Referencia Consejo de Ministros

Trabajo y Economía Social

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE APOYO ACTIVO AL EMPLEO 2025-2028

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028. Si la anterior estrategia 2021-2024 priorizaba las reformas normativas, esta nueva norma avanza para asegurar el ejercicio de los derechos de usuarios y usuarias, tanto personas como empresas e incorpora la evaluación de la estrategia precedente, con resultados positivos en inserción laboral, especialmente cuando se combinan servicios como tutorías y formación, y con colectivos con resultados en progreso como las personas jóvenes y paradas de larga duración.

Con la nueva estrategia se refuerza la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo. El seguimiento puntual correrá a cargo de los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) y un modelo integrado de evaluación.

Objetivos generales

La estrategia siete ejes operativos: orientación, formación, oportunidades de empleo, oportunidades para personas con discapacidad, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional en los que se avanza hacia seis metas generales:

• Mejora de la empleabilidad
• Mejora de la intermediación
• Aumento de la cobertura en la atención a perceptores de prestaciones
• Consolidación y mejora de la calidad de las redes de orientación profesional
• Incremento de la participación en la formación
• Impulso y sistematización de la atención a las empresas
  

Atención específica

La nueva Estrategia incluye atención prioritaria a jóvenes, parados de larga duración, personas con discapacidad, personas cuidadoras de enfermos de ELA, personas migrantes y población gitana.

Se incorpora mayor fortaleza en innovación tecnológica que potenciarán la calidad y cantidad del trabajo, como la herramienta especialmente en el ámbito del perfilado de servicios, en la detección de necesidades formativas y en el intercambio de información y coordinación con distintas instituciones y bases de datos.

El texto también plantea una estrategia global para desempleados de larga duración y mayores, un Plan de Empleo Juvenil y un Plan de Empleo para el Pueblo Gitano y además, con perspectiva de género como principio general, también incluye un Plan Estratégico de Transversalización de la Igualdad.

En cuanto a territorios, se incluyen medidas específicas para Ceuta y Melilla.

Evaluación continua

La evaluación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo se realizará anual, bienal y cuatrienalmente:

Tras la conclusión de cada Plan anual para el Fomento del Empleo Digno, se evaluará el cumplimiento de los objetivos clave, estratégicos y estructurales recogidos en cada plan.

A los dos años de iniciada la Estrategia, se realizará una evaluación intermedia con la finalidad de mejorar el desarrollo de la Estrategia vigente en su etapa final.

Al tercer año se realizará una evaluación ex ante de la próxima Estrategia de Empleo, incorporando las lecciones aprendidas de los procesos evaluativos llevados a cabo, y un diagnóstico del contexto normativo y del mercado laboral vigentes.

Como parte de la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y de los Planes anuales que la componen, se elaborará un cuadro de mando desagregando desglosado por comunidad autónoma.

En dicho cuadro de mando se propone incluir y evaluar los siguientes indicadores principales:

1. Mejora de la empleabilidad de las personas atendidas en un 10%. Durante la evaluación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo anterior, se ha observado que existen patrones de atención que mejoran los resultados en cuanto a inserción en el mercado laboral de las personas atendidas frente a las personas que únicamente reciben un servicio de elaboración de un perfil individualizado. El impacto se determina mediante el análisis de datos desde seis meses antes de la actuación de los servicios de empleo y los seis meses posteriores identificando grupos de tratamiento y de control de composición sociodemográfica similar para que permitan una comparativa homogénea.

2. Intermediación.

Se establecen indicadores de evolución continua de la inserción laboral que se calcularán cada tres meses.

3. Esfuerzo en la mejora del nivel asistencial.

Refuerzo de la garantía de acceso al itinerario personalizado para las personas perceptoras de subsidios.

4. Consolidación de las redes de orientación y prospección.

Se proponen 3 indicadores que serán evaluados de manera conjunta:

• Ratio de demandantes por personal orientador y prospector
• Escala de personal orientador o prospector establecida
• Porcentaje de personas orientadoras y prospectoras con contrato indefinido o posición consolidada sobre el total de personas orientadoras y prospectoras.
  

Para poder hacer seguimiento de estos indicadores, se deberá poner en marcha un Registro de personal orientador y prospector en el que se pueda conocer a qué personas demandantes atienden, así como características contractuales de cada persona orientadora y prospectora.

5. Seguimiento de la formación.

Se definirá un indicador para realizar el seguimiento y medir el impacto de los programas públicos mixtos de empleo - formación, y de la formación con compromiso de contratación. En este indicador tendrá especial relevancia el dato de las personas que obtienen un empleo y lo mantienen como resultado de la participación en esas acciones y programas.

Además, se definirán también indicadores que permitan mostrar el grado de adecuación de las acciones formativas a las necesidades de formación detectadas en el mercado laboral.

