Referencia del Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Trabajo y Economía Social

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Transportes y Movilidad Sostenible

Política Territorial y Memoria Democrática

Economía, Comercio y Empresa

Sanidad

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Juventud e Infancia

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

MODERNIZACIÓN DE BUQUES DE APROVISIONAMIENTO DEL EJÉRCITO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de que el Ministerio de Defensa pueda financiar un nuevo Programa Especial de Modernización denominado 'Buque de Aprovisionamiento (BAC II)', incluido en el 'Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa'.

Los programas especiales de modernización tienen una gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones de España, requieren de una especial contratación, ejecución y seguimiento y absorben un volumen de recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la cooperación. Los planes industriales asociados a cada programa hacen de la industria de defensa un sector innovador y generador de empleo, con presencia en todas las regiones de España.

Este nuevo programa, denominado 'Buque de Aprovisionamiento (BAC II)', está incluido en el 'Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa', aprobado por Consejo de Ministros de fecha 22 de abril del presente año, formando, por tanto, parte del compromiso asumido con la seguridad de la ciudadanía, el progreso tecnológico del país y el avance del proyecto europeo.

El objeto del programa consiste en el diseño y adquisición de una nueva embarcación para cumplir con el Objetivo de Capacidades Militares del ciclo 2024-2029, que establece contar con dos unidades operativas BAC, como medio principal para mantener el apoyo logístico operativo de la Fuerza Naval.

La Armada considera primordial asegurar que sus barcos puedan operar de forma prolongada en el mar al proporcionarles suministros, combustible, munición y otros recursos necesarios para su funcionamiento, permitiendo que las flotas puedan operar lejos de su base de origen por largos períodos de tiempo.

Actualmente la Armada cuenta con dos Buques de Aprovisionamiento, el A-14 'Patiño', entregado en 1995, y el A-15 'Cantabria', entregado en 2010. El 'Patiño', con 30 años de servicio, se encuentra en su último tercio de vida. Por ello, el objetivo principal del programa es el reemplazo de este buque por un nuevo BAC que incorpore los últimos avances en buques de similares características y sistemas más actualizados.

Se prevé que la entrega coincida con la finalización de la vida útil del primer BAC, aproximadamente prevista para 2030.

El presupuesto total del programa asciende a 703 millones de euros, con la siguiente distribución por anualidades (en euros):

Además, contará con financiación por parte del Ministerio de Industria y Turismo durante el periodo 2025 a 2029 por importe total de 380 millones de euros, con el siguiente desglose por anualidades (en euros):

En consecuencia, y teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Ministerio de Defensa, los importes totales de los compromisos de gasto a adquirir con cargo a la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' para los ejercicios 2026 a 2037, pasan a ser los que se detallan a continuación:

Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado este acuerdo.

Hacienda

MEJORAS EN VARIOS PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en concreto entre los ejercicios 2026 a 2037, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa implementar mejoras en varios Programas Especiales de Modernización.

Estos programas tienen una gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones de España, requieren de una especial contratación, ejecución y seguimiento, y absorben un volumen de recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la cooperación. Los planes industriales asociados a cada programa hacen de la industria de defensa un sector innovador y generador de empleo, con presencia en todas las regiones de España.

Por ello, la complejidad de estos programas requiere que cada cierto tiempo sea precisa su actualización y adecuación al ritmo de la producción y de la tecnología actual, en un continuo esfuerzo por alcanzar los más elevados estándares tecnológicos y de mejora en la producción.

En base a lo expuesto, se pretende implementar mejoras en 16 programas de obtención en curso que, por diversas circunstancias, precisan de un aumento en sus límites de gasto por importe total de 3.948,86 millones de euros, que se distribuirán en anualidades hasta 2037.

Trabajo y Economía Social

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, destinar un importe de 2.571.961.030 euros para su distribución entre las comunidades autónomas. La distribución territorial de estos fondos se aprobará en la próxima Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que participan las comunidades autónomas.

Esta inversión presupuestaria permitirá gestionar los programas de empleo y formación para el trabajo profesional para el empleo, que le correspondan normativamente, y estén consignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, incorpora un marco de financiación plurianual hasta el año 2029 para dar continuidad a la ejecución de las políticas activas de empleo y proporcionar estabilidad al Sistema Nacional de Empleo.

Respecto a la formación para el trabajo, estos fondos financiarán la formación en alternancia, la formación con compromiso de contratación, la ligada al diálogo social y la negociación colectiva así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligados a los certificados profesionales y estén vinculadas al catálogo de acciones formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.

