Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos acordados y debatidos en Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que se han impulsado dos Anteproyectos de Leyes muy importantes para adaptar dos marcos legales muy diferentes, pero sí muy necesarios en el ámbito que nos movemos, cuales son el Derecho Internacional y el Derecho de Familia.

Hoy me acompaña en esta mesa el ministro de Justicia para dar los detalles del Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental, que hoy aprobamos, en casos de nulidad, separación y divorcio, en su trámite de Anteproyecto, y que será remitido a todos los organismos pertinentes para informar una norma de esta naturaleza, que lo que pretende es adecuar nuestra legislación a todos los cambios en el Derecho de Familia que se han producido en la sociedad española y, además, establecer como regla general y máxima el interés superior del menor.

Me voy a centrar más, dado que está aquí el ministro, en el segundo de los Anteproyectos, que es el Anteproyecto de Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, que ha sido aprobado en esta fase y que se remitirá al Consejo de Estado.

Yo, en primer lugar, quiero reconocer la labor que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un aspecto muy importante. y que forma parte del espíritu de los informes de reforma de las Administraciones Públicas, que es la necesidad de codificar y de armonizar nuestro Derecho en todos y cada uno de estos ámbitos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho una labor muy importante de codificación, primero con el Anteproyecto y ahora Proyecto de Ley, de Acción y Servicio Exterior, y, en esa misma dinámica, el Anteproyecto de Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales.

Fíjense ustedes que la norma que regulaba la elaboración y aprobación de Acuerdos y Tratados Internacionales era una norma preconstitucional, un decreto del año 1972, que ni que decirles está absolutamente obsoleto y desfasado. Entonces, los órganos del Estado afectados por la celebración de Tratados Internacionales no eran ni las Cortes ni el Jefe del Estado; no había control de constitucionales, no era la organización territorial que tenemos ahora, no formábamos para de la Unión Europea ni de buena parte de los organismos internacionales.

Se trata, por tanto, de una actualización y de una reforma que se ha intentado poner en marcha en otras ocasiones, en otros Gobiernos de la democracia, y que no había sido posible. Fíjense que ha habido, al menos, cuatro intentos de aprobar una norma como ésta: en 1979, en 1985, en 1999 y en 2011; no fue posible. Ahora, en 2013, sí lo ha sido.

¿Qué pretende esta Ley? Regular, de una manera unitaria, sistematizada y acorde con las exigencias de la Constitución de 1978 y del Derecho Internacional contemporáneo, la actividad del Estado en materia de Acuerdos Internacionales. Lo primero que hace es definir los tipos de Acuerdos Internacionales que existen en nuestro Derecho y en el Derecho Internacional: los Tratados Internacionales propiamente dichos, que son el instrumento jurídico clásico para asumir derechos y obligaciones entre los sujetos de Derecho Internacional, esto es, entre los Estados y las organizaciones internacionales; los Acuerdos Internacionales Administrativos, que son acuerdos que pueden celebrar una variedad de actores según la materia --Comunidades Autónomas, órganos distintos y organismos de las Administraciones Públicas-- y que suelen tener un carácter técnico; y, en tercer lugar, unos que, si me permiten la expresión, se han puesto muy de moda últimamente, los Acuerdos Internacionales no Normativos, los llamados MOUs, los memorándums, que son declaraciones de intenciones, que también pueden ser suscritos por una variedad de sujetos muy amplia: Gobiernos, Departamentos ministeriales, órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales o las Universidades.

Pues bien, lo que se hace es regular estos tipos de acuerdos, estos tres tipos de acuerdos internacionales, la participación en cada uno de ellos de cada actor, y fundamentalmente del Estado, que tiene una labor clave, porque el Estado es el único sujeto de Derecho Internacional y en España tan sólo el Estado puede suscribir y celebrar Tratados internacionales. Por tanto, se recoge la participación inexcusable de los órganos del Estado en este proceso de celebración de Tratados; pero también se regula la participación de las Comunidades Autónomas en esa celebración: cómo pueden participar en ese proceso para lograr una norma respetuosa de sus competencias, habida cuenta que la asunción de Tratados Internacionales puede ser sobre materias en las que vayan distintos organismos o distintas Administraciones que puedan tener competencia. Por tanto, podrán participar en ese proceso de elaboración.

Lo que articula esta ley son mecanismos para que las distintas Administraciones tengan derecho a ser informadas de los Tratados que afectan a sus competencias, derecho a proponer al Gobierno la celebración de Tratados Internacionales e, incluso, la posibilidad de participar, de una u otra manera, en las negociaciones de esos Tratados.

Se recoge, además, la posibilidad de la celebración, no de Tratados, sino de otro tipo de Acuerdos Internacionales por parte de las Comunidades Autónomas, cuales son los no normativos por sí mismos y los administrativos. Lo que habrá es que el Estado tendrá los mecanismos necesarios para comprobar que estamos hablando de Tratados de esta naturaleza y que se cumplan, en todo caso, las exigencias legales existentes.

Por tanto, ante lo que estamos es ante una norma que era necesaria desde la aprobación de nuestra Constitución y, que, sin embargo, a lo largo de estos años no ha podido ponerse en marcha; que se ha puesto ahora en marcha; que hace una sistematización muy importante de los distintos instrumentos en el ámbito del Derecho Internacional; que fija la participación de cada uno; que garantiza que el Estado es el único sujeto de Derecho Internacional, porque además es quien asume el conjunto de las obligaciones y deberes que de ello se derivan, y regula la participación de todas las Administraciones al respecto.

