Sanidad y Política Social

Política Social

31.12.2017

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La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es el órgano del Gobierno para la sensibilización, la formación y la protección de derechos de los grupos sociales más vulnerables.

Igualdad de oportunidades

En el ámbito de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades es el instrumento a través del cual el Gobierno define, en aquellos ámbitos que son competencia del Estado, los objetivos y medidas prioritarios para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda persistir y para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2020 contiene medidas específicas para lograr que haya más mujeres trabajando y en puestos de responsabilidad, mejorar las posibilidades de compatibilización entre la vida familiar y personal y la reducción de las diferencias salariales.

En cuanto a los avances logrados, se ha reducido la brecha salarial, que se ha disminuido 4 puntos desde 2012, se ha corregido la brecha del emprendimiento, donde 2 de cada 3 de los nuevos emprendedores son mujeres, y en las pensiones, ya que casi 180.000 mujeres han visto subir su pensión gracias al complemento de maternidad.

Se está trabajando para eliminar la brecha en el acceso a los puestos de alta dirección y se están promoviendo procedimientos de selección y promoción que eliminen discriminaciones garantizando que las mujeres estén en todos los niveles de la empresa. En cuanto a la conciliación, se ha reducido la jornada por cuidado de hijos de 8 a 12 años y se ha mejorado el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

Familia e infancia

El Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 articula la política de familia del Gobierno de forma explícita y transversal, en un marco coherente de principios y objetivos que integre las medidas de apoyo familiar y que no son competencia de un único Departamento sino que afectan a la práctica totalidad de los Ministerios.

La Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias, que publica y actualiza periódicamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recoge de forma sistematizada y con ánimo divulgativo las distintas prestaciones, servicios y programas desarrollados en el ámbito de la Administración General del Estado dirigidas a las familias.

Asimismo, el Ministerio en colaboración con la FEMP ha puesto en marcha el portal web familiasenpositivo.es como un nuevo recurso para familias y profesionales de intervención familiar y que tiene por fin promover el ejercicio positivo de la parentalidad y reforzar el apoyo a la parentalidad positiva en las políticas y servicios públicos de los Gobiernos Locales y en el tejido asociativo.

A través del Observatorio de la Infancia se sustenta un sistema de información compartido sobre el bienestar y la calidad de vida de la población infantil y las políticas públicas que afectan a la infancia, con la participación de todas las instituciones y actores sociales implicados.

Juventud

El Instituto de la Juventud (INJUVE), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, promueve la participación de la juventud española en el desarrollo político, social, económico y cultural de España, colaborando para ello con otras Administraciones Públicas así como con las entidades juveniles de ámbito nacional y el Consejo de la Juventud de España.

La Estrategia Juventud 2020 recoge las políticas y recursos disponibles en estos momentos para que los jóvenes desarrollen su potencial y lleven a cabo sus proyectos vitales.

Las medidas aprobadas durante el 2017, y más concretamente el Segundo Plan de Acción de la Estrategia de Juventud 2017-2020 pretende continuar impulsando el papel del INJUVE como organismo público promotor de políticas de juventud y de la participación libre y eficaz de los jóvenes en la sociedad. También se potenciarán los nexos de las políticas de juventud con el resto de iniciativas públicas a través de la Comisión Interministerial de Juventud.

Se pretende asimismo avanzar en la cooperación con los organismos de juventud de las CCAA y con la FEMP y, en el ámbito internacional, seguir impulsando la participación española en los foros tanto de Europa como de Iberoamérica.

Violencia de género

En materia de violencia contra la mujer, se están llevando a cabo esfuerzos para impulsar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La lucha contra la violencia de género es trasversal y una prioridad para todo el Gobierno y que la violencia de género ha de afrontarse desde todos los ámbitos.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se encarga de remitir sus propuestas a los grupos del Congreso y del Senado en espera de que ellos finalicen sus trabajos.

Medidas propuestas por el Observatorio

Entre las propuestas del Observatorio, destaca la importancia de adaptar la legislación reguladora de la violencia de género a las normas del Convenio de Estambul así como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de tal forma que el concepto de violencia de género se adecue a lo establecido en esta regulación internacional.

También la revisión de los distintos protocolos que desde las distintas administraciones utilizan para hacer frente a la violencia de género; la necesidad de mejorar la coordinación de la actuación de las comunidades autónomas; y de abordar el fenómeno de la violencia que padecen las mujeres con discapacidad que sufren una doble discriminación, por ser mujer y por tener una discapacidad, así como, las mujeres mayores y las mujeres del medio rural.

Por su parte, el Ministerio de Justicia seguirá profundizando en las medidas que, en la lucha contra la violencia de género, se pusieron en marcha en la anterior legislatura: en materia penal, reformando el Código Penal para adaptarse a las nuevas realidades, especialmente en relación con la utilización de las nuevas tecnologías; en materia procesal, estableciendo mecanismos singulares de protección de la víctima; igualmente se adoptarán nuevas medidas para aplicar de forma aún más efectiva las iniciativas contempladas en el Estatuto de la Víctima en ámbitos tan relevantes como la formación, la especialización de los profesionales que intervienen en la protección de la víctima, así como en el incremento de los medios y recursos disponibles.

En cuanto al Ministerio de Educación, la LOMCE ha incluido en la Ley Orgánica de Educación las siguientes medidas: principios de transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia y que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género, igualdad de oportunidades y no discriminación; y la prioridad en la admisión de alumnos a los centros docentes por cambios de residencia derivados de actos de violencia de género.

Además, los planes de convivencia de los centros docentes deben prestar especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación; las conductas consecuencia de una discriminación o acoso basado en el género serán consideradas falta muy grave y llevarán aparejada la expulsión del centro temporal o definitiva; y la igualdad de género, derechos y oportunidades, prevención de la violencia de género y no discriminación, está presente en todo el sistema educativo español, desde la normativa básica que elabora el Estado hasta cada una de las convocatorias de ayudas.

Apoyo a la discapacidad

En materia de discapacidad, el Gobierno ha propuesto que la Ley de contratos promueva clausulas sociales para la integración de las personas con discapacidad.

Los trabajos realizados durante la última legislatura han supuesto un avance en la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Durante la última legislatura, se establecieron en el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad 2014/2020 medidas para fomentar el emprendimiento y se modificó la regulación para poder destinar los saldos de las "cuentas durmientes" a financiar programas dirigidos a la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.

Con estas y otras herramientas se ha conseguido que la contratación de personas con discapacidades aumente en los últimosaños.

Personas mayores

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es una Entidad Gestora de la Seguridad Social a través de la que el Gobierno de España articula las políticas para las personas mayores.

El Programa de Turismo del Imserso para Personas Mayores y para el Mantenimiento del Empleo en Zonas Turísticas, se enmarca dentro de las políticas y programas de envejecimiento activo y saludable, desarrolladas por el Imserso.

El Imserso cuenta con una Red de diecinueve Centros de atención, de distinta tipología, distribuidos por todo el territorio español. En su conjunto disponen de 1.465 plazas residenciales y 349 de Centro de Día. En ellos trabajan cerca de 2.000 profesionales cualificados e implicados en la atención integral de personas para promocionar su autonomía personal y mejorar su calidad de vida.

Promoción de la autonomía personal y ayuda a personas en situación de dependencia

Durante los primeros meses del año 2017 se ha celebrado la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que responde a la acción coordinada y de cooperación de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

La Comisión tiene la misión de elaborar un informe en el que se contemplen los análisis y las conclusiones que se consideren convenientes en relación con los asuntos planteados.

Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria a la que también acudirán representantes de las Consejerías de Servicios Sociales y de las Consejerías de Hacienda de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía.

La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los objetivos para los que ha sido creada y, en todo caso, una vez entregado el mencionado informe final.

Lucha contra la pobreza y la exclusión social

El principal instrumento dirigido de forma específica para luchar contra la pobreza y la exclusión social es el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.

Asimismo, para mejorar la calidad de los servicios sociales de atención primaria se han establecido mecanismos de cooperación en ámbitos específicos como el de las personas sin hogar, los sistemas de rentas mínimas o la población gitana. La coordinación entre las Administraciones Públicas en materia de servicios sociales también se ha visto reforzada con la elaboración del Catálogo de referencia de Servicios Sociales aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se trata del documento marco que recoge aquellas prestaciones que con carácter general se proporcionan en todo el territorio del Estado.

En relación con la población gitana, desde 1989 la Administración General del Estado gestiona el crédito Plan de Desarrollo Gitano. Igualmente, con el objetivo de fortalecer la participación de estas entidades en el diseño y desarrollo de las políticas a favor de la población gitana se creó el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Además, El Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020.

Plan Nacional sobre Drogas

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tiene atribuidas las funciones de dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. Un plan que, desde su puesta en marcha en 1985 y a través de sus Estrategias Nacionales, fruto de un alto grado de consenso, ha permitido articular una política sobre drogas que es un referente de calidad en el ámbito de la Unión Europea.

La Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-2024 y su Primer Plan de Acción 2017-2020, recogen las líneas de actuación en políticas de adicciones en las que se trabajará y que están dirigidas, fundamentalmente, a la prevención del consumo de sustancias adictivas e inspiradas en la protección de la salud de las personas.

El desarrollo de la nueva Estrategia partirá de un proceso de participación amplio en el que identificar la posición de los distintos sectores que constituyen el Plan Nacional sobre Drogas y sus expectativas y prioridades de cara a asegurar el consenso final.

Los principios sobre los que se desarrollará la nueva Estrategia serán la consideración de la evidencia científica, la intersectorialidad, la integralidad, la equidad y el enfoque de género. Además, por primera vez la Estrategia incorporará la planificación de adicciones distintas a las que producen las drogas, como es el caso de la ludopatía.

Uno de los principios sobre los que se desarrollará la Nueva Estrategia es el enfoque de género, pues en la mujer la adicción está doblemente penalizada.

Otra de las líneas de actuación de la Estrategia es la referida a la cooperación. En este sentido, hay que destacar la adjudicación a España de la gestión del proyecto COPOLAD II, el programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas para los próximos cuatro años con un importe de 10 millones de euros.

A lo largo de esta legislatura se elaborará una normativa que siente las bases y refuerce los procedimientos ya existentes para poder realizar una vigilancia eficaz y eficiente del fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas en nuestro país.