El Gobierno refuerza el apoyo a los afectados por la DANA con nuevas ayudas y avales

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para avanzar en la normalización de los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. El nuevo Real-Decreto ley de medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA permitirá, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, la reactivación económica de las zonas afectadas y el impulso de la prevención ante futuras emergencias climáticas.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, que ha comenzado su intervención con un mensaje de recuerdo a las 237 víctimas de esta tragedia, ha explicado que las medidas incluidas en la norma aprobada incluyen una nueva línea del Instituto Oficial de Crédito (ICO) con 750 millones de euros en financiación y ayudas para pymes por valor de 180 millones de euros. Además, se establecen líneas de avales por cuenta del Estado de hasta 5.000 millones de euros, una iniciativa que, de acuerdo con Alegría, ofrecerá liquidez inmediata a hogares, empresas y autónomos afectados por emergencias de protección civil hasta diciembre de 2040.

Según los datos ofrecidos por la portavoz del Ejecutivo, a día de hoy, el Plan de Respuesta Inmediata de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana ha permitido ejecutar 8.000 millones de euros. "Esto significa que 85 de cada 100 euros recibidos por hogares, empresas, ayuntamientos y entidades afectadas, proceden del Gobierno de España", ha apuntado la ministra.

Ampliación de plazos y apoyo al sector cultural

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

A la ampliación del catálogo de medidas financieras del ICO, el Gobierno ha añadido medidas de extensión de plazos de ejecución, tanto para la actividad industrial como la turística. Esta acción facilitará la ejecución de las ayudas en un plazo más dilatado en sectores tan estratégicos para la Comunidad Valenciana como la automoción. También en este sector, se contempla la modificación del Plan Reinicia Auto+, dirigido a la recuperación del parque móvil, para que puedan presentarse solicitudes hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, se prorroga hasta diciembre la prestación para los autónomos por cese de actividad como consecuencia directa e inmediata de la DANA y se modifica el mecanismo FEPYME DANA -con 300 millones de euros para financiar actuaciones de contingencia en pequeñas y medianas empresas- para ampliar su ámbito de actuación a pymes y startups de toda España que presenten proyectos para reducir el impacto del cambio climático.

Finalmente, Alegría ha explicado que el nuevo real decreto ley recoge otras medidas relacionadas con el sector cultural para desarrollar actividades y proyectos como el de "Salvem les fotos", que trabajará en la recuperación de más de medio millón de fotografías de familias afectadas por la DANA.

"Somos plenamente conscientes de que el impacto de una tragedia como la de la DANA es muy difícil de superar", ha asegurado Alegría, que ha defendido el "firme" compromiso del Ejecutivo con la ayuda a los afectados. "Es en estas situaciones cuando la política útil cobra todo el sentido y es ahí donde van a encontrar siempre al Gobierno de España", ha concluido.

Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

El Gobierno ha aprobado remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la primera de la democracia, que sustituirá a la norma vigente desde 1882.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que el anteproyecto de ley fue abordado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020. Desde entonces, el Ejecutivo ha recabado los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de todos los organismos competentes y ha incorporado propuestas elaboradas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy que no llegaron a tramitarse.

Félix Bolaños ha incidido en que es una ley amplia y compleja que "agiliza, moderniza y europeíza nuestro proceso penal" y refuerza la independencia del Ministerio fiscal.

Novedades de la futura ley

La principal novedad es que la norma atribuye la investigación penal al Ministerio Fiscal, en lugar de a los jueces de instrucción, ha señalado Bolaños: "Homologamos de esta manera el proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno". Así, el Ministerio Fiscal investiga y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado. El ministro ha destacado que esta novedad deriva del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el año 2001, cuando ambas fuerzas políticas acordaron que la instrucción penal en España debían llevarla a cabo los fiscales.

Otra novedad apuntada por Bolaños es que la ley crea un proceso penal más garantista porque estará tutelado por tres jueces: el de garantías, el de la audiencia preliminar y el de enjuiciamiento.

La investigación penal recae en el Ministerio Fiscal con la supervisión y tutela del juez de garantías: "El juez de garantías estará asignado para que pueda confirmar o revocar los decretos, las decisiones que adopte el fiscal en su investigación penal. Por tanto, tendremos dos profesionales del derecho sometidos al imperio de la ley y al principio de legalidad". Además, no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles, solamente las que afecten a derechos fundamentales: medidas cautelares, restricción de derechos, interceptación de correspondencia, de mensajes y de llamadas telefónicas. Estas sí serán supervisadas por el juez de garantías.