Se trata, por tanto, de una norma muy importante, no sólo para el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino para el conjunto del Gobierno, de la Administración General del Estado y de todas las Administraciones Públicas, porque sistematiza la distinta intervención de unos y otros, y porque, además, codifica, como decía, con la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, una materia en la que, a pesar de los años transcurridos, no había claridad al respecto; las normas eran obsoletas, absolutamente desfasadas e impropias de un Estado como el nuestro, que tiene una gran presencia en el ámbito internacional. Si quieren cerciorarse de que es así, tienen ustedes, en todas las Referencias de Consejos de Ministros indudables Tratados y Acuerdos internacionales de muy distinto tipo, que suscribimos unos y otros.

En otro orden de cosas, quiero también informarles de dos decisiones que se han tomado en el Consejo de Ministros, al hilo de dos Informes que han sido presentados.

El Consejo de Ministros ha visto el Informe que ha hecho el Ministerio de Industria sobre el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, que ya tiene el nombre acuñado de PIVE. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado el balance de lo que ha supuesto éste conocido como PIVE 2, porque se ha demostrado que es una de las medidas más eficientes para la reducción del consumo energético, con efectos muy positivos en el ámbito de materia ambiental y de seguridad vial, pero también de dinamización de la economía.

Este Plan ha permitido atenuar la fuerte caída de ventas de vehículos en España, asociada, indudablemente, a la crisis económica, aliviando también los efectos sociales sobre el sector, además de que tiene efectos muy positivos sobre otros sectores asociados.

Como saben, el 31 de enero de 2013 se aprobó el Plan PIVE 2 por resolución de la Secretaría de Estado de la Energía. Dicho Plan tenía una dotación de 150 millones de euros, siendo de características similares al primer Plan, aunque con alguna particularidad: se disminuían los requerimientos de antigüedad en los coches achatarrados a siete años para el vehículo turismo y a diez años para el vehículo de tipo comercial, y se consideraban ayudas públicas de hasta 1.500 euros.

Pues bien, este Programa tiene un objetivo estimado cuantitativo de un máximo de 150.000 vehículos antiguos y unos ahorros anuales de 76 millones de litros de combustible. El Gobierno ha considerado oportuno ampliar este Plan PIVE, dado que han sido consumidos buena parte de sus fondos. A 5 de julio se han producido 133.729 reservas, lo que supone el 89 por 100 del objetivo, y consideramos que debemos extenderlo en su aplicación.

Por ello, el ministro de Hacienda ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno de elaborar un Real Decreto Ley, que aprobaremos en los próximos Consejos de Ministros, para dotar de un crédito extraordinario de setenta millones de euros más a este Plan PIVE, que será ya un PIVE 3. De manera que damos estabilidad a una medida que ha funcionado muy bien, que ha servido para ayudar a un sector clave en nuestra economía, para paliar los efectos sociales de la crisis, pero también para contribuir al ahorro energético y a la seguridad vial. Por tanto, en los próximos días aprobaremos, como ya digo, un Real Decreto Ley dotado de setenta millones de euros para dar continuidad al Plan PIVE y dar estabilidad al PIVE 2, que aprobamos, como digo, a principios de este año.

Por otro lado, se ha presentado, por parte de los ministros de Industria y Hacienda, un Informe muy completo sobre el sector naval y la decisión que adoptó la Comisión Europea en relación al ya conocido como el "tax lease", las ayudas al sector naval. Ambos Ministerios llevan trabajando desde el inicio de los expedientes, pero también, ya particularmente, desde el conocimiento de esa decisión, para la adopción de las medidas necesarias en defensa del sector naval. Están trabajando ambos Ministerios, sus servicios jurídicos, económicos y financieros.

Pero quiero decir que en este punto, y además quiero agradecerlo, ha sido inestimable la colaboración de todas las Comunidades Autónomas afectadas, de los sindicatos y de la patronal del sector naval. Hemos ido de la mano, con un gran consenso y con una gran coordinación, y queremos que así siga siendo en las futuras actuaciones. Por eso el ministro de Industria ha recibido la instrucción de convocar inmediatamente una reunión con los representantes de las tres Comunidades Autónomas que han venido acompañándole a las reuniones, con los sindicatos y con la patronal del sector naval para consensuar la estrategia a seguir a partir de ahora.

Como digo, todos los servicios, tanto jurídicos como de la Secretaría de Estado de Hacienda, están trabajando en el análisis, las implicaciones y consecuencias de esa decisión, en cómo puede afectar y en qué posición podemos adoptar y defender; pero nuestra voluntad es que sea un trabajo conjunto y una decisión coordinada de todos los afectados.

Por tanto, la semana que viene se mantendrá una reunión amplia con Comunidades Autónomas, patronal y sindicatos del sector naval para trabajar juntos en lo que tiene que ser el siguiente objetivo: la mejor defensa del sector naval, las medidas necesarias para su supervivencia y la confianza que tenemos que dar a los inversores en un sector que ahora tiene un sistema, el que se aprobó a principios de año, perfectamente legal, perfectamente acreditado, y que tiene que servir como plataforma para continuar trabajando en un sector muy competitivo, que genera mucho valor añadido y en el que todos tenemos que trabajar para mantener, y a ser posible ampliar, los puestos de trabajo.

Un último asunto. Lo verán ustedes en la Referencia, pero me parece importante que llame su atención sobre ello, para que no pase entre los innumerables elementos de trámite que tienen ustedes en la Referencia. Hoy se ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, concretamente en el tramo Castellbisbal-Murcia, subtramo Font de San Luis-Almussafes. Ésta es una parte muy importante del Corredor Mediterráneo, que saben que ha sido defendida por este Gobierno como un eje estratégico y fundamental de nuestra economía.

