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Administraciones Territoriales

Martes 19 de noviembre de 2019

Política Autonómica y Local

El artículo 2 de nuestra Constitución consagra el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Nuestra organización territorial se subdivide posteriormente en tres niveles: el Estado u Organización Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Gracias a ese gran nivel de descentralización, los organismos territoriales tienen una participación muy importante en el diseño y la gestión de las políticas más cercanas al ciudadano, como son las políticas sociales o de educación, entre muchas otras.

Esas competencias, incluidas en los Estatutos de Autonomía, se han de ejercer desde la colaboración y la lealtad institucional, en beneficio de los ciudadanos, y en cumplimiento del modelo previsto en nuestra Constitución. Uno de los más potentes instrumentos para esa cooperación son las Comisiones bilaterales, que se han reactivado en este año 2018, por ejemplo con Aragón y el País Vasco, en este último caso, después de no haberse reunido desde hace siete años. Sirven para avanzar en el reconocimiento de la autonomía de nuestras comunidades, en cumplimiento de sus Estatutos.

El pasado mes de agosto se reunió también la Comisión Bilateral Estado-Cataluña, después igualmente de siete años sin reunirse, en cumplimiento de la voluntad de cooperación, acercamiento y regreso a la normalidad del Gobierno hacia Cataluña.

Avanzando en esa voluntad de entendimiento, se han producido en 2018 varios desistimientos de recursos ante el TC contra leyes de comunidades autónomas, interpuestos por el Gobierno anterior, gracias a la concertación entre la Administración Central y los gobiernos autonómicos. Ha sido el caso en Cataluña, Aragón y Euskadi donde se ha llegado a acuerdos interpretativos sobre las leyes recurridas, empezando por las leyes de carácter social, que han permitido mantener medidas previstas en esas leyes, de protección a las personas más desfavorecidas, por ejemplo, en relación con los desahucios.

Por otra parte, se han mantenido reuniones con la FEMP (Federación española de municipios y provincias) con objeto de avanzar en las áreas de interés de la política local, incluyendo, por primera vez, una reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la FEMP.

Función Pública

En materia de Función Pública, el ministerio se ocupa de la gestión, dirección e impulso de las atribuciones relativas al régimen jurídico de la función pública, así como la gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración, régimen retributivo de la función pública, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, coordinación de la política de personal entre la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las Entidades Locales, las funciones de la Administración General del Estado en materia de función pública local, la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso o integración en los cuerpos y escalas de carácter interdepartamental adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Asimismo, le corresponden las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado, la coordinación de acuerdos y pactos en relación con la negociación colectiva de los empleados públicos derivadas de las mesas de negociación de personal funcionario y laboral, así como impulsar las propuestas de reforma de la Administración Pública, el impulso, la programación y la supervisión de las actuaciones en ejecución de la política de Gobierno en materia de administración digital y del fomento de la administración electrónica, la racionalización y modernización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado, el fomento de los programas de atención al ciudadano y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

En materia de Función Pública, este Gobierno ha querido trasladar la recuperación económica al empleo público y aprobó en julio la mayor oferta de empleo de los últimos diez años, con 30.844 plazas, asimismo, ha impulsado los órganos de cooperación, paralizados algunos nueve años, como la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que además aprobó un acuerdo muy importante para proteger a las empleadas públicas víctimas de violencia de género, que facilitará su traslado a otra localidad un otra administración manteniendo sus retribuciones y sus derechos.

Se han recuperado derechos suprimidos por el anterior Gobierno, y ha eliminado, por ejemplo, el recorte establecido en 2012 en el régimen retributivo de los empleados públicos en situación de incapacidad temporal.

También se han firmado acuerdos sobre movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado, para ampliar el permiso de paternidad a dieciséis semanas y el para la aplicación de la bolsa de horas de libre disposición.

En materia de igualdad, se han eliminado barreras en el acceso al empleo público a los diagnosticados de VIH, psoriasis, celiaquía y diabetes.

En Administración digital, el Gobierno se ha comprometido a tener en pleno funcionamiento en 18 meses la carpeta ciudadana, para que ciudadanos y empresas consulten y gestionen todas sus notificaciones y registro con las administraciones públicas.

En materia de transparencia se ha aprobado el reglamento de la Ley que regula el ejercicio del alto cargo y se han publicado más de mil declaraciones, algo que no se producía desde 2014.

En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza con la aprobación de un Real Decreto el 21 de diciembre el aumento de las retribuciones de los empleados públicos el 1 de enero de 2019 con una subida del 2,25% lineal, más 0,25 de fondos adicionales y otro 0,25% si el PIB supera el 2,5% en el segundo trimestre de 2019.

El Gobierno trabaja también en la elaboración del reglamento de la ley de transparencia, en poner en marcha el IV Plan de Gobierno abierto, el III Plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, Real Decreto contra el acoso sexual y laboral, IV convenio único para el personal laboral o la elaboración de un Plan contra el absentismo laboral. Todas las negociaciones, tanto las que han conseguido ya acuerdos como las que se mantienen o se iniciarán próximamente, se mantienen con los sindicatos de la Administración pública.