Referencia del Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

FINANCIACIÓN DEL 'PLAN RECUPERA EMPLEO-DANA'

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 80,6 millones de euros al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con repercusión en el presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo Estatal, por importe de 80.600.000 euros, al objeto de financiar el 'Plan Recupera Empleo-DANA'.

Una vez puestas en marcha medidas de reconstrucción como consecuencia de la DANA, se ha detectado que los trabajadores y trabajadoras han sufrido especialmente las consecuencias de la misma y por ello se considera relevante mejorar las competencias y empleabilidad de estas personas, en la recuperación del mercado de trabajo de los municipios especialmente afectados por la mencionada DANA.

En este sentido, el 'Plan Recupera Empleo-DANA' pretende suscribir, como mínimo, 7.750 contratos, entre 3 y 6 meses de duración, siendo los destinatarios las personas trabajadoras inscritas en los servicios públicos de empleo. Con ello se pretende dinamizar y recuperar la actividad económica de los municipios afectados.

Las subvenciones que se concederán dentro del referido Plan se ejecutarán por las Administraciones Públicas, así como por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas que tengan competencia de actuación en los territorios afectados por la DANA, o con entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y entidades sin ánimo de lucro.

En el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal no se recoge ningún crédito adecuado para atender la financiación del 'Plan Recupera Empleo-DANA' para favorecer que se recupere la actividad económica y el empleo en las zonas afectadas por la misma.

Por su parte, el Consejo de Ministros, en su acuerdo del pasado 16 de septiembre, aprobó la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye un nuevo Componente 32 de 'Apoyo a la Recuperación y Resiliencia en respuesta a desastres naturales'.

Asimismo, el 19 de septiembre de 2025 la Comisión ha aprobado, entre otras reformas del PRTR, la inclusión del citado Componente 32, que tiene por finalidad dar respuesta a desastres naturales. Dentro de este Componente se recoge como Inversión 3 la mejora en las oportunidades de empleo para la reconstrucción y revitalización de los territorios afectados por la DANA.

Se calcula que la necesidad asciende a 80.600.000 euros, derivada de la estimación de contratos, su duración y el grupo de cotización. En todo caso, se tendrán que realizar, al menos, 7.750 contratos y el coste de las ayudas no podrá superar la cuantía señalada.

Por ello, se ha propuesta una modificación de crédito, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Hacienda

AUTORIZADOS LÍMITES DE GASTO PARA COLABORACIÓN DEL INAEM CON CENTROS DE REFERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la transferencia al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para el desarrollo de actuaciones en colaboración con centros de referencia nacional en el ámbito de la Formación Profesional.

La subvención directa para la financiación de las acciones de los Centros de Referencia Nacional (CRN) tiene como objetivo impulsar la generación de un entorno especializado de confluencia y colaboración efectiva en diferentes sectores productivos, entre los centros de formación profesional y las empresas u organismos equiparados, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Este objetivo se encuentra alineado con las funciones asignadas a los Centros de Referencia Nacional en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, que modifica el Real Decreto 229/2008.

Para ello, se ha aprobado el Real Decreto 811/2025, de 16 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la financiación de las acciones de los Centros de Referencia Nacional (CRN) en el ámbito de la formación profesional, con cargo al plan de trabajo anual 2025.

Entre las entidades beneficiarias de estas subvenciones se encuentra el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por un importe de 108.200 euros, distribuidos en 64.920 euros para 2025 y 43.280 euros para 2026.

Al tratarse de una subvención que abarcará los ejercicios 2025 y 2026, se hace necesario autorizar límites en el año 2026, al no existir crédito inicial en el año 2025. Por ello, en cumplimiento de la Ley General Presupuestaria, se ha llevado este acuerdo a Consejo de Ministros para autorizar límites de gasto en 2026, por el citado importe de 43.280 euros.

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, se ha sometido este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros en los términos previstos en la propuesta.

Hacienda

REMITIDA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Tribunal de Cuentas de la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2024.

La Cuenta General del Estado se ha formado por la Intervención General de la Administración del Estado como una Cuenta Única Consolidada, presentándose los siguientes estados financieros:

• Balance consolidado.
• Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada.
• Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
• Estado de flujos de efectivo consolidado.
• Estado de liquidación del presupuesto consolidado.
• Memoria consolidada.

España es el único país europeo que formula cuentas consolidadas de todo el sector público estatal, incluidas las entidades de la Seguridad Social. La Cuenta General del Estado es por tanto un documento contable que da información más completa sobre las finanzas del sector público que la que facilita la contabilidad nacional. Esto es así porque su ámbito subjetivo se extiende a todas las entidades del sector público estatal, incluidas las de la Seguridad Social.