6. Seguimiento presupuestario.

El indicador mensual acumulado, ha de establecer el porcentaje de ejecución presupuestaria realizado: fondos comprometidos sobre total de fondos asignados para cada anualidad.

Trabajo y Economía Social

PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas destinadas a la ejecución para el año 2025 de programas de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, de formación en el trabajo, o de una combinación de ambos, mediante programas experienciales de empleo y formación TándEM, así como de iniciativas para el empleo joven (programas "Primera experiencia profesional en administraciones públicas" e "Investigo") que contribuyan a incrementar la competitividad de la investigación y la innovación. El importe total de las ayudas asciende a 139.043.120 euros.

Destino de las subvenciones

Como novedad respecto a ediciones anteriores se amplía la subvención nominativa a la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Ciudad de la Energía y la Biblioteca Nacional de España.

En general, se trata de subvenciones que se vienen concediendo de manera recurrente en ejercicios precedentes (en el caso de Patrimonio Nacional, por ejemplo, bajo la antigua fórmula de las Escuelas Taller, que cuenta con 29 años de historia) y que es necesario mantener para garantizar la efectividad de las políticas de empleo y de formación para el trabajo que viene desarrollando el Estado.

Listado de entidades perceptoras

• El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional: 1.400.000 euros para el desarrollo del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social y 8.280.000 euros para el desarrollo del programa experiencial de empleo y formación TándEM,
• La Jefatura Central de Tráfico (216.480 euros) y la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (57.050 euros.).
• El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM): 105.870 euros. El Instituto de la Juventud (INJUVE):1.000.000 euros.
• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): 1.614.700 euros, para PAE (empleo y formación) a desarrollar en el exterior
• El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): 282.090 euros para el desarrollo del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social y 912.300 euros para el desarrollo del programa experiencial de empleo y formación TándEM,
• La Comunidad Autónoma de Andalucía: 50 millones para el Plan de Empleo de Andalucía
• La Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias (45 millones), y para el de la isla de La Palma (12 millones).
• La Comunidad Autónoma de Extremadura: 15 millones para el Plan de empleo de Extremadura.
• La Fundación Secretariado Gitano: 245.000 euros, a fin de actualizar el estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación con el empleo y la pobreza, y que ha de utilizarse para conformar el Plan de actuación para la mejora de la empleabilidad de la población gitana en España
• La Biblioteca Nacional de España (BNE): 434.310 euros para el desarrollo del programa experiencial de empleo y formación TándEM y 966.430 euros para el desarrollo del proyecto de primera experiencia profesional en administraciones públicas.
• La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) 1.247.010 euros para el desarrollo del programa experiencial de empleo y formación TándEM y 281.880 euros para el desarrollo del proyecto de investigo.

Trabajo y Economía Social

PLANES DE EMPLEO DE CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 25.000.000 euros para financiar los planes de Empleo de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Estos fondos permitirán la contratación de personas trabajadoras desempleadas para obras y servicios de interés general y social para el año 2025.

El importe de la convocatoria se ejecutará en 2025 y 2026. Con estas subvenciones se permitirá que los y las demandantes de empleo mejoren su empleabilidad tras la experiencia profesional adquirida.

Las subvenciones correrán a cargo de la dotación presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.

Trabajo y Economía Social

PLAN ANUAL DE FOMENTO DEL EMPLEO DIGNO

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED) 2025 que, junto con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo (SISPE), constituyen los instrumentos de coordinación y ejecución de las políticas de apoyo activo al empleo en toda España. Se trata de una base a partir de la que los diferentes servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

El Plan Anual concreta los objetivos a alcanzar en el año tanto en el conjunto de España como en cada una de las distintas Comunidades Autónomas y los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, partiendo de la experiencia de la evaluación de los Planes de 2023 y 2024.

Fruto de la colaboración

Este Plan 2025 ha sido elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas. También se ha dado participación a los Agentes Sociales que participan en la Comisión Ejecutiva que han podido hacer aportaciones.

Se ha diseñado en paralelo a la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, de modo que se han incorporado los 8 objetivos estratégicos y los 20 objetivos operativos incluidos en la misma.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión, en el conjunto de los 6 ejes del Plan Anual 2025, un total de 91 servicios y programas distintos, de los que 60 son comunes y 31 corresponden a diferentes comunidades autónomas.

Novedades del PAFED 2025

En 2025 se establecen, por primera vez, objetivos cuantitativos por colectivos de atención prioritaria. Los colectivos que se tienen en cuenta son: jóvenes, mujeres, jóvenes y mujeres con baja cualificación, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas vulnerables. Estos objetivos se han definido con indicadores cuantitativos de los servicios prestados por los servicios públicos de empleo.

También se ha diseñado una nueva estructura de indicadores adaptados a la Estrategia 2025-2028. Todas las medidas descritas en el Plan contarán con sus correspondientes indicadores, definidos específicamente para su seguimiento y evaluación.

