Otras políticas

Transporte y Vivienda

Martes 19 de noviembre de 2019

Transporte

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) proporciona la visión estratégica en el horizonte 2024, en sintonía con la línea europea trazada en la nueva definición de la Red Transeuropea de Transporte. Ambos instrumentos, de alcance y horizontes temporales distintos, son coherentes y se refuerzan mutuamente.

Los objetivos que se persiguen en esta materia son:

  • Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global del transporte optimizando la utilización de las capacidades existentes.
  • Promover el desarrollo económico equilibrado como herramienta al servicio de la superación de la crisis.
  • Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos económicos y sociales con el respeto al medio ambiente.
  • Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de transporte.
  • Promover la integración funcional del Sistema de transporte en su conjunto mediante un enfoque intermodal.

Carreteras

La red de carreteras de España tiene una extensión de más de 167.000 kilómetros, de los cuales 26.404 km (Red de Carreteras del Estado, RCE) están administradas por el Ministerio de Fomento y recogen el 52,1% del tráfico total y el 64,6% del tráfico pesado. Además, hay 71.325 km que están gestionados por las comunidades autónomas y soportan el 42,6% del tráfico, y 69.968 km por las diputaciones (que suponen el 5,3% del tráfico restante). Además, los ayuntamientos tienen a su cargo 489.698 km de los cuales 361.517 km son interurbanos.

De la totalidad de la red, 17.163 km son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, autopistas libres, autovías y carreteras multicarril), de las cuales 11.974 km pertenecen a la RCE.

Por último, en lo que al marco normativo respecta, en 2015 se aprobó la Ley de Carreteras, para responder con garantías a las necesidades que requiere una adecuada y moderna prestación del servicio público viario.

Ferrocarril

España cuenta con una red ferroviaria en servicio de aproximadamente 15.400 km de longitud, de los cuales más de 3.400 km son vías con características de alta velocidad. Es el país europeo con más kilómetros de alta velocidad y el segundo del mundo, por detrás de China.

La organización de la gestión de las infraestructuras y del transporte ferroviario se estructura de la siguiente manera:

Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Ejerce un papel principal como dinamizador del sector ferroviario, haciendo del ferrocarril el medio de transporte por excelencia y facilitando el acceso a la infraestructura en condiciones de igualdad. Tiene como objetivo potenciar el transporte ferroviario español mediante el desarrollo y la gestión de un sistema de infraestructuras seguro, eficiente, sostenible desde el punto de vista medioambiental, y con altos estándares de calidad. Con la reforma del año 2015 (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario), Adif se segrega en dos entidades. Por una parte, Adif Alta Velocidad asume, entre otras, las competencias en materia de construcción y administración de parte de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, así como otras infraestructuras y funciones que se le transfieren, los negocios de estaciones de alta velocidad o las actividades de telecomunicaciones y de energía. Por otra parte, Adif se ocupa de la administración de la red convencional y de ancho métrico, así como de otras actividades asociadas y, en general, los negocios no transferidos a Adif Alta Velocidad, como son patrimonio, estaciones de la red convencional, comunicación, internacional, etc.

Renfe Operadora, también entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, tiene la misión de prestar servicios de transporte de viajeros y mercancías bajo el principio de seguridad, con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, con vocación de servicio público y con el objetivo de incrementar la cuota de mercado del ferrocarril como operador ferroviario de referencia. El grupo Renfe y sus sociedades se apoyan sobre cuatro ejes de actividad: transporte de viajeros y comercialización de productos asociados en entornos metropolitanos, regionales, nacionales e internacionales (Renfe Viajeros) con 507 millones de viajeros transportados en 2018: 33 millones en servicios comerciales y 474 millones en servicios que constituyen Obligaciones de Servicio Público; transporte de mercancías y servicios logísticos (Renfe Mercancías) con 18,3 millones de toneladas transportadas en el año 2018; mantenimiento y trabajo industrial (Renfe Fabricación y Mantenimiento) y gestión de material rodante a disposición del mercado (Renfe Alquiler de Material Ferroviario).