Por ello, la Cuenta se configura como el instrumento adecuado para informar de la situación económica, financiera y patrimonial, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de todo el sector público estatal.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES A LA CORTE PENAL DE ARBITRAJE Y AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN GLOBAL DE LAS NN.UU.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autorizan contribuciones voluntarias de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y a otras entidades de carácter internacional, por importe de 195.000 euros.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza dos contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 195.000 euros, con el siguiente desglose:

1. A la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), por importe de 95.000 euros.

La CPA es un organismo intergubernamental que facilita la resolución pacífica de controversias internacionales. El uso principal para los fondos cuantificados es la prestación de servicios de traducción al español.

2. Al Departamento de Comunicación Global (DCG) de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, por importe de 100.000 euros.

El DCG es el organismo encargado de difundir la labor, los valores y los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial. La contribución voluntaria pretende impulsar e incrementar la creación de contenidos en español y garantizar su difusión entre la audiencia hispanohablante.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos. Se trata de un proyecto histórico, de completa modificación de una ley esencial para el ordenamiento jurídico. La actual, aunque ha sufrido más de 80 retoques, está en vigor desde 1882. Su objetivo es modernizar el proceso penal, superando el modelo decimonónico y preconstitucional, e impulsar una Administración de Justicia propia del siglo XXI: más garantista, moderna, ágil y eficaz para los ciudadanos.

Para ello, la nueva LOECrim atribuye las investigaciones penales a los fiscales, tal y como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, y moderniza el sistema de justicia penal con la simplificación de los procesos, la regulación de nuevos instrumentos de investigación y prueba (ADN, Inteligencia Artificial, etc.) y el fortalecimiento de las garantías procesales de investigados y víctimas. Será también la primera ley de enjuiciamiento criminal que se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación.

La reforma llega con décadas de retraso. En 2001, el 'Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia' estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto de LOECRim, pero su tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó una comisión que elaboró un texto articulado de Código Procesal Penal que, como el anterior, otorgaba la investigación al Ministerio Fiscal. El proyecto aprobado hoy se basa en las propuestas elaboradas durante los últimos 15 años y cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Una vez aprobada, la LOECrim entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Por lo tanto, no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual Fiscal General del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027. Los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2028 se seguirán tramitando según la LECRim actual.

Principales cambios de la nueva LOECrim

Las novedades más destacables del proyecto de ley son:

• El Ministerio Fiscal dirigirá la investigación penal, lo que permitirá dotar al proceso de mayor agilidad y eficacia y aumentará sus garantías. El fiscal se concentrará en la investigación, un proceso autónomo siempre controlado por un juez de garantías. Finalizada esta fase, un segundo juez (juez de la audiencia preliminar) será el responsable de decidir si se abre el juicio oral. Si es así, un tercer juez juzgará los hechos.

Así, la reforma orienta a los jueces a las funciones que les atribuye la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado desde una posición de neutralidad. Se trata de la fórmula que utilizan la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea y es el mismo procedimiento con el que actúan con éxito en nuestro ordenamiento, desde hace años, la Fiscalía Europea y la de Menores.

• Crea la figura del juez de garantías, con una función de garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, como la duración de esta, el secreto de las actuaciones o, en general, cualquier medida de investigación que suponga una injerencia en esos derechos. También será él quien autorice determinadas medidas cautelares, como la prisión provisional. Esta figura supone una doble garantía procesal (fiscal y juez de garantías), tanto para el encausado como para la víctima.
• Simplifica el proceso para que sea más ágil y eficaz en cuestiones como los recursos. Hasta ahora se podían recurrir todos los autos del juez instructor ante a la Audiencia Provincial, lo que suponía una prolongación excesiva del proceso. Con la nueva LOECrim, durante la investigación se podrán impugnar los decretos más relevantes del fiscal ante el juez de garantías adscrito a la causa. Posteriormente, en la fase de audiencia preliminar, se realizará una última purga del sumario completo en un único acto y no en un goteo constante de recursos aislados.

También contribuirán a agilizar los procesos la organización y especialización del Ministerio Fiscal, así como la flexibilidad para destinar más de un fiscal investigador a determinadas causas.

Por último, el proyecto potencia la conformidad, el acuerdo por el que el acusado acepta los hechos que se le imputan y la pena propuesta por la acusación, lo que permite una finalización anticipada del procedimiento, sin necesidad de la celebración de juicio.