Además, a partir de 2025, la información relativa al seguimiento del PAFED a través del cuadro mando se publicará con frecuencia trimestral:

1. Indicador de mejora de la empleabilidad: en la mayor parte de las Comunidades Autónomas las combinaciones de servicios que suponen un mayor impacto en la empleabilidad de las personas atendidas son principalmente aquellas combinaciones entre formación, itinerario y tutorización.

Dichas combinaciones de servicios, se actualizarán anualmente basándose en las evidencias de las distintas evaluaciones.

Con el fin de realizar seguimiento sobre los esfuerzos que se están realizando desde la Comunidad Autónoma, se propone un indicador que mide la proporción de personas que tienen registrada esa combinación de servicios (diferente en cada Comunidad Autónoma) frente al total de personas atendidas en el mismo período de tiempo.

2. Consolidación de las redes de orientación y prospección: las evaluaciones del PAPE 2121, 2022 y PAFED 2023, ponen de manifiesto que la empleabilidad mejora con la calidad de la atención prestada, y esta calidad está directamente relacionada con la consolidación de las redes de orientación profesional. Este Plan Anual incentiva esa consolidación, y contempla un indicador para medirla.

Los incentivos a la utilización de medidas eficaces en la mejora de la empleabilidad, se asignarán mediante una reserva de eficacia en los fondos a distribuir en futuros ejercicios.

Se establece un objetivo global de mejora de la empleabilidad, de al menos el 10 %, relacionado con la prestación y el seguimiento de las prestaciones descritas. Es necesario medir no sólo los resultados obtenidos por los servicios públicos de empleo, sino también los esfuerzos realizados para conseguir dichos resultados.

En este sentido, se propone un conjunto de 3 indicadores que serán evaluados de manera conjunta:

• Ratio de demandantes por personal orientador y prospector
• Escala de personal orientador o prospector establecida
• Porcentaje de personas orientadoras y prospectoras con contrato indefinido o posición consolidada sobre el total de personas orientadoras y prospectoras.

3. Seguimiento de la formación: tanto en los casos de las personas empleadas como desempleadas.

4. Seguimiento presupuestario: se propone un indicador mensual acumulado, que establezca el porcentaje de ejecución presupuestaria realizado.

En este ámbito, se plantea una reserva de eficacia. Una vez identificadas las atenciones con mayor impacto, se incentivará su utilización mediante una reserva de eficacia que se fijará en un porcentaje en las cantidades a distribuir para su ejecución por los Servicios Públicos de Empleo en Conferencia Sectorial.

Se reflejará en un cuadro de mando los indicadores a nivel de Comunidades autónomas y provincias con carácter trimestral, desagregado también por sexo y edad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES

El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas de 2022 a los Anexos I, II, IV y V del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y al Anexo VI del Protocolo de 1997 que enmienda dicho Convenio, adoptadas mediante las Resoluciones MEPC.343(78), MEPC.359(79), MEPC. 360(79), MEPC. 361(79) y MEPC.362 (79). Es el principal convenio internacional sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales.

Las enmiendas adoptadas mediante la Resolución 343(78) del Comité de protección del medio marino (MEPC) fueron aceptadas el 1 de julio de 2023, habiéndose producido su entrada en vigor el 1 de enero de 2024. El resto fueron aceptadas el 1 de noviembre de 2023, entrando en vigor el 1 de mayo de 2024. Estas Enmiendas Afectan a las condiciones para las puertas y tapas de escotillas estancas en la zona de carga de los petroleros, así como sobre las instalaciones de recepción y medios disponibles en las terminales de descarga. Otras indican que los buques tendrán que cumplir, a partir de 2025, con controles más estrictos de las emisiones de óxido de azufre en el mar Mediterráneo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ORGANIZACIONES, PROGRAMAS Y FONDOS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar veinticinco contribuciones voluntarias plurianuales de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional por importe de 61.585.000 euros, con el siguiente desglose:

• Contribución de 2.630.000 euros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
• Contribución de 4.300.000 euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
• Contribución de 2.925.000 euros, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
• Contribución de 4.375.000 al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Contribución de 1.550.000 euros a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Contribución de 650.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
• Contribución de 4.950.000 a la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres)
• Contribución de 1.500.000 euros al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU HÁBITAT)
• Contribución de 15.000.000 euros al Fondo de Adaptación para el Cambio Climático (FA)
• Contribución de 750.000 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
• Contribución de 850.000 euros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
• Contribución de 3.100.000 euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
• Contribución de 900.000 euros al Programa Mundial de Alimentos (PMA)
• Contribución de 250.000 euros a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Contribución de 100.000 euros a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Contribución de 200.000 euros, a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)
• Contribución de 2.000.000 euros a la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD)
• Contribución de 350.000 euros al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
• Contribución de 5.535.000 euros a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
• Contribución de 100.000 euros al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
• Contribución plurianual de 1.285.000 a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN)
• Contribución de 700.000 euros al Fondo de Aceleración de Cabo Verde 2030.
• Contribución de 6.000.000 de euros a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)
• Contribución de 100.000 euros a la Sociedad Alemana de Cooperación (GIZ)
• Contribución de 1.485.000 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
  

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

ACUERDO CON IRAK SOBRE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar la firma ad referendum del Acuerdo Internacional entre el Reino de España y la República de Irak en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo. (MPCM)

Con motivo del viaje del Ministro del Interior a Irak el 23 de abril de 2025, él y el Ministro del Interior de Irak, Abdul Amir Kamel Abdullah Al-Shammari, firmaron el texto de este Acuerdo ad referéndum en Bagdad (Irak).

