Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Hacienda, después de la reunión del Consejo de Ministros

5.12.2014

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Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido debatidos y acordados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros importante, con temas importantes en dos ámbitos fundamentales: en primer lugar, en el cumplimiento del paquete de medidas de lucha contra la corrupción y, en segundo lugar, en la política fiscal del Gobierno ligada, en este caso, a la aplicación de medidas fiscales en favor de las familias y las rentas más bajas.

Respecto al primero de los asuntos, como ustedes recuerdan, el pasado jueves el presidente del Gobierno en sede parlamentaria hizo un repaso a un programa completo de medidas anticorrupción: setenta medidas, muchas de las cuales están ya debatiéndose en el Congreso de los Diputados. No sólo están los dos Proyectos de Ley de control económico-financiero de los partidos políticos y del Estatuto del Alto Cargo, sino también las enmiendas incluidas a esos dos Proyectos de Ley.

En tercer lugar, también se registró ese mismo jueves una importante batería de medidas a través de enmiendas al Código Penal, que incluían cuestiones tan importantes como el aumento de los tiempos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción o la aparición de nuevas figuras delictivas, como la financiación ilegal de partidos políticos.

Hoy se da un paso más, importante, en ese paquete de medidas contra la corrupción. Hoy se presenta el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla las medidas, y alguna otra que explicará el ministro, anunciadas por el presidente del Gobierno en ese debate. Lo que se busca es una agilización de nuestra justicia penal para que no haya, ni sensación de impunidad, ni tampoco sospechas prolongadas o indefinidas en el tiempo, sino que en unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia.

También, una parte muy importante de esta Ley es que se pueda recuperar aquello que el corrupto, el sentenciado, ha podido detraer del dinero público o ha podido beneficiarse de su actividad delictiva.

Es, por tanto, uno de los elementos troncales y más importantes del paquete de medidas anticorrupción. Quedan algunas medidas de naturaleza administrativa, fundamentalmente las que afectan a la Ley de Contratos del sector público --está aquí el ministro del ramo-- que presentaremos en breves semanas para fortalecer una contratación mucho más transparente y con muchos más controles.

Ahora explicará ese Anteproyecto de Ley el ministro de Justicia.

El segundo elemento muy importante de este Consejo de Ministros es que aprobamos el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Es ésta una medida de naturaleza tributaria, pero de contenido profundamente social. Este Reglamento lo que permite es determinar ya, con efectos a partir de 2015, importantes medidas de apoyo a la familia e importantes medidas de apoyo, además, a las familias que tienen alguna persona con algún tipo de discapacidad a su cargo.

Es la forma de ver también la política social por parte de este Gobierno, que considera que en materia tributaria, en materia fiscal, tenemos que hacer un muy importante esfuerzo para que las familias puedan ver en esta vía, que además tendrá sus efectos inmediatos en las próximas nóminas del año 2015, reflejada una mayor atención y apoyo.

En otro orden de cosas, dos medidas importantes por parte del Ministerio de Economía y Competitividad: de un lado, el Anteproyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que se aprueba en fase de Anteproyecto, antes de su remisión a las Cortes Generales, previos los informes necesarios. Con esta Ley, que forma parte del Plan Nacional de Reformas, se traspone la Directiva de Solvencia II, que es una norma fundamental para el desarrollo del mercado interior europeo, que fortalece al sector asegurador y a los asegurados, y favorece la competencia y la eficacia de estas entidades. Esta Directiva tiene por objeto eliminar las diferencias entre los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual estas entidades puedan operar en un único mercado interior.

¿Qué se pretende? Reforzar la solvencia de las entidades con mejores análisis de riesgo, mejorar la supervisión y los mecanismos de gobierno corporativo, y establecer mayores exigencias de información y transparencia.

También se aprovecha esta norma para regular determinadas cuestiones que tienen que ver con el sector asegurador, como la figura del "mystery shopping". Esto ¿qué es? Es un instrumento de supervisión, como hace la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, en las empresas de servicios de inversión. Lo que se establece es la posibilidad de llevar a cabo la supervisión de prácticas de comercialización de las aseguradoras por parte de funcionarios de la Dirección General de Seguros sin necesidad de que se identifiquen previamente. Es decir, que sin contar que son funcionarios de la Dirección General de Seguros puedan comprobar que en las prácticas de comercialización se respetan la Ley y todas las garantías de los asegurados.

También el Ministerio de Economía y Competitividad ha elevado a Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de internacionalización de la economía española. Esta norma lo que regula son las operaciones, los contratantes, los riesgos susceptibles de ser cubiertos por cuenta del Estado y las modalidades de seguro de garantía que se pueden utilizar en esa cobertura.

También importante en el ámbito de la política exterior, el Consejo de Ministros ha tomado razón, y ordena su remisión a las Cortes Generales, de la Estrategia de Acción Exterior. ¿Qué es la Estrategia de Acción Exterior? Es un instrumento de planificación, seguimiento y coordinación de la acción exterior del Estado; un marco de referencia a la hora de tomar decisiones ahora y en el futuro. Por primera vez, España va a tener un instrumento clave en la planificación a medio y largo plazo de su política y de su acción exterior. Es una Estrategia que busca la coherencia con nuestro proyecto de país y con nuestra situación real en el mundo.

Consta de dos documentos: el primero recoge las grandes líneas y el segundo los objetivos del Plan de Acción Exterior 2015-2018. Este Plan de Actuación de Acción Exterior 2015-2018 contempla las propuestas de actuación exterior del conjunto de todos los Departamentos ministeriales; de los órganos constitucionales, que, como ustedes saben, llevan también una acción exterior; de las Comunidades y Ciudades Autónomas, y de las Entidades Locales. Hoy se ha debatido esta Estrategia en el Consejo de Política Exterior, que se ha celebrado a las nueve de la mañana, y después se ha tomado conocimiento en el Consejo de Ministros. Pasará a ser debatida en el Congreso y el Senado y, una vez ahí, a su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Por último, tendrá un listado de asuntos bastante… Ya estamos a final de año y saben que a final de año se acumulan muchos asuntos en la Referencia, pero yo quiero destacar un asunto importante, que es el Acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a celebrar ya --ya se han cumplido todos los trámites-- con la empresa Navantia un convenio de colaboración para el programa de construcción de dos buques de acción marítima oceánicos, conocidos como BAM. La primera fase del programa, a desarrollar en el período 2006-2012, tuvo un aporte de 294 millones de euros y concluyó con la entrega a la Armada por parte de Navantia de cuatro unidades contratadas. La nueva fase, que se inicia ahora para el periodo 2014-2019, será financiada también por el Ministerio de Industria por su elevado interés e impacto industrial y tecnológico.

Permítanme que les dé unas cifras de cuál es ese impacto: por cada euro de facturación de Navantia con este proyecto se genera una demanda agregada total de la economía española de 3,1 euros --por uno, 3,1--; por cada euro de facturación de Navantia, el Producto Interior Bruto de la economía española se incrementa en 1,2 unidades monetarias; por cada millón de euros anuales --y les diré que el compromiso de financiación que se aprueba será de 335 millones de euros-- de facturación del proyecto se generan cerca de diecisiete empleos anuales directos e indirectos durante un periodo de cuatro años, que es el previsto de duración de la construcción de estos BAM, y un valor añadido directo e indirecto para la economía, aproximadamente, de 114,8 millones de euros anuales. Durante el período de construcción se generarán anualmente cerca de 1.350 ocupados directos e indirectos.