Aeropuertos

Otro de los sectores estratégicos para España es el transporte aéreo por su impacto socio-económico. Aena S.M.E., S.A. que es propiedad al 51% de la entidad pública empresarial ENAIRE, es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros. Más de 743 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos españoles en los últimos tres años.

La Sociedad participa directa e indirectamente en la gestión de 23 aeropuertos en el ámbito internacional, incluyendo la reciente adjudicación en marzo de 2019 del grupo aeroportuario del Nordeste de Brasil, compuesto por 6 aeropuertos (Recife, Maceió, Aracajú, Campina Grande, João Pessoa y Juazeiro do Norte). Así, Brasil se suma a Reino Unido, México, Colombia y Jamaica, donde Aena despliega su presencia internacional. Además, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos españoles de la red de Aena contabilizaron en 2018 más de 263,7 millones de pasajeros, con un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior, batiendo un récord histórico . De esa cifra, 182,5 millones fueron pasajeros de vuelos internacionales, alcanzando también un record histórico, con un aumento del 4,1% frente a 2017. Los pasajeros de vuelos nacionales sumaron más de 80,4 millones, un 10% más que en el año anterior, existiendo asimismo más de 800. 000 pasajeros en tránsito y de otras clases de tráfico (vuelos de Aviación General y Trabajos Aéreos). Todos los aeropuertos que gestiona Aena en España son en propiedad, con la excepción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que es gestionado en concesión y que fue puesto en servicio en enero de 2019.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue en 2018 el 5º aeropuerto de la UE en el ranking de pasajeros, mientras que Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ocupó el 6º lugar. Los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat suman entre ambos casi el 41% de los pasajeros, el 32,4% de las operaciones y el 68,4% de las mercancías.

El volumen de operaciones de aeronaves fue superior a 2,3 millones, un 5,8% más que en 2017, y el tráfico de mercancías rebasó el millón de toneladas, un 9,9% más que en el año precedente.

Asimismo, es importante señalar que en octubre de 2018 Aena presentó su Plan Estratégico para los años 2018-2021, con el objetivo de consolidar el fuerte crecimiento de la compañía e impulsar nuevas líneas de negocio generadoras de valor. El Plan se articula en nueve líneas de acción que giran en torno a los dos pilares de la compañía. En el primero, el asociado a la actividad aeronáutica, la estrategia se centra en consolidar el liderazgo de Aena, dotando a los aeropuertos de mayor capacidad, tarifas competitivas y una mejora de los niveles de calidad de servicio. En el segundo, se centra en la diversificación y búsqueda de nuevas oportunidades como fuente de crecimiento futuro, rediseñando y optimizando los servicios comerciales, desarrollo de proyectos inmobiliarios y el impulso a la expansión internacional.

Puertos

España es el país de la UE que con mayor longitud de costa (8.000 Km.). Además su situación geográfica, próxima al eje de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, hace de ella un área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística del sur de Europa.

El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.

La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte viene avalada por las siguientes cifras: por ellos pasan el cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que representa el 53% del comercio exterior español con la UE y el 96% con terceros países.

Además, la actividad del sistema portuario estatal aporta cerca del 20% del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1% del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma indirecta.

Vivienda

La vivienda es uno de los ejes básicos de servicio a la sociedad y al bienestar de los ciudadanos. Actualmente, está en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo y en el que se mantienen, con respecto al plan previo, los objetivos de fomento del alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario. Los programas en los que se desarrolla son:

Programa 1: Subsidiación de préstamos convenidos.
Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda.
Programa 3: Ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.
Programa 4: Fomento del parque de vivienda en alquiler.
Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.
Programa 6: Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de las accesibilidad en viviendas.
Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
Programa 8: Ayuda a los jóvenes.
Programa 9: Fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.

En marzo de 2019 se aprobó el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que contempla como medidas fundamentales: ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda en alquiler y dar apoyos a los grupos más vulnerables, aliviando la carga financiera de las familias.