El acuerdo tiene como finalidad fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial entre los dos países, así como prevenir y poner freno a la actuación del terrorismo y de la delincuencia organizada mediante la mutua colaboración.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CONVENIO CON URUGUAY SOBRE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la firma del Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay en el ámbito de la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Tiene como finalidad fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial entre los dos países, así como prevenir y poner freno a la actuación del terrorismo y de la delincuencia organizada mediante la mutua colaboración.

El texto de este acuerdo será firmado el 22 de julio de 2025 por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, con motivo del viaje a Uruguay del presidente del Gobierno del Reino de España.

La cooperación se prestará con respeto a las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales asumidos por ambas partes y guiados por los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.

Interior

SUBVENCIONES A LAS CORPORACIONES LOCALES AFECTADAS POR LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe de 72.314.249,30 millones de euros a 14 entidades y corporaciones locales de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA, en aplicación de las ayudas recogidas en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El pago anticipado de subvención es una modalidad excepcional, pensada única y exclusivamente para las corporaciones locales afectadas por la DANA. Con el objetivo de aumentar la eficiencia en la gestión, las entidades pueden recibir el pago sin necesidad de presentar previamente la cuenta justificativa con todas las facturas, que podrán remitirse posteriormente, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha del abono.

El procedimiento se ha simplificado para facilitar la gestión. Las corporaciones locales deberán remitir a las Jefaturas de Protección Civil en las Subdelegaciones del Gobierno una certificación municipal que acredite de forma fehaciente que las actuaciones realizadas son las que tienen la consideración de subvencionables, conforme a lo dispuesto en la propia Orden INT/592/2025, de 6 de junio -limpieza, retirada de escombros, pequeñas reparaciones, entre otras- con la identificación de las fechas, lugares e importes de los trabajos.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias verificará la documentación y dictará propuesta de resolución de concesión de las subvenciones por el importe total de la suma de todas las solicitadas por las corporaciones locales que se acojan a esta modalidad de pago anticipado. Posteriormente, dictará la resolución de concesión que ordenará el pago a través del Banco de España.

A continuación, se detallan las entidades que han solicitado el pago anticipado, así como los importes correspondientes en cada caso:

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA TURÍSTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos se instrumenta en torno a Programas de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, con dos programas diferenciados: el programa ordinario, que se convoca cada año, y el programa extraordinario 2021-2023.

Aunque comparte con el programa ordinario objetivos, categorías de destino, y buena parte de las actuaciones, se distingue de él por el carácter excepcional de su financiación, que procede en su totalidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y que debe implicar una mayor ambición transformadora.

El programa extraordinario de 2021 estuvo vinculado al Plan Nacional Xacobeo y estaba dotado con 45 millones de euros y el plazo de ejecución sería hasta el 31 de octubre de 2025. Pero se hace necesario modificar dicho plazo de ejecución. La nueva fecha propuesta amplía el plazo hasta el 30 de mayo de 2026. Asimismo, el plazo de justificación será de 1 mes hasta el 30 de junio de 2026.

Industria y Turismo

CONVENIO ENTRE INDUSTRIA Y EL ICO PARA OPERACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la tercera Adenda al Convenio con el Instituto de Crédito Oficial para la concesión de financiación y garantía a operaciones del sector turístico en la línea ICO Empresas y Emprendedores.

Por ACM de 14/12/22 se autorizó la suscripción de la 1ª Adenda al Convenio, en la que se establecía un gasto adicional de 26.000€ y se modificaba la distribución temporal de los compromisos asumidos por la SETUR del MINTUR+.

Posteriormente, se firmó el 4/11/24 una 2ª Adenda por la que se aprobó una nueva revisión de las anualidades. La SETUR se comprometió a abonar un máximo de 26,4M€, con cargo a la aplicación presupuestaria "Al ICO para reposición de Fondo de Provisión por garantía de operaciones de la línea ICO Empresas y Emprendedores 2019-2021" para los años 2019 a 2025. Asimismo, se comprometió a abonar un máximo de 1,2M€, con cargo a la aplicación presupuestaria "Gastos financieros" para los años 2019 a 2025, en concepto de Comisiones de gestión y administración.