La intención de los Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo, que son los principales implicados, es acelerar la celebración de estos contratos y la puesta en marcha de los encargos para que pueda empezarse a trabajar en los próximos días y en las próximas semanas, ya directamente en los astilleros afectados.

Sr. Catalá.- Como se les anunciaba, hemos analizado en el Consejo de Ministros y hemos tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882. Es cierto que es una época de los grandes códigos del Derecho español (del Código Civil, del Código Mercantil…), pero es evidente también que tiene ya algunas dificultades, algunas insuficiencias, para regular nuestro procedimiento judicial penal en el siglo XXI. Por lo tanto, parece muy conveniente llevar a cabo este proceso de revisión que permita evitar la excesiva dilatación de los procedimientos, la acumulación de causas dentro del mismo sumario o la prolongación de los tiempos con poco resultado en cuanto a la investigación.

Por ello, los objetivos de esta reforma que ahora abordamos son, en primer lugar, mejorar la agilidad y la eficacia del sistema procesal penal. Yo creo que estamos atendiendo a esa idea de que una justicia tardía es una justicia de menor calidad. En segundo lugar, también reforzar las garantías procesales, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y trasponemos alguna Directiva de la Unión Europea. En tercer lugar, establecer un marco normativo para la investigación tecnológica; que es otra de las grandes carencias de nuestro sistema legislativo actual. En cuarto lugar, generalizamos la segunda instancia penal, y luego explicaré un poco en qué consiste. Y, en quinto lugar, también, como decía la Vicepresidenta, en el contexto de las medidas en la lucha contra la corrupción establecemos un procedimiento de decomiso autónomo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Esto es un proyecto que hereda el trabajo desarrollado durante esta Legislatura mediante una Comisión que fue nombrada el 2 de marzo de 2012. El Consejo de Ministros designó una Comisión de expertos que elaboró un gran Anteproyecto, incluso en la Legislatura anterior también hubo trabajos y, por lo tanto, hay trabajo muy intenso de los jueces, de los fiscales y de los catedráticos de Derecho Penal y Procesal en torno a los cuales hemos identificado una serie de elementos donde hay gran consenso y hay una gran continuidad en los trabajos desarrollados en los últimos tiempos. Por lo tanto, el Proyecto nace con esa vocación de integración, de recoger las mejores opiniones, de la experiencia judicial, de la Fiscalía y también de la academia, del ámbito doctrinal del Derecho Penal y Procesal.

La primera de las medidas que propone la reforma que adoptamos es modificar lo que se denomina las reglas de conexidad. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual todas las causas que tiene una misma persona, todos los delitos asociados con la misma persona y conectados entre sí, la regla es que se instruyen todas conjuntamente, lo cual produce un resultado, como hemos conocido, de causas que tiene muchos años de instrucción, que se dilata tremendamente su resolución; en algún caso van como piezas separadas, pero en todo caso forman parte del mismo sumario.

Ahora cambiamos el criterio y vamos a que cada delito generará una instrucción singular diferenciada, con lo cual la capacidad de resolución con este nuevo formato será mucho más cercana, con mucho más acortamiento de los plazos y, por lo tanto, habrá sentencias en plazos mucho más cortos que los que existen en la actualidad.

En segundo lugar, también hay un conjunto de actuaciones que se denominan las faltas sin autor conocido, los pequeños hurtos o los robos, que generan un procedimiento judicial con participación del fiscal, pero en los que no hay tramitación judicial, porque no tienen el autor conocido, y en este momento están quitando mucho tiempo de los jueces y de los fiscales con muy pocos resultados materiales de fondo. Por lo tanto, lo que hacemos es darles una tramitación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 284 y se convierte en una tramitación de carácter administrativo que, cuando haya, en su caso, una detención del responsable, tendrá un tratamiento judicial. Pero todo ese conjunto de actuaciones salen del trámite jurisdiccional y, por lo tanto, dejan de quitar tiempo a los jueces y a los fiscales para unos asuntos que no aportan demasiado valor añadido.

En tercer lugar, incorporamos un elemento que tiene que ver con la agilización del proceso penal y es fijar tiempos máximos para la tramitación, para la instrucción, de los procedimientos. Estamos diferenciando lo que denominamos asuntos sencillos, que tendrán un plazo de tramitación máxima de seis meses, de los asuntos de instrucción compleja, que inicialmente tendrán un plazo de dieciocho meses. Asuntos de instrucción compleja son aquellos que tengan que ver con aquellos que recaigan sobre grupos u organizaciones criminales; los que tengan o involucren a una gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas; que exijan la realización de pericias complejas o de prueba abundante; que impliquen la realización de actuaciones en el extranjero o que sean un delito de terrorismo, por ejemplo. Por lo tanto, en todo ese concepto de gestión compleja hay elenco de identificación de causas que permitirá la fijación de un plazo de seis meses con carácter general y de dieciocho meses para los asuntos más complejos.

Yo quisiera poner de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, ese plazo es un plazo ampliable y, por decisión del juez y a instancias del fiscal, se podrá ampliar por un plazo igual al de su duración. Por lo tanto, no estará compelida la instrucción judicial a un plazo inicialmente limitado, sino que, cuando las causas lo justifiquen, se podrá ampliar en un plazo de igual duración o incluso superior. Por lo tanto, ninguna desconfianza en ese sentido a que los jueces no tengan el tiempo suficiente; pero nos parece que es muy importante fijar un plazo, como lo tiene el ciudadano cuando accede a la Justicia en que hay unos plazos para la presentación de recursos. La propia Administración Pública tiene plazos para responder y finalizar el procedimiento administrativo. Parece razonable también establecer unos plazos en los que los ciudadanos sepan que, con habitualidad y con normalidad, los procedimientos jurisdiccionales finalizarán su instrucción.

Por lo tanto, plazos de referencia; plazos de instrucción sencilla, seis meses; plazos de instrucción compleja, dieciocho meses y posibilidad de ampliación cuando haya causas que lo justifiquen. Por lo tanto, habrá absoluta facilidad para que, cuando el juez y el fiscal así lo establezcan, se puedan ampliar; pero será por motivos justificados.

La cuarta medida importante que adopta el Proyecto de reforma es ampliar el concepto de los juicios rápidos a lo que podíamos calificar como un procedimiento monitorio penal. Eso significa que hay una serie de asuntos de tramitación sencilla, simplificada, que tienen que ver, por ejemplo, con los delitos castigados con pena de multa o prisión sustituible por una multa con privación del derecho del carné de conducir. Estamos pensando, por ejemplo, en los delitos de conducción en estado de embriaguez que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, constituyen casi una tercera parte de las sentencias condenatorias que hoy se dictan por los Juzgados y Tribunales.

