Referencia Consejo de Ministros

1.7.2025

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 5.194.659,32 euros, y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior, con objeto de atender gastos del capítulo 6 "Inversiones reales", del programa de 929D "Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024".
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, I8). ACUERDO por el que se autoriza transferencia de crédito, por importe de 22.000.000 de euros, al servicio 50 del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para dar cumplimiento a los hitos y objetivos establecidos en la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a fin de posibilitar la realización de actividades de asistencia técnica y económica en los procesos administrativos, judiciales o arbitrales relacionados con las energías renovables, por importe de 5.390.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por importe de 12.425.587,46 euros, con la finalidad de completar la cofinanciación de la acción de educación superior KA 131 "Movilidad de estudiantes y personal de educación superior en países de la UE y asociados".
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I4). ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por importe de 1.810.007,43 euros, destinado a financiar inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), por importe de 693.631,88 euros, con la finalidad de financiar las insuficiencias en el capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear, por importe de 751.707 euros, con la finalidad de dar cumplimiento a las Órdenes del Ministerio de Hacienda de 27 de enero y 24 de abril de 2025, relativas a incentivos al rendimiento.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por importe de 9.000.000 de euros, para atender el incremento de los gastos derivados de las revalorizaciones legales establecidas para las prestaciones socio-económicas de los beneficiarios del Instituto, así como el aumento del gasto en farmacia.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A., (SIEPSE), la celebración del contrato para la ejecución de las obras de reforma para la implantación del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca, por un valor estimado de 15.595.113,96 euros.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para las convocatorias de becas de formación y especialización de la Biblioteca Nacional de España, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria de la competición nacional de Formación Profesional Spainskills y la línea de ayudas para la participación en competiciones de formación profesional.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda atender los gastos derivados de la tramitación del nuevo contrato centralizado de servicios postales y la prórroga del contrato centralizado de limpieza.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, con el fin de tramitar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) para la realización de diversas actividades relacionadas con el DNI electrónico y el pasaporte.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Hacienda, para la tramitación anticipada de un expediente de contratación del servicio de asistencia técnica de microinformática, atención a usuarios y administración de sistemas en la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa financiar diecisiete nuevos programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Miño-Sil la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios".
  • ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la realización de varios contratos en el Museo Nacional del Prado, organismo público adscrito al Ministerio de Cultura.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo financiar las actuaciones que realizará Navantia, S.A., S.M.E., en el marco del Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa en el periodo 2026-2031.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 10.Cuatro de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2025, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior atender gastos derivados del arrendamiento de locales para el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, la Escuela de Estudios Penitenciarios y la sede central de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
  • ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiar parte de las ayudas directas al transporte de viajeros recogidas en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.
  • ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio para la ejecución de dos intercambiadores entre la Red Ferroviaria de Interés General y la Red de la Generalitat de Catalunya.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 3, la prórroga de un expediente de contratación para el suministro y reposición de botiquines para las empresas asociadas.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, la contratación, la prórroga y la tramitación anticipada de diversos expedientes para disponer de las dotaciones correspondientes a la entrega de prótesis ortopédicas, vehículos para personas con discapacidad y transporte de pacientes.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, la contratación, la prórroga y la tramitación anticipada de diversos expedientes de inversiones reales en su red de centros asistenciales y hospitalarios.
  • ACUERDO por el que se fijan los límites para adquirir durante 2025 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación de convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de Universidades que computan para la obtención del respectivo título académico.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ayuntamiento de Jaca para el desarrollo de la actuación de mejora del abastecimiento de agua a Jaca.
  • ACUERDO por el que se determina la obligación de presentar ofertas de compra y venta a los operadores dominantes en el sector del gas natural.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

Cultura

Economía, Comercio y Empresa

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos correspondiente a 2025, por importe de 12.500 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Centro Bruegel correspondiente al año 2025, por importe de 219.638 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la creación de un marco para impulsar nuevos programas de conversión de deuda por inversiones para el desarrollo.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación de las condiciones del préstamo otorgado a la entidad senegalesa Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Épargne et de Crédit (U-IMCEC) con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

  • ANTEPROYECTO DE LEY de consumo sostenible, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2025, a la Red Europea de Servicios Sociales (European Social Network - ESN), por importe de 1.400 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2025, al Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID), por importe de 65.000 euros.

Igualdad

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Ministerio de Igualdad a la Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET) correspondiente a 2024, por importe de 3.600 euros.

Juventud e Infancia

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del próximo día 14 de julio de 2025, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento para la reubicación y el traslado de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en caso de declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Transportes y Movilidad Sostenible

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER DAÑOS CAUSADOS POR LA DANA EN BIENES DE LA POLICÍA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 5.194.659,32 euros y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior, con objeto de atender gastos del Capítulo 6 'Inversiones reales', del programa 'Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024'.

En concreto, ha sido la Dirección General de la Policía el centro directivo que ha solicitado un crédito extraordinario y un suplemento de crédito con la finalidad de atender gastos por el citado importe.

Esta Dirección General precisa tramitar la adquisición de bienes y equipamientos imprescindibles para reponer aquellos dañados, inutilizados o destruidos, así como para disminuir los efectos de los daños producidos por la DANA y agilizar la recuperación de las zonas damnificadas por este desastre natural.

En este sentido, el centro gestor estima el importe de los expedientes de gasto necesarios en un total de 5.194.786,79 euros. Dado que el crédito disponible en el Capítulo 6 'Inversiones reales' del citado programa asciende a 127,47 euros, se pone de manifiesto una necesidad de crédito cifrada en 5.194.659,32 euros.

Por ello, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.093.034,53 euros, con alta en la aplicación presupuestaria 'Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios', así como de un suplemento de crédito, por una cuantía de 4.101.624,79 euros, en la aplicación 'Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios', de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Hacienda

CUMPLIMIENTO HITOS Y OBJETIVOS DEL FONDO DE COINVERSIÓN CONTEMPLADO EN LA ADENDA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 22 millones de euros al Servicio 50 del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para dar cumplimiento a los hitos y objetivos vinculados al Fondo de Coinversióin establecido en la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el ejercicio 2025.

La Secretaría de Estado de Comercio ha sido el centro directivo que ha solicitado esta transferencia de crédito, destinada a la aplicación 'Al Fondo de Coinversión con Instituciones Soberanas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia'.

Con el fin de dar cumplimiento al PRTR se debe dotar crédito para financiar actuaciones del servicio 50, previstas en el PRTR, aprobado por la Comisión de la UE el 16 de junio de 2021 y su Adenda de 2 de octubre de 2023, concretamente, del Componente 13 'Impulso a la Pyme', Inversión 8 'Fondo de Coinversión (FOCO)', del Componente 13. Inversión 8, del objetivo L41, del anexo de la decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR.

Por tanto, se propone la tramitación de una transferencia de crédito, por un importe de 22 millones a la aplicación presupuestaria 'Al Fondo de Coinversión con Instituciones Soberanas. MRR.'.

Este expediente se financia con disponibilidades presupuestarias del servicio 50 puestas de manifiesto tras la adaptación del presupuesto prorrogado del Ministerio de Hacienda a las necesidades presupuestarias asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 2025; adaptación que ha quedado acreditada por la certificación emitida por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2024 y por la Resolución de 15 de enero de 2025, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y documentación a remitir en desarrollo del citado acuerdo.

Hacienda

COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS+

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), por importe de 12.425.587,46 euros, con la finalidad de completar la cofinanciación del Programa Erasmus+.

El SEPIE es la Agencia Nacional española del Programa Erasmus+ de la Unión Europea (UE) en el ámbito de la educación y de la formación y, en calidad de ello, tiene como función, entre otras, la gestión de la cofinanciación nacional al programa Erasmus+ junto con la financiación propia de la UE, cuya suma de ambas constituye la subvención total.

En este sentido, la cofinanciación nacional se destina a complementar el importe de los fondos de la UE que asigna la Comisión Europea al SEPIE para financiar los proyectos de movilidad de educación superior en nuestro país, conformando un presupuesto único, aunque los pagos se realizan de forma diferenciada.

Con ella, se pretende abarcar un mayor número de movilidades de las que se podrían financiar únicamente con los fondos recibidos de la UE, y, además, mejorar la cuantía de las ayudas de los estudiantes.

En la 'Guía del Programa Erasmus+' de la convocatoria 2024 se introdujeron dos importantes novedades que impactan directamente en el coste de las movilidades en general, y de los estudiantes en particular.

Se trata cambios en los grupos de países determinados por el coste de vida que determina el importe de la ayuda, y la concesión de una ayuda de viaje a todos los estudiantes, y no solo los de la Canarias, como venía sucediendo en convocatorias de años anteriores.

En el Programa de Trabajo del SEPIE para la convocatoria del año 2025, remitido a la Comisión Europea el 15 de octubre del pasado año, se estableció como objetivo subvencionar un total de 66.771 movilidades en el ámbito de los proyectos de movilidad de estudiantes y personal de educación superior financiados con fondos de política interior, de las cuales 56.068 serán movilidades de estudiantes y 10.703 de personal, lo que permitirá un incremento de 6.470 de movilidades (5.433 de estudiantes y 1.037 de personal) respecto al año anterior.