En la presente anualidad 2025 existen en cada concepto unos remanentes de compromiso de créditos cuya anulación procede por no preverse la necesidad de ejecutarlos ni en 2025 ni en ejercicios sucesivos. En consecuencia, procede anularlos, de acuerdo con lo previsto en la cláusula Octava del ya citado Convenio de 27 de diciembre de 2019.

La Adenda minora en 21,84M€, el importe vigente (26,45M€) de los compromisos asumidos con cargo a la aplicación presupuestaria "Al ICO para reposición de Fondo de Provisión por garantía de operaciones de la línea "ICO Empresas y Emprendedores 2019-2021".

Asimismo, la Adenda implica una minoración de 22.067,76€, sobre el importe vigente (1.245.688,89€), de los compromisos asumidos con cargo a la aplicación presupuestaria "Gastos financieros".

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CRÉDITOS PARA EL SAAD

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONTRIBUCIÓN A ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS INTERNACIONALES DE CARÁCTER AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a realizar cuatro contribuciones por valor total de 39.886 euros a distintos organismos y programas internacionales de carácter agrícola, ganadero y pesquero, que se consideran de interés para España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la alimentación. Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones que son de interés para España porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior.

A la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP) se realiza una aportación de 14.641 euros. La EAAP es una organización internacional de carácter científico, fundada en 1949 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objeto de promover las mejores condiciones económicas y estructurales para la producción animal a través de una activa colaboración entre organizaciones nacionales en los campos de la investigación científica, la experimentación, la genética animal y la asistencia técnica.

En este marco de colaboración se ha promovido la creación de la Unión Española de Entidades de Ciencia Animal (UEECA), como entidad de carácter voluntario e independiente, sin ánimo de lucro, cuyo principal fin es agrupar y coordinar las asociaciones constituidas en España dedicadas al estudio de la ciencia animal, favorecer la representación de los intereses españoles en la EAAP y asesorar sobre las cuestiones de producción animal.

El Consejo Consultivo para las Regiones Ultraperiféricas (CCRUP), recibe una contribución de 12.000 euros. El objetivo principal del CCRUP es informar a la Comisión Europea y a los Estados miembros interesados sobre los problemas, dificultades y buenas prácticas relacionadas con la gestión y conservación de los recursos pesqueros en su área geográfica de competencia, proponer soluciones para superarlos y recomendar medidas para la buena gestión de los recursos pesqueros. Con ello, se pretende mantener o restaurar los límites de seguridad de los recursos marinos.

Su actuación es coherente con los principios de buena gobernanza, considerando las especificidades regionales, así como la participación adecuada de los representantes del sector pesquero y de otros grupos interesados. En el caso de España resulta de especial interés por la presencia en dicho Consejo Consultivo del sector pesquero y otros agentes interesados de las Islas Canarias.

A la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID) se destinan 6.845 euros. Esta Comisión se estableció en 1950 como una organización internacional científico-técnica, sin ánimo de lucro y no gubernamental, con el fin de conformar una red profesional de expertos de todo el mundo en el campo del riego, el drenaje y la gestión de inundaciones. Su objetivo es lograr una gestión del agua para una agricultura sostenible mediante el intercambio de experiencias, ideas, buenas prácticas y su promoción entre los países socios y las partes interesadas. España forma parte de esta comisión a través del Comité Español de Riegos y DrenajesEl Consejo de Ministros ha autorizado hoy cinco contribuciones voluntarias por un total de 166.200 euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará a diversos organismos y programas internacionales vinculados a los sectores agrícola y pesquero, considerados de especial interés para España.

Estas aportaciones, realizadas de forma habitual, están dirigidas a apoyar el desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y alimentaria. Su finalidad es reforzar la actividad de organizaciones internacionales que resultan clave para impulsar las prioridades del ministerio en el exterior y fortalecer la posición de España en dichos foros.

Al Punto Focal Regional Europeo para los Recursos Genéticos Animales (ERFP) se transfieren 6.400 euros. El ERFP es una plataforma regional que apoya la conservación in situ y ex situ y el uso sostenible de los recursos genéticos animales, así como la implementación del Plan de Acción Mundial de la FAO en este ámbito.

Iniciado en 1997 y establecido formalmente en 2001, el ERPF tiene como objetivos facilitar la cooperación regional, proveer asistencia técnica y liderazgo, coordinar actividades de capacitación, investigación y desarrollo de proyectos orientados a mejorar el uso, desarrollo y conservación de los recursos genéticos animales. Está integrado por 45 países, y se financia con las aportaciones de los Estados miembros. España forma parte desde su inicio y su participación tiene una gran relevancia para el sector ganadero, puesto que muchas de las propuestas que se discuten en este foro influyen en directrices, acuerdos e, incluso, legislación de alcance internacional. Además, ayuda a la correcta aplicación del programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

REFORMA DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CRÉDITOS PARA EL SAAD

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados.

