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​El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar

Consejo de Ministros - 6.11.2015

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La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, con el fin de mejorar la atención de las personas que viven en la calle, reducir su número y restaurar su papel en la sociedad.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha señalado que en España hay entre 25.000 y 30.000 personas sin hogar, de las cuales "aproximadamente un 40% duerme en la calle". Además, ha destacado que el documento se ha consensuado con otros ministerios, con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con algunas grandes ciudades que ya cuentan con recursos especializados para atender a este colectivo. A su juicio, "es muy importante que por primera vez se afronte de manera integral este problema".

Alonso ha explicado que el texto tiene cinco líneas estratégicas. La primera es la prevención, detección e intervención temprana de las personas que podrían terminar viviendo en la calle. El ministro ha apuntado que las principales causas por las que existen personas sin hogar son el desempleo, no poder pagar el alojamiento, la separación del cónyuge y el cambio de localidad de residencia.

La segunda línea es la sensibilización para evitar su discriminación y garantizar su seguridad. Alonso ha resaltado que cada seis días muere una persona sin hogar en un espacio público, más de un tercio como consecuencia de alguna situación violenta: "Son personas que están muy expuestas y trabajar en la sensibilización de la población es otra de las prioridades del plan".

En tercer lugar, la Estrategia contempla el denominado 'housing first', que consiste en destinar una vivienda a la persona que está durmiendo en la calle. El ministro ha concretado que a partir de ahí se establece un compromiso para trabajar en su inclusión y en restaurar su proyecto de vida, que sería la cuarta línea. La quinta supone reforzar la atención y la organización de la red de recursos para atenderle.

La Estrategia, ha resumido Alonso, va a tratar de "proteger y sacar a la gente de la calle" y se traducirá en planes de acción que se irán aprobando a lo largo del próximo año por parte de las distintas administraciones".

Trastorno del espectro del autismo

Pool Moncloa/J. M. CuadradoEl Gobierno ha aprobado la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), una demanda histórica del colectivo que persigue la mejora de su calidad de vida en diversos ámbitos, sobre todo en educación y empleo, y la de sus familias.

Alfonso Alonso ha resaltado que es la primera vez que se aborda este asunto a nivel estatal y fue "voluntad del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos políticos". Asimismo, ha precisado que en España hay más de 450.000 personas con algún tipo de trastorno del espectro autista y más de un millón de afectados si se contabiliza a sus familiares.

Alonso también ha subrayado que entre el 70% y el 90% de las personas con este trastorno están en desempleo, a pesar de que "son unos trabajadores espléndidos si tienen un entorno laboral favorable".

En opinión del ministro, el documento "es un paso adelante para tratar de concienciar y dar a conocer esta realidad, sensibilizar a la población y garantizar los derechos de estas personas".

Refugiados

El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para 2015 para un total de 854 personas, de los cuales 724 corresponden al cupo de 2015 y 130 están pendientes de 2014.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que el reasentamiento se dirige a personas refugiadas como consecuencia de conflictos considerados prioritarios, en especial Oriente Próximo y Siria, que se encuentran temporalmente acogidas en países limítrofes a esa zona. Con esta decisión, ha dicho, España cumple con el resto de socios comunitarios y con los principales países de reasentamiento a nivel global identificados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Unión Europea (Oriente Próximo, norte y Cuerno de África).

Soraya Sáenz de Santamaría y Alfonso Alonso (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa/J. M. CuadradoEntre las actuaciones que contempla el programa, Sáenz de Santamaría se ha referido a la determinación de los criterios de selección de las personas a reasentar a partir de las prioridades y necesidades de protección identificadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Además, la vicepresidenta ha puntualizado que los refugiados que sean beneficiarios del Programa tendrán o el estatuto de refugiado o el de beneficiario de protección subsidiaria.

La portavoz del Gobierno también ha informado sobre el programa piloto de reubicación para traer a España a personas que ya se encuentran en el ámbito de la Unión Europea. Al respecto, ha anunciado que el domingo llegará a España el primer vuelo con 19 refugiados, de nacionalidad eritrea y siria, procedentes de Italia.

Las personas que vienen en este primer vuelo tienen distintas necesidades por lo que el Gobierno está analizando sus perfiles y trabajando con comunidades autónomas y con organizaciones no gubernamentales para dirigirles al centro que mejor pueda atenderles, ha aclarado. Además, ha indicado que España es el tercer país de la Unión Europea en organizar experiencias piloto de esta naturaleza.

Modernización tecnológica de la justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha enmarcado en el proceso de modernización judicial mediante el uso de las nuevas tecnologías.

El primero de los textos regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Catalá ha explicado que unas 150.000 personas solicitan cada año la nacionalidad por haber cumplido los requisitos que, según su origen, establece la legislación en cuanto al número de años de residencia en España. Esto genera un expediente administrativo a través de instancias en papel y un procedimiento que hay que instar ante los registros civiles encargados de esta función. Los solicitantes tienen que realizar entre tres y seis visitas a las oficinas administrativas, y la resolución del expediente tarda de media casi tres años.

Rafael Catalá (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa/J. M. CuadradoA juicio del ministro, se trata de un "magnífico ejemplo de un procedimiento administrativo tradicional que puede ser perfectamente mejorable". Ese es el objetivo del Reglamento aprobado hoy, que articula una tramitación basada en todas sus fases en una plataforma electrónica. Se podrá acceder a este sistema a través de la página web del Ministerio de Justicia y del Portal de las Administraciones Públicas. Hasta el 30 de junio del año 2017 los interesados también podrán presentar las solicitudes en el Registro Civil correspondiente a su domicilio.

