Referencia del Consejo de Ministros

8.5.2015

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Madrid

SUMARIO

Presidencia

  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • REAL DECRETO sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles.
  • ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo entre el Reino de España y Georgia sobre cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, se dispone su remisión a las Cortes Generales y su ratificación.
  • INFORME de seguimiento de la ejecución del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Primer trimestre 2015.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • ACUERDO por el que se autoriza un préstamo a la Fundación para la promoción de la pequeña y microempresa José María Covelo de Honduras por importe máximo de 5.000.000 de dólares estadounidenses, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo.

Hacienda y Administraciones Públicas

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 14 de mayo, respecto del proyecto de Real Decreto Ley por el que se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 180.078.380,70 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe de 44.279,05 euros, para atender gastos en concepto de complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios prestados por personal de la Guardia Civil, en cumplimiento de sentencias y autos dictados por diversos Tribunales de Justicia de distintas comunidades autónomas, y se conceden suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio del Interior por el importe y para las finalidades indicadas.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 144.593,32 euros, y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Fomento por la citada cuantía, para el pago de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de noviembre de 2014 a favor de la Diputación Provincial de Cádiz, en relación con la subvención otorgada para el proyecto M23408 "Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible: Planes de Movilidad para Municipios de 50.000 habitantes de la Provincia de Cádiz".
  • ACUERDO por el que se autoriza un crédito extraordinario en el Capítulo 2 del presupuesto de gastos del organismo autónomo Fondo Español de Garantía Agraria, destinado a posibilitar la realización de contratos de arrendamientos para almacenamiento de productos de intervención.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los límites y del número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Justicia la contratación de proyectos de inversión en obras y equipamientos destinados a la Administración de Justicia.

Fomento

  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY del Sector Ferroviario.
  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Carreteras.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de título: Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur. Provincia: Zaragoza. Valor estimado: 56.416.851,68 euros.

Empleo y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se impone una sanción de 155.036,29 euros a la empresa Grupo Becasi TCH, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

  • REAL DECRETO por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
  • REAL DECRETO por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
  • ACUERDO por el que se aprueba la distribución correspondiente a los criterios objetivos y compromisos financieros de los Programas de Desarrollo Rural fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 23 de febrero de 2015.
  • ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para las actuaciones de reparación de los daños provocados por los temporales de los meses de enero y febrero de 2015 en la cuenca de los ríos Miño y Sil, en las provincias de León, Lugo y Ourense, por un importe de hasta 1.135.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en la cuenca del río Ebro para la reparación de sus estructuras de defensa y la retirada de las obstrucciones de la sección de desagüe, ocasionadas por las avenidas e inundaciones de febrero y marzo de 2015, por un importe de hasta 3.997.500 euros.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de los emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de Burgos, colector del río Vena.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de los emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas residuales de Burgos, colector del río Ubierna.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras de saneamiento y depuración de las aguas residuales en Vegas Bajas, colectores de los arroyos Rivillas y Calamón.

Economía y Competitividad

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Gobernador de España en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a comprometer la conversión de las 30.614 acciones temporales no desembolsadas suscritas por España de la ampliación de capital del BERD de 2010 en acciones permanentes no desembolsadas.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Eslovenia a D. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA VELA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Montenegro, con residencia en Belgrado, a D. MIGUEL FUERTES SUÁREZ.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Burkina Faso, con residencia en Bamako, a D. JOSÉ MARÍA MATRES MANSO.

Hacienda y Administraciones Públicas

  • ACUERDO por el que se designa vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno a D. DIEGO PÉREZ MARTÍNEZ.

CONDECORACIONES

Educación, Cultura y Deporte

  • REAL DECRETO por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a D. ABEL MARTÍNEZ OLIVA.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Administraciones Públicas

APROBADA LA NORMATIVA PARA LA REFORMA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
  • Se apuesta por una Administración Pública, íntegramente electrónica, con cero papel e interconectada.
  • Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la Administración, así como las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones.
  • Se aumenta la transparencia al crear nuevos registros públicos administrativos.
  • Se racionaliza la estructura administrativa y se establece por primera vez un régimen de supervisión, evaluación y extinción de los entes públicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple. Ambos han sido informados por las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.

Esta reforma se basa en dos ejes complementarios: el referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Principales novedades para los ciudadanos

  • Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.
  • Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Para ello se potencia, por ejemplo, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite, se establece la asistencia personal por parte de la Administración en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos que lo necesiten y se prevé que las Administraciones puedan avisar al ciudadano, si así lo ha autorizado, mediante mensaje al teléfono móvil de que tiene una notificación que podrá consultar de manera electrónica.
  • Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, por ejemplo, la declaración de la renta o los certificados de empadronamiento, etcétera. No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.
  • Habrá un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad, con lo que se gana en agilidad al reducir plazos.
  • Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.
  • Por otra parte, los ciudadanos podrán conocer las principales reformas que se tiene previsto aprobar cada año a través del denominado Plan anual normativo.

