España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha actualizado el Programa de Estabilidad 2021-2024 y el Programa Nacional de Reformas de 2021 para su remisión a la Unión Europea.

En ambos documentos, el Gobierno explica las medidas y ayudas para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, destinadas a fortalecer el sistema sanitario, proteger el tejido productivo, las rentas de las familias y el empleo; los efectos de la implementación de las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el escenario macroeconómico y fiscal para el periodo de referencia.

Programa de Estabilidad 2021-2024

El Programa de Estabilidad incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2021-2024, apoyado en la última información económica disponible, las previsiones de la evolución sanitaria, así como el impacto del Plan de Recuperación.

La economía española recuperará la senda de crecimiento en 2021, un crecimiento que se prolongará hasta 2024 y que será especialmente robusto este año y el próximo, con unas tasas de crecimiento previstas del Producto Interior Bruto del 6,5% y del 7% respectivamente, confirmando el patrón de recuperación en "V" asimétrica.

El impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la dinamización del consumo interno y la normalización de la actividad turística permitirán recuperar a finales de 2022 los niveles de actividad previos a la pandemia. Para los años siguientes la economía española mantendrá una senda expansiva, convergiendo progresivamente a su crecimiento potencial, con un incremento previsto del PIB del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024.

El nuevo cuadro macroeconómico, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, prevé que el consumo privado sea el principal motor de la recuperación económica durante 2021 y 2022, con un crecimiento anual en el entorno del 7%.

Asimismo, se estima que la inversión crezca por encima del 10% anual los dos primeros años, impulsada por la ejecución de los proyectos con elevado multiplicador y efecto arrastre previstos en el Plan. Este impulso implicará una inversión pública adicional de dos puntos del PIB al año en promedio para este periodo, que permitirá impulsar la demanda, corregir el déficit de inversión y alcanzar la media europea.

Por su parte, la normalización de la actividad turística en 2022 y el crecimiento de los principales socios comerciales permitirá la reactivación del sector exterior, con una aportación positiva al crecimiento del PIB, que se consolidará al final del periodo de previsión.

Por lo que respecta al mercado laboral, el empleo se recuperará progresivamente en 2021 y mantendrá ese avance durante todo el periodo de previsión, lo que permitirá que la tasa de paro se sitúe por debajo del 13% en 2024.

Los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs), junto con el resto de medidas económicas puestas en marcha han permitido mantener el empleo durante la pandemia. En 2021 se prevé que la recuperación económica permita la reincorporación de gran parte de los trabajadores afectados por restricciones de actividad. La implementación del Plan de Recuperación impulsará el empleo, con la creación estimada de 800.000 puestos de trabajo durante el periodo de ejecución.

La recuperación de la demanda interna dibuja una senda creciente, aunque gradual, de los precios y de los salarios, terminando el período de previsión aún en tasas moderadas. Con un consumo privado dinámico gracias a la recuperación del mercado laboral y la utilización de la bolsa de ahorro forzoso generada en 2020 y una inversión empujada por la ejecución del Plan de Recuperación, la evolución de la demanda interna se traducirá en un aumento gradual y contenido de los precios.

Por lo que respecta a la deuda pública, el cierre de 2020 refleja el esfuerzo realizado para hacer frente a los efectos sociales, sanitarios y económicos de la COVID-19. En 2021 está previsto que se reduzca en cinco décimas la ratio deuda/PIB, hasta situarse en el 119,5%. Entre 2022 y 2024, la reducción prevista del déficit público y el crecimiento del PIB permitirán continuar la reducción de la deuda pública, con una reducción estimada de siete puntos porcentuales en el periodo de referencia, hasta situarse en el 112,1% en 2024.

Progresiva reducción del déficit

La información remitida a la Comisión Europea incluye las perspectivas fiscales para el periodo comprendido entre 2021 y 2024. El ejercicio 2020, excepcional por haber sufrido la mayor pandemia en un siglo que derivó en la recesión más virulenta desde la Guerra Civil, acabó con un déficit del 10,09% del PIB, un nivel inferior a las estimaciones de los organismos internacionales y del propio Gobierno. Si se incluyen las ayudas financieras, el déficit se situó en el 10,97%, debido a la reclasificación de SAREB ordenada por Eurostat, que supone un impacto de 9.891 millones.

Las cifras del déficit de 2020 se explican tanto por la caída del PIB, que fue de un 10,8% el año pasado, como por el esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis económica y sanitaria. El gasto público aumentó el año pasado en 53.070 millones de euros, para alcanzar el 52,3% del PIB. Casi nueve de cada diez euros de aumento del gasto público registrado en 2020 se destinaron a medidas específicas para proteger las rentas de trabajadores, autónomos y al tejido productivo.

