Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días. Ante todo, disculpas por el retraso pero, como van a poder comprobar de inmediato, ha sido un Consejo de Ministros donde llevábamos muchos temas, un orden del día muy cargado y temas, además, de enorme relevancia.

Les diré que el Consejo de Ministros ha valorado los ataques terroristas de ayer en Londres. Compartimos con el Primer Ministro británico la determinación para que la amenaza del terrorismo no cambie en nada nuestras convicciones democráticas y nuestra defensa de la libertad y de la seguridad. A pesar de que, afortunadamente, los daños producidos no han revestido gravedad, hemos trasladado al Gobierno británico nuestra solidaridad y hemos ofrecido, una vez más, nuestra colaboración para acabar con la lacra terrorista.

Ya entrando en el contenido específico del Consejo de Ministros de hoy, podríamos decir que han sido dos grandes bloques en los que agrupar los acuerdos y que quisiera destacar especialmente. El primero es el conjunto de medidas extraordinarias que el Gobierno ha aprobado para intentar evitar tragedias como las vividas en estos últimos días en la provincia de Guadalajara, que ha tenido consecuencias irreparables tanto desde el punto de vista humano como ecológico; un incendio de extraordinarias proporciones que ha arrasado 11.000 hectáreas y, sobre todo, se ha llevado la vida de once agentes forestales y ha dejado un herido.

Varios miembros del Ejecutivo hemos trasladado personalmente a las familias y a los afectados nuestras condolencias; pero hoy quiero manifestar públicamente en nombre de todo el Gobierno, que no sólo nosotros, sino todos los españoles, todos los ciudadanos, estamos profundamente agradecidos por la valentía de los doce agentes que pusieron en riesgo su vida por defender del fuego a sus conciudadanos, a sus viviendas, a sus casas y a su entorno. Pusieron en riesgo su vida y en once casos la perdieron, en un acto de servicio auténticamente heroico.

La lucha de los doce agentes y su triste desenlace nos recuerda a todos que en España hay decenas de miles de héroes anónimos dispuestos a dejarse la vida para defender el bienestar y la seguridad de todos. Nuestra admiración sincera y nuestro agradecimiento.

Con el objeto de reforzar aún más las medidas en las que venimos trabajando desde hace meses para la prevención y la lucha contra los incendios, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que contempla un conjunto de actuaciones, de nuevas medidas, tal y como el Presidente del Gobierno anunció el miércoles, y que la Ministra de Medio Ambiente, que aquí nos acompaña, detallará un poquito más.

Tal sólo les adelantaré que el Real Decreto Ley se estructura en torno a tres grandes ejes: en primer lugar, fija un sistema de indemnizaciones y de ayudas personales a los afectados de distinta naturaleza; en segundo lugar, comprende un conjunto de medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales que, dada la perniciosa combinación entre sequía y altas temperaturas climatolóticas tienen, esperemos, carácter transitorio, pero excepcional. Concretamente, las medidas se han adoptado hasta el próximo 1 de noviembre y son de muy distinta naturaleza. Contemplan desde un sistema muy estricto de prohibiciones y sanciones, hasta medidas para la limpieza de aquellas zonas más susceptibles de sufrir incendios.

Un tercer y último eje sobre el que se asienta el Real Decreto Ley tiene que ver con la mejora de los servicios de coordinación entre las distintas Administraciones del Estado para, por un lado, intercambiar el nivel de información entre Administraciones y, por otro, aumentar los medios con el fin de ponerlos en ayuda en colaboración con las Comunidades Autónomas. Para eso vamos a establecer y reforzar las medidas de dos órganos de coordinación: uno, de la propia Administración del Estado, y otro que se propondrá y se creará, un centro con carácter estatal, en el ámbito de la Conferencia Sectorial.

Como ven, son medidas para extremar la prevención y también para agilizar el máximo la intervención.

Este Gobierno, como ustedes ya saben, tiene por norma acudir allí donde están los problemas y donde los ciudadanos pueden necesitarnos. Nuestra obligación como Gobierno es escuchar, escuchar sus demandas y tratar de atenderlas lo mejor posible; encajar con humildad las críticas y no despreciarlas con arrogancia, y, desde luego, trabajar con toda nuestra fuerza y dedicación al servicio de los ciudadanos, porque a ellos nos debemos.

Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría informarles de que el Gobierno comparecerá la semana próxima en el Parlamento, tanto para ofrecer información sobre la ayuda prestada a las distintas Comunidades Autónomas en la extinción de incendios, muy especialmente en el de Guadalajara, así como para explicarles en detalle el Real Decreto Ley que hoy aprobamos. Como saben, la Ministra de Medio Ambiente comparecerá el martes de la próxima semana para abordar el primer aspecto de las cuestiones mencionadas y yo misma lo haré para ofrecer explicaciones sobre las medidas adoptadas hoy, tan pronto como la Cámara lo determine.