Principales novedades para las empresas

  • Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición.
  • Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).
  • En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

Mayor transparencia y funcionamiento más ágil de las Administraciones Públicas

Las ganancias de agilidad serán, tanto para la gestión de procedimientos administrativos, al prever que todas las comunicaciones entre Administraciones serán íntegramente electrónicas en todos sus procedimientos, lo que permitirá reducir tiempos de tramitación, como en los procesos de elaboración de normas, al prever, en el ámbito estatal, un procedimiento abreviado, lo que facilitará dar respuestas regulatorias más rápidas a determinados problemas.

A ello se unen distintas medidas que profundizan en la senda de transparencia iniciada en el último año. Entre ellas destaca la creación de un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones. Cualquier ciudadano y empresa podrá conocer qué organismos y entidades públicas existen en cada momento en cualquier Administración, a lo que se une que todos los organismos y entidades estatales, con independencia de su denominación, deberán añadir las siglas que identifican su naturaleza jurídica. Ello contribuirá a mejorar su señalización en el mercado de forma clara y fácil para su identificación jurídica por cualquier operador.

Para ahondar en la mejora de la transparencia también se crea un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, así como de los convenios que el Estado tiene suscritos con otras Administraciones.

Por otra parte, también se gana en transparencia en los procedimientos de elaboración de normas al prever la realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de las propuestas normativas. Igualmente, habrá una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas el año anterior como mecanismo de control ex post, con el objetivo de analizar los efectos de su aplicación, el grado de cumplimiento de sus objetivos y hacer, si fuera necesario, propuestas de modificación o derogación.

Además, las Conferencias Sectoriales, principal órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, serán informadas sobre los proyectos normativos cuando afecten al ámbito competencial de otras Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre las distintas Administraciones y evitar la aparición de duplicidades.

Mayor control y disciplina de las Administraciones Públicas para reforzar la consolidación fiscal

El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un régimen completo, más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales. En este nuevo régimen merece especial mención la regulación de nuevas causas de disolución de entidades, en particular cuando se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no son idóneas para cumplir los fines que justificaron su creación.

Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.

Complementariamente, se hace más exigente la creación de nuevos organismos y entidades estatales para evitar su proliferación injustificada. Se requerirá la elaboración previa de un plan de actuación e informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que evaluará la necesidad de su creación, sostenibilidad y la ausencia de duplicidades con otras entidades existentes.

Para un mayor rigor y mejor control se clarifica el contenido mínimo de los convenios suscritos entre Administraciones Públicas, y se regulan los trámites e informes preceptivos a los que deben someterse, especialmente cuando conlleven aportaciones financieras, incluyendo la obligación de comunicación al Tribunal de Cuentas.

Mejor cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas

Por primera vez, se regulan en una ley los elementos básicos de composición y funcionamiento de la Conferencia de Presidentes, formada por el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos.

Se regulan de forma más precisa las Conferencias sectoriales como órganos de cooperación esenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, donde se reúnen periódicamente los ministros y consejeros competentes por razón de la materia. Por primera vez sus Acuerdos serán, con carácter general, de obligado cumplimiento.

Finalmente, también se incluyen medidas específicas para mejorar el funcionamiento de la Administración General del Estado, entre las que se encuentra la exigencia para los miembros del Gobierno, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno y directores generales de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o la previsión de la tramitación electrónica de las propuestas y acuerdos del Consejo de Ministros.

Fomento

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR FERROVIARIO
  • La normativa establece los instrumentos para planificar la estrategia y ejecutar las nuevas infraestructuras.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras, y propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta.

Además, la nueva supone un nuevo marco jurídico completo aplicable al sector ferroviario, consolida la reforma emprendida por el Ejecutivo y, asimismo, adapta la normativa a la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, reforzando todos los mecanismos relativos a la seguridad.

El texto refuerza los mecanismos para una planificación rigurosa de las infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes. Se establecen tres instrumentos:

  • La Estrategia Indicativa, a elaborar por el Ministerio de Fomento, como instrumento de planificación de la infraestructura: desarrollo, mantenimiento y renovación.
  • Un Programa de Actividad, a elaborar por los administradores de infraestructuras (ADIF y ADIFAV), según la Estrategia Indicativa, y que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una previsión orientativa de sus cánones para los próximos cinco años.
  • Un convenio ADIF/ADIF-AV-Ministerio de Fomento que establezca los objetivos a alcanzar por ADIF y las aportaciones económicas del Estado.

Cánones

Asimismo, establece un nuevo sistema de cánones con el objetivo de incrementar el uso de la red de ferrocarriles española. Entre otras novedades, destaca la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

Nuevas medidas

Junto a ello, se incluyen nuevas medidas para mejorar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías, como las siguientes: el establecimiento de medidas liberalizadoras de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, que supondrán una reducción de costes; la imposición de nuevas condiciones de transparencia para la actuación de los administradores de infraestructuras; la simplificación del régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias; la eliminación del canon de acceso supone eliminar una importante barrera a la entrada y el impulso del papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público

Funcionamiento transparente del mercado

En materia de transporte de viajeros se imponen a los operadores condiciones para garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación de aportar al Ministerio de Fomento información estadística y contable o la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros, y dentro de los de viajeros, entre los servicios comerciales y los servicios declarados de obligaciones de servicio público.