En este sentido, se generan unas necesidades de cofinanciación que ascienden a un importe de 70,5 millones de euros.

La dotación de los créditos destinados en los Presupuestos Generales del año 2023, prorrogados a 2025, a la 'Cofinanciación nacional Programa Erasmus+' asciende a 40 millones de euros, habiéndose además tramitado un expediente de generación de crédito por importe de 18.074.412,54 euros que incrementó dichos fondos. Por lo tanto, se genera unas necesidades por importe de 12.425.587,46 euros.

Por consiguiente, y a fin de cubrir la insuficiencia identificada, el Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, debido al carácter inaplazable de las becas y la imposibilidad de financiar la modificación presupuestaria a través de otras vías alternativas, considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por importe de 12.425.587,46 euros, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del citado Organismo Autónomo. En consecuencia, y con la finalidad indicada, se ha propuesto la citada modificación de crédito.

Hacienda

INVERSIONES EN PATRIMONIO NACIONAL VINCULADAS AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN MATERIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN), por importe de 1.810.007,43 euros, destinado a financiar inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El 25 de febrero de 2022 se firmó un acuerdo interdepartamental entre la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para la ejecución del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El objeto del acuerdo es determinar las condiciones de colaboración entre ambos para el desarrollo de las actuaciones integradas en el Plan de transición energética en la Administración General del Estado, dentro del marco de la política palanca cuarta 'Una Administración para el siglo XXI' del PRTR, e integrado en el componente 11 'Modernización de las Administraciones públicas', así como la justificación de la consecución de los objetivos fijados y el uso dado a los fondos.

Dado que ha quedado un remanente de crédito por importe de 1.810.007,43 euros con cargo al cual no se ha realizado ningún compromiso a futuro y que siguen existiendo actuaciones a realizar, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por el mismo importe, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del Organismo.

En consecuencia, se ha propuesto la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Hacienda

REVALORIZACIONES DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por importe de nueve millones de euros, para atender el incremento de los gastos derivados de las revalorizaciones legales establecidas para las prestaciones socioeconómicas de los beneficiarios del Instituto, así como el aumento del gasto en farmacia.

El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, de cuya conformidad se establece que en tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, se aplicará la revalorización de pensiones y otras prestaciones públicas en el 2,8% respecto al importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2024; indicar también que el art. 23 del Real Decreto 316/2025, de 15 de abril, menciona que las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, causadas hasta el 31 de diciembre de 2024, experimentarán en 2025 un incremento del 2,8%.

En ese sentido, es necesario cubrir las necesidades presupuestarias existentes, derivadas del actual contexto de prórroga presupuestaria, en varios conceptos del Capítulo IV:

  • Programa 222M 'Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo'.

Concretamente en los conceptos referentes a subsidios e indemnizaciones por incapacidad temporal e inutilidad para el servicio las necesidades de crédito estimadas son de 600.000 euros y un millón de euros, respectivamente.

En cuanto a las prestaciones familiares por hijo o menor a cargo, la necesidad de crédito es de 2.200.000 euros.

  • Programa 'Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo'.

Con respecto al concepto donde se imputan los gastos de farmacia, las necesidades calculadas son de 5.200.000 euros, debido al incremento de los precios de los medicamentos.

En consecuencia, el ISFAS considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por importe de nueve millones de euros, que se financia con la parte del remanente de tesorería no afectado del Organismo Autónomo.

Por consiguiente, al objeto de financiar estas insuficiencias en los créditos afectados, se considera procedente tramitar la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.

Hacienda

REFORMA DEL CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS EN CUENCA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A., (SIEPSE), la celebración del contrato para la ejecución de las obras de reforma para la implantación del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca, por un valor estimado de 15.595.113,9 euros (sin IVA).

En concreto, está previsto que este nuevo centro se ubique en el inmueble situado en la Travesía de la Cruz Roja Española en la Carretera N-400 de dicho municipio. Se trata de la reforma de un antiguo colegio público de cuatro plantas con una nueva distribución, así como la ampliación para un auditorio y un nuevo edificio de simulación para prácticas de funcionarios en fase de formación.

Esta obra forma parte del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios, que fue inicialmente aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 1991, y sucesivamente modificado en 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2010, 2011, 2013, 2019 y 2022.

Mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2022 fue aprobada la última revisión de este plan, en cuyo Anexo I 'Relación actualizada de Centros e Infraestructuras Penitenciarias y otras dependencias a construir, ampliar y equipar', se incluye la ejecución de un Centro de Estudios Penitenciarios.

En el acuerdo de noviembre de 2022 se incorporó la construcción de la sede de los Servicios Centrales de la Secretaría General, la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y un Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca.

Por tanto, se ha autorizado ahora la celebración de un contrato, mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria. Las obras tendrán un plazo de 16 meses desde la fecha de la firma del acta de Comprobación del Replanteo.

Hacienda

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la convocatoria de becas de formación y especialización de la Biblioteca Nacional de España, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.

Mediante Resolución de 5 de diciembre de 2024, de la Dirección de la Biblioteca Nacional de España O.A., se convocaron 42 becas de formación y especialización durante el periodo 2025-2026, distribuidas en cinco modalidades:

  • Modalidad A. Becas de biblioteconomía y documentación (32 becas).
  • Modalidad B. Becas de restauración y conservación de fondos bibliográficos y documentales (2 becas).
  • Modalidad C. Beca de diseño gráfico (1 beca).
  • Modalidad D. Beca de tecnologías de la información (1 beca).
  • Modalidad E. Becas de Gestión Cultural. (6 becas).

En las bases de la convocatoria se fijaron, entre otros aspectos, los objetivos de la beca, la duración, los requisitos necesarios para participar y la dotación económica asignada individualmente, de 1.100 euros brutos mensuales. El importe global de las becas ofertadas entre 2025 y 2026 es de 652.917,52 euros. Respecto del inicio del periodo de disfrute, será desde el 1 de junio de 2025, o desde la fecha que se indique en la resolución de concesión, si se otorgaran con posterioridad, y la duración máxima de la beca será de 12 meses desde su inicio.

En este sentido, la Biblioteca Nacional de España ha señalado en la memoria justificativa, que se han producido circunstancias sobrevenidas que han afectado al calendario inicialmente previsto para la convocatoria, concretamente, el elevado número de solicitudes recibidas y la complejidad de su evaluación técnica han motivado un retraso en la tramitación del procedimiento, lo que ha imposibilitado su resolución en los plazos inicialmente previstos.

Como consecuencia, la ejecución de la mayor parte de la actividad subvencionada se trasladará al ejercicio 2026, concentrando en dicho año una proporción mayor del gasto total.

Por tanto, el periodo de disfrute de las becas, dentro del período de ejecución de 12 meses, está previsto que se inicie el 1 de noviembre de 2025, por lo que el gasto estimado que se imputará al presupuesto del año 2025 asciende a un importe de 54.409,79 euros y, el pago del resto de las mensualidades se imputará al presupuesto del año 2026, por importe de 598.507,73 euros.

De esto se desprende que el compromiso máximo de gasto a autorizar para el año 2026 supera los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, por lo que se ha solicitado el aumento del mismo, según el siguiente detalle:


24.104.332B.4812026
Crédito retenido 326.458,76
Necesidades adicionales272.048,97
Nuevo límite solicitado598.507,73

Hacienda

CONVOCATORIA DE LA COMPETICIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 'SPAINSKILLS'

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria a fin de posibilitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria de la Competición Nacional de Formación Profesional 'Spainskills' y la línea de ayudas para la participación en competiciones de formación profesional.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 89 que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal destinados a alumnos, profesores o centros escolares.

Por su parte, el Real Decreto 274/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, establece que entre las funciones que corresponden a la Secretaría General de Formación Profesional está el impulso en el ámbito internacional de acuerdos, proyectos y participación en organismos y competiciones de la formación profesional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

WorldSkills International y WorldSkills Europe son asociaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, cuya principal actividad es organizar competiciones bienales de formación profesional.

La pertenencia de España a estas organizaciones, a través de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, conlleva la celebración bienal de un campeonato nacional de formación profesional (Spainskills), que sirve para seleccionar a los competidores españoles que representan a España en las competiciones europea (EuroSkills) y mundial (WorldSkills).

Por ello, se propone convocar la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la competición de Spainskills 2026 y para la participación en las competiciones internacionales de formación profesional WorldSkills y EuroSkills, en el ciclo 2026-2027, con la siguiente planificación anual del gasto (en euros):

Año 2026526.182,24
Año 2027506.181,12

De lo anteriormente expuesto se desprende que en la aplicación presupuestaria citada se superan los límites previstos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se solicita al Consejo de Ministros autorización para el aumento de los mismos.

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ACCIONES LA FÁBRICA DE LA MONEDA Y TIMBRE RELACIONADAS CON EL DNI ELECTRÓNICO Y EL PASAPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de que la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, pueda tramitar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) para la realización de diversas actividades relacionadas con el DNI electrónico y el pasaporte.

