Comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Muy buenas tardes. Si os parece, comenzamos la rueda de prensa, y, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia hoy aquí, en esta rueda de prensa, que, además, sé que compartirán y comprenderán que mis primeras palabras sean de recuerdo a las 237 víctimas mortales que causó la DANA el pasado 29 de octubre del año pasado. Son 237 hombres y mujeres que perdieron la vida en la que es una de las mayores tragedias de la historia reciente de nuestro país. Y, evidentemente, desde este Gobierno somos absolutamente conscientes del dolor por la pérdida de todas estas vidas humanas, pero también de las consecuencias que este suceso dejó a día de hoy a miles de personas en muchas localidades.

Desde ese primer momento, el Gobierno de España ha estado al lado de los afectados por esta tragedia, y saben y conocen todos ustedes que, desde el primer momento, pusimos en marcha un plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana que, a día de hoy, ha permitido transferir ya 8000 millones de euros. Esto significa que de cada 100 euros que han recibido los hogares, las empresas, los ayuntamientos, las entidades valencianas, las afectados, en definitiva, 85 euros de esos 100 proceden del Gobierno de España.

Como les decía, desde el primer momento dijimos que íbamos a estar al lado de los valencianos y de las valencianas hasta que recuperaran la normalidad, y por eso, a día de hoy, seguimos desplegando medidas para hacerlo posible y, sobre todo, para asegurar el relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Por eso, con este mismo compromiso, hoy de nuevo aprobamos un nuevo real decreto ley de medidas urgentes de reactivación, de refuerzo y de prevención que permita avanzar hacia esa normalización a los municipios que se vieron afectados por la tragedia, a permitir también su reactivación económica y, por supuesto, también a trabajar en la prevención ante posibles emergencias climáticas futuras.

Entre las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, figura, por un lado, una nueva línea ICO con un importe de 750 millones de euros en financiación y con un componente de ayudas, en este caso, de 180 millones de euros. Se establecen también líneas de avales por cuenta del Estado por importe, en este caso, de 5000 millones de euros, en este momento, hasta el 31 de diciembre de 2040. Una medida que va a permitir ofrecer liquidez inmediata a hogares, a empresas y a autónomos.

Además, incluimos también medidas de ampliación de plazos de ejecución, tanto para la actividad industrial como, por supuesto, para la actividad turística, posibilitando, por ejemplo, la mejor ejecución, en un plazo más amplio, de las ayudas para un sector estratégico para la Comunidad Valenciana como es el sector de la automoción. Se modifica también el Mecanismo REINICIA+FEPYME "DAMA", DANA, perdón, canalizando, en este caso, 300 millones de euros para poder actuar con agilidad ante actuaciones de contingencia que afecten a las pequeñas y medianas empresas.

En el caso de los autónomos, se va a prorrogar hasta diciembre de este año la prestación por cese de actividad como consecuencia directa e inmediata de la DANA. También se contempla la modificación del Plan REINICIA AUTO+, dirigido a la recuperación del parque móvil, y va a permitir ampliar, en este caso, la ampliación..., perdón, la presentación de solicitudes y de ejecución hasta el 30 de junio del año que viene, del 2026.

Este Real Decreto recoge también otra serie de medidas relacionadas con el sector cultural para la celebración, en este caso, de actividades y puesta en marcha de proyectos, como es el Proyecto de Salvem les fotos para trabajar en la recuperación de más de medio millón de fotografías de familiares afectados por la DANA. Se han incluido también en la previsión de 60 millones de euros para desarrollar posteriormente actuaciones de mejora y prevención ante futuras catástrofes en los municipios afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, pero también en Letur, en Mira y en Alhaurín de la Torre.

Evidentemente, desde el Gobierno, somos plenamente conscientes que el impacto de una tragedia como la DANA es muy difícil de superar. En la memoria colectiva siempre va a permanecer el recuerdo de aquellos días, y especialmente el de las personas que perdieron la vida en este suceso, por eso nuestro compromiso se mantiene firme. Debemos seguir trabajando para aminorar el impacto, sobre todo para que los afectados puedan recuperar la normalidad. Es, además, en estas situaciones, cuando la política, la política útil, la buena política, cobra también todo el sentido y es ahí donde, lógicamente, van a encontrar siempre al Gobierno de España.

Este es, entenderán, el asunto de mayor importancia, por muchísimos motivos, que hemos aprobado en el Consejo de Ministros, pero hay otros temas que, desde luego, vamos a trasladarles a todos ustedes y, por eso, me acompañan hoy los dos ministros. Por un lado el ministro de Presidencia, Justicia, y Relación con las Cortes, el ministro Bolaños, que les explicará a todos ustedes el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, la primera ley procesal, penal, en la etapa democrática que moderniza el sistema penal y, desde luego, lo dota de mayores garantías y, por otro lado, y por eso está aquí también la ministra de Ciencia, que les va a explicar a todos ustedes una serie de convocatorias, seis, si no recuerdo mal, seis convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación que vuelve a poner de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con la ciencia pública porque estamos hablando de convocatorias que superan los 1.200 millones de euros para la investigación, para la ciencia pública en nuestro país.

Y antes de darle la palabra al ministro Bolaños, también trasladarles a ustedes que hoy en el Consejo de Ministros se han aprobado, después, en este caso, de haber rechazado el Gobierno de la Región de Murcia el procedimiento negociado, se ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional de la modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más significativas con las que se pretendía y se pretende eliminar, entre otros, la obligación de financiación a estas organizaciones.

Y también se ha aprobado un segundo requerimiento de incompetencia, en este caso a la Generalitat de Valencia, por haber admitido a trámite la declaración de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, en Alicante, como núcleo de especial valor etnológico. Esta declaración tiene, entre sus efectos, la paralización de la demolición de las viviendas, lo que choca con la aplicación de la Ley de Costas y, sobre todo, también con el cumplimiento de varias sentencias de la Audiencia Nacional y también del Tribunal Supremo. Bueno, pues estos son los temas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y para la explicación de la ley orgánica le doy la palabra al ministro Bolaños.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.- Muy bien, muchas gracias, ministra portavoz. Y comparezco ante todos ustedes en esta rueda de prensa para informarles de que 143 años después, el Gobierno de España aprueba una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que tiene que ser la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia para su tramitación y aprobación definitiva por las Cortes Generales. Han pasado unos cuantos años, desde 1982, que es cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, la que está todavía vigente en nuestro sistema jurídico. Han tenido que pasar doce papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, cuarenta y cuatro presidentes del Gobierno, y ciento seis ministros de justicia para que hoy Consejo de Ministros apruebe la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia que mejora, que agiliza, que moderniza y que europeíza a nuestro proceso penal. Por tanto, hoy estamos de enhorabuena en el ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también en el Gobierno de España.

Cuando en 1882 se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, en España reinaba Alfonso XII. Era presidente del Gobierno Sagasta y era ministro de Justicia, de Gracia y Justicia, Alonso Martínez. En las casas no había agua corriente ni había tampoco coches por las calles. De todos los medios de comunicación que hoy conocemos y hoy podemos leer, solo existían "El Faro de Vigo" y "El Norte de Castilla", y acababan de fundarse "La Vanguardia" y "La Voz de Galicia" y de esa España de hace casi siglo y medio, obviamente, existían otros conflictos, otros procedimientos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy, en el siglo XXI.

También hemos modificado, en este Gobierno y en esta legislatura, la planta judicial, los juzgados unipersonales se han convertido, se están convirtiendo en 2025, en los Tribunales de Instancia gracias a la ley de eficiencia del servicio público de la justicia que aprobó este Gobierno y que aprobó este Parlamento. Hemos conseguido cambiar la planta judicial, que era de 1834. Isabel II tenía cuatro años. Y hemos modificado esa planta judicial por los Tribunales de Instancia que se están implementando en este año 2025 a lo largo y ancho de nuestro territorio. Era imprescindible que lo que la exposición de motivos de la LECrim del año 1882, una ley decimonónica claramente, lo que la exposición de motivos decía que la instrucción de los jueces era algo temporal, transitorio, se convierta, por fin hoy, en una realidad que pase la investigación penal al Ministerio Fiscal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ha tenido más de ochenta reformas. ochenta parches, ochenta modificaciones que dicen que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 era una buena ley, pero que, obviamente, tenemos hoy que llevar a cabo la reforma a través de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para nuestro país. No hemos sido el primer gobierno que lo ha intentado, somos el primer Gobierno que lo ha conseguido y que va a llevar una nueva ley de Enjuiciamiento Judicial a las Cortes, pero ha habido proyectos, ha habido antecedentes a lo largo de nuestra historia reciente. Se aprobó en primera vuelta, nunca llegó Congreso de los Diputados, se aprobó en primera vuelta una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2011 siendo ministro de Justicia Fran Caamaño y siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Solo se aprobó en primera vuelta, en Consejo de Ministros, y no se pudo aprobar para su tramitación parlamentaria. Posteriormente, en 2013, siendo presidente Mariano Rajoy, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, también se puso en marcha lo que entonces se llamó un Código Procesal Penal que nunca llegó a ver la luz tampoco en primera vuelta en Consejo de Ministros.