Además, hemos visto también otra iniciativa relacionada con el medio ambiente. El Gobierno ha aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se regulan los derechos de acceso a la información y participación pública de acceso a la Justicia en materia medioambiental. En resumen, el Anteproyecto de Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener información ambiental de la Administración. Es una norma que desarrolla una Directiva comunitaria y que obliga también a la Administración a difundir información ambiental relevante para los ciudadanos.

En cumplimiento de esta Ley, una vez aprobada, es evidente que se deberán preparar planes y programas para la gestión de residuos y para la protección de todo lo que integra nuestro entorno, nuestro medio ambiente, para la protección del aire, y se deberá también pedir autorización cuando se realicen actividades públicas o privadas que tengan su incidencia en el medio ambiente.

En definitiva, creemos que los ciudadanos, teniendo más información, más posibilidad de participar en la toma de decisiones, tienen un mayor nivel de conocimiento sobre los asuntos, lo que les va a permitir actuar con una mayor responsabilidad, y es evidente que con esto vamos construyendo esa sociedad que tanto deseamos, en la que los ciudadanos se corresponsabilicen de temas que también les afectan a ellos. Es decir, una sociedad más madura, más responsable; acceso a la información ambiental y participación.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha visto hoy también un conjunto de medidas relativas a la educación y a la cultura. De forma singular, quiero destacar que se ha procedido a la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, que ya conocen, en sus líneas generales, y las particulares las explicará en unos minutos la Ministra de Educación.

Les recuerdo que la Ley que proponemos sigue tres principios esenciales: la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos y en todos los niveles del sistema educativo, la necesidad de que todos los miembros de la comunidad educativa participen para alcanzar este desafío y el compromiso con los objetivos educativos que compartimos con la Unión Europea.

Este Proyecto de Ley que hoy se remite al Congreso es fruto de un año de intenso debate con las Comunidades Autónomas y con todos los sectores interesados. Se han tenido muy en cuenta los criterios y las opiniones diversas dentro de la comunidad educativa y se ha detallado la viabilidad económica de los cambios propuestos.

En este Proyecto de Ley valoramos aún más el esfuerzo de los estudiantes y fijamos el estudio como primera obligación; reforzamos la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; fomentamos el aumento de la escolarización de los niños de tres a cinco años, porque se establece su gratuidad; garantizamos la igualdad de todos los españoles en la educación que reciben nuestros alumnos, respetando al tiempo las competencias de las Comunidades Autónomas, y promovemos, en fin, la participación de alumnos, profesores y comunidad educativa en los procesos de decisión.

Les diré, en resumen, esfuerzo de estudiantes, libertad de elección de los padres, igualdad de oportunidades de todos, respeto al Estado de las Autonomías y mejora general de la calidad de la educación que damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ésos son nuestros principios y ésa es la letra de la Ley que hoy hemos aprobado y que remitiremos de inmediato al Parlamento.

Hemos aprobado otro Proyecto de Ley, que también tiene que ver de alguna manera con la educación; desde luego, con la educación y con la cultura, que es el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. Es un Proyecto de Ley que, como ustedes saben, lleva a cabo la transposición de una Directiva comunitaria y adaptamos los derechos de autor a la nueva realidad tecnológica en las que el arte y la cultura no se transmiten ya sólo por vías analógicas, sino también por vías digitales, estableciendo ya una diferencia entre el entorno analógico y el entorno digital, que va en consonancia con los esfuerzos de modernización y de avance en todo este área de las nuevas tecnologías que está efectuando este Gobierno. Pero, además, garantizamos que la protección de los derechos de autor no obstaculice las grandes posibilidades de las nuevas tecnologías, precisamente para la enseñanza, la investigación y la información.

Se establece en esta Ley en qué casos es necesario o no es necesario el consentimiento de los autores para la utilización de las obras; por ejemplo, para el uso en bibliotecas, para la ilustración en las aulas por parte de los profesores, para el uso de personas con discapacidad, para los procesos judiciales, etc., etc. De esta forma estamos modernizando y dando un contenido más social al derecho de propiedad intelectual.

Con la aprobación de este Proyecto de Ley, en definitiva, además de trasponer la Directiva comunitaria y optar por una mínima reforma normativa sobre lo que hoy hay en vigor, les diré que es el avance de lo que va a ser una reforma en la que se ha empezado ya a trabajar con todos los sectores afectados y con todas las Comunidades Autónomas en el ámbito del Ministerio de Cultura.

Aunque procede del Ministerio de Justicia, pero puesto que tiene también, de alguna manera, conexión con la formación, en este caso de nuestros abogados, les doy cuenta de la aprobación del Anteproyecto de Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y de Procurador, que tiene como objetivo garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos y el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, tiene por objeto esta Ley hacer que los ciudadanos que se ven necesitados o compelidos a la utilización de servicios jurídicos de abogado o de procurador tengan garantizado que el ejercicio de su derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial se les otorga en condiciones de calidad.