• Refuerza las garantías procesales de las partes. Las de la persona investigada, regulando sus derechos fundamentales y los principios de presunción de inocencia y de suficiencia de la prueba de cargo, algo que no desarrolla la ley actual. También se refuerzan sus garantías en materia de medidas cautelares, en especial la detención preventiva o la prisión provisional, con revisiones de oficio cada 6 meses.

En cuanto a la víctima, se refuerza su papel central en todo el texto y sus garantías procesales, especialmente la protección de los menores de edad, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. También se incorporan garantías incluidas en el Estatuto de la Víctima, como medidas para evitar su revictimización (por ejemplo, evitando declaraciones continuas e innecesarias), y para favorecer la reparación del daño sufrido, material y moral, mediante la regulación del procedimiento de justicia restaurativa, que siempre operará de manera voluntaria.

• Incorpora la regulación de nuevas herramientas en la lucha contra la criminalidad, recogiendo las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como análisis de marcadores de ADN, toxicología, huellas dactilares, evidencias digitales de dispositivos electrónicos, identificación biométrica remota, sistemas automatizados basados en Inteligencia Artificial, etc.
• Regula y moderniza la acusación popular, respetando plenamente el artículo 125 de la Constitución. Se garantiza la participación ciudadana en la Administración de Justicia en relación con delitos que tengan una particular repercusión social siempre que se acredite un vínculo legítimo con el interés público que se pretende defender. En línea con las solicitudes que el Tribunal Supremo ha incluido en diversas sentencias, se delimita quién puede ejercerla, dejando fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. También se establecen los delitos en los que se puede ejercer, entre ellos la corrupción, los delitos contra los derechos de los consumidores, los delitos de odio, los de violencia sobre la mujer, los de financiación ilegal de partidos, etc.
• A petición del CGPJ y del Consejo de Estado, la nueva LOECrim incluye la regulación del procedimiento ante el tribunal del jurado, ya que se considera incoherente que se mantenga como una ley autónoma. La regulación se introduce intacta, con una única modificación: se excluye el allanamiento de morada del listado de delitos que pueden ser juzgados por un jurado, ya que, desde este mismo año, se tramita por juicio rápido.

Una Fiscalía más autónoma y con criterios objetivos

Para adaptar el Ministerio Fiscal a sus nuevas competencias, la LOECrim incluye una reforma de su Estatuto Orgánico que fortalece su autonomía y mejora su capacidad funcional. Así, para garantizar dicha autonomía, el mandato del Fiscal General del Estado (FGE) pasa a ser de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora, cumpliendo así con las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea. Además, se prohíbe de forma expresa que el Ejecutivo pueda remitir cualquier indicación al Ministerio Fiscal sobre asuntos concretos, y se prevé que las comunicaciones generales serán públicas y quedarán registradas. Asimismo, para impedir ceses discrecionales, el FGE solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

La reforma también otorga mayor autonomía interna a la Fiscalía. Así, el nombramiento, ascenso y sanciones más graves quedan atribuidas al FGE y no al ministro de Justicia, como hasta ahora. A la vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del FGE si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros.

El nuevo Estatuto Orgánico sigue garantizando la transparencia en la designación del fiscal que debe hacerse cargo de una investigación, que será predeterminado internamente con un sistema objetivo, público, avalado por la Junta de Fiscalía y en el que el criterio principal será la cualificación jurídica y la especialización.

Asimismo, el texto incluye cambios imprescindibles para que el Ministerio Fiscal se pueda ocupar de la investigación penal. Entre ellos, que la policía judicial dependa funcionalmente del Ministerio Fiscal una vez asuma una investigación, siempre respetando la jerarquía orgánica policial.

En el capítulo sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el proyecto de ley recoge todas las observaciones esenciales contenidas en el informe del Consejo de Estado.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana. El conjunto de nuevas medidas tiene por objetivo reforzar la reconstrucción y mejorar y ampliar el apoyo a los afectados por la dana, agilizando los procedimientos de las ayudas vigentes. La nueva norma prorroga y mejora la protección para empresas y autónomos, y las ayudas para las entidades locales afectadas, además de para vivienda, vehículos, inversión industrial, sector de la cultura y servicios sociales, entre otros.