Las reglas fiscales se suspendieron en 2020 y así continúan en este ejercicio 2021, en línea con lo decidido en el contexto europeo, dado que las prioridades a nivel comunitario pasan por continuar dando soporte a la recuperación del crecimiento y del empleo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que esta circunstancia no supone una suspensión de la responsabilidad fiscal y del compromiso del Gobierno con la sostenibilidad presupuestaria. De esta manera, las proyecciones para el déficit que se han enviado a Bruselas recogen una progresiva reducción en el próximo cuatrienio. Así, se prevé que en este 2021, el déficit bajará hasta el 8,4% del PIB. Se tratará de la segunda mayor reducción del déficit de la serie histórica.

Esta proyección para el año 2021 se ha revisado con respecto a los cálculos efectuados el pasado mes de octubre para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio, cuando se estimaba un déficit del 7,7% para el conjunto del año. La revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para 2021, que implica el retraso de un trimestre en la recuperación económica como consecuencia de la virulencia de la tercera ola de la pandemia en los primeros meses del año, ha sido la que ha llevado a una corrección también de las proyecciones para el déficit de 2021. En cualquier caso, el hecho que el déficit público cerrara mejor de lo previsto en el ejercicio 2020 ha limitado el impacto de la revisión de las previsiones económicas.

Las proyecciones para el déficit en el año 2021 recogen el impacto de las ayudas aprobadas para mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia y que se mantienen durante este ejercicio, como sucede con la prestación extraordinaria para los autónomos o los ERTE, que llevan más de un año sosteniendo las rentas de los trabajadores y asumiendo las cotizaciones sociales que en circunstancias normales corren a cargo de los empresarios. También incluyen el coste del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia, dotado con 11.000 millones de euros, 7.000 millones de los cuales toman la forma de ayudas directas a autónomos y empresas que gestionarán las Comunidades Autónomas.

Las proyecciones para los años 2022, 2023 y 2024 muestran que la disminución del déficit tendrá continuidad durante todo el periodo hasta situarse en el 5%, el 4% y el 3,2% del PIB, en los sucesivos ejercicios, por ese orden.

En particular, destaca que la reducción del déficit será también muy relevante en el año 2022, debido a la mejora de la actividad y al fin de la emergencia sanitaria, lo que supondrá una reducción del gasto público ligado a la Covid-19, a lo que se unirá que la recuperación de la recaudación tras la fuerte caída de 2020 alcanzará también a la primera parte de 2022.

Proyecciones por subsectores

Con vistas al presente ejercicio 2021, el grueso del déficit proyectado para el conjunto de las Administraciones Públicas lo asumirá la Administración Central, que explicará 6,3 puntos de los 8,4 que se calculan en total para el año. De todas maneras, este volumen será 1,2 puntos inferior al de cierre de 2020, cuando el déficit de este subsector se situó en el 7,5%. También se prevé una mejora en el saldo fiscal de los Fondos de la Seguridad Social, cuyo déficit se reducirá desde el 2,6% hasta el 1,5% del PIB.

Mientras tanto, las Comunidades Autónomas cerrarán el presente ejercicio con un déficit del 0,7% del PIB. Esta mejora respecto a la tasa de referencia se explica porque la ayuda que brindó la Administración central permitió que las comunidades cerraran en el año 2020 con un déficit de solo el 0,2% del PIB frente al 0,6% previsto inicialmente.

Por su parte, las Entidades Locales terminarían 2021 en una situación de equilibrio presupuestario.

En cuanto al reparto de las cargas por subsectores, hay que recordar que los Presupuestos de 2021 recogen que el Estado Central efectuará una transferencia a las Comunidades Autónomas de 13.486 millones de euros, lo que, sumado a otras medidas y los fondos europeos, hará posible que las Autonomías cuenten con un nivel de recursos récord este ejercicio (más de 162.000 millones de euros).

Asimismo, las cuentas públicas contemplan otra transferencia a la Seguridad Social por valor de 18.396 millones de euros, con objeto de asumir sus gastos impropios.

Este es un esfuerzo de la Administración Central que se suma al efectuado en el año 2020, cuando las Comunidades recibieron 16.000 millones de euros no reembolsables del Fondo Covid y se beneficiaron de que las entregas a cuenta del sistema de financiación se calcularan con unas previsiones de crecimiento ajenas a la incidencia de la pandemia. Además, también se aprobaron otras medidas, entre las que se cuentan el Fondo Social Extraordinario de 300 millones; las prestaciones en favor de familias beneficiarias de ayudas o becas de comedor, por 25 millones; o los recursos adicionales en materia sanitaria por importe de otros 300 millones.

Asimismo, al Sistema de la Seguridad Social se le transfirieron el ejercicio pasado 20.002 millones de euros para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas.