Ése un nuevo procedimiento que lo que permitirá es agilizar sustancialmente la tramitación. Habrá una propuesta del fiscal, una confirmación por parte del juez instructor y, si el acusado está de acuerdo con ello, se producirá la finalización del procedimiento de manera muy ágil y, por lo tanto, también, una vez más, agilizaremos los tiempos de respuesta de la Justicia y también reduciremos la carga de trabajo de los jueces y fiscales para que se dediquen a la instrucción de las causas especialmente complejas,

También les decía que el Proyecto de Ley incorpora una trasposición de Directiva, una Directiva de 2013 de la Unión Europea sobre el derecho a asistencia letrada, y lo que hace es también incorporar nuestro Derecho esta Directiva que, entre otras cosas, por ejemplo, garantiza la confidencialidad entre el detenido o el imputado y su abogado. Por lo tanto, se garantizan los derechos de asistencia jurídica que, de hecho, en nuestra legislación ya están vigentes; pero eso es un reforzamiento adicional.

La siguiente medida que nos parece muy relevante que incorpora la reforma tiene que ver con las medidas de investigación tecnología. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, como les decía, regula escasamente la intervención de las comunicaciones postales o telefónicas y todos los nuevos medios tecnológicos, lógicamente, no están contemplados y esto ha hecho que la labor de los jueces, de los fiscales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad carezca del soporte legislativo que les dé garantías, que les dé seguridad. Se están, por lo tanto, desempeñando estas labores de investigación basándose en criterios doctrinales o, incluso, de jurisprudencia constitucional que trata de equilibrar las garantías de los ciudadanos con la eficacia en la investigación, pero sin que haya un soporte legal, como digo.

Lo que pretendemos con esta reforma del artículo 579 y siguientes es dotar de todo un marco legal que regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas, la grabación de las comunicaciones orales o la grabación de imágenes, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y el registro de dispositivos de almacenamiento masivos de datos.

En última instancia, lo que estamos pretendiendo es dotar a los jueces, a los fiscales y a las Fuerzas de Seguridad de herramientas para la investigación de una delincuencia de alta complejidad como es la actual. En todo caso, quiero poner de manifiesto que este tipo de medidas, en todo caso, requerirán autorización judicial, por supuesto, y estarán siempre dotadas de los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad. Por lo tanto, el juez, cuando se le solicite cualquiera de estas medidas, valorará si concurren este tipo de circunstancias y siempre asociadas con delitos de especial cualificación; por ejemplo, los delitos de terrorismo, los delitos cometidos en el seno de una organización criminal, los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o los delitos, al menos. castigados tres años de prisión o superior.

La duración inicial de estas medidas será siempre de tres meses. Podrá ser prorrogable por un plazo máximo y definitivo de dos años, y la ampliación, una vez más, será acordada por el juez cuando así se acredite la justificación de esas medidas especiales y excepcionales.

La siguiente medida que incorporamos en la reforma es la regulación de la segunda instancia penal. Esta segunda instancia penal en España todavía no la tenemos articulada y es una crítica permanente de los organismos internacionales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque, como conocen seguramente ustedes, frente a algunas sentencias de las Audiencias Provinciales o de la Audiencia Nacional, directamente se acude en casación ante el Tribunal Supremo sin que haya ese segunda instancia penal.

Articulamos un procedimiento jurisdiccional y organizativo para que las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional estén dotadas de recursos para poder constituir y configurar esa nueva segunda instancia penal. Estimamos que serán en torno a cinco mil asuntos de los que hoy enjuician las Audiencias Provinciales los que podrán ser, hipotéticamente claro, susceptibles de segunda instancia penal y hay capacidad suficiente para articularla, incluso sin necesidad de nuevos recursos, sino mediante reasignación de los recursos disponibles.

Voy terminando. Otro de los elementos importantes es incorporar a nuestro Derecho, como ya lo han hecho otros países de la Unión Europea como Alemania, Austria y Francia, un procedimiento para que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sean incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Hasta ahora no teníamos ese procedimiento. Hemos tenido alguna aplicación que ha generado cierta tensión en nuestro ordenamiento jurídico y recordemos la aplicación de la anulación de la "doctrina Parot". Lo que ahora hacemos es crear un nuevo cauce para el recurso de revisión ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que será la que conozca de esas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que, por lo tanto, interprete y aplique su incorporación a nuestro Derecho.

Por último, como mencionaba la Vicepresidenta, incorporamos también nuevas formas del decomiso para dotarnos de herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción y, en particular, para la recuperación de los elementos económicos derivados de las comisiones de delitos. Se crea un procedimiento nuevo de decomiso autónomo y de recuperación de activos. También se establece una serie de presunciones, con todas las garantías jurídicas, para cuando se hayan producido transferencias de bienes que procedan del delito a terceras personas, cuando se utilicen testaferros, para que se puedan recuperar todos esos efectos económicos derivados de actividad delictiva y, por lo tanto, que tengamos buenas capacidades de respuesta del Estado de Derecho ante la comisión de delitos.

Finalmente, también prevemos la creación de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; que es una oficina que tomamos del modelo francés. Este lunes en París tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros colegas franceses el buen funcionamiento de esa Oficina. Ellos la tienen creada desde hace dos años y ha sido capaz de gestionar ya más de mil millones de euros de activos derivados de la práctica de delitos que son subastados, son enajenados y, por lo tanto, permiten, o bien satisfacer responsabilidades pecuniarias, o bien indemnizar al Estado o las víctimas de los delitos.

Éste es el conjunto de medidas que incorpora el Anteproyecto. Este Anteproyecto hoy mismo es enviado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía General del Estado, para su informe. Tienen un plazo de un mes para emitir ese informe, luego informará el Consejo de Estado por un plazo de quince días y pensamos que esto nos permitirá a primeros del mes de febrero presentar el Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados para su aprobación en los próximos meses del año 2015.

Sr. Montoro.- Como anunciaba la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros de hoy aprobado el cambio, el nuevo Reglamento, del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, una vez ya finalizada la tramitación parlamentaria de la reforma tributaria que, como recuerdan, nuestro objetivo temporal era que estuviera ya finalizada en el mes de noviembre. En el mes de diciembre aprobamos el nuevo Reglamento que es el que permitirá la bajada de retenciones sobre todos los contribuyentes en España desde el mes de enero del año próximo, del año 2015, dentro de muy pocas semanas. Por tanto, se van a plasmar los primeros pasos de la reforma tributaria; en concreto, la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Ya decía la Vicepresidenta que ésta es la política tributaria del Gobierno y es la política social. Tiene un altísimo contenido social dentro de esta política tributaria, como ahora describiré, y lo tiene por una razón: porque el impuesto va a bajar para todos los contribuyentes; pero lo hace más para los contribuyentes de rentas bajas y medias, lo hace más para los contribuyentes que son familia y, por tanto, están distribuyendo su renta en una unidad familiar, y lo hace más para los contribuyentes que tienen personas con problemas de discapacidad a su cargo. Por tanto, estamos ante una proyección, como veremos también por la importancia de cifras, cifras detrás de cada una de las cuales obviamente están las personas, está la capacidad económica de personas físicas y de familias; cifras que, como decía, lo que enfocamos el año próximo es precisamente una política, una reforma tributaria, de muy alto contenido social.

