Comparecencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno; ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos un martes más a esta concurrida rueda de prensa de hoy, que, además, cuando les podamos explicar los temas que hemos aprobado en el Consejo de Ministros, verán ustedes que tienen un marcado componente social. En primer lugar, como pueden comprobar, me acompaña la vicepresidenta segunda, que les va a dar cuenta a todos ustedes del Real Decreto para la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo en la franja 2025-2028, y también el plan anual, que cuenta, además, con una importantísima distribución financiera a las comunidades autónomas para llevar a cabo esas políticas activas de empleo.

Conocen ustedes, porque así se lo ha trasladado este Gobierno, fundamentalmente la vicepresidenta segunda, los buenos datos que hoy nuestro país tiene en materia de empleo. Estamos ya prácticamente rozando esos 22 millones de personas trabajando en nuestro país, y también tenemos, en esa otra cara de la moneda, el dato de desempleo más positivo en los últimos 17 años. Y, desde luego, es en esa senda positiva en la que queremos seguir caminando durante estos años.

Además, también en este sentido, en el Consejo de Ministros hemos aprobado la oferta de empleo público para este año 2025, con récord de plazas una vez más para ese nuevo ingreso y por quinto año consecutivo. Estamos hablando, concretamente en este año, de una oferta de 36.588 plazas, donde, además, más de 26.700 de estas plazas son de nuevo ingreso. Y les recuerdo que aquí, por supuesto, se incluyen tanto para la Administración General del Estado, como Policía Nacional, Guardia Civil y, por supuesto, también las Fuerzas Armadas. Una oferta, como les decía, de empleo público que les va a detallar en unos minutos el propio ministro Óscar López.

Además, otro de los temas importantes que hemos podido también aprobar hoy en el Consejo de Ministros, en este caso, por parte del ministro Bustinduy, estamos hablando de ese proyecto de ley para reformar tanto las leyes de dependencia como la ley de discapacidad, que se envían ya al Congreso de los Diputados. Un desarrollo y una modificación de estas leyes a raíz de la modificación que ustedes conocen del Artículo 49 de la Constitución, que, como conocen y saben perfectamente, era una demanda histórica fundamentalmente también para las personas con discapacidad en nuestro país.

Además, el propio ministro les dará cuenta a ustedes también de un importante reparto que se va a realizar a las comunidades autónomas de más de 780 millones de euros para, como les decía anteriormente, financiar esos servicios de atención a la dependencia.

Además, también en el Consejo de Ministros de hoy, en este caso, concretamente, por parte del ministro del Interior se ha autorizado la cantidad de 72 millones de euros en subvenciones, en este caso a las entidades locales afectadas por la Dana en Valencia. Y entre otras administraciones locales se encuentra, por un lado, la Diputación de Valencia, que va a recibir algo más de 22 millones de euros; el Ayuntamiento de Paiporta, que va a recibir casi 17 millones, o 6,6 millones el Ayuntamiento de Alfafar, como les digo, entre otros. Y estos son los temas que hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de Ministras. Si les parece, le daré en primer lugar la palabra a la vicepresidenta segunda.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - "Graciñas". Buenas tardes y gracias por su presencia. Quiero empezar señalando que, a pesar de vivir en un país en el que quieren que normalicemos el desencuentro en la política, van a ver ustedes ahora políticas públicas que ha aprobado el Consejo de Ministros, pero que han encontrado el acuerdo en las políticas públicas. Es decir, desencuentro en la política, acuerdo en las políticas públicas. Digo esto porque, como saben, fueron refrendadas todas estas políticas públicas casi por unanimidad, es decir, completamente a favor y con una única comunidad autónoma que votó en contra. Por tanto, desencuentro en la política y acuerdo en las políticas. Digo porque creo que este es el camino y el ejemplo a seguir, y hablo, lógicamente, directamente al Partido Popular.

En segundo lugar, lo que hacemos hoy es propiciar uno de los cambios sustanciales que hemos hecho en nuestro país. Ustedes recordarán el Componente 23. Teníamos muchos retos de país. La reforma laboral era la más conocida, pero había un reto de país que era la Ley de Empleo y la reforma de las políticas activas de empleo. Esto es a lo que hoy le damos forma. Es lo que permite o lo que explica los datos que tenemos hoy de empleo en nuestro país y de desempleo en nuestro país. Recuerden ustedes la tasa de paro cuando llegamos al Gobierno de España. Recuérdenla. Y hoy estamos en una tasa de paro de 2,4 millones de personas. Pero lo importante es la gráfica, no solo la caída general del desempleo, sino la gráfica que vemos aquí. Y es que van a ver ustedes que, gracias a este cambio que hemos hecho en las políticas activas de empleo, nada más y nada menos que ya once comunidades autónomas en nuestro país están por debajo de la cifra de dos dígitos de desempleo. Lo ven ahí: Navarra, Aragón, Cataluña, Asturias, País Vasco, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Galicia. Es decir, lo que estamos planteando es un cambio absoluto del modelo.

¿Qué hacemos hoy? Efectivamente, dar un paso más de reencuentro desde las políticas públicas para seguir mejorando el objetivo de empleabilidad que tenemos en España. Me van a permitir que les traduzca rápidamente, siendo muy compleja la temática que abordamos, cuáles son las singularidades de la estrategia que hemos consensuado con las comunidades autónomas y con los agentes sociales y cuáles son sus características. La primera de ellas, van a observar que hacemos un cambio fundamental en el sentido de que, por ley, hoy en nuestro país las políticas de empleo son un derecho subjetivo. Damos, como en el estado del bienestar, un paso adelante. Desarrollamos el Estado social. Hoy, la ciudadanía tiene derecho a que le mejoremos la empleabilidad, a que la formemos, a una serie de cosas que nunca habíamos tenido en nuestro país. Y lo hacemos, obviamente, faltaría más, con universalidad. Es decir, este sistema no es para las personas en desempleo, es para la mejora de la empleabilidad de todo el Sistema Nacional de Empleo, incluidas las comunidades autónomas, y, por tanto, también todos ustedes si quieren mejorar su empleabilidad.

En segundo lugar, fijamos la atención pormenorizadamente en dos objetivos, que son los colectivos vulnerables...voy muy rápidamente de pasada, pero de manera clave. Me acompaña el ministro de Derechos Sociales. Una tarea central que trabajamos con ese Ministerio es mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en España. Y, por primera vez, nos fijamos un objetivo, que son las personas que sufren autismo en nuestro país. Es una primera experiencia que vamos a hacer y la lanzamos ahí. Dos. Las mujeres. Fundamentalmente también las mujeres sin cualificación y las mujeres que sufren violencia machista y trata. Aquí les anticipo que hemos hecho ocho programas desde el Servicio Público de Empleo en ocho comunidades autónomas con un éxito fulgurante de incorporación, de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista y de trata en nuestro país. Por tanto, las políticas activas sirven justamente para que, de manera pormenorizada, hagamos exactamente esto.

Los jóvenes. Les digo siempre que los jóvenes...Tenemos más de tres millones de personas jóvenes ocupadas en España. La cifra es récord. Pero siempre proyectamos una gráfica en la que ven ustedes que, desde la democracia hasta hoy, tenemos la cifra de jóvenes más baja de paro de la historia. Tan solo 166.000 de 2.400.000. El problema del mercado de trabajo no está ahí, está en lo que vamos a hablar ahora. Pero es verdad que esos 166.000 tienen unas características y son jóvenes sin formación en nuestro país. Por tanto, nos fijamos el objetivo de actuar en estos jóvenes.

Y dejo para el final la clave de esta estrategia, y es que, como saben, el problema estructural que tenemos en España es el paro de larga duración. Singularmente, el paro de larga duración, que es más del 47 % de las personas en desempleo, de esos 2,4 millones de personas que están en desempleo, y que además tienen rostro de mujer. Son las mujeres...Les digo siempre con la portavoz...En la última comparecencia, les dije que una mujer de mi edad, por mucha formación que tenga, es excluida si acude a un proceso de selección. Por tanto, son las mujeres con una franja de edad, operando el puro edadismo, sobre las que recae este sesgo del desempleo de larga duración.

