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COOPERACIÓN JUDICIAL

1 .- COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, la salida de Reino Unido de la Unión Europea podría tener repercusión en la práctica jurídica, en los procedimientos judiciales transfronterizos que afectan tanto a los ciudadanos como a las empresas, así como en el reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales.

La cooperación judicial civil está "comunitarizada", de conformidad con el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea, y sus disposiciones más importantes se rigen por los Reglamentos de la Unión Europea aprobados sobre la materia.

En caso de falta de acuerdo, dichos Reglamentos dejarán de aplicarse y la cooperación judicial civil entre España y Reino Unido se regirá por los Convenios Internacionales adoptados en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado .

¿Cuál sería el régimen jurídico aplicable a la ejecución de las decisiones judiciales?

El reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales en el otro Estado ya no se regirían por el Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como Bruselas I refundido). Por lo tanto, serían los acuerdos internacionales existentes, así como el derecho de cada Estado miembro, los que regularan esta materia.

Reino Unido ha ratificado el Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro y podrá ratificar el Convenio de Lugano relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que ya ha sido ratificado por otros Estados no miembros como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

¿Pueden las decisiones tomadas por los tribunales británicos seguir ejecutándose en España?

En términos generales, en materia civil y mercantil, en ausencia de un acuerdo con Reino Unido, estas decisiones ya no se beneficiarían del procedimiento simplificado para establecer la exigibilidad. Pueden ser ejecutados en España tras un procedimiento de reconocimiento ante el Juez español competente en los términos del Título V de la Ley 29/2015 de 30 de junio, de cooperación internacional en materia civil.

 ¿Qué normas serían de aplicación en el ámbito del derecho de familia?

Los procedimientos relativos a la materia de familia ya no se regirían por el Reglamento (CE) 2201/2003, del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (conocido como Bruselas II bis) y por el Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

No obstante, Reino Unido y España son parte en varios convenios multilaterales en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que serían de aplicación a la materia regulada por el Reglamento Bruselas II bis. Dichos Convenios son: el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de menores y el Convenio de La Haya de 1996 sobre la protección de los menores.

Por lo que se refiere a las reclamaciones de alimentos, Reino Unido se ha adherido al Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.

Sin embargo, algunas cuestiones no estarán cubiertas por los Convenios de La Haya anteriormente indicados y habrá que aplicar el Derecho nacional: este es el caso, por ejemplo, de las normas sobre la competencia de los tribunales en materia de divorcio o de obligaciones alimentarias, o del reconocimiento de resoluciones en materia matrimonial.

¿Qué normativa es aplicable para los casos de nulidad, divorcio o separación en los casos en los que uno de los cónyuges es británico?

Desde el punto de vista de la normativa española, la legislación aplicable a la separación y divorcio en los casos en los que uno de los cónyuges sea británico será, conforme establece el artículo 107 del Código Civil, la legislación española de Derecho internacional privado.

Por lo que se refiere a la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán por la ley aplicable a su celebración. Según el artículo 9.2 del Código Civil, los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

Por ello, será necesario, a falta de Convenios internacionales, acudir a las reglas generales del Título V de la Ley 29/2015, de 30 de junio e iniciar un procedimiento de reconocimiento y, en su caso, ejecución (llamado procedimiento de exequatur). 

El mismo criterio se aplicará a los temas conexos al divorcio o nulidad: disolución de patrimonio conyugal o de parejas no casadas, vivienda habitual y demás aspectos patrimoniales.

¿Qué puedo hacer si mi pareja se ha llevado sin consentimiento a nuestro hijo o hija a Reino Unido?

La salida de Reino Unido de la Unión Europea no afectará a la tramitación de los procedimientos de sustracción internacional de menores, ya que, aunque no se aplicará el Reglamento Bruselas II bis, sí se seguirá aplicando el Convenio de la Haya de 1980, del que Reino Unido es parte, y que prevé un régimen análogo a los procedimientos de retorno en caso de sustracción ilícita.


¿Cómo puedo solicitar una pensión de alimentos en Reino Unido?

Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea seguirá siendo posible reclamar alimentos en ese país al amparo de lo dispuesto en el Convenio sobre la obtención de alimentos en el extranjero, hecho en Nueva York el 20 de junio de 1956, y dejará de aplicarse el Reglamento 4/2009 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, instrumento que actualmente regula la obtención de alimentos en el ámbito UE.

¿Cuál es el régimen transitorio de los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil con el Reino Unido?

De acuerdo con las previsiones del artículo 17 del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea:

  • Los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto-ley al amparo de cualquiera de los instrumentos de la Unión Europea, finalizarán su tramitación conforme a la normativa vigente en el momento de su iniciación. Una vez finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos que traigan causa del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre España y el Reino Unido, y por la legislación nacional que resulte de aplicación. A estos efectos, la fecha de inicio de los respectivos procedimientos será la fecha de recepción de la solicitud.
  • Los procedimientos de cooperación judicial en materia civil y mercantil iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley se someterán a los convenios internacionales de ámbito multilateral en vigor entre España y el Reino Unido y a la legislación nacional que resulte de aplicación.