Además, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.

Seguridad ferroviaria

Por otra parte, el texto incluye un nuevo título específico dedicado a seguridad ferroviaria, que no existe en la Ley vigente y se adapta su contenido a la creación de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria, que será independiente y no podrá encomendar funciones de los administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias o entidad adjudicadora. Además, se le dota de mecanismos propios de financiación, con objeto de reforzar su independencia.

Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.

Fomento

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS
  • El nuevo texto adecua la legislación a la evolución de la red desde la puesta en marcha de la Ley de 1988.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Carreteras. Se trata de un texto que adecua la legislación a la evolución de la red viaria desde la puesta en marcha de la Ley vigente de 1988 y, entre las novedades, destaca la imposibilidad temporal de recalificaciones de suelos por parte de las administraciones autonómicas o locales durante el proceso de planificación de una carretera.

La nueva Ley articula, además, medidas para la mejora de la seguridad vial, imponiendo la obligación de evaluaciones de impacto sobre la seguridad vial en la planificación de nuevas carreteras, al igual que auditorías de seguridad viaria en la fase previa a la puesta en servicio y durante la explotación.

Otras medidas

Se introducen, asimismo, medidas más eficaces de protección del patrimonio público viario; se permite la promoción de las áreas de servicio mediante iniciativa privada; se establece la necesidad de facilitar aparcamientos seguros y se incluye entre las competencias del Ministerio de Fomento el establecimiento de determinados equipamientos, como los sistemas inteligentes de transporte.

Además, la nueva Ley de Carreteras incrementa las cuantías de las sanciones establecidas en la normativa de autopistas de 1973 en los casos de incumplimiento en la prestación del servicio viario, que fija la cuantía de la sanción máxima en quince mil euros, lo que permitirá un cumplimiento más eficaz de las obligaciones por el concesionario.

(Sector Ferroviario y Carreteras)

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS ANTE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA EN EL JÚCAR Y EL SEGURA
  • Se faculta a las Juntas de Gobierno y a los presidentes de los Organismos de Cuenca afectados a modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos que incluyen una serie de medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos ante la situación de sequía que está afectando a las cuencas del Júcar y del Segura.

Júcar

En concreto, en el caso de la demarcación del Júcar la situación actual de reservas de agua no permite, en caso de no adoptar medidas extraordinarias, cubrir de modo adecuado las demandas de los diferentes sistemas de explotación.

Con el Real Decreto aprobado hoy se podrán poner en marcha un buen número de actuaciones temporales destinadas a incrementar el agua disponible hasta que los niveles de reserva se mejoren, así como distintas medidas administrativas para limitar los aprovechamientos de forma equitativa entre todos los sectores afectados.

Para ello, se prevé un incremento del agua disponible mediante la ejecución de obras de captación, así como la adopción de medidas que modifiquen las condiciones de utilización del dominio público hidráulico como, por ejemplo, la modificación de dotaciones de suministro y los criterios de asignación de recursos, la instalación de contadores de control de consumo o la realización de contratos de cesión de derechos.

Segura

El Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura permitirá, por su parte, mejorar la situación hidrológica en la que se encuentran los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura y la cabecera del Tajo, como consecuencia de la falta de precipitaciones durante el pasado año hidrológico, que, como ocurre en la cuenca del Júcar, está provocando que no se encuentren garantizadas las demandas de agua en la actualidad.

En concreto, el Real Decreto permitirá incrementar el agua disponible, movilizando recursos no asignados de aguas subterráneas y procedentes de desalinización, así como adoptando medidas administrativas que permitan la reducción de pérdidas en el sistema y el aumento del control de los volúmenes utilizados.

Batería de medidas

Con las normas aprobadas hoy se faculta a las Juntas de Gobierno y a los presidentes de ambas Confederaciones Hidrográficas a modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante que haya dado derecho a esa utilización.

Por tanto, podrán tomar, entre otras, las siguientes medidas:

  • Reducir las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para racionalizar la distribución de los recursos hídricos.
  • Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua.
  • Imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, para racionalizar el aprovechamiento del recurso.
  • Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas terrestres asociados.
  • Modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en los planes hidrológicos.

Obras actuaciones

Además, junto a las atribuciones concedidas a las Juntas de Gobierno y a los presidentes de la Confederaciones Hidrográficas, se prevén también actuaciones relativas a la tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales, a la puesta en servicio y ejecución de sondeos, y al régimen sancionador, entre otras.

También se refiere a las relaciones de estas dos Confederaciones Hidrográficas con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas afectadas por estos dos Reales Decretos, que deberán estar informadas de estas medidas contempladas para conseguir un mejor cumplimiento de las mismas.