Sobre los objetivos de la reforma, les recuerdo, en primer lugar, que la reforma va orientada a facilitar un aumento de renta disponible en dos años, 2015 y 2016, para los contribuyentes, personas físicas y personas jurídicas, del orden de nueve mil millones de euros. El objetivo es impulsar la creación de empleo y, por tanto, empujamos la creación de empleo a través de la reducción de los impuestos, de los gravámenes, sobre el trabajo, sobre el empleo. Al mismo tiempo, como también favorecemos el ahorro y fortalecemos la formación, digamos, de ese ahorro en términos de canalización hacia la inversión productiva, favorecemos y reforzamos la competitividad.

Se trata de que el año 2015 sea un año importante en términos de crecimiento económico y hoy podemos decir, casi con toda seguridad, desde el Gobierno que vamos a tener, al menos, un crecimiento económico como el que habíamos previsto en los Presupuestos Generales del Estado --les recuerdo que es del 2 por 100--; pero, sobre todo, está siendo también cada vez más intenso en materia de creación de empleo, que de lo que se trata. El gran objetivo de España es crear empleo, reducir la tasa de paro y estamos comenzando esa senda.

Esa dinamización, la del crecimiento, les decía que es todo lo que inspira la modernización de nuestro sistema de tributario y, al tiempo, la rúbrica es también hacerlo más equitativo, digamos, más eficaz en la lucha contra la desigualdad. Por eso ya lo he presentado como esa mayor rebaja para las rentas medias y bajas, y con fuerte contenido de beneficios sociales para familias con hijos o con personas con discapacidad, además de nuevas medidas de lucha contra el fraude que también traeremos las próximas semanas al Consejo de Ministros, puesto que traeremos también la reforma de la Ley General Tributaria, y continuando también lo que es la propia naturaleza y esencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Les resumo ahí en qué consiste este nuevo Reglamento. Se aprueba una modificación del Reglamento en dos ámbitos: en primer lugar, en lo que se refiere a las nuevas deducciones por familias numerosas y personas a cargo con discapacidad. Éstos son los "impuestos negativos" sobre la renta, que ya empiezan a funcionar como ahora describiré. El valor de las nuevas deducciones asciende a 732 millones de euros en el año 2015 y, por tanto, estamos hablando de "impuestos negativos" con gran capacidad económica lo que vamos a inyectar en la economía.

"Impuesto negativo" significa que Hacienda te financia, te paga, en vez de pagarle tú a Hacienda, y por eso se llama negativo, en términos de si reúnes unas condiciones objetivas como son, en este caso, las familias numerosas y familias con personas con discapacidad a su cargo, que es nueva. Ésa se añade a la anterior --ahora se lo recuerdo también-- que es la mujer trabajadora que se incorpora a su puesto de trabajo después de la maternidad, con un hijo menor de tres años. Esa figura existe en España desde nuestra anterior reforma del IRPF del año 2003.

Es el primer ámbito, el ámbito del Reglamento, y la segunda es la reducción de las retenciones y demás pagos a cuenta. Retenciones y demás pagos a cuenta por valor estimado de 3.360 millones de euros en el año 2015 y 6.000 millones de euros en el total del bienio de aplicación de la reforma, 2015 y 2016.

En las nuevas deducciones sobre familias y discapacidad, ésta que estamos estimando, en torno a 732 millones de euros, aquí quería relatarles que hay hasta 1.200 euros con posibilidad de cobro anticipado de 100 euros al mes. Es decir, se puede, o bien acumular en el total del año, o pedir que Hacienda te ingrese los conocidos como cien euros al mes, en este caso para 750.000 familias, que son las que se van a beneficiar de la creación de esta nueva figura por familia numerosa, doble en el caso de categoría especial, por ascendientes o descendientes a cargo con discapacidad.

Luego quería recordarles que estos sistemas de nuevas deducciones o impuestos negativos sobre la renta son acumulables; es decir, se pueden reunir las condiciones para que, efectivamente, se puedan acumular y, por supuesto, se acumulen a la anterior, a la maternidad de madres trabajadoras con hijos menores de tres años. O sea, una no quita otra. Son figuras tributarias perfectamente acumulables y, por tanto, cuando se dé la circunstancia de que una familia reúne todas esas condiciones, recibirá todo el montante total de las nuevas figuras.

Un ejemplo: una familia integrada por dos cónyuges y tres hijos, uno con discapacidad. En dos supuestos: trabajan ambos padres fuera del hogar en 2015 y cada cónyuge presenta su declaración de IRPF; en el otro sólo trabaja uno de ellos en 2015 y el cónyuge que trabaja en su declaración del IRPF. Se plantean las diferentes deducciones por familia numerosa --doce meses por 50 euros-- y da un total por familia de 2.400 euros anuales, y en el otro caso también resultando todo lo que es el sistema de cómo se llega a esa cuantía.

En términos de procedimiento de solicitud será el modelo 143. Se puede solicitar de forma… Ya ha habido una remisión de cartas a las familias que pueden acogerse a ello, advirtiéndoles del cambio de la normativa tributaria a su favor, por parte de la Agencia Tributaria. Pero también quería dejarles también todo el detalle de que a partir del 7 de enero, por internet o por teléfono se puede ya solicitar esta aplicación y, por tanto, esta ventaja fiscal. Tendrán todo el detalle.

En las reducciones de la retenciones de pagos a cuenta, tal como ya establecía la propia normativa del Impuesto sobre la Renta, en materia de rendimientos del trabajo la reducción de la cuota tributaria soportada por rentas del trabajo, especialmente para menores rentas y mayores cargas familiares, que es la cuantificación a la que ante me he referido, tendría un impacto de menor tributación de 3.360 millones de euros en el año 2015 y en el año 2016, ya acumulados los dos años, de 6.000 millones de euros. Se eleva el umbral mínimo de retención hasta 12.000 euros y se rebaja la escala de retención con tipo marginales inferiores y un tramo en menos.

Vamos a ver cómo se distribuyen los contribuyentes y cómo afecta esto en términos de distribución de esos contribuyentes por porcentajes acumulados de declarantes. El ahorro es, como les decía y les advertía desde el comienzo de la exposición, claramente superior para los declarantes… En este caso se va acortando en términos de número de declarante por niveles de renta hasta 18.000 euros, donde se acumulan el 58 por 100 de los declarantes, que tendrán un ahorro de prácticamente del 26,6 por 100.

A continuación, está la segunda banda, hasta 24.000 euros --vas acumulando y tienes ese rango de declarantes--, donde el ahorro sigue siendo importante, 29.000, y, al final, cuando ya esté completa la reforma en los dos años, la reducción será de un 23 por 100 y antes era un 31 por 100.

En lo que son hasta 42.000 euros, donde ya el acumulado de declarantes llega al 91 por 100 --por tanto, el impuesto es efectivo en esos niveles de renta, como ven, porque es donde está la gente declarando esos niveles de renta--, la reducción sería del 11 por 100 en el primer año y acumulado el 15 por 100. Y, finalmente, los declarantes a partir de los 60.000 euros anuales en los que realmente ya esa reducción queda ahí.

El IRPF, ¿qué significa en términos de mayor renta disponible en enero de 2015, como decía siempre, enfatizando la reducción en las rentas medias y bajas? El ahorro es total en los niveles de renta menores y, efectivamente, el ahorro es menor ya a partir de los niveles de renta declarados de orden superior. Los ahorros medios por tramo de renta se recogen en el período, primero, 2015-2014 y, después, la baja acumulada en 2016-2014 sobre lo que están pagando de renta. En el primer rango de renta el ahorro es 100 por 100 y, a partir de ahí, también siguen siendo significativos los ahorros que se van reduciendo.