Nosotros hemos bebido de esas dos reformas, de esos dos trabajos. Este es un trabajo que se ha llevado a cabo por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que no es solo un trabajo nuestro ni del equipo actual del Ministerio. Bebe de esas dos reformas, de 2011, de 2013, porque es una ley que, como pueden ustedes comprobar, es una ley compleja, es una ley amplia, una ley que mejora y que completa nuestro enjuiciamiento criminal. También hemos aprovechado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que así se denominará, para reformar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Forma parte de la nueva LECrim que hoy hemos aprobado en el Gobierno y la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que refuerza las garantías de autonomía e independencia del Ministerio Fiscal en su trabajo ahora liderando la investigación penal de los procesos.

La primera vuelta de esta Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que hoy aprobamos, se aprobó el 24 de noviembre de 2021 y hemos estado durante cuatro años pidiendo los informes preceptivos a todos los órganos competentes: el Consejo General del Poder Judicial, que tardó cuatro años en dictar su informe, Consejo de Estado, asociaciones judiciales, asociaciones fiscales, Ministerio Fiscal, Autoridad Española de Protección de datos, es decir, todos los organismos, todos los informes que hemos tenido en cuenta para hoy poder aprobar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal de la democracia. Es, sin duda, un paso adelante indiscutible en los paradigmas del proceso penal en nuestro país. La ley decimonónica de 1882 que nos proponemos sustituir es una ley donde, obviamente, en un periodo predemocrático, lo que se pretendía era reforzar el poder del Estado. Y hoy, con esta nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Judicial pretendemos garantizar conferir derechos a los ciudadanos, como forma parte de algo habitual en un Estado de derecho.

Paso a relatarles las principales novedades que tiene la ley, una ley que contiene 1.023 artículos y más de 500 folios de trabajo. La principal novedad es que se atribuye la investigación penal al Ministerio Fiscal en lugar de a los jueces de instrucción, como pasa en este momento. Homologamos, de esta manera, nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado. Es lógico que quien investigue sea al ministerio fiscal y, además, es coherente con lo que dice el artículo 124 de la Constitución que confiere al Ministerio Fiscal la acción pública, es decir, la acción y la promoción de la justicia. Y es lógico que los jueces, tal y como establece el artículo 117 de la Constitución, juzguen y ejecuten lo juzgado y, por tanto, creo que el paso que damos de conceder, de atribuir la instrucción penal a los fiscales es un paso que, claramente, nos europeíza y nos homologa con todos los países de nuestro entorno.

No es, en absoluto, una idea novedosa. El proyecto de ley del año 2011 del ministro Caamaño y del presidente Rodríguez Zapatero, también atribuía al ministerio Fiscal de investigación penal, el proyecto de ley del presidente Rajoy y del ministro Ruiz Gallardón también atribuía al fiscal la instrucción penal porque la instrucción penal deriva de un pacto de Estado en el año 2001 entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular donde ambas fuerzas políticas pactaron que la instrucción penal en España la debían llevar a cabo los fiscales, tal y como pasa en toda Europa, en todo el mundo occidental. También es la posición, lógicamente, de la Comisión Europea. En el último informe del Estado de derecho de la Comisión Europea, del pasado verano, la Comisión felicitó los avances que España estaba llevando a cabo en materia de dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal para que pudiera ejercer las funciones de instrucción y de investigación penal. Por tanto, esta novedad, que es quizá la fundamental de la ley, deriva de un gran pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular en 2001. Las leyes que han impulsado los diferentes gobiernos de distintos colores, todos han atribuido al Ministerio Fiscal la instrucción, porque es lo lógico y lo razonable.

Segunda novedad que contiene la ley, es que creamos un proceso más garantista que se extiende a todas las partes que intervienen en el proceso penal. La investigación penal, que no se denominará en la ley como instrucción, sino que se denominará investigación penal, recae en el Ministerio Fiscal siempre con la supervisión, con la tutela del juez de garantías, el juez de garantías que estará asignado para que pueda confirmar o revocar los decretos, las decisiones que adopte el fiscal en su investigación penal. Por tanto, tendremos dos profesionales del derecho sometidos al imperio de la ley, sometidos al principio de legalidad, el fiscal y el juez de garantías, que impulsarán la investigación penal.

¿Por qué será el proceso más ágil? Porque no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles, qué es lo que pasa ahora. Y nos lleva a que haya investigaciones penales, se está juzgando el caso Gürtel en este momento, durante investigaciones de casi 20 años para que, al final del proceso, 20 de los 25 acusados reconozcan que, efectivamente, cometieron los delitos de los que se les acusa y pretendan una conformidad con el Ministerio Fiscal y con el juez. Con este nuevo modelo todas las decisiones del fiscal no son recurribles, solo las que afectan a derechos fundamentales, a restricción...medidas cautelares, restricción de derechos, interceptación de correspondencia, de mensajes, llamadas telefónicas... Eso que afecta derechos fundamentales si será recurrible ante el juez de garantías. Una vez que termine la fase de investigación penal habrá un segundo juez que interviene, y esto también es una novedad importante de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que es el juez de la audiencia preliminar donde se decidirá si se archiva, si se sobresee la causa, si se lleva a juicio oral, se depurará la prueba, se considerará qué pruebas han de practicarse todavía o si ya están todas resueltas y, por tanto, habrá un segundo juez que decida sobre las decisiones tanto del fiscal como del juez de garantías y el tercer juez que será el juez de enjuiciamiento, que será el que, en la vista oral, conozca el proceso y lo juzgue con todos los medios de prueba que estén disponibles para las partes.

Por tanto, creemos que es un modelo que garantiza mejor el principio de independencia judicial, habida cuenta de que siempre está tutelando las decisiones y las actuaciones del Ministerio Fiscal y hay tres jueces diferentes en el proceso penal, el de garantías, el de la audiencia preliminar y el de enjuiciamiento. También es un modelo mucho más garantista para las víctimas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ponía más el foco en el delincuente, en perseguir y juzgar al delincuente. Nosotros, que no abandonamos, obviamente, esa finalidad de la ley, también pretendemos mejorar, proteger, acompañar más a las víctimas del delito, por eso establecemos que aunque no se encuentren personadas en el procedimiento, no sea la acusación particular, no la formulen en estos términos, tendrán el derecho a ser oídas antes de una sentencia de conformidad, entre la fiscalía, el acusado y el juez, y también podrán recurrir resoluciones en ejecución de sentencia, aun cuando no hayan participado en el proceso penal.

En segundo lugar, se adoptan medidas para evitar la revictimización de las personas víctimas de delitos, de tal manera que se evita la declaración reiterada en las diferentes fases de las víctimas. En ocasiones esa misma declaración de una víctima revictimiza y hace pasar de nuevo por el dolor de revivir el delito que han sufrido. Por tanto, ahora limitamos esas sucesivas declaraciones de la víctima. Y, en tercer lugar, y esto es una novedad pionera y también muy importante de la norma, es que existe la posibilidad de recurrir voluntariamente a mecanismos de justicia restaurativa que, si bien no ponen fin al proceso, ha de ser en un contexto de una conformidad penal, pero sí facilitan en ocasiones la reparación moral, la recuperación psicológica de la víctima. Insisto, serán mecanismos voluntarios para las víctimas.

Tercer bloque de medidas, también fundamental de la nueva LECrim. La regulación, la modulación de la acusación popular. Siguiendo el criterio, el padecer, la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional, modulamos la acusación popular respetando el artículo 125 de la Constitución que establece que en el proceso penal español existirá la acusación popular si bien en los términos que establezca la ley, en este caso, la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras muy bien financiadas para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas. Esta es la realidad que hoy existe en nuestro país. Organizaciones ultras bien financiadas, con buenos abogados, persiguiendo y querellándose contra personas honestas, progresistas y sus entornos. Esto es indiscutible que sucede y por eso modulamos la acusación popular y lo hacemos con tres limitaciones que hoy no existen en el modelo actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El primero es un límite subjetivo. Determinadas organizaciones no podrán ejercer la acusación popular. Las personas jurídico públicas, las instituciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos no podrán formular acusación popular en ninguna causa penal. En segundo lugar, límite objetivo. Hoy por hoy cualquier acusador popular puede querellarse por cualquier delito establecido en el Código Penal. Pues bien, en el artículo 103 de la nueva ley orgánica establecemos un catálogo de delitos por los cuales la acusación popular puede ser ejercida y son, básicamente, delitos que tienen que ver con intereses colectivos, es decir, que no afectan a intereses particulares de personas concretas. Por eso, en ese catálogo de delitos que podrán ejercerse a través de la acusación popular están todos los que tienen que ver con la corrupción política, todos los que tienen que ver con la comunidad internacional y también los delitos de violencia sobre la mujer. Tercera limitación que establecemos en la acusación popular, la necesidad de que haya una vinculación legítima entre la organización que ejerce la acusación popular y el objeto del procedimiento de tal manera que evitamos o tratamos de evitar, mejor dicho, la utilización absolutamente espuria que hacen las organizaciones ultraderechistas hoy de la acusación popular.

