El Gobierno aprueba el Proyecto Estratégico de la Economía Social y de los Cuidados

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, en el que se invertirán más de 800 millones de euros hasta 2026. La iniciativa está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fue presentada el viernes pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que es un proyecto estratégico único en la Unión Europea, que se vincula al Plan de Acción Europeo para la Economía Social liderado por el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.

El PERTE se articula en torno a dos objetivos generales: el impulso y desarrollo de la Economía Social y el fortalecimiento y la transformación de los servicios en el ámbito de los cuidados, para que sean accesibles y centrados en las personas. Un tercer objetivo, de carácter estratégico, es la creación de un hub de vanguardia para focalizar y distribuir el conocimiento con las entidades que componen este modelo económico.

Economía Social

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

Díaz ha recordado que la Economía Social supone un 10% del Producto Interior Bruto, ocupa a más de 2.200.000 personas y engloba a más de 43.000 empresas. La iniciativa cuenta con los fondos Next Generation y se coloca en el centro de la actuación pública, dado que participan 13 ministerios con el objetivo de impulsar políticas que permitan su extensión.

"Vamos a lanzar la Economía Social. Queremos convertir a España en un polo de referencia de la Economía Social en el mundo y en la Unión Europea", ha mantenido la vicepresidenta segunda.

A su juicio, este tipo de economía es "solidaria, resiliente, coloca al ser humano en el centro, es feminista por excelencia y nos ha demostrado que, en las crisis, coopera y es mucho más inclusiva que la economía convencional". Asimismo, Díaz ha señalado que "ancla población en las zonas despobladas, en especial en los espacios rurales, y está volcada en la sostenibilidad, en la economía circular, en la economía verde y en la economía azul".

El PERTE recoge iniciativas para redimensionar el tamaño de las empresas en sus distintas formas jurídicas, en especial las cooperativas, asegurar su viabilidad empresarial, mejorar su competitividad y el mantenimiento del empleo. Además, persigue la internacionalización de esas empresas.

Revolución de los cuidados

Yolanda Díaz ha añadido que la gran revolución pendiente en este siglo es la "revolución de los cuidados", sobre todo desde la perspectiva del envejecimiento.

En este sentido, la vicepresidenta ha expuesto las líneas de actuación del PERTE, que contemplan la profesionalización del sector de los cuidados sanitarios y la dependencia para dar más calidad de vida a las personas. Se abordarán, más allá del cuidado en residencias, nuevas fórmulas demandadas por las personas, como el cuidado en su propio domicilio o la creación de viviendas colaborativas.

Por otra parte, el proyecto mejora la oferta de servicios sociales y educativos en el ámbito rural para afrontar la despoblación rural. Promueve la educación y la capacitación digital, crea una herramienta digital que facilite el contacto entre consumidores y productores para la venta y distribución de los artículos agroalimentarios en los mercados locales e impulsa la igualdad de género.

La vicepresidenta ha defendido que es un PERTE único, solidario, feminista y sostenible, que se completará con tres modificaciones normativas: una nueva ley de la Economía Social, otra de cooperativas y una tercera de empresas de inserción.

Ley de atención al cliente

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. | El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha acordado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, cuyo objetivo es facilitar que los consumidores puedan ejercer sus derechos ante las empresas que hayan contratado de una forma más rápida y sencilla y con mayores garantías.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que los servicios de atención al cliente son indispensables en las relaciones de consumo, pero ha lamentado que, hasta ahora, el pleno ejercicio del derecho a ser atendido por las empresas se ha visto demasiado a menudo dificultado por laberintos administrativos o tiempos de espera excesivos.

"Son muchos los que desesperan cuando están ante una llamada de atención al cliente o cuando encuentran serias dificultades para darse de baja de un servicio, lo que implica un gasto enorme de energía, de tiempo y de dinero que muchas veces acaban significando la renuncia al derecho efectivo de la atención al cliente", ha explicado.

La nueva norma, ha continuado, conseguirá que se establezca un suelo de protección válido para todas las relaciones contractuales en nuestro país en materia de consumo y tendrá una gran incidencia social en la vida cotidiana de las personas.

La futura ley afecta a todas las empresas públicas y privadas que ofrezcan servicios básicos como el suministro de electricidad, gas y agua, transporte de pasajeros, servicios postales, financieros y de comunicación audiovisual de acceso condicional mediante pago, y comunicaciones electrónicas y telefónicas. También, independientemente del sector, a aquellas que tengan más de 250 trabajadores o un volumen de negocio superior a 50 millones de euros.