El arco Mediterráneo Occidental es una zona estratégica clave para el desarrollo de actividades logísticas y empresariales a nivel nacional e internacional. Hoy autorizamos la licitación del tercer carril en el tramo Almussafes, de Valencia, Font de San Luis. Estos trabajos suponen una inversión de más de veinte millones de euros y permitirán la conexión de las factorías de automóviles de Almussafes con el Corredor Mediterráneo. Es decir, lo que hacemos es convertirlo en lo que tiene que ser: una verdadera plataforma logística y de salida de la producción empresarial española.

Las infraestructuras serán aptas para la circulación de trenes de mercancías de 750 metros de longitud a lo largo del Corredor, donde se va a compaginar el impulso al tráfico de viajeros y, especialmente, de mercancías.

Quiero destacar simplemente que el área de influencia sobre la que se desarrolla el Corredor Mediterráneo abarca el 47 por 100 de la población española y el 44 por 100 del Producto Interior Bruto, y genera casi la mitad del tráfico total de mercancías. Es, por tanto, un punto importante, que no nos gustaría que se perdiera entre las referencias amplias y numerosas de los contratos que figuran en el resumen de Consejo de Ministros, porque ésta es una apuesta estratégica de primer orden para todas las Comunidades Autónomas del Mediterráneo, pero para el conjunto de España, y, si me apuran, para la conexión de toda la Unión Europea en el conjunto del Mediterráneo.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Como les ha informado la vicepresidenta del Gobierno, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio.

Esta reforma responde a la necesidad de adaptar los cambios que ha tenido la sociedad española durante los últimos decenios a la realidad jurídica que, sin perjuicio de las múltiples modificaciones que ha tenido nuestro Código Civil desde 1981, lo cierto y verdad es que en este caso se había alejado de una realidad, que es la que nosotros con este Proyecto de Ley lo que hacemos es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico.

Esa distancia entre la realidad y la Ley ya había sido parcialmente corregida por la jurisprudencia. Desde una sentencia del 8 de octubre de 2009 del Tribunal Supremo, que defendió una interpretación extensiva de lo que era una situación verdaderamente excepcional -les estoy hablando, lógicamente, de la custodia compartida--, hasta una muy reciente, de 29 de abril del año 2013, que se produce además después de que los debates parlamentarios fijasen cuál era la posición del Gobierno, donde se declara expresamente que la custodia compartida no puede ser un régimen excepcional, sino --y les leo literalmente-- "normal y deseable, que permite hacer efectivo el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores".

¿Cuál es, si me permiten la expresión, el resumen del resumen de la reforma que en el derecho de la responsabilidad parental introduce el Gobierno? El interés del menor. El interés del menor es el bien jurídico que a partir de estos momentos pasa a ser determinante en la adopción de todas las decisiones. Por lo tanto, respetando, como se respeta, el interés de los progenitores; respetando, como se respetan, las titularidades patrimoniales, las situaciones económicas, que existen cuando surge un conflicto dentro de una unidad familiar, en este caso la Ley lo que hace es poner el interés del menor como la medida sobre la cual se han de adoptar todas y cada una de las decisiones en la tramitación de todos los acuerdos que les afectan, y que se antepone incluso también al acuerdo de las partes. Por lo tanto, no será válido en ningún caso, aunque esté consentido y acordado por ambas partes, un acuerdo que resuelva una situación de conflicto, que, a juicio del juez o del propio Ministerio Fiscal, actúe en contra del interés del menor, hasta el punto de que, cuando se inicia un procedimiento de disolución o de divorcio, se exigirá un plan de patria potestad conjunto.

Hay algunas novedades también importantes que quiero trasladarles: en primer lugar, se incorpora expresamente la posibilidad, que no obligación, de que los progenitores, bien a instancia de ellos mismos o de uno de los dos, o bien por decisión judicial, acudan en cualquier momento a la mediación familiar. La mediación familiar, como un instrumento para resolver las discrepancias que se deriven de una ruptura, es algo que queremos introducir, como en otros órdenes jurídicos, precisamente para intentar que la actuación del juez solamente sea un recurso extraordinario en aquellos casos en los que no se produzca acuerdo de las partes y, en su caso, interviniendo siempre, como les decía antes, para defender el interés del menor. Es un instrumento para favorecer el mutuo acuerdo, evitar la litigiosidad y fomentar el ejercicio continuado de la corresponsabilidad parental tras la ruptura.

La experiencia de los Juzgados de Familia lo que nos hace es acreditar que todos aquellos convenios alcanzados por acuerdo tienen un grado de cumplimiento sensiblemente superior a aquéllos que han sido impuestos a una de las partes como consecuencia de una decisión judicial.

La custodia compartida deja de ser una medida excepcional. Hasta la fecha, como ustedes saben, solamente podía ser acordada en el supuesto de que hubiese una petición conjunta por las partes, por los dos progenitores, y que, además, informase favorablemente el Ministerio Fiscal en un supuesto excepcional donde el informe del Ministerio Fiscal, no solamente era preceptivo, sino que era incluso vinculante para el propio Poder Judicial. A partir de ahora, siempre actuando en interés del menor, que no en el de los progenitores, el juez, incluso en contra de la voluntad de los progenitores, podrá acordar la custodia compartida si lo estima conveniente.

Les quiero decir que con este cambio legal nos situamos en los espacios más avanzados de la Unión Europea, nos equiparamos a legislaciones como las de Francia, Bélgica, Italia o Inglaterra. Es una regulación minuciosa, pero, insisto, profundamente avanzada, de una situación que hasta la fecha se venía regulando con unos criterios que, con muchas modificaciones, estaban heredados de los principios del Código Civil, directamente del siglo XIX.