Cuarto bloque de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que tiene que ver con las medidas de investigación que se pondrán a disposición del Ministerio Fiscal y de las partes para investigar un proceso penal. Aquí, obviamente, damos un paso de gigante porque las medidas de investigación que se regulan en la nueva ley son acordes con el estado de la tecnología actual, es decir, establecemos una nueva regulación de la prueba de ADN conforme a las propuestas de la Comisión Nacional del uso forense del ADN. Llevamos a cabo investigaciones, facilitamos, proporcionamos, la posibilidad de que se lleven a cabo investigaciones con marcadores de ADN que revelen rasgos fenotípicos. Vamos también a facilitar la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público para localizar o identificar a personas sospechosas. Vamos a llevar a cabo toda una relación de nuevas medidas de investigación que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la robotización, con la automatización, de tal manera que se puedan estudiar, analizar, investigar datos existentes, incluso en fuentes abiertas, y se pueda hacer en un tiempo récord que hoy por hoy no es posible. Por supuesto todas estas nuevas maneras de investigar serán y estarán supeditadas a criterios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, tendrán que ser aprobadas, en todo caso, por el juez de garantías y, obviamente, solo para delitos graves y con requisitos tasados.

Quinto bloque de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, y es la nueva conformidad penal. apostamos mucho porque las partes, el ministerio fiscal y el juez puedan llegar a una conformidad penal que evite litigios. Si es posible, en fases tempranas del procedimiento para que no suceda lo que estamos viendo en el caso Gürtel donde los acusados reconocen los hechos y lo reconocen en las puertas del juicio oral. Vamos a intentar que durante la tramitación del proceso se eviten investigaciones que se prolongan innecesariamente y que la conformidad penal forme parte del proceso criminal en nuestro país. Encaja perfectamente con la política que estamos llevando a cabo en el ministerio. La ley de eficiencia del servicio público de la justicia, la ley orgánica 1/25 que ya está en vigor, que se está implementando. También apostó por los MASC, los Medios Alternativos de Solución de Controversias, y que agilizan los procedimientos y evitan pleitos que no tenemos por qué celebrar.

Último aspecto que quiero tratar de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la mayor autonomía del Ministerio Fiscal. Quizá recuerdan que en junio aprobamos la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar las garantías de independencia, de autonomía, de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Creo que ya hoy el Ministerio Fiscal tiene los suficientes resortes para que los fiscales actúen con absoluta independencia de criterio y profesionalidad y al amparo de la ley. Sin embargo, hemos acogido y hemos incluido en la nueva Ley Orgánica todas las recomendaciones que nos ha hecho el GRECO y la Comisión Europea para reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y eso ha supuesto cambios de un enorme calado, de una enorme envergadura. Por ejemplo, desvinculamos la duración del fiscal general del mandato del gobierno para que sean periodos sucesivos de cinco años de tal manera los cambios de gobierno no afectarán a la figura del fiscal general.

Se consolidan causas muy tasadas, muy específicas, para que el fiscal general pierda la confianza y, por tanto, sea cesado, y siempre con un informe del Consejo General del Poder Judicial. No podrá existir ninguna interferencia al poder ejecutivo en el Ministerio Fiscal dado que no puede haber instrucciones ni del gobierno central ni de los gobiernos autonómicos a las distintas fiscalías superiores autonómicas, pero es que todas las comunicaciones entre el Gobierno y la fiscalía, todas, serán por escrito del ministro de Justicia al fiscal general, del ministro de Presidencia, de Justicia y Relaciones con las Cortes al fiscal general, todas por escrito, serán públicas, y estarán registradas. Y, además, se refuerza enormemente el peso y la capacidad de la junta de fiscales de sala, de tal manera que, si esta junta discrepa del criterio del fiscal general, por una mayoría de 3/5, prima la decisión de la junta de fiscales de sala sobre la del propio fiscal general.

Por último, quiero dar dos informaciones que son absolutamente claves para entender este proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La primera, pretendemos, y así se establece en la disposición que lo regula en esta ley, pretendemos que esta nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal entre en vigor el 1 de enero de 2028, es decir, será aplicada por el fiscal general que decida el gobierno que salga de las urnas en 2027. Yo espero, desde luego, que sea un gobierno progresista, pero, en ningún caso, podrá ser fiscal general, en 2028, Álvaro García Ortiz porque está agotando su segundo mandato en este momento, de tal manera que no podrá ser nombrado por un gobierno progresista que salga de las urnas en 2027. Por tanto, entrada en vigor de esta LECrim el 1 de enero de 2028.

Segunda idea, también fundamental para entender el alcance de esta ley, esta nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal afectará a todas las causas que se incoen a partir del 1 de enero de 2028, es decir, no afecta en nada a ninguna de las causas que hoy están llevándose a cabo. Con estas dos ideas bien sencillas, bien objetivas, se desmontan gran cantidad de bulos que se están contando sobre esta nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Termino con una referencia más general. Quiero decirles que, con ocasiones, en demasiadas ocasiones, se utiliza el término histórico. Permítanme, en esta mesa, que después de 143 años utilicemos el término histórico de que este Gobierno haya aprobado una Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que vayamos a enviar para su tramitación y aprobación en las Cortes Generales. En 1882 comenzó la construcción de la Sagrada Familia, al igual que se aprobó también, en 1882, la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. Las grandes obras, tanto en arquitectura como en derecho, necesitan su tiempo, pero llegan. Y quiero terminar felicitando, agradeciendo, en la persona del secretario de Estado de Justicia, aquí presente, a todo el equipo de justicia que ha trabajado para hacer posible que hoy vea la luz este proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Han sido docenas de magistrados, de jueces, de fiscales, de profesores universitarios que han dejado tiempo, trabajo, esfuerzo, para que hoy hayamos dado un paso de gigante para mejorar, para ampliar, para hacer mejor nuestro proceso penal en España. Por tanto, les quiero felicitar a todos ellos, les quiero dar las gracias. Creo que hoy cumplimos una obligación tiene el poder Ejecutivo que es reformar y transformar la realidad, mejorarla, hacer de nuestro proceso penal un proceso más ágil, más garantista, más europeo. Lo hacemos después de 143 años y ahora el trabajo estará en las Cortes para que esta ley vea la luz y España sea un país mejor también en esta materia. Muchas gracias.

Portavoz. - Muchas gracias a ti, ministro. Ministra, por favor.

Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Buenos días. No puedo empezar tampoco, al igual que lo ha hecho la ministra Portavoz, sin acordarme de que mañana se cumplirá un año de la tragedia más grande vivida en España y muy concretamente en mi tierra, en la Comunidad Valenciana. Una tragedia que se ha llevado muchas vidas por delante. Decía la ministra portavoz, mujeres y hombres, niños y niñas, familias donde madre e hija han perdido la vida, padre e hija, padre y dos hijos... Ha sido una tragedia de unas dimensiones brutales y mi primer mensaje sería, desde luego, de acompañamiento a los familiares de todas estas personas fallecidas. Siempre nos vamos a acordar de ellas y de ellos, siempre vamos a estar trabajando por su recuerdo y también para las decenas y miles de personas que también son víctimas de esta DANA porque se han visto impactadas en su puesto de trabajo, en su casa, el colegio de sus hijos, los niños en su propio colegio... de manera que esto no se va a curar en un año. Nos quedan muchos años para curarnos.

Pero, desde luego, tiene que ser la acción de un Gobierno, la acción del Estado, la acción de la Administración pública, la acción de la sociedad organizada la que nos devolverá la esperanza. Por tanto, creo que es una buena manera en el Consejo de Ministros de hoy aprobar ese real decreto para que la gente tenga la certeza de que el Gobierno de España sigue trabajando a día de hoy por el futuro de todos esos vecinos y también que este gobierno sigue trabajando en la ciencia porque la ciencia también va a ser la esperanza. Lo es para la cura de las enfermedades, pero también lo va a ser para luchar contra otras amenazas que vivimos, por ejemplo, el cambio climático y el impacto que tiene sobre las sociedades. Así que hoy, de nuevo, quiero destacar que volvemos a invertir en ciencia como nunca.

Esta mañana en el Consejo de Ministros hemos aprobado una inversión de más de 1220 millones de euros para financiar las seis principales convocatorias anuales que saca la Agencia Estatal de Investigación que va destinada a los grupos de investigación, tanto dentro de las universidades como los organismos públicos de investigación de nuestro país. Estas convocatorias son, en definitiva, la mejor herramienta con la que fortalecemos un modelo de país basado en el conocimiento. Para tener más ciencia tenemos que invertir más y, desde luego, tenemos que tener a científicos y científicas que puedan hacer esa ciencia. Por eso para nosotros es importante tanto las líneas de financiación de la ciencia como las líneas que tienen que ver con los recursos humanos, con los científicos y las científicas, porque la ciencia, al final, la hacen las personas, que son quienes investigan, son quienes innovan, son quienes transforman este país a través de su talento y, por tanto, invertir en ciencia es invertir también en aquellas personas que la hacen posible.

Así que voy a hacer unas primeras notas de contexto. Quiero darles algunos datos del crecimiento de nuestra inversión en ciencia y de su relación con el cambio del modelo productivo que ha sufrido nuestro país en los últimos años que está siguiendo o transformando esta España en una España más innovadora, más cualificada, más resiliente, más productiva, que está logrando que en España hayamos pasado de destruir talento a traerlo y a consolidarlo. Quiero recordar que entre el año 2012 y el año 2015, la primera legislatura del presidente Rajoy, con su receta que aplicó de austeridad y de recortes, seguramente recortes que todos asociamos al sistema público de sanidad o al sistema educativo, también lo sufrió el sistema público de ciencia. Se destruyeron 10.000 plazas públicas de investigador en nuestro país. En estos siete años con el presidente Pedro Sánchez se han incorporado 18.000 investigadores a nuestro sistema público de ciencia e innovación, a nuestras universidades y a nuestros centros de investigación. No solo hemos reconstruir lo destruido, sino que hemos ido más allá.