Los dos Reales Decretos aprobados hoy entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrán como plazo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Presidencia

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha recibido de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia el informe trimestral sobre el seguimiento de la ejecución del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

El informe presentado recoge que, a fecha de hoy, se encuentran totalmente implantadas 156 medidas de las 222 previstas en el Informe CORA, lo que supone el 70,2 por 100 del total.

La ejecución de la reforma avanza a buen ritmo, como ha podido comprobar la OCDE, que en marzo de 2015 realizó una nueva evaluación sobre el avance en la implantación de las medidas. La presentación de los resultados de esta evaluación se prevé para el segundo trimestre del año.

Compromiso

Este buen ritmo en la ejecución de esta reforma está siendo posible por el enorme compromiso que todo el Gobierno y todos los Ministerios han mostrado desde el inicio de la Legislatura para lograr una administración más moderna, más dinámica y eficiente al servicio de los ciudadanos. Fiel reflejo es el hecho de que desde junio de 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado tres Proyectos de Leyes Orgánicas, veintiún Proyectos de Ley, 41 Reales Decretos y numerosos acuerdos. Además, los diferentes Ministerios han aprobado distintas normas a nivel de orden ministerial.

También hay que destacar especialmente el enorme impulso realizado por las Comunidades Autónomas, con las que ya se han firmado 292 Convenios para evitar duplicidades y fortalecer los canales de comunicación, así como y la interconexión de ficheros y bases de datos. Por otra parte, un total de catorce Comunidades Autónomas se han adherido a más del 85 por 100 de las medidas propuestas por la CORA.

Otra cifra destacable es la que hace referencia a la reestructuración del Sector Público instrumental. A ese respecto, tanto el Gobierno, como las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, están teniendo un papel muy activo en la restructuración de este Sector y las cifras lo demuestran, porque hasta la fecha se han suprimido 2.194 entes públicos: 105 en el Estado, 715 en las Comunidades Autónomas y 1.374 en las Corporaciones Locales.

Compras centralizadas

El informe trimestral elaborado por la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración destaca en su informe los avances realizados en el ámbito de la contratación pública. Las compras centralizadas acumulan ya ahorros de 454 millones de euros para el Estado, gracias a la firma de trece grandes acuerdos o contratos marco.

En este proceso se ha apostado decididamente por introducir factores que redunden en beneficio directo de las PYMEs y que les permitan adaptarse a las nuevas circunstancias; PYMES que también se verán beneficiadas por la unificación de los Puntos de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación y las Ventanillas Únicas Empresariales, que suponían una duplicidad dentro de la propia Administración del Estado. Con esta unificación ya habrá una única ventanilla digital para crear una empresa.

Por otra parte, y en claro adelanto sobre la entrada en vigor del nuevo Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas aprobado hoy, se está impulsando la adhesión de todas las Administraciones y organismos a la Plataforma de Intermediación de Datos, por la que en 2014 circularon 37 millones de documentos y con lo que se evitó que fuera el ciudadano quien los aportara. Además, esta plataforma está perfectamente coordinada con otras de grandes organismos. El mejor ejemplo es la Agencia Tributaria, que ya transmite 200 millones de registros.

También en el ámbito digital y de modernización de las Administraciones se ha puesto en marcha la Plataforma de Facturas Electrónicas (FACE), que ya ha gestionado más de 900.000 facturas electrónicas, emitidas por unas 22.000 empresas distintas a 5.700 Administraciones de todos los niveles, lo que constituye un importante éxito en un proyecto complejo, pero de gran capacidad de transformación y modernización para las empresas y la propia Administración.

Extensión de la conectividad en centros escolares

Otro avance pionero fue la firma el pasado 30 de marzo de 2015 del Acuerdo para extender la conectividad en centros escolares por toda España. Se trata de que las Administraciones educativas (Comunidades Autónomas y Estado para Ceuta y Melilla) puedan incorporar progresivamente a sus centros escolares de enseñanzas no universitarias redes de fibra óptica.

Las ventajas de esta medida son indudables: se logra una mayor eficiencia en el uso de las redes preexistentes; se mejora la calidad de la conexión a Internet de todos los centros escolares y disminuyen los gastos corrientes de las Comunidades Autónomas, puesto que desaparecen los costes de contratación de líneas ADSL que soportaban hasta ahora, costes sustituidos por otros inferiores con relación al ancho de banda que se consigue.

Ahorros

El informe presentado hoy por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia recoge, como conclusión, que la reforma de la Administración avanza en forma de soluciones eficientes, sencillas y útiles para los ciudadanos y empresas, pero también en forma de ahorros. Desde 2012 el conjunto de medidas de reforma de la Administración aprobadas ha generado un ahorro de más de veinte mil millones de euros, concretamente, 20.200 millones de euros.

(Informe CORA)

Educación, Cultura y Deporte

CONCESIÓN, A TÍTULO PÓSTUMO, DE LA GRAN CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO A ABEL MARTÍNEZ OLIVA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Abel Martínez Oliva por cumplir con su deber como profesor, protegiendo a sus alumnos y compañeros profesores en el IES Joan Fuster de Barcelona.