Sin embargo, quiero dejarles también muy claro que no será la custodia compartida un régimen excepcional, como les he dicho; pero tampoco será un régimen preferente o un régimen general. Es decir, lo que vamos a hacer es establecer que el juez en cada caso, atendidas las circunstancias y actuando por Ley obligado siempre en interés del menor, decida cuál tiene que ser la solución al régimen de conflicto que surge como consecuencia de la nulidad, de la separación o del divorcio. No implicará necesariamente que los hijos deban residir con los padres en períodos alternos iguales, aunque sí un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia.

Por ello, como les decía, necesariamente deberá recabar informe del Ministerio Fiscal --insisto, no vinculante pero sí preceptivo--, tendrá que valorar las alegaciones de las partes, la opinión del menor y, en el caso de ser necesarios, dictámenes de expertos. También se tendrán en cuenta criterios relevantes para el bienestar del hijo como la edad, el arraigo social, el escolar y el familiar.

Otros criterios que el juez deberá tener en cuenta a la hora de adoptar su decisión, que cobra un especial valor con esta modificación de la Ley: la actitud y la voluntad de los progenitores para asumir sus deberes, para respetar los derechos del otro cónyuge y para cooperar entre sí, para garantizar la relación de los hijos con ambas partes. En todo caso, y esto es muy importante --y si me permites, Vicepresidenta, diré que ha sido una aportación sustancial al proyecto realizada por el Ministerio de Sanidad--, se excluye la asignación de la guardia y custodia, ya sea individual o compartida, cuando el progenitor esté condenado o inmerso en una causa penal por haber cometido delito de violencia de género o cuando el juez, en vía civil o penal, considere que existen indicios fundados y racionales de esta autoría.

Otros temas que se regulan en esta reforma son aspectos íntimamente relacionados, como puede ser el uso del hogar conyugal; la liquidación del régimen económico matrimonial; la estancia, relación y comunicación de los hijos con el cónyuge aportado a la custodia; la prestación por alimentos y la pensión compensatoria.

El uso de la vivienda familiar se determinará por el juez, a falta de acuerdo entre los cónyuges, de forma, otra vez más, que prevalezca ante todo, por encima de la titularidad, el interés del menor, por encima de cualquier otra consideración. Sólo se atribuirá a los intereses del cónyuge que tenga más dificultades de encontrar otra nueva vivienda en la medida en que sea compatible con el interés superior del menor. Se tiende a dar la vivienda un uso definitivo, siempre que sea posible, y podrá atribuirse excepcionalmente el uso de la vivienda al que no tenga la guardia y custodia si carece de medios, siempre que quien ostente la custodia tenga los suficientes para proporcionar una vivienda a los hijos.

Hay una modificación importante de la regulación de la liquidación del régimen económico matrimonial. ¿Por qué? Porque, tal y como estaba hasta la fecha, aunque se resolviese la situación de los menores, el que quedase pendiente la liquidación del régimen matrimonial lo que hacía era subsistir un régimen de conflicto que hacía prácticamente imposible que se aplicasen las medidas incluso acordadas por los cónyuges. Ésta es la razón por la que lo llevamos al inicio del procedimiento para que no se convierta en un obstáculo para la aplicación de lo que es verdaderamente importante, que son las medidas que afectan directamente a los menores.

Quiero decirles también que ya no se hablará del régimen de visitas, sino de régimen de estancia, relación y comunicación con el progenitor con el que no se conviva. La reforma quiere subrayar la relevancia del contacto cotidiano y frecuente entre padres e hijos como cauce que posibilita el crecimiento del vínculo afectivo y familiar, y sienta las bases de un adecuado desarrollo psíquico y emocional de cada menor. Será, naturalmente, el juez el que establezca este régimen Y les digo que, atendiendo al interés del menor, se establece también el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con hermanos u otros parientes, no sólo con abuelos, como ocurría hasta ahora. Y ese régimen tendrá que ser regulado también judicialmente.

Hay, en penúltimo lugar, una profunda revisión de la contribución de los padres a las cargas familiares. Digo "cargas familiares" porque se modifica la denominación --ya no se llamarán "cargas matrimoniales", sino "cargas familiares"--, y lo que se hace a partir de ahora es distinguir entre pensión de alimentos para gastos ordinarios, para gastos extraordinarios y para gastos voluntarios. El juez establecerá cómo habrá de contribuir cada uno de los progenitores para cubrir las necesidades de los hijos y aquí tendrá que tener en cuenta la capacidad económica de cada uno de ellos, la necesidad de los menores, la contribución a las cargas familiares, a quién se ha atribuido la vivienda familiar y, por supuesto, también, de acuerdo con el régimen establecido, qué tiempo pasan los menores con cada uno de los dos progenitores.

Hemos regulado también algo que es importante y que la jurisprudencia había avanzado, pero que tenía una insuficiente regulación legal, y es cuándo acaba la obligación de alimentos de los padres con los hijos. Establecer, como se hacía históricamente, con la mayoría de edad, en la realidad social en estos momentos sería profundamente injusto e, incluso, establecer una edad concreta también lo podría ser.

Por lo tanto, siguiendo los criterios jurisprudenciales, en lugar de fijar una edad donde los padres terminan la obligación de alimentos con relación a sus hijos, lo que se hace es establecer unos criterios, criterios, que son los siguientes: en primer lugar, que se produzca la independencia económica de los hijos, que es el más razonable; en segundo lugar, que no haya terminado su formación, siempre y cuando esta no finalización de su formación sea por causa no imputable al propio hijo y, si él voluntariamente cesa en su formación, se entiende que renuncia de esa forma a la obligación de alimentos o al derecho de alimentos; y, en tercer lugar, que, acabada la formación, no se encuentre en búsqueda de empleo activo. En la situación en la que vivimos en España, entendemos que siempre que uno de los hijos, al margen de su edad, esté activamente buscando un empleo y no lo consiga, subsiste la obligación de alimentos por parte de sus padres.

