Transición ecológica

Medio Ambiente

Martes 19 de noviembre de 2019

España es uno de los países de Europa con mayor riqueza en biodiversidad. A nivel global, sin embargo, ésta se está perdiendo a un ritmo sin precedentes, como se constata en la última Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. De ahí que una de las prioridades para el ministerio sea frenar su pérdida, lo que conlleva actuar sobre sus causas, entre las que destacan el cambio del uso del suelo y el abandono rural.

La UE está altamente comprometida con la protección de la biodiversidad y prueba de ello es que en los últimos 25 años, se ha diseñado una amplia red de 26.000 áreas protegidas en todos los Estados Miembros. Conocida como Red Natura 2000, es la mayor red de áreas protegidas del mundo y España, con más de 1.800 espacios protegidos que abarcan cerca de un 30% de su territorio, es el Estado miembro que mayor superficie aporta a esta red integrada.

En el ámbito nacional, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo.

Agua

La existencia de un sistema de planificación y gestión del agua que garantice el suministro en cantidad y en calidad suficiente es fundamental para asegurar el eficaz desenvolvimiento de una sociedad y de su economía. El sistema español de gobernanza del agua afronta los nuevos retos que plantea el siglo XXI (una mayor demanda de agua, una menor disposición de recursos y aumento de los estándares de calidad) desde la planificación hidrológica por Demarcaciones Hidrográficas.

Es en el marco de la planificación donde se estudian las nuevas demandas y los recursos disponibles y donde se priorizan y planifican las acciones que deben llevarse a cabo: desde aumentar la regulación de los ríos teniendo en cuenta los efectos del Cambio Climático, hasta intensificar las actuaciones para incorporar nuevos recursos no convencionales al ciclo del agua (como la desalación, la regeneración, o la reutilización). En este ámbito se programan las medidas de mejora de la calidad de las aguas de modo que se asegura el equilibrio entre las presiones derivadas de sus usos y del correcto funcionamiento del medio hídrico. Además, también se prevén actuaciones de gestión de los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, con planes especiales para su gestión.

Costas y Medio marino

El Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) es la única categoría de bienes de dominio público estatal español directamente individualizada por la propia Constitución de 1978, sin dejarlo en manos del legislador ordinario. Estos bienes del DPMT deben ser protegidos para garantizar su disfrute público. Esta idea constituye la esencia de la Ley de Costas, que garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas

Calidad y Evaluación ambiental

La evaluación ambiental es indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación de la evaluación ambiental en España. Durante este tiempo, la consideración de los impactos ambientales de los proyectos, primero, y de los planes y programas, después, se ha revelado como una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico.

Cambio climático

España es uno de los países que han ratificado el Acuerdo de París (2015) y la lucha contra el cambio climático es una prioridad en la agenda del Gobierno y, especialmente, de este ministerio.

En el ámbito de la UE, el Consejo Europeo adoptó en 2014 el Marco sobre Clima y Energía 2020, que es la base del nuevo Marco sobre Clima y Energía 2030, que establece los siguientes objetivos: al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos 27% de cuota de energías renovables y al menos 27% de mejora de la eficiencia energética.

Dicho Marco se ajusta a la perspectiva a largo plazo que contemplan la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, la Hoja de ruta de la energía para 2050 y el Libro Blanco sobre el Transporte.

En la lucha contra el cambio climático a nivel nacional, destacan los Planes de Impulso al Medio Ambiente, conocidos como PIMAs (Frío, Residuos, Adapta, Tierra, Empresa, Transporte, Aire, Sol). Además, a finales de 2018 se inicia la evaluación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con el fin de conocer los retos pendientes, los avances logrados y también las lecciones que pueden extraerse de los 12 años de su vigencia. Dicha evaluación se extenderá hasta mediados de 2019, momento en el que se prevé la publicación de un informe con los principales resultados, así como recomendaciones de futuro.