Este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia, destacando dos modificaciones:

• Se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.
• Se elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Se transforma así el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas.

La reforma pretende actuar ante el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y aumente, así, el número de personas en situación de dependencia. Asimismo, se reforzará el nuevo modelo de cuidados en base a la Estrategia estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad (en el hogar o entornos comunitarios) a las personas que requieren de prestaciones por dependencia y a las que tienen una discapacidad.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este año 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros (783.197.420 €). Esta cantidad es la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.

Más servicios en el catálogo y más prestaciones

Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo:

• Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.
• Se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
• Se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida.

Al mismo tiempo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro centro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.

Más ayuda en el domicilio

Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicio con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.

Teleasistencia universal

Este proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.

Apertura de los centros de día

Otra novedad que incluye el texto aprobado este martes es la consideración de los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio. Esto supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones. Lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran. Los centros de días también servirán de referencia para personas que no son sus usuarias pero que pueden encontrar en ellos otro tipo de servicios.

El objetivo es que todos los centros de día se integren en su comunidad y se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan. De esta manera la mayor parte de personas de la comunidad podrán acceder a actividades que promuevan su autonomía, su bienestar emocional y su participación social. Esto es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos, y supone un nuevo enfoque que convertirá a estos centros en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.

Nuevos derechos

El proyecto de ley incluye nuevos derechos para las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales. De esta manera, se ofrecerá una atención integral que combine ambas áreas y se podrá evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores.

Calidad empleo del SAAD

Otra de las novedades que incorpora el proyecto de ley después del proceso de escucha ha sido la incorporación de un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados. El artículo establece que será a través del diálogo con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial donde se establecerán los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación continua.

Esta medida se relaciona con el Reto Trabajadoras del SAAD, una iniciativa que subraya la necesidad de valorar el trabajo de las profesionales de la Dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.

Menos burocracia y más agilidad: pasarela entre dependencia y discapacidad

La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.

Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.

Asimismo, esta reforma también agiliza el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones. También se establece un procedimiento de urgencia, de forma que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud. Cabe destacar que la reforma recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.

Compatibilidad entre empleo y prestaciones

La reforma del SAAD incorpora una novedad clave para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral: a partir de ahora dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.

Hasta la fecha, muchas personas beneficiarias del SAAD se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Una de las consecuencias más frecuentes era la pérdida de plazas en centros ocupacionales, cuya recuperación posterior resultaba compleja.

Con la modificación introducida, cuando una persona reciba una oferta de empleo o unas prácticas formativas, no habrá ninguna duda de que podrá mantener su plaza en el centro durante el tiempo necesario para valorar la continuidad del puesto de trabajo. De este modo, se garantiza una transición segura hacia el empleo y se evita que la aceptación de una oportunidad laboral implique la renuncia a recursos fundamentales para la autonomía personal.

Desarrollo Artículo 49

En materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. En línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva. Así mismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.

Accesibilidad universal

En este sentido, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, etc.

En lo referente al ámbito privado, el proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.

El texto añade como novedad en esta segunda vuelta la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. Las administraciones competentes deberán adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva (mediante lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo) y prevé su desarrollo reglamentario en colaboración con las organizaciones representativas. El desarrollo de la accesibilidad no solo se tiene en cuenta para espacios sino también para servicios públicos. Este es el caso de las Juntas Arbitrales de Consumo que, según el proyecto, asegurarán el acceso universal mediante procedimientos accesibles, reforzando así la protección en el ámbito del consumo.

Tecnología

La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología y en las que se reconoce tanto sus potencialidades como sus riesgos. Así, se busca mejorar la calidad de los servicios mediante el desarrollo de nuevas herramientas avanzadas de evaluación, supervisión y control, así como para promover la innovación social.

La ley establece un marco común para garantizar la calidad en los centros y servicios del SAAD, evaluando tanto los procesos de atención como su impacto en la calidad de vida de las personas y de quienes prestan cuidados. Se busca fomentar la innovación social y tecnológica bajo el liderazgo del IMSERSO para desarrollar nuevas herramientas y programas tecnológicos. En esta lógica, se promoverán espacios de exención regulatoria para proyectos piloto que tendrán como finalidad ofrecer nuevas modalidades de cuidados personalizados y comunitarios, con la supervisión de las administraciones. Por último, se establece el compromiso de crear el Centro Estatal de Competencias de Innovación Social en el plazo de 12 meses.

La ley incorpora principios explícitos para que cualquier tecnología aplicada a la atención, desde la teleasistencia hasta el uso de sensores o inteligencia artificial, debe respetar principios esenciales como la autonomía, la privacidad y la integridad personal. En el desarrollo de la IA también se vigilará para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, como puede ocurrir en procesos de selección de profesionales dirigidos automáticamente.

La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.

