Bustinduy señala a las empresas que aparecen en el informe Albanese: "Basta de impunidad para quienes se lucran con la ocupación de Palestina"

El evento, inaugurado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abordado las implicaciones políticas, sociales y económicas de los ataques de Israel sobre la población palestina y ha puesto de relieve el último informe elaborado por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos.

El informe señala a las empresas que se están beneficiando económicamente "de la ocupación ilegal, el apartheid y, ahora, el genocidio" que está cometiendo el Estado israelí, dice textualmente el documento. El informe de relatora especial de Naciones Unidas apunta, además, hacia las entidades corporativas que operan en los territorios palestinos ocupados y denuncia que están siendo cómplices de las acciones del gobierno israelí sobre la población palestina. Apunta también a la responsabilidad de estas empresas y de sus ejecutivos para "poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido".

En su intervención, Pablo Bustinduy ha hecho alusión al informe de Albanese para señalar a las empresas que forman parte, ha dicho, del entramado económico y comercial que sostiene las acciones de Israel en los territorios palestinos. "Basta de impunidad para quienes se lucran con la ocupación de Palestina", ha declarado el ministro, asegurando que no es admisible que haya agentes económicos "que operen en los márgenes del derecho internacional".

Bustinduy ha reivindicado que el informe de Naciones Unidas ponga el foco en "el cuerpo empresarial que impulsa y facilita los esfuerzos coloniales y el genocidio" porque esto es clave, asegura, para "acabar con esta barbarie", más allá de señalar a Israel como principal ejecutor. A este respecto, Bustinduy ha citado algunos ejemplos de prácticas empresariales que recoge el informe como el uso de etiquetado engañoso o aquellas operaciones comerciales de grandes distribuidoras o comercios online que infringen la ley en los territorios ocupados. Por ello, ha manifestado que desde Consumo siguen trabajando para garantizar que las empresas con actividad en España abandonen toda operación vinculada a la ocupación israelí, "ya sea directa o indirectamente".

En este punto, Bustinduy ha recordado que el año pasado envió una serie de cartas a empresas españolas con actividad en Israel en las que se las instaba a tomar medidas para no contribuir "a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos" que el Estado israelí estaba cometiendo en los territorios palestinos ocupados, y que algunas de estas empresas notificaron que ya han cesado sus actividades en la zona. Asimismo, el ministro ha recordado que este mismo año remitió una carta a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), para que su organización interceda con las compañías que podrían seguir operando en estos territorios. "Debemos garantizar que ninguna empresa española participe de la industria de la ocupación", ha sentenciado.

Por otra parte, Bustinduy ha exigido un embargo efectivo de armas a Israel, apelando a la ley que ya está en tramitación en el Congreso de los Diputados para establecer la figura del embargo en la legislación española. "Es una medida urgente y debe entrar en vigor cuanto antes", ha dicho. Asimismo, ha insistido en que la Unión Europea debe romper su acuerdo comercial con Israel de forma inmediata, tal y como defiende el Gobierno de España, y pedido que se incremente la presión para conseguir este objetivo.

Yolanda Díaz ha compartido esta misma hoja de ruta asegurando que hay que seguir desplegando todas las acciones que están en mano del Gobierno de España. Para ello, ha abogado por afianzar una agenda política internacional que resulte útil y que garantice que España cumpla con el derecho internacional. La vicepresidenta ha marcado como prioridad movilizar a toda la comunidad internacional para detener lo que ha calificado como "genocidio y exterminio" en Palestina y ha puesto en valor el liderazgo que está teniendo España en el conocido como grupo de La Haya junto a Sudáfrica y Colombia. Al mismo tiempo, Díaz ha fijado como clave un refuerzo del sistema multilateral para "lograr una paz justa y acorde al derecho internacional" en Palestina.

Sobre la acción del Gobierno de España, Bustinduy ha destacado también la contribución económica que el Ministerio que dirige ha realizado esta semana a la UNRWA, destinando 925.000 euros a esta agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio. Esta partida extraordinaria se suma a los 860.000 euros que Derechos Sociales destinó a la UNRWA en 2024 y con ella se financiarán servicios de protección y atención para personas palestinas que tienen una discapacidad. En relación a este asunto, el acto ha contado con una mesa que, bajo el título «Sistema multilateral de la ONU atacado y discapacidad sobrevenida por el genocidio en Palestina», ha abordado el impacto que el conflicto está teniendo en miles de personas palestinas que han adquirido una discapacidad como consecuencia directa de los ataques israelíes y en aquellas con una discapacidad originaria que sufren de manera exacerbada la destrucción de infraestructuras esenciales.

En esta mesa se ha denunciado, por ejemplo, que más del 80% de las personas con discapacidad en estos territorios ha perdido sus dispositivos de asistencia debido al desplazamiento forzoso, y se ha podido escuchar a activistas como Iman Moniye, que tiene una discapacidad y forma parte de la organización Gaza Disability Collective. También esta mesa ha contado con la participación de Lorena Gamito, directora de Acción humanitaria de la UNRWA; Natalia Guala, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; y Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad.

A continuación, se ha celebrado una segunda mesa con el título «Genocidio, colonialismo y economía del expolio» que ha contado con la participación del periodista británico Owen Jones y de Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Sonia Boulos; profesora titular de derecho internacional de los derechos humanos en la Universidad de Nebrija; y David Perejil, director general de Agenda 2030.