La Dirección General de la Policía ha manifestado la necesidad de tramitar un encargo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) para la realización de diversas actividades relacionadas con el DNI electrónico y el pasaporte.

Los últimos encargos con tal objeto fueron suscritos el 1 de octubre de 2021, y finalizan su vigencia el 30 de septiembre de 2025. En este sentido, el encargo que se pretende formalizar tendrá vigencia desde el 1 de octubre de 2025, o desde la fecha de la firma del mismo, si esta fuese posterior, hasta el 30 de septiembre de 2029.

El coste total del encargo asciende a una cuantía de 481.656.649,96 euros, según el siguiente detalle:


AñoImporte en euros
202525.800.462,11
2026119.586.387,86
2027128.173.587,25
2028119.586.387,86
202988.509.824,88
TOTAL481.656.649,96

Todo ello da lugar a los siguientes compromisos de gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 'A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes':
2026202720282029
Nuevas necesidades119.586.387,86128.173.587,25119.586.387,8688.509.824,88
Compromisos ya adquiridos----
Límite de compromiso máximo a adquirir119.586.387,86128.173.587,25119.586.387,8688.509.824,88

Por todo ello, al superarse los límites establecidos la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para las anualidades 2026, 2027, 2028 y 2029.

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FINANCIACIÓN DE 17 NUEVOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL PLAN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de la Ley General Presupuestaria para permitir al Ministerio de Defensa financiar 17 nuevos programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

El Ministerio de Defensa solicita dicha autorización con cargo a los ejercicios presupuestarios 2026 a 2037, en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' con la finalidad financiar 17 nuevos programas especiales de modernización.

Estos programas especiales tienen una gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones de España. Requieren de una especial contratación, ejecución y seguimiento, y absorben recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales en el ámbito de la cooperación.

Los planes industriales asociados a cada programa hacen de la industria de defensa un sector innovador y generador de empleo, con presencia en todas las regiones de España.

Estos 17 nuevos programas están incluidos en el 'Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa', aprobado por Consejo de Ministros el 22 de abril del presente año, formando, por tanto, parte del compromiso asumido con la seguridad de la ciudadanía, el progreso tecnológico del país y el avance del proyecto europeo.

En base a lo expuesto, se pretende iniciar 17 nuevos programas cuyo presupuesto total asciende a 14.538 millones de euros a distribuir entre 2026 y 2037, y que además contarán con prefinanciación por parte del Ministerio de Industria y Turismo por importe total de 6.033 millones de euros.

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FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan la modificación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Miño-Sil la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 2 'Gastos corrientes en bienes y servicios'.

Este organismo autónomo debe hacer frente a un importante volumen de gasto en el capítulo 2 'Gastos corrientes en bienes y servicios' tanto en el presente ejercicio 2025 como en la anualidad de 2026 derivado, en parte, de la obligación de ejecución de las obras de conservación de cauces públicos a que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, junto con la explotación y mantenimiento del Sistema Automático de Información Hidrológica y de Calidad de las aguas, competencia prevista en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En este contexto, el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Miño-Sil debe llevar a cabo un reajuste de anualidades en dos encargos actualmente en ejecución, traspasando del año 2025 al año 2026 un importe de 700.000 euros, así como la tramitación de cinco nuevos contratos cuya ejecución debe iniciarse en el presente ejercicio, cuyo detalle se recoge en la siguiente tabla (importe en euros):

CONTRATO202520262027
Adquisición de suministro de infraestructura como servicio para el alojamiento (Hosting) de servidores.7.391,4381.305,72
Análisis, digitalización y clasificación del archivo de la CHMS.46.316,9123.158,45
Estudio del origen de los nitratos en la comarca de A Limia y caracterización de las fuentes de contaminación.47.500,0095.000,0047.500,00
Convenio con las Universidades de A Coruña y Salamanca - Estudios Montefurado.111.000,0070.500,00
Contrato de mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad.5.000,0035.000,0030.000,00
TOTAL217.208,34304.964,1777.500,00

En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria 'Gastos corrientes en bienes y servicios', según nivel de vinculación, es la siguiente (en euros):

202620272028
Compromisos adquiridos6.840.881,19837.629,1540.680,60
Compromisos por adquirir1.004.964,1777.500,00
Compromisos totales7.845.845,36915.129,1540.680,60

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para la anualidad de 2026.

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FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DE NAVANTIA

El Consejo de Ministros ha acordado modificar los límites y número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo financiar las actuaciones que realizará en el marco del Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa en el período 2026-2031.

El Gobierno aprobó el pasado 22/04/2025 el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa, con una inversión de 10.471 millones de euros, que permitirá a España cumplir con los compromisos comunitarios e impulsar una nueva fase de desarrollo industrial y tecnológico.

El Ministerio de Industria y Turismo participa en 31 programas dentro del citado plan. Entre ellos, 5 programas van a ser desarrollados por Navantia: "Buque de Aprovisionamiento en Combate-BAC"; "Modernización de Media Vida de las fragatas F-100 - MMV F100"; "Actualización media vida LPDs; "Plataforma Naval de Inteligencia sustituta del Buque "Alerta" - BAM AGI"; y "Buque Hidrográfico Oceánico".

En los PGE-2023, prorrogados para 2025, la aplicación presupuestaria del Ministerio "Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa" figura dotada con un crédito inicial de 255 millones de euros.

Los compromisos adquiridos en las anualidades 2026 a 2031 superan los límites sobre el crédito inicial por lo que se requiere autorización del Consejo de Ministros para modificarlos. Por ello es necesario aprobar una autorización para modificar estos límites de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de abril el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa, una iniciativa nacional con una inversión de 10.471 millones de euros, que permitirá a España cumplir con los compromisos adquiridos con sus socios comunitarios e impulsar una nueva fase de desarrollo industrial y tecnológico, al tiempo que se mantiene intacto el Estado de Bienestar y se impulsa la paz y el desarrollo.

Entre los programas que el citado Plan contempla, el Ministerio de Industria y Turismo participa en 31 de ellos. Esta solicitud se refiere a los 5 programas a desarrollar por la entidad pública Navantia, que se financiarán desde el crédito presupuestario 'Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa', de acuerdo con los calendarios de libramiento establecidos por el Ministerio de Defensa.

El detalle de las cinco actuaciones en cuya financiación participa directamente el Ministerio de Industria y Turismo y que serán ejecutadas por Navantia, es el siguiente:

Actuaciones2025202620272028202920302031
Buque de Aprovisionamiento en Combate - BAC100.00080.00080.00080.00040.000--
Modernización de Media Vida de las fragatas F-100 - MMV F100289.000183.000208.000300.000300.000--
Actualización media vida LPDs120.00040.00040.00040.000---
Plataforma Naval de Inteligencia sustituta del Buque "Alerta" - BAM AGI135.0006.00010.00015.00025.00025.00026.000
Buque Hidrográfico Oceánico78.00017.00020.00020.00015.000--
TOTAL722.000326.000358.000455.000380.00025.00026.000

Dado que los compromisos adquiridos en las anualidades 2026 a 2031 con cargo a la citada aplicación superan los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a los que se refiere la Ley General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para modificar dichos límites e incrementar el número de anualidades.

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se somete este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros, de acuerdo a la siguiente distribución:

Límite de compromiso
Añomáximo a adquirir (€)
2026326.000.000
2027358.000.000
2028455.000.000
2029380.000.000
203025.000.000
203126.000.000

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AYUDAS DIRECTAS AL TRANSPORTE DE VIAJEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiar parte de las ayudas directas al transporte de viajeros, recogidas en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.

La Dirección General de Estrategias de Movilidad, unidad adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido el centro directivo que ha solicitado que se autorice la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, establece en el Título II 'Ayudas directas al transporte de viajeros', entre otras, las siguientes medidas:

  • Ayudas para fomentar la ampliación y mejora de la oferta de los servicios de transporte colectivo terrestre de pasajeros, dirigidas a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con responsabilidades en el transporte público colectivo urbano e interurbano, para que mejoren los servicios ofrecidos mediante la implementación de nuevas líneas de transporte y el incremento de la oferta existente del transporte público.
  • Ayudas a particulares y empresas para la compra de bicicletas de pedaleo asistido. Estas ayudas tienen una doble vertiente, una dirigida a los ciudadanos en general y otra en el que el foco se pone en aquellas empresas cuya actividad se corresponde con el reparto de mercancías en el ámbito urbano.

En este sentido, el 30 de abril de 2025 se aprobó el correspondiente expediente de modificación presupuestaria para crear y dotar, entre otras, las aplicaciones que financiaban estos dos programas de ayudas, que se llevarían a cabo durante el año 2025. Las aplicaciones y créditos dotados con este expediente fueron las siguientes:


DenominaciónImporte (€)

Ayudas a CCAA para medidas sociales y mejora de la calidad en los

servicios de transporte público.

80.000.000

Ayudas a EELL para medidas sociales y mejora de la calidad en los

servicios de transporte público.