Por tanto, ¿cuál es el objetivo de nuestra estrategia hoy, consensuado con los agentes sociales y con las comunidades autónomas? Piensen que fue un debate difícil. Fue difícil porque es la población más difícil de insertar laboralmente y de mejorar su empleabilidad. Pero fuimos capaces de conseguir el objetivo. Pues el objetivo de este año es que nos centremos, desde todo el Sistema Nacional de Empleo, en las personas que se encuentran en el paro de larga duración en nuestro país. Aquí volcamos un importe, lo decía la portavoz, importante. 633 millones de euros para esto. Fíjense, las estrategias anteriores, el objetivo de país era la empleabilidad de los jóvenes y ha funcionado. No les voy a aburrir con datos. Se proyecta el mapa de España con las cifras de desempleo que tenía antes cada comunidad autónoma y la que tiene ahora. Por tanto, es una estrategia de país, y este es el camino. Fíjense cuánto paro ha reducido Extremadura. Pero no solo Extremadura, todas las comunidades autónomas han reducido el desempleo. Es decir, que las políticas activas claro que están cambiando nuestro país y son claves. Lo digo con total honestidad. Y era uno de los objetivos que nos pedía la Comisión Europea.

Segundo. Tienen un rasgo estas políticas públicas. Por primera vez en España, no hay ninguna política pública que lo haga así, que están guiadas por el principio de plurianualidad y, además, las hemos definido ya hasta el final de la legislatura. ¿Y por qué? Porque, como sabemos muy bien en las políticas de empleo, las políticas de empleo no acaban en el 31 de diciembre, cuando el presupuesto general del Estado se agota. Ni siquiera cuando lo prorrogamos. Es decir, y esto lo habrán vivido muchos de ustedes en muchas comunidades, que hay programas que penden de si somos capaces de renovarlo y luego conllevábamos un retraso de seis meses. Ineficiencias en el sistema. Es la primera política pública, por primera vez, a pesar de que nos lo recomendaba la Comisión Europea y la AIReF, que lo hacemos en España. Por tanto, hoy el sistema goza de estabilidad, y tenemos... Antes teníamos tan solo 27 programas en el catálogo nacional, y van a ver ustedes que ahora superamos un porcentaje brutal de los mismos.

Uno de los cambios esenciales de esta estrategia y de las políticas activas es que les fijamos objetivos cuantitativos y cualitativos pormenorizadamente a cada comunidad autónoma. Es decir, le decimos, por ejemplo, a mi comunidad autónoma gallega que tiene que cumplir estos objetivos. Van a ver ustedes, si les interesa, un cuadro en el que señalamos comunidad a comunidad y con programas específicos. Les puedo decir que esto, además, en el cambio que hemos hecho, tiene una serie de "bonus-malus". Es decir, esto que fue tan polémico, no lo voy a reproducir, en algunas comunidades autónomas que no ejecutaban el presupuesto destinado para estas razones y las hemos penalizado. Y, sin embargo, otras comunidades autónomas, ahora ha cambiado la situación, por eso les digo que funciona este mecanismo, ahora lo que hacemos es que les damos un bonus de una décima presupuestaria más para aquellas comunidades autónomas o aquellos programas que sean exitosos en nuestro país. Es decir, vamos en positivo hacia la corrección del sistema. Sí les digo que está funcionando.

Otra característica, y me acompaña el ministro del ramo, tiene que ver con el objetivo que teníamos en el Componente 23, que era la modernización tecnológica de todo el Servicio Público de Empleo. Y esto es lo que estamos haciendo. El "big data", todas las matemáticas, los algoritmos, no solo están en la Inspección de Trabajo, están aquí, en el perfilado individualizado, por supuesto, pero en todo el servicio de orientación. Lo que antes hacían un sinfín de orientadores y orientadoras, a los que aprovecho para darles las gracias, que nunca hablamos de ellos y de ellas, y son claves, pues ahora mismo lo hacemos todo con inteligencia artificial y ahorramos costes fiscales, ganamos eficiencia y mejoramos un servicio público. Pero es que, además, la inteligencia artificial es la que nos está diciendo, según el perfilado de la persona que reclama el servicio y el derecho, cuáles son las actuaciones que debemos hacer.

Otro de los elementos fundamentales de esta estrategia es que, así como nos dirigimos a colectivos vulnerables, nos dirigimos por primera vez, y esto es clave, recuerdan que nos decía la Comisión Europea que las políticas activas de empleo tienen que estar guiadas por el principio de la administración local, es decir, cuanto más cercanas, más éxitos, por barrios prioritarios en nuestro país. Les voy a poner un ejemplo. De las cifras de desempleo que ven ahí, cojan cualquier comunidad autónoma, esas son las medianas de paro. Pero pueden ver ustedes, elijan la comunidad autónoma. Si pincháramos ahí, veríamos un ayuntamiento concreto. No voy a señalar a nadie. Aunque su mediana puede ser positiva, puede tener barrios, que hemos definido como prioritarios, cuya tasa de desempleo o las necesidades de empleabilidad son más fuertes. Esto lo hacemos por primera vez. Por tanto, vamos a ir al por menor de las políticas activas de empleo.

Y termino con dos elementos más. A veces, ustedes me preguntan, como todo el mundo en España: "Bueno, todo muy bien, pero esto es para los asalariados y las asalariadas. ¿Qué pasa con el trabajo autónomo en nuestro país?". Bueno, pues ya les digo yo esto está funcionando también con el trabajo autónomo en nuestro país. Por cierto, no solo son los asalariados, sino que cuando hablamos de casi 22 millones de personas ocupadas, es que tenemos una cifra récord de personas autónomas trabajando en España, que también es fruto de las políticas que estamos desplegando. Bien, quiero señalarles que 122.600 personas autónomas han sido formadas también por el Servicio Público de Empleo, y más de 160.000 personas, también autónomas, en la economía social han sido formadas ahí. El total de acciones de nuestro país supera los cuatro millones.

¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero dar como otro sesgo que indica el cambio que hemos hecho en las políticas activas de empleo. Ustedes ven que superamos con creces las personas en desempleo. Lo que está pasando es que, como el sistema está funcionando, la premisa de buscar la formación a lo largo de la vida está operando en el sistema público de empleo. Es decir, que muchísimas personas demandan los servicios para recualificarse o incluso para cambiar de familia profesional y mejorar su posición en el propio mercado de trabajo.

Y, ahora sí, termino señalándoles que tres programas que estaban como una inversión en el Componente 23, que eran los programas TándEM, el Investigo, que nos han escuchado hablar muchas veces de él, dirigidos específicamente a las universidades públicas, que lo tuvimos que relanzar varias veces, y la primera experiencia profesional, estos eran del Plan de Recuperación, los hemos instalado de manera permanente en el Ministerio de Trabajo. Aquí van a ver que ampliamos en la estrategia a nuevas administraciones públicas. La administración pública que más demanda estas experiencias, la primera experiencia profesional, es Patrimonio Nacional, lógicamente, porque operan en la formación y en la experiencia, pero ahora abrimos... Bueno, no voy a decir el elenco de ministerios, pero los nuevos, por decirlo así. Abrimos un nuevo plan con la Biblioteca Nacional, un proyecto que es bien bonito, para la primera experiencia profesional en la Biblioteca Nacional. Y dos... Este proyecto lo hacemos con el ministro Ernest Urtasun. Y, dos, con la vicepresidenta tercera, un proyecto para mejorar la empleabilidad en uno de los sectores que tenemos más demanda, que es justamente la energía, y singularmente la energía renovable. Y centramos ahí un proyecto en la Ciudad de la Energía en nuestro país.

