Economía, Empleo y Seguridad Social

19.11.2019

Política Económica

El punto de partida del diseño de la política económica debe ser la identificación y análisis de los problemas a los que se enfrenta la economía española. Durante la etapa de crecimiento económico y en los primeros años de la crisis se generaron importantes desequilibrios macroeconómicos: alto endeudamiento privado favorecido por tipos de interés reales negativos, abultada y creciente deuda externa, pérdida de competitividad y elevado déficit público.

Superar una crisis de la magnitud de la que hemos enfrentado requiere adoptar una estrategia de política económica completa, coherente y ambiciosa. Entre las prioridades en materia de política económica está la consolidación fiscal. Además, una vez concluido el proceso de saneamiento financiero, son esenciales las reformas estructurales que afectan al funcionamiento de los mercados de factores, de bienes y de servicios.

Una vez los efectos de la crisis comienzan a ser superados, es preciso continuar la senda del crecimiento y la consolidación sin olvidar por ello la lucha contra el aumento de la desigualdad de rentas que se vivió durante la crisis.

Adicionalmente a las actuaciones llevadas a cabo en el sector financiero, se ha dado continuidad también a las reformas estructurales transversales con el objetivo de mejorar el clima de negocios y apoyar a las PYMEs, contribuyendo a la mejora de la competitividad de la economía española.

El mercado de trabajo en España

Desde la transición a la democracia, la situación del mercado de trabajo español se ha caracterizado por mantener una elevada tasa de desempleo estructural que se ha visto incrementada fuertemente en periodos de crisis como el actual. En tiempos de bonanza económica, la tasa de paro no ha bajado nunca del 8% hasta alcanzar niveles que rondan el 26% en periodos de crisis económica.

A esta alta tasa de desempleo, se ha unido una excesiva segmentación del mercado de trabajo entre los trabajadores con contratos indefinidos y aquellos con contratos temporales. Esta dualidad ha provocado que entre un 40% y un 50% de la población asalariada haya alternado periodos de desempleo con empleos temporales. Esta situación ha afectado en mayor medida a los jóvenes y a los trabajadores con menor formación, los segmentos de la población más afectados por las altas tasas de desempleo que ha experimentado España en tiempos de crisis económica.

La composición sectorial de la población activa ha evolucionado enormemente en los últimos años a favor del sector servicios. En 1982, el porcentaje de trabajadores de la agricultura representaba el 17,8% del total, el sector industrial empleaba al 26,92% de los trabajadores, el de la construcción al 8,10% y el sector servicios únicamente al 47,4%. Hoy, el 75,8%, trabaja en el sector servicios, el porcentaje de trabajadores de la industria es del 13,9%, el de la construcción el 5,8% y el de la agricultura el 4,4%.

Actualmente, el número total de parados es el más bajo desde el estallido de la crisis a finales de 2008. La tasa de paro se reduce al 14,55% más de diez puntos menos que en el máximo de 2012.

La Seguridad Social

La Seguridad Social es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Su acción protectora, basada en la búsqueda constante de un modelo de gestión eficiente y modernizado, es el resultado de un esfuerzo colectivo originado en 1883.

Con datos de noviembre de 2018, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.287,27 millones de euros situándose el incremento interanual en el 4,85%.

La pensión media de jubilación asciende a 1.106,18 euros, lo que representa un aumento del 3,4% respecto al año pasado. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 959,91 euros, lo que supone un aumento interanual del 3,68%.

El conjunto del sistema público ha alcanzado los 9.675.138 de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado. Más del 60%, 5.978.585 concretamente, son por jubilación; 2.363.355 corresponden a viudedad; 953.447 a incapacidad permanente; 337.644 a orfandad y 42.107 a favor de familiares