25.000.000
Ayudas para contribución de las empresas a la descarbonización.5.000.000
Ayudas para contribución de las personas a la descarbonización.15.000.000
Total125.000.000

No obstante, según se pone de manifiesto en la Memoria, la tramitación de estos programas de ayudas se ha visto retrasada por las siguientes causas:

  • La necesidad de ampliar el plazo inicialmente previsto para el diseño y audiencia pública de las ayudas para la ampliación y mejora de la oferta de los servicios de transporte colectivo terrestre de pasajeros, a causa de la importancia de este programa para lograr los objetivos marcados para incidir en la elección modal, así como la necesidad de que su diseño optimice el uso de estos fondos.
  • La ampliación del tiempo inicialmente previsto para el diseño de las ayudas a particulares y empresas para la compra de bicicletas de pedaleo asistido, a causa del interés mostrado por la ciudadanía, que derivará en un gran volumen de expedientes y, por tanto, en la necesidad de disponer de una entidad colaboradora para su gestión.

Por lo expuesto, y aunque en este ejercicio se pretenden realizar todos aquellos trámites necesarios para la aprobación de estas dos ayudas, su abono se realizará en el ejercicio 2026 debido a los plazos establecidos para la liquidación y pago de estos sistemas de ayudas.

A la vista de cuanto antecede, la Dirección General de Estrategias de Movilidad ha incoado el presente expediente de solicitud de autorización para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros por los citados importes para la anualidad 2026, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

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EJECUCIÓN DE DOS INTERCAMBIADORES FERROVIARIOS EN CATALUÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado los límites para adquirir los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la firma del convenio con la Generalitat de Cataluña y Adif para la ejecución de dos intercambiadores entre la red ferroviaria de interés general (RFIG) y la red ferroviaria autonómica.

Las actuaciones contempladas en este convenio, con ejecución a cargo de la Generalitat pero financiadas por el Gobierno de España, tienen un importe previsto de 20 millones de euros, con carácter plurianual durante la vigencia del convenio. Adicionalmente, Transportes aportará 1 millón más para la realización de los estudios necesarios y, por su parte, Adif otros 15 millones de euros para financiar las actuaciones a su cargo.

Características del convenio

La Administración General del Estado, a través de Adif, es titular de la línea Castellbisbal (Agujas Rubí) - Mollet Sant Fost de la RFIG. Sobre ella, se presta el servicio de Rodalies R8, entre Martorell y Granollers sin pasar por la ciudad de Barcelona.

Tanto el Ministerio como la Generalitat consideran necesario llevar a cabo diversas actuaciones que mejoren la funcionalidad de esta línea, para que se convierta en una línea vertebradora de las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.

En este contexto, el 7 de julio de 2023, ambas administraciones suscribieron un protocolo de actuación en el que manifestaron su voluntad de colaborar en el impulso de dos intercambiadores con la red ferroviaria de titularidad autonómica, en concreto:

  • Nuevo intercambiador con la estación de Hospital General de la línea S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
  • Nuevo intercambiador con la estación de Volpelleres de la línea S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Para su desarrollo, se estableció que el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya suscribirían un convenio para la ejecución de sendos intercambiadores entre la red ferroviaria de interés general y la red autonómica.

En este sentido, el Ministerio, la Generalitat de Cataluña y Adif han acordado el texto de un convenio en el que se establecen las obligaciones concretas de cada una de las partes, así como las previsiones de financiación de las actuaciones.

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CONVENIOS DE COOPERACIÓN QUE PERMITAN PRÁCTICAS CURRICULARES A UNIVERSITARIOS CON DERECHO A COTIZACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se fijan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la tramitación de convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de universidades que computan para la obtención del respectivo título académico.

El 17 de abril de 2019, el Secretario de Estado de la Seguridad Social firmó una Resolución donde autorizaba a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social a suscribir convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de Universidades que computan para la obtención del respectivo título académico.

En el pasado ejercicio 2024, se tramitó y aprobó un nuevo modelo normalizado de convenio para la realización de prácticas universitarias, en el que se recoge que la obligación de cotizar corresponderá al INSS.

De acuerdo con ese modelo normalizado de convenios, las Direcciones Provinciales del INSS están suscribiendo convenios singularizados con distintas universidades.

Respecto a las obligaciones a atender por el INSS, el procedimiento para la ejecución del gasto y abonar las cotizaciones de los estudiantes debería iniciarse en el momento en que la Universidad comunique el número de alumnos que van a realizar las prácticas, acompañando los correspondientes documentos contables para su fiscalización previa, documentos que en el caso de que las prácticas se realicen en el último trimestre de un ejercicio hacen preciso que la retención se verifique.

Asimismo, la normativa establece que la cotización se realizará por trimestres naturales, y que el plazo reglamentario de ingreso de estas cuotas será el mes siguiente al de finalización del trimestre natural al que correspondan. De esta forma, las cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, tendrán que ser abonadas el mes de enero de 2026.

Actualmente no se conoce el importe de los compromisos de gastos reales con cargo al futuro ejercicio 2026, se presume que, como máximo, alcanzarán el importe de 50.000 euros, en expedientes de gasto que deberán iniciarse con antelación a las prácticas a desarrollar en el último trimestre natural de este ejercicio y que generarán la obligación de abono de las cotizaciones en enero de 2026.

Por ello, es necesario someter a la decisión del Consejo de Ministros el establecimiento del límite de compromiso de gasto sobre el crédito presupuestario para el subconcepto 'Convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas' del grupo de programas 'Administración y servicios generales de prestaciones económicas' hasta los 50.000 euros para el ejercicio 2026. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

RATIFICACIÓN CONVENIO OIT SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE

El Consejo de Ministros ha aprobado solicitar a las Cortes la autorización para ratificar el Convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a un entorno de trabajo seguro y saludable, medida promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La adhesión a este convenio internacional se corresponde con la máxima de trabajo decente y con derechos. España ha desarrollado una intensa labor para la ratificación del convenio, tras más de dos lustros de inactividad en esta materia.

La ratificación de este convenio, que fue adoptado en la 111ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 2023, ha sido consultada con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El texto ahora es remitido a las Cortes Generales para recabar su autorización y posteriormente proceder a su ratificación.

La adhesión ahonda la senda emprendida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para cimentar los derechos de las personas trabajadoras también en el área de la prevención de riesgos laborales.

El Convenio contienen modificaciones que se efectúan a los distintos instrumentos de la OIT sobre: trabajo infantil, protección de la maternidad, trabajo marítimo, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, las trabajadoras y trabajadores domésticos, el trabajo forzoso, violencia y el acoso.

El convenio incorpora la seguridad y salud laboral como un nuevo derecho fundamental en el trabajo, reformulando 8 convenios de la OIT y garantizando así el derecho de las personas trabajadoras a un entorno de trabajo seguro y saludable.

España ha ratificado hasta la fecha 139 convenios de la OIT, lo que la ha convertido en el país con más convenios OIT ratificados. En los últimos cinco años se ha ratificado el Convenio 167 sobre seguridad y salud en la construcción; el Convenio 184 sobre la seguridad y salud en la agricultura; el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesa; el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso; el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y el Convenio 177 sobre el trabajo a domicilio. Con este serían ya 140 los convenios de la OIT ratificados por España.

El Convenio nº 191 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental, fue adoptado en la 111ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que tuvo lugar en Ginebra el 12 de junio de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL CONVENIO RELATIVO A LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y DEL MEDIO NATURAL EN EUROPA

El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas a los Anejos II y III del Convenio relativo a la Conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, adoptadas el 6 de diciembre de 2024.

El Convenio relativo a la Conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa tiene por objeto "garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestre y de sus hábitats naturales - concretamente de las especies y de los hábitats cuya conservación requiere la cooperación de varios estados - y fomentar esa cooperación".

El 6 de diciembre de 2024 el Comité Permanente del Convenio de Berna adoptó una propuesta presentada por la Unión Europea para modificar el estatus de la protección del lobo (Canis lupus) de "especie de fauna estrictamente protegida" a "especie de fauna protegida".

Las Enmiendas propuestas entraron en vigor a los tres meses de su adopción, el 6 de marzo de 2025, tras lo cual, España se encuentra vinculada internacionalmente por el Convenio enmendado. Por ello, solamente procede una toma de conocimiento por el Consejo de Ministros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES QUE TRANSPORTEN GASES LICUADOS A GRANEL

El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2020 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas mediante la Resolución MSC.476(102).

El Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG) fue adoptado mediante Resolución por la Organización Marítima Internacional (OMI) y adquirió carácter obligatorio en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, (Convenio SOLAS).

Este Código tiene como finalidad sentar una norma internacional para la seguridad del transporte marítimo a granel de gases licuados y de determinadas otras sustancias. Teniendo en cuenta los productos transportados, prescribe que los buques destinados a dicho transporte utilicen normas de proyecto y de construcción y un equipo que permitan reducir al mínimo los riesgos a los que se expone el buque, su tripulación y el medio ambiente.