Hasta la fecha, el Gobierno de España ha transferido más de 8.000 millones de euros a administraciones, entidades, empresas y ciudadanos afectados por la dana, que asoló especialmente a la Comunidad Valenciana hace un año, en el marco del Plan de respuesta inmediato lanzado por el Ejecutivo. El pasado mes de septiembre la Comisión Europea dio luz verde a la canalización de fondos europeos de 1.240 millones de euros del Plan de Recuperación para apoyar la respuesta ante catástrofes natural, a través de la denominada adenda dana.

Financiación: línea ICO de 750 millones y avales de hasta 5.000 millones

Con la norma aprobada se amplía el catálogo de medidas financieras del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para actuar con agilidad y atender las necesidades de empresas, autónomos y hogares en momentos de emergencia o crisis, como los provocados por la dana, tanto en la actualidad como a futuro.

En concreto, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa despliega la Línea ICO prevista en la Adenda del Plan de Recuperación en respuesta a desastres naturales, que movilizará hasta 750 millones de euros en financiación, y 180 millones de euros en ayudas para pymes. También se aprueba la creación de un nuevo programa de avales por importe de hasta 5.000 millones de euros, disponible hasta diciembre de 2040, que ofrecerá liquidez inmediata hogares, empresas y autónomos afectados por emergencias de protección civil.

Cese de actividad para autónomos y aplazamiento de pago de cotizaciones

En cuanto a la protección de la Seguridad Social, se incluye la prórroga del cese de actividad extraordinario para los trabajadores autónomos afectados por la dana que estuvieran percibiendo la prestación a fecha del 31 de enero de 2025, así como la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de la cotización a la Seguridad Social para empresas y autónomos.

Las nuevas prestaciones por cese de actividad, dirigidas a los autónomos que cumplan los requisitos que fija el Real Decreto, podrán percibirse con efecto retroactivo (a 1 de febrero de 2025), siempre que la solicitud se presente en los 21 días naturales siguientes a su entrada en vigor. En caso contrario, se percibirá el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

En cuanto al aplazamiento, se establece un tipo de interés reducido del 0,5% (mucho menor al habitual) en el pago de la cotización a la Seguridad Social, que podrán solicitarse para las cuotas correspondientes entre los meses de noviembre de 2025 a enero de 2026, en el caso de empresas, y entre los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026, en el caso de trabajadores autónomos, siempre que estén al corriente de pago y no tengan otro aplazamiento en vigor.

Ampliación de ayudas para adquisición de vehículos

El Ministerio de Industria y Turismo amplía hasta el 31 de diciembre de este año, el 'Plan Reinicia Auto+' de ayudas para la adquisición de vehículos a aquellos ciudadanos afectados. El plan está dotado con 465 millones de euros y colaboran 1.300 concesionarios de coches. En cuanto al Plan FEPYME Dana, con un presupuesto de 350 millones y dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector industrial, turístico y servicios, se amplía su ámbito de actuación a pymes y startups de toda España que presenten proyectos para reducir el impacto del cambio climático.

Vivienda en municipios afectados

En materia de vivienda, y una vez completadas las tareas de realojo de familias afectadas, se contempla que la nueva Entidad Estatal de Vivienda pueda destinar parte de los recursos previstos inicialmente para la adquisición de viviendas en la zona afectada a la adecuación de viviendas adquiridas o promoción de vivienda nueva en suelos decididos por los municipios afectados.

Igualmente, se incluyen fondos para facilitar el traslado de personas titulares de viviendas en zonas inundables a zonas seguras y se amplían las ayudas a entidades locales para que acometan obras de mejora, ampliación y adaptación de infraestructuras para prevenir futuros riesgos, especialmente los derivados del cambio climático y las inundaciones.

Ayudas a entidades locales para reconstruir y mejorar infraestructuras

De su lado, el Real Decreto-ley amplía el alcance y la flexibilidad de las ayudas otorgadas a las entidades locales afectadas, permitiendo la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, provincial o insular, incluyéndose obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria, de hasta el 100% del coste. Se incluyen ayudas a entidades para obras de mejora, ampliación y adaptación para prevenir futuros riesgos, especialmente los derivados del cambio climático y las inundaciones. Así, serán financiables las obras de construcción de nuevas infraestructuras municipales para prevenir los daños por avenidas torrenciales e inundaciones y la adquisición de suelos y viviendas para la realización de actuaciones de prevención de inundaciones en zonas que tengan riesgo de las mismas.

Apoyo al sector cultural

De igual forma, el Gobierno continuará apoyando al sector cultural de las zonas afectadas con ayudas por valor de un millón de euros, con el objetivo de impulsar la recuperación de su actividad. Las ayudas del Ministerio de Cultura irán destinadas al proyecto 'Salvem les fotos' en la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana. Las nuevas ayudas se suman a los más de cuatro millones con los que el Ministerio de Cultura ha concedido a lo largo del último año a los sectores del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados.