En definitiva, creo que esto es lo que está permitiendo hablar de un cambio de paradigma en nuestro país. Y les quiero señalar que desde que llegamos al Gobierno de España, las políticas activas de empleo, digo porque a veces lo recuerdo en la conferencia sectorial, las hemos incrementado el 54 % en nuestro país. No solo es en las cuantías que ahora avanzamos en ellas, sino que las hemos incrementado en su globalidad. Y tienen, efectivamente, efectos positivos. Y, finalmente, los planes de empleo específicos que tenemos para comunidades autónomas, que también los aprobamos hoy, con necesidades de mejora de empleabilidad en las mismas. Como saben, planes nuevos desde que llegamos al Gobierno de España, el Plan de Andalucía, el Plan de Extremadura... No hace falta que explique las razones que motivan este plan. Mantenemos los que existían de Canarias, el éxito del Plan de Empleo de La Palma... el éxito. Lo digo con rotundidad porque... Hasta el incremento de PIB que tiene La Palma por el plan de empleo que aquí se ha suscitado. Y también las ciudades de Ceuta y de Melilla.

En definitiva, permítanme, creo que estas políticas son las que justifican, con el salario mínimo, la reforma laboral, lo que está pasando en nuestro país. Y cierra toda esta estrategia con las políticas de la evaluación. Hemos hecho esta estrategia, pero "ex ante" con evaluación independiente de las políticas públicas de empleo en nuestro país. Y ya les digo, a modo de resumen, pueden verlo ustedes pormenorizadamente, comunidad autónoma a comunidad autónoma, cuál es el servicio público que mejor funciona según sus características, pero que hay un servicio público, que es el realmente exitoso, que es la formación. Cuando llegamos allí, no falla. Y la combinación de la formación fundamentalmente con la tutorización, la individualización de este servicio.

Por tanto, como empecé, doy las gracias a las comunidades autónomas porque hay acuerdo en las políticas públicas y hay desencuentro en la política en general. Ustedes me están entendiendo. Y las gracias porque es importante que esto vea la luz. Y también un ruego, que lo vuelvo a hacer.

Estas cifras no son de nadie, son de nuestro país. Por tanto, estas contradicciones que sufrimos en el Gobierno de España en las que vemos al señor Feijóo diciendo que maquillamos los datos de empleo en nuestro país, pero, a la vez, sus comunidades autónomas presumen del éxito laboral, debería acabar como una mala praxis en nuestro país. Así que nada más y muchas gracias.

Portavoz. - Muchas gracias, vicepresidenta. Ministro, por favor.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Muy buenas tardes. Hoy enviamos al Congreso la que posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura. Es la reforma conjunta de las leyes de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Es un proyecto que busca no solo dejar atrás la época oscura de los recortes y el inmenso dolor social que generaron, sino sentar las bases de un sistema público, universal, que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar, a ser cuidados, a la igualdad y a vivir una vida plena en condiciones de libertad y de autonomía.

En esta segunda vuelta en el Consejo de Ministros, el texto ha venido enriquecido por cientos de aportaciones, específicamente de la sociedad civil. Organizaciones como el CERMI, como la ONCE, como Plena Inclusión, la Plataforma del Tercer Sector, se han involucrado con mucha vehemencia para hacer de este texto el mejor posible. También todas las comunidades autónomas, con las que hemos mantenido reuniones bilaterales, el Consejo Económico y Social, los agentes sociales... Ha sido un trabajo arduo para intentar presentar el texto más ambicioso y con el mayor consenso posible para aterrizar los dos objetivos principales que tiene.

El primero, lo ha adelantado la ministra portavoz, es aterrizar la reforma constitucional, la reforma del artículo 49, que, lo dijimos en su día, no era sencillamente una cuestión terminológica, no es una cuestión simbólica. Aquí está el aterrizaje en políticas públicas de todos los principios de igualdad, de dignidad, de derechos, que implica la reforma constitucional para 4,2 millones de compatriotas y sus familias. Y el segundo de los objetivos, 18 años después de la creación del sistema de la dependencia, no es solo mejorarlo, sino proyectarlo hacia el futuro. Conseguir dotarlo de las herramientas necesarias para afrontar los inmensos desafíos que tiene por delante. Desafíos que son evidentes. Este es un sistema que hoy atiende a 1,6 millones de personas en España, pero a nadie se le escapa que por las tendencias demográficas, por la longevidad, por la inversión de la pirámide poblacional, también por los cambios de las estructuras familiares y de las fórmulas de convivencia, la tarea de los cuidados es uno de los desafíos y de los retos de país que tenemos por delante, e intentamos darle respuesta, sentar las bases de un sistema público que garantice la igualdad y el derecho a ser cuidados en esas condiciones.

También quiero incidir en la profunda transformación cultural que ha habido en este país, que se evidenció en la pandemia, pero que viene de lejos. El sistema de la dependencia durante mucho tiempo se ha concebido como una cuestión de gestionar un macrosistema de plazas residenciales. Esto, en la pandemia, quedó de manifiesto que no es lo que desea la ciudadanía, que también plantea múltiples problemas, y lo que intentamos es generar este giro copernicano que pase de centrar la atención en la gestión de las plazas de un sistema residencial a atender las necesidades, los deseos y las preferencias de los usuarios y las usuarias. Es decir, que no sean las personas con discapacidad o en situación de dependencia quienes tengan que aprender a navegar y a adaptarse a un sistema de la dependencia, sino que sea el sistema el que se adapte a las necesidades reales del país. Ese es el objetivo y la filosofía que inspira esta norma.

¿Cómo lo vamos a hacer? Le resumo muy rápidamente el enfoque. Nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y más tecnología. Nuevos derechos. Principalmente, dos: el derecho a la accesibilidad universal, derecho subjetivo a la accesibilidad universal, y, por tanto, la obligación por parte de los poderes públicos de generar entornos accesibles en todos los espacios públicos: en los hospitales, en las escuelas, en las sedes de la Administración... Remover todas las barreras físicas o cognitivas para las personas con discapacidad, también garantizar el acceso y el disfrute del patrimonio histórico y cultural, y para ello creamos un programa, el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, para poder sufragar las actuaciones que sean necesarias para consagrar este fin y, también, una demanda histórica de las organizaciones con discapacidad, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar las obras de accesibilidad en viviendas y edificios.

Segundo derecho nuevo que consagra esta norma, el derecho universal a la teleasistencia, que, además, enfatizamos que es un derecho, una prestación, que tendrá carácter complementario, es decir, no podrá instalarse este modelo "low cost", según el cual se provee de equipos de teleasistencia a los usuarios y con eso se satisfacen sus necesidades, no, es uno de los servicios que deberá ser complementario con otros. Más servicios y mejores prestaciones. Los enumero muy rápido porque hay unos cuantos.

Por primera vez, se proveerán de productos de apoyo, como sillas de ruedas, como camas articuladas, como grúas, que serán provistos por las Administraciones Públicas generando un banco de productos que se podrán utilizar y después devolver. Se crea el Servicio de Asistencia Personal, que además irá más allá de la educación y el trabajo, sino que acompañará la realización de actividades de la vida cotidiana, la ayuda a domicilio se extenderá fuera del ámbito de las viviendas para poder realizar actividades como ir al médico o ir a hacer la compra.

También se extienden las prestaciones del entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguinidad: amigos, amigas, vecinos... que podrán también recibir estas prestaciones. Se transforma el régimen de los centros de día, que pasarán a ser centros multiservicio, algo que es particularmente importante, por ejemplo, en el entorno rural. Los centros de día podrán también realizar visitas domiciliarias, hacer servicios de catering, organizar actividades, por ejemplo, en el local de una asociación del barrio o del pueblo, también podrán atender a personas que no vayan regularmente, solo en determinados horarios o solo determinados días.

Creamos también una prestación transitoria en el caso de que el recurso solicitado, por ejemplo, una persona solicita un centro de día en su barrio o una residencia próxima a su hogar, no hay plazas en ese momento, bueno, pues tendrá derecho a que se le oferten otro tipo de servicios dentro del sistema de manera transitoria hasta que se libere esa plaza. Por ejemplo, mientras espera la plaza en la residencia, se podrá atener a ayuda a domicilio o asistencia a un centro de día, algo que hasta ahora no era posible.