También puedo comentar el ahorro para un individuo medio por tramo de renta con dos hijos, donde los ahorros son claramente superiores. Estamos primando a la familia, como ya es normal y exige nuestra Constitución; pero el Gobierno lo está desarrollando con plenitud en todas sus políticas económicas, y en concreto en la tributaria, y los ahorros, efectivamente, se van programando con esos ejemplos.

Ya acabamos relatándoles lo que será la reducción también de las retenciones y pagos a cuenta. Para otras rentas, las rentas del ahorro, se rebaja del 21 al 19 por 100 en el total de la reforma, pasando del 21 al 20 por 100 en el año 2015.

Para los profesionales se reduce del 21 al 18 por 100, 19 por 100 en el 2015. Las retenciones a profesionales con rendimientos inferiores a 15.000 euros, que se van al 15 por 100; las retenciones a administradores de sociedades se reducen del 42 al 35 por 100 y, en concreto, a administradores de las empresas de menor tamaño, las empresas pequeñas con negocios de facturaciones inferiores a 100.000 euros, se rebaja al 19 por 100 en el año 2016 y, en concreto, al 20 por 100 en el año 2015.

P.- Mis preguntas son para la Vicepresidenta. Mañana es el aniversario de la Constitución y, a raíz de ello, me gustaría preguntarle si la puerta está completamente cerrada para una reforma de la Constitución y, si es viable la negociación, ¿qué requisitos se le ponen desde el Gobierno al Partido Socialista, que es la formación que en estos momentos ha abierto esa posibilidad?

También me gustaría preguntarle, y teniendo en cuenta el respeto a la independencia judicial, sobre la excarcelación de etarras que se está produciendo estos días. Me gustaría saber su opinión y también qué le puede decir al colectivo de víctimas del terrorismo, que también en las últimas horas están vertiendo críticas al Gobierno. ¿Qué se les puede decir a las víctimas en estos momentos?

Vicepresidenta.- La primera pregunta versa sobre el aniversario de la Constitución y la posición del Partido Socialista en relación con la reforma. Yo creo que días como mañana son momentos para reflexionar lo que han supuesto estos casi cuarenta años de vida en democracia con una Constitución que nos ha permitido muchas cosas, entre otras, dotarnos de un sistema de derechos en nuestro país, y de derechos fundamentales especialmente, que nos ha colocado entre los países más punteros del mundo. Tenemos, por otro lado, uno de los Estados más descentralizados que hay en todo el mundo, mucho más que muchos Estados que se llaman federales. Algún día nos explicarán la diferencia entre un Estado autonómico y un Estado federal algunos que lo propugnan.

Pero yo quiero señalar eso: descentralización, que ha permitido una mejora del bienestar con carácter global en el conjunto de toda España, pero que también tenemos que ser capaces de gestionar con eficacia.

Dicho lo cual, el Partido Socialista propone la creación de una subcomisión para la reforma constitucional y a mí me gustaría hacer tres reflexiones.

En primer lugar, dice que hay que hacer una reforma constitucional por regeneración democrática. Tenemos, antes de la reforma de la Constitución, un paquete de medidas de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática muy amplio: setenta medidas, que son varias leyes; medidas muchas de las cuales han sido, además, reclamadas por actores jurídicos y políticos de distinto orden: véase Consejo General del Poder Judicial, Jueces Decanos, en la línea de lo que hemos planteado hoy. Un conjunto de medidas serio y potente que, a nuestro juicio, deberíamos ser capaces de trabajar y pactar todos los partidos políticos.

Mi pregunta es: el Partido Socialista lanza una oferta de reforma de la Constitución, pero yo creo que sobre la voluntad de pactar asuntos importantes para el conjunto del Estado, asuntos que preocupan a la ciudadanía, y lo estamos viendo con las últimas encuestas, yo le llamaría a la reflexión.

Aquí ya no estamos --y ésa será la tercera de mis reflexiones-- ante cuestiones hipotéticas y propuestas que no se han formulado, sino que ante setenta medidas muy concretas, muchas de las cuales están en las Cortes, de lucha contra la corrupción y de regeneración, que es un problema que los ciudadanos interpretan como importante, ¿dónde está el Partido Socialista? Ésa es mi primera reflexión.

Mi segunda reflexión, y tengo aquí al coponente, es que nosotros hicimos una reforma constitucional en el año 2011 con acuerdo con el Partido Socialista, lo cual demuestra que reformas constitucionales puedan hacerse, y de hecho se han hecho también con el Partido Popular que ahora sustenta al Gobierno, pero que antes estaba en la oposición. Pero es que la voluntad de pacto del Partido Socialista, respecto a esa reforma, ya ha cambiado; de hecho, la única propuesta concreta que tiene la reforma constitucional es derogar la reforma constitucional que avalaron hace menos de tres años, o tres años exactos.

Ésta es la segunda reflexión, por lo que hay algunas voluntades de pacto que no tienen y otras que rectifican tiempo después.

Y la tercera es de fondo. En España no faltan foros para discutir reformas de cualquiera naturaleza, incluida la constitucional; lo que faltan son propuestas. Y el Partido Socialista no ha añadido nada a su petición de subcomisión respecto a la propuesta absolutamente inconcreta que cerró en las propias reuniones del Partido Socialista. Las reformas de la Constitucional se tienen que hacer para mejorar el sistema, no para solventar los problemas internos que se puedan tener o no se puedan tener. Se tiene que tener diseñado lo que se va a hacer, porque es un tema muy serio como para abrirlo sin saber a dónde se quiere ir.

El Partido Socialista no tiene propuesta, pero no ha explicado ni lo básico para que los ciudadanos puedan ver si eso que quiere hacer tiene, digamos, la virtualidad de mejorar o, incluso, si puede suscitar un consenso, porque no se abren las… "Vamos a debatir esto y ya veremos". Oiga, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué es para usted un Estado federal? ¿Qué cambia respecto del Estado de las Autonomías que tenemos? ¿El Estado federal que usted propugna es simétrico o asimétrico? ¿El señor Sánchez defiende, como lo hemos oído alguna vez, el blindaje de las competencias de educación y lengua? ¿Defiende que las Comunidades Autónomas tengan competencias exclusivas en materia de educación y de lengua, porque se lo hemos oído alguna vez? ¿Qué es ese reconocimiento de hechos diferenciales, porque los hechos diferenciales están reconocidos en la Constitución, ¡eh!, y lo están todas las lenguas y otras cuestiones? ¿Qué supone a mayores ese reconocimiento de los hechos diferenciales que propugna? El modelo de financiación, que lo quiere meter en la Constitución, ¿qué implica? ¿Nuevos pactos fiscales o eliminar los que existen?

O sea, no son dudas pequeñas como para abrir un debate sin que, al menos, el que lo proponga lo tenga claro y no tengo la sensación, que no avanzan en esa definición, de que lo tengan.

Segunda de las cuestiones. Como usted decía, nosotros somos el Poder Ejecutivo. Claro que el respeto a las resoluciones judiciales, o al menos a los criterios judiciales, en este caso es más difícil, por cuanto hay, al menos, dos criterios judiciales diferentes según la Sección de la Audiencia Nacional con la que te encuentres. Entonces, los ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco.