Nuevas prioridades de formación

Respecto a la formación para el trabajo, estos fondos financiarán, la formación en alternancia, la formación con compromiso de contratación, la ligada al diálogo social y la negociación colectiva y así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligados a los certificados profesionales y estén vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Respecto de las subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva, estos fondos, entre otras cuestiones, servirán para priorizar la formación en materia de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en atención al derecho de los representantes de las personas trabajadoras previsto en el artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, o en materia de negociación de protocolos de actuación relativos a medidas de prevención de riesgos frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, previsto como contenido de los convenios colectivos por el artículo 85.1 del mismo texto legal.

Criterios de distribución

Los fondos que, finalmente, recibirán las comunidades autónomas se repartirán en torno a estas cuatro iniciativas y programas:

Los criterios de distribución aprobados también tendrán en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2024.

Su impacto en la mejora de la empleabilidad será evaluado dentro del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025.

Además, se orientarán al desarrollo de las iniciativas que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO EUROPEO SOBRE GRANDES LÍNEAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMBINADO E INSTALACIONES CONEXAS

El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo europeo sobre grandes líneas de transporte internacional combinado e instalaciones conexas (AGTC), enmendado, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo de 1 de febrero de 1991 que tiene como objeto el desarrollo de una red paneuropea de transporte combinado internacional intermodal, que incluye líneas ferroviarias, terminales transporte combinado, puntos transfronterizos, estaciones de cambio de ancho de vía, puertos y líneas de ferries, consideradas de especial importancia para la consecución de un tráfico transalpino y también euro-asiático sin fisuras.

A través del AGTC, los firmantes se comprometen a tomar medidas apropiadas para alcanzar unos parámetros de rendimiento y estándares mínimos para el transporte combinado y sus instalaciones.

Actualmente son partes del acuerdo un total de treinta y tres países. España es de los pocos países miembros de la Unión Europea que aún no forma parte del AGTC (junto a Chipre, Estonia, Finlandia (que sí lo ha firmado), Irlanda, Malta y Suecia).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL

El Consejo de ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril, RID 2025.

El Convenio de la Organización sobre Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) se firmó en Berna el 9 de mayo de 1980. España lo firmó el 27 de noviembre de ese mismo año y se hizo parte del mismo el 1 de mayo de 1985, fecha en la que el convenio entró en vigor.

El Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID) es un apéndice del COTIF que, en su versión actualizada (RID 2025), constituye el marco de la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, tanto nacional como internacional, en los Estados Miembros, así como en el Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido.

El RID contiene en capítulo 3.2 una tabla (denominada A) que contiene la lista de las mercancías peligrosas por orden de su número de Naciones Unidas. Dicha tabla indica las disposiciones especiales que se aplican al transporte de cada materia o de cada objeto.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS

El Consejo de ministros ha acordado autorizar la aceptación y la aplicación provisional de la Enmienda de 2009 al Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972. Enmienda al artículo 6 del Protocolo de Londres, adoptada mediante la Resolución LP.3(4).

El Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972 es uno de los primeros convenios mundiales dedicados a proteger el medio marino de las actividades de los seres humanos y está en vigor desde 1975.

Su objetivo es el fomento del control efectivo de todas las fuentes de contaminación del mar y la adopción de todas las medidas posibles para prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias.

El 30 de octubre de 2009, durante la cuarta Reunión de las Partes Contratantes del Protocolo de 1996, se adoptó por Resolución LP.3(4) una Enmienda a fin de permitir la exportación de dióxido de carbono con fines de almacenamiento permanente en formaciones geológicas situadas bajo el fondo marino.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR FUERTES LLUVIAS EN ECUADOR

El Consejo de ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por las fuertes lluvias acaecidas en la República del Ecuador en los primeros meses del año 2025, por un importe máximo de 100.000 euros.

Durante los primeros meses del año 2025, la República del Ecuador ha sufrido lluvias extremas que están afectando principalmente en las seis provincias de la costa ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, provocando fuertes inundaciones y deslizamientos que han colapsado los sistemas de agua potable, habiendo más de 20.000 personas afectadas.

El 3 de marzo de 2025, la Embajada de la República del Ecuador solicitó ayuda bilateral al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID realizó el ofrecimiento de ayuda que fue aceptada por el estado ecuatoriano.

La ayuda humanitaria de la AECID ha consistido en el envío de ayuda en especie a través de un libramiento de fondos de la AECID a la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de la AECID en Ecuador, para la adquisición de kits de alimentos, kits de higiene, kits de primera respuesta humanitaria y kits de limpieza familiar, encargándose de su distribución la Cruz Roja Ecuatoriana. El importe total de la actuación ha ascendido a 99.887,91 euros, habiéndose presupuestado un importe máximo de 100.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A LA ENTIDAD DE LA ONU PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

El Consejo de ministros ha a cordado autorizar la contribución voluntaria de España a la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en el ejercicio 2025, por importe de 4.500.000 euros.

