El Gobierno reforma las leyes de dependencia y discapacidad para mejorar las prestaciones y reducir la burocracia

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes la reforma conjunta de las leyes relativas a los derechos de las personas con discapacidad y a la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que "posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura". La meta -ha añadido- es "sentar las bases de un sistema público y universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar, a ser cuidados, a la igualdad y a vivir una vida plena en condiciones de libertad y de autonomía".

Bustinduy ha subrayado que el proyecto de ley se ha enriquecido desde su versión inicial con las aportaciones de la sociedad civil, las comunidades autónomas, el Consejo Económico y Social y los agentes sociales. El resultado es un texto "ambicioso y con el mayor consenso posible" que plasma dos objetivos centrales: concretar la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024 y dotar al sistema de dependencia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que plantean la mayor longevidad y las transformaciones sociales. La reforma supone un "giro copernicano", ya que no se centra en gestionar las plazas de las residencias, sino en atender las necesidades y las preferencias de las personas.

Dependencia y discapacidad: nuevos derechos y prestaciones

El ministro ha resumido el enfoque de la reforma en "nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y más tecnología"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

En cuanto a los derechos, Bustinduy ha destacado dos. En primer lugar, el derecho a la accesibilidad universal, que conlleva la obligación para los poderes públicos de crear entornos accesibles en todos los espacios públicos y de remover las barreras físicas o cognitivas que afecten a las personas con discapacidad. Con el fin de asegurar el disfrute del patrimonio histórico y cultural, se crea un programa estatal de promoción de la accesibilidad universal, y para facilitar las obras de accesibilidad en viviendas y edificios, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal. En segundo lugar, la norma consagra el derecho universal a la teleasistencia que, además, tendrá carácter complementario, es decir, que deberá ser siempre completada con otros recursos.

Respecto a las prestaciones, el ministro ha detallado que, por primera vez, las administraciones públicas proveerán de productos de apoyo como sillas de ruedas y camas articuladas. Igualmente, se crea el servicio de asistencia personal, que no se limitará a la educación y el trabajo, sino que acompañará a la persona en actividades cotidianas. La ayuda a domicilio se extenderá fuera del ámbito de la vivienda para necesidades como ir al médico o hacer la compra. Otras novedades son la ampliación de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguinidad, la conversión de los centros de día en centros multiservicio y la creación de una prestación transitaria para los casos en que el recurso solicitado no esté disponible.

Menos burocracia, más tecnología

La reducción de la burocracia se concreta en medidas como la supresión del régimen de incompatibilidad entre prestaciones y la del periodo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (el plazo máximo de espera para recibir la prestación reconocida). Además, se agilizan los procedimientos de revisión de los planes individuales de atención, se crean procedimientos de urgencia para casos de particular vulnerabilidad, se profundiza en la coordinación sociosanitaria y se compatibiliza la percepción de prestaciones y el empleo. Bustinduy ha remarcado, igualmente, que se establecen pasarelas para el reconocimiento automático de la discapacidad a partir de la valoración de la dependencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Por último, la reforma tiene en cuenta los avances tecnológicos en ámbitos como la robótica, la domótica y la inteligencia artificial. En esta línea, crea un centro para generar la infraestructura pública que mejore las prestaciones y desarrolle una industria estratégica de los cuidados, incorpora un régimen jurídico especial para los proyectos piloto en materia de innovación social y prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en el desarrollo de la inteligencia artificial y los algoritmos.

La norma, en definitiva, pretende "generar el Estado del bienestar del siglo XXI", según ha dicho Bustinduy, quien ha remarcado que esa apuesta "viene respaldada por hechos" como la distribución de 783 millones a las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia. El ministro ha apuntado que la inversión en este ámbito se ha multiplicado por cuatro desde 2014: "No hay precedentes en el ámbito de la política social de un esfuerzo fiscal de esta magnitud".

Oferta de Empleo Público: atención al ciudadano y digitalización

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2025, que suma 36.588 plazas incluyendo las destinadas al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Las correspondientes a la Administración del Estado son 26.889, el 70 % de ellas de nuevo ingreso (20.324) y el restante 30% para promoción interna (6.565).

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha remarcado que desde el año 2018 se han creado una media de 32.552 plazas al año, el triple que en la etapa anterior. Las claves de la OEP de 2025 -ha explicado- son el refuerzo del Estado del bienestar, la reversión de los recortes, la digitalización de la función pública y la mejora de la atención directa a los ciudadanos. Su elaboración se ha basado en datos y en criterios de recursos humanos, así como en los recursos tecnológicos y digitales a disposición de la Administración, por lo que supone dar "pasos en el camino de diseñar la función pública del futuro", según ha expuesto López.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Un total de 8.851 plazas de nueva creación permitirán reforzar la atención directa al ciudadano en servicios como las oficinas de expedición del DNI, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico (DGT), las oficinas de Extranjería, el Catastro o las gerencias territoriales de Justicia. La meta es conseguir "servicios públicos más directos, cercanos, ágiles y eficaces", en palabras del ministro.

Óscar López ha sostenido que la OEP de 2025 contribuye, además, a rejuvenecer la plantilla de los servicios públicos y garantiza el derecho constitucional a la igualdad de las personas con discapacidad, para las que se reserva un 10% de las plazas de la Administración General del Estado.