Les puedo decir que la nueva regulación será susceptible de ser considerada, incluso, para medidas judiciales adoptadas conforme a la legislación anterior, siempre y cuando lo soliciten alguna de las partes o lo solicite directamente el Ministerio Fiscal.

Por último, quiero decirles que hemos hecho algunas modificaciones, siempre de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de personas con discapacidad, y dejamos de hablar, como vamos a hacer con todas las reformas que hagamos en materia civil, y también en materia penal, de personas incapacitadas judicialmente. De acuerdo con esta Convención, que suscribió en su momento el Reino de España, lo que vamos a hacer a partir de ahora es introducir el término, que es más adecuado a la legislación y a la dignidad de estas personas, de "personas con la capacidad judicialmente completada".

Resumiendo, Vicepresidenta, si me permites una excursión de carácter literario, yo me atrevería a decirles a ustedes que lo que hace esta regulación, el resumen del resumen, es hacer suya aquella frase de Tolstoi en el arranque de Ana Karenina, cuando decía que "todas las familias felices se parecen, pero que las infelices lo son cada una a su manera".

Determinar cómo se resuelve ese conflicto derivado de una situación de divorcio, de una situación de separación o de una situación de nulidad no puede estar previamente establecido por la Ley con un carácter rígido, que es lo que pasaba hasta ahora. No pasamos de una rigidez monoparental a una rigidez de custodia compartida; lo que hacemos es, cada una a su manera, que sea el juez, el Poder Judicial, el que determine cómo tiene que resolverse, pero siempre en interés del menor.

P.- A la Vicepresidenta. Médicos sin Fronteras ha asegurado que ha existido colaboración con el Gobierno en el rescate de las dos compatriotas españolas. Me gustaría saber qué gestiones ha hecho el Ejecutivo y, en todo caso, una valoración sobre la esperada noticia.

Ya en clave política, Vicepresidenta, me gustaría saber si finalmente el presidente del Gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el "caso Bárcenas" y, en caso contrario, si va a dar explicaciones en otro tipo de formato.

En este sentido, también me gustaría preguntarle si al Gobierno le preocupa que el "caso Bárcenas" pueda estar haciendo daño a la imagen del país y generando dudas a posibles inversores.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, yo creo que, tanto el Gobierno, como el conjunto de la sociedad española, celebra la noticia de la liberación de las dos cooperantes, de Blanca y Mónica, en un secuestro que ha sido muy largo, que nos ha tenido mucho tiempo en vilo y que ha sido muy difícil y muy complejo, como han reconocido los responsables de Médicos sin Fronteras.

Yo quiero decir que a lo largo de todos estos meses hemos tenido una muy buena comunicación y muy buena coordinación. Lo que hemos hecho como Gobierno y lo que han hecho los funcionarios de este Gobierno es ponernos a su disposición y tratar de ayudarles en todo aquello que nos han pedido y que nos han reclamado.

Hoy celebramos esa liberación, celebramos que las tendremos en España, que estarán con sus familias, y creo que nos tenemos que quedar en eso: que hemos trabajado bien, conjuntamente, coordinadamente, con un gran entendimiento, para un fin superior, que era liberarlas y que pudieran recuperar su vida normal y su libertad.

Sobre la segunda de sus preguntas, permítame que lo haga conjuntamente. El presidente del Gobierno ha explicado, explica y explicará cuantas cuestiones sean necesarias y oportunas. La decisión de esa comparecencia se toma el día 24 de julio en la Diputación Permanente y corresponde a los Grupos, tanto explicar por qué lo hacen, como en la medida en que lo quieran hacer.

Como digo, el presidente del Gobierno siempre, y desde febrero, lleva dando explicaciones y ha tenido --me pregunta por tipos de comparecencias-- a lo largo de todos estos meses y en las últimas informaciones también comparecencias públicas, y las seguirá teniendo. Pero permítame que respete a quien corresponde la decisión, que es a los Grupos Parlamentarios.

Sobre la preocupación de la imagen en relación con los inversores, a mí, como me oyen muchas veces, me preocupan los hechos y los hechos son que ayer hubo una colocación muy importante de deuda y que la inversión en España, la labor económica en España y la tarea de España están en las cifras que demuestran, entre otras cuestiones, los datos del déficit comercial de hoy o el ratio de las exportaciones; pero también, muy fundamentalmente, como ayer fue acogida por los inversores, y por tanto por los mercados, nuestra deuda pública en su colocación.

P.- Vicepresidenta, se lo voy a preguntar de otra manera: ¿cree la vicepresidenta del Gobierno que el día 24 el Partido Socialista va a poner una moción de censura al Presidente?

En segundo lugar, quería preguntarle por la agitación social, que va en aumento. ¿Le preocupa al Gobierno?

Vicepresidenta.- Yo le puedo informar sobre las decisiones del Gobierno. Sobre las motivaciones y la estrategia de la oposición, a ellos le corresponde dar explicaciones de su por qué y de sus consecuencias. Yo ahí no puedo entrar. Es una decisión que le corresponde a la oposición.

Sobre la siguiente de las cuestiones, este Gobierno está plenamente dedicado al principal problema que tiene este país, que es la crisis y el paro. Como Gobierno, nos dedicamos a las reformas, a ponerlas en marcha y a explicarlas. Y, desde luego, para el presidente del Gobierno, tanto en este ámbito como en las explicaciones, queda ahí el listado de las veces que ha comparecido, tanto públicamente, como en el propio Parlamento, comparable a cualquier otro e, incluso, en ocasiones, superior.