Menos burocracia. Se van a suprimir los últimos recortes que quedaban de la era del Partido Popular: el régimen de incompatibilidad entre prestaciones, también el periodo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas. Se van a agilizar todos los procedimientos de revisión de los planes individuales de atención, se van a crear procedimientos de urgencia en casos de particular vulnerabilidad, por ejemplo, casos de demencia, casos de precariedad económica o de violencia de género. Se va a profundizar la interoperabilidad de los datos con el Sistema Nacional de Salud para profundizar en la coordinación sociosanitaria, que es clave para poder generar un sistema de alertas comunes, de atención integral, etc.

Se va a compatibilizar por primera vez la percepción de prestaciones y el empleo. Por ejemplo, una persona con parálisis cerebral que esté en un centro de día acudiendo todos los días y que pueda encontrar un empleo durante tres horas, por ejemplo, en una panadería, donde sea, hasta ahora tenía que elegir entre una cosa y la otra, ahora se va a poder compatibilizar.

Y lo más importante, se van a establecer pasarelas para el reconocimiento automático de la discapacidad a partir de la valoración de la dependencia. Las personas que tengan reconocido un grado 1 de dependencia, tendrán automáticamente reconocida una discapacidad del 33 % y para los grados 2 y 3 será una discapacidad del 65 %. Esto se hará de manera automática, evitando la duplicidad de procedimientos y la obligación a someterse a estos procedimientos que, en ocasiones, son farragosos.

Último elemento, la incorporación de la tecnología. Es evidente que hoy el desarrollo tecnológico puede incidir de una manera espectacular en la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia: son los avances en robótica, en domótica, en inteligencia artificial. Ya les he mencionado que vamos a universalizar el derecho a la teleasistencia, pero también vamos a crear un consorcio público, el Centro Estatal de Competencias para la Innovación Social, con la participación del Ministerio de Ciencia y Universidades, de algunos de los centros punteros de investigación en nuestro país, del CSIC, del CDTI, para generar la infraestructura pública para la innovación social, lo que constituirá no solo una mejora de las prestaciones que se pueden dar a los usuarios y usuarias del sistema, sino que también constituye una enorme oportunidad económica para nuestro país de desarrollo de una industria estratégica de los cuidados en nuestro país.

Y como les digo, esta reforma, por ejemplo, incorpora un régimen jurídico especial para los proyectos piloto en materia de innovación social y de bienestar social y también va a prohibir la discriminación con razón de discapacidad en el desarrollo de la inteligencia artificial o el entrenamiento de estos lenguajes o el desarrollo de algoritmos.

En definitiva, es una norma extraordinariamente ambiciosa, que cuenta con un amplísimo apoyo social, que tiene visión de futuro, que está inspirada por una filosofía universalista para generar el estado del bienestar del siglo XXI, el estado social del siglo XXI, que viene, además, respaldado por hechos. Hoy mismo distribuimos 783 millones de euros a las comunidades autónomas para atender la financiación del sistema de la dependencia. El año pasado destinamos, en 2024, un total de 4.516 millones de euros desde la Administración General del Estado a la financiación de la dependencia. Esto implica multiplicar por cuatro la cantidad que se destinaba en 2014. No hay precedentes en el ámbito de la política social de un esfuerzo fiscal de esta magnitud. Lo vamos a mantener hasta cumplir con el acuerdo de Gobierno, con el compromiso de alcanzar el 50 % de la financiación de la dependencia y para eso trabajamos en el seno del Consejo Territorial y también del Gobierno.

Y permítame decirle como última reflexión que, en este tiempo oscuro, donde vemos, bueno, desde Washington a Torre Pacheco, ¿verdad?, quien carga con toda violencia contra los más vulnerables para proteger a quienes más tienen, para proteger a quienes más tienen, a quienes explotan, a quienes se lucran con todas las injusticias que lacran nuestra sociedad, bueno, pues yo quería transmitirles que aquí no, que aquí no, que aquí trabajamos para construir, para sentar las bases de la democracia del siglo XXI, de un estado social que nos proteja a todos y a todas, y especialmente a quienes están en una situación más vulnerable. Aquí estamos en defender lo público y aquí estamos en defender un modelo de sociedad que, lejos de cargar contra quien está en una posición más vulnerable en una sociedad, busca redistribuir la riqueza, la renta, el tiempo y las oportunidades para hacer una sociedad más justa y una democracia que merezca la pena, digna de ese nombre. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministro. Ministro López.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. -Gracias, ministra. En el mismo camino que anunciaba el ministro Bustinduy, defender lo público, revertir los recortes de la anterior Administración y mejorar los servicios públicos, tengo el honor de presentar hoy el real decreto de oferta de empleo público para 2025. Un real decreto del que todos los años está pendiente mucha gente la población en general, porque de ello depende en gran parte la calidad de los servicios públicos, y miles y miles de jóvenes y de estudiantes y de opositores que están pendientes de ver qué plazas se convocan cada año. Por lo tanto, un decreto de máximo interés para mucha gente.

Cuatro ideas básicas. Uno, como decía, reforzar el estado del bienestar. Dos, revertir los recortes de la anterior Administración, ahora iré con datos. Tres, digitalizar la función pública, la administración pública, y les voy a dar dos datos contundentes, uno de la Comisión Europea y otro de Naciones Unidas. Según la Comisión Europea, con los avances que hemos hecho en los últimos años, España recibe una nota del 88 % en la valoración de la digitalización de la administración frente a un 82 % de media en la Unión Europea. Por lo tanto, España está seis puntos por encima de la media europea en digitalización de la administración.

Segundo dato, Naciones Unidas... Según Naciones Unidas y su índice de desarrollo de digitalización de la administración, España escala posiciones hasta el puesto número 17 de 193 países. Por lo tanto, España es un país que está digitalizando la función pública, con todas las posibilidades que eso encierra para mejorar el servicio y la atención a los ciudadanos y, de hecho, la propia naturaleza y existencia de un Ministerio que conjuga las dos cosas tiene que ver con eso. Les decía reforzar el estado del bienestar, revertir los recortes, digitalizar la función pública y, en el centro de todo, mejorar la atención directa a los ciudadanos. Por eso, ahora les daré datos también de cuáles son los servicios que más se refuerzan y son aquellos que tienen que ver con la atención directa y con los servicios que reciben los ciudadanos.

Datos. La oferta de empleo público recoge una cifra de 36.588 plazas, incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. 36.588 plazas. Si descontamos las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estamos hablando de 26.889 plazas de la Administración General del Estado. 26.889.De esas, el 70 % son plazas de nuevo ingreso, estamos hablando de 20.324 plazas que son las que accederían a la Administración, y el 30 % son plazas de promoción interna y, por lo tanto, para personas que ya están en la Administración, estamos hablando de 6.565 plazas.

Más datos. En el total de la oferta de empleo público, es decir, la que incluye a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, las plazas totales de nuevo ingreso son 27.697 y las plazas de promoción interna, 8.891. Estamos perfeccionando y modernizando los perfiles de la Administración. Hemos hecho una oferta pública de empleo basada en datos, basada en criterios de recursos humanos y basada en los recursos tecnológicos y digitales que están a disposición de la Administración y, por lo tanto, son caminos, son pasos en el camino de diseñar la función pública del futuro. Estamos hablando de que se han reforzado las plazas con un incremento de 8.851 nuevas plazas en, como decía antes, servicios directos de atención al ciudadano. Ejemplos: las oficinas del DNI, las oficinas de la Seguridad Social, del SEPE, de la DGT, de Extranjería, del Catastro, de Gerencias Territoriales de Justicia...estamos hablando todo de servicios directos que reclaman los ciudadanos, donde estamos aumentando esos recursos para dar un mejor servicio. En definitiva, para conseguir servicios públicos más directos, cercanos, ágiles y eficaces. Estamos rejuvenecido, que también es importante, la plantilla de los servicios públicos, de la función pública, y estamos garantizando también con esta oferta de empleo público algo muy importante, que es el derecho constitucional a la igualdad, que antes hacía mención también el ministro Bustinduy a las personas con discapacidad, porque esta oferta pública de empleo reserva un 10 % de las plazas, que era el compromiso, y, por lo tanto, 2.610 plazas para personas con discapacidad.