Rafael Catalá ha destacado que este procedimiento simplificará y acortará notablemente la tramitación (la resolución será notificada al interesado en un año como máximo). También se ha referido a la eliminación de cargas administrativas para el solicitante, ya que las administraciones que participan en el proceso se coordinarán y ya no tendrá que ser el ciudadano el que se encargue de obtener diversos certificados, como el de penales.

El ministro ha apuntado que el solicitante tendrá que pagar una tasa de cien euros "para compensar los gastos en que se incurre para la obtención de esta nacionalidad en tiempos más cortos y mediante un procedimiento mucho más sencillo".

Subastas judiciales

El otro real decreto relativo a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia aprobado hoy establece el procedimiento para participar de manera telemática en las subastas judiciales y notariales.

Hasta ahora, según ha señalado el titular de Justicia, cada una de las 65.000 subastas de este tipo que se celebran al año en España es convocada por el juzgado responsable, que la publica en un tablón de anuncios mediante un edicto. Este sistema obliga a disponer de un acceso formal y material a cada uno de los juzgados del país. La nueva norma crea un sistema telemático, un portal único a través del Boletín Oficial del Estado, que permitirá acceder a cualquier tipo de subasta desde Internet. "Todos los ciudadanos podremos tener esa información y realizar nuestras pujas y tendremos una transparencia absoluta en ese sentido", ha afirmado.

El sistema, ha añadido, permitirá descargar de tareas burocráticas a la Administración de Justicia. La vicepresidenta del Gobierno ha indicado que el desarrollo de esta iniciativa, una de las más importantes del Informe de Reforma de la Administraciones Públicas, supondrá un ahorro en cargas administrativas de casi 4,9 millones de euros. Además, ayudará a la recién creada Oficina de Recuperación de Activos, ha dicho.

Avance en la Unión Bancaria

Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá y Alfonso Alonso (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa/J. M. CuadradoEl Ejecutivo ha regulado las medidas de resolución y recuperación de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. La portavoz del Gobierno ha subrayado que la norma avanza en el marco de la construcción de la Unión Bancaria europea.

Los costes de resolución de una entidad serán asumidos por los accionistas, por los acreedores y, en último término, por el Fondo Nacional de Resolución, con lo que se limita el uso de recursos públicos en este ámbito. La nueva regulación, ha indicado Sáenz de Santamaría, "tiene como objetivo garantizar la máxima protección para los depositantes". Así, los depósitos de hasta 100.000 euros (cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos) no estarán sujetos a la absorción de pérdidas. Y en caso de concurso de una entidad de crédito, tanto los depósitos cubiertos como los no cubiertos tendrán preferencia concursal.

La norma desarrolla también el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como Autoridad Nacional de Resolución, así como las contribuciones de las entidades al Fondo de Resolución Nacional y al Fondo de Garantía de Depósitos.

Otros acuerdos

  • Cese del general del Aire en situación de reserva José Julio Rodríguez Fernández por pérdida de confianza y falta de idoneidad para el cargo de vocal de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Sáenz de Santamaría ha asegurado que las manifestaciones realizadas por el general antes los medios de comunicación "cuando todavía se encontraba en situación militar de reserva y en las que vertió opiniones sometidas a distinto debate político entrañan un incumplimiento del deber de neutralidad política exigida en los militares y, aún con mayor razón, a quienes como él han ostentado los más altos rangos de la jerarquía militar".
  • Aprobados 86,7 millones de euros para la contratación de 800 científicos y técnicos de apoyo. La concesión de ayudas se divide en varias convocatorias que financian e incentivan la incorporación de investigadores y personal técnico en universidades y centros de investigación públicos y privados sin ánimo de lucro.
  • Distribución entre las comunidades autónomas de 24 millones de euros para la adquisición de libros de texto y material didáctico por las familias.
  • Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, que establece las líneas estratégicas para los próximos seis años y las medidas para cumplir los objetivos comunitarios.
  • Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector de la Empresa, PIMA Empresa, dotado con cinco millones de euros, para incentivar la reducción de emisiones de CO2.

Respeto a la Constitución

Soraya Sáenz de Santamaría y Alfonso Alonso, Rafael Catalá y Alfonso Alonso (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa/J. M. CuadradoLa vicepresidenta, en respuesta a las preguntas de los periodistas, ha afirmado que si el Parlament de Catalunya aprueba la propuesta de resolución que han planteado dos grupos parlamentarios en los actuales términos o similares, ignorando la propia advertencia del Tribunal Constitucional sobre la obligación que tiene el Parlament y sus órganos de velar por el respeto a la Constitución, el Gobierno "inmediatamente, ese mismo lunes, iniciará los trámites para el recurso", y pedirá "la suspensión de la declaración".

Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno solicitará "por urgencia" al Consejo de Estado el informe previo necesario y en cuanto lo tenga se convocará, de manera urgente, el Consejo de Ministros. "La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta", ha recalcado la vicepresidenta. Una actuación que será "siempre prudente y proporcionada, pero firme y determinada", ha subrayado.

En este sentido ha mantenido que el Ejecutivo "usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la Ley, de la unidad de España, de la soberanía de todos los españoles, de la igualdad de todos los españoles y de la legalidad".

Además, ha manifestado que el "Gobierno se siente arropado por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales y por un conjunto de instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la Ley, de respeto de la legalidad, de unidad y de igualdad".