Servicios sociales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ampliado el plazo de ejecución de las ayudas por valor de 40,5 millones de euros que fueron entregados a los ayuntamientos para prestaciones básicas de servicios sociales hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta ampliación también se aplica a la subvención de 5,7 millones de euros que se realizó desde el Ministerio a entidades de tercer sector, y que fue canalizada a través de la Plataforma del Tercer Sector, para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos, así como para los 1,7 millones de ayudas para 26 municipios afectados en materia de accesibilidad otorgados por el Real Patronato sobre Discapacidad.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS CUIDADOS Y EL APOYO

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, reconociendo su papel esencial para la igualdad de género, el bienestar y la sostenibilidad social y económica, e instando a los Estados a construir sistemas de cuidados sólidos, inclusivos y resilientes. Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el Consejo de Ministros adopta la siguiente declaración institucional:

"Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el Gobierno de España reafirma su voluntad decidida de seguir impulsando políticas integrales que reconozcan el valor social y económico de los cuidados, garanticen una redistribución más justa de sus responsabilidades y consoliden un sistema público de apoyos basado en los derechos y en la dignidad de todas las personas.

Este compromiso se concreta en cinco líneas de acción estratégicas que configuran el nuevo marco estatal de los cuidados:

1. La Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad (2024-2030), que marca la hoja de ruta para transformar el actual sistema de cuidados y apoyos, pasando de un enfoque asistencial a otro basado en derechos, autonomía y vida en la comunidad. La Estrategia impulsa la desinstitucionalización, el fortalecimiento de los servicios de proximidad, la coordinación entre sistemas y la innovación social como palancas para construir entornos inclusivos donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida con apoyos adecuados.

2. La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD), que actualizará y consolidará el sistema de cuidados como columna vertebral del derecho al cuidado, adaptándolo a los retos del envejecimiento y los cambios sociales y familiares. Esta reforma garantizará la equidad territorial, el acceso a apoyos personalizados y de calidad, y una mayor corresponsabilidad pública y social en la provisión de los cuidados, fortaleciendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

3. La iniciativa "Reto Empleo Cuidados: reflexión compartida de las condiciones de las profesionales y sus perfiles en el nuevo modelo", que aborda de manera estratégica el déficit de profesionales y la mejora de sus condiciones laborales, reconocimiento y formación. Con una gran mayoría de mujeres empleadas en el sector, y donde aquellas de origen extranjero suponen una significativa contribución, esta medida constituye también una apuesta por la igualdad, la dignificación del empleo y la valorización del cuidado como ámbito esencial para el bienestar y la cohesión social.

4. El Plan Corresponsables y las iniciativas que buscan un cambio cultural en el ámbito de los cuidados, que actualmente recaen sobre las vidas de las mujeres, es esencial para avanzar hacia una sociedad justa. Impulsar la corresponsabilidad, donde el cuidado sea también una responsabilidad de los hombres, constituye un paso imprescindible en el proceso. En este marco, el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad se consolida como una política pública clave, desarrollada en cooperación con todas las instituciones públicas del Estado, para garantizar el cambio estructural necesario que haga posible la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

5. El Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), persigue mejorar los resultados en salud para la población y para ello, a través de sus cinco líneas estratégicas, plantea proponer un modelo de referencia para reorientar la práctica clínica hacia la preservación y la promoción de la autonomía y la funcionalidad, el fortalecimiento de la alfabetización en salud y el fomento de la toma de decisiones compartidas con la ciudadanía; maximizar el desarrollo competencial de las profesionales de los cuidados en todos los ámbitos asistenciales; determinar la dotación de profesionales necesaria para prestar unos cuidados seguros e impulsar la investigación en cuidados, la visibilidad y el liderazgo en todos los niveles asistenciales y de gestión.

A través de estas cinco medidas, el Gobierno de España impulsa un cambio estructural en el sistema de cuidados, en coherencia con la Estrategia Europea de Cuidados y con los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Este compromiso se desarrolla en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos, dignificar el empleo en el sector y consolidar los cuidados como un eje central de la organización social, económica y política del país.

En este Día Internacional, renovamos el compromiso de avanzar hacia una sociedad que cuide mejor, que reconozca el cuidado y el apoyo como un derecho humano y una infraestructura esencial para la sostenibilidad social y económica. España se suma al impulso internacional hacia una sociedad del cuidado corresponsable, sostenida en la equidad de género, la solidaridad entre generaciones y el respeto a la dignidad de todas las personas."