En consecuencia, éste es un Proyecto de Ley que supone una mejora en la calidad de la asistencia letrada que reciben los ciudadanos o, si lo prefieren, mayores garantías en ese derecho constitucional a la defensa legal. Yo creo que los ciudadanos saben muy bien lo que a veces se juegan cuando tienen que acudir a los Tribunales o tienen que recibir asesoramiento jurídico en donde se van a tomar decisiones sobre cosas que les afectan en su vida diaria, en su libertad, en su patrimonio o en su familia.

Les diré que, además, España es el único país de Europa en el que no se exige una práctica previa ni formación a los licenciados para que puedan ejercer como abogados. La Ley que proponemos remedia esta carencia. Es una Ley en positivo que va a mejorar el funcionamiento del servicio de defensa y va, además, a abrir más expectativas para los ciudadanos a la hora de poder recabar los servicios profesionales y mayor flexibilidad también para los propios profesionales.

En tercer lugar, hemos visto otro conjunto de medidas. Ha habido varias iniciativas que tienen que ver con los derechos de los consumidores y los ciudadanos en general. Me limitaré brevemente a mencionar un Proyecto de Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros, que también lo hemos aprobado y remitido al Parlamento, que regula las nuevas formas de mediación para que los ciudadanos conozcan mejor y de forma más transparente con quién están contratando y cuáles son sus intereses o sus relaciones de dependencia con las agencias de seguros. Ajustamos con este Proyecto de Ley también nuestra legislación a la normativa comunitaria.

También para mejorar la protección de los consumidores a través de una más eficaz representación de sus intereses, hemos reforzado el funcionamiento del Consejo de Consumidores y Usuarios. En la misma línea de garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer lo que consumen, ha habido un Real Decreto de modificación de las normas de etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios, y, para que los ciudadanos entiendan más fácilmente el tantas veces complejo lenguaje que utilizamos en la Administración y la sientan más cerca, hemos aprobado las directrices de técnica normativa; es decir, las reglas que los legisladores, los prelegisladores y la Administración deben seguir para comunicarse mejor con los ciudadanos.

Saben que ésta es una obsesión mía desde el primer día y que me comprometí en mi primera comparecencia en el Parlamento a mejorar la calidad de nuestras normas para que los ciudadanos puedan entender, de forma sencilla, las disposiciones que adoptamos para el bienestar de todos.

Puesto que aún deben intervenir las Ministras de Educación y de Medio Ambiente, les remito a la Referencia del Consejo de Ministros para el resto de los asuntos. Ahí encontrarán nuevas medidas para los efectos de la sequía; en concreto, siete proyectos específicos de obras en Castilla-La Mancha, por algo más de nueve millones de euros; verán también obras de infraestructuras ferroviarias por valor de 685 millones de euros y podrán saber de la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que es un compromiso explícito de nuestro programa electoral y que servirá para garantizar una más eficaz representación que redunde en la mejor integración de este colectivo en la vida pública y social, en la igualdad de derechos y de oportunidades y en el combate contra el racismo y la discriminación.

Hay otras iniciativas, pero prefiero dejarles ya con las Ministras que me acompañan, porque les van a hablar de los temas más relevantes.

Sra. San Segundo.- Muy brevemente, porque ya el Proyecto de Ley de Educación es conocido, porque se presentó por primera vez un texto articulado, como era nuestro compromiso, a la Conferencia Sectorial, en la que están los Consejeros de las Comunidades Autónomas con competencias sobre educación.

Presentamos este texto el 30 de marzo pasado y desde entonces se ha venido debatiendo en numerosas reuniones, tanto de Ministra y Consejeros, como de Directores Generales de diferentes áreas, y fruto de este trabajo han sido algunas aportaciones que se han incluido en el Proyecto. Les recuerdo que en la Conferencia Sectorial se alcanzaron, por ejemplo, noventa puntos de acuerdo sobre temas que habían sido debatidos entre todas las Administraciones y se alcanzaron mejores redacciones de los noventa puntos, en este caso sugeridos. También se han aceptado, por supuesto, sugerencias que tienen que ver con el debate en el Consejo Escolar del Estado, con las aportaciones que hemos ido recibiendo entre las últimas precisiones y solicitudes de redacción más clara de algunos artículos que nos ha hecho el Consejo de Estado en su último informe. Quiero destacar también las aportaciones de otros Ministerios, que han contribuido notablemente también a ajustar la redacción final del Proyecto.

El Proyecto que envía ahora el Gobierno al Parlamento cumple nuestros compromisos en diferentes aspectos. Quiero resaltar que es un Proyecto con memoria económica y con una memoria económica de una cuantía desconocida hasta ahora en nuestro sistema educativo. Se valoran para los próximos cinco años las propuestas de mejora que se hacen en el sistema educativo en más de 6.000 millones de euros adicionales al gasto en educación. De este presupuesto, la Administración Central, el Gobierno central, propone cubrir algo más del 55 por 100 de este coste, como era nuestro compromiso.