Estas Enmiendas, que fueron adoptadas el 11 de noviembre de 2020 y aceptadas el 1 de julio de 2023, entraron en vigor el 1 de enero de 2024, afectando a las pruebas de tracción que se realizan a las soldaduras introduciendo una redacción que clarifica su contenido.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2019 al Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS), adoptadas mediante la Resolución MSC.459(101).

El Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS) se adoptó el 4 de junio de 1996 mediante la Resolución MSC.48(66) del Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI).

El Código IDS se elaboró con el objeto de proporcionar normas comunes a nivel internacional relativas a la construcción de los diferentes dispositivos de salvamento requeridos a bordo de los buques.

Estas Enmiendas, que fueron adoptadas el 13 de junio de 2019 y aceptadas el 1 de julio de 2023, entraron en vigor el 1 de enero de 2024, teniendo el objeto de modificar los requerimientos exigidos al equipamiento y a los dispositivos de puesta a flote de los botes salvavidas.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONCESIÓN DE UN PRÉSTAMO A LA ENTIDAD FUNDACIÓN GÉNESIS EMPRESARIAL DE GUATEMALA

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la concesión de un préstamo a la entidad Fundación Génesis Empresarial de Guatemala, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe de hasta 35.000.000 de dólares estadounidenses.

La Fundación Génesis Empresarial (FGE), establecida en 1997, promueve la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas en Guatemala. Con una red de 3.207 puntos de pago y 4.232 corresponsales no bancarios, la FGE expande sus servicios financieros y de capacitación, beneficiando principalmente áreas rurales. Su misión impulsa el desarrollo sostenible y recientemente integra la sostenibilidad ambiental.

La FGE muestra un nivel excelente en todas las áreas de desempeño social. Destacan las iniciativas positivas en la gestión de desempeño medioambiental, como la medición de huella de carbono, la identificación de clientes con potencial impacto en el medioambiente y esfuerzos en la mitigación de riesgos medioambientales. Con este préstamo se apoyaría al sustento de más de 70.000 empleos.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DESARROLLO URBANÍSTICO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la ejecución de los acuerdos de 9 de mayo de 2023 para fomentar el desarrollo urbanístico y la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social en ámbitos de titularidad del Ministerio de Defensa y de destinar el excedente no utilizado para destinarlo a la ampliación del Parque Público Estatal de Vivienda a precio asequible.

El Gobierno de España está acometiendo la reconversión de SEPES en la Entidad Pública de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado, que se concibe como instrumento capaz de abordar de manera integral el proceso productivo para la ampliación del parque público de vivienda, desde la adquisición y desarrollo urbanístico de los suelos, hasta la promoción de vivienda y su gestión.

Con ello, desde el acuerdo de 9 de mayo de 2023, y en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, se ha analizado de forma exhaustiva por parte de SEPES la viabilidad de los solares ofertados por Defensa, priorizando la adquisición de aquellos que están disponibles para su desarrollo inmediato.

Tras ese análisis, se ha procedido a la compra del 35% de los solares disponibles sobre los que ya se están iniciando los trámites para edificar vivienda y se está en proceso de acuerdo para cuatro más.

Esto permitirá a la nueva Empresa Estatal de Vivienda disponer de 593 M€ para:

  • Invertir en el desarrollo de los suelos adquiridos
  • Completar la compra de los que están en proceso
  • Destinar el resto de los fondos al desarrollo de otras actuaciones que se adscriban al plan de vivienda asequible
  • Incrementar la oferta mediante procesos de compra
  • Adecuar inmuebles de los que se transfieran desde Patrimonio

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE ACTIVOS SUSCEPTIBLES DE SER DESTINADOS A LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se toma razón de los criterios de determinación de activos susceptibles a ser destinados a las políticas de vivienda asequible y del resultado de aplicación de los mismos por SEPES en la evaluación de los inmuebles de SAREB y de encomendar al Ministerio de Hacienda, el de Vivienda y Agenda Urbana y el de Economía, Comercio y Empresa a realizar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la transmisión lucrativa a SEPES de la propiedad de determinados inmuebles de SAREB.

Se han determinado los siguientes criterios que deben cumplir las viviendas y suelos para ser considerados aptos para la promoción de vivienda en alquiler asequible:

a. Viviendas:

  • Criterio geográfico: situadas en municipios de las áreas metropolitanas e islas, así como en municipios con población superior a 5.000 habitantes o superior a 1.000 con crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos diez años. Además, se incorpora un criterio mínimo de concentración de diez viviendas en aquellos municipios que no pertenezcan a las áreas metropolitanas e islas, que contribuya a la eficiencia en la gestión de estas.
  • Criterio económico: se incluyen las viviendas con una superficie de hasta 85m2 útiles independientemente del valor de tasación y aquellas con una superficie de hasta 150m2 útiles cuyo valor de tasación no supere en un 40 % el valor que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje la Estadística de Valor Tasado de Vivienda publicada por el MIVAU para la provincia en que esté radicado dicho bien o para el municipio, en el caso de que exista esta Estadística y el valor sea mayor que para la provincia.
  • Condiciones técnicas: los edificios y viviendas no presentarán patologías estructurales y estarán acordes con la legislación urbanística y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas.
  • Estos criterios no serán tenidos en cuenta en el caso de las viviendas con un contrato de alquiler social en vigor, en cuyo caso respondiendo a la responsabilidad institucional y social ineludible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, serán adscritas todas las viviendas.

b. Suelos:

  • Criterio geográfico: los suelos están ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes.
  • Criterio económico: se incluyen los suelos viables, estableciéndose un alquiler para una vivienda tipo de 70m2 de acuerdo con las condiciones de asequibilidad establecido en la Ley 12/2023, de 24 mayo, por el Derecho a la Vivienda.
  • Condiciones técnico-urbanísticas: los suelos contarán con una superficie superior a 150 m²; tendrán calificación de uso global residencial plurifamiliar o colectiva; y tendrán que poder albergar promociones de 30 o más viviendas. Asimismo, los suelos deben estar inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro, en pleno dominio de SAREB, salvo que sean susceptibles de poder hacerlo tras un proceso de gestión urbanística o su participación en la titularidad del inmueble sea superior a un 80%.

Este perímetro se podrá ampliar por razones justificadas mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En virtud de la labor realizada, y tomando en consideración factores de viabilidad económica, jurídica y técnica, entre otros, SEPES ha identificado de forma preliminar como aptas o potencialmente aptas para el desarrollo de la política de vivienda más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar 55.000 viviendas aproximadamente.

El procedimiento y ritmo de incorporación de los inmuebles se realizará de tal manera que permita la adecuada y óptima integración de éstos en el patrimonio de SEPES, atendiendo a la capacidad operativa y situación jurídica de ambas entidades.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

SUBIDA SALARIAL ADICIONAL DEL 0,5% PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado un Acuerdo por el que se impulsa un incremento salarial adicional del 0,5% en las nóminas de las empleadas y empleados públicos. Una medida de la que se beneficiarán más de 3 millones de personas que trabajan para las administraciones o instituciones públicas de todo el país y que sirve para culminar el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 entre la entonces titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CCOO y UGT.

Esta alza salarial formó parte de ese acuerdo, por el que las retribuciones en el empleo público para funcionarias y funcionarios, personal estatutario y personal laboral se incrementarían en una parte fija y en otra parte variable en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, siendo todas ellas consolidables. En el primer año, la subida fue del 3,5%. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPCA y del PIB, del 1%. Por último, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se añadía una parte variable del 0,5% en función de los parámetros marcados por el IPCA.

Concretamente, esta subida del 0,5% que ahora se aprueba cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio.

El incremento recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos. Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual. Y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas.

Con esta decisión, el Gobierno cumple con sus compromisos con las 3.043.024 empleadas y empleados públicos que desempeñan la labor del servicio público desde las administraciones del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y de otras instituciones públicas, que quedaron recogidos en ese Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

Ese acuerdo, firmado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en octubre de 2022, reconocía el buen desempeño del empleo público e incluía el compromiso de realizar reformas para modernizar las Administraciones Públicas con el fin de que se adapten a las necesidades de la ciudadanía y a la economía. Un pacto que también comprendía la recuperación de los derechos que fueron arrebatados a empleadas y empleados públicos en el año 2012.

Unos compromisos que se han ido cumpliendo en el trienio que comprendía el Acuerdo Marco. Esto no se ha concretado solo a través de las subidas salariales pactadas, todas ellas ya aplicadas, también ha quedado reflejado en otras medidas de calado que han servido para reforzar el sector público, y que comprenden ámbitos como el empleo, el reconocimiento de derechos, la igualdad o la atención al ciudadano.

Las Ofertas de Empleo Público récord de los últimos años, los programas de captación del talento joven y el refuerzo de la atención al ciudadano, ya sea presencial, telefónica o por medios telemáticos, son otros ejemplos de esa apuesta por los servicios públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abanderado desde sus inicios.