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONSORCIO ESTATAL EN RED PARA EL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS DE TERAPIAS AVANZADAS (CERTERA)

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se inicia el procedimiento para la determinación de la sede física del Consorcio Estatal en Red para el desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), con carácter previo a su creación, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2022.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de noviembre de 2021 el PERTE para la Salud de Vanguardia, un instrumento de colaboración centrado en la transformación del sector sanitario a través de la ciencia y la innovación. Este proyecto estratégico pretende impulsar la incorporación de la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud. El artículo 6.1.h), sobre la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Ley 14/2011, dispone que «la actuación del sector público podrá traducirse en la creación de consorcios o empresas públicas en sectores estratégicos o en los cuales se dispone de ventajas comparativas».

Por todo ello, la creación de un centro dedicado a las terapias avanzadas, denominado CERTERA, se incluyó entre las medidas aprobadas dentro del componente 17 del PRTR y se concibe con personalidad jurídica propia y estructura en red, para el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada y otros fármacos innovadores, con el fin de proporcionar una infraestructura distribuida, de ámbito estatal que permita el desarrollo y producción eficiente de este tipo de terapias.

La Comisión Interministerial de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobó el 3 de diciembre de 2024 el acuerdo que autoriza la creación del consorcio.

Debe indicarse, que el consorcio se plantea como una organización en red, integrada por instalaciones estatales, y que la sede física sólo hace referencia a dónde residirá la unidad de gestión que hará posible el funcionamiento coordinado y eficaz. El consorcio tendrá su sede en España, en el término municipal que se determine mediante acuerdo del Consejo de Ministros, y la elección de la sede se realizará siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo.

El segundo párrafo del artículo 6.1 del Real Decreto 209/2022, recoge la posibilidad de que la determinación de la sede física se realice con carácter previo a la creación de la correspondiente entidad, en cuyo caso el acuerdo deberá ir acompañado de una memoria donde se detalle la naturaleza, funciones, el número aproximado de personas que prestarán sus servicios en la misma, así como, cualquier información que se considere relevante para la elección de la sede física. Asimismo, el citado Real Decreto establece que "El Consejo de Ministros podrá, en cualquier momento del procedimiento previo a la finalización del plazo para presentar candidaturas previsto en el apartado 3, declarar la tramitación de urgencia del procedimiento. La declaración de urgencia determinará que los plazos queden reducidos a la mitad".

Se considera que es imperativo que el consorcio CERTERA comience a funcionar a la mayor brevedad posible, pues el PERTE de salud de vanguardia cuenta con la ejecución de la convocatoria de subvenciones y la creación del consorcio, para desarrollar el sector sanitario de las terapias avanzadas, antes de 2026. El periodo de ejecución de las subvenciones destinadas a este sector finaliza en 2026, por lo que la creación del consorcio debería realizarse en 2025, si no se quiere perder el efecto multiplicador que tendría la ejecución de las ayudas. Por ello, se considera que existe motivación suficiente declarar el procedimiento de urgencia.

Defensa

DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada "Campo de Pruebas Avanzadas del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación", localizada en el término municipal de Jaén. En dicha zona se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

La declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye diversas limitaciones y condicionantes. Entre ellos, se encuentra la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno de que se trata.

La zona de interés para la Defensa Nacional que se declara queda bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

Defensa

ADQUISICIÓN SISTEMA INTEGRADO DE ENTRENAMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición de un sistema integrado de entrenamiento, ITS-C, para la especialidad de caza y ataque, sustituto del actual AE.09 (F5), por un valor estimado de 3.120.000.000 euros.

La necesidad de este contrato radica en la conveniencia de la adquisición de un sistema de enseñanza integrado de caza y ataque, Integrated Training System (ITS-C), que permita satisfacer los requisitos del Ejército del Aire y del Espacio, necesarios para una actualización, ampliación y renovación de las capacidades en la instrucción de pilotos de la especialidad Caza y Ataque, orientada a garantizar una preparación adecuada para la operación en estos nuevos y complejos escenarios de seguridad.

El contrato tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS VEHÍCULOS VCI/C PIZARRO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la modernización y mejora de los vehículos VCI/C Pizarro.

La urgente necesidad del Ejército de Tierra de acometer un programa de mejora y modernización de mitad de ciclo de vida de una de las dos versiones del VCI/C "Pizarro", la Fase I, que entró en servicio en el año 2003, con la finalidad de aproximar sus capacidades a las de la Fase II.