Todas estas empresas deberán disponer de un servicio de atención al cliente cuyo horario se corresponda, como mínimo, con su tiempo de horario comercial, aunque las empresas de servicios básicos deberán garantizarlo las 24 horas del día, todos los días del año.

Las infracciones leves de las previsiones de la ley podrán conllevar la imposición de sanciones de 150 a 10.000 euros o de 2 a 4 veces el beneficio ilícito realizado. Si son graves, la sanción puede alcanzar los 100.000 euros o de 4 a 6 veces el beneficio ilícito obtenido.

Ampliación de derechos para los consumidores

El ministro ha destacado algunos de los aspectos principales del texto, como el plazo de resolución de reclamaciones, quejas e incidencias presentadas ante la empresa, que no podrá ser nunca superior a 15 días y que, en el caso de servicios básicos, será de dos horas. Asimismo, no se podrá cortar ningún suministro mientras haya una reclamación en curso.

Respecto a los tiempos de espera en las llamadas telefónicas a los servicios generales de información, reclamación y postventa, se establece que el máximo será de 3 minutos. Las empresas deberán garantizar que el 95% de las llamadas anuales recibidas hayan sido atendidas por debajo de ese límite de tiempo.

La utilización exclusiva de sistemas robotizados de atención al cliente queda prohibida y, si un consumidor solicita ser atendido por una persona, las empresas tendrán que satisfacer esa demanda. Además, deberán disponer de recursos para atender de manera específica a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ofreciéndoles servicios de mensajería instantánea o sistemas de interpretación en lengua de signos.

Asimismo, durante el transcurso de una llamada realizada al teléfono de atención al cliente, que deberá ser gratuito, no estará permitido transferirla a un teléfono de pago.

Finalmente, el departamento de atención al cliente de la empresa deberá estar separado de otros como el de marketing, con el fin de evitar que en el curso de una comunicación sean ofrecidos al consumidor nuevos servicios: "El canal de atención al cliente está específicamente para atender al cliente y no para realizar nuevos contratos", ha subrayado Garzón.

Nueva ley de cooperación para el desarrollo

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que ahora será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El texto actualiza la ley vigente de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que data de 1998, y la acomoda a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y al Acuerdo de París sobre cambio climático, entre otros.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la norma mejorará el sistema de cooperación gracias a la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), un nuevo Estatuto del Cooperante y la previsión del desarrollo reglamentario de la cooperación financiera y de la normativa de subvenciones. También se mejorarán los instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores, como las comunidades autónomas, los entes locales, la sociedad civil o el sector privado.

El compromiso de España de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del año 2030 tendrá rango legal. Rodríguez ha destacado que también quedará estipulado que el 10% de toda la ayuda a la cooperación se reserve para ayuda humanitaria.

32 millones para ONG

La portavoz ha reconocido el papel de las ONG como canalizadoras de la solidaridad de la sociedad civil española y ha explicado que el Consejo de Ministros ha autorizado a la AECID a convocar subvenciones para estas organizaciones por valor de 32 millones de euros.

Regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas

El Gobierno ha modificado la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal donde se recogen los documentos de instrucciones previas, voluntades anticipadas o documentos equivalentes, a los que se refiere la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

La ministra lo ha calificado de trámite reglamentario " técnico", pero importante para garantizar el ejercicio del derecho a la muerte digna en nuestro país.

Reparto de fondos del Plan de Recuperación a las comunidades autónomas

Isabel Rodríguez ha explicado brevemente tres acuerdos del Consejo de Ministros relativos a la distribución de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En primer lugar, el Ejecutivo ha autorizado la distribución de casi 400 millones de euros para renovar equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través del 'Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT) en el SNS".

Rodríguez ha subrayado la importancia de sustituir equipos ya anticuados u obsoletos por tecnología de nueva generación que puede resultar determinante en la detección precoz de enfermedades especialmente dañinas como las enfermedades oncológicas o raras.

Además, el Gobierno repartirá 90 millones de euros entre las comunidades autónomas para actividades de recuperación de la biodiversidad y el paisaje en zonas afectadas por la minería.

Por último, otros 200 millones de euros se destinarán a las comunidades autónomas para la lucha contra la pobreza infantil y la atención a las personas más vulnerables.