Durante los primeros meses del año 2025, la República del Ecuador ha sufrido lluvias extremas que están afectando principalmente en las seis provincias de la costa ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, provocando fuertes inundaciones y deslizamientos que han colapsado los sistemas de agua potable, habiendo más de 20.000 personas afectadas.

El 3 de marzo de 2025, la Embajada de la República del Ecuador solicitó ayuda bilateral al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID realizó el ofrecimiento de ayuda que fue aceptada por el estado ecuatoriano.

La ayuda humanitaria de la AECID ha consistido en el envío de ayuda en especie a través de un libramiento de fondos de la AECID a la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de la AECID en Ecuador, para la adquisición de kits de alimentos, kits de higiene, kits de primera respuesta humanitaria y kits de limpieza familiar, encargándose de su distribución la Cruz Roja Ecuatoriana. El importe total de la actuación ha ascendido a 99.887,91 euros, habiéndose presupuestado un importe máximo de 100.000 euros.

ONU Mujeres es el organismo de las Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normas con el fin de defender los derechos humanos de las mujeres y garantizar que todas las mujeres y las niñas alcancen su pleno potencial, cuyas principales áreas de trabajo son:

• Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres.
• Poner fin a la violencia contra las mujeres.
• Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad.
• Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.
• Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.

ONU Mujeres es el principal responsable dentro de sistema de Naciones Unidas de la consecución de Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género), junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y de la transversalización del enfoque de género para el cumplimiento efectivo de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

El Consejo de ministros ha acordado autorizar el pago de la contribución al Departamento de Asuntos económicos y Sociales de Naciones Unidas para los costes de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en Sevilla, en el ejercicio 2025, por importe de 2.048.850 euros.

Durante los primeros meses del año 2025, la República del Ecuador ha sufrido lluvias extremas que están afectando principalmente en las seis provincias de la costa ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, provocando fuertes inundaciones y deslizamientos que han colapsado los sistemas de agua potable, habiendo más de 20.000 personas afectadas.

El 3 de marzo de 2025, la Embajada de la República del Ecuador solicitó ayuda bilateral al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID realizó el ofrecimiento de ayuda que fue aceptada por el estado ecuatoriano.

La ayuda humanitaria de la AECID ha consistido en el envío de ayuda en especie a través de un libramiento de fondos de la AECID a la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de la AECID en Ecuador, para la adquisición de kits de alimentos, kits de higiene, kits de primera respuesta humanitaria y kits de limpieza familiar, encargándose de su distribución la Cruz Roja Ecuatoriana. El importe total de la actuación ha ascendido a 99.887,91 euros, habiéndose presupuestado un importe máximo de 100.000 euros.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN-DESA) centra su trabajo en apoyar la cooperación internacional con la finalidad de promover el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye el marco universal acordado por todos los Estados Miembros de la ONU para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger el planeta.

Los Estados miembros de Naciones Unidas han acordado celebrar la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en España, concretamente en Sevilla, entre los días 30 de junio y 3 de julio de 2025. El objetivo de esta Conferencia es el de lograr una movilización sin precedentes de recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, y de una transformación profunda de la arquitectura financiera internacional para hacerla más equitativa, accesible y centrada en las personas.

España, como país anfitrión comprometido con el éxito de la Conferencia, asume un liderazgo activo en la promoción de un proceso preparatorio ambicioso, inclusivo y centrado en resultados. Esta Conferencia es también una expresión del compromiso estratégico de España con los países en desarrollo, especialmente con los países menos adelantados, y con la necesidad de construir puentes entre distintos actores y visiones en torno al futuro de la financiación global.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REFORMA DE LA CARRERA JUDICIAL Y FISCAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que pasa ahora a tramitación parlamentaria.

El texto, que incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, se consolida como la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años.

Esta reforma representa, en primer lugar, un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades y a atraer talento con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad, según mandata la Constitución.

Para ello, la norma blinda las becas SERÉ, destinadas a aquellas personas que quieran opositar a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, estableciendo que deberán tener cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años.

Además, el proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función, como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que contribuirá a una mayor homogeneidad formativa.

Y en relación con las pruebas de acceso, introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza para asegurar la igualdad de oportunidades de los candidatos.

En el acceso por el llamado "cuarto turno" (es decir, para juristas de reconocida competencia con más de una década de ejercicio), se antepone el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio a la fase de valoración de méritos.

Y para la estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, regula un proceso extraordinario, cumpliendo así con los requerimientos de la Comisión Europea.

Mayor transparencia

En materia de desarrollo profesional, el proyecto de ley regula el ascenso automático por antigüedad a los cinco años, mejora los procesos de especialización en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina la incompatibilidad para los jueces sustitutos y magistrados suplentes mientras no estén en activo.