Una vez finalizada la fase de investigación penal, intervendrá un segundo juez: el juez de la audiencia preliminar, que decidirá sobre las decisiones tanto del fiscal como del juez de garantías. Determinará si se archiva la causa, si se sobresee, si se lleva a juicio oral, se depura la prueba o considerará qué nuevas pruebas han de practicarse o si están todas resueltas. Un tercer juez, el de enjuiciamiento, conocerá el proceso y lo juzgará en el proceso oral con todos los medios de prueba que estén disponibles para las partes.

Félix Bolaños también ha asegurado que es un modelo mucho más garantista para las víctimas del delito porque pretende mejorar su protección y acompañamiento. Para evitar la revictimización, se limitarán las declaraciones de las víctimas en las sucesivas fases del proceso. Asimismo, las víctimas podrán recurrir voluntariamente a mecanismos de justicia restaurativa para favorecer su recuperación moral y psicológica.

Regulación y modernización de la acusación popular

El titular de Justicia ha explicado que, en línea con la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la futura ley delimita quién puede ejercer la acusación popular. Así, las personas jurídico-públicas, las instituciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos no podrán formular acusación popular en ninguna causa penal. La norma establece un catálogo de delitos que sí pueden ejercerse a través de la acusación popular, entre los que figuran los relacionados con la violencia sobre la mujer y la corrupción política.

Por otra parte, Bolaños ha señalado que es necesario que haya una vinculación legítima entre la organización que ejerce la acusación popular y el objeto del procedimiento.

Regulación de las medidas para investigar un proceso penal

El ministro ha afirmado que las medidas de investigación son acordes con el estado de la tecnología actual. En este sentido, se establece una regulación de la prueba de ADN que podrá incluir marcadores que revelen rasgos fenotípicos. Se facilitará la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público para localizar o identificar a personas sospechosas. Y se utilizará la inteligencia artificial para estudiar, analizar e investigar datos en tiempo récord.

Conformidad penal y autonomía del Ministerio Fiscal

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Félix Bolaños ha subrayado que el Gobierno apuesta por que las partes, el Ministerio Fiscal y el juez puedan llegar a una conformidad penal que evite litigios en fases tempranas del procedimiento: "Vamos a intentar que durante la tramitación del proceso se eviten investigaciones que se prolonguen innecesariamente".

Para garantizar la independencia, la autonomía y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, la norma incluye la reforma de su Estatuto Orgánico impulsada el pasado mes de mayo. Además, el mandato del fiscal general del Estado pasa a ser de cinco años, para que los cambios de Gobierno no afecten a su figura, según ha remarcado el ministro. También se prohíbe de forma expresa que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos remitan instrucciones sobre asuntos concretos a las distintas fiscalías y todas las comunicaciones se realizarán por escrito, serán públicas y quedarán registradas.

Bolaños ha añadido que "se consolidan causas muy tasadas y muy específicas para que el Fiscal General pierda la confianza y sea cesado", previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Además, se refuerza el peso y la capacidad de la Junta de Fiscales de Sala.

Entrada en vigor de la norma

Una vez convalidada por las Cortes, la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Por lo tanto, no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha.

El ministro ha aclarado que la norma será aplicada por el fiscal general del Estado propuesto por el Gobierno que salga de las urnas en 2027, en ningún caso por el actual, que finaliza su segundo mandato en 2027.

Más de 1.200 millones para financiar la ciencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel ÁlvarezEl Gobierno ha aprobado más de 1.220 millones de euros para financiar las principales convocatorias anuales que la Agencia Estatal de Investigación destina a los grupos de investigación de las universidades y los organismos públicos. "La ciencia al final la hacen las personas, que son quienes investigan, innovan y transforman el país a través de su talento", ha señalado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La ministra ha destacado el aumento de la inversión en ciencia y su aportación para conseguir una España "más innovadora, cualificada, resiliente y productiva". Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2023, la inversión pública y privada es la más alta de la historia, con un total de 22.400 millones, un 50% más que en 2018. Morant ha añadido que España está en la senda de cumplimiento del compromiso recogido en la Ley de Ciencia de dedicar un 2% del PIB a la investigación y que en el año 2030 se superará la expectativa del 3% del PIB.