P.- Ministro, a mí me gustaría preguntarle su opinión sobre estas informaciones que llevaba "El Mundo" a principios de semana y según las cuales una fuente cercana al PP reveló a Bárcenas que, por su silencio, sería usted destituido. ¿Qué opina de esto?

Sr. Ruíz-Gallardón.- El presidente del Gobierno, en una comparecencia que tuvo en esta misma sala, esta misma semana, dijo que el Estado de Derecho no cede a chantajes. Ahí está dicho todo.

Vicepresidenta.- Y, por cierto, desmentidas por los participantes en las mismas.

P.- Vicepresidenta, ¿aconsejan los Informes de Industria y Hacienda, que han estudiado, recurrir la decisión de Almunia y pedir la paralización de las ayudas en "tax lease"? ¿Cuánto han cuantificado que hay que devolver, de los tres mil millones iniciales? ¿Consideran que Bruselas penaliza a España por no legislar bien?

El mismo día que Almunia comunicaba el veredicto sobre el "tax lease", Bruselas abrió otra investigación por un potente incentivo fiscal que ya tumbó en su momento: el Fondo de Comercio Financiero. A petición de Telefónica, días antes de lanzar subidas fiscales y la amnistía fiscal por el déficit, Hacienda dio este potente incentivo fiscal a las empresas. ¿Por qué lo hicieron?

También quería saber si les parece ético y estético que el presidente del Tribunal Constitucional milite en el Partido Popular, precisamente, además, que están decidiendo sobre medidas del Gobierno, sobre recortes, como la paga extra de los funcionarios o la no actualización de las pensiones.

Vicepresidenta.- Permítame que a la primera de sus cuatro primeras preguntas conteste conjuntamente, porque son parte de la misma.

Indudablemente, tanto el Ministerio de Industria, como el Ministerio de Hacienda, a través de su Secretaría de Estado, tienen analizadas y estudiadas las consecuencias, tanto en el orden jurídico-procesal como en el orden económico que corresponden. Pero, indudablemente, nuestra primera obligación en este momento lo es con los afectados y, como siempre, hemos ido con ellos de la mano en este proceso.

Se ha trabajado muy bien, ha habido un gran esfuerzo y todos han puesto todo lo que son sus distintos servicios a una idea común, que es defender todos juntos el sector naval, porque es un sector naval competitivo, potente, que tiene valor añadido y que tiene capacidad de empuje. Permítame que los primeros en conocer cómo está la situación, cómo la ven ellos y cómo la ven los servicios del Gobierno sean todos ellos. Por eso, primero vamos a tener esta reunión, lo vamos a analizar bien. Indudablemente, las decisiones están muy estudiadas y muy examinadas; pero creemos que en este punto tenemos que ir todos juntos, como hemos ido hasta ahora, porque creo que eso ha sido la clave también de algunas de las decisiones que han tomado y, a lo mejor, el éxito de las futuras que puedan tomarse.

Sobre procedimientos que abre Bruselas, en las motivaciones no voy a entrar en ellas. Yo sólo voy a decir que, respetando la posición o los procesos que abra Bruselas, como nos corresponde, lo que hará el Estado español, como siempre ha hecho, es defender la legalidad de sus actuaciones y, muy especialmente, defender también la posición de quienes son sus beneficiarios con arreglo a lo que en cada momento se adopta.

Y sobre la última de las preguntas, ministro, el Tribunal Constitucional…

Sr. Ruíz-Gallardón.- El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional y, por lo tanto, su regulación le corresponde directamente a la Constitución, a la Ley Orgánica, y su interpretación le corresponde, como no podía ser de otra manera, al propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nada tiene que manifestar el Gobierno en relación con las normas que están aprobadas por el Parlamento ni con la única interpretación posible de esas normas, que le corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional.

P.- Vicepresidenta, tenía varias cuestiones; dos, para usted y otra, para el ministro de Justicia.

Nos decía que el día 24 los Grupos tomarán una decisión sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, pero yo quería saber si el Presidente está predispuesto a ir al Parlamento a dar explicaciones, ya sea sobre el "caso Bárcenas", o sobre la situación política general.

Quería también una evaluación del archivo de la causa contra el ex ministro José Blanco. ¿Qué opinión le merece al Gobierno? Y una reflexión, sobre todo, sobre la presunción de inocencia. ¿Cree que se debe respetar más de lo que se hace en algunos ámbitos y medios?

Y del ministro de Justicia, ya que le tenemos aquí, ministro, quería saber cuándo se va a aprobar la Ley del Aborto. Estaba en el programa electoral del PP, ¿a qué está esperando el Gobierno para aprobar esta Ley?

Sr. Ruíz-Gallardón.- Hoy hemos presentado el Anteproyecto sobre la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio; hemos recibido ya del Consejo de Estado el informe, que es el último, sobre una de las grandes reformas que es el Código Penal, lo cual significa que, en el momento en que se estime oportuno por el Consejo, una vez que hayamos incorporado y estudiado las reformas, lo podremos tramitar. Tenemos la Ley de Jurisdicción Voluntaria y tenemos el Estatuto de la Victima, como textos inmediatos para traer a Consejo de Ministros. Y, después, en lo que nos queda de año, tenemos, como usted dice, la Ley del Aborto, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial y tenemos el Código Procesal Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Quiero decir que la cantidad de trabajo, con perdón, que el Ministerio de Justicia está dando al Consejo de Ministros es considerable; pero, con autorización de la Vicepresidenta, le puedo decir que, con este calendario que hemos dicho, yo creo que en los próximos tres meses, en el próximo trimestre, ya se aprobará el Anteproyecto.

