El Congreso aprecia que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales

Se trata de una solicitud que el Gobierno ha realizado en cumplimiento con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con la Constitución, que en su artículo 135.4 contempla la posibilidad de la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda, así como de la regla de gasto, en el caso de "situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado" y que el Parlamento ha aprobado por amplia mayoría.

Se trata de una decisión que España toma en línea con Europa. La Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, la prorrogó para el ejercicio 2021 y el pasado mes de junio consideró que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022. El objetivo es que los Estados puedan mantener políticas dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su intervención en la Cámara, valoró que Bruselas esté ofreciendo para esta crisis una respuesta diferente y alejada de la austeridad con que se gestionó la recesión de 2008.

De acuerdo con las directrices comunitarias, el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020 suspendió las reglas fiscales de ese año y del siguiente; el Congreso de los Diputados respaldó la decisión del Gobierno el día 20 de ese mismo mes. Y con vistas a los planes presupuestarios del próximo ejercicio, el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales que ahora el Congreso de los Diputados ratifica por segunda vez.

Compromiso con la estabilidad presupuestaria

Con este trámite parlamentario, afirmó Montero, se da un paso más hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que serán, en palabras de la ministra, los de la consolidación de una recuperación económica y social justa que llegue a todas las personas y los territorios y también los del avance en la modernización del tejido productivo de España con la digitalización, la transición verde, la formación juvenil y la igualdad de género. Al mismo tiempo, esas cuentas públicas también permitirán avanzar en la reducción del déficit.

Montero aclaró a la Cámara que la suspensión de las reglas fiscales no implica que se abandone el compromiso con la consolidación fiscal. "De hecho", afirmó que "el Gobierno mantiene su firme compromiso con la estabilidad presupuestaria". Y recordó las tasas de referencia orientativas establecidas por el Ejecutivo para el periodo 2021-2024 que dibujan una marcada tendencia descendente y que, por ello, van a permitir el inicio de un proceso de reequilibrio a medio plazo sin renunciar a continuar apoyando a trabajadores, familias, autónomos y empresas mientras la recuperación de la economía se asienta.

Tasas de referencia

Así, para 2022 se prevé una tasa de referencia del déficit del 5%, frente al 11% de 2020, cifra a la que llevaron las políticas de protección de rentas y apoyo al tejido productivo frente a la pandemia. En dos años, el déficit se reducirá a menos de la mitad. Y en 2024 se estima una tasa de referencia del 3,2%, nivel muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad europeo, como ya se recogía en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas en abril.

Para lograr esta reducción del déficit tan relevante, Montero señaló la importancia de que la recuperación económica se esté asentando gracias al éxito de la campaña de vacunación.

El grueso del déficit calculado para el próximo ejercicio (3,9 puntos porcentuales de los 5) corresponderá a la Administración Central, ya que el Estado seguirá asumiendo la mayor parte del coste de pandemia, como este año y el pasado.

El resto del déficit se repartirá entre comunidades autónomas (0,6 puntos) y la Seguridad Social (0,5 puntos), ya que las Entidades Locales mantendrán su tasa de referencia en equilibrio.

La ministra señaló que las comunidades autónomas, con ese margen de déficit y los recursos planeados por el Gobierno para el próximo año, dispondrán de la misma capacidad de gasto que en 2021. Mientras tanto, el sistema de la Seguridad Social contará con una transferencia de 18.396 millones de euros, ya que parte de los recursos que en los últimos años se han destinado a proteger rentas se dedicarán a reforzar el sistema público de pensiones. El Gobierno da cumplimiento, así, al compromiso consensuado en el Pacto de Toledo de que el Estado asuma progresivamente los gastos no contributivos de la Seguridad Social.

Techo de gasto

Aunque el límite de gasto no financiero del Estado de 2022 no se sometía a votación en el Congreso, la ministra dio cuenta de él: recordó que el Gobierno lo fijó en los 196.142 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la de 2021 y, por tanto, la más elevada de la serie. Este límite de gasto incorpora los 26.355 millones de euros de fondos europeos previstos para 2022 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Montero defendió que el techo de gasto va a permitir consolidar la recuperación, potenciar el crecimiento y fortalecer los servicios públicos, al tiempo que se aborda la transformación y modernización de la economía.

Los PGE de 2022 mantendrán el esfuerzo en inversión pública y permitirán avanzar en la reducción del déficit, anticipó Montero. También comunicó al Parlamento que su objetivo es sumar los máximos apoyos posibles para esas cuentas públicas "porque impulsar la recuperación económica y social del país es tarea de todos y especialmente de quienes representamos a la ciudadanía".