Saben que tanto la identificación de los objetivos como su cuantificación también han sido objeto de debate en la Conferencia Sectorial y en otros foros.

Sobre el Proyecto, que, digo, ya es conocido, solamente resaltaré un par de cuestiones. Queremos que el Proyecto, con las propuestas y los objetivos de mejora que hemos compartido durante los últimos meses, también en el debate con las Comunidades Autónomas, y con esa valoración económica, constituya el Proyecto más ambicioso que hemos tenido en nuestro sistema educativo.

Como decía hace un momento la Vicepresidenta, los objetivos que hemos fijado tienen mucho que ver con los objetivos que estamos discutiendo en Europa, con los objetivos de la Agenda de Lisboa; esos objetivos de mejora del capital humano, que compartimos con nuestros socios de la Unión Europea. Hemos incorporado todos los objetivos de educación de esta Agenda de Lisboa y hemos añadido algunos objetivos más, concretamente los que considerábamos más necesarios para el sistema español.

Los objetivos de mejora tienen que ver, por un lado, con mejorar los resultados que obtienen todos los estudiantes en la enseñanza básica, mejora de los aprendizajes, definiendo una estructura y un edificio de aprendizajes ambicioso, como decía, coherente y exigente. Evaluaciones, detectar déficit de aprendizajes, actuar, apoyos, refuerzos, desdobles, tutorías... Todo lo que creemos que es necesario hacer y de ahí la necesidad de más recursos de todos los esfuerzos que proponemos que hagamos entre todas las Administraciones para actuar desde el principio.

Saben que por primera vez en el último trimestre del curso que ha terminado estamos actuando ya en Primaria. Hay muchas cosas que hacer en Secundaria, hay mucho esfuerzo a realizar para completar los objetivos de la Enseñanza Secundaria, pero hay que actuar también en Primaria. Cuando algunos problemas de aprendizaje aparecen y se detectan tempranamente, actuemos.

En definitiva, es una estrategia ambiciosa que cuenta con los profesores, que les envuelve, y en los próximos meses estaremos definiendo una formación inicial y continua del profesorado también más adecuada para todas las necesidades que tienen en el sistema educativo, como la definición de una carrera docente con valoración de todas las tareas que realizan. Estamos hablando de que se valoren todas las actividades, las tutorías, etcétera. En definitiva, educar a todos entre todos, buscar esa calidad entre todos.

Les recuerdo que hemos puesto la necesidad de que en el sistema haya una recuperación; actividades de recuperación con evaluación de todas las materias suspensas. Se repita o no se repita el curso, cada vez que haya una materia suspensa tiene que haber recuperación con evaluación.

En definitiva, un Proyecto ambicioso, porque no puede ser menos. Saben que el punto de partida eran los diagnósticos de resultados insatisfactorios en comprensión lectora, en Matemáticas y en Ciencias, valorados por los proyectos de Pisa en el año 2003. En el año 2003 estábamos obteniendo resultados poco ambiciosos, no los adecuados para el sistema. Por lo tanto, mejora de los aprendizajes, educación de calidad para todos, más esfuerzos, más recursos y con responsabilidad entre todas las Administraciones.

El Proyecto pone mucho énfasis en este nuevo camino que hemos emprendido en los últimos meses de cooperación entre Administraciones, de convenios entre Administraciones.

Como saben, el Consejo de Estado ha valorado en su informe de legalidad que no existe ningún indicio, ninguna cautela, sobre la legalidad del proyecto, ni en el reparto de competencias que establece con las Comunidades Autónomas, ni en la definición de qué es básico o no es básico, ni en la modificación que se realiza de la normativa sobre conciertos educativos, ni en el tratamiento de las enseñanzas de Religión.

En definitiva, en todas las cuestiones que han estado en el debate en estas semanas de conocimiento del Proyecto el Consejo de Estado aclara que no ve absolutamente ningún indicio de inconstitucionalidad ni de problemas de encaje en nuestra legalidad.

Ésa es la breve descripción que quería hacer.

Sra. Narbona.- Como ya se ha señalado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que, además del conjunto de ayudas para todos los afectados por el incendio de Guadalajara, las ayudas que con carácter habitual se establecen cuando sucede una catástrofe análoga a la acaecida este pasado fin de semana, junto con esas ayudas económicas para los afectados ha incorporado medidas para fortalecer la prevención de los incendios y para mejorar la capacidad de extinción a través también de un reforzamiento de la coordinación y cooperación entre Administraciones.