Vicepresidenta.- En relación con la primera de sus preguntas, el presidente del Gobierno ha dado, da y dará las explicaciones que considere necesarias y oportunas a los ciudadanos, porque de eso es de lo que se trata: como Gobierno, se rinde cuentas a los ciudadanos y de la manera y en el momento que considere oportuno; ni al servicio de la estrategia procesal de nadie, ni de la estrategia política de otro, sino las que correspondan y las que se deban a quienes nos debemos el Gobierno, que son los ciudadanos.

Sobre el archivo de la causa, a mí me afirma y ratifica, si me permiten la expresión judicial, dado que estamos con el ministro del ramo, en lo que venimos diciendo: como Gobierno, nosotros tenemos que respetar los procedimientos judiciales y las resoluciones judiciales. Cuando los asuntos están judicializados, al menos desde el Gobierno --luego el debate político es otra cosa--, es mantener siempre ese respeto a las decisiones judiciales.

Luego, cada uno en su propio ámbito, y éste es el del Gobierno, tendrá que examinar de qué manera articula su propio trabajo con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, como Gobierno, ya saben que siempre hemos defendido aquí, siempre, cualquiera que fuera el procedimiento y el afectado, desde esta mesa, que desde el momento en que un asunto está judicializado, corresponde a los Tribunales y las valoraciones, desde luego por parte del Gobierno, ni se pueden ni se deben hacer. Otra cosa son otros debates.

P.- Vicepresidenta, yo quería insistir en el tema del presidente del Tribunal Constitucional. Nos decía el ministro de Justicia que la única interpretación posible es la que haga el propio Tribunal, pero yo le pediría un juicio ético al Ministro sobre la compatibilidad; no un juicio de legalidad sino, digamos, de apariencia de la compatibilidad entre una militancia política, sea ésta la que fuere, y la responsabilidad de ser magistrado del Tribunal Constitucional. En todo caso, si la única interpretación posible es la que haga el propio Tribunal, ¿quiere decir que, si uno de sus miembros incurre en incompatibilidad, escapa a todo control?

También quería preguntar sobre las eventuales repercusiones a efectos de recusación. Ayer hubo una serie de reacciones en las que se ponía el acento en la posibilidad de recusaciones. Hay un precedente, además muy sonado, que fue el del magistrado Pérez Tremps. Si entonces se consideró que hacer un trabajo para fundación próxima a un Gobierno autonómico era un motivo de recusación, ¿ahora una militancia política cree que podría dar ocasión a que se replantearan las cuestiones en esos términos de recusación?

Sr. Ruíz-Gallardón.- El haber militado en un partido político no inhabilita para el ejercicio de ningún puesto de responsabilidad. Yo, perdón por la referencia personal, le puedo poner mi propio caso: yo militaba en un partido político en el que me tuve que dar de baja como consecuencia de que me incorporé a la Carrera Fiscal. Mientras estuve incorporado a la Carrera Fiscal, me di de baja y, cuando pedí la excedencia de la Carrera Fiscal, volví a militar en el mismo partido político, que es el único en que he militado durante toda mi vida.

Creo, por tanto, que no podemos establecer una limitación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, más allá de lo que la Constitución y las normas que la desarrollan lo establecen.

Por otro lado, le digo que es, sin duda, procedente contestar a esa pregunta porque usted me la formula; pero éste es un supuesto que se viene dando en los órganos constitucionales del Estado desde hace muchísimo tiempo. En el propio Tribunal Constitucional, y los medios de comunicación han publicado ejemplos al respecto, es verdad que con diferentes formaciones políticas; en el propio Consejo de Estado, vocales del Consejo General del Poder Judicial…

Ésa es la realidad sobre la que ha operado nuestro sistema democrático y en ningún momento el hecho de haber militado en una formación política se ha entendido que podía ser objeto o causa de recusación. No lo ha sido ni siquiera cuando han sido miembros del Poder Judicial, que han vuelto al ejercicio de jurisdicción, incluso después de haber ejercido responsabilidades políticas e incluso haber sido miembros de un Gobierno. En este caso, recordando, además, que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano constitucional propio, con su propia identidad, la existencia a lo largo de toda nuestra democracia de esos precedentes nunca ha sido objeto de cuestión ni motivo de recusación.

P.- Vicepresidenta, respecto al tema del sector naval, en espera de esa reunión con las Comunidades Autónomas, el sector es cierto que está en una situación complicada en estos momentos, ¿cree el Gobierno que puede tener margen de maniobra, bien, no sé si a través de recursos, tomando medidas cautelares? ¿El Gobierno espera que pueda hacerse algo? ¿Lo han hablado? ¿Cree que Hacienda podría, a la hora de tratar esa devolución de ayudas, hacerlo de una manera un poco más benevolente, en el caso de que no quede otro remedio que tener que hacerlo?

Vicepresidenta.- En primer lugar, yo creo que está fuera de toda duda la implicación de todo el Gobierno en su conjunto, empezando por el presidente del Gobierno, en la defensa del sector.

A lo largo de todos estos meses distintos miembros del Gobierno, empezando por su Presidente, hemos tenido conversaciones, reuniones, múltiples han sido los informes, las aportaciones al expediente, en un asunto, en que no sólo el Gobierno de la nación, sino la cooperación de tres Comunidades Autónomas muy distintas, muy diferentes,… Hemos ido todos juntos, de la mano, a defender un sector clave para nuestra economía, en el que se han implicado los sindicatos y en el que se ha implicado la patronal.