El contrato tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

TRANSMISIONES DE LOS VEHÍCULOS DE COMBATE PIZARRO FASE II Y CASTOR

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de transformación y actualización de las transmisiones de los vehículos de combate Pizarro fase II y Castor.

La necesidad de este contrato radica en la conveniencia de la transformación y actualización de las transmisiones SG850 a SG35T para la fase II de los vehículos de combate de Infantería y puesto de mando Pizarro y de los vehículos de combate de zapadores Castor.

La continua evolución tecnológica ha hecho necesaria acometer una transformación de cajas de velocidad de los modelos antiguos (SG850) para la adecuación técnica a los nuevos modelos que aumentan la velocidad y movilidad de estos vehículos, permitiéndole el acople de implementos como palas, arados, rodillos y marcadores de brechas, que permitan garantizar la protección y seguridad de las unidades en el desempeño de las misiones encomendadas.

El contrato tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

SISTEMA RADAR DE LOCALIZACIÓN DE ORÍGENES DE FUEGO INDIRECTO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de fabricación y suministro del sistema radar de localización de orígenes de fuego indirecto, para sustituir los radares C/M del modelo AN/TPQ 36, cuya entrada en servicio fue en el año 1989 y se encuentran en su ciclo final de vida útil, y dotar a la Brigada de Infantería de Marina de la capacidad de localización de orígenes de fuego indirecto, de la que actualmente carece.

Este contrato tendrá una duración desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2028.

Defensa

SUMINISTRO CON FABRICACIÓN DE CONECTIVIDAD MULTIDISCIPLINAR

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de suministro con fabricación de Conectividad Multidisciplinar MC3 (Mando, Control y Comunicaciones).

Consiste en el suministro con fabricación del material necesario para equipar los puestos de mando, para responder a la necesidad de los ejércitos de modernizar los sistemas desplegables de Mando, Control y Comunicaciones, aumentando sus capacidades operativas, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

El contrato tendrá una vigencia desde la formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

CAPACIDAD CRIPTO MULTIPROPÓSITO Y MULTIDOMINIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de suministro para la adquisición de la Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio para las Fuerzas Armadas.

Le necesidad de este contrato radica en la conveniencia de la adquisición de medios de cifrado de voz táctica y datos para los sistemas CIS utilizados para Mando y Control, mediante el desarrollo y adquisición de cifradores tácticos comunes a implantar en las Fuerzas Armadas, de nivel alto de seguridad, con capacidad criptológica dual nacional y OTAN.

Estos medios de cifrado sustituirán y mejorarán la capacidad de aquellos que han quedado o quedarán obsoletos en un corto período de tiempo.

El contrato tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de octubre de 2030, sin posibilidad de prórroga.

Defensa

SUMINISTRO DE RADIOS SDR

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de suministro de radios SDR (Radio Definida por Software) del Programa Especial de Modernización Sistema Conjunto de Radio Táctica. Con este contrato se renovarán los equipos de radiocomunicaciones tácticas de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas, mediante la obtención de un sistema conjunto que garantice el intercambio fiable y seguro de información táctica requerido en las operaciones tanto nacionales como internacionales.

El contrato asciende tendrá una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de diciembre de 2034, sin posibilidad de prórroga.

Transportes y Movilidad Sostenible

SUBVENCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO DE MADRID, BARCELONA, VALENCIA Y CANARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se trata de la concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público colectivo metropolitano en el ejercicio 2025.

La concesión directa de estas subvenciones supone un esfuerzo inversor idéntico a las del 2023 y 2024, lo que muestra la apuesta clara del Gobierno de España por el fomento del transporte público.

En concreto, las ayudas se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano a las siguientes entidades y con los siguientes importes:

• Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,89 millones de euros.
• Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità): 149,3 millones de euros.
• Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València): 40 millones de euros.
• Comunidad Autónoma de Canarias: 47,5 millones de euros.

Estas subvenciones se suman al resto de ayudas puestas en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante 2025, destinadas a financiar la implantación de:

- La gratuidad infantil en el transporte público para los y las menores de hasta 14 años.

- Descuentos del 50% en abonos y títulos multiviaje joven.

- Reducción de tarifas en el resto de abonos y títulos multiviaje de al menos un 40%.

- Descuentos en los abonos recurrentes de los sistemas públicos de préstamo de bicicletas de al menos un 50%.

