecutivo sobre una tributación especial para las grandes corporaciones, como Google o Amazon, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que el Gobierno está participando activamente en la OCDE para que la tributación de las multinacionales "se haga donde generan su actividad y sus beneficios". Estas decisiones deben adoptarse en el seno de la Unión Europea y por ello "lo llevará el presidente del Gobierno al próximo Consejo Europeo".

Asimismo, Montoro ha confirmado que la reforma tributaria permitirá hacer públicas las relaciones de los tributadores morosos "a partir de un cierto nivel" y de los defraudadores fiscales que hayan sido "calificados como tales por la Justicia en sentencia firme".