La reforma también introduce mejoras en materia de integridad y transparencia institucional. Entre otras cuestiones, el CGPJ deberá conceder la compatibilidad para que jueces y magistrados puedan preparar opositores y gestionará un registro público de estos preparadores.

Se prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales y se renueva la composición de la Comisión de Ética Judicial, con una representación más equilibrada entre el mundo judicial y académico.

Además, se moderniza el proceso de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales, facilitando el voto telemático y limitando el voto a una sola candidatura individual por elector.

Esta norma acerca el Poder Judicial a la ciudadanía y permite incorporar aún más talento, con perfiles diversos, a una Justicia que debe reflejar la pluralidad de la sociedad a la que sirve.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REFORMA DE LA FISCALÍA PARA ADAPTARLA A LA FUTURA LECRIM

El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que fortalece su autonomía y mejora su capacidad funcional. A la vez, adapta esta institución al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que convertirá al Ministerio Fiscal en el encargado de la instrucción de los procesos penales, como ocurre en el resto de países de la Unión Europea.

Se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace cerca de 45 años. Con ella, el Gobierno atiende, además, a las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.

Cambios en el mandato y cese del Fiscal General

Para garantizar su independencia, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora. Además, para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno, el FGE solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

El FGE tampoco podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.

Mayor autonomía y transparencia

La reforma, además, otorga mayor autonomía a esta institución. Así, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al FGE y no al Gobierno, como hasta ahora.

A la vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del FGE si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros.

La norma también refuerza la transparencia del Ministerio Fiscal y de las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros.

Asimismo, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo.

Adaptación a las nuevas funciones

La reforma aprobada por el Gobierno incluye también diversos cambios funcionales para facilitar que el Ministerio Fiscal se pueda ocupar de la instrucción de los procesos penales, tal y como prevé la futura LECrim.

Así, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito.

Además, el Fiscal Jefe será el responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso.

El anteproyecto también incluye un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, con el fin de visibilizar y poner de manifiesto las violaciones a los derechos de las personas LGTBI+ y de estimular su defensa a nivel global. La elección de esta fecha coincide con la decisión tomada en 1990 por la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad del listado de trastornos mentales.

El texto ha sido aprobado a propuesta de la ministra de Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el ministro de Interior y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el siguiente contenido:

"La aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto al desarrollo de políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoiris de información y atención integral en derechos LGTBI, han supuesto un importante avance hacia la igualdad, la justicia social y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+, consolidando el liderazgo de España en este ámbito. Según la edición de 2024 del Rainbow Map de ILGA-Europe, España ocupa la cuarta posición en el ranking de países con un entorno legal y político protector de los derechos LGTBI+.

Dicho liderazgo dio comienzo con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que está a punto de cumplir veinte años desde su aprobación. Esta ley, conocida como "ley de matrimonio igualitario", permitió a las personas del mismo sexo casarse en las mismas condiciones y con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

En 2005, España fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio plenamente igualitario entre personas del mismo sexo. Hoy, el matrimonio igualitario es legal en 39 países. Igualmente, en 2023 España se situó en la avanzadilla en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género, paso que ya habían dado en el resto de la Unión Europea: Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Malta, Portugal y Suiza, y a los que, después de España, se uniría Alemania.

España es un país referente en materia de derechos LGTBI+, y distintos estudios y encuestas nos señalan como uno de los países con mayor aceptación social de la diversidad sexual, de género y familiar. España goza, pues, de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia.

Una encuesta de IPSOS realizada en 2021 mostraba que España era el país con el porcentaje más alto de población (80%) que se mostraba de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos de adopción que las heterosexuales.

A pesar de ello, y aunque según los datos de 2024 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) más de la mitad de las personas LGTBI+ españolas considera efectiva la respuesta del gobierno para combatir la LGTBIfobia, dos de cada tres también consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años, y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia hacia su colectivo.

Efectivamente, asistimos a un incremento de narrativas y discursos contrarios a los derechos de las personas LGTBI+ que encuentran una fácil forma de difusión en internet y en redes sociales. Como alerta la organización ILGA Europe en su informe de 2024, el discurso de odio online anti-LGTBI creció en España un 130% entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia las personas trans. De acuerdo con la FRA, tres de cada cuatro personas LGTBI+ en España ha visto, sólo en el año previo, algún tipo de incitación a la violencia contra el colectivo en redes online, así como contenidos que caricaturizan a las personas LGTBI+.

De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, la LGTBIfobia continúa siendo el segundo motivo más frecuente de los casos de delitos de odio en 2023, registrándose un incremento del 13,73% en un año.