Acabo. Para ver la magnitud del esfuerzo que está realizando este Gobierno de coalición progresista, les voy a dar solo dos datos. Durante la etapa de Gobierno de la anterior Administración, se convocaron en España 64.000 plazas. Eso provocó un recorte en los servicios públicos, una función pública envejecida, insuficiente, donde había una jubilación masiva de efectivos y, como digo, claramente insuficiente. Estamos hablando de que se convocaban 10.566 plazas al año. De media, de media. En todo el periodo de Gobierno, fueron 64.000, de media, 10.566. Este Gobierno, el Gobierno de coalición progresista, ha convocado desde que llegó al Gobierno, 260.000 plazas. Estamos hablando de 32.522 plazas al año, el triple en relación con el anterior Gobierno. Esto se llama revertir los recortes del estado de bienestar, esto se llama mejorar los servicios públicos y la función pública. Y les voy a dar un solo ejemplo, que está muy de actualidad por algunos debates, por ejemplo, la Policía. En la etapa de Gobierno del Partido Popular, se hacía una oferta pública de empleo de 1.277 plazas al año de media en la Policía, 1.277. En esta etapa de Gobierno se han convocado 2.534 al año. Al año. Estamos hablando de casi 800 policías más al año todos los años durante esta etapa de Gobierno.

Por lo tanto, creo que los datos son contundentes y que, más allá de discursos y retóricas, estos son ejemplos concretos de cómo se refuerza el estado de bienestar, de cómo se revierten los recortes y de cómo se mejora la atención a los ciudadanos. Gracias.

Portavoz. - Muchas gracias a los tres. Empezamos ahora, por favor, con la ronda de preguntas.

Lucía Fernández Fernández (Antena 3).- Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A la ministra portavoz le quería preguntar, porque acabamos de conocer que la Comisión Europea no cree que la amnistía responda a un objetivo de interés general, como ustedes siempre han defendido, sino que es un acuerdo para lograr la investidura. Quería saber qué responden ustedes a esto.

Y luego, sobre financiación singular, ustedes defienden que es positivo para todos, pero lo cierto es que ahora lo que hay sobre la mesa lo rechazan los grupos políticos, las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PSOE. ¿Entienden ustedes las quejas de esas comunidades por el hecho de que se haya negociado con Cataluña y sin tenerlas en cuenta a ellas?

Y, por otro lado, ¿hasta dónde hay margen de negociación para incluir lo que piden?

Y ya, por último, sobre Torre Pacheco, el presidente de Murcia pide refuerzos policiales para controlar la situación. ¿Se lo plantean? Gracias.

Portavoz. - Bueno, vamos por... Vamos por partes, con la última pregunta que usted me trasladaba de Torre Pacheco. En primer lugar, además, entenderán que, desde esta mesa, en nombre del Gobierno también, por supuesto, hacemos una condena rotunda sobre todos los hechos violentos que se han sucedido a lo largo de estos días en Torre Pacheco y, por supuesto, también reconozcamos el gran trabajo y la magnífica labor que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente Guardia Civil y, por supuesto, también las Policías Locales. De hecho, una muestra del gran trabajo que están realizando es que, en estos momentos, a día 13 de julio, hay ya 13 detenidos en esta operación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por cierto, que tal y como anunció ayer el propio ministro del Interior, se ha reforzado la plantilla de estos operativos en más de 40 miembros, como les digo, de los que ya estaban actuando en Torre Pacheco.

Sí que me van a permitir también hacerles una reflexión sobre esta cuestión, porque seguramente todos los ciudadanos, los que estamos aquí, pero también los que están viéndonos hoy desde sus casas, seguramente cuando encienden el televisor o escuchan la radio y pueden conocer y ver las imágenes que todos los ciudadanos estamos viendo a lo largo de estos días, seguramente el primer sentimiento que a todos nos recorre es un sentimiento de preocupación. Y seguramente también cuando vemos esas imágenes, la primera de las conclusiones a las que llegamos es que el odio, cuando el odio se ha alimentado a través de las mentiras, se convierte, seguramente, en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. Y cuando traficas además con ese odio, las consecuencias pueden ser absolutamente desconocidas.

Además, este... si me permiten, yo creo que este combustible se vuelve mucho más inflamable cuando tú señalas a un grupo de personas que tú crees que son diferentes por su color de piel, por sus creencias religiosas o por cualquier otra cuestión. Se vuelve también mucho más inflamable cuando tú unes inmigración con violencia. Se vuelve, desde luego, mucho más inflamable cuando señalas, como digo, a un colectivo de personas, cuando inoculas miedo y, en definitiva, cuando inoculas terror. Y cuando sucede todo esto, pues se producen los hechos que estamos viendo. Y hay que decir también muy claramente que en ese odio chapotea diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular.

También les diré que, afortunadamente, nuestro país no se parece en nada a esos violentos que lo maltratan con la excusa de estar defendiendo a España. Afortunadamente, nuestro país es un país abierto, plural, diverso, moderno, un país acogedor. Y también les tengo que decir que yo creo que el mejor disolvente para eliminar ese odio es explicar las cosas como son y contar la verdad.

Me parece, por ejemplo, trasladarles a todos ustedes, para que también lo conozcan los ciudadanos, cuatro datos que, como digo, actúan claramente como disolvente frente a esas mentiras que algunos lanzan y algunos propagan, por ejemplo, cuando se habla de la tasa de criminalidad en nuestro país, por cierto, una de las más bajas del mundo. Una de las más bajas del mundo. Tal es así, que desde el año 2011 hasta la actualidad se ha reducido en seis puntos.

En segundo lugar, un dato que me parece también muy importante. El 73 % del conjunto de los delitos cometidos en nuestro país, concretamente en el año 2023, que son los últimos datos de los que tenemos estadísticas, fueron cometidos por personas con nacionalidad española. El 73 %. Pero si miramos también el otro lado, la otra cara de la moneda, creo que es importante también resaltar que los extranjeros en nuestro país aportan un 10 % de los ingresos en nuestra Seguridad Social y, sin embargo, solo suponen un 1 % del gasto, es decir, el 10 % de ingresos frente al 1 % de gastos. Y otro dato también que me parece muy importante, el 25 % del crecimiento de nuestro PIB per cápita se atribuye a los trabajadores nacidos fuera de España.

Estos son los datos reales. Esta es la verdad y la realidad de nuestro país y, por tanto, lógicamente, me van a permitir también que, en nombre del Gobierno, traslade nuestro compromiso contra el odio y la intolerancia y, sobre todo, como muy bien explicaba el ministro Bustinduy al inicio de esta rueda de prensa, a favor de los derechos de las personas en nuestro país.

Me preguntaba también sobre la financiación singular y las críticas y opiniones, lógicamente, que cada uno ha podido trasladar, más allá, evidentemente, de respetar las opiniones que hemos podido escuchar a lo largo de estas horas, yo creo que, más allá de las opiniones, lo verdaderamente importante a resaltar aquí son los hechos. Y los hechos es que mientras haya y mientras hay un Gobierno progresista al frente en este país no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro. Es más, la realidad de los hechos lo que nos lleva es que con este modelo de financiación autonómica todas las comunidades autónomas, repito, todas las comunidades autónomas, llámese Cataluña, llámese Madrid, llámese Aragón, llámese Galicia, llámese Asturias, llámese Murcia, han recibido 300.000 millones de euros más con el Gobierno de Pedro Sánchez frente a los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, un 47 % más en materia de financiación autonómica.

Y esta es la realidad de los hechos. A partir de ahí, oiga, ustedes lo saben, nosotros llevamos desde el primer momento, no solamente nosotros como Gobierno, sino todas las comunidades autónomas, apelando a afrontar un debate, por cierto, que lleva caducado nada más y nada menos que 11 años. Quiero también recordar que con mayorías absolutas del Partido Popular no pusieron encima de la mesa este debate. Bien, este Gobierno sí. Además, lo queremos hacer con calma, con sosiego, con seriedad, pero, por otro lado, por supuesto, avalados por los hechos. Y los hechos son los que les digo, 300.000 millones de euros más para todas las comunidades autónomas en estos siete años de Gobierno.

