España impulsa medidas comerciales en defensa del acero junto a otros países europeos

España, junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, ha apoyado una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector, con un alto valor estratégico, y que es esencial en las etapas iniciales de las cadenas de valor como las de automoción, energía, construcción o defensa.

Las plantas siderúrgicas contribuyen al dinamismo de muchas economías regionales y, por tanto, representan un sector con un importante peso socioeconómico en los territorios, con un total de 310.000 empleos directos y 2,2 millones de empleos indirectos en la Unión Europea.

Además del exceso de capacidad de producción mundial y la competencia desleal por parte de terceros países que no cumplen con los estándares medioambientales y sociales de la Unión Europea, el sector siderúrgico se enfrenta al reto de acometer importantes inversiones para modernizar y descarbonizar sus instalaciones de producción en Europa.

El grupo de Estados miembros valora el notable trabajo realizado por la Comisión en su 'Plan de acción para el acero y los metales' de marzo de 2025, en el que se reconoce acertadamente el carácter estratégico de la industria siderúrgica europea, las amenazas a las que se enfrenta y los mecanismos disponibles para superar estos desafíos, entre ellos la defensa comercial frente al exceso de capacidad global.

Las medidas de salvaguardia actualmente en vigor, que protegen al acero europeo desde 2018, no son suficientes en el contexto actual. Por ello, este grupo de países solicitan a la Comisión Europea que ponga en marcha de forma concreta y urgente un nuevo marco que esté a la altura para una protección eficaz, tal como anunciaba la propia Comisión en su plan de acción para el acero y los metales.

Por otro lado, este año deben confirmarse inversiones clave en proyectos ambiciosos de descarbonización en Europa, por lo que Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia instan conjuntamente a la Comisión Europea a presentar sin demora este nuevo marco de defensa del acero europeo, con el fin de que pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026, sobre la base de las propuestas que figuran en el documento.

Transformación de la industria siderúrgica en España

El sector siderúrgico español representa el 4,6% del PIB industrial, emplea a cerca de 60.000 trabajadores (empleo directo e inducido), y factura 14.000 millones de euros anuales. Existen 22 plantas de fabricación de acero y 50 instalaciones de laminación y primera transformación.

Las plantas están repartidas por 11 comunidades autónomas, aunque hay una mayor concentración en la zona de la cornisa cantábrica, especialmente en Asturias y País Vasco, con gran peso de ArcelorMittal, que ya está invirtiendo en la electrificación de su planta de Gijón.

Teniendo en cuenta su carácter estratégico y su aportación económica, el Gobierno está firmemente comprometido con las medidas de transformación de la siderurgia en España y el mantenimiento del ciclo integral del acero.

En concreto, para favorecer la transformación del sector, el Ministerio de Industria está desarrollando diversos proyectos, entre los que destaca el PERTE de Descarbonización Industrial, con una inversión pública de 3.170 millones de euros, que permitirá movilizar hasta 11.800 millones de euros de inversión total.

Asimismo, el Ministerio ha adoptado otras medidas significativas para apoyar la competitividad del sector. Entre ellas, destaca el aumento de la dotación presupuestaria de las ayudas para la compensación de costes por emisiones indirectas de CO₂, que se ha duplicado en el último año hasta alcanzar los 600 millones de euros.

De la misma forma, el Gobierno está impulsando la implementación de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), una herramienta que permite reconocer y valorar los ahorros logrados gracias a mejoras en eficiencia energética. Este sistema ayuda a movilizar inversión privada para reducir el consumo y las emisiones, con un impacto directo en sectores como el siderúrgico, que afronta importantes retos en su proceso de descarbonización.