El ministerio ha contribuido también a estas cifras récord de empleabilidad con las distintas ofertas de empleo público que ha ido aprobando el Gobierno de España en los últimos años y con las distintas convocatorias de recursos humanos como las que hoy también les voy a presentar. El crecimiento sin precedentes de la inversión pública en I+D no solo ha permitido el aumento del empleo en el sector público, sino también ha traccionado un aumento de empleo de I+D también en el sector privado. En total el personal empleado en I+D tanto en el sector público como en el privado, ha superado ya las 282.000 personas trabajando en ciencia en nuestro país. Es el récord histórico y supone un 25 % más que en el año 2018.

Les voy a mostrar algunas transparencias. La primera es esta. Habla sobre los últimos datos que tenemos disponibles del INE. La última encuesta del INE es del año 2023. Ahora, a finales de noviembre del año 2025, se publicará la del año 2024 y quiero hacer un poco de pedagogía sobre lo que significa el INE y qué fotografía nos está sacando. Por ejemplo, hoy estamos aprobando, en octubre del año 2025, una serie de convocatorias que se resolverán a finales del año 2026, por tanto, ese gasto se notará en el año 2027 y será en el INE de 2027, que se elaborará en el primer trimestre del 28, cuando esos datos se reflejarán. Lo que quiero decir es que las encuestas del INE siempre nos muestran una foto tres años por detrás. Hoy estamos hablando de los resultados del primer presupuesto del presidente Pedro Sánchez de I+D que fue el presupuesto del año 2021.

Pues en ese INE que tenemos del año 2023 ya vemos cómo hay un cambio absoluto de tendencia desde que el presidente del Gobierno entró a gobernar hasta ese análisis del año 2023, donde la inversión pública y privada de nuestro país ha sido la más alta de toda la historia. Con 22 400 millones de euros. Eso significó un crecimiento, solo en un año, anual, de casi el 16 % con respecto al año anterior. El mayor crecimiento en un año, también, de la historia de nuestro país. Y desde el año 2018, que entró el presidente Sánchez a gobernar, hasta ahora, ha significado un aumento del 50 %. Vuelvo a repetir, con la fotografía del año 2023. No estamos hablando del día de hoy, sino de la fotografía que conocemos del año 2023. En un mes, como les digo, saldrán los datos del INE para el año 2024 y ahí podremos ver una nueva fotografía, que ya les adelanto que estamos en el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido con la ley de la ciencia de cumplir con ese 2 % de investigación en nuestro país, pública y privada, del PIB, y que llegaremos al año 2030 también superando esa expectativa del 3 % de inversión pública y privada.

Estos datos, en esta gráfica también pueden ver cómo contrastan estos años con el gobierno anterior, ¿no? Donde la caída fue del 1 % durante el gobierno de Mariano Rajoy. Fíjense también en la caída del 12 % que tuvo lugar entre el año 2019 y el año 2014 como consecuencia, como les decía, de las políticas de austeridad y de recortes durante la crisis financiera que, como digo, afectaron a la inversión en I+D pero también afectaron al personal que hace ciencia con esos recortes. Esta segunda diapositiva también es muy interesante para conocer, en definitiva, qué papel jugamos cada una de las administraciones, la pública, pero también la privada, en lo que tiene que ver en la inversión con I+D.

En la primera columna se refiere a los datos de la Unión Europea y, como ven, en España el porcentaje de gasto público, del total de gasto en I+D que se hace en nuestro país, está por encima de la media europea y el porcentaje de gasto privado que hacen las empresas en I+D en nuestro país está por debajo de la Unión Europea. De hecho, el porcentaje de la inversión total que hace la iniciativa privada en nuestro país está diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

Con esto lo que quiero señalar es que, efectivamente, tenemos que continuar por la senda de aumentar la inversión pública, como estamos haciendo, pero también sobre todo ayudar a la empresa privada a que aumente también su impacto en inversión en I+D en nuestro país. De ahí, por supuesto, los PERTES, las misiones y las distintas convocatorias con las que ayudamos y traccionamos también a la iniciativa privada. Pero desde luego, si hay margen de mejora en nuestro país, lo hay en el sector público, pero lo hay, sobre todo, en el sector privado para aumentar, precisamente, esas cuotas de I+D, de inversión en I+D de nuestro país, tal y como dicen expertos en informes como el informe Draghi o el informe Letta que tiene que ser la iniciativa privada la que haga la mayor parte de la inversión de los países en I+D.

Y en esta tercera diapositiva quiero hablarles de la inversión estatal. La inversión pública. La inversión que ha hecho la administración General del Estado en I+D+i que está recogida en los presupuestos generales del Estado. Es una política transversal, no es solo el Ministerio de Ciencia, son todos los ministerios que hacen ciencia, digitalización, innovación, en definitiva, I+D+i, y que se han multiplicado por 4,15 hasta alcanzar la cifra de 13.600 millones de euros desde que el presidente Sánchez entró a gobernar.

Quiero darles otro dato. Como saben, España es hoy el segundo país de Europa que más fondos de recuperación ha destinado, precisamente a la I+D+i. El 40 % de los fondos europeos se han dedicado al conocimiento, la investigación, la digitalización y a las distintas transformaciones verdes y digitales que hemos emprendido en nuestro país. Estos fondos se podían haber destinado a cualquier otra cosa, es decir, tanto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como receta absolutamente distinta a la de los recortes y la austeridad aplicada por el Gobierno de España es una decisión política, pero también que de ese plan de recuperación se destinará tanto dinero a I+D+i también es una decisión política y, desde luego, una visión de país para cambiar nuestro modelo productivo hacia una economía del conocimiento y del talento. Esto ha dado más oportunidades para nuestros jóvenes investigadores e investigadoras, ha dado más empleos de calidad en términos generales, empresas más competitivas, medicamentos y tecnología, resultados que hacen de nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos gente más protegida frente a las adversidades como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Así que el cambio de modelo productivo ya es una realidad.

Y ya voy a la transparencia que tiene que ver con las convocatorias que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hablamos de seis convocatorias que hemos llevado hoy a aprobación. Esas seis convocatorias, de media, desde que entramos a gobernar en el año 2018, ha aumentado su presupuesto en más de un 40 %. Un 40,6 %. Digo de media porque, si ustedes pueden ver, algunas de ellas han superado con creces esta cuantía.

Son las convocatorias gestionadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solo a través de la Agencia Estatal de Investigación, en otras ocasiones traigo otras convocatorias, del CDTI o del Instituto de Salud Carlos III. Esta es solo de la Agencia Estatal de Investigación, quiero destacar que son recursos estables, sostenidos por el presupuesto del Estado. Esto también es muy importante. Ha habido siempre una pregunta que sobrevolaba en el mundo de la ciencia. ¿Qué iba a pasar cuando terminará la inversión de los fondos Next Generation? Estos presupuestos, estas convocatorias, se sostienen con presupuesto nacional. Por cierto, el presupuesto del Ministerio de Ciencia, aunque haya sido con presupuesto prorrogado, ha aumentado entre un 15 y un 20 % cada uno de los años en cumplimiento con el compromiso que tenemos en la ley de la ciencia.

Por ir una por una en cada una de las convocatorias, también destacar, no sé si lo recuerdan, cuando el presidente del Gobierno volvió a ser reelegido en noviembre del año 2023, al primer Consejo de Ministros llevamos un paquete de 1.000 millones de euros de ciencia, es decir, nos hemos adelantado más de un mes, una cosa que también nos pedía la comunidad científica, que tuviéramos un calendario más estable y, por supuesto, que los científicos y las científicas no tuvieran que estar trabajando en el periodo de Navidad precisamente para concurrir a estas convocatorias, por tanto, esto también es una mejora que presentamos este año.

Entre ellos está la convocatoria del proyecto de Generación de conocimiento, lo que antes se llamaba Plan Nacional. Este año alcanza 700 millones de euros, es un aumento de 25 millones de euros más que en el año anterior, aumenta la capacidad de nuestra ciencia, es la convocatoria, la gran convocatoria que va destinada a todos los grupos de investigación. Alcanzamos 3.000 grupos de investigación, en las universidades, en el CSIC, con cada una de estas convocatorias. Lo que quiero decir es que, cuando los grupos de investigación tienen esta financiación, están cuatro años con estos proyectos, es decir, el año que viene serán otros grupos, por tanto, si contamos los cuatro años que duran, el impacto de estos proyectos de Generación de conocimiento es de esos 3.000 grupos multiplicados por cuatro. 12.000 grupos de investigación en nuestro país tienen financiación para hacer ciencia. Financia proyectos de investigación en todas las áreas de conocimiento, desde las energías renovables, la inteligencia artificial, la economía, las políticas públicas.