El criterio del Gobierno es el criterio de la Ley y la Ley que se aprobó, y que entraba en vigor al día siguiente de alguna de esas decisiones, es muy clara sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ese criterio de la Sección Primera no cabe en lo que dice esa Ley.

Por tanto, el Gobierno tiene su criterio, que es el criterio que dio en la trasposición de esa Decisión-Marco y las Decisiones-Marco no son aplicables directamente mientras no existe una trasposición. Estamos absolutamente de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de recurrirlo ante el Tribunal Supremo y eso se lo queremos decir a las víctimas.

Nuestra posición, la del Gobierno, está en la Ley que salió de las Cortes Generales, que dice sencillamente que esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro, es nuestra posición, compartimos el recurso de la Fiscalía y también nos lleva a desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar con criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles.

P.- Para la Vicepresidenta. Respecto a la reforma de la Constitución, ¿se puede deducir de sus palabras que, si el Partido Socialista presentara una propuesta concreta de reforma constitucional, el Gobierno estaría dispuesto a debatir sobre la misma?

Por otro lado, hoy el Tribunal Constitucional ha avalado la reducción del número de diputados en Castilla-La Mancha. ¿El Gobierno, después de esta decisión, anima a otras Comunidades a seguir en la misma línea en el ámbito de la reforma de las Administraciones que está impulsando?

Vicepresidenta.- Indudablemente, para poner opinar de una reforma de la Constitución es bueno saber lo que se quiere hacer; entonces, ayudaría, no al Gobierno, sino al resto de las formaciones y a los ciudadanos en general para formarse un criterio al respecto. Pero, además, es que yo quiero recordar las implicaciones que tiene una reforma de la Constitución y los consensos que tienes que construir. Difícilmente vas a construir un consenso cuando no eres capaz de articular, dentro de tus propias filas, una definición.

Pero es que, para hacer una reforma de la Constitución y algunas de las cuestiones que parece que se apuntan, especialmente si se toca el asunto que yo he oído de los derechos fundamentales, entre otras cuestiones, es una reforma agravada de la Constitución, que tienes que lograr un principio de acuerdo sobre lo que propones; disolver las Cortes; con la nueva composición de la Cortes apoyar ese acuerdo y aprobar la reforma de la Constitución. Es un, digamos, procedimiento largo para quien no es capaz, en la primera fase de ese proceso, de contestar preguntas tan absolutamente necesarias como las que yo he planteado aquí y han planteado, no sólo el Gobierno, sino muchos actores sociales y políticos, sobre una reforma del modelo de convivencia, que no siempre es fácil.

Segundo de los asuntos. El propio informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas estableció una serie de medidas que podían adoptar las Comunidades Autónomas y una de ellas era, precisamente, la reducción del número de diputados autonómicos. El número de diputados autonómicos es muy diferente en cada una de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Hay otras Comunidades Autónomas, además de Castilla-La Mancha, que han llevado a cabo medidas de esta naturaleza, unas con modificaciones estatutarias, otras no lo precisan. Desde luego, estaba incluido en ese Informe de Reforma de las Administraciones Públicas y entendemos que, preservando la representatividad dentro de cada Comunidad Autónoma, es una medida importante de austeridad que nosotros propugnábamos.

P.- Al ministro de Justicia. ¿Cómo van a lograr reducir la instrucción a seis meses sin más medios, como están criticando los propios jueces, y también han aparcado el proyecto del fiscal instructor?

Al ministro de Hacienda. ¿Cuándo exactamente van a aprobar la reforma de la Ley General Tributaria, a la que ha aludido, para que dé tiempo ya a su tramitación y a su aprobación?

¿Contemplan que vuelva la lista de defraudadores, que al final se cayó --sigue la de morosos, pero la defraudadores no--, ante las nuevas medidas contra la corrupción y la preocupación que hay por este asunto?

¿Qué le parece la medida que ha anunciado Reino Unido de imponer una tasa del 25 por 100 a Google y al resto de multinacionales tecnológicas que desvían artificialmente beneficios para no tributar? ¿Van a sumarse, porque Reino Unido pide a otros países que se sumen a esta iniciativa?

A la Vicepresidenta. ¿Qué responsabilidad corresponde, sobre todo al Banco de España, pero también a la CNMV, al Ministerio de Economía y, en último término, al Gobierno por las graves irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y las cuentas, tanto de Rato como de Goirigolzarri, que ha denunciado el informe de los peritos?

Sr. Catalá.- Como he tratado de explicar, el Proyecto de reforma que presentamos incluye un paquete de medidas. Una de ellas es el establecimiento de unos plazos máximos de instrucción, ampliables, en todo caso, cuando la causa lo justifique; pero hay mucho más. He intentado explicar medidas para la agilización procesal, mediante la modificación de la regla de la conexidad; por lo tanto, los tiempos se acortan por esa vía. También vamos a dar un trámite administrativo a buena parte de los procedimientos que actualmente no tienen ninguna relevancia, como son las faltas sin autor conocido, o el proceso monitorio penal que agiliza la tramitación de esos delitos que tienen que ver, por ejemplo, decía yo, de la conducción en estado de embriaguez. Por lo tanto, es un conjunto de medidas.

En ese nuevo contexto que estamos creando es donde nos parece razonable y proporcionado establecer los tiempos de seis meses para las causas sencillas y dieciocho meses para las causas complejas. Por lo tanto, las causas complejas seguirán teniendo un tiempo de instrucción de dieciocho meses, ampliable, a su vez.

En todo caso, el proyecto de reforma de la Justicia, en su conjunto, tiene que ver con reglas procesales como las que yo he mencionado hoy aquí; pero también tiene que ver con muchas más cosas. Estamos trabajando por la incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, eso simplifica el trabajo. Y estamos trabajando también por la organización judicial, la nueva Oficina Judicial, que ayuda a funcionar de manera más eficaz. Estamos también incorporando nuevos elementos de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria, que crean mecanismos para que no todos los conflictos sociales se resuelvan ante los Tribunales, que haya otras maneras de hacerlo.

Y, en última instancia, también el Gobierno sigue creando plazas de jueces y de fiscales. Hemos creado recientemente 282 plazas nuevas de jueces; en este momento hay nuevos jueces en la Escuela Judicial; hay nuevos jueces opositando para ingreso en la carrera, y el año que viene, en la Oferta de Empleo Público están previstas cien nuevas plazas de jueces y fiscales.

Por lo tanto, creando nuevas plazas, mejorando los procedimientos, incorporando tecnologías, incorporando mejor organización procesal; con todo eso pensamos que razonablemente se pueden cumplir los plazos y, en todo caso, si los plazos hay que ampliarlos, motivadamente se podrán ampliar.

Sr. Montoro.- En relación con los siguientes pasos a dar en el ámbito de Hacienda y Administraciones Públicas en la lucha contra el fraude y la lucha contra la corrupción, la eficacia de la persecución de los delitos contra la Hacienda pública es absolutamente fundamental y en esta Legislatura hemos avanzado mucho. Todos lo vemos en los casos a los que está enfrentada la opinión pública con ellos. Hemos avanzado mucho en la persecución de todos estos delitos.