En lo que se refiere a las medidas de prevención, quiero recordarles que en el 90 por 100 de los casos los incendios resultan ser provocados por intencionalidad o por negligencia. Por ello, el Consejo de Ministros ha considerado necesario prohibir hasta el próximo día 1 de noviembre de este año toda utilización del fuego en espacios abiertos: utilización del fuego en quema de rastrojos, en las zonas recreativas, en las zona de descanso de las carreteras, en la quema de residuos al aire libre... es decir, la utilización del fuego en espacios abiertos.

Adicionalmente, queda también prohibida la utilización de maquinaria en las zonas forestales que no tengan una autorización expresa porque se corresponda con maquinaria necesaria para la gestión de los montes.

Queda también prohibida cualquier actuación que signifique generar combustión en los espacios forestales y, en particular, en aquellos espacios forestales que se definan como de alto riesgo. En ese sentido, queda también prohibido fumar en estos espacios forestales y arrojar cualquier objeto en combustión.

Hay que limitar, como decía, el tránsito y, en particular, el tránsito rodado y de aquella maquinaria que pueda tener consecuencias, por razones de combustión, por saltos de chispas, etcétera, en su recorrido.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha anticipado algunos de los compromisos ya asumidos por los Ministerios del Gobierno. El día 10 de junio se marcó un período de seis meses para concretar dichos compromisos de forma estable en el tiempo y no con carácter coyuntural. La excepcionalidad de las circunstancias presentes obliga a agilizar, por ejemplo, las tareas encomendadas al Ministerio de Defensa y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la rápida limpieza de los márgenes de las carreteras, también los márgenes de las líneas ferroviarias, y hacerlo en colaboración con las Comunidades Autónomas cuando sea oportuno ir más allá de lo que es estrictamente el margen inmediato de carreteras o de ferrocarriles.

El Ministerio de Medio Ambiente reforzará de inmediato los medios aéreos estatales a disposición de las Comunidades Autónomas, para la cual contará, igual que en el resto de las medidas que aquí aparecen, con el crédito extraordinario que defina el Ministerio de Economía y Hacienda, una vez que ha quedado autorizado que el Gobierno puede fijar el límite máximo de gasto y la Memoria Económica está desarrollándose en este momento de acuerdo con las aportaciones que ha habido incluso durante el propio Consejo de Ministros.

Se establece también la posibilidad de que las Comunidades Autónomas cuenten con la colaboración inmediata del Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo la limpieza de los residuos forestales que se acumulan en nuestros montes y que suelen ser uno de los elementos que más propician la propagación de los incendios. El Ministerio de Medio Ambiente actuará, si así se le es solicitado por parte de las Comunidades Autónomas, en aquellas áreas que se definan como de alto riesgo. La mayoría de las Comunidades Autónomas ya las tienen definidas en este momento y se les da unos días a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley para que comuniquen cuales son esas áreas de algo riesgo.

El Real Decreto Ley, lógicamente, contempla el reforzamiento también de los medios estatales de control y de vigilancia, precisamente para evitar esos comportamientos de riesgo que quedan prohibidos en el texto del Real Decreto Ley. Ese reforzamiento pasa por el mandato al Ministerio del Interior para que, en el plazo máximo de siete días a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, establezca los medios que refuercen al SEPRONA, a la Guardia Civil que se ocupa de la protección de la naturaleza y que es una de las herramientas más precisas y más importantes en la prevención contra los incendios forestales.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa aumentará también la tripulación y los medios que acompañan a la tripulación en los aviones de propiedad del Ministerio de Medio Ambiente para poder optimizar los medios ya existentes.

Hay, por lo tanto, un conjunto de medidas para favorecer un mayor control y vigilancia de los incendios, a lo que se une el reconocimiento como policía administrativa de los funcionarios que trabajan como agentes forestales, que podrán, por lo tanto, participar en las diligencias previas para la investigación de los delitos.

Asimismo, en este Real Decreto Ley aparecen medidas de coordinación, fortaleciendo las existentes, en particular respecto de la Comisión Interministerial de Coordinación en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, que es una Comisión prevista en el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros el pasado día 10 de junio. Esa Comisión amplia sus funciones para que pueda estar de forma permanente informada sobre todo aquello que tiene que ver con los incendios forestales y se constituye en su seno un Comité permanente, presidido por el Subsecretario de la Presidencia, que estará todo el período que se contempla en el Real Decreto Ley, hasta el 1 de noviembre, movilizado de forma permanente para poder tomar las decisiones oportunas que afecten a varios Departamentos ministeriales.

Por último, y sin perjuicio de las preguntas que quieran hacernos, también se crea un Centro para la Coordinación de la información nacional sobre incendios forestales; un Centro en el que estarán presentes las autoridades de los distintos Ministerios y, en particular, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior, que llevan a cabo las tareas de protección frente a las catástrofes derivadas de los incendios. A ese Centro se pedirá la incorporación de representantes de todas las Comunidades Autónomas, porque el objetivo final es que contemos con toda la información disponible, tanto sobre el riesgo de los incendios, como sobre su evolución y también sobre la disponibilidad de medios de todas y cada una de las Administraciones Públicas.