Todo ello sin olvidar otras medidas de gran calado como el programa Verano Joven, que en esta edición ha logrado récord de usuarios y viajes con más de 6,8 millones de viajes realizados en tren y autobús con descuentos de hasta el 90%, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

Características de estas subvenciones

El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios y que el mismo sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, de forma que la financiación estatal actúa como un incentivo para desplegar este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.

Transportes y Movilidad Sostenible

MEJORA DEL ENLACE DE LA AP-1 Y LA A-1 EN ARMIÑÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado una adenda al convenio suscrito por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Diputación Foral de Álava que permitirá actualizar las condiciones de los trabajos de mejora del enlace de la AP-1 y la A-1 en Armiñón, ubicado en el límite provincial entre Burgos y Álava.

Mediante esta adenda, la inversión necesaria para la ejecución de estas obras, que mejorarán las condiciones de circulación del tramo tras la liberación del peaje, se amplía en 5 millones de euros pasando de los 19,2 millones de euros previstos a 24,1 millones. Este importe será supervisado y financiado por el Ministerio, mientras que será la Diputación la encargada de la redacción del proyecto y su posterior ejecución.

Además, el plazo de vigencia de este convenio suscrito en 2022 se amplía en 4 años, entre 2025 y 2028.

Proyecto ya sometido a información pública

En este contexto, cabe señalar que, recientemente, el Ministerio ha aprobado provisionalmente y sometido a información pública el proyecto de trazado de esta actuación. El trámite ya quedó abierto tras la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos contemplados en este proyecto recogen la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, concretamente la confluencia en el sentido Madrid-Irun, todo ello con el objetivo de mantener unas adecuadas condiciones de vialidad en todo el corredor de la AP-1, que soporta tráfico de largo recorrido tanto nacional como internacional, y que forma parte de los itinerarios E-5 y E-80 de la Red Transeuropea de carreteras.

Además de este proyecto, la Diputación Foral de Álava ya ha ejecutado las obras de ampliación de la capacidad y mejora de la bifurcación entre la calzada Irún-Madrid de la autovía A-1 y el ramal de incorporación a la autopista AP1 en el enlace de Armiñón, cuyo presupuesto asciende a 4,8 millones (IVA incluido) y que también son financiadas por el Ministerio de Transportes.

Industria y Turismo

FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN 2026 CON CARGO A REMANENTES DE 2025

El Consejo de Ministros ha autorizado la financiación, en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España en el Extranjero, de actuaciones de promoción en el ejercicio 2026 con cargo a créditos remanentes del ejercicio 2025, según lo previsto en el artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Los objetivos de política turística de incrementar la rentabilidad del turismo contribuyendo a la desestacionalización y desconcentración geográfica implican poder trabajar con los socios de los mercados emisores desde el comienzo de cada ejercicio, cuando se cierran las ofertas de productos para la temporada de primavera/ verano, especialmente para mercados lejanos.

El mecanismo por el que se financian las actuaciones de promoción del Plan Operativo de las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España en el Extranjero ha sido, de ordinario, el de los anticipos de pagos a justificar con cargo a créditos del presupuesto TURESPAÑA.

La tramitación de estos libramientos conlleva que las actuaciones promocionales puedan comenzar sólo a partir del tercer mes de cada ejercicio, cuando en los principales mercados emisores de turistas internacionales se ha producido ya un volumen importante de las reservas vacacionales. En este sentido, la realización de actividades de promoción en el primer cuatrimestre del año es clave.

El trabajo realizado por las Consejerías en el exterior supone la realización de más de 2.400 actividades de promoción que se negocian en el último trimestre del ejercicio anterior. Por ello, es necesario que dicha negociación se realice con la garantía de una disponibilidad económica que permita la máxima eficacia y los mejores resultados en las actuaciones.

Las circunstancias expuestas aconsejan una acción más ágil por parte de la Administración, que justifica la actuación propuesta de que un porcentaje de las actividades promocionales correspondiente al primer cuatrimestre del año pueda ser financiado con cargo a créditos remanentes del ejercicio anterior.

Por todo ello, y de conformidad con el art. 79 LGP, se propone la realización de anticipos de pagos a justificar en el exterior a cada Consejería, por un importe 3.221.514,93€ y de 60.000$US con cargo al ejercicio corriente, para atender las actividades de promoción del turismo internacional de las Consejerías en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente.

Industria y Turismo

CONTRIBUCIÓN A LA EUROPEAN TRAVEL COMMISSION

- Atrofia muscular progresiva

- Esclerosis lateral primaria