Por otra parte, la segunda convocatoria es la de colaboración público-privada, muy importante para lo que decíamos anteriormente, para que la academia y la empresa trabajen cada vez más unidos, también para que la empresa haga más inversión en I+D. Piensen, por ejemplo, en que un hospital colabore con una "startup" para detectar arritmias mediante un reloj inteligente o que en una pyme se desarrollen baterías más duraderas junto con un centro tecnológico. Esta es la ciencia que al final sí que llega con soluciones innovadoras al día a día de la ciudadanía, la que supera la academia, la que llega a las empresas y, por tanto, acaba en un producto de mercado. En el ámbito del talento investigador, hemos aprobado cuatro convocatorias clave con una inversión conjunta de 220 millones, que suponen el doble que en el año 2018. Están incluidas dos convocatorias para la contratación de doctores, personas que ya están doctoradas, Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, y otras dos para fomentar que las empresas contraten también investigadores, de nuevo para focalizar en las empresas ese incremento necesario de I+D que tiene que haber.

Quiero destacar especialmente el programa Ramón y Cajal. Para nuestro país, este programa es el equivalente a las RYC o a las Marie Curie de la Comisión Europea. Este año se celebra el 25 aniversario del Programa Ramón y Cajal. Está dotado con 132 millones de euros, más del doble que en el año 2018. Esto significa que, si en el año 2018 sacábamos 200 contratos, ahora estamos llegando a casi 500, hablamos de que lo hemos multiplicado por 2.5, hablamos de que también sus salarios han crecido un 22 % y hablamos de un programa muy competitivo que ofrece contratos de cinco años y que, además, luego las entidades que han contratado a estos científicos tienen que estabilizarlos y, por tanto, aumentan también esas plazas de investigador en nuestros centros públicos de investigación. Se ha consolidado como la principal vía también de atracción y de retención de talento. El 30 % de estos contratos Ramón y Cajal los reciben beneficiarios que son investigadores que vienen directamente del extranjero atraídos por esta convocatoria. Con la convocatoria que hoy anunciamos, el Gobierno de España habrá invertido un total de 1.878 millones de euros a lo largo de esos 25 años de historia, 8.000 investigadores, en realidad 8.247, y tengo que decir que, en 25 años, el 30 % de estos investigadores se han contratado solamente en las últimas cinco convocatorias, para que veáis el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España en los últimos años.

Así que, en definitiva, el paquete total de estas convocatorias que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros es de 1.222 millones de euros, un aumento de media superior al 40 %, recordar, con fondos propios, que, además, con esos presupuestos prorrogados, hemos ido aumentando año a año y, por tanto, la certeza de que seguimos apostando por mejorar la vida de las personas a través de la ciencia. ¿Para qué? Pues para que, ante una pandemia, tengamos vacunas, para que, cuando se alza el precio de la energía, tengamos energías más limpias a través de las energías renovables, también más baratas, para que, cuando un joven o una joven se pregunte si va a tener oportunidades en el mundo de la ciencia en nuestro país, la respuesta sea que sí o, como, por ejemplo, para que la investigación se convierta en la esperanza de cura de las grandes enfermedades de nuestro país, por ejemplo la del cáncer o, por ejemplo, la del cáncer de mama porque tener mejores capacidades preventivas, mejores diagnósticos y mejores tratamientos es un trabajo de la ciencia, pero luego la ciencia tiene que ser aplicada, aplicada en el Sistema Nacional de Salud, aplicada por los distintos gobiernos.

Por eso, desde el nombre de la ciencia, exigimos a las entidades y a las administraciones que apliquen la ciencia y que la hagan llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas, por ejemplo, en este caso, en forma de un diagnóstico precoz para salvarles la vida. O, por ejemplo, también con sistemas científicos de observación de la Tierra, con los que podemos prever y trabajar mejor en esas zonas donde hay biomasa, donde hay biocombustible que puede arder en los momentos de incendio, una ciencia que nos ayuda en las predicciones, una ciencia que nos ayuda en las prevenciones, pero que, de nuevo, se tiene que tener en cuenta, se tiene que trasladar en decisiones políticas por las instituciones competentes y en toma de decisiones. Ayer, por ejemplo, estuve en la AEMET, en la delegación valenciana de la AEMET, un organismo público que hace ciencia, que hace previsiones meteorológicas, que hace vigilancia meteorológica, para emitir avisos, para emitir informes, pero la AEMET no toma decisiones, son otros los que toman decisiones en base a los avisos que hace la ciencia y en base a la ciencia.

Desoír la ciencia, desatenderla, no hacerle caso, no aplicarla, tiene consecuencias y lo hemos visto a lo largo de todo el territorio y en diferentes circunstancias. Desde luego, el Gobierno de España vamos a seguir escuchando la ciencia, aplicando la ciencia, también en la toma de decisiones públicas y, sobre todo, como una política estratégica de país. Siempre se puede hacer más y mejor, pero estamos haciendo más y mejor ciencia que nunca en la historia de nuestro país y lo hacemos con esa visión de que luego se aplique, que no se niegue y que, por tanto, a través de la ciencia se pueda proteger vidas en vez de hacernos ciudadanos más vulnerables.

Portavoz. - Muchísimas gracias, ministra, ministro. Por favor, empezamos ahora con la ronda de preguntas.

Lucía Fernández (Antena 3 Noticias). - Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, le quería preguntar al ministro Bolaños sobre la Ley de enjuiciamiento criminal. Algunas asociaciones judiciales están criticando que se está politizando la justicia, por ejemplo, que las instrucciones pasen a manos del fiscal que no garantiza la independencia. Quería saber qué responde usted.

Y, en segundo lugar, sobre la decisión que tomó ayer Junts, lo primero quería saber si estos días han hablado con ellos, si les han dicho hasta dónde llega esa ruptura y si ven alguna opción de reconducir la situación y, con lo que sabemos ahora, con esa ruptura, se constataría que no tienen el apoyo de la mayoría del Congreso para sacar adelante reformas como la que han aprobado hoy, tampoco los Presupuestos. Con este escenario, les quería preguntar si siguen pensando que no está justificado someterse a una cuestión de confianza, como han mantenido hasta ahora, o si esto es algo que se plantean ahora y también si ven sostenible la legislatura con este panorama, si no pueden sacar adelante iniciativas. Gracias.

Portavoz. - Hasta donde quiera, ministro.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, pues un placer siempre. Respecto a las primeras preguntas que hacía, quiero aclarar que las asociaciones judiciales, como las asociaciones fiscales, han sido oídas en el proceso de elaboración de esta ley, han tenido la oportunidad de personarse, de alegar, de hacer todas las consideraciones, las enmiendas, las observaciones que quisieran y creo que el hecho de que la instrucción pase al ministerio fiscal es algo que lo que hace es modernizar y europeizar nuestro proceso penal. Obviamente, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Bélgica, en Países Bajos, está garantizada la independencia y la imparcialidad de la Fiscalía cuando lleva a cabo las investigaciones penales, como va a pasar en España. Poner en cuestión la profesionalidad y la imparcialidad y la profesionalidad del ministerio fiscal pues a mí me duele, pero, sobre todo, dolerá más a los fiscales cuando escuchan este tipo de críticas. Yo creo que el Pacto de Estado de 2001 del Partido Socialista con el Partido Popular, ambas fuerzas políticas, las que gobiernan en nuestro país, se ponen de acuerdo para que se modernice, se europeíce el proceso penal en nuestro país y que la nueva Ley de enjuiciamiento criminal lo que haga es trasladar la instrucción y la investigación penal a la Fiscalía. Creo que va a ser bueno para el servicio público de la justicia y, por tanto, creo que, más allá de otro tipo de opiniones que tengan que ver con alguna consideración más corporativa, yo creo que el servicio público de la justicia, el interés general, nos recomiendan que nuestra Ley de enjuiciamiento criminal confiera la investigación penal a la Fiscalía y sean los jueces, a través de jueces de garantías, jueces de audiencia preliminar o jueces de enjuiciamiento los que juzguen y ejecuten lo juzgado.

Y, respecto a la segunda de las cuestiones que me plantea, pues simplemente le digo que este Congreso de los Diputados nació complejo y nació fraccionado y, seguramente, todos los que estemos en esta sala, todos los que nos escuchen, hubieran preferido una composición diferente del Congreso del que hoy existe, pero lo cierto es que es lo que votaron los españoles y las españolas y, por tanto, ese Congreso responde a la pluralidad de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018: trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos con fuerzas parlamentarias para conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. Es lo que hemos hecho desde 2018, creo que con una hoja de servicios más que positiva para nuestro país: el refuerzo del Estado del bienestar, el crecimiento económico récord, la primera economía del mundo, con mejor desempeño. Quiero repetir esto, la mejor economía del mundo, con mejor desempeño, también tiene que ver con las leyes que hemos llevado a cabo desde el Gobierno, desde el año 2018, desde que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. Por tanto, a partir de ahora: diálogo, trabajo, negociación, esfuerzo para sacar adelante una agenda legislativa que es positiva para la mayoría social de nuestro país, eso hemos hecho desde el 18 y eso vamos a seguir haciendo en lo sucesivo.