2.- COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL

Actualmente, la cooperación judicial en materia penal entre el Reino Unido y España se inserta en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, así como en el marco de los instrumentos de reconocimiento mutuo, que diseñan un sistema muy ágil de cooperación judicial directa basado en el principio de confianza mutua entre autoridades judiciales.

Por ejemplo, cuando las autoridades judiciales de uno de los dos Estados solicitan a las autoridades judiciales del otro Estado la entrega de una persona sospechosa o condenada, lo hacen sobre la base de la orden de detención europea.

Del mismo modo, cuando las autoridades judiciales de uno de los dos Estados solicitan a las del otro Estado que lleven a cabo actos de investigación en su territorio, se basan en la orden europea de investigación.

También pueden crearse equipos conjuntos de investigación sobre la base de los instrumentos de la Unión, para que investigadores españoles y británicos puedan trabajar juntos en el mismo caso, o para que las autoridades judiciales de uno de los dos Estados puedan tener conocimiento de las condenas impuestas en el otro.

En caso de salida sin acuerdo, tales instrumentos dejarán de ser aplicables y serán sustituidos por los convenios internacionales del Consejo de Europa, en los que tanto España como Reino Unido son parte, y que regulan la extradición, el auxilio judicial penal o el traslado de personas condenadas, entre otros. Ello supone que seguirá existiendo un marco jurídico internacional que sustente la cooperación judicial en materia penal, si bien su tramitación dejará de ser directa entre autoridades judiciales, retornando a los procedimientos que rigen con terceros Estados.

Así pues, la orden europea de detención y entrega dejará de aplicarse entre ambos países y dará paso a los procedimientos de extradición tradicionales, o la obtención de pruebas ya no podrá llevarse a cabo a través de la orden europea de investigación, debiendo recurrirse al procedimiento de comisión rogatoria.

¿Los españoles condenados por un tribunal británico a una pena de prisión, podrán terminar de cumplir su condena en España?

Cualquier español condenado en Reino Unido a una pena de prisión podrá solicitar su traslado a España para terminar de cumplir su condena al amparo del Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas de 1983. Sin embargo, el procedimiento para resolver dicha solicitud será más largo y menos automático que el que se aplica en la actualidad.

¿Cuál es el régimen transitorio de los procedimientos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea con el Reino Unido?

De acuerdo con las previsiones del artículo 15 del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea:

  • Los procedimientos para la emisión, reconocimiento y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo al amparo de lo dispuesto en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, finalizarán su tramitación conforme a lo establecido en dicha norma. Una vez finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos que traigan causa del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre España y el Reino Unido y por la legislación nacional aplicable.

    La fecha de inicio de los respectivos procedimientos a los efectos de lo establecido en el apartado anterior será la siguiente:
  1. Para las órdenes europeas de detención y entrega, la fecha de detención en España de la persona reclamada.
  2. Para los restantes instrumentos de reconocimiento mutuo, la fecha de recepción de la solicitud correspondiente.
  • Las órdenes europeas de detención que estén en vigor tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea quedarán sin efecto. Con el fin de dar continuidad a las investigaciones iniciadas con anterioridad a este proceso de retirada, se impulsará el uso de los mecanismos establecidos para el intercambio de información establecidos por Interpol, así como cualquier otro acuerdo bilateral de cooperación policial entre España y el Reino Unido.
  • Los procedimientos de cooperación judicial internacional en materia penal que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley, se regirán, en cuanto a su emisión por los órganos judiciales españoles o a su reconocimiento y ejecución en España, por lo establecido en los convenios internacionales vigentes entre las partes y por la legislación nacional que resulte de aplicación.

¿Cuál es el régimen transitorio aplicable a los equipos conjuntos de investigación en vigor entre España y el Reino Unido?

De acuerdo con las previsiones del artículo 16 del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, los equipos conjuntos de investigación entre España y el Reino Unido que no estén finalizados a la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley mantendrán su vigencia al amparo de la Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea, hasta la fecha prevista en su acuerdo de constitución. No obstante, una vez finalizado el periodo de duración del equipo previsto inicialmente, el régimen jurídico aplicable a las eventuales prórrogas, a su ampliación y funcionamiento, será el que resulte de aplicación para la constitución y funcionamiento de equipos conjuntos de investigación entre España y terceros Estados.

¿Cuál es el régimen transitorio aplicable a los procedimientos de intercambio de información entre España y el Reino Unido sobre condenas penales a personas físicas?

De acuerdo con las previsiones del artículo 18 del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea:

  • Los procedimientos de intercambio de información sobre condenas penales a personas físicas basados en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, finalizarán su tramitación conforme a lo establecido en la citada ley orgánica. Una vez finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos que traigan causa del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre ambos Estados y por la legislación nacional aplicable.

    La fecha de inicio de los respectivos procedimientos a los efectos de lo establecido en el apartado anterior será la fecha de recepción de la solicitud de información por la autoridad competente del Estado requerido.
  • Los procedimientos de intercambio de información sobre condenas penales a personas físicas iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley se regirán, en cuanto a su emisión por los órganos judiciales españoles o a su reconocimiento y ejecución en España, por lo establecido en los convenios internacionales vigentes entre las partes y por la legislación nacional que resulte de aplicación.