El Gobierno amplía el parque público de vivienda asequible

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha adoptado nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, la "principal preocupación" del Ejecutivo, según ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El objetivo -ha añadido- es ampliar el parque público de vivienda asequible y permanente ante una crisis que sufre todo el entorno europeo, pero que en España se agrava por la ausencia de un parque de esas características. Rodríguez ha apuntado que en los últimos años el porcentaje del parque público de vivienda ha pasado del 2,5% al 3,4%, aún lejos del 9% que es la media europea. Para aumentar y blindar ese parque, el Gobierno ha creado instrumentos como la Ley de Vivienda y la Empresa Pública de Vivienda y Suelo, que va a garantizar que todos los recursos del Estado que puedan convertirse en un hogar tengan esa finalidad y no otra.

Más viviendas y suelo para alquiler asequible

La ministra ha agregado que, mientras se desarrollan las promociones que resuelvan "esta emergencia habitacional", son necesarias medidas extraordinarias para disponer en el menor tiempo posible de esas viviendas. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado transmitir los activos de la SAREB, la sociedad que se creó en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria, a la entidad pública empresarial SEPES, en vías de convertirse en la Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado.

De esta manera, se incorporan viviendas para alquiler asequible al parque público y se reparan "las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, del uso de estas viviendas procedentes de los desahucios de las familias para pagar el rescate financiero", en palabras de la titular de Vivienda. Se trata de uno de los anuncios realizados por el presidente del Gobierno a comienzos de este año: ofrecer a la ciudadanía esas viviendas en forma de alquiler asequible, es decir, que se sitúen por debajo del precio del mercado y, en ningún caso, superen el 30% de los ingresos de las familias. "En definitiva, se trata de destinar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos a rescatar a las familias", ha afirmado Rodríguez.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Vivienda y Agenda Urbana ha evaluado todos los suelos e inmuebles propiedad de la SAREB para determinar cuáles podían ponerse a disposición de los ciudadanos lo antes posible. En total, son unas 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos donde podrían construirse otras 55.000. El valor estimado de la operación es de 5.900 millones de euros.

Los criterios empleados han sido, en primer lugar, geográficos: aquellos lugares donde más se precisa vivienda en alquiler y a precios asequibles; también se han priorizado las zonas declaradas tensionadas y las afectadas por la DANA. Se ha tenido en cuenta, igualmente, la dimensión de las viviendas y las condiciones técnicas y de habitabilidad en que se encuentran los inmuebles.

La titular de Vivienda ha recordado que la tarea de construir un parque de viviendas asequibles comenzó con terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa, para lo que se estableció una consignación presupuestaria importante. Un segundo acuerdo del Consejo de Ministros de hoy ha consistido, precisamente, en habilitar a la empresa pública para que pueda usar esos recursos, que suman 593 millones de euros.

También en el ámbito de la vivienda, Isabel Rodríguez ha subrayado que hoy comienza a aplicarse el registro único de alquileres de corta duración, necesario para la comercialización de los alojamientos turísticos o los contratos temporales o de habitaciones. El fin es ofrecer garantías a la ciudadanía y, sobre todo, impedir el fraude y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales que están impidiendo el acceso de tantas familias a la vivienda, ha dicho Rodríguez, que ha reiterado la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en las políticas públicas de vivienda.

Futura Ley de Consumo Sostenible

El Consejo de Ministros ha abordado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, como una norma "ambiciosa" que entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo; además, concreta los preceptos constitucionales sobre la protección de la salud y los consumidores y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

El primer pilar de la ley tiene que ver con el 'ecopostureo', la construcción de imágenes de marca referentes a la sostenibilidad de los bienes o servicios que se ofertan que no están basadas en datos contrastables o en prácticas reales. En transposición de una directiva europea, el texto establece un sistema para certificar de manera objetiva ese tipo de valoraciones sobre las cualidades o virtudes de un producto.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

La lucha contra la obsolescencia programada -la reducción intencional de la vida útil de productos como los electrodomésticos- constituye el segundo pilar de la norma. Se prohíbe, por ejemplo, inducir a la sustitución de elementos de un bien antes de que sea necesario y afirmar que el uso de recambios que no sean proporcionados por el productor puede afectar al funcionamiento de un bien cuando esto no es verdad. Igualmente, se regulan las actualizaciones de software; por ejemplo, se obliga a informar de que una actualización impedirá abrir ciertos programas o perjudicará al funcionamiento de un equipo.

La promoción de la sostenibilidad constituye el tercer elemento central del texto. "Vamos a intervenir sobre el etiquetado de los bienes y productos para poder identificar aquellos que tengan una garantía superior a dos años", ha explicado el ministro.

Derecho a reparar y transición hacia modelos más sostenibles

El cuarto pilar de la ley consagra el derecho a reparar. Los repuestos para un producto tendrán que estar disponibles hasta diez años después de que deje de fabricarse, se amplía el plazo de garantía de un bien cuando este se repare, y los productores asumirán una parte del coste de las reparaciones.

La norma, por último, fortalece la garantía de los derechos de los consumidores y fomenta la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Entre otros muchos aspectos, se regula la publicidad que explota el miedo como emoción principal; se obliga a indicar de manera clara que se ha alterado el peso del contenido o el número de envases de un producto sin modificar su precio; se prohíbe la reventa de entradas para espectáculos por un precio que sea superior al de la venta original más el IPC, y se veta la publicidad de los vuelos cortos, los combustibles sólidos y los vehículos más contaminantes.

Pablo Bustinduy ha remarcado que la filosofía que inspira el texto es "reconocer que la transición ecológica e industrial no puede recaer sobre una suma de responsabilidades individuales", sino que hay que "responsabilizar al sistema económico en su conjunto y transformar los modos de producción, de distribución y de consumo". El ministro ha abogado por asegurar que el acceso a un consumo sostenible y al bienestar en tiempos de cambio climático "no sea una cuestión de clase social o de capacidad de renta, sino un derecho universalmente garantizado".

Subida adicional del 0,5% para 3 millones de empleados públicos

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El Ejecutivo ha aprobado el incremento salarial adicional del 0,5% para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Con esta medida, que beneficia a 3 millones de trabajadores (funcionarios, personal estatutario y personal laboral), el Gobierno cumple el acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT en materia salarial, que estableció una subida de las retribuciones del 2% en 2024 y un aumento adicional del 0,5% en función de la inflación acumulada en los años 2022, 2023 y 2024.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enmarcado el incremento en la apuesta por los servicios públicos, concretada en las ofertas de empleo público, los programas de captación de talento joven y el refuerzo de la atención al ciudadano por medios telefónicos, presenciales y telemáticos, entre otras medidas.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha destinado 55 millones de euros a subvenciones para la producción de largometrajes. La portavoz del Ejecutivo ha detallado que se trata de ayudas anticipadas para el coste de producción de proyectos con relevancia cultural para España y Europa. El objetivo es "seguir apoyando al tejido industrial cinematográfico y facilitar también su actividad en un mercado abierto y competitivo", ha manifestado.

Por otra parte, el Ejecutivo ha concedido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo azul al teniente general Aroldo Lázaro, que hasta el pasado 24 de junio fue el jefe de Misión y comandante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNFIL). "Con este reconocimiento se quiere destacar la labor de Lázaro, que ha estado al mando de 10.000 cascos azules en esta misión de Naciones Unidas, una misión que evidencia el compromiso de España con la paz y que habla también de la calidad de nuestras Fuerzas Armadas", ha asegurado Alegría.