Portavoz. - Pues creo que el ministro ha dado respuesta a las dos, tres preguntas que trasladabas, Lucía. Por esa pluralidad parlamentaria llevamos conviviendo en esta legislatura, también en la pasada legislatura y, desde luego, la herramienta y el mecanismo con la que hemos trabajado desde el primer momento ha sido a través del diálogo, a través del consenso y bajo ese mismo mecanismo vamos a seguir operando lo que queda de legislatura. La mano tendida de este Gobierno siempre ha estado ahí, una mano tendida que ha permitido aprobar importantes leyes y, desde luego, es en esa misma dirección, como muy bien explicaba el ministro Bolaños, vamos a seguir hasta lo que queda de legislatura, hasta el año 2027.

Y, como me imagino que varios de sus compañeros quizá quieran preguntar también sobre los Presupuestos, que me indicabas, Lucía, han escuchado al presidente del Gobierno, a la ministra y a mí misma responderles cuando nos han preguntado sobre los Presupuestos en la misma línea. Desde luego, vamos a trabajar sin descanso para presentarlos. Y también les digo: vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante, pero creo que también es importante recordar, lo decía también muy bien el ministro, que estos presupuestos, que ahora mismo están prorrogados, son unos presupuestos de este Gobierno, del gobierno progresista y son unos buenos presupuestos. Tal es así que han permitido que hoy España sea la locomotora económica de la Unión Europea. Unos presupuestos que, por darles algunos ejemplos, que seguro que ustedes tienen muy recientes, Han permitido y permiten aprobar políticas tan necesarias como 7.000 millones de euros para un plan estatal de vivienda o aprobar políticas tan importantes como 2.500 millones de euros para las becas de los jóvenes estudiantes en nuestro país o para incrementar un 61 % la subida del salario mínimo interprofesional o para aprobar un plan destinado a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de más 16.000 millones de euros. Dicho esto, creo que es importante, como le digo, recordar lo que nos ha permitido estos presupuestos y, no obstante, vamos seguir, lógicamente, trabajando para aprobarlos y para poderlos sacar adelante.

Fernando Garea (El Español). - Sí, buenos días. Yo quería insistir en dos cuestiones. Una al ministro en su doble condición de responsable de Justicia y de Relaciones con las Cortes. Insistir también, primero, si no cree que hay una nueva etapa en ese parlamento complejo en cuanto a la posibilidad de diálogo puesto que Junts ha dicho que no va a negociar las iniciativas con el Gobierno. En el caso concreto de la que usted ha presentado y la de carrera judicial y fiscal que tiene en el Congreso, si ustedes van a llamar a la puerta de Junts para negociar también esta norma haciendo como si nada y omitiendo esa negativa de Junts. Y luego hay dos exigencias concretas expresó ayer Carles Puigdemont que tiene que ver con sus competencias, que son su proposición de ley de multirreincidencia y la de okupación. Quería saber si ustedes estarían dispuestos a apoyar esas dos iniciativas o si las rechazan.

Y, luego, un detalle de su proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y preguntarle si no cree que es una contradicción, o si lo puede explicar, el que consideren que se debe impedir a los partidos políticos que ejerzan de acusación popular y, mientras, el Partido Socialista esté personado en multitud de procedimientos penales como acusación popular.

Y a la ministra portavoz, le quería pedir una aclaración porque no entiendo bien esto de los presupuestos, esto de sudar la camiseta y tal porque ¿a qué están esperando para presentarlos?, puesto que es un acto que solo depende del Gobierno, incluido el paso inicial, el de la senda de déficit. Además, puesto que Junts ha dicho que no lo va a pactar, es solo llevarlo al parlamento. ¿A qué estamos esperando? Y si podemos saber algún plazo concreto, antes de que acabe el año, posterior, etc. Muchas gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, gracias por su pregunta. Respecto a la nueva ley de enjuiciamiento criminal que hoy hemos aprobado. Miren, claro que vamos a trabajar para conseguir mayorías. Y vamos a llamar a todas las puertas para conseguir esa mayoría. Esta ley de enjuiciamiento criminal es la ley de enjuiciamiento criminal de la democracia. Esto es una ley de país, que debe regular el proceso penal en nuestro país el próximo siglo. Teniendo en cuenta la duración que ha tenido la vigente, 143 años, a nadie puede sorprender que esta ley, que hoy sale del Consejo de Ministros, acabe siendo una ley que regule el proceso penal durante más de un siglo. Es decir, estamos llevando a cabo un paso fundamental para mejorar nuestro proceso penal y para homogeneizarlo a Europa. Y, de hecho, como ya he repetido en alguna ocasión en esta misma rueda de prensa, esto deriva de un pacto de Estado en el año 2001 entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, vamos a llamar a todas las puertas para conseguir la mayoría y también vamos a llamar a la puerta del principal partido de la oposición, que pactó en 2001, que la instrucción debía llevarse a cabo por los fiscales y que los jueces debían juzgar y ejecutar y ser jueces de garantía. Además de que sea un pacto de Estado de 2001, todos los proyectos de enjuiciamiento criminal, que ninguno ha llegado a este momento, en el cual el Consejo de Ministros aprueba para enviarlo a Cortes, todos los proyectos de todos los gobiernos de distintos colores, conservadores y progresistas, todos conferían la investigación penal y la instrucción a la Fiscalía. Todos. Y, por eso, la Comisión Europea, en su estado... en su informe del Estado de derecho del pasado verano, felicita a España en todos los avances que van en esa línea. Por tanto, que esta norma mejora el proceso penal, lo agiliza, lo homogeneíza con Europa, nos hace una norma más garantista. Es evidente. Y claro que vamos a hablar con todas las fuerzas políticas del Congreso para conseguir una mayoría para sacar adelante la ley de enjuiciamiento criminal de la democracia, que es una ley de país que podría estar en vigor, ¿por qué no?, más de un siglo.

Me habla usted de distintas cuestiones que ayer se plantearon que tiene que ver con ponencias sobre multirreincidencia y okupación. Miren, sobre multirreincidencia, el pasado mes de diciembre llegamos a un acuerdo el Gobierno de España, el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo distintas medidas en materia de multirreincidencia. Hemos creado nuevos juzgados de lo penal, juzgados rápidos. Hemos mejorado la coordinación entre las policías locales, la Guardia Urbana de Barcelona, el Ministerio, los propios jueces y fiscales que están en aquella ciudad y que son competentes para luchar contra la multirreincidencia. No solo Barcelona se ha incorporado a las medidas contra la multirreincidencia que hemos aprobado, sino también otras ciudades del entorno metropolitano de Barcelona y otras ciudades de fuera de Cataluña porque son buenas medidas que ya tenemos resultados positivos para las medidas. ¿Se puede trabajar? Claro que podemos volver a trabajar. De hecho, se modificó el Código Penal en el año 2022 sobre multirreincidencia. Por cierto, con el voto favorable de Junts en el año 2022. ¿Cabe alguna posible mejora? Si así fuera, claro que lo podemos trabajar los grupos parlamentarios para poder mejorar el régimen, pero, en este momento, las medidas que hemos adoptado con una reforma del Código Penal tan reciente, ya están dando frutos positivos.

Y, en tercer lugar, me pregunta usted... bueno, de alguna manera, ¿cómo es posible que el Partido Socialista, en este momento, actúe conforme a la ley vigente? Porque es lo que hacemos. Hoy la ley vigente permite a los partidos políticos formular acusación popular y el Partido Socialista cumple la ley y actúa conforme a la legalidad vigente. Consideramos, como el Supremo y como el Constitucional, que esto, en el futuro, no debería ocurrir. Y, por eso, impulsamos la reforma de la ley. Y cuando la ley cambie, obviamente, el Partido Socialista, como hace hasta la fecha, se adaptará en su comportamiento a lo que diga la ley vigente, pero, miren, creo que con la acusación popular he sido bastante claro en mi intervención inicial. Hoy, por hoy, la acusación popular es una herramienta de las organizaciones ultraderechistas muy bien financiadas para perseguir a políticos progresistas y a su entorno. Y a eso se dedican continua y diariamente, interponiendo querellas disparatadísimas, y, por tanto, lo que tenemos que hacer con la acusación popular es, al hilo, y en línea con lo que nos dice el Supremo y el Constitucional, modular la acusación popular, respetar la Constitución en el artículo 125, y, por tanto, que sea una figura donde no se pueda utilizar de manera absolutamente libre con fines espurios, que es lo que hoy hacen las organizaciones ultraderechistas.

Portavoz. - Vamos a ver, el proyecto de presupuestos está ya avanzado. Es verdad que lo estamos, lógicamente, trabajando, como le decía interiormente a su compañero en la pregunta, para poder ya presentarlos. De hecho, en próximos días, no le puedo concretar si será el 3, el 5, 7 o 12, saldrá ya también la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que es el siguiente escalón para poder presentar el techo de gasto y la senda de déficit, que, posteriormente, además, se tendrá que remitir como ustedes conocen perfectamente, al Congreso de los Diputados.

A partir de ahí, ¿qué le quería decir también?, le respondía a su compañera. Que nuestra actitud no va a cambiar y que vamos a sudar la camiseta para sacar adelante los presupuestos. Y, para ello, vamos a tener que imprimir trabajo, diálogo y, evidentemente, también tendrá que reflejarse en la voluntad de los distintos grupos parlamentarios a la hora de ver si quieren unos mejores presupuestos para este país. Unos presupuestos, que, desde luego, su capítulo más importante va a ser el de las políticas sociales, fundamentalmente con una visión muy especial focalizado a la cuestión de la vivienda, que saben que para este Gobierno es una prioridad. El proyecto está ya avanzado. Seguimos, lógicamente, trabajando internamente dentro del Gobierno y en próximos días, siento no darles una fecha, pero seguro que saben todos ustedes que en cuanto esa convocatoria salga, ustedes serán prácticamente los primeros en conocerla. A partir de ahí, pues a seguir con la misma tónica habitual de trabajo y diálogo que llevamos ejerciendo durante estos dos últimos años.