Respecto a los avances en digitalización, el ministro ha apuntado que, según los datos de la Comisión Europea, España se sitúa seis puntos por encima de la media europea. También ha señalado que, en el índice de desarrollo de digitalización de la Administración de Naciones Unidas, España ha ascendido hasta el puesto 17 en la clasificación de 193 países.

Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad en España.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que la norma ha sido consensuada con las comunidades autónomas y los agentes sociales y ha incidido en que aborda las políticas de empleo como un derecho subjetivo y universal: "La ciudadanía tiene derecho a que mejoremos la empleabilidad, a que la formemos, y lo hacemos con universalidad. Este sistema no es para las personas en desempleo, es para mejorar la empleabilidad de todo el Sistema Nacional de Empleo, incluidas las comunidades autónomas".

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La nueva estrategia presta atención prioritaria a los colectivos más vulnerables, como las personas con discapacidad, las mujeres sin cualificación y las víctimas de violencia machista, los jóvenes y los parados de larga duración.

En este sentido, Yolanda Díaz ha avanzado que su departamento trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas que sufren autismo y que ocho comunidades autónomas cuentan con programas de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista y de trata.

La vicepresidenta segunda ha recordado que hay más de tres millones de jóvenes ocupados en España, la cifra de paro juvenil más baja de la democracia, pero son personas sin formación y el objetivo del Gobierno es actuar para que la tengan. Además, Díaz ha remarcado que el problema estructural son los parados de larga duración, en especial las mujeres de más edad. Para mejorar su empleabilidad, el Gobierno destinará 633 millones de euros.

Políticas activas también para los autónomos

Yolanda Díaz ha remarcado que la estrategia es la primera planificación plurianual que se realiza en el marco de la nueva Ley de Empleo, lo que garantizará recursos y actuaciones estables. Además, la norma fija objetivos cuantitativos y cualitativos para cada comunidad autónoma.

Por otra parte, la ministra se ha referido a la modernización tecnológica del Servicio Público de Empleo, que está utilizando el 'big data' para hacer un perfil individualizado de las personas que reclaman el derecho y elaborar actuaciones precisas: "Ganamos eficiencia y mejoramos un servicio público".

El ministro Pablo Bustinduy junto a las ministras Pilar Alegría y Yolanda Díaz, y el ministro Óscar López, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La estrategia también beneficiará al colectivo de trabajadores autónomos. De hecho, la vicepresidenta segunda ha señalado que tenemos una cifra récord de personas autónomas trabajando, de las que 122.600 han sido formadas por el Servicio Público de Empleo, así como otras 160.000 en la economía social.

El total de acciones supera los 4 millones, ha argumentado Díaz: "Muchísimas personas demandan los servicios para recualificarse o, incluso, para cambiar de familia profesional y mejorar su posición el propio mercado de trabajo". Las políticas activas de empleo se han incrementado el 54% en España desde que se formó el Gobierno de coalición, ha concluido la vicepresidenta.

En materia de empleo, el Ejecutivo también ha aprobado hoy el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025 y ha destinado 139 millones de euros a programas de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, y de formación en el trabajo. Yolanda Díaz ha anunciado que está ayuda permitirá dotar a programas como TándEM e Investigo, a los que se incorporan la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Ciudad de la Energía y la Biblioteca Nacional de España.

Subvenciones para corporaciones locales afectadas por la DANA

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado sobre la aprobación de una subvención de 72,3 millones para 14 entidades y corporaciones locales de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA. La portavoz ha citado entre los beneficiarios de estas ayudas a la Diputación de Valencia, que recibirá 22 millones de euros; el Ayuntamiento de Paiporta, con casi 17 millones; o el de Alfafar, que obtendrá un total de 6,6 millones.

Para aumentar la eficiencia en la gestión de estas subvenciones, las entidades podrán recibir el pago sin necesidad de presentar previamente la cuenta justificativa con todas las facturas, que podrán remitirse posteriormente, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha del abono.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Otros asuntos de actualidad: incidentes en Torre Pacheco

Pilar Alegría se ha referido, en las respuestas a los medios de comunicación, a los incidentes violentos registrados en el municipio murciano de Torre Pacheco en las últimas horas, ante los que ha manifestado la "rotunda" condena del Ejecutivo. Alegría ha reconocido, además, la "magnífica labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este escenario, y ha destacado como muestra de dicho trabajo las 13 detenciones practicadas hasta la fecha.

En este punto, ante el "sentimiento de preocupación" que estos incidentes pueden despertar en la ciudadanía, la ministra ha planteado una reflexión contra los discursos de odio: "Nuestro país no se parece en nada a esos violentos que lo maltratan con la excusa de estar defendiendo a España; afortunadamente, nuestro país es abierto, plural, diverso, moderno, acogedor", ha subrayado la portavoz, quien ha destacado varios datos para argumentar esta idea.

La tasa de criminalidad -"una de las más bajas del mundo"- se ha reducido en 6 puntos desde 2011, y el 73% del conjunto de los delitos en España fueron cometidos por personas con nacionalidad española, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023. En el plano económico, la ministra ha resaltado que los extranjeros aportan un 10% de los ingresos a la Seguridad Social, y el 25% del crecimiento del PIB per cápita se atribuye a trabajadores nacidos fuera de España. "Estos son los datos reales", ha concluido Alegría, que ha finalizado trasladando el compromiso del Gobierno "contra el odio y la intolerancia".