Salud mental

La ley establece un nuevo marco de atención a las personas con problemas de salud mental basado en su autonomía y en la participación. La norma establece que todas las intervenciones deben basarse en el consentimiento libre e informado, priorizando el respeto a la voluntad de la persona y el uso de apoyos en la toma de decisiones. Prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad, e impone garantías procesales reforzadas.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2025, con el que se eleva a 36.588 la oferta total de puestos de trabajo en el sector público del Estado, incluidas las plazas ofrecidas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Del total, 27.697 son plazas de nuevo ingreso y 8.891 de promoción interna.

Empleo neto en la Administración del Estado

La oferta en la AGE alcanza las 26.889 plazas de funcionario y personal laboral (20.324 de turno libre y 6.565 de promoción interna) y supone una creación de 5.400 empleos netos. Se profundiza así en el cambio de tendencia logrado en 2021 manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos. Durante tres años consecutivos se ha producido una generación de empleo neto, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas.

En los últimos años, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones récord: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos.

Otra de las medidas que está impactando en esa recuperación del empleo público es la agilización de los procesos selectivos. El 93% de los procesos de la OEP de 2024 se han publicado en 2024 y la gran mayoría de los procesos realizan la fase de oposición en menos de un año.

Refuerzo en atención a la ciudadanía

El segundo de los ejes sobre el que se construye la oferta es el refuerzo de la asignación de plazas a cuerpos y escalas de los subgrupos de funcionarios C1 y C2, los estrechamente vinculados a la atención a la ciudadanía. Del total de plazas para personal funcionario en la AGE (13.400), el 64% pertenece a estos subgrupos, seis puntos por encima de la oferta del año pasado. Es la primera vez que la OEP se enfoca en los servicios de atención a la ciudadanía y de tramitación de prestaciones para garantizar una atención ágil, directa, de calidad e inclusiva.

Estas plazas reforzarán las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones, en centros como estos: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, Dirección General de Tráfico (DGT), oficinas de extranjería, gerencias territoriales de justicia, Catastro, Agencia Tributaria, Oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas.

Cohesión territorial y social

Como ya ocurriera en 2024, la OEP 2025 reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual. La incorporación cada año de estos efectivos sigue contribuyendo a una Administración más diversa e inclusiva, que promueve la integración laboral y el desarrollo profesional sin barreras y que de ese modo sirve mejor a la ciudadanía.

En el último año no sólo se ha aumentado el ritmo de incorporación de personas con discapacidad, sino que se han mejorado los recursos dedicados a su integración laboral, con la constitución de las Unidades de Inclusión en los departamentos ministeriales, cuyas capacidades serán reforzadas a lo largo de 2025.

Asimismo, esta oferta da un paso más en la territorialización de las plazas, para reflejar mejor la presencia de la Administración del Estado en todo el territorio. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas y una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos. El objetivo es que las personas aspirantes a los procesos selectivos tengan información sobre si existe previsión de ofertas plazas en las distintas provincias, y así atraer talento de todo el territorio.

Plazas en organismos públicos de investigación

En concreto, en las escalas correspondientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) se crean 602 plazas de ingreso libre y 639 plazas por el proceso de promoción interna, lo que supone un 38,4% más de plazas de acceso libre que en 2018, y un 112,3% más plazas de promoción interna: en 2018 se convocaron 435 plazas de acceso libre y 301 de promoción interna. Las plazas irán destinadas a personal científico titular, personal investigador científico, profesorado de investigación, técnicos superiores especializados, tecnólogos, técnicos especializados y ayudantes de investigación.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 409/2024, de 23 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo. Se crea, además, el Comité ejecutivo del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA.

Entre las novedades, destaca el cambio de denominación y las funciones atribuidas actualmente a los dos Comisionados Especiales ya existentes (PERTE AGRO y PERTE Descarbonización), adaptándolos a la realidad de competencias y prioridades de la actual Secretaría de Estado de Industria.

La nueva denominación de estos Comisionados será: Comisionado especial para la Reindustrialización y Comisionado especial para la Competitividad Industrial y de la Pyme.

Entre las funciones de ambos Comisionados, se incluyen el apoyo a la Secretaría de Estado de Industria en la promoción, impulso y divulgación de las políticas y planes para la transformación de ecosistemas industriales y la reindustrialización.

Destaca, además, el fomento de la participación en órganos colegiados y en la colaboración público-privada para facilitar la implementación de las políticas de reindustrialización.

El Comisionado especial para Reindustrialización será competente para promocionar de la integración de la perspectiva industrial en el conjunto de las políticas económicas, sociales y ambientales impulsadas por el Gobierno.

El Comisionado especial para la Competitividad Industrial y de la Pyme será competente para apoyar, asistir, a la Secretaría de Estado de Industria para el diseño de instrumentos de apoyo económico y financiero para la transformación y el impulso del sector industrial en España.

Además, se ajustan las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica y se reorganiza su estructura.