Estos datos no son sino la punta del iceberg de las violencias LGTBIfóbicas, ya que se refieren a casos que han sido efectivamente denunciados e investigados. La FRA señala que el 12% de personas LGTBI+ en España han sido agredidas física o sexualmente en los últimos 5 años, porcentaje que se ha incrementado considerablemente desde 2019. Además, dentro del colectivo hay quienes soportan mayor carga de agresiones físicas y sexuales, ya que para las mujeres trans ese 12% se eleva al 27%, al 21% para los hombres trans y para las personas no binarias, mientras que para las personas intersex se incrementa al 32%.

En el ámbito laboral, la FRA destaca que solo el 32% de las personas LGTBI+ muestran abiertamente su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, el 20% lo oculta por completo y el 48% lo muestra de forma selectiva, y una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que las personas LGTBI+ tienen un 7% menos de posibilidades de encontrar empleo, unos ingresos medios un 4% más bajos que el resto de la población y un 11% menos de probabilidades de ocupar puestos directivos.

El auge de los discursos y la violencia LGTBIfóbicas es una tendencia global que no afecta sólo a nuestro país y que amenaza con hacer retroceder los derechos conquistados. Recientemente, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del intento de recorte de los derechos de las personas LGTBI+. España también alza su voz y se involucra activamente en los procesos contra los retrocesos que se producen en la esfera internacional y también dentro de la Unión Europea.

Ante estos retrocesos, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, tanto dentro del Estado, como fuera de nuestras fronteras. Este compromiso se ha visto materializado con la elaboración y aprobación de normas que facilitan herramientas para su logro. Además de las dos leyes mencionadas, cabe destacar, por su particular relevancia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación; la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global; el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que incluye entre los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo a las personas LGTBI, en particular trans; y el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Estos avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación, teniendo en cuenta además la posible discriminación interseccional que pueden sufrir las personas LGTBI+. Muestra de ello son el funcionamiento ininterrumpido del Servicio 028 Arcoiris de información y atención integral en derechos LGTBI o el impulso a un pacto de estado frente a los discursos de odio contra los grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, cumpliendo el mandato recogido en los artículos 10 y 52 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, el Gobierno está ultimando la aprobación de una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans.

Por otra parte, la puesta en marcha de la Autoridad Administrativa Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y reforzará la asistencia y protección, entre otras, de las víctimas de LGTBIfobia. Este organismo, dotado de plena independencia y autonomía funcional, podrá realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación o ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato y la no discriminación.

El Gobierno de España parte del convencimiento de que es necesario sensibilizar a la ciudadanía, visibilizar, reconocer y apoyar institucionalmente la diversidad sexual, de género y familiar, como señala el artículo 5.2 de la Ley 4/2023: "los poderes públicos fomentaran el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI".

Este compromiso toma una especial relevancia en un año en que se celebran los 50 años del inicio de la Transición en España y los 40 años de la Firma del Acta de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas, en los que se ha conseguido una gran transformación económica, social, cultural y política a la que han contribuido tanto las organizaciones como innumerables activistas LGTBI+ que sufrieron represalias, violencia y torturas durante el franquismo por atreverse a ser quienes eran y a amar a quienes amaban.

Como lógica consecuencia de ello, las medidas adoptadas por el Gobierno de España están alineadas con las prioridades establecidas a nivel europeo y permiten avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025".

El Gobierno de España reafirma su fuerte compromiso con los derechos de las personas LGTBI+ y su descriminalización y contra la discriminación por orientación sexual, identidad sexual y características sexuales, sin olvidar la vulneración de derechos que tiene lugar en un gran número de países del mundo, con más de 60 países con legislaciones punitivas que implican, en algunas ocasiones, la pena de muerte. Por eso, entre las prioridades de nuestra acción exterior y cooperación internacional, se encuentra el apoyo a los derechos de las personas LGTBI+.

En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos (apoyo al mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad sexual); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBT Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONG y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGBTI+ en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta Alianza Internacional Público-Privada, formada por 45 Estados y Organizaciones de la Sociedad Civil, creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI+, y en 2025 y 2026 la copreside, junto a Colombia); el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad; o la Red Europea de Puntos Focales LGBTI en el marco del Consejo de Europa. España se ha incorporado al Fondo Mundial para la Igualdad, una asociación público-privada que apoya los programas de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todo el mundo. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI+ se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 establece como prioridad de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible el trabajo para erradicar las brechas a las que deben enfrentarse las personas LGTBI en el acceso a derechos y servicios, a la participación política y las oportunidades económicas, en condiciones de igualdad, incluyendo los derechos y la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI y la lucha contra la exclusión en el ámbito educativo, tanto en los países socios de la Cooperación Española como a nivel global.