El acuerdo, ¿qué recoge? Los principios que siempre hemos defendido desde este Gobierno: suficiencia financiera, es decir, que todas comunidades autónomas reciban más recursos; solidaridad, fundamental entre todos los españoles; corresponsabilidad fiscal, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también de los ingresos y, por tanto, lo que venimos también desplegando, la bilateralidad que, por supuesto, es absolutamente compatible con la multilateralidad que siempre hemos defendido. Y, sí, la fórmula, lógicamente, es aplicable a todas las comunidades autónomas.

Mientras tanto, ya le digo, nosotros queremos seguir trabajando en la buena dirección para llevar esa modificación de la Ley de Financiación Autonómica que llevamos, por otro lado, planteando desde la legislatura pasada. También les digo, yo las críticas, especialmente por parte del Partido Popular, me las conozco de todos los colores. De hecho, vamos, por parte del Partido Popular como cada día rompemos España, fíjate tú cómo la rompemos que lo que estamos haciendo es financiarla cada día más y mejor. Pero digo que, además de las críticas por parte del Partido Popular, ¿cuál es su modelo? Porque yo creo que también es importante que los ciudadanos conozcan cuál es el modelo en materia de financiación autonómica que defiende el Partido Popular. ¿Un modelo de financiación autonómica que hable de dispersión, como decía el señor Feijóo cuando era presidente en Galicia, o que pondere más el PIB, como explica la señora Ayuso, o que pondere más la población, como explica el presidente de la comunidad de Andalucía? Hombre, yo creo que, más allá de la crítica constante, de la crítica constante por parte del Partido Popular, creo que ha llegado la hora también de que planteen un modelo serio, una propuesta seria, que vaya más allá, si me permiten también, de los lugares comunes.

Portavoz. - ¡Ay! Perdone, perdone, perdone. Sí, discúlpeme, porque eran muchas preguntas y ya no me acordaba. Bueno, saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que, desde luego, la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo. Por tanto, la Comisión, y además ustedes también lo... sobre la vulneración del interés general, tanto en la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden en que la amnistía responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer.

Miguel Muñoz Ortega (Público). - Buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta para la ministra portavoz. Aunque ya ha hablado de Torre Pacheco, la pregunta sería... Se han presentado varias denuncias a la Fiscalía contra Vox por delito de odio. No sé si comparte el Gobierno claramente que Vox está incitando a este tipo de delito de odio.

Una pregunta para la vicepresidenta segunda, o para el ministro de Derechos Sociales, sobre los permisos de maternidad, paternidad y cuidados, en Sumar han dicho que se han iniciado ya los trámites, no sé si va a llegar a los órganos previos esta semana y si hay un acuerdo en el Gobierno para que el Consejo de Ministros lo apruebe finalmente en julio.

También sobre la jornada laboral, no sabemos todavía si habrá, definitivamente, debate de totalidad el día 22 y, en este sentido, si tiene que Junts u otros grupos puedan tumbar el proyecto de ley.

Y, por último, muy rápido también sobre dependencia, ayer conocimos un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, para el ministro de Derechos Sociales, la pregunta es que se destacaban o criticaban un poco los desequilibrios territoriales en la financiación por dependencia y que se ha reducido también el porcentaje que se aporta desde el Ministerio. No sé si... me gustaría una valoración al respecto, y si es cierto que se han reducido estos porcentajes. Gracias.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Sí. Eh... Pues empiezo por esto último, sobre la financiación de la dependencia, que es uno de los principales desafíos que tiene el sistema, es evidente, también tiene una cierta capacidad de monopolizar el debate o la conversación pública y, siendo absolutamente imprescindible, no basta solo con satisfacer las necesidades de financiación del sistema, sino que hay que transformarlo. De eso va la reforma que presentamos hoy, de generar el modelo capaz de atender las necesidades del siglo XXI que, a continuación, hay que financiarlo. Hoy ponemos 783 millones de euros para este fin.

En el año 24 la contribución de la Administración General del Estado para las comunidades autónomas fue de 3.478 millones de euros, a lo que hay que añadir, y es un cálculo que no está incluido en las informaciones que han sido publicadas, que España ha sido el único país de la UE que ha decidido destinar parte de los fondos de recuperación, en concreto en su capítulo 22, a la renovación y modernización de los sistemas de atención a la dependencia. Solo en el año 24 transferimos 808 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la implantación de los sistemas de teleasistencia y para la reforma y transformación de más de 15.000 plazas residenciales en todas las comunidades autónomas y miles de municipios del país. Es un esfuerzo sin precedentes. También destinamos 230 millones de euros, que tampoco están contados en esa cifra, a las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales.

Por tanto, incluso en un escenario de presupuestos prorrogados, el esfuerzo fiscal en materia de dependencia no tiene precedentes pero, como he anunciado antes, como no podía ser de otra manera, estamos trabajando tanto en el seno del Consejo Territorial con todas las comunidades autónomas como en el seno del Gobierno con el Ministerio de Hacienda para dar pasos inminentes, decididos, para cumplir el acuerdo de gobierno que contempla alcanzar ese porcentaje del 50/50 en la financiación del gasto de la dependencia.

Si me permite una puntualización, esta reforma también incluye una medida especialmente importante que tiene que ver con la transparencia en materia de copago en dependencia. Es decir, son provisiones para que todas las Administraciones tengan que aportar datos con toda la transparencia sobre qué porcentaje, qué carga están asumiendo las personas usuarias del pago de los servicios, cosa que, a día de hoy, no está claro y que entenderán que pueda incidir de manera significativa en ese cálculo de los porcentajes. Por tanto, reafirmamos el compromiso de mejorar esa financiación.

Y sobre los permisos, muy brevemente, ahora lo comentará la vicepresidenta segunda, pero la retribución de los permisos parentales de cuidados, la ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas, es un compromiso negociado y recogido en el acuerdo de Gobierno y nuestra voluntad, como se ha hecho público, es que estén listos para la vuelta al cole en septiembre y, por tanto, hemos manifestado la voluntad decidida de que puedan ver la luz para que en septiembre 7 millones de progenitores y progenitoras puedan hacer uso de este derecho social que está negociado y acordado en el seno del Gobierno. Muchas gracias.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. -Sí, bueno, por... y yo querría comenzar diciéndoles que lo que rompe España es hacer regalos fiscales a los ricos, como hace el Partido Popular donde gobierna. Digo esto porque estamos hablando hoy de servicios públicos, de dependencia, de la Administración Pública en general, y esto sí que tiene que ver con el modelo de financiación del que estamos hablando. Eso sí rompe España.

Por abordar las preguntas que me han formulado y, dándole las gracias, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como saben, desde la legislatura pasada, tenemos listo del Real Decreto que aborda la ampliación a 20 semanas por permiso de nacimiento, la retribución de al menos cuatro semanas de permiso parental en cumplimiento estricto de la directiva 2019/1158 por el que estamos abonando a razón de más de 9.000 € diarios de sanción, y en el que a partir de ya vamos a abonar, por sanción e incumplimiento de la directiva, a razón de 43.000 € al día. Y, en tercer lugar, dando cumplimiento a la jurisdicción de nuestro país por mandato evidente y por ser fuente de derecho, la ampliación de las semanas a las familias monomarentales. Esto ya está listo desde la legislatura pasada y ya les digo que hemos instado en los órganos colegiados del Gobierno de España, empezando por el lunes, la CEDEGAE, la incorporación a la misma.

Por tanto, somos claras, lo hemos dicho en el debate pasado y el ministro Bustinduy y yo, así lo llevaremos a la CEDEGAE. Ya se ha instado la incorporación a este debate y nos gustaría, con todo el cariño, que esto vea la luz porque, como se ha señalado, están 7 millones de progenitores... Siempre ponemos el énfasis en 10 millones de pensionistas y 11 millones y medio de prestaciones públicas de pensiones, que no son lo mismo, pero vienen siendo lo mismo, y aquí les digo que le estamos hablando a 7 millones de progenitores en nuestro país. Por tanto, sí, a la pregunta, hemos solicitado, instado, la incorporación a la CEDEGAE del lunes que viene de este debate.