Éstos son los contenidos, en términos muy agregados dado lo avanzado de la hora.

P.- A la Ministra de Educación. Ésta es la sexta Ley educativa de la democracia y la comunidad educativa constantemente está demandando un pacto social y político que acabe con los vaivenes. ¿Considera usted que ha conseguido el consenso social del que tanto se ha hablado, por una parte, y cree que va a conseguir el consenso político en el Parlamento?

Otra pregunta a la Vicepresidenta. Me gustaría saber su opinión sobre el tratamiento que la Ley da de la asignatura de Religión. Creo que no desarrolla el tratamiento en su conjunto. Entonces, ¿por dónde van a ir los tiros? ¿Va a haber un acuerdo?

Vicepresidenta.- El Gobierno garantiza y va a garantizar que, si los padres y las familias de este país quieren que sus hijos estudien Religión, estudiarán Religión; que, si quieren tener la Religión, la tengan, y que, si no la quieren tener, no la tengan. En definitiva, este Gobierno garantiza la libertad; libertad para los padres que quieren, repito, que sus hijos estudien Religión y libertad para los padres que no quieren que sus hijos estudien Religión.

Este Gobierno, y me lo han oído decir muchas veces, quiere que los padres puedan elegir. Todos los padres tienen garantizado el derecho a que sus hijos reciban formación religiosa si así lo desean. Ahora, también he de decir que la Religión no se debe imponer en la escuela como una asignatura, ni obligatoria, ni evaluable. Lo único que dice el Gobierno es que la asignatura de Religión, en definitiva, no debe condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir si quieren ser médicos, jardineros, matemáticos o arquitectos.

Por lo tanto, es eso es lo que quiere el Gobierno y ésa es la posición del Gobierno, en donde queda garantizado para quien quiera la Religión y garantizado que no se le va a imponer a quien no la quiera. Eso es lo que está en el espíritu de la Ley y de la disposición que se desarrollará con posterioridad, en la que, desde luego, y por supuesto, adelantándome ya a lo que vaya a decir con más precisión la Ministra, este Gobierno, como siempre, va a buscar el acuerdo y va a buscar el acuerdo, no sólo con las fuerzas políticas, sino también, y por supuesto, con la Conferencia Episcopal.

Sra. San Segundo.- La pregunta tenía dos partes, si me permite referirme brevemente a ellas. La primera era hablar de lo que suponen las reformas educativas. Se habla de la sexta Ley educativa de la democracia, pero no son leyes que hayan modificado la estructura del sistema educativo: qué estudian los niños. Tenemos seis leyes, pero lo que hicieron muchas de ellas fue desarrollar la Constitución y dotarnos de un sistema educativo más completo y con mejores propiedades. Por ejemplo, la Ley de 1985. En sus cálculos está contando, por ejemplo, la LODE y la LODE desarrolló el artículo 27 de la Constitución, permitió que tuviéramos una enseñanza básica obligatoria y gratuita, y estableció en qué términos. ¿Modificaciones de qué estudian nuestros jóvenes? Tuvimos la Ley del 70 y la Ley del 90, y luego ni la Ley de Calidad ni la nuestra modifican sustancialmente el esquema Infantil-Primaria-Secundaria.

Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que es muy razonable la petición de un acuerdo y de un consenso, estamos todos absolutamente de acuerdo, y este Gobierno trabaja para conseguirlo desde el primer día. En parte, para conseguirlo construye sobre lo mejor de las leyes anteriores. No se destruye, en absoluto, lo que ha sido lo mejor de nuestra normativa educativa; pero, como estábamos todos de acuerdo en que era necesario mejorar y en que los resultados no son satisfactorios, son también importantes cambios.

O sea, la Ley es necesaria porque todos estamos de acuerdo en que no estamos haciendo lo suficiente, la Ley aprende de las leyes anteriores y simplifica el panorama legislativo que teníamos. Esta Ley sustituye a las tres últimas, esta Ley sustituye a la LOGSE de 1990, a la LOPEC de 1995 y a la Ley de Calidad de 2002. Simplifica, clarifica, da mayor seguridad jurídica a todo el sistema e intenta construir sobre lo mejor que teníamos.

¿Búsqueda de consenso? Lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Como decía ahora la Vicepresidenta, todos compartimos ese valor y es muy necesario en Educación. Partíamos de un sistema educativo herido. Hay que ser conscientes de que hemos recibido un sistema educativo muy enfrentando, porque en los últimos años no se había alcanzado un consenso, y el sistema educativo sobre el que hemos trabajado en este año necesitaba tiempo para el debate, diálogo, ser escuchados y contrastar opiniones. Por eso iniciamos el debate con unas propuestas y abrimos meses de diálogo con los agentes del sistema educativo.