Abel Martínez Oliva nació en Lleida en 1979 y desde 2008 ejerció como docente en diferentes centros educativos de Cataluña; el último de ellos, el Institut Joan Fuster, donde falleció el pasado 20 de abril por la agresión de un menor.

Profesor sustituto de Ciencias Sociales en dicho instituto, ubicado en la Plaza de Ferran Reyes, en el barrio de La Sagrera de Barcelona, sólo llevaba una semana como profesor sustituto en el instituto, porque el profesor del centro se encontraba de baja.

La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio tiene carácter restringido (500) y únicamente podrá ser otorgada a personas físicas españolas o extranjeras que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación, siempre que sea patente el nivel excepcional de sus méritos.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA CUENCA DEL EBRO OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DE FEBRERO Y MARZO
  • Las actuaciones afectan a Álava, Burgos, La Rioja, Navarra y Zaragoza, con una inversión de casi cuatro millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado las obras de emergencia que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para la reparación de daños ocasionados por las avenidas e inundaciones de febrero y marzo de 2015, y que suponen una inversión de 3.997.500 euros.

Las reparaciones repondrán a su estado original las estructuras de defensa ante avenidas del río Ebro y afluentes que se han visto dañadas e irán destinadas, además, a la retirada de obstrucciones y limpieza de materiales depositados en Álava, Burgos, La Rioja, Navarra y Zaragoza.

Durante los últimos días de enero y buena parte del mes de febrero de 2015 se produjeron fenómenos invernales extremos, con nevadas de excepcional intensidad y lluvias persistentes que provocaron inundaciones y desbordamientos en diferentes cuencas hidrográficas, de las cuales fueron especialmente significativas las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro durante el mes de febrero y los primeros días de marzo.

Desperfectos

Una vez transcurridos los episodios de avenida, se efectuó una primera evaluación de los daños y se detectaron importantes y numerosos desperfectos en las estructuras de defensa ante inundaciones que afectan a un gran número de poblaciones, superficies agrícolas y explotaciones ganaderas.

Estas estructuras de defensa, principalmente diques o motas térreas, presentaban múltiples roturas, erosiones y zonas debilitadas que gracias a esta inversión se están reparando.

Además, el paso de las avenidas depositó en algunos tramos del río Ebro y sus afluentes restos vegetales, residuos urbanos y otros flotantes que ahora se van a retirar para evitar que, en el caso de un nuevo aumento de los caudales en circulación, puedan originar taponamientos que reduzcan la capacidad de desagüe del cauce.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CUENCA DE LOS RÍOS MIÑO Y SIL PARA REPARAR DAÑOS PROVOCADOS POR TEMPORALES
  • Se ejecutarán actuaciones por un importe de hasta 1.135.000 euros en las provincias de León, Lugo y Ourense.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para la reparación de los daños provocados por los temporales en la cuenca de los ríos Miño y Sil, en las provincias de León, Lugo y Ourense, por un importe de hasta 1.135.000 euros.

Estas actuaciones corregirán los desperfectos ocasionados por los temporales de lluvia, nieve y viento registrados los pasados meses de enero y febrero en esta cuenca que provocaron inundaciones y desbordamientos, lo que motivó la declaración de la situación de alerta en diferentes niveles, así como la activación de los correspondientes planes territoriales o especiales de Protección Civil en los territorios afectados.

El pasado 6 de marzo el Consejo de Ministros acordó aprobar un Real Decreto Ley por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento sufridos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 en diversas zonas del país.

En la cuenca del Miño-Sil las actuaciones que se llevarán a cabo al amparo del citado Real Decreto Ley consisten en la reparación de daños en:

  • Dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Sil, Bibei, Navea, Lorde y sus afluentes, en las provincias de Ourense, Lugo, León y Zamora, en la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. Sistema Sil inferior (Ourense).
  • Dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Miño, Támoga, Pequeño, Anllo, Ladra, Narla, Ferreira, Neira y sus afluentes, en las provincias de Lugo y Ourense en la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. Sistema Miño alto (Lugo).
  • Dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Sil, Boeza, Cúa, Burbia, Valcarce, Selmo, Cabrera y sus afluentes, en las provincias de León, Lugo y Ourense en la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. Sistema Sil superior (León). Las actuaciones a llevar a cabo en los tres sistemas ascienden a importes estimados de 175.000, 190.000 y 175.000 euros, respectivamente.
  • Río Arnoia (Ourense). La actuación prevista consiste en la ejecución de un muro de escollera para estabilizar el vial en la margen derecha del río y una empalizada de bioingeniería en la margen izquierda para estabilizar la orilla y el talud, así como la mejora de la capacidad de desagüe del Ponte da Hermida en Rebordechao. La inversión estimada es de 275.000 euros.
  • Red de canales y acequias de los regadíos del Valle de Lemos (Lugo). Para su reparación es precisa la demolición de los tramos afectados, el saneamiento del terreno adyacente y la reconstrucción de los canales y acequias. El coste estimado es de 140.000 euros.
  • Cauces y márgenes de los ríos Burbia, Cúa y Barredos (León). En estos cauces se ha producido la rotura de varios tramos de escolleras de los encauzamientos de los ríos citados. Se prevé la retirada de las escolleras caídas, el saneo y reconstrucción de sus cimientos y la limpieza de tapones hidráulicos. La inversión estimada es de 180.000 euros.