En segundo lugar, jornada laboral. Como saben, seguimos trabajando para mejorar la vida de 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, y también les digo que creemos que este debate debe darse en las condiciones más favorables posibles en nuestro país. Y creo que le he contestado a las formulaciones que nos hacía. Gracias.

Miguel Muñoz Ortega (Público). - Sí, perdonen, sí consideran el delito de odio...

Portavoz. - Sí, sí, perdón. Además, saben ustedes que hay una denuncia ya registrada, en este caso por el Partido Socialista de Murcia y, desde luego, se han referido, además, en esa denuncia unas declaraciones, quiero leerlas en entrecomillado, de, en este caso, por parte del líder regional de Vox, donde dice: "Toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es culpa del Partido Popular y del Partido Socialista por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con Vox, deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios". A lo que se suman otras declaraciones que hemos podido también escuchar por parte de, estos días, de otros dirigentes de Vox, como que estamos hablando... Se están refiriendo hacia la inmigración como una inmigración criminal y que, por supuesto, nos están robando la paz y la prosperidad en este país. Creo que claramente este tipo de expresiones, este tipo de pautas, este tipo de palabras, sí, claramente incitan al odio.

Mariano Alonso Freire (ABC). -Sí, gracias, buenas tardes, portavoz, vicepresidenta, ministros. A cuenta de la amnistía y de lo que ha resuelto por primera vez la Comisión Europea y, entendiendo que es muy a botepronto y creo que estamos un poco empatados en cuanto la información que tenemos en este momento, pero usted ha dicho que no afecta... Que la Comisión dice que no afecta a los intereses financieros de la UE. Por precisar, parece que lo que dice es que la amnistía no permite o dificultad, y son palabras textuales, averiguar si el "procès" socava los intereses financieros de la UE. Si puede hacer una aclaración en ese sentido.

Y, cambiando de asunto, y acerca de la financiación autonómica y del acuerdo ayer con Cataluña, qué tiene usted que decir de las críticas, no solo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a las que usted ha citado, sino también algunas gobernadas por el Partido Socialista, en concreto, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho, ha pedido que se adelante el Consejo de Política Fiscal y Financiera para antes del verano y casi casi, si me lo permiten, su condición de líder de una Federación importante del PSOE, usted, en su toma de posesión, hace casi dos años, aludió a la gente de su pueblo, a la gente sencilla, que usted hace política para ellos, ustedes les explica las cosas. A esa gente de su pueblo, en Aragón, lamento no recordar el nombre, pero seguro que usted le dice, ¿cómo le explica a usted un acuerdo bilateral y negociado en primer lugar, preferentemente, con la comunidad vecina? Muchas gracias.

Portavoz. - Bueno, pues efectivamente, sobre la primera pregunta que me hacía, estamos casi igualados en cuanto a información y no puedo trasladarle ni ampliarle mucho más de lo que le decía anteriormente a su compañera, que hay una coincidencia, lógicamente, en dos asuntos que para nosotros son asuntos centrales y que, por un lado, es que no se vieron afectados los intereses financieros de la UE, como le decía su compañera, y que desde luego la amnistía tampoco contraviene la directiva contra el terrorismo. Esta es la información, lógicamente, que le trasladé a su compañera y que le puedo dar también a usted.

Yo, mire, sobre las críticas o los distintos planteamientos que en materia de financiación autonómica hacen todas las comunidades autónomas gobernadas por un partido político por otro, yo le decía que, por supuesto, son todas ellas respetables y legítimas. Ahora bien, creo que por encima de estas opiniones están los hechos. Y esos hechos me valen para cualquier comunidad autónoma y, por supuesto, también para los vecinos de La Zaida, que es del pueblo de donde yo soy.

Claro, porque cuando hablamos de financiación autonómica, fundamentalmente, ¿de qué estamos hablando? De educación. De sanidad. De dependencia. De cómo mejorar esos servicios públicos para los ciudadanos, vivan en un pueblo de 400 habitantes, como en el que he vivido prácticamente toda mi vida, o vivan en la ciudad más importante de España. Y eso se hace con financiación. Y con una buena gestión de esos recursos. Y yo, lo que le decía, desde el primer momento, es que con el sistema de financiación autonómica que en este momento tenemos, que lleva caducado desde hace 11 años, que otros partidos políticos, gobernando en este país, con mayoría absoluta, no quisieron plantear este debate ni adelantar la renovación de esta ley, yo le digo que con este mismo sistema de financiación autonómica, durante los siete años del gobierno de Pedro Sánchez, todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, repito, sin privilegio de ningún tipo, todas las comunidades autónomas han recibido un 47 % más de financiación autonómica para atender a esos servicios públicos que lo que recibieron en siete años de gobiernos del Partido Popular.

Y también le digo que lo que ayer se trabajó y se habló con la Generalitat de Catalunya es un acuerdo extrapolable a cualquier comunidad autónoma... Donde se recogen principios que, desde luego, son fundamentales para nosotros y para este gobierno. La solidaridad..., recogida en ese acuerdo. La suficiencia financiera... y, por supuesto, seguir trabajando como hemos seguido trabajando hasta ahora, desde la bilateralidad, por supuesto, que hacemos con todos los territorios, y esto, lógicamente, no es antagónico a la multilateralidad que también venimos practicando durante estos siete años.

Pero ya les digo y siendo además perfectamente conscientes de la complejidad de este debate, ¿eh?, que no se resuelve de la noche a la mañana. Ustedes lo saben bien. Y, fíjese, ya le digo, fíjese si lo saben bien que otros con mayoría absoluta no se atrevieron a llevar este debate con valentía y con serenidad. Yo creo que, en estos momentos, en lo que mejor nos podemos basar, es en los hechos. En cómo los ciudadanos, vivan donde vivan, ha comprobado que hay un Gobierno que se compromete con la mejora de los servicios públicos. Ya le digo, ya sean en La Zaida, ya sea en el Zaragoza, en Madrid o en Guadalajara. Y ahí están los resultados. 300.000 millones de euros más, un 47 % más de financiación que han recibido los ciudadanos de este país en estos siete años del Gobierno progresista.

Antonio Luis Ruíz Valdivia (InfoLibre).-Buenas tardes. A la ministra portavoz le quería preguntar, también, sobre Torre Pacheco y si temen que lo que está pasando en esa localidad de Murcia pueda pasar en otras localidades de España.

A la vicepresidenta segunda quería preguntarle también, usted reclamó un giro social en la comparecencia del presidente del Gobierno. Si cree que ya se está dando ese giro social.

Al ministro Óscar López quería preguntarle también por las declaraciones también como líder de los socialistas madrileños de la presidenta de Madrid que acusa al Gobierno de haber creado un cupo separatista

Y, al ministro Bustinduy. Ha presentado ese proyecto de ley, si cree que tienen los votos, ahora mismo, suficientes en el Congreso para sacarlo adelante. Gracias.

Portavoz. - Voy a ordenar el tráfico. Ministro López.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. - Sí, eh...

Portavoz. - No, primero el ministro López.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. - Ah, perdón.

Portavoz. - Si te parece, te dejo para el final.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. - No, no. Como me tocó la mano...

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Contesto a su pregunta y, subrayo, "contesto a su pregunta"... para luego... comentarios que hacen otros por la mesa del Consejo de Ministros, porque algunos no somos como la señora Ayuso, que utiliza todos los días la rueda de prensa del Consejo de la Comunidad de Madrid para atacar al presidente del Gobierno de España. Contesto a una pregunta.

Tanto en materia de financiación, donde no he escuchado nunca a la señora Ayuso reconocer que ha recibido en los últimos siete años muchos más recursos que nunca en la historia, y que, desde luego, con los gobiernos del señor Rajoy, si no recuerdo mal, han sido una cantidad de... más de 100.000 millones de euros de transferencia del Gobierno de España, si no recuerdo mal, insisto, podemos chequear las cifras, creo que el incremento de más de 30.000 millones de euros, que no sé dónde han ido a parar. Desde luego no han ido a reforzar el estado del bienestar allí. Lo que ha habido ha sido lo contrario: recortes y privatizaciones.