Hemos construido avances y hemos construido una manera de trabajar en la Conferencia Sectorial. Antes les decía que hemos trabajado durante quince meses intensamente con todas las Comunidades Autónomas porque, si en la política educativa de este país buscamos un consenso, pero si la política educativa de este país, además de ese consenso, va a tener una aplicación diaria y continua que favorezca el éxito para todos, tiene que ser con todas las Administraciones envueltas.

Estamos trabajando en esa dirección, estamos trabajando con los Grupos, seguiremos trabajando y, desde luego, tenemos el compromiso de que los esfuerzos que se van a hacer van a ser todos los que estén en nuestra mano para el consenso que se pueda alcanzar y los acuerdos. Antes les decía que alcanzamos noventa puntos de acuerdo en la Conferencia Sectorial. Van quedando cuestiones, indudablemente, sobre las que hay distintas opiniones, y hasta sobre esas cuestiones, si queremos, es posible alcanzar el acuerdo.

Este país ha alcanzado acuerdos sobre cosas, yo creo, incluso más difíciles y todos tenemos la sensación de que mereció la pena el esfuerzo que se hizo por alcanzar esos consensos en los que todo el mundo tiene que renunciar a algo y el resultado final merece la pena. Así que seguiremos trabajando y por nosotros no va a quedar en hacerlo en los próximos meses en el Parlamento.

P.- Un par de preguntas que pueden responder indistintamente la Vicepresidenta o la Ministra de Medio Ambiente. La primera es sobre las características de este nuevo Centro Nacional de Coordinación antiincendios. Como es una norma estatal, deduzco que el Gobierno tendrá el control de este órgano sin perjuicio de que participen las Autonomías. Me gustaría saber si, además, este órgano va a ejercer o va a convertirse en una suerte de mando único sobre los medios antiincendios o cómo se va a conciliar el asunto competencial por ser éste un asunto transferido.

En segundo lugar, me gustaría que respondieran a las acusaciones formuladas ayer por el Partido Popular, y concretamente por su Presidente, el señor Rajoy, que acusó al Presidente del Gobierno de no haber acudido a la zona de la catástrofe de Guadalajara y dijo que, cuando mueren once compatriotas, hay que estar en la zona del desastre.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, el Centro de Coordinación, en este Real Decreto Ley no alteramos, para nada, las competencias. Las competencias de las Comunidades Autónomas son las competencias que hoy tienen en materia de incendios y, por tanto, eso a través del Real Decreto Ley no se altera. El Centro que se establece es un Centro, fundamentalmente, para coordinar la información y para apoyar a las Comunidades Autónomas que son las que tienen, fundamentalmente, las competencias en esta materia. Las tienen ellas todas hasta que no se declara un nivel de emergencia que es el nivel tres, en donde el mando lo asume la Administración Central.

Lo que pretende ese Centro es tener mayor información, tener información sobre los incendios, información sobre los medios y poder, con esa información, colaborar con todas las Comunidades Autónomas, sobre todo con aquellas que tienen las necesidades en relación con el incendio. Yo creo que la Ministra ahora completará un poco más esta información.

En cuanto al segundo tema que usted me plantea, cuando se produce una desgracia de estas características, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarse en qué se puede mejorar. Por mi parte le diré que, siguiendo instrucciones del Presidente Rodríguez Zapatero, en pocas horas yo misma acudí a la zona afectada a escuchar a los vecinos y darles respaldo. Pocas horas después, siguiendo también instrucciones del Presidente del Gobierno, presidí un Comité de Crisis, tras el que la Ministra de Medio Ambiente acudió a la zona afectada. En menos de 72 horas el propio Presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, anunció y enunció las medidas de prevención y reparación que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros, y la próxima semana, compareceremos la Ministra de Medio Ambiente, el martes, y yo misma en cuanto sea posible para explicar esas mismas medidas.

La verdad es que no le atribuyo ningún mérito a lo hecho. Nos hemos limitado, como Gobierno, a cumplir con nuestra obligación y les aseguro que, como el resto del Gobierno, estoy dispuesta a escuchar todas las quejas, críticas y demandas de los ciudadanos, todas, absolutamente todas. Todas las que nos hagan, porque estoy convencida, además, de que nos servirán para aprender y para cumplir mejor con nuestras obligaciones.

Pero, dicho esto, le voy a decir también que aquellos que, cuando pudieron, no dieron ejemplo no están en condiciones hoy de dar lecciones a nadie. Incluso, no estaría de más que, por coherencia personal y por respeto al conjunto de los ciudadanos, repasasen lo que fue su actuación en el pasado inmediato.