A partir de ahí, el proyecto es traer a Consejo de Ministros un Anteproyecto de cambios en la Ley General Tributaria, que precisamente lo que hagan es también adaptar esa Ley General Tributaria y permitir la difusión en primer lugar de la lista de morosos con la Hacienda Pública, una morosidad en que, a partir de un cierto rango, de un cierto nivel, se pueda estar incurriendo, sea una persona física o una persona jurídica.

Es nuestra intención que también la lista de defraudadores se publique, pero son defraudadores los que califican la Justicia como tales. Ése no es el procedimiento administrativo; pero sí queremos, en términos legales, habilitar que, una vez que se ha producido sentencia firme y, por tanto, identificado fraude fiscal, eso se pueda difundir y conocer, puesto que no siempre se conoce. Entendemos que es muy positivo que realmente tenga esa difusión pública.

En relación con el tratamiento fiscal de multinacionales, el Gobierno español, como yo mismo expliqué recientemente en el Congreso de los Diputados con motivo de una interpelación, en primer lugar, estamos participando activamente con la OCDE en todo lo que es el procedimiento conocido por sus siglas inglesas BEPS. Ese procedimiento es un procedimiento que se orienta a que la tributación de las multinacionales se haga en el territorio donde se está generando actividad y donde se están generando beneficios. Por tanto, el Gobierno español ya está en ello, estamos en ello desde hace tiempo. Ahora bien, nosotros entendemos que esto debe ser adoptado en el seno de la Unión Europea. Ahora vemos un excelente clima para ello y es una materia que llevará el presidente del Gobierno al próximo Consejo Europeo.

Por tanto, no solo sumándose, sino haciendo aportaciones propias para que en el ámbito de la tributación sobre el Impuesto sobre Sociedades podamos dar ese paso, porque es muy importante que demos ese paso en la Unión Europea y evitemos lo que parece que hemos conocido ahora, pero desgraciadamente… Lo único que hemos conocido son nombres de empresas que se acogen a esos procedimientos, porque que existen esos procedimientos en el seno de la Unión Europea, eso no lo hemos conocido ahora, esto ya es bastante antiguo. Y ahora lo que tenemos hacer es precisamente dar el paso en un cambio legislativo en el ámbito del Impuesto de Sociedades, pero hay que hacerlo combinado con todos, con los países de la Unión Europea. Por tanto, el Gobierno español va a ser muy activo, muy pro activo, en esta materia para promover ese cambio.

Vicepresidenta.- Sobre la tercera de sus preguntas, yo diferenciaría dos cuestiones diferentes. Por un lado, hay un procedimiento judicial en marcha, donde se ha recibido el informe de unos peritos y donde distintos representantes de las entidades que usted menciona han participado en diferentes tipos de pruebas de naturaleza testifical o documental. Al juez le corresponderá valorar en ese procedimiento las responsabilidades que correspondan.

Pero sí quiero señalar que este Gobierno, en el proceso de saneamiento que él llevó a cabo a partir del año 2012, ha logrado una profunda reestructuración del todo el sector financiero en su mejora y, muy especialmente, en la de Bankia.

Yo quiero recordar que Bankia ha sido la tercera entidad española que mejor nota ha obtenido en los ejercicios de esfuerzos realizados por el Banco Central Europeo al sistema financiero europeo el pasado mes de octubre. Sólo otras dos entidades han obtenido mejor nota que Bankia, dos entidades de tamaño más pequeño. Incluso en el escenario más adverso planteado en el ejercicio, Bankia mantendría niveles de capital suficiente, lo cual demuestra que ese proceso de saneamiento que ha llevado este Gobierno, bastante diferente del llevado a cabo con anterioridad, ha logrado que nuestro sector bancario, nuestro sector financiero, logre estas notas que tienen que dar confianza en los inversores, en los accionistas y en los depositantes.

Los test de estrés realizados en su conjunto por el Banco Central Europeo demuestran que el sector financiero español presenta una solvencia elevada, ya que es la que menos ajustes sufre en Europa tras la nueva valoración llevada a cabo por el supervisor bancario europeo.

Ningún banco español se encuentra hoy con déficits de capital gracias al esfuerzo de valoración y transparencia de los balances bancarios que se ha llevado a cabo en este tiempo. Es decir, el Gobierno ha hecho un proceso de reestructuración, con una asistencia financiera que ya estamos devolviendo, y que ha determinado estos resultados. Creo que es importante, porque también hay que tener muy presente que, desde luego, hay que investigar el pasado; pero el presente que ha determinado este Gobierno y el futuro también están marcados por esa valoración que ha hecho una institución tan independiente como es el Banco Central Europeo, que es la competente en estos asuntos.

P.- Vicepresidenta, mis preguntas son para usted. En primer lugar, sobre la Constitución, camino de cumplir cuarenta años. Yo quería, más allá de la posición del Partido Socialista, saber la posición del Gobierno. Es decir, ¿cree que la Constitución sigue siendo totalmente válida hoy en día o es necesaria una revisión para ponerla al día?

Me quería referir también al nombramiento del nuevo ministro, de Alfonso Alonso, esta semana. Se han hecho muchas interpretaciones sobre el peso político que gana el Gobierno y quería saber qué va a cambiar en el Gobierno, si es así, ese mensaje político que se va a reforzar y a qué es debido.

Vicepresidenta.- Nosotros en España tenemos una Constitución que nos dimos en 1978. Los Estados de nuestro entorno, por supuesto, hacen reformas constitucionales y en nuestra Constitución hemos hecho algunas, entre ellas, la del artículo 135, que ha tenido un calado esencial, como puede explicar el ministro Montoro, para lograr superar la crisis y ganar en credibilidad y confianza.

Con lo que las reformas de las Constituciones pueden hacerse, pero hay que saber muy bien lo que se quiere hacer, para qué y con qué acuerdos y consensos se parte. Y no digo "se acaba", digo "se parte", porque son muchos los Grupos de la Cámara, y no les tengo que recordar a ustedes que cada vez que se ha hablado de este asunto en el Congreso de los Diputados cada Grupo ha planteado cuestiones muy diferentes, desde la forma política del Estado, a la organización territorial del Estado, las diferencias o no entre Comunidades Autónomas y a procesos de descentralización que unos Grupos defienden su ampliación y otros Grupos su reducción. Con lo que la posición del Gobierno… Como digo, aquí tiene a dos ponentes constitucionales, En la reforma del artículo 135 de la Constitución fuimos ponentes el ministro de Hacienda y yo misma, y fue un cambio muy importante también a la hora de hablar, no sólo de competencias, sino también de responsabilidad en el ejercicio de las competencias. Pero teníamos claro lo que había que hacer y que había un consenso inicial de entrada.

Yo, sencillamente, creo que a la hora de abrir una reforma de la Constitución --hay innumerables estudios hechos y unos dicen una cosa y otros, otra-- hay que tener los pies también en el suelo. Porque hacer discursos es más o menos fácil, aunque tienes que lograr ser coherente a lo largo de todo el proceso; pero para una reforma de la Constitución se necesita algo más que un discurso o abrir un procedimiento; se necesitan propuestas y el Partido Socialista, que es quien lo está promoviendo, no ha sido capaz de poner una propuesta encima de la mesa.