Los ingresos aumentan un 5,7% y los gastos suben un 0,9%

La paulatina mejora de las cuentas públicas se apoya en la recuperación económica, lo que se refleja en la favorable evolución de los ingresos proyectada para el año actual. Las proyecciones, que responden a un escenario inercial y que por tanto no incorporan nuevas medidas tributarias, apuntan a un incremento de los ingresos del 5,7% en 2021 en comparación con un año antes, hasta los 489.643 millones de euros. Esto significa que no sólo se recuperan, sino que se rebasan las cifras de 2019 (487.804 millones). Se supera, por tanto, el efecto de la pandemia en la merma de recursos con que cuenta el Estado.

Los ingresos en concreto por impuestos aumentarán un 7,6% este año, para alcanzar los 275.243 millones de euros, cifra que se queda a las puertas de la del año 2019 (277.483 millones de euros). Esta recuperación se produce después de la caída del 7,8% de 2020, cuando la recaudación se vio afectada por la disminución de la actividad económica por el confinamiento y la emergencia sanitaria. Los ingresos tributarios crecen este año además por la adopción de medidas fiscales que generan ingresos adicionales con su entrada en vigor en este ejercicio.

También hay que atribuir el dinámico comportamiento de los impuestos a la recuperación del empleo, que crecerá a tasas positivas del 4%, lo que tendrá impacto en la recaudación del IRPF. En concreto, se prevé que los ingresos por esta figura y por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes aumentarán un 5,9% interanual, hasta los 104.709 millones. Aunque es el Impuesto de Sociedades el que presenta el mayor crecimiento en su recaudación: de un 13,9%, hasta los 25.177 millones de euros, cifra cercana a la de 2019, como consecuencia de las novedades introducidas en el tributo y de la recuperación de los beneficios empresariales. En cuanto al IVA, se estima un aumento de su recaudación del 7,8%, frente a la caída del 12,8% del año anterior, debido a la buena evolución esperada del consumo privado.

Las cotizaciones sociales, por su parte, aumentarán un 1,8% este año, un comportamiento afectado por las medidas laborales del Gobierno, que se verá compensado por la paulatina recuperación del mercado laboral, tanto en empleo como en remuneración.

En cuanto a los gastos, se estima que se incrementen este año un 0,9%, hasta los 591.789 millones, de acuerdo con las proyecciones. Pero en porcentaje sobre el PIB bajarán desde el 52,28% de 2020 -un año excepcional marcado por la situación sanitaria- hasta el 48,9% de 2021. En años sucesivos, en un escenario inercial se mantendría la evolución a la baja hasta volver en 2024 a los niveles pre-Covid, ligeramente por encima del 42%.

Entre los gastos, destaca que los destinados a abonar los intereses de la deuda caerán este año un 2%. Esta partida pasará a representar el 2% del PIB desde el 2,2% de 2020.

Asimismo, el gasto en subvenciones disminuirá un 18,3% debido al menor impacto esperado en 2021 de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, tanto de los trabajadores en ERTE como de los autónomos en cese de actividad. Los menores ingresos por cotizaciones derivados de estas medidas de apoyo a trabajadores y empresas computan en la rúbrica de subvenciones.

Plan de Recuperación

El Gobierno ha elaborado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se remite también a Bruselas y que, en esta primera fase, permitirá acceder al conjunto de transferencias. En el periodo 2020-2026, el Plan de Recuperación y Resiliencia movilizará más de 69.500 millones de gasto público con cargo a transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Gobierno ha diseñado el Plan de tal manera que el grueso de este gasto se concentra en los tres primeros años del periodo, lo que refleja la intención del Ejecutivo de que el Plan impulse la recuperación cuanto antes, contrarreste el ciclo recesivo de forma temprana, recupere el empleo y mitigue los efectos sociales de la pandemia.

La parte más relevante del gasto del Plan se concentra en la rúbrica de capital, lo que pone de manifiesto su vocación inversora. Esta inyección evitará que la inversión pública se resienta en los próximos años, como suele ser habitual tras las crisis económicas. Con una inversión de 2 puntos de PIB al año en el periodo de ejecución del Plan se logrará recuperar niveles de inversión pública en línea con los máximos del último ciclo. Además, se prevé que sirva de impulso de la inversión privada.

El Plan tiene cuatro ejes: la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos ejes se proyectan a través de diez políticas palanca que recogen a su vez los treinta componentes que articulan los proyectos. En total, el Plan recoge 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas centradas en la modernización del tejido productivo y la Administración y el impulso a la capacidad de crear empleos de calidad.

Programa Nacional de Reformas

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado también la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas (PNR).

Este Plan recoge las reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están alineadas con las recomendaciones específicas de la Unión Europea en el contexto del Semestre Europeo.