Justicia

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA CONTRATAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO JUDICIALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria para posibilitar al Ministerio de Justicia la contratación de proyectos de obras en edificios judiciales e inversiones informáticas durante los próximos cinco años.

Esta ampliación de los límites de compromiso de gasto y de las anualidades eleva el límite de gasto hasta un total que supera los 151,9 millones de euros, de los cuales 116,1 millones corresponden a inversiones en infraestructuras judiciales a realizar entre 2016 y 2020, y 35,8 millones a inversiones en nuevas tecnologías entre 2016 y 2017.

Por su parte, la ampliación del límite en materia de inversiones en nuevas tecnologías garantiza el programa de digitalización de la Justicia durante el próximo año y diversas encomiendas como la de mantenimiento del sistema de gestión procesal o la plataforma tecnológica de registros procesales. Asimismo, permitirá afrontar durante 2017 la prórroga del servicio de formación y asistencia de usuarios.

Entre las inversiones en edificios judiciales que serán viables gracias a esta ampliación del límite de gasto, destacan los nuevos edificios de los juzgados de Albacete, Badajoz, Guadalajara, Lorca, Segovia o Ibiza, el Campus de la Justicia de Valladolid y la rehabilitación de la sede judicial de Ceuta. Se trata de una decisión que demuestra el compromiso del Gobierno con la mejora de la Administración de la Justicia en aquellas Comunidades Autónomas sobre las que mantiene dicha competencia.

Con las inversiones previstas tanto en infraestructuras como en nuevas tecnologías, se trata de acercarse a un modelo de Justicia abierta, digital, innovadora, accesible y al alcance de todos ciudadanos.

Economía y Competitividad

MODIFICADO EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE INVERSIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otro de 2008 sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión, modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, del 4 de noviembre de 2005.

Con este Real Decreto se finaliza la incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa de solvencia de las empresas de servicios de inversión aprobada en una Directiva comunitaria de 2013. Extiende, además, a las empresas de servicios de inversión la normativa de las entidades de crédito de los acuerdos de Basilea III.

Los elementos más novedosos de la nueva norma son los siguientes:

  • Requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del consejo de administración, directores generales y otras personas que desempeñen puestos claves en las empresas de servicios de inversión. Se agrupan en tres categorías: honorabilidad comercial y profesional, conocimiento y experiencia, y capacidad para ejercer un buen gobierno. Dado que una buena parte de estos requisitos son novedosos para estas empresas, se prevé una entrada en vigor diferida de tres meses.
  • Prácticas en materia de gobierno corporativo. Se desarrolla el marco de publicación de información sobre políticas de remuneraciones y se definen claramente las funciones de los tres comités previstos en la Directiva: el de nombramientos, el de remuneraciones y el de riesgos.
  • Requisitos de capital inicial. Se adaptan los requisitos de capital mínimo requerido a los mínimos que establece la Directiva para fomentar la competencia en el sector de prestación de servicios de inversión. Se reducen los requisitos de capital inicial para acceder a la actividad de empresa de servicios de inversión hasta el mínimo permitido por la citada Directiva comunitaria de 2013.
  • Solvencia de las empresas de servicios de inversión. Se desarrollan los elementos que deben considerar las empresas de servicios de inversión en el proceso de autoevaluación del capital interno y de diseño de sus mecanismos para la gestión de riesgos. Estos aspectos han de ser evaluados por el supervisor para cada entidad concreta, y se podrán establecer requisitos de capital adicional (Pilar II de Basilea). Se desarrolla también el régimen de colchones de capital, que son esencialmente los mismos que los que se pueden imponer a las entidades de crédito.

  • Supervisión de las empresas de servicios de inversión. Se desarrollan el ámbito de la función supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el marco de colaboración con otros supervisores. Además, se establece una serie de obligaciones de publicación e información, tanto para las empresas de servicios de inversión, como para la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MÁS DE SETENTA MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PLANES DE DESARROLLO RURAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 71.554.843 euros para Programas de Desarrollo Rural de Comunidades Autónomas. Se ratifican, así, los compromisos financieros y los criterios para la distribución territorial adoptados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebró el pasado23 de febrero.

Este reparto corresponde al periodo de programación 2007-2013, cuya aplicación finaliza este año. La cantidad hoy asignada supone el 30 por 100 del total de la cofinanciación nacional a la aportación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que para 2015 asciende a un techo de 271,5 millones de euros.

En la cantidad hoy aprobada se han deducido las cantidades anticipadas a algunas Comunidades Autónomas, así como otras pendientes de justificación. Estos fondos serán abonados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas.