Transportes y Movilidad Sostenible

NUEVA SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENTRE JAÉN Y CÓRDOBA

El Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 79 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, la renovación de los equipos de señalización de otro tramo de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por las provincias de Córdoba y Jaén, en concreto el comprendido entre Espeluy y la capital cordobesa (de 130 km).

El contrato comprende el tramo de línea intermedio a los dos en los que ya están en licitación la modernización de su señalización: el que discurre entre Peñalajo (Ciudad Real) y Espeluy (Jaén), de 94 km; y el que une Córdoba y Lora del Río (Sevilla), de 75 km.

La actuación supone el despliegue de sistemas y equipos de señalización ferroviaria nuevos y de mayores prestaciones, como enclavamientos de última tecnología (dispositivos que permiten gestionar en remoto y tiempo real las señales de un tramo ferroviario), señales fijas y luminosas, y telecomunicaciones.

Además, estos equipos se integrarán en el sistema de control del tráfico centralizado (CTC) para gestionar la circulación en remoto y tiempo real. De esta forma, se renovarán estos equipos, claves para la gestión y el control el tráfico ferroviario, en un total de casi 300 km.

Corredores Atlántico y Mediterráneo y Autopista Ferroviaria

La nueva señalización refuerza la fiabilidad y capacidad de la línea, que es común a los Corredores Atlántico y Mediterráneo y que acoge circulaciones de transporte de viajeros, tanto de proximidad como de media y larga distancia convencional, y por la que, además, está previsto que circulen servicios de la Autopista Ferroviaria (AF) Algeciras-Madrid-Zaragoza.

En esta misma línea, la Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz, el Ministerio ha adjudicado recientemente los trabajos para adaptar a los servicios de AF los túneles comprendidos entre Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y Córdoba, once de ellos en la provincia de Jaén; y también pasos superiores, ocho en la provincia jienense, así como la ampliación de las vías de apartado de la estación cordobesa de Pedro Abad para acoger trenes de 750m.

A ello se suma la reciente licitación para renovar la señalización de un tramo de la línea que une Córdoba con Bobadilla y Algeciras, que también formará parte de esta AF, y también con Málaga, el Córdoba-Valchillón-Torres Cabrera-Fuentes de Piedra.

Modernización del ferrocarril convencional

El Ministerio suma estas actuaciones a las que también ejecuta Adif en estas dos provincias y en toda Andalucía, en el marco de su apuesta por la renovación y modernización de la red de ferroviaria convencional.

Así, en Córdoba se avanza en la redacción de los proyectos para renovar integralmente 106,4 km la línea convencional comprendido entre Villa del Río y Palma de Río. También trabaja para recuperar las estaciones de Montoro y Almodóvar del Rio para servicios de proximidad, y construye una pasarela urbana en la estación de Villarrubia (Córdoba).

En Jaén, además de mejoras en la electrificación en varios tramos de línea, se trabaja en el refuerzo de accesibilidad y mejora de la estación de Linares-Baeza, con la instalación de ascensores; y también la mejora de la estación de ferrocarril de Jaén y sus accesos. Además, acaba de licitar la supresión del paso a nivel de Mengíbar.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (desarrollo económico y generación de empleo).

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



Transportes y Movilidad Sostenible

PROYECTOS CLAVE EN LA RED DE AEROPUERTOS DE AENA

El Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la ejecución por parte de Aena de una inversión de más de 350 millones de euros durante los años 2025 y 2026, adicional a los 2.250 millones de euros que fueron aprobados en el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el quinquenio 2022-2026.

Dichas inversiones se consideran necesarias y beneficiosas para el sistema aeroportuario español en su conjunto y permitirán avanzar en proyectos clave en aeropuertos como los de Alicante-Elche Miguel Hernández, Valencia, Bilbao, César Manrique-Lanzarote, Ibiza, Málaga-Costa del Sol, Menorca, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna o Tenerife Sur.

Con esta inversión adicional se adelantará, asimismo, la finalización de las obras de la remodelación en el terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca, lo que permitirá ofrecer unos servicios de la más alta calidad y mejorará la comodidad de los pasajeros, así como una operativa más eficiente de las compañías aéreas.

Mejoras en la red de aeropuertos

Como parte de las inversiones, también se mejorará y modernizará el equipamiento de los controles de seguridad de pasajeros, permitiendo un tránsito más ágil y cómodo de los pasajeros por el terminal.

Por otra parte, entre otras actuaciones destacables cabe mencionar otras destinadas a la mejora de la resiliencia, la ciberseguridad de los aeropuertos, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

El aumento de inversiones propuesto por Aena ha sido consultado con las asociaciones representativas de compañías aéreas con carácter previo a la autorización del Consejo de Ministros y cuenta con los informes de los organismos competentes, esto es, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Esta ampliación de inversiones supone un adelanto a las que se establecerán en el periodo regulatorio 2027-2031 dentro del DORA III, que será aprobado en 2026, y que tendrá como objetivo mantener nuestros aeropuertos a la cabeza de Europa en términos de calidad, capacidad y eficiencia.

En definitiva, con este acuerdo se continúa avanzando en una red aeroportuaria resiliente, que asegura la conectividad de nuestros ciudadanos y la cohesión territorial en España, y que ofrece unos servicios eficientes y de la más alta calidad.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CAMBIOS NORMATIVOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA EL MERCADO OLEÍCOLA Y REGULAR EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha autorizado cambios normativos para ofrecer más información sobre los sectores de aceite de oliva y las aceitunas de mesa, mejorar el seguimiento de los mismos y garantizar una mayor transparencia sobre el mercado oleícola.

El real decreto aprobado modifica la normativa sobre declaraciones obligatorias en ambos sectores y actualiza el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). Esta herramienta, gestionada por el ministerio y las comunidades autónomas, se refuerza para mejorar la calidad de la información y la trazabilidad del proceso productivo de aceite de oliva y aceituna de mesa.

Una de las novedades es que las almazaras deberán presentar anualmente, previa a la comercialización, una declaración de la producción de aceite de oliva de la campaña anterior, desglosada por categorías (virgen extra, virgen y lampante). Esta información adicional será clave para el análisis de mercado, sobre todo, porque España es el primer productor mundial de aceite de oliva.

Otra novedad es la sustitución de declaraciones mensuales de producciones ecológicas por anuales complementarias en el caso de almazaras e industrias de transformación de aceituna de mesa que operen con producciones eco. Una forma de simplificar el procedimiento y garantizar la fiabilidad de la información.

El nuevo real decreto incorpora también la evolución del sector hacia una mayor valorización de los subproductos. Así se cumple con la norma que reconoce como subproducto los orujos grasos procedentes de almazara destinados a la extracción de aceite de orujo de oliva crudo. Por este motivo, los secaderos de orujo pasan a estar obligados a presentar una declaración mensual de actividad, mientras que las almazaras y extractoras de orujo completarán las declaraciones sobre el destino de los subproductos sin necesidad de crear registros adicionales que generen más carga administrativa.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación de los modelos de formularios de datos, dado que la información requerida ya se encuentra disponible en los distintos sistemas y procedimientos utilizados por las autoridades competentes.

Asimismo, se actualizan las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -conforme a lo establecido en las modificaciones de la Ley de la Cadena alimentaria- y de las comunidades autónomas en relación con el censo de instalaciones y operadores oleícolas del SIMO.

El real decreto aprobado hoy elimina las penalizaciones por la presentación fuera de plazo de la solicitud única de la PAC para 2025 en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de mayo, con efecto retroactivo, conforme a lo establecido ya en una resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Cultura

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES

El Consejo de Ministros, ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2025, por un importe de 55 millones de euros. Se trata de una línea de ayudas anticipadas a empresas productoras para la financiación del coste de la producción de proyectos de largometraje mediante la aplicación de criterios objetivos entre los que se incluyen la viabilidad económica o el impacto socioeconómico de la inversión en España.

El objetivo específico de esta línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, que se convoca mediante convocatoria abierta con dos procedimientos de selección, es mejorar el tejido industrial de las empresas cinematográficas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.

Otro de los objetivos es fomentar la igualdad, impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y de carácter técnico. Se destinará un mínimo del 35% del presupuesto para los proyectos realizados exclusivamente por directoras y un mínimo del 10% para proyectos de animación. Además, como novedad este año, se incluye un punto por presencia de personas trans en el proyecto, debiendo aportarse Resolución de rectificación de la mención registral del sexo.

Accesibilidad y sostenibilidad

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria, el proyecto deberá incluir, como medidas de accesibilidad universal, el subtitulado especial y la audiodescripción con arreglo a la normativa técnica aplicable, lo que se acreditará al momento de solicitar la calificación de la película. Los proyectos de largometraje que resulten beneficiarios deberán incluir, asimismo, acciones en materia medioambiental y de sostenibilidad y/o un sistema de medición del impacto ambiental y huella de carbono.