También se crea el Comité Ejecutivo Reinicia+ FOCIT DANA. Se trata de un órgano colegiado con competencias decisorias para la gestión de la línea extraordinaria Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT).

Las ayudas del Mecanismo REINICIA+ FOCIT DANA son de carácter temporal y extraordinario para permitir la financiación de activos materiales de las empresas afectadas por la DANA y van a dirigidas a establecimientos turísticos afectados por la DANA. Se solicitan a través del Instituto de Crédito Oficial.

Entre sus funciones, destacan la evaluación y, en su caso, aprobar la realización por parte del ICO para realizar las operaciones que aquel haya considerado viables, así como la evaluación de la evolución, control y seguimiento de las operaciones realizadas con cargo al Fondo.

Juventud e Infancia

ATENCIÓN A LA INFANCIA MIGRANTE

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución de 22 millones de euros como crédito extraordinario a las Comunidades Autónomas de Isla Canarias y de Illes Balears y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2025.

Esta partida tiene como objetivo garantizar el sostenimiento de los sistemas de acogida de dichos territorios. De esta forma, el archipiélago canario recibirá ocho millones y medio de euros, Ceuta siete millones, Melilla cuatro millones y medio y Baleares, que recibirá parte de este crédito por primera vez, dos millones de euros. Destaca el sobreesfuerzo que realizan los territorios de llegada para la atención y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que vienen a España, por lo que. Ante esto, se apoya a las comunidades y ciudades autónomas que realizan un esfuerzo material y presupuestario elevado.

Estos recursos aportados por el Gobierno central serán destinados a la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, así como todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, entre otros.

Se está impulsando el desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025 con el objetivo de dar una acogida solidaria, digna y vinculante a quienes llegan solos y solas a nuestro país y de ayudar a los territorios de llegada. La migración es una cuestión de país y debe abordarse como país.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se planteará la ratificación de la propuesta de distribución.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Indonesia

D. BERNARDO DE SICART ESCODA

Licenciado en Derecho por La Universidad de Barcelona. Miembro de la Carrera Diplomática desde 1985.

En el exterior, ha estado destinado en las representaciones diplomáticas en México, Argelia y Guinea Ecuatorial; cónsul general en Lima y Marsella; en la Representación Permanente ante la Unión Europea, como Coordinador COREPER, donde se encargó de diferentes tareas en el ámbito RELEX. Ha sido también Embajador en la Confederación Suiza, en Liechtenstein y en Luxemburgo.

Ha desempeñado el puesto de vocal asesor del ministro del Interior y de los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno (2000-2004). En Servicios Centrales ha trabajado como vocal asesor en los Gabinetes de SEUE y de SECIPI. Ha sido director de Protocolo del Estado y, más tarde, director de Relaciones Internacionales en Presidencia del Gobierno.

Fue destacado en Barcelona como subdirector de Relaciones Internacionales en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Barcelona'92.

Embajador de España en la República de Namibia

D. FRANCISCO JAVIER PAGALDAY GASTELURRUTIA

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (Especialidad en Relaciones Internacionales), en Derecho y en Geografía e Historia, ingresó en la Carrera Diplomática en 1990.

En el exterior ha estado destinado en las representaciones de Ghana, Luxemburgo, Costa Rica, Irlanda, en el Consulado General de España en Miami y finalmente como embajador de España en Panamá (2019-2022).

En el MAEUEC, ha desempeñado responsabilidades en la Dirección General de Relaciones Económicas (delegado en el Club de París), en el área de contratación de la Subdirección General de Patrimoniales adscrita a la Dirección general del Servicio Exterior, vocal asesor en la Subsecretaría en dos periodos (2009-2011 y 2022-2023) y subdirector general de Protección y Asistencia Consular en la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares (2015-2019).

Desde julio de 2023 hasta la actualidad ha desempeñado el puesto de vicepresidente de la sección española del Comité Permanente Hispano-norteamericano.

Embajador de España en Nueva Zelanda

D. LUIS ALFONSO SANCHEZ-VELLISCO SANCHEZ

Licenciado en Derecho y funcionario de la carrera diplomática desde 2007. Ha desempeñado distintos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tanto en el exterior como en los servicios centrales.

En el exterior ha desempeñado los puestos de segunda jefatura en las embajadas de España en Bamako (Mali), Addis Abeba (Etiopía), Accra (Ghana) -en comisión de servicios- y Canberra (Australia).

En los servicios centrales del ministerio ha ocupado puestos de vocal asesor en el Gabinete de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, subdirector adjunto para el Magreb y jefe de Estudios en la Escuela Diplomática.

Desde agosto de 2022 ocupaba el puesto de vocal asesor en el Gabinete del Ministro.

Defensa

Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco

S.A.R. la Princesa de Asturias, Dª. LEONOR BORBÓN Y ORTIZ

Industria y Turismo

Directora general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa

Dª. MARÍA TERESA PAREJO NAVAS