COMUNIDAD AUTÓNOMAIMPORTE (euros)
ANDALUCÍA12.810.588,47
ARAGÓN3.137.684,17
ASTURIAS7.153.722,52
BALEARES2.612.760,71
CANTABRIA3.775.185,20
CASTILLA-LA MANCHA10.450.221,31
CASTILLA Y LEÓN8.728.229,73
CATALUÑA1.877.254,64
EXTREMADURA4.910.440,54
GALICIA5.586.207,28
MURCIA285.767,75
LA RIOJA1.318.907,66
C. VALENCIANA8.907.873,61
TOTAL 71.554.843,59

Hacienda y Administraciones Públicas

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA FINANCIAR MODIFICACIONES DE CRÉDITO

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 180.078.380,70 euros, para financiar ampliaciones e incorporaciones de crédito, así como 144.593,32 euros para financiar un crédito extraordinario y 44.279,05 euros para suplementos de crédito.

Ampliaciones de crédito

  • 156.559.247,37 euros, destinados al cumplimiento de lo establecido en la normativa reguladora de los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como consecuencia de la mayor recaudación efectiva del periodo impositivo 2013.
  • 140.000 euros para atender el pago de diversas indemnizaciones a participantes en operaciones de mantenimiento de paz y seguridad.

Incorporaciones de crédito

  • 18.013.455,41 euros para financiar remanentes de crédito procedentes de generaciones de crédito efectuadas en 2014 como consecuencia de los siguientes apartados: 12.085.262,96 euros de ingresos derivados del "1,5 por 100 Cultural" de las entidades del sector público vinculadas o dependientes de Ministerio de Fomento, según lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español; 3.277.930 euros por ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero destinados a financiar las ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas "PIMA-Tierra"; 2.554.262,45 euros de ingresos efectuados por volumen de ventas del Sistema Nacional de Salud, en aplicación de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; y 96.000 euros por ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, destinadas a financiar trabajos relacionados con el cambio climático.
  • 5.000.000 de euros para financiar una incorporación de los remanentes de crédito procedentes del año 2014 destinados a financiar la concesión y gestión de las ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Transporte".
  • 365.677,92 euros destinados a la incorporación del remanente de crédito procedente del año 2014 destinado a financiar el proyecto de adquisiciones y acondicionamiento de inmuebles afectos al Patrimonio Sindical Acumulado.

Crédito extraordinario

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe de 144.593,32 euros, para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Fomento, para el pago de una sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2014, a favor de la Diputación provincial de Cádiz.

En dicha sentencia se reconoce el derecho de la entidad territorial a percibir el importe de la subvención pendiente de abono del proyecto M2308 "Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible: Planes de Movilidad para Municipios de 50.000 habitantes de la Provincia de Cádiz", consecuencia de la concesión de una prórroga, por el citado Departamento Ministerial, del periodo de ejecución de las actuaciones a realizar que no permitía atender gastos más allá del periodo establecido inicialmente en la Orden de convocatoria de las ayudas.

Suplementos de crédito

Por otra parte, se autorizan 44.279,05 euros del Fondo de Contingencia para la concesión de suplementos de crédito en el Ministerio del Interior, con el fin de atender varias sentencias y autos judiciales, dictadas por diversos Tribunales de Justicia de distintas Comunidades Autónomas, con fechas de firmeza entre el 14 de junio de 2011 y el 25 de noviembre de 2014, en las que se reconoce a personal de la Guardia Civil el derecho a la percepción de complementos de productividad y gratificaciones por horas de servicios nocturnos, festivos y prestados en exceso sobre la jornada ordinaria de trabajo.

Fomento

AUTORIZADAS LAS OBRAS DEL TRAMO FIGUERUELAS-GALLUR, EN LA AUTOVÍA A-68

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras del tramo Figueruelas-Gallur en la Autovía A-68, en Zaragoza. El importe estimado del contrato es de 56,42 millones de euros, sin IVA.

Se trata de una carretera con sección de autovía con dos calzadas separadas, con dos carriles cada una de 3,5 m.

A lo largo del trazado se disponen cuatro enlaces: Enlace Pedrola-Este, Enlace Pedrola-Oeste, Enlace de Luceni y Enlace Gallur-Monteblanco, que conexiona con la prolongación de la vía de servicio proveniente del siguiente tramo Gallur-Mallén, con cuyo proyecto ha sido coordinado su diseño, y que sirve como acceso a las instalaciones del embalse de la Loteta.

Se proyectan once estructuras: siete pasos superiores, un paso inferior y tres viaductos.

Pool Moncloa

Empleo y Seguridad Social

APROBADAS LAS REGLAS PARA EL CONTROL DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO EN BUQUES ESPAÑOLES
  • El objetivo es articular un procedimiento coordinado de inspección para velar por las condiciones de trabajo de la gente del mar.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en buques españoles.

El texto articula un procedimiento coordinado de inspección y control de los requisitos que han de cumplir los buques civiles españoles a los que sea de aplicación el Convenio.

Con este paso se incorpora al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2013 sobre determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control del Convenio sobre el trabajo marítimo.