Economía, Comercio y Empresa

MARCO PARA PROGRAMAS DE CONVERSIÓN DE DEUDA POR INVERSIONES EN DESARROLLO SOSTENIBLE

El Consejo de Ministros ha aprobado el establecimiento de un nuevo marco para impulsar los programas de conversión de deuda (debt swaps) vinculados a inversiones en desarrollo sostenible. Este nuevo instrumento permitirá a España negociar acuerdos bilaterales con países en desarrollo que enfrenten situaciones de vulnerabilidad financiera, facilitando la conversión de parte de su deuda externa en inversiones concretas destinadas a prioridades clave de desarrollo.

A través de este marco, se autoriza la condonación de hasta 300 millones de euros durante un periodo inicial de cinco años, que se canalizarán hacia proyectos de desarrollo en sectores estratégicos como la salud, la educación, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria o la protección de la biodiversidad.

Este nuevo marco representa un paso firme dentro del compromiso global de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Además, se presenta en plena sintonía con el impulso político alcanzado en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4), que se celebra estos días en Sevilla bajo el auspicio de Naciones Unidas, donde la comunidad internacional ha acordado "apoyar la ampliación de las conversiones de deuda, en particular para los ODS, incluyendo el clima y la naturaleza, sobre una base voluntaria, maximizando su impacto, simplificando su diseño, reduciendo los costes de transacción y reforzando la titularidad de los países y la transparencia."

España cuenta con una larga experiencia en programas de conversión de deuda, habiendo suscrito 47 acuerdos de este tipo con 28 países durante las últimas dos décadas, lo que ha permitido financiar proyectos concretos en infraestructuras básicas, salud, educación, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y resiliencia climática.

El nuevo marco permitirá modernizar y flexibilizar los procesos de negociación y ejecución de estos acuerdos, adaptándolos a las necesidades actuales de los países socios y al contexto financiero internacional. Además, los programas de conversión que se desarrollen en el marco de esta nueva herramienta:

  • Garantizarán la alineación con los planes de desarrollo de los países beneficiarios.
  • Incorporarán criterios de sostenibilidad social, medioambiental y de gobernanza (ESG).
  • Podrán facilitar la participación de empresas españolas en la ejecución de los proyectos, dentro de un enfoque de cooperación mutuamente beneficiosa.
  • Respetarán plenamente la soberanía de los países receptores y la eficacia del desarrollo.

Este marco se suma a la propuesta española de creación del Global Hub for Debt Swaps for Health and Climate, una plataforma internacional impulsada por España para ofrecer asistencia técnica, estandarizar procedimientos y compartir buenas prácticas, con el objetivo de facilitar la ampliación global de estos instrumentos de financiación innovadora.

Con este conjunto de iniciativas, España reafirma su papel como actor comprometido e innovador en la movilización de recursos internacionales para el desarrollo sostenible y la respuesta al desafío global del endeudamiento de los países más vulnerables.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

ANTEPROYECTO DE LEY DE CONSUMO SOSTENIBLE

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que tiene por objetivo reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente con medidas que promueven el consumo consciente y responsable y la promoción de la reparación de bienes, así como asegurar una información clara y fiable sobre las características medioambientales de los bienes y servicios que consumimos.

El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible prohíbe la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles. También queda prohibida la subida de precios en la reventa de entradas y se incluyen medidas para regular la 'publicidad del miedo', combatir la obsolescencia programada, evitar el greenwashing o ecopostureo y advertir al consumidor sobre el fenómeno conocido como reduflación.

Por otra parte, este anteproyecto cuenta con iniciativas para incentivar la economía circular, el derecho a reparar o el fomento de elecciones de compra más sostenibles. En este sentido, cabe recordar que el Anteproyecto de Ley traspone dos directivas europeas: la Directiva de empoderamiento para la transición ecológica y de Derecho a reparar.

Fin a la publicidad de los combustibles fósiles

Con este anteproyecto se prevé prohibir cualquier tipo de publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, en los que no participan componentes renovables. La limitación se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo quedando excluida de esta prohibición el gas. Esta modificación legal tiene como objetivo reducir la presencia de productos o servicios basados en energías fósiles, como la gasolina, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.

También contempla la prohibición de la publicidad de los vuelos cortos cuando existe una alternativa más limpia y que no suponga un aumento de más de dos horas y media del trayecto. La prohibición se aplicará únicamente cuando el trayecto tenga origen y destino dentro del territorio peninsular.

Por último, la prohibición también afectará a la publicidad de los vehículos que sean impulsados exclusivamente por combustibles fósiles y, por tanto, sean más contaminantes.

Medidas contra la publicidad del miedo

Se regulará también la conocida como 'publicidad del miedo'. Este tipo de publicidad basa su efectividad en presentar escenarios extremos o improbables, como robos violentos o vulnerabilidades catastróficas, con el propósito de generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas. El objetivo consiste en defender un entorno publicitario responsable y que la promoción de servicios se centre en ofrecer una información objetiva, donde destaquen los beneficios reales sin necesidad de apelar a tácticas de manipulación emocional. Por ello, la ley obligará a que estas comunicaciones comerciales vayan acompañadas de información cuantitativa o estadística que permita a las personas consumidoras hacer una valoración real del riesgo.

Combatir la obsolescencia programada y el ecopostureo

La norma busca también combatir actitudes conocidas como 'ecopostureo' o 'greenwashing', términos que hacen referencia a las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin que esas supuestas cualidades tengan un respaldo científico. Para limitar esta práctica la ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado. Entre los ejemplos de afirmaciones medioambientales genéricas que se van a prohibir se incluyen: "respetuoso con el medio ambiente", "amigo del medio ambiente", "verde", "biodegradable" y otras declaraciones similares.

Con esta medida, se busca generar unas relaciones de consumo que contribuyan activamente a la transición ecológica para hacer frente a la crisis climática. Asimismo, se prohíbe el registro de denominaciones de sociedades que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental, así como se incluye la posibilidad de anulación de una marca ya inscrita cuando su tipografía pueda llevar a engaño a los consumidores sobre el desempeño medioambiental de la misma.

Obsolescencia programada

Este objetivo también se persigue con la limitación de la obsolescencia programada. Con esta práctica las empresas reducen intencionalmente la vida útil de productos como los electrodomésticos para que las personas los reemplacen antes de tiempo. Para actuar en este flanco, se incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía, aumentando este plazo en doce meses adicionales cuando se opta por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía. Igualmente, el productor, el comercializador o el importador cuando el productor esté fuera de la UE, deberán asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal. Esta obligación se sitúa en el 10% en el tercer año y en el 5% en el cuarto. Para fomentar estas reparaciones, el anteproyecto prevé implementar una plataforma en línea donde los consumidores puedan tener acceso de forma sencilla y gratuita a reparadores solventes a los que poder pedir presupuestos y solicitar reparaciones.

Asimismo, esta norma prohíbe ocultar información al consumidor sobre actualizaciones de software que afecten negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales; prohíbe presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad y, entre otras, prohíbe cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad.

Con esta medida, se busca extender la vida útil de productos que están en buenas condiciones para evitar abusos a las personas consumidoras y ser más eficientes en el uso de los recursos materiales con los que se elaboran los productos.

Reventa de entradas y reduflación

Otro pilar de la nueva ley es la regulación de la reventa de entradas. La norma prohibirá esta práctica cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial. De esta manera, se intentará combatir la reventa atacando el beneficio económico que supone para los actores de mercado. Este nuevo límite se suma a la prohibición ya vigente que sanciona el uso de bots para adquirir entradas de espectáculos culturales de forma masiva para revenderlas posteriormente.

Por otra parte, la futura norma también regulará la práctica comercial conocida como reduflación, es decir la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad. Se obligará a las empresas a notificar de forma clara y comprensible si reducen el contenido de un envase o el número de unidades incluidas en un paquete sin bajar el precio. Esta práctica que afecta a la transparencia en las relaciones de consumo, debilita el principio de información veraz y clara y puede inducir a error a las personas consumidoras.

De esta forma, se busca garantizar que las empresas ofrezcan una información precisa sobre precios y cantidades de los productos puestos a la venta. Las empresas dispondrán de un plazo de máximo 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma legible y visible de las nuevas características del producto comercializado.

Con esta norma, se refuerza el compromiso con una transición ecológica justa, la protección de los derechos de las personas consumidoras y la promoción de un modelo económico más responsable y sostenible. El texto del anteproyecto entra ahora en fase de audiencia e información pública, con el objetivo de recoger aportaciones y enriquecer la ley. Tras ello, el texto volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Camerún

D. JUAN PEDRO PÉREZ-GÓMEZ DELAUNAY

Es licenciado en Geografía e Historia y master en gestión cultural internacional e innovación social. Ingresa en la carrera diplomática en 2007.

De 2001 a 2004 trabaja en las misiones de la OSCE en Kosovo (ex Yugoslavia) y en Albania donde dirige la Oficina Regional en Vlora durante dos años. En el exterior, ha desempeñado los cargos de segunda jefatura en Haití y en Gabón, donde fue encargado de Negocios Ad Interim durante 7 meses, cónsul adjunto en el Consulado General de España en Moscú y consejero cultural y científico en Colombia donde fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel La Católica por haber conducido la negociación que llevó a la firma del nuevo centro cultural de España en Bogotá.