Y, dos, en relación también a sus declaraciones, decía usted la de ayer..., antes de ayer dijo que el Gobierno estaba dejando crecer la inmigración para reventar el país. Lo digo por los discursos xenófobos y los discursos racistas. Yo creo que quien revienta la convivencia, quien revienta la institucionalidad normal que tiene que haber en política es la señora Ayuso.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Sobre la viabilidad parlamentaria de esta reforma. Mire, en esta legislatura, compleja, polarizada, difícil..., es evidente que es así, salió adelante la reforma constitucional del artículo 49 por unanimidad, salió adelante, por unanimidad también, la ley ELA que, además, quiero una vez más, comprometerme con el pleno despliegue de la ley ELA y su plena financiación en tiempo y forma, y yo creo que esta reforma de las leyes de dependencia y discapacidad está llamada a seguir ese camino. Es el camino del interés general, el de una sociedad civil, quiero agradecer una vez más al CERMI y a la ONCE, al tercer sector, a Plena Inclusión, a todas las organizaciones que han hecho que este texto sea mejor. Hemos dialogado con todas las comunidades autónomas, con los agentes sociales. Hemos hecho el trabajo que tiene que hacer el Gobierno. La mandamos al Congreso de los Diputados y, efectivamente, cada grupo parlamentario, de manera legítima, decidirá cuál es su posición y, en esta legislatura, hemos visto también a la derecha votar en contra de la subida de las pensiones. Con lo cual, ya nada se puede descartar.

Pero yo sí hago una reflexión. Si alguien vota en contra de esta reforma, no estará votando en contra del Gobierno, estará votando en contra de los derechos y el bienestar de 4,2 millones de compatriotas con discapacidad y de sus familias, de 1,6 millones de personas que están atendidas en el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y estarán votando en contra de darle solución a uno de los grandes retos de país que tenemos por delante, que es cómo enfrentar las realidades del desarrollo demográfico, de los cambios en las estructuras familiares, de la necesidad de garantizar un sistema público universal que garantice el derecho a ser cuidados y a vivir en autonomía, en igualdad y con bienestar. Cada Grupo Parlamentario votará lo que quiera. Yo soy un optimista irredento y creo que esta reforma debería salir adelante por unanimidad.

Portavoz. - Vicepresidenta.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. - Sí, ahora sí. Bueno, pues gracias por su pregunta... El miércoles pasado afrontamos, lo hemos dicho, uno de los debates más importantes de los últimos tiempos. Y hemos dicho dos cosas: política limpia y política útil. Y el binomio tiene que ir acompañado. Desde luego, nosotros y nosotras somos claras. Hemos instado ya la incorporación, lo vuelvo a repetir, el jueves pasado a la CEDEGAE de los permisos retribuidos que provienen de la legislatura anterior y hemos instado la incorporación del debate del estatuto del mal llamado becario que proviene de un acuerdo de diálogo social tras una mesa de negociación de 15 meses desde hace más de tres años. El momento de demostrarlo es ahora.

Sin giro social no sostenemos lo que espera la ciudadanía de nuestro país... Y no cumplimos el mandato del 23J. Sin giro social no le damos certidumbre y seguridad a la ciudadanía, que tiene miedo. No tiene odio la ciudadanía. Ningún dato dice que el odio esté en nuestro país. Al revés. Con los datos, la ciudadanía, lo que quiere, es paz y convivencia, pero quiere certezas y seguridad. Sin giro social puede pasar lo que nos ha señalado hace pocos días en un medio de comunicación el profesor Rodrik, y es no solo la desafección ciudadana, es que podemos estar ante trabajadores y trabajadoras que sus condiciones de vida más elementales no las tienen satisfechas. Y esto sabemos a lo que conlleva. Por tanto, somos claras. Política limpia y política útil.

Tenemos dos ejemplos. Ya hemos instado la incorporación de estos dos grandes debates, que no son de ahora, son de la legislatura pasada. Los textos, ustedes los conocen. No les voy a aburrir. Lo conocen. Bueno, pues ahora toca poner la brújula, no para el norte, sino para el lugar que hace posible que revalidemos el mandato del 23 de julio, que demos certezas, esperanza y seguridad a la ciudadanía en nuestro país.

Portavoz. - Yo antes le decía que, desde luego, el odio, cuando está alimentado de mentira, se convierte en el combustible más inflamable... y eso provoca que también pueda extenderse con demasiada rapidez y estos días lo estamos viendo en Torre Pacheco, y podría darse en otros territorios, sí..., en otros lugares, sí..., porque es un combustible demasiado peligroso.

Por eso yo creo que, en primer lugar, lo que conviene es poner pie en pared contra aquellos que trafican con este odio, con aquellos que explotan el miedo y que explotan también la ignorancia y la mentira, y, por otro lado, hay que seguir, si me permiten, también, seguir trabajando a favor de la política útil. Lo digo porque, y no quiero tampoco alargarme, ni mucho menos, en esta rueda de prensa, seguramente estas imágenes que estamos viendo en Torre Pacheco no las viéramos o no las veremos, seguramente, en un barrio con una renta per cápita mucho más alta... No voy a decir ningún nombre ni voy a señalar nada.

Digo que es importante, por un lado, poner pie en pared contra quienes trabajan y trafican a favor de ese odio y, por otro lado también, seguir trabajando en favor de una sociedad donde todos los ciudadanos puedan encontrar esa igualdad de oportunidades, de derechos y deberes. Y para eso es importante también trabajar en favor de esas políticas, como por ejemplo las políticas educativas, en materia de vivienda, en definitiva, como le digo, una política que también genere igualdad en derechos y oportunidades.

María Forner Vilaplana (À Punt). - Buenas tardes. Quería saber si el Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a que la Generalitat Valenciana pueda endeudarse con bancos, como pidió hace seis o siete días y, de paso, saber por qué no se ha activado en este año el FLA extraordinario de julio.

Y una segunda pregunta, sobre la reunión que se mantendrá esta tarde el presidente Sánchez con el lehendakari, saber si confían en que la confianza del PNV salga de la UCI, tal y como dijeron la semana pasada. Gracias.

Portavoz. - Bueno, pues sí, efectivamente, esta tarde habrá... se celebrará esa reunión que todos ustedes conocen y, además, ya les avanzo y les adelanto que posterior a esta reunión comparecerá de nuevo el ministro Ángel Víctor Torres para darle cuenta a todos ustedes de los acuerdos que se hayan podido trasladar. Por cierto, unas reuniones y unos encuentros que también lo enmarco dentro de la normalidad. Si no me falla la memoria, desde los años 80, creo, se han celebrado prácticamente 50 reuniones de este tipo, lo que, como digo, determina la normalidad de este tipo de encuentros y de este tipo de reuniones. Y, oiga, lo dijimos en el pleno de la semana pasada, a veces pierdo un poco la noción del tiempo, lo dijimos en el pleno de la semana pasada. Venimos trabajándolo así en estos dos últimos años de legislatura, y es lo que queremos seguir haciendo en lo que queda de legislatura, estos dos próximos años, en ese trabajo también, esa colaboración, ese diálogo constante que tenemos con los distintos grupos parlamentarios y, evidentemente, y especialmente también con el Partido Nacionalista Vasco.

Y sobre la pregunta que usted me realizaba, pues efectivamente, sí. El Gobierno ha autorizado en el Consejo de Ministros a formalizar esas operaciones de endeudamiento a corto plazo en un valor de 1.816 millones de euros para la Generalitat Valenciana, para la Comunidad Valenciana, 1.816 millones de euros. Desde luego, una operación que claramente traslada el compromiso de este Gobierno, en este caso con la Comunidad Valenciana, que a estos recursos y estos fondos, además, también, se unen, usted lo conocerá también muy bien, a esos más de 7.700 millones de euros ya que se han gestionado desde el pasado 28 de octubre para esa reconstrucción, como ustedes conocen también, de la zona mayormente afectada por la Dana dentro de ese paquete general de más de 16.000 millones de euros que el Gobierno de España ha puesto a disposición de los valencianos y las valencianas y, por supuesto, de la Generalitat.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)