El Gobierno de España muestra este año, una vez más, su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y se compromete a adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la discriminación y la violencia que, a día de hoy, siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de sus vidas".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONEXIÓN ENTRE EL CENTRO DE CUENCA Y LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a financiar, a través de Adif, la construcción de una nueva carretera de conexión entre la estación Cuenca Fernando Zóbel, que acoge servicios de alta velocidad ferroviaria, y el centro urbano de la capital conquense, valorado en 15,2 millones de euros.

Para ello, Adif y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribirán un convenio que regulará, por un lado, las aportaciones del administrador ferroviario que financiará íntegramente la actuación. Por su parte, el Gobierno autonómico ejecutará las obras, quedando integrado el nuevo vial una vez finalizado en su red de carreteras.

El desarrollo de esta actuación se enmarca en el protocolo firmado en 2022 por el Ministerio de Transportes, la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cuenca y Adif para impulsar un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca.

Características del nuevo vial de conexión

La nueva infraestructura, que tendrá una longitud aproximada de 3,5 km, partirá de la estación y, pasando por la actual glorieta de acceso a la terminal (conectada a su vez con la N-420), se prolongará a lo largo de 1,3 km hasta una nueva glorieta del ferrocarril, donde se ramificará en dos direcciones:

• Uno de los ramales, de 650 m, conectará con la N-320a (650 m).
• El otro, se extenderá 1 km hasta enlazar con la carretera Ronda (a la altura del actual paso superior sobre las vías del ferrocarril).

Hay que subrayar que el enlace entre la estación y la actual glorieta de acceso garantizará tanto el tránsito de vehículos como el peatonal en condiciones de seguridad.

Proyecto integral para impulsar y desarrollar la movilidad en Cuenca

El protocolo firmado por Transportes y las administraciones autonómica, provincial y local en 2022 establecía el marco general de actuación para responder adecuadamente a las necesidades de movilidad en la provincia de Cuenca, sobre todo en lo relativo a los núcleos poblacionales más reducidos; además de la puesta en marcha de iniciativas para dinamizar el desarrollo socioeconómico en el territorio.

Asimismo, contemplaba la ejecución de un nuevo vial que mejorase la conectividad entre la estación destinada al tráfico de alta velocidad y el núcleo urbano de la capital.

De este modo, el Ministerio de Transportes y Adif vienen trabajando con el resto de las administraciones en la suscripción de diversos convenios que permitan materializar los compromisos establecidos. En virtud del primero de esos convenios, firmado en 2022, actualmente avanzan las obras de urbanización y creación de zonas verdes en el entorno de la estación del ferrocarril convencional en Cuenca, ejecutadas por el Ayuntamiento en terrenos cedidos por Adif.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONVENIO ENTRE EL INAP, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA Y CATALUÑA PARA CONVOCAR LOS PROCESOS SELECTIVOS DE FUNCIONARIOS LOCALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y las comunidades autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña para el desarrollo territorializado de los procesos selectivos derivados de la oferta extraordinaria de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, prevista en el RDL 20/2022.

Esta oferta prevé una convocatoria pública de 1.000 plazas para la escala de habilitados de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros) cuyo reparto se hará de manera proporcional al número de vacantes de dicha escala en cada territorio autonómico. El reparto es de 584 plazas para interventores, 102 para secretarios y 314, para tesoreros.

Tal y como anunció el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública durante el mes de enero, las comunidades autónomas que así lo solicitaran podrían realizar en sus territorios, de acuerdo con el INAP, los procesos de selección, pruebas de acceso y el curso selectivo de los aspirantes a funcionarios de la administración local con habilitación nacional, a través de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña lo han solicitado.

Las partes firmantes de este convenio colaborarán y cooperarán para mejorar la territorialización de los procesos selectivos que deriven exclusivamente de la referida habilitación legal para la oferta extraordinaria a través de los siguientes objetivos específicos:

• La igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
• Un modelo de selección que garantice una mayor diversidad social y territorial en el acceso a la Función Pública.
• La atracción de talento público territorial para el funcionamiento eficaz de los servicios públicos, al facilitar al aspirante la realización de los procesos selectivos limitando al mínimo indispensable los desplazamientos para mejorar los índices de participación.

La convocatoria mantiene su carácter nacional al tiempo que profundiza en la colaboración entre las administraciones con el objetivo de conjugar el carácter estatal de esta escala de funcionarios con el carácter local de sus funciones y con el principio de territorialización en los procesos de selección que establece el RDL 6/2023.

Estos funcionarios de carrera de la administración local desempeñan un papel decisivo para el correcto funcionamiento de la Administración Local, siendo quienes realizan, en exclusiva, las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación en las entidades locales.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Sevilla, con un valor estimado de 32,3 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 130,802 km de carreteras del sector nº04 de la provincia de Sevilla, incluyendo 95,202 km de autovía. Las vías incluidas son las siguientes:

• AP-4, entre los municipios de Dos Hermanas (km 13), en Sevilla, y Puerto Real (km 105), en la provincia de Cádiz.
• N-4, entre las localidades de Los Palacios y Villafranca (km 579) y El Cuervo de Sevilla (km 615).