En el MAEUEC ha estado en el Gabinete del Ministro Miguel Ángel Moratinos y en la Subdirecciones Generales de Seguridad y Operaciones de mantenimiento de la Paz y de África Subsahariana; por último, ha sido subdirector general adjunto de No Proliferación y Desarme.

Embajador de España en la República de Corea

D. JULIO HERRÁIZ ESPAÑA

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ingresó en la Carrera Diplomática en 1989.

Ha sido destinado como cónsul general en Bata (Guinea Ecuatorial) y en las embajadas en Israel, Camerún, Angola, Japón y China. Ha sido embajador delegado (2014-2019) y presidente (2017) ante la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha desempeñado puestos en las direcciones generales de Protocolo y política exterior para Iberoamérica. Ha sido vocal asesor en el gabinete del secretario de estado de Cooperación Internacional, subdirector general adjunto de Organismos Internacionales Técnicos, subdirector general de Asuntos Internacionales de Terrorismo (2011-2014), vocal asesor para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad (2019-2020) y embajador en misión especial para el Sahel (2020-2022).

Desde 2022, por segunda vez, y hasta la actualidad ha ejercido la segunda jefatura de la Embajada en la R.P. China.

Embajador de España en la República de Estonia

D. ÁNGEL MARÍA VÁZQUEZ DÍAZ DE TUESTA

Es diplomático de carrera desde 1988, ha desempeñado numeroso puestos diplomáticos y consulares tanto en el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como en embajadas y consulados.

Durante su estancia en España, ha prestado sus servicios como director adjunto del gabinete del Ministro (1999-2002), subdirector adjunto de Comunicación Exterior (2006), secretario general de la Casa Sefarad-Israel (2007-2009), vocal asesor en el gabinete del presidente del Gobierno (2009-2011), subdirector general de la Oficina de Información Diplomática (2011-2012) y vocal asesor en la dirección general de América del norte, Europa oriental, Asia y Pacífico (2020-2022).

En el exterior, ha estado destinado en las embajadas de España en Israel (1991), Francia (1994) y Rusia (2002) y ha desempeñado el puesto de embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia (2012-2017), así como el de cónsul general en Sao Paulo (2017) y Rio de Janeiro (2022).

Embajador de España en la República Gabonesa

D. RAFAEL CHAVES BEARDO

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ingresó en la Carrera Diplomática en 2005.

Ha estado destinado en el exterior en las Embajadas de España en Berlín, Guatemala (en dos ocasiones diferentes, como segunda jefatura) y en la Embajada de España en Lisboa.

En servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha desempeñado funciones, sucesivamente, en la Subdirección de Relaciones Económicas Bilaterales con Países en Desarrollo y en la de Países Europeos, dependientes de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (actual Dirección General de Diplomacia Económica), así como en la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica (dos veces: como Consejero para MERCOSUR y Chile y para Países Andinos, respectivamente).

También ha sido coordinador de Asuntos de Justicia e Interior en la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea, entre otras responsabilidades diplomáticas.

Embajador de España en la República de Lituania

D. JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ-AGUAYO MUÑOZ

Es licenciado en Derecho. Ingresó en la carrera diplomática en 1997. Ha estado destinado en las embajadas de Noruega, Alemania, Indonesia y Países Bajos. En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ha trabajado en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Política Exterior y Unión Europea, y en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) y en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), ocupando en esta última el puesto de director del Gabinete Técnico.

En el período 2018-2020 fue asesor diplomático en el Gabinete del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde noviembre de 2021 y hasta el momento es subdirector general de la Oficina de Derechos Humanos.

Embajadora de España en el Gran Ducado de Luxemburgo

Dª. MARÍA NIEVES BLANCO DÍAZ

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, e ingresó en la carrera diplomática en 2005.

Cuenta con una larga experiencia en cuestiones de seguridad, habiendo estado destinada durante ocho años en la Representación Permanente de España en la OTAN (2015-2018 y anteriormente 2007-2012).

Ha trabajado como vocal asesora de Asuntos Migratorios en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre 2012 y 2015 y ha servido, asimismo, en el Consulado General de España en La Habana de 2005 a 2007.

Entre 2018 y 2020, ha dirigido el equipo de programación cultural de la Casa de América, principal institución española de diplomacia pública con el continente americano. Continuando con ese ámbito, ha sido consejera cultural en la Embajada de España en Hungría, hasta 2022.

Hasta la actualidad, y desde 2022, es Embajadora de España en Lituania.

Embajadora de España en la República Unida de Tanzania

Dª. PALOMA SERRA ROBLES

Ingresa en la carrera diplomática en 2005. Ha desempeñado los cargos de segunda jefatura en las Representaciones de Costa de Marfil, Cabo Verde y Sudáfrica. Ha sido también consejera cultural en Sudáfrica, Encargada de los Asuntos Consulares y consejera Política en la India y cónsul adjunta en Jerusalén.

En la sede del MAEUC fue jefa de Servicio en la Secretaría General Técnica, jefa de la Oficina de Evaluación y Prevención de la Oficina de Acción humanitaria en la AECID, consejera técnica en la Unidad de Emergencia Consular de la DG de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y vocal asesora en el Gabinete de la Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo.

Embajadora de España en la República de Zimbabue

Dª. MARÍA LOURDES SANGRÓNIZ GUERRICAGOITIA

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y con estudios de postgrado en el Queen Mary College de la University of London. Diplomática de carrera con 25 años de servicio y cierta especialización, en servicios centrales, en asuntos de la Unión Europea (Gabinete de la Secretaría General de Política Exterior y para la Unión Europea de 2000 a 2002, subdirectora general adjunta de Asuntos Justicia e Interior de la U.E. (Secretaría Estado de la Unión Europea) de 2010 a 2012 y, en la actualidad, subdirectora general adjunta de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales de la UE en la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE.

En el exterior, segunda jefatura en la Embajada de España en Zimbabwe (2002-2005), consejera en la Embajada de España en Berlín (política interior y asuntos de Justicia e Interior de la UE, JAI, 2005-2010), segunda jefatura en la Embajada de España en Estocolmo, Suecia (2012-2017) y segunda jefatura en la Embajada de España en Bogotá, Colombia (2027-2021).

Embajador en Misión Especial para los derechos de las personas LGTBI+

D. JORGE ANTONIO NOVAL ÁLVAREZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1993. Diplomático de carrera desde el año 2004, ha desempeñado puestos tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el extranjero.

Durante sus periodos de servicio en España ha trabajado en la Subdirección General de África Subsahariana y en la Subdirección General de Viajes y Visitas de la Unidad del Introductor de Embajadores.

En el exterior, ha sido secretario de Embajada en las Embajadas de España en Ucrania y Angola, cónsul en los Consulados Generales en de España en Caracas y Buenos Aires, así como segunda jefatura en las Embajadas de España en Paraguay y Mozambique.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Secretario general del Consejo de Estado

D. LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en 1979, realizó un máster: M.A., The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, en 1985.

Letrado del Consejo de Estado, habiendo desempeñado sus funciones en la Sección Segunda (Asuntos Exteriores y Justicia, 1983-1996) y Sección Cuarta (Defensa y Medio Ambiente, 2005-2007; Defensa e Industria, 2007- 2016, y 2019 hasta la actualidad), donde es letrado mayor. Ha participado en la Comisión de Estudios en la preparación de los informes sobre reforma constitucional (2006) y sobre la reforma electoral (2009).

Desde octubre de 2024, ha ejercido como secretario general accidental del Consejo de Estado.

Asimismo, ha sido juez en el Tribunal General de la Unión Europea (2016-2019), destinado en la Sala primera del Tribunal en abril de 2016 y en su Sala cuarta a partir de septiembre de 2016. Como tal, fue ponente en asuntos que abarcan prácticamente todo el conjunto de competencias del Tribunal General: Derecho de la competencia, ayudas de Estado, dumping, medidas restrictivas, marcas de la Unión Europea, función pública y política agraria común.

De 1996 a 2001 ocupó el puesto de subsecretario en el Ministerio del Interior. Ha sido también secretario general del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones de 1991-1996. Entre 2001 y 2003 fue secretario del Consejo de Administración y director de la Asesoría Jurídica de Vodafone España, S.A.

Ha ejercido también como abogado en Villar Arregui Abogados, 2004-2005, y ha sido profesor del Área Jurídica y Director del Master en Relaciones Internacionales del IE; en la Universidad de San Pablo, CEU y en ESADE Law School, Madrid.

Transportes y Movilidad Sostenible

Director general de Programación Económica y Presupuestos

D. PEDRO ENRIQUE BLANCO CHINARRO

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible donde ha ocupado los puestos de técnico superior y jefe de área de Contratación Técnica dentro de la Dirección General de Carreteras, así como los puestos de jefe de área de Inversiones de la Oficina Presupuestaria y coordinador de la Unidad de Apoyo dentro de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.

Desde noviembre de 2021 ocupa el puesto de Subdirector General de la Oficina Presupuestaria.