Cabe recordar que el Convenio de la OIT recoge tanto el derecho de la gente del mar a trabajar en condiciones de trabajo decente, como la responsabilidad que incumbe a cada Estado de cumplir plenamente y controlar la aplicación del mismo. En el caso de España, estas tareas competen a diferentes organismos de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Fomento.

Distribución de funciones

A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponde la vigilancia y exigencia de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos en el ámbito de las normas de ordenación del trabajo y relaciones sindicales, prevención de riesgos laborales, sistema de seguridad social y empleo.

Por otra parte, al Instituto Social de la Marina le compete la realización de programas y actividades dirigidos a potenciar la seguridad marítima; el reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen especial de los Trabajadores del Mar; la asistencia sanitaria y el control de los medios sanitarios a bordo.

Finalmente, la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento será el órgano competente para la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, así como para expedir y renovar el Certificado de trabajo marítimo y la Declaración de conformidad laboral marítima a los que se refiere el Convenio.

Economía y Competitividad

CONVERSIÓN EN PERMANENTES DE 30.600 ACCIONES TEMPORALES SUSCRITAS POR ESPAÑA EN EL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

La Asamblea anual del BERD de 2010 aprobó la ampliación del capital estatutario para atender a los requerimientos de capital que suponía el refuerzo de la actividad de la institución BERD por diez mil millones de euros, de los que mil millones de euros eran en forma de capital a desembolsar con cargo a reservas y nueve mil millones en forma de capital no desembolsado, que tiene la consideración de temporal.

España suscribió 30.614 nuevas acciones de capital no desembolsado (de diez mil euros de valor nominal cada una), en proporción a su participación (3,4 por 100) en el capital estatutario del Banco.

La Asamblea Anual de Gobernadores del BERD, que tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo de 2015, votará dos resoluciones que España considera que contribuirán a mantener la solidez económica del Banco en un contexto económico internacional complejo y, además, valora que para atender a esta conversión no es preciso efectuar desembolso alguno en el momento actual.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

PRÉSTAMO A UNA FUNDACIÓN DE HONDURAS

El Consejo de Ministros ha autorizado un préstamo a la Fundación para la promoción de la pequeña y microempresa José María Covelo de Honduras por importe máximo de cinco millones de dólares, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo.

Esta Fundación es una institución financiera privada sin ánimo de lucro de segundo piso, especializada en la promoción de las microfinanzas.

La operación consiste en un préstamo de cinco millones de dólares, a un tipo de interés anual fijo del 3,95 por 100. El plazo de amortización es de ocho años y el de carencia del principal, de tres años y seis meses. Tiene por objetivo ampliar el programa español de fomento de los sistemas financieros inclusivos en Honduras.

El préstamo se destinará a incrementar los recursos que concede la Fundación a las entidades que proveen de servicios financieros básicos: crédito, préstamo, depósito, ahorro, seguros, transferencias y remesas a los microempresarios y otros sectores de la población que habitualmente no están bancarizados o lo están inadecuadamente.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO CON GEORGIA EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Acuerdo entre España y Georgia sobre cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales así como su ratificación.

Este Acuerdo establece un marco genérico de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas. Tiene como finalidad desarrollar y reforzar la cooperación policial entre ambos países, al igual que prevenir y hacer frente al terrorismo mediante la colaboración mutua. La colaboración se prestará con respeto a las respectivas legislaciones nacionales y a los compromisos internacionales asumidos por ambos y su desarrollo se efectuará en base a principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.

Si se tiene en cuenta que el terrorismo es uno de los problemas más graves que afronta la Comunidad Internacional y que la lucha contra la delincuencia organizada es un objetivo prioritario para ambos países, la firma de este Acuerdo constituye un instrumento útil y eficaz para los objetivos que se pretenden.

BIOGRAFÍAS

Presidencia

Magistrado de enlace ante las autoridades de la República Francesa .-

D. SALVADOR FRANCISCO JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ.

Nacido en 1962 en Álora (Málaga), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada e ingresó en 1987 en la Carrera Judicial.

Ha ocupado los Juzgados de Distrito de Torrox, de Primera Instancia e Instrucción de Montilla, de lo Penal número 2 de Almería y de Primera Instancia e Instrucción en Roquetas de Mar. Fue juez decano de Almería y estuvo destinado en el Juzgado Central de Menores, antes de ocupar en 2004 el puesto de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde 2012 era magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador de España en la República de Eslovenia.-

D. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA VELA.

Nacido el 25 de noviembre de 1950 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 1974.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas de España en Caracas, Estados Unidos y Córdoba (Argentina). Ha sido cónsul general de España en Hendaya, subdirector general de Coordinación Comunitaria y Relaciones Institucionales y coordinador COREPER en la Representación Permanente de España ante la CEE en Bruselas. En mayo de 1996 fue nombrado Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, y en abril de 1998 pasó a ocupar el puesto de director general de Protocolo, Cancillería y Órdenes. Desde 2012 era embajador-director de la Escuela Diplomática.

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