España colaborará con Mauritania en materia de Seguridad Social para fortalecer la protección de los trabajadores migrantes

​​La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a su homólogo mauritano tras la firma de la declaración. (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

En este contexto, la ministra ha firmado una Declaración de Intención con Mauritania en materia de Seguridad Social que tiene por objetivo establecer un marco de cooperación técnico e institucional que fortalezca la protección social de las personas trabajadoras en tránsito entre nuestros países.

Esta colaboración tendrá una vigencia inicial de dos años y permitirá el intercambio de conocimientos, el refuerzo de capacidades institucionales y el diseño de un plan de actividades conjunto. "Desde el Ministerio hemos ofertado tres asistencias técnicas específicas dirigidas al fortalecimiento de la Dirección de Prestaciones de la Caja Nacional de Seguridad Social mauritana. Estamos ya en fase de selección de los perfiles expertos, con el objetivo de que los proyectos comiencen durante el próximo mes de septiembre", ha detallado la ministra.

En España residen en torno a 10.000 mauritanos y Mauritania es un socio comercial importante para España en la región. Un total de 440 empresas españolas exportan regularmente a Mauritania y más de 100 empresas mauritanas exportan regularmente a España.

Ámbito migratorio

Esta Declaración de Intenciones en temas de Seguridad Social se suma a una agenda bilateral ambiciosa que tiene una dimensión clave en el ámbito migratorio.

"En agosto de 2024 firmamos un Memorando de Entendimiento con el Gobierno mauritano para abrir nuevas vías de migración circular", recuerda Elma Saiz. "Menos de un año después, hace apenas unos días, ya se ha llevado a cabo el proceso de selección de las primeras 50 personas trabajadoras mauritanas. Se incorporarán en noviembre a la campaña agrícola 2025-2026 en la provincia de Huelva, en el marco del programa de contratación en origen GECCO".

Los 50 trabajadores de Mauritania recibirán una formación previa en derechos y deberes laborales que será impartida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante el mes de septiembre. "Se garantiza así que los trabajadores viajen informados, protegidos y acompañados".

Los programas de selección de trabajadores en sus países de origen para trabajos de duración determinada implican que, una vez finalizados estos trabajos, las personas desplazadas a España retornan a sus comunidades.

"Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto: una migración legal, basada en la cooperación institucional, la responsabilidad compartida y el respeto a la dignidad de las personas", ha dicho Saiz.

Gracias a la reforma del reglamento de extranjería, los procedimientos de la migración circular en los que se inscriben este tipo de programas se han simplificado. En concreto, se puede otorgar a estas personas, a través de un contrato fijo discontinuo, una autorización de hasta cuatro años de duración, que habilita a trabajar un máximo de 9 meses al año. Esto permite que puedan venir todos los años a trabajar, y retornen tras ese periodo con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada. Antes de la reforma del Reglamento, estos proyectos tenían que tramitarse año a año, y ahora mismo se hace una vez cada cuatro, reduciendo de manera muy relevante todas las cargas administrativas para empresas y para las personas que migran.

"Trabajamos de manera conjunta con los países de origen para promover alternativas reales a la migración irregular, para crear oportunidades económicas en el país de origen, para mejorar la formación y para proteger los derechos de las personas migrantes".

En 2025, los países que participan en el programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen son Argentina, Bolivia. Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, India, Mauritania, Marruecos, México, Perú, República Dominicana, Senegal, Uruguay, El Salvador.