Sra. Narbona.- Como ha señalado la Vicepresidenta, no se cambia con este Real Decreto Ley la distribución de competencias. Se pretende articular un sistema más eficiente de coordinación y de cooperación entre las distintas Administraciones, y el propio nombre de ese Centro al que hemos aludido, el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios, indica que no es un Centro de toma de decisiones, sino un Centro que permita poner en común, lo más en tiempo real posible, para todas las Administraciones, en primer lugar, cuál es el nivel de riesgo de incendio que existe en cualquier punto del territorio; en segundo lugar, cómo evoluciona en su caso el incendio, qué características tiene, y, en tercer lugar, cuáles son los medios disponibles de todas y cada una de las Administraciones Públicas en ese momento.

La idea es que tengamos la capacidad de tomar decisiones cada uno en el ámbito de sus propias competencias, pero decisiones más eficientes. No hay ningún otro cambio que altere la distribución competencial. Lo que hay es un esfuerzo de que fluya la información en todos los sentidos para que se tomen las mejores decisiones, y así lo explicaré en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que he convocado para la tarde del próximo martes, donde con los consejeros de Medio Ambiente haremos también una valoración de cómo se están desarrollando este verano todos los acontecimientos que tienen que ver con los incendios forestales y cómo podemos, en ese sentido, cooperar todos de una manera más eficiente.

P.- A la Vicepresidenta le quería preguntar si después de los incidentes del miércoles en el Congreso el Gobierno tiene prevista alguna iniciativa para intentar serenar el debate político.

Vicepresidenta.- Estamos todo el día haciendo esfuerzos por serenar el debate político. Respecto del incidente de antes de ayer, yo creo que mi opinión coincide con la mayoría de los ciudadanos, sobre todo, porque el Parlamento es el lugar de la palabra y no caben en él las agresiones. Yo, desde luego, una vez más, instaría al Partido Popular a bajar la crispación y a no utilizar todo, porque no todo vale en la vida.

P.- A la Ministra de Medio Ambiente. Quería algunas precisiones sobre las prohibiciones extraordinarias; en concreto, ¿la prohibición de fumar se extiende a toda las áreas forestales o sólo a las consideradas de riesgo? ¿Qué pasaría con zonas rurales que no son propiamente forestales, pero que son colindantes? Y también en cómo afecta al uso de maquinaria agrícola en labores propias del campo, también en zonas que puedan estar muy próximas a áreas forestales.

No le he entendido muy bien el tema del aspecto económico de estas medidas. No sé si está ya detallado, si está el Ministerio de Economía en ello.

Sra. Narbona.- En cuanto a los aspectos económicos, lo que he tenido ocasión de decir es que el Ministerio de Economía trabaja, en relación con lo que ha sido acordado por el Consejo de Ministros, para tener obviamente la Memoria Económica, que será explicada en la próxima semana conjuntamente con todas las medidas que se han decidido a lo largo de esta mañana en el Consejo de Ministros con los trabajos previos realizados.

Por lo que se refiere a la prohibición de fumar, de acuerdo con el artículo 12.2 queda prohibida esta actuación en todos los territorios delimitados por el artículo 5 de la Ley de Montes, que son los terrenos que se consideran terrenos forestales.

Cuando me refiero a lo que es el tránsito en zonas de alto riesgo, aquí queda prohibido el tránsito de personas, sin perjuicio de las actuaciones de gestión y de mantenimiento que procedan y de las autorizaciones expresas que puedan acordar las Administraciones autonómicas. Esto se refiere exclusivamente a las denominadas zonas de alto riesgo que, como digo, son zonas que definen las Comunidades Autónomas.

Por último, para que quede claro, la prohibición que tiene un ámbito más amplio, porque abarca toda zona abierta, es la prohibición de quemar rastrojos, la prohibición de hacer fuego en zonas recreativas y la prohibición de quemar residuos también al aire libre. Digamos que ésa es la prohibición que se sitúa en todo espacio abierto.

Por supuesto, en lo que se refiere a las zonas forestales, en las zonas forestales, insisto, la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros ahí se refiere, exclusivamente, aquellas que en su funcionamiento puedan generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que el órgano competente de la Administración autonómica haya autorizado expresamente su uso en esa zona o sea necesaria esa maquinaria para la extinción de incendios.

Por lo tanto, no se trata de establecer limitaciones más allá de las que están plenamente justificadas por la situación de riesgo.

P.- Vicepresidenta, ¿en materia ferroviaria se ha aprobado alguna cosa que afecte al AVE Madrid-Comunidad Valenciana?

Vicepresidenta.- Se han aprobado varios tramos del AVE, pero puede mirarlos en la Referencia del Consejo de Ministros. Hay varios tramos de varias zonas de España de la Alta Velocidad.

P.- A la Vicepresidenta querría preguntarle si considera que la persona más adecuada para pilotar la Alianza de las Civilizaciones del señor Rodríguez Zapatero es el señor Iqbal Riza que dice, entre otras cosas, que la presencia de las tropas extranjeras en Afganistán e Iraq, entre ellas las españolