El Gobierno presenta la regulación sobre la custodia compartida

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El aspecto más destacado de la futura norma es que la custodia compartida deja de ser excepcional pero tampoco será un régimen preferente o general. "A partir de ahora, siempre actuando e interés del menor, el juez, incluso en contra de la voluntad de los progenitores, podrá acordar la custodia compartida si lo estima conveniente", ha explicado Ruiz Gallardón.

Además, la custodia compartida no implicará necesariamente que los hijos deban residir con los padres en periodos alternos iguales. El juez solicitará un informe al ministerio fiscal, que no será vinculante, estudiará las alegaciones de las partes, la opinión del menor, el dictamen de los expertos y criterios como la edad y el arraigo social, escolar y familiar, a la hora de tomar una decisión.

El ministro ha anunciado que la ley excluye de la guarda al progenitor que esté condenado o inmerso en causa penal por haber cometido delito de violencia de género o que el juez considere que existen indicios fundados de que se haya podido cometer alguno, aunque no exista denuncia.

Alberto Ruiz Gallardón también ha informado de que ya no se hablará de régimen de visitas, sino de régimen de estancia, relación y comunicación con el progenitor. Además, se establece el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con hermanos y otros parientes, no sólo con los abuelos.

Otra novedad se produce en la asignación de la vivienda familiar, que se separará de la concesión de la guarda y custodia. Ruiz Gallardón ha avanzado que el uso de la vivienda se determinará por el juez, a falta de acuerdo entre los cónyuges, de forma que prevalezca por encima de la titularidad, el interés de menor: "Se tiende a dar a la vivienda un uso definitivo, siempre que sea posible, y podrá atribuirse excepcionalmente el uso de la vivienda al que no tenga la guarda y custodia si carece de medios siempre que quien ostente la custodia tenga los suficientes para proporcionar una vivienda a los hijos", ha añadido.

Por otra parte, el titular de Justicia ha señalado que hay una profunda revisión de la contribución de los padres a las cargas familiares. La futura ley distingue entre pensión de alimentos para gastos ordinarios, extraordinarios y voluntarios. El juez establecerá cómo deberá contribuir cada uno de los progenitores para cubrir las necesidades de los hijos, en función de su capacidad económica, su contribución a las cargas familiares y la atribución de la vivienda familiar.

La obligación de alimentos de los padres con relación a sus hijos no se fija en una edad, sino que se establecen unos criterios para mantenerla: que no tengan independencia económica, que no hayan terminado su formación o que acabada la formación no encuentren empleo. "Siempre que uno de los hijos al margen de su edad esté activamente buscando un empleo y no lo consiga subsiste la obligación de alimentos por parte de sus padres", ha dicho.

El Gobierno ha estudiado el Anteproyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que tiene como finalidad adaptar la legislación española a los profundos cambios experimentados por el Derecho Internacional durante las últimas décadas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que se trata de "codificar y armonizar" una normativa preconstitucional obsoleta y desfasada. "Esta ley pretende regular de una manera unitaria, sistematizada y acorde con las exigencias de la Constitución del 78 y del derecho internacional contemporáneo la actividad del Estado en materia de acuerdos internacionales", ha dicho.

Sáenz de Santamaría ha precisado que la futura ley regulará los acuerdos internacionales propiamente dichos, los acuerdos internacionales administrativos y los denominados memorándums (declaración de intenciones), así como la participación en cada uno de ellos de cada actor y fundamentalmente del Estado, que tiene una labor clave, porque "es el único sujeto de derecho internacional y en España tan solo el Estado puede suscribir tratados internacionales".

También se regula la participación de las comunidades autónomas en ese proceso para lograr una norma respetuosa de sus competencias. Así, la norma articula mecanismos para que las administraciones tengan derecho a ser informadas de los tratados que afectan a sus competencias, derecho a proponer al Gobierno la celebración de tratados, incluso la posibilidad de participar de una u otra manera en la negociación de esos tratados.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha informado de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dotar de un crédito extraordinario de 70 millones de euros al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, Plan PIVE. La vicepresidenta ha aclarado que se trataría de un Plan PIVE 3.

Sáenz de Santamaría ha manifestado que el Plan PIVE 2 ha resultado una de las medidas más eficientes para reducir el consumo energético y ha tenido efectos muy positivos en el ámbito medioambiental, en la seguridad vial y en la dinamización de la economía. "Este plan ha permitido atenuar la fuerte caída de ventas de vehículos en España, asociada indudablemente a la crisis económica, además de tener efectos muy positivos sobre otros sectores asociados", ha dicho.

En su reunión de hoy, el Consejo de Ministros también ha analizado un informe sobre el sector naval y la decisión de la Comisión Europea en relación a las ayudas a este sector.

La vicepresidenta ha asegurado que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el de Hacienda y Administraciones Públicas están trabajando desde que se conoció la decisión de la Comisión Europea para adoptar las medidas necesarias en defensa del sector naval.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno mantendrá la semana que viene una reunión con comunidades autónomas, patronal y sindicatos para consensuar una estrategia en defensa del sector y adoptar las medidas necesarias para su pervivencia. Además, transmitirá a los inversores la confianza de que el sector tiene un sistema "perfectamente legal y acreditado", es muy competitivo y genera mucho valor añadido, por lo que hay que mantenerlo y, a ser posible, ampliar los puestos de trabajo.

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, por importe de 16.421.158 euros, IVA incluido, la implantación del tercer carril en el tramo Almussafes-Valencia Fuente de San Luis, perteneciente al Corredor Mediterráneo. La vicepresidenta ha asegurado que es "una apuesta estratégica de primer orden para el conjunto de España".

La vicepresidenta del Gobierno ha expresado su satisfacción por la liberación de las dos cooperantes españolas. Ha señalado que durante el largo secuestro el Gobierno ha mantenido una "buena comunicación y coordinación" con Médicos sin Fronteras, organización en la que trabajaban ambas cooperantes y a la que ha apoyado en lo todo lo que ha solicitado.

En respuesta a si el presidente del Gobierno va a comparecer en el Congreso evitando así una moción de censura, Sáenz de Santamaría ha indicado que el próximo miércoles 24, la Comisión Permanente del Congreso tomará una decisión al respecto. No obstante, ha recordado que Mariano Rajoy "ha explicado, explica y explicará" la situación a los ciudadanos, sin atender a estrategias procesales o políticas de nadie.

Alberto Ruíz Gallardón ha anunciado que el Anteproyecto de ley de interrupción del embarazo se presentará al Consejo de Ministros en los próximos tres meses.

Ante el debate generado por la militancia política del presidente del Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia ha dicho que "haber militado en un partido político no inhabilita para el ejercicio de ningún puesto de responsabilidad". A su juicio, no se deben establecer limitaciones a derechos fundamentales más allá de lo que determina la Constitución y las normas que la desarrollan.