En cuanto a la inversión estatal, recogida en los Presupuestos Generales del Estado, se ha más que ha cuadruplicado desde 2018, hasta alcanzar los 13.600 millones de euros. Además, desde ese año se han incorporado 18.000 investigadores al sistema público de ciencia e innovación, y el crecimiento de la inversión pública en I+D ha propiciado también el aumento del empleo privado. En total, unas 282.000 personas trabajan en el ámbito de la ciencia en España, un 25% más que en 2018.

Diana Morant ha subrayado, igualmente, que España es el segundo país de Europa que más fondos del Plan de Recuperación destina a la I+D+i: el 40% del total se ha dedicado al conocimiento, la investigación, la digitalización y las transformaciones verde y digital. "Es una decisión política y una visión del país para cambiar nuestro modelo productivo hacia una economía del conocimiento y el talento", ha sostenido.

Fondos para grupos de investigación y proyectos público-privados

Las seis convocatorias aprobadas hoy suman 1.220 millones de euros, lo que supone, de media, un incremento superior al 40% desde el año 2018. La ministra ha remarcado que están financiadas con recursos estables y nacionales, por lo que no dependen de fondos europeos, y que su publicación se ha adelantado, como reclamaba la comunidad científica, para que las solicitudes no coincidan con el período navideño.

La convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento está dotada con 700 millones de euros, 25 más que el año pasado, y va a beneficiar a unos 3.000 grupos de investigación durante 4 años. Financia proyectos de todas las áreas de conocimiento, desde las energías renovables y la inteligencia artificial hasta la economía y las políticas públicas.

Una segunda convocatoria es la de los Proyectos de Colaboración Público-Privada. Con un presupuesto de 300 millones de euros, busca facilitar el trabajo entre la academia y la empresa y aumentar la aportación a la I+D del sector privado español, que se encuentra 10 puntos por debajo de la media europea. Estos proyectos, según ha explicado la ministra, permiten, por ejemplo, que un hospital colabore con una 'startup' para detectar arritmias mediante un reloj inteligente o que una pyme y un centro tecnológico desarrollen baterías más duraderas. "Es la ciencia que llega con soluciones innovadoras al día a día", ha apuntado.

Contratación de doctores e investigadores

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Las restantes convocatorias pertenecen al ámbito investigador y suponen una inversión conjunta de 220 millones, el doble que en 2018. Dos se dirigen a la contratación de doctores, la Ramón y Cajal y la Juan de la Cierva, y las otras dos -la Torres Quevedo y el Programa de Doctorados Industriales- fomentan la contratación de investigadores por las empresas.

Morant ha remarcado que el Programa Ramón y Cajal, que cumple 25 años, alcanza los 132 millones de euros y financia casi 500 contratos de 5 años. Las entidades que incorporan a estos científicos tienen que estabilizarlos después, con el consiguiente aumento de las plazas de investigadores en los centros públicos. Estas ayudas se han consolidado, además, como la principal vía de atracción y retención del talento: el 30% de los contratos corresponde a investigadores procedentes del extranjero.

Estas inversiones, según ha expuesto la ministra, demuestran la apuesta del Gobierno por mejorar la vida de la ciudadanía a través de la ciencia, por ejemplo, con vacunas, energías más limpias y baratas, oportunidades para los jóvenes, mejores capacidades preventivas, diagnósticos y tratamientos de las enfermedades y avisos meteorológicos. La ministra ha alertado de que "desoír" la ciencia "tiene consecuencias, y ya lo hemos visto en todo el territorio y en diferentes circunstancias". El Ejecutivo -ha agregado- va a seguir atendiendo a la ciencia en la toma de decisiones públicas y "como una política estratégica de país".

Recurso ante el Constitucional en Murcia y requerimiento a la Generalitat Valenciana

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Pilar Alegría ha informado, además, sobre la aprobación en el Consejo de Ministros de un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la modificación de la Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más significativas planteada por el Gobierno de la Región de Murcia, una modificación con la que se pretende eliminar, entre otras cuestiones, la financiación a estas organizaciones. El Ejecutivo ha dado luz verde a la interposición de este recurso después de que el Gobierno murciano haya rechazado el procedimiento negociado.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha aprobado un segundo requerimiento de incompetencia a la Generalitat Valenciana por haber admitido a trámite la declaración de la playa de Babilonia, en Guardamar de Segura (Alicante), como "núcleo de especial valor etnológico". Esta declaración tiene entre sus efectos la paralización de la demolición de las viviendas, lo que choca -ha explicado Alegría- con la aplicación de la Ley de Costas y con el cumplimiento de varias sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.