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la instalación de pasos de mediana móvil de apertura rápida entre los km 45,000 y 105,400 de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Politica Territorial y Memoria Democrática

TRASPASO A GALICIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de ordenación y gestión del litoral, tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias en su reunión del pasado 9 de abril.

Este traspaso supone un paso importante en la consolidación de un nuevo modelo de gestión del dominio público marítimo-terrestre, iniciado en los años 2006 y 2007 con las comunidades autónomas de Cataluña y de Andalucía respectivamente y consolidado, en 2022, con los traspasos a Canarias e Illes Balears, en 2024 al País Vasco y ahora a Galicia.

Funciones y servicios traspasados:

Se traspasan a la Comunidad Autónoma, en relación con la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre en el litoral de Galicia, respetando el régimen jurídico vigente, determinadas funciones y servicios:

• Autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos); autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad; y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.
• Autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.
• Concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de Costas, incluidas su gestión, registro, la emisión del informe previo a su rescate y la potestad sancionadora en lo que se refiere al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento.
• Obras y actuaciones en el litoral gallego que no sean de interés general.

Servicios que continuarán en la AGE:

• Fijación del importe de los cánones por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.
• Titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de Galicia para establecer otros cánones por explotación de actividad.
• Rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija.
• Potestad sancionadora derivada de la titularidad estatal del dominio público marítimo terrestre que no se refiera a las infracciones por incumplimiento de los títulos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Se establecen, asimismo, formas de cooperación para el ejercicio de funciones concurrentes, en lo relativo a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte, cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre, ejercicio de las potestades sancionadoras de las respectivas administraciones e inversiones en obras de interés general, a través de la creación de la Comisión de Seguimiento del traspaso, la celebración de convenios y el intercambio de datos.

Se traspasan como medios patrimoniales y personales afectos, once vehículos y treinta y seis puestos de trabajo ocupados y vacantes, diecisiete de personal funcionario y diecinueve de personal laboral.

Política Territorial y Memoria Democrática

CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA EN RELACIÓN CON LA ACOGIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN ARAGÓN

El Consejo de Ministros ha acordado la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto positivo de competencia en relación con la actuación ejecutada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, por la persona titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, por no atender a las exigencias del deber de colaboración derivadas de la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El recurso señala también el incumplimiento por parte del Gobierno aragonés de la remisión de datos sobre la situación de los recursos de su sistema de protección de menores migrantes no acompañados antes del 31 de marzo de 2023, como establece la disposición adicional undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), introducido por el apartado seis del artículo único del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.

Esa información es esencial para fijar la capacidad ordinaria de acogida que tiene cada territorio y, por tanto, para la aplicación subsiguiente del Real Decreto-ley 2/2025, ya que la efectividad de sus medidas -la reubicación de los menores en situación de contingencia migratoria extraordinaria - depende de que resulte posible la fijación de la capacidad ordinaria que se establezca por Real Decreto.

Se trata de una obligación legal sujeta a plazo, cuyo incumplimiento conlleva un menoscabo competencial, en la medida en que priva de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas previstas en el artículo 149.1.1ª y 2ª de la Constitución Española.

Al amparo del artículo 161.2 de la Constitución Española, el Acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros invoca la suspensión de la decisión del Gobierno de Aragón y solicita al Alto Tribunal que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte a la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Asimismo, se solicita se le inste a dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben.

Cultura

DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COLECCIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL DE CINE

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se concede la máxima protección patrimonial a la Colección de las prácticas del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) y de su sucesora, la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de bien mueble.

Con la declaración de Bien de Interés Cultural de este archivo se quiere enviar el mensaje de que el cine español es uno de los grandes patrimonios culturales de nuestro país, un patrimonio vivo que bebe de la memoria de la Escuela de Cine y de su definitiva influencia. Se pretende seguir protegiendo, difundiendo y promoviendo el valor de nuestro patrimonio cinematográfico y audiovisual y recuperando una memoria cultural que casi medio siglo de dictadura no consiguió borrar.