Yo es que les invito a leer el texto de la petición de la subcomisión de la reforma de la Constitución. Es un párrafo, en el que, a la vez, se habla de descentralización territorial, local, modelo de financiación, hechos diferenciales… Un párrafo. Yo creo que éste es un asunto lo suficientemente serio como para que nazca con una posición mucho más clara por parte de un partido y que pueda llevar a testar si existe ese consenso. Pero creo que, si esa posición el propio Partido Socialista no es capaz de definir más allá de sus propios términos, también dudo que es que exista también en la formación de sus filas un consenso más allá de ese párrafo, en el que pueden que estén de acuerdo, pero con un párrafo no se modifica la Constitución.

Vicepresidenta.- Ministro, que te veo muy lanzado.

Sr. Montoro.- No, no. Es que es interesante la pregunta esta sobre los políticos y los tecnócratas.

Vicepresidenta.- El ministro Montoro tiene su teoría sobre esto, que es muy interesante.

Sr. Montoro.- Es interesante. Sólo lo califico así, por eso lo decía; no lo trato de valorar. Es interesante y se escribe mucho sobre todo esto y planteamiento, y está bien.

Pero ya el presidente Rajoy, en su intervención en Barcelona, cuando él mismo se autodefinió… "Dicen que ahora es el momento de la política" y él decía: "yo entendería que llevo haciendo treinta y seis años política, pero bueno, eso es opinable". A eso se refería, pero la Vicepresidenta…

Vicepresidenta.- Yo no me atrevería a hacerlo mejor que el ministro Montoro; pero sí una cosa, que es importante: hoy hemos presentado una reforma tributaria, que la presenta el ministro de Hacienda pero que la podía firmar el ministro también de Asuntos Sociales e Igualdad, porque tiene un calado profundamente social. Lo que se hace son medidas muy claras de apoyo a las rentas medias y a las rentas bajas, de apoyo muy claro a la familia y de apoyo, además, a las familias que tienen una persona con una capacidad diferente.

Tenemos tarea importante por hacer, porque hay una serie de proyectos y de planes muy ligados a la acción social del Gobierno, que ya son competencia…, que dejó muy avanzados la anterior ministra y que ahora tendrá que llevar al Consejo de Ministros el nuevo ministro. Es decir, que en esta última fase la Legislatura va a tener un componente social muy importante en apoyo a la familia, aunque quizá las medidas como las de hoy son de impulso muy decidido a ese ámbito, de apoyo al tercer sector y de apoyo a una serie de sectores que también necesitan un respaldo del Gobierno en estos tiempos de crisis.

Pero eso también se enmarca en toda la política del Gobierno, porque el objetivo esencial es crear empleo, porque es además la manera en que se puede hacer una política social y una política en favor de la autonomía y la libertad de la persona mucho mayor casi que en cualquier otros ámbitos, con lo que ahora, que se empieza a crear empleo y se empieza crear empleo de una manera sostenible, indudablemente la política social y los resultados de esa política social serán mucho más claros.

P.- Yo tenía dos preguntas, una para el ministro de Justicia. Me gustaría saber si no cree usted que, por ejemplo, algo como lo que puede suceder en fechas próximas, que es la retirada del juez Ruz del "caso Gürtel", no sería algo que precisamente iría en contra de la filosofía esta nueva que quieren ustedes introducir, de agilizar los procesos, facilitarlos y que sean más eficaces.

A la Vicepresidenta. Me parece entender que es que ustedes creen que crear una subcomisión no sería, en ningún caso, un método apropiado para intentar trabar un consenso respecto a una reforma constitucional, porque una subcomisión no es una ponencia. Por ejemplo, si lo comparemos con la reforma del artículo 135 a la que se refería usted, en aquella ocasión fue un consenso entre dos personas, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy, del que quedamos al margen el resto de los españoles.

Sr. Catalá.- En relación con la cobertura de la plaza que desempeña en comisión de servicios el señor Ruz, yo creo que, en primer lugar, ésa es una decisión que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, a su Comisión Permanente. Por lo tanto, adoptará la medida que considere más adecuada.

Pero no podemos considerar que la provisión normal de las plazas vacantes de jueces pueda consistir en un elemento extraordinario; por lo tanto, la decisión que tomará la Comisión Permanente será la que considere más adecuada, en el momento que considere más adecuada. Pero yo he leído estos días como que podía parecer una anomalía cubrir las plazas. Yo creo que lo que no es habitual es tener plazas en comisión de servicios, que es un mecanismo extraordinario para atender un funcionamiento coyuntural cuando se produce una vacante.

Por lo tanto, sin perjuicio del trabajo que desempeña el juez Ruz, que yo creo que hace un trabajo magnífico y de calidad en las instrucciones de los múltiples asuntos complejos que lleva a cabo la Audiencia Nacional, lo razonable es que las plazas vacantes de la carrera judicial se cubran a la mayor celeridad posible, se convoquen los concursos y, por lo tanto, insisto, cuando en el Consejo del Poder Judicial la Comisión Permanente tome la decisión, seguro que la toma en el contexto general, no para un caso concreto, sino para el conjunto de plazas vacantes.

Eso yo creo que no tiene nada que ver con lo que me refería yo antes sobre las reglas de procedimientos que agilicen la instrucción procesal. Precisamente a lo que vamos a ayudar es a que el juez Ruz y todos los jueces instructores, y especialmente los que tienen causas complejas, puedan hacer su trabajo con más facilidad, porque las leyes les ayuden a hacer un trabajo con esa regla de la conexidad, que permita que por cada delito se instruya una causa y se agilicen y no se alarguen tanto los tiempos.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda de sus preguntas, creo que no me he explicado bien. Yo he dicho que instrumentos para trabajar los hay y que la subcomisión es uno de ellos, pero que es necesario tener una propuesta. Es que quien pide abrir una subcomisión sobre la reforma de la Constitución, digo yo que algo más tiene que decir.

Permítame el ejemplo: es como si el ministro de Hacienda, aquí sentado, convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no les da un orden del día. Entonces le dirán los consejeros: "muy bien, pero ¿a qué nos convoca? ¿Qué quiere usted de qué discutamos? ¿Qué documentos tenemos que hablar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde quiere que nos dirijamos?". "No, no, vengan aquí ustedes, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y vamos charlando a ver cada uno cómo ve esto de la financiación o cómo ve el déficit, y luego vamos a ver si llegamos a algún puerto".

¡Hombre!, si uno quiere abrir una subcomisión, tiene que decir "yo quiero reformar esto" para explicarlo a esos españoles, a los que usted aludía, a esos ciudadanos, lo que quiere hacer, a los que representa. Porque, si el señor Pedro Sánchez representa a los ciudadanos en esa propuesta de reforma de la Constitución, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy también los representaban en esa propuesta de reforma constitucional; que, por cierto, partió de una propuesta o una proposición de ley conjunta de ambos partidos, pasó un debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, público y en Pleno, la tramitación correspondiente y la votación final.

Yo creo que procedimientos hay muchos y foros hay muchos; pero a los foros hay que llevar, sobre todo cuando se quieren abrir y cuando alguien decide llevar eso, una posición más clara.

Muchísimas gracias.