Lo hemos hecho hasta la decisión, y lo vamos a seguir haciendo después de la decisión, y queremos ver, como digo, todos juntos hasta dónde puede llegarse en una vía, hasta dónde puede llegarse en la otra, cuál es la mejor estrategia, con un objetivo fundamental, que además yo creo que compartimos y que es básico: primero, defender los 85.000 puestos de trabajo; segundo, defender un sector que tiene futuro en España y en Europa; en tercer lugar, defender la propia estrategia empresarial de un país que puede aportar mucho valor añadido.

Y queremos hacerlo juntos, en los distintos ámbitos: me habla del ámbito procesal, del ámbito de Hacienda… Con todos los actores veremos de qué manera podemos, como lo hemos hecho hasta ahora, en una defensa férrea del sector, con todos los instrumentos que nos ponía la legislación europea en nuestra mano, seguir haciendo y seguir trabajando. Desde luego, por nosotros no va a quedar en adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacerlo así por parte de ambos Ministerios y por parte del conjunto del Gobierno de la nación, y me consta que de los Gobiernos de esas Comunidades Autónomas, también.

P.- Al Ministro. Se acaba de saber que la Fiscalía se va a querellar contra el juez del "caso Blesa", pero le quería hacer una pregunta más general: en un momento en que hay gran presión sobre los jueces que están investigando escándalos en la banca y en la política, ¿cree que los ciudadanos pueden ver mal este tipo de mensajes? ¿Hay mucha presión sobre los jueces?

Luego, le quería preguntar sobre el Tribunal Constitucional. No sé si que la responda el Ministro o la Vicepresidenta, porque es más general. El Ministro decía como que esto ya se ha hecho en el pasado; pero yo había entendido de su programa electoral y de sus mítines que ustedes querían cambiar, que querían despolitizar las instituciones; eso es lo que dijeron. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado y ahora sabemos que el Tribunal Constitucional están presididos por personas que, o militan, o han militado hasta hace muy poco, en el PP. Quiero saber si eso es para ustedes despolitizar las instituciones.

A la Vicepresidenta. Si Rajoy se ve forzado a dimitir por este escándalo, ¿usted se ve como sucesora, como se está planteando en muchos sitios?

Luego, una pregunta más general: ¿se puede gobernar así, Vicepresidenta? ¿Se puede gobernar cuando ustedes están hablando de una cosa y presentan unas cosas y todo el resto del mundo, sobre todo la prensa internacional, está hablando de otra y de otro escándalo?

Por último, un detalle que el Presidente no aclaró el lunes: ¿por qué el Presidente mandó ánimos a Bárcenas incluso después de saber que tenía dieciséis millones de euros en Suiza?

Sr. Ruíz-Gallardón.- Saben ustedes que el Ministerio Fiscal actúa siempre de acuerdo con el principio de legalidad, siempre de acuerdo con el principio de legalidad, con la autonomía que le reconoce nuestra Constitución. Y entre las obligaciones del Ministerio Fiscal no está solamente defender la Ley, sino también, y expresamente, y está así recogido, defender la independencia judicial. Por lo tanto, todas las acciones que el Ministerio Fiscal realiza tienen que tener como objetivo la defensa de la independencia judicial. Esa defensa de la independencia judicial, lógicamente, debe ser proteger siempre a un juez que se sienta perturbado en el ejercicio de su independencia; pero tiene que ser también, en aquellos supuestos en los que, desde su autonomía, considere que lo que queda perturbado es la propia independencia como la consecuencia de la acción de un juez, establecer los mecanismos que están regulados en nuestra legislación.

Por lo tanto, yo creo que si, en estos momentos --y permítame que, aprovechando su pregunta, lo haga extensiva--, los ciudadanos españoles pueden estar absolutamente seguros de algo es de la actuación del Ministerio Fiscal, de que en todos y cada uno de los casos, al margen de quiénes sean las personas imputadas o qué militancia política tengan, siempre se ha actuado en defensa del principio de legalidad, siempre se ha actuado con autonomía y siempre se ha actuado para defender la independencia del Poder Judicial.

Creo que tenemos los ciudadanos españoles motivos para estar profundamente orgullosos de la actuación del Ministerio Fiscal en España.

Con relación a la segunda pregunta, nosotros naturalmente que cumplimos y ejercemos nuestro programa electoral. Mire usted, la despolitización de los órganos constitucionales no consiste en analizar los curricula de las personas para excluir o incluir en función de ese propio currículo; la despolitización consiste en el respeto que, por parte de un poder del Estado se tiene que tener a los otros poderes y a los propios órganos constitucionales. Despolitizar significa que las decisiones del Poder Judicial nacen y se ejecutan dentro del Poder Judicial, y las del Tribunal Constitucional nacen y se ejecutan en el propio Tribunal Constitucional, sin ninguna interferencia por parte del Poder Ejecutivo. Y le puedo asegurar que este Gobierno, desde el día que tomó posesión, por indicación expresa de nuestro Presidente, eso lo ha ejercido escrupulosamente.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el presidente del Gobierno va a cumplir su mandato y lo ha dicho él. Como no hay necesidad de sustitución, aquí no vamos a hablar de sustitutos.

En segundo lugar, este Gobierno está gobernando y trabajando, y hoy se presenta una ley muy importante para las familias españolas y una ley muy importante para nuestra posición en el ámbito internacional, del que usted también parece preocuparse.

Este Gobierno tiene el mayor ritmo en la elaboración de reformas que yo creo que ha existido en un Gobierno de la democracia. Es lo que nos ha tocado hacer, lo que necesita el país y lo vamos a seguir haciendo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la cabeza, que es el verdadero impulsor de este programa, porque le recuerdo que el que nos da la confianza es él a los ministros, no nosotros a él.

Por último, yo no voy a valorar cuestiones que están en procedimientos. Sobre ese punto ya dio el presidente del Gobierno las explicaciones el pasado lunes.

Muchísimas gracias.