El archivo fílmico y documental de la Escuela de Cine es, junto al del No-Do, uno de los acervos de titularidad pública más completos que custodia Filmoteca Española. La institución inició su actividad en 1947 como Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. En 1962 pasó a llamarse Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), mudándose a la Dehesa de la Villa hasta su cierre, en 1976. Ofrecía formación en ocho especialidades: dirección, producción, decoración, interpretación, guion, cámaras, sonido y técnica de laboratorio. En sus clases se formaron cineastas como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Manuel Gutiérrez Aragón, Iván Zulueta, Víctor Erice o Basilio Martín Patino, entre muchos otros, y de la mano de Carlos Saura, Mario Camus, Francisco Regueiro o Joaquim Jordà surgieron movimientos como el 'Nuevo cine español' o la 'Escuela de Barcelona'. En la segunda etapa se titularon en dirección y realización de forma pionera autoras como Josefina Molina, Cecilia Bartolomé o, más tarde, Pilar Miró en guion.

Durante sus tres décadas y 28 cursos académicos de existencia, la Escuela de Cine fue un fuerte atractivo para las élites culturales del país. Escritores, artistas, periodistas, políticos y arquitectos ingresaron, o intentaron ingresar, en la institución. El artista César Manrique, el mago Juan Tamariz, el político Alfonso Guerra, las periodistas Rosa María Mateo y Paloma Chamorro o los escritores Rafael Sánchez Ferlosio, Adelaida García Morales, Fernando Sánchez Dragó y Clara Janés sintieron en algún momento la llamada de este centro formativo, clave en el entorno cultural de la segunda mitad del siglo XX.

Actrices durante la dictadura

El peso específico de las mujeres también fue capital en la escuela. Aunque cuantitativamente fueron pocas (de los 1.515 estudiantes que lograron ingresar, solo 180 fueron mujeres) y el machismo imperante les puso algunas trabas (en el primer curso de 1947 solo se les permitió matricularse en las especialidades de interpretación y decoración), lograron hacerse visibles y reivindicar su lugar en la sociedad a través de su participación en los proyectos de dos especialidades: interpretación y dirección. Esmeralda Adam, Concha Gómez Conde, María Elena Flores, Luisa Muñoz Schneider, Mercedes Juste, Julia Peña o Victoria Vera crearon, en algunos casos, personajes femeninos que poco o nada tenían que ver con el modelo de mujer que fomentaba el régimen dictatorial de Franco.

Colección de prácticas

Durante su paso por la Escuela Oficial de Cine, los alumnos realizaban ejercicios prácticos, un material que ahora conforma un rico patrimonio audiovisual producido por una excepcional generación de cineastas españoles. Entre las prácticas, la más conocida era la de 'Los 100 metros libres'. Se trataba de un ejercicio en el que contaban solo con cien metros de película, tres minutos de duración, con los que los alumnos se esforzaban al máximo por contar una historia en la que podían, al no estar pensada para la exhibición, sortear a la censura y disponer de un espacio de libertad, ajeno a la realidad social del momento.

Con estos materiales, en el marco de la celebración del Día del Cine Español el pasado 6 de octubre, Filmoteca Española organizó la exposición 'Los 100 metros libres: Vida y milagros de la Escuela de Cine (1947-1976)', que pudo visitarse en la sede de la calle Magdalena, en Madrid, hasta el mes pasado. La colección que ahora se protege está formada, entre otros materiales, por el contenido audiovisual de esas prácticas realizadas por cineastas como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Manuel Summers, Mario Camus, Francisco Regueiro, José Luis Borau, Víctor Erice, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, Pilar Miró, Iván Zulueta, Jaime Chávarri, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Olea o Fernando Colomo.

En total son unos 1.770 títulos en distintos formatos, desde 16mm en blanco y negro hasta 35mm con sonido y en color, que recogen la evolución de la tecnología durante estas décadas y que permiten entender los cambios en el cine español. Además, se completa con un rico archivo documental con proyectos de clases, guiones, fichas de alumnos, actas de claustros, exámenes, solicitudes de ingreso o fichas de exhibición, entre otros documentos.

Materiales disponibles en la plataforma digital PLATFO

Parte de los materiales de la Colección de la Escuela Oficial de Cine, que han sido declarados BIC hoy, se pueden consultar en la Plataforma Fílmica Oline Española, PLATFO, en acceso abierto y gratuito. PLATFO es la plataforma digital para el audiovisual español, impulsada por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), presentada el pasado mes de marzo en el Cine Doré.

Se trata de un proyecto que busca mejorar la visibilidad y accesibilidad del contenido audiovisual español, tanto para profesionales de la industria como para el público en general. Entre sus contenidos y herramientas, se incluyen módulos de exhibición de películas, pero también espacios para el desarrollo de proyectos, la visibilidad de nuevos talentos y el impulso de la distribución internacional.

La plataforma se encuentra en fase beta, e incluye actualmente un apartado histórico en el que ya están disponibles fondos de Filmoteca Española, incluyendo los ya citados archivos de la Escuela de Cine, así como otros fondos públicos como la Filmoteca de Catalunya, La Filmoteca Valenciana y el Archivo del Sonido y de la Imagen de Mallorca.