Ainhoa Martínez (ABC). - ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía preguntas para los tres. Para la ministra portavoz, una cuestión de detalle, de concreción. Una vez que sabemos que Junts se va a oponer a esos presupuestos, ¿el Gobierno los va a someter sí o sí a votación, aunque ya sepa que no tiene los votos? Me refiero no a sudar la camiseta ni a trabajar duro para presentarlos, si no ¿van a ir esas cuentas sí o sí a votación, aunque tengan asegurado el rechazo ya de antemano?

Al ministro de Justicia. Ha dicho que ha hablado con todos los grupos, hablarán con todos los grupos del Congreso, pero le quiero preguntar en concreto por los grupos, el grupo que forma la coalición de gobierno, Sumar. Sumar se opone a esa limitación de la acusación popular que usted acaba de defender de forma vehemente. No sé si hay una opción de llegar a un acuerdo dentro de la coalición, porque si no, ellos van a votar en contra en el Congreso.

Y a la ministra Morán, ABC publica hoy la tercera entrega de una serie de encuestas con el aniversario de la DANA. Hoy se publica la electoral y lo que dice esa encuesta es que el desgaste de Mazón lo rentabiliza en exclusiva Vox y que incluso el Partido Socialista tendría un retroceso de cuatro escaños que ganaría Compromís. También entre los votantes del PSOE Joan Baldoví tiene un índice de valoración superior al suyo. Me gustaría saber qué le parece esta encuesta y si hace algo de autocrítica de cómo el Partido Socialista ha hecho esa oposición a Mazón después de este trágico suceso. Gracias.

Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. - Le voy a contestar a esta pregunta porque usted me la hace porque entiendo que yo estoy aquí como ministra de Ciencia, pero usted me está haciendo preguntas muy concretas sobre otra responsabilidad que tengo. Imagino que quiere mi opinión como secretaria general de los socialistas valencianos. Bueno, esta es una encuesta más. Una encuesta que yo creo que lo que hay que subrayar de esta encuesta es que viene a constatar, igual que lo han hecho otras encuestas que le han precedido de otros medios de comunicación, incluso del propio CIS, que el 80 % de los valencianos y las valencianas piden la dimisión del "president" de la Generalitat Carlos Mazón y yo creo que esto es inédito en este país. El 80 %. Incluso esta encuesta habla de que más del 60 % de los votantes del Partido Popular rechazan al presidente Mazón. Y esto es el día de antes del homenaje de Estado y del aniversario del 29 de octubre.

Y, además, he escuchado unas declaraciones de Feijóo hoy, que está a un milímetro ya de referirse a Mazón como "esa persona de la que usted me habla". El señor Feijóo... y voy a dar datos. No voy a decir nada que no esté reflejado en los medios de comunicación. El señor Feijóo no aterriza hoy en la gestión de la DANA. El señor Feijóo llegó el día 30, el día 31, perdón, a la Comunidad Valenciana. Dijo que había estado permanentemente informado por el señor Mazón, cosa que sabemos que es mentira. Lo contradice incluso el registro de llamadas del señor Mazón. El señor Feijóo volvió a la Comunidad Valenciana a darle palmaditas en la espalda a Mazón y a decirle que había hecho un gran trabajo. El señor Feijóo no ha permitido en la Comunidad Valenciana que se celebre un congreso del Partido Popular y, por tanto, ni siquiera internamente ha permitido que la militancia del Partido Popular se pronuncie sobre el liderazgo del señor Mazón. Y el señor Feijóo no puede escaparse de su responsabilidad política porque las responsabilidades judiciales llegarán, pero las políticas llegan ya muy muy muy tarde. Muy tarde. La de Mazón y la del señor Feijóo. Y hace dos días descubríamos una nueva versión del señor Mazón. Después de la comida, después de la sobremesa, hubo un paseo hasta un parking. Mazón, con toda la información, múltiples llamadas que había recibido por parte de la "consellera", con mucha información, se tomó todo el tiempo del mundo. Un tiempo que no tuvieron aquellos que fallecieron mientras él se tomaba todo ese tiempo del mundo. Según los forenses y las autopsias de los forenses, cuando llegó el ES-Alert, más de la mitad de los fallecidos ya habían fallecido mientras el señor Mazón paseaba y se cambiaba de ropa, la gente ya había fallecido en la Comunidad Valenciana. Así que, si usted me pregunta por las encuestas, los valencianos están diciendo que el tiempo del señor Mazón ya ha terminado. Eh... yo le he dicho muchas veces al señor Mazón que cuando quiera convoque elecciones, yo no le tengo miedo, quizá él un poco de miedo sí que le tiene.

Portavoz. - Ministro.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Gracias, respondo a la pregunta que se me formulaba directamente. Tengo que decirle que ha habido en los últimos días y en las últimas semanas conversaciones con Sumar en relación con el proyecto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Y, le tengo que decir que Sumar está absolutamente de acuerdo en que hoy hayamos aprobado una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, absolutamente de acuerdo. Coincide y comparte con el análisis, la finalidad, la necesidad de modernizar, de agilizar, de europeizar nuestro proceso penal, y esa es la posición de Sumar, que estoy convencido que ellos harán pública también cuando tengan oportunidad, si bien, es cierto que tenemos una visión diferente respecto a la acusación popular. Yo ya lo he dicho en esta rueda de prensa, no me importa volver a repetirlo: la realidad de la acusación popular hoy es que es una herramienta de organizaciones ultras para perseguir a personas progresistas solo por el hecho de serlo y me sorprende un acercamiento un tanto ingenuo, un tanto inocente a esta realidad incontestable.

No obstante, claro que vamos a seguir hablando, por supuesto que hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando para conseguir una mayoría también en este punto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque creo que tenemos que avanzar en el camino que nos señala tanto el Supremo como el Constitucional, el camino que nos señala Europa, donde no existe la acusación popular en ningún país de Europa a excepción de Andorra, creo recordar, y por tanto, también en eso es homogeneizarnos con los estándares europeos. Y por supuesto, toda nuestra voluntad para que consigamos una mayoría también en este punto con, no solo con Sumar, obviamente, nuestro socio de Gobierno, sino también con los otros grupos parlamentarios que conformen finalmente la mayoría. Insisto, creo que esta es una ley de país, es una Ley de Enjuiciamiento Criminal para nuestra democracia, y por tanto, yo voy a hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para lograr una mayoría, porque esta ley, que deriva de un gran pacto de Estado en 2001, entre el PP y el Partido Socialista, es una ley que España necesita para tener un proceso penal más moderno, más del siglo XXI y más europeo, y no anclarnos al inmovilismo de mantener la ley de 1882, ley decimonónica, que obviamente no se corresponde con la realidad de nuestro país hoy.

Portavoz. - Sobre la pregunta que me realizabas, Ainhoa, sobre Junts. Mira, en primer lugar, lógicamente, como portavoz del Gobierno, trasladar el respeto a las decisiones y a los procesos internos, en este caso de un partido político como es Junts. Dicho esto, independientemente de la decisión que Junts ha tomado y que, lógicamente, seguramente será la ratificada en esa consulta que tienen que realizar en estos próximos días, la posición del Gobierno es la mano tendida, y sobre todo, digo "la mano tendida" porque miren, los distintos acuerdos que desde el Gobierno se alcanzó, en este caso con esta fuerza política como es Junts, los que han dependido única y exclusivamente en este Gobierno, se han cumplido, se están cumpliendo. Y desde luego, los que no dependen única y exclusivamente de este Gobierno, también se está trabajando para que salgan adelante. Y también les voy a decir algo: todas las relaciones tienen sus subidas y bajadas, sus altibajos, como decía ayer la vicepresidenta primera. Pero independientemente de esto, nosotros vamos a seguir con la misma tónica con la que llevamos trabajando desde hace ya dos años: diálogo y mano tendida, sobre todo porque esa mano tendida y ese diálogo y esas políticas le han sentado bien a nuestro país y por supuesto también a Cataluña. Y en esa dirección vamos a seguir trabajando, y en lo que se refiere a los presupuestos, le decía anteriormente, estamos trabajando para presentarlos, claro que vamos a sudar la camiseta para poder aprobarlos. Hombre, yo también les pediría que hasta que no vayan sucediendo los distintos... los distintos tiempos, las distintas fechas, tampoco infravaloren la capacidad de diálogo y de persuasión que puede tener este Gobierno.

Antonio Ruiz Valdivia (InfoLibre). - Buenas tardes. A la ministra portavoz quería pedirle una valoración sobre el adelanto electoral en Extremadura y que por tanto se adelante el ciclo electoral en España, y si cree que también en su tierra, en Aragón, puede haber un adelanto.

Y a la ministra Morant quería preguntarle, directamente el señor Mazón la acusó a usted de un baile de cifras sobre las ayudas de 8000 millones del Gobierno central, qué le responde. Y también si nos puede valorar que hayan declinado participar en el funeral de Estado tanto Santiago Abascal como Isabel Díaz Ayuso. Gracias.

Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. - Justo la semana pasada, el viernes pasado, el ministro Ángel Víctor Torres y yo misma, en delegación del Gobierno valen... La delegación valenciana del Gobierno, presentamos un visor, que es una nueva herramienta de transparencia, de rendición de cuentas, en la cual está aterrizado cada euro que ha invertido el Gobierno de España en cada uno de los municipios afectados por la DANA, de manera que la ciudadanía en general, los medios de comunicación, todo el mundo de manera transparente entra en ese portal web y puede incluso en algunas obras consultar el estado de ejecución, ver un vídeo... En definitiva, vamos a volcarnos en que la información le llegue a la ciudadanía, sobre todo para combatir esos bulos que principalmente vienen del Gobierno valenciano.

Fíjese, el señor Feijóo, incluso el propio Mazón dijo que iba a condicionar su futuro a la reconstrucción, pero lo cierto es que de la reconstrucción también se han borrado, lo ha dicho la ministra portavoz: el 85 % de los fondos que ya se han invertido en emergencia y en reconstrucción vienen del Gobierno de España, luego, ¿qué examen se va a hacer Mazón de la reconstrucción? A día de hoy, Mazón es un peso muerto para la reconstrucción, porque hay una parte en la reconstrucción de cualquier tragedia, de cualquier crisis, que es también la verdad, la verdad es reparadora y la mentira sigue causando dolor, y a día de hoy, el pueblo valenciano sigue atrapado en el 29 de octubre, y eso ni es reparador ni es reconstructivo, ni psicológica, ni... ni de ninguna manera. Así que, yo quiero insistir en la verdad, la verdad es la que es, 8.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, hoy un nuevo real decreto para hablar del relanzamiento de una comunidad que necesita que estemos mirando su economía, su industria...

Fíjense, La Palma, después de cuatro años de aquel volcán, ha salido mejor de lo que estaba antes del volcán. Este país hemos salido mejor de la pandemia de lo que entramos, y esa es la voluntad y los instrumentos que hemos puesto el Gobierno de España para ayudar a la Comunidad Valenciana a relanzarse. Hemos permitido hoy con el real decreto algo muy importante, muy demandado por los alcaldes y las alcaldesas, no van a reconstruir solamente la piscina o la pista de atletismo, o la "escoleta" municipal o la biblioteca conforme la tenían antes, es que hemos concedido 60 millones para que las adapten y mejoren esas infraestructuras, para que estén más adaptadas a futuras amenazas. U otra reparación que es colectiva, cultural, identitaria y muy individual, que tú puedas ir y que te restauren el álbum de fotos de la boda de tus padres o de tus abuelos, o esa fotografía que todos tenemos de nuestra madre, de cuando iba al colegio, esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y, por tanto, a mí me parece que ahí están los hechos, los hechos, y el señor Mazón ni estuvo en la emergencia, ni estuvo, ni está en la reconstrucción, y, por tanto, desgraciadamente, además de todas las dificultades que hay de reconstruir una tragedia de estas dimensiones, también la tenemos en trabajar con una Administración que básicamente ha bajado los brazos y hace de peso muerto.

Portavoz. - La valoración como portavoz del Gobierno frente a la convocatoria electoral, en este caso de la presidenta de la Junta de Extremadura, es de máximo respeto, es una competencia, lógicamente, que tiene ella como presidenta, y si así lo ha considerado, yo solamente mostrar y manifestar mi respeto, y por supuesto, si hay algún otro presidente o presidenta de comunidades autónomas que las quiera adelantar, está en, lógicamente, su competencia, y está en su derecho. No obstante, sí que no deja de ser curioso, ¿no?, que muchas veces ustedes hacen preguntas sobre la estabilidad, la buena marcha o no de las diferentes legislaturas, no deja de ser curioso también a veces los escenarios que nos encontramos en algunas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, en dos años de legislatura hemos visto, por ejemplo, en el caso de Extremadura, que el primer año ya se rompió el Gobierno, y se rompe porque la ultraderecha decide abandonarlo, y el segundo se determina la absoluta incapacidad para llegar a ningún tipo de acuerdo, y por eso convocas unas elecciones. Dicho esto, máxima... Máximo respeto a esta decisión.

Guillermo Lerma (Cadena SER). - Sí, muchas gracias. Al ministro de Justicia, preguntarle sobre las asociaciones ultras de las que usted hablaba en la rueda de prensa, saber si con esta reforma pueden garantizar que no van a poder personarse como acusación en causas que vayan contra el Gobierno, que es el objeto, por ejemplo, de la proposición de ley que el Grupo Socialista presentó hace unos meses en el Congreso.

Y a la portavoz, sobre Junts. Dicen ustedes que el Parlamento es complejo desde las elecciones, pero lo cierto es que el Parlamento en 2023 les dio una confianza para la investidura que hoy ya no tendrían: han perdido dos socios en estos dos años. Saber si hacen alguna reflexión o si creen que tienen alguna responsabilidad. Insistiendo en el tema de Extremadura, y aprovechando su papel de secretaria de Política Autonómica del PSOE, saber si cree que es acertado que el PSOE vaya a esas elecciones de Extremadura con un candidato que está a la espera de que se fije un juicio. Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, muchas gracias. Quiero recordar... era una pregunta que va dirigida a la portavoz, que hemos ganado el 90 % de las votaciones en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, en concreto, el 88 %. Ya sé que la noticia es el 10 % restante, pero que quede, por favor, en acta, que el 90 % de las votaciones en esta legislatura en el Congreso las ha ganado el Gobierno. Y hemos aprobado 45 leyes en esta legislatura, en esta, en la pasada, más de 200, en esta, 45. ¿Son muchas, son pocas? Compárense con parlamentos autonómicos. Ahí están los datos, les remito a mis redes sociales, donde publico con cierta frecuencia los datos de aprobación de leyes en el Congreso y en las Cortes Generales, y en los parlamentos autonómicos, y seguro que será una información muy útil para la ciudadanía.

Sobre la pregunta que usted me planteaba, lo que hacemos con la acusación popular es modularla, es decir, lo que dice la Constitución en el 125 es que exista la acusación popular en España, porque viene de una vieja tradición, y que, sin embargo, la regulación concreta ha de ser por ley. ¿Qué exige esta regulación que contiene la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal? Exige que entre la organización que ejerza la acusación popular y el pleito haya un vínculo legítimo, es decir, haya una vinculación en cuanto a, digamos, el objeto social de la organización con el objeto de ese procedimiento. ¿Cuál es la interpretación de la expresión "vínculo legítimo"? Pues le tengo que decir que esta expresión viene explícitamente mandatada por el informe del Consejo de Estado y, por tanto, ellos explican que consideran mejor esa regulación de vínculo legítimo que la existente en un primer borrador, y ahora tenemos que ver cómo se interpretará por los tribunales, pero me parece que de alguna manera va a obligar a que exista un cierto vínculo entre quien ejerza la acusación popular y el objeto del procedimiento. Y, en segundo lugar, el catálogo de delitos se reduce, no son todos, como pasa en este momento, sino son unos delitos que tienen que ver con intereses colectivos, con intereses generales, por así decirlo, ¿no?, y es ahí donde se puede ejercer. Por tanto, vamos a probar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y vamos a ver cuál es la interpretación que los tribunales hacen de esta norma.

Hacía usted referencia a la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista a principios de este año. Le tengo que decir que la regulación que contiene la nueva LECrim, la que hoy hemos aprobado, es diferente respecto a la proposición de ley del Grupo Socialista, ¿por qué?, porque hemos detectado que la mayoría parlamentaria para que salga adelante la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal se parece más al texto que hoy regula la acusación popular en la nueva Ley de Enjuiciamiento, que la proposición de ley que en su día presentó el Partido Socialista, proposición de ley que, por cierto, hoy vamos a presentar idéntica, salvo por la parte de acusación popular, porque desde hoy la acusación popular, el texto y la regulación que defiende el Gobierno y que defiende el Grupo Socialista es la que contiene la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado el Consejo de Ministros, que es una regulación, bueno, menos ambiciosa que la que presentó el Grupo Socialista, pero la prioridad es conseguir un mayoría para sacarla adelante, y las posiciones de máximos en un parlamento tan fraccionado, pues no es posible sacarlas adelante, hay que buscar puntos de equilibrio, y alguna experiencia tenemos en ello, lo cual provoca que hayamos ganado el 90 % de las votaciones en este Congreso, en esta legislatura, el 90 %. Gracias.

Portavoz. - La primera pregunta, mejor que la ha respondido el ministro Bolaños no creo que lo haga yo, y la segunda pregunta seguramente es una pregunta para haber podido formular ayer en la rueda de prensa del Partido Socialista, pero efectivamente, a esas horas todavía la presidenta no había convocado las elecciones, y por la mesa en la que estamos, sí que le voy a decir, el Partido Socialista en Extremadura ha ido en dos ocasiones a primarias y los militantes de esa tierra, los militantes del Partido Socialista de Extremadura han hablado con claridad, y por tanto, yo solamente le puedo decir, trasladar todo el apoyo, por tanto, al secretario general.

Portavoz. - Muy bien, pues muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)