Presupuestos Generales del Estado para 2018 y Proyecto para 2019

Presupuestos Generales del Estado para 2018

Elaborados en un momento de sólido y equilibrado crecimiento de la economía española, con el doble objetivo de alcanzar los 20 millones de empleos y reducir el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB. La previsión de recaudación tributaria alcanzaba los 210.015 millones de euros, un 6% más que en 2017, es decir, un máximo de la serie histórica.

La Ley de Presupuestos incluía numerosas medidas sociales, entre otras novedades, una rebaja del IRPF para rentas bajas; una subida de las pensiones mínimas y de viudedad que beneficia a casi seis millones de personas; el incremento salarial para los funcionarios con revisiones anuales en la que su parte variable se vincula al crecimiento del PIB; una mayor oferta pública de empleo, vinculada también al cumplimiento de objetivos por parte de las Administraciones Públicas; la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; más dinero para los servicios públicos fundamentales de las CCAA; un aumento en la partida de becas para estudiantes, y la rebaja del IVA del cine.

Cuadro macro y límite de gasto.

Dado que en los últimos tres ejercicios, España ha registrado tasas de crecimiento superiores al 3%, por encima de las principales economías de la UE, para 2018 se revisó al alza la previsión de crecimiento, hasta el 2,7%, en línea con los principales indicadores de actividad y empleo más recientes, que muestran un dinamismo en estos primeros meses superior al previsto.

En este contexto de fuerte crecimiento, continuó la mejora del mercado laboral, con la creación de alrededor de 450.000 empleos equivalentes a tiempo completo y la reducción de la tasa de paro hasta el 15,5% en media anual. Al final del año habrá alrededor de 475.000 nuevos puestos de trabajo.

El límite de gasto no financiero del Estado para 2018, aprobado en julio, se fijó en 119.834 millones de euros, registrando un incremento de un 1,26% respecto al de 2017, lo que hará posible cumplir con la regla de gasto.

Empleo público

Los Presupuestos incluyen el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública en materia de empleo, tanto la convocatoria de nuevas plazas como la mejora salarial pactada para el periodo 2018-2020. La Oferta de empleo público es del 100% de la tasa de reposición siempre que las Administraciones Públicas cumplan con el objetivo de déficit, deuda y regla del gasto.

Se añade una bolsa adicional del 8% destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Las corporaciones locales podrán contar con una tasa adicional del 10%, siempre que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior. En caso de incumplimiento de alguno de los objetivos por parte de las AAPP, la tasa de reposición será del 100% exclusivamente para los sectores prioritarios.

En todo caso los sectores no prioritarios cuentan con una tasa de reposición del 75% y una bolsa adicional del 5% para los servicios que se considere necesario reforzar. La tasa de reposición para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Policía Local será del 115%, y del 30% de las vacantes para los funcionarios con habilitación de carácter nacional bajo determinadas circunstancias.

Merece destacarse que en todos los municipios hay una tasa adicional del 5% si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población.

En materia de retribuciones de los empleados públicos, los PGE para 2018 contemplan una actualización del 1,75% para 2018. Esta mejora salarial forma parte del acuerdo firmado con los sindicatos para este ejercicio y los dos siguientes, que incluye un incremento fijo y una parte adicional vinculada al crecimiento del PIB y, en el año 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad. En caso de cumplirse todas las condiciones de revisión, la subida al final del periodo del acuerdo alcanzaría el 8,79%.

Los Presupuestos incluyen, asimismo, un primer incremento en los gastos de personal del Ministerio del Interior para avanzar en el objetivo del Gobierno de conseguir la equiparación salarial de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bajada en el IRPF para rentas bajas, nuevos cheques para natalidad y para guardería y ampliación de los cheques familiares por discapacidad

Los PGE contemplan una bajada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los salarios más bajos. El mínimo exento de tributación, que actualmente se corresponde con un salario bruto de 12.000 euros anuales tras la reforma fiscal del Gobierno de 2015, se incrementa hasta los 14.000 euros. Además, se incrementa la reducción por rendimientos netos del trabajo para los salarios brutos entre 14.000 y 18.000 euros. Esta medida beneficiará a unos 3,5 millones de contribuyentes, de los que alrededor de 1 millón son pensionistas. La citada medida tributaria se completa con dos nuevos cheques: uno sobre natalidad y otro de guardería. En lo relativo a la natalidad, con carácter general, la deducción de 1.200 euros anuales se incrementa en 600 euros por cada hijo en las familias que tengan la condición de numerosa. Respecto al nuevo cheque de guardería, permitirá la deducción de hasta un máximo de 1.000 euros por año para las madres trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años. Respecto a los actuales cheques familiares, se amplían para incluir una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge por discapacidad.

El conjunto de estas medidas en IRPF tendrá un impacto estimado de unos 2.000 millones de euros. En el marco de la política fiscal, los PGE también contemplan que el tipo de gravamen de IVA aplicable al cine baje del 21% actual al 10%, el mismo que ya se aplica a los espectáculos en directo desde la entrada en vigor de los PGE de 2017.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, además de rebajar el IRPF para las rentas más bajas, sube también las pensiones más bajas, de forma adicional al incremento que tienen todas las pensiones garantizado por el propio sistema de pensiones. En este caso, se mejoran por la vía presupuestaria las pensiones mínimas, que suben un 3%, y las pensiones de viudedad suben 2 puntos, del 52% al 54% de la base reguladora. Otras pensiones de importe inferior a los 12.000 euros brutos anuales experimentarán incrementos entre el 1% y el 1,5%. Entre la rebaja en el IRPF y la subida de las pensiones más bajas, los Presupuestos incrementan la renta disponible de casi 7 millones de pensionistas. Mayor gasto social y otras prioridades de gasto.

La financiación de las Administraciones Territoriales se incrementa en 4.244 millones de euros, de los que 4.020 corresponden a las CCAA, un incremento de sus recursos de más de un 4% respecto a 2017. También se incrementa respecto a 2017 de la partida destinada a becas y ayudas de carácter general, en 50 millones de euros, alcanzando este año los 1.470,33 millones. Por otra parte, los recursos destinados a la Dependencia se incrementan en 46 millones de euros, hasta los 1.401 millones. Destaca también la ampliación en una semana del permiso de paternidad, hasta situarse ya en 5 semanas. Finalmente, hay que destacar que entre las políticas que más crecen se encuentra la política de I+D+i, con un incremento de los recursos del 8,3% respecto a 2017, lo que supone 560 millones de euros más, hasta alcanzar los 7.044,47 millones. Asimismo, la aprobación de los Presupuestos permitirá la movilización de las partidas para la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Plan de Presupuestos para 2019

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 15 de octubre de 2018 aprobó el Plan Presupuestario 2019, que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, como es preceptivo para cumplir con la normativa comunitaria. El documento actualiza el cuadro macroeconómico y recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo ejercicio. El Plan Presupuestario incluye la nueva senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de julio, negociada con la Comisión Europea y pendiente de ratificación en las Cortes Generales, que contempla un objetivo de déficit para 2019 del 1,8%, frente al 1,3% anterior.

Reducción del déficit

El Plan Presupuestario señala que en un supuesto de "políticas constantes", es decir, un escenario sin adoptar nuevas medidas de política económica que solo incorpora los compromisos de gasto ineludibles recogidos en los Presupuestos Generales de 2018 que extienden su impacto hasta 2019, el déficit público se situaría en el 2,2% del PIB al cierre del próximo ejercicio. Sin embargo, el Plan Presupuestario recoge un escenario con medidas económicas ("policy change") en el que se contempla la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y que incorpora un paquete de medidas adicionales, tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de los gastos, que permitirían reducir el déficit público hasta el objetivo del 1,8%.

En ese escenario con políticas de cambio, la ratio de ingresos públicos proyectada para 2019 alcanzará el 39,1% del PIB, frente al 38,5% del PIB estimada en 2018. Esta mejora se debe a los mayores recursos procedentes de las modificaciones tributarias contempladas en el acuerdo presupuestario. Por su parte, en este escenario el gasto público se situará en el 40,9% del PIB en 2019. De hecho, los ingresos de las Administraciones Públicas en 2019 se elevarán un 5,7% hasta los 493.329 millones. Un crecimiento superior al 3,1% que experimentarán los gastos, lo que permite una reducción del déficit público. Las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario no solo son cruciales para blindar el Estado de Bienestar y hacer que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, sino que también son necesarias para reducir el déficit y avanzar en la estabilidad presupuestaria.

Proyecto de Ley de Presupuestos.

Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el 11 de enero de 2019 el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que fue llevado al Congreso de los Diputados el 14 de enero. El proyecto no superó las enmiendas a la totalidad, que se debatieron el 13 de febrero de 2019, con lo que el proyecto de presupuestos no salió adelante y se prorrogaron las cuentas de 2018.

Este proyecto de PGE de 2019 incluía la mayor partida para pensiones, dependencia, becas y lucha contra la violencia machista de la Democracia. Asimismo, recogía un fortalecimiento del Estado de Bienestar al aumentar las partidas para los colectivos más vulnerables y castigados por la crisis.

Estos Presupuestos elevaban un 5,6% el gasto en I+D+i, fortalecían a la clase media al impulsar los servicios públicos de calidad, promovían la universalización de las escuelas de 0 a 3 años y elevaban el permiso de paternidad.

Entre las medidas que se incluían en estas cuentas, se elevaba la dotación para la dependencia un 60%, la partida de becas al estudio crecía un 10% y se suprimía el copago farmacéutico para los pensionistas más vulnerables. Además, aumentaba la protección de los parados un 4% a pesar de que la tasa de desempleo se reduce y se dota con 670 millones el Plan de Choque de Empleo Joven.

Este proyecto de Presupuestos incluía una rebaja de impuestos para las pymes y una reducción del IVA de los productos de higiene femenina, de los servicios veterinarios y del libro y periódico electrónicos.

Medidas sociales

Entre las medidas de política social que se incluyen en el acuerdo presupuestario destacan la actualización de las pensiones conforme al IPC real, lo que beneficiará a 8,7 millones de pensionistas. Además, habrá un mayor esfuerzo para los mayores más vulnerables con una subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiará a 2,3 millones de pensionistas. La supresión del copago farmacéutico beneficiará a 5 millones de pensionistas con renta baja y a 1,8 millones de personas de familias con pocos recursos. También se incluye para los Presupuestos de 2019 un aumento de las becas para el estudio y ayudas para material escolar en las etapas obligatorias. Asimismo, se incrementa un 40% la dotación para la dependencia y se aumenta la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, que beneficiará a más de 1 millón de personas. También se incluyen ayudas para el comedor para combatir la pobreza infantil o la promoción de la universalización de la escuela de 0 a 3 años.

Asimismo, el compromiso del Gobierno de luchar contra la precarización en el empleo se refleja en la mayor subida en la historia de la democracia del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros en 14 pagas. Además, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años beneficiará a 114.000 nuevas personas que habían quedado excluidas de esta ayuda, mientras que otras 258.000 personas que actualmente cobran este subsidio verán incrementada la cotización al 125% del tope mínimo de cotización.

Con el objetivo de avanzar en la igualdad de género y la conciliación laboral y familiar, se produce la equiparación progresiva del permiso de paternidad y maternidad, de manera que en 2019 los padres disfrutarán de ocho semanas, frente a las cinco actuales.

De esta forma, el Consejo de Ministros aprobaba el pasado 21 de diciembre de 2018 el Real Decreto por el que se fija un incremento del 22,3% del SMI para 2019, la mayor subida que se produce desde 1977 y que beneficia a cerca de 2,5 millones de trabajadores.

En ese mismo Consejo se aprobó un Real Decreto-ley sobre el incremento retributivo del sector público en 2019, donde se contempla una revalorización salarial del 2,25% que el actual Ejecutivo adoptó por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así garantizó la revalorización del sueldo de los funcionarios a partir del 1 de enero de 2019.

Además, el pasado 28 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley de Medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que incluía la revalorización de las Pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de clases pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2019.

Esta revalorización afecta a 10.340.805 pensiones públicas, de las que 9.692.296 son contributivas. Del resto, 451.229 son de carácter no contributivo y 197.280 corresponden a prestación familiar por hijo a cargo con 18 o más años y minusvalía superior al 65%.

Asimismo, el Gobierno aprobó en marzo de 2019 el decreto ley que rebaja la edad de acceso a este subsidio desde los 55 años actuales a 52 años; suprime el requisito de tener cumplidos los 52 años en el momento del hecho causante y elimina los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando el beneficiario proviene de un trabajo a tiempo parcial.

A inicios de marzo, el Gobierno aprobaba por decreto ley la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, una medida que sitúa a España a la cabeza de Europa. De esta forma en 2019 se incrementa de cinco a ocho semanas; a doce en 2020; y la equiparación a 16 semanas a partir de 2021. El decreto obliga además a las empresas a incluir un registro de salarios para evitar la discriminación por sexo.

También se mejora la dotación para financiar el Pacto de Estado de Violencia de Género. Y para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, se incrementa un 6,7% las partidas para I+D+i. El conjunto de medidas recogidas en el Plan Presupuestario tiene un impacto global de 5.098 millones de euros. Sin embargo, el impacto directo sobre el techo de gasto de los Presupuestos de 2019 se modera hasta los 1.992 millones.

Mayores ingresos

La política tributaria incorporada en el Plan Presupuestario incrementa la contribución de los que más tienen, eleva la progresividad del sistema, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias. Es una política fiscal responsable. La clase media y trabajadora, los autónomos y las pymes no pagarán más impuestos. El paquete de medidas tributarias diseñadas por el Gobierno e incluidas en el acuerdo presupuestario de 2019 permitirán unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros. Sin embargo, el impacto directo en los Presupuestos de 2019 -excluyendo los recursos correspondientes a otras administraciones- será de 4.489 millones.

En concreto, la creación en el Impuesto sobre Sociedades de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y del 18% para el sector financiero y de explotación de hidrocarburos, unido a limitar del 100% al 95% las exenciones a los dividendos y plusvalías generados en el exterior como hacen ya Alemania o Francia, permitirá un aumento de la recaudación de 1.776 millones. La reducción del tipo del 25% al 23% en Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros, tendrá un impacto para las arcas públicas de 260 millones. La subida del IRPF para las rentas muy altas mediante un incremento de dos puntos en la tributación a partir de los 130.000 euros y de cuatro puntos a partir de 300.000 euros, sumado al aumento de cuatro puntos para las rentas del capital superiores a 140.000 euros, aumentará los ingresos en 328 millones de euros. La subida del 1% en el Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes con una fortuna superior a 10 millones de euros, permite una recaudación adicional de 339 millones. La rebaja del IVA a los productos de higiene femenina al tipo superreducido del 4% tendrá un impacto de 18 millones de euros, mientras que la reducción del IVA a los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%, restará 35 millones. En el marco de la lucha contra el cambio climático y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales para mejorar la fiscalidad verde, la subida de la tributación del diésel de la que estarán excluidos los profesionales del transporte, supondrá unos ingresos de 670 millones de euros.

Por su parte, la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, que gravará con un 0,2% la compraventa de acciones emitidas en España de empresas cotizadas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones y que va en línea con la propuesta de la Comisión Europea, permitirá recaudar 850 millones de euros. Asimismo, la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que afectará a las grandes empresas con una facturación de 750 millones a nivel mundial y de 3 millones en España y que también va en línea con la propuesta de la Comisión Europea, permitirá recaudar 1.200 millones de euros. Por último, las medidas de lucha contra el fraude fiscal contempladas en el acuerdo presupuestario también tendrán un impacto positivo para las arcas públicas de 828 millones.

BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE GASTO

• Actualización de las pensiones al IPC real 8,7 millones
• Subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas 2,3 millones
• Supresión del copago farmacéutico 6,8 millones
• Aumento de la prestación por hijo de las familias más vulnerables 1 millón
• Recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años 114.000
• Recuperación del 125% de la cotización en subsidios por desempleo 258.000
• Aumento de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad 190.000 (datos hasta septiembre)

Modificación de dos artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el pago de hipotecas

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de noviembre de 2018 un Real Decreto-ley que modifica dos artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca la que pague ese tributo y no los ciudadanos cuando se formalice un préstamo con garantía hipotecaria. El Gobierno ha adoptado esta medida después de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera el pasado 6 de noviembre modificar el criterio mantenido en una sentencia anterior.

Ante estos diversos pronunciamientos y para evitar que se genere incertidumbre e inseguridad jurídica que pueda afectar al mercado hipotecario y a los intereses de los consumidores, el Gobierno ha decidido modificar el Real-Decreto legislativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En concreto se modifican los artículos 29 y 45 de dicha norma, para determinar que el sujeto pasivo del impuesto, cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista.

Asimismo, se incluye una disposición por la que se revisa el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados estará considerado como no deducible por parte del prestamista. Este Real Decreto-ley entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se aplica a las escrituras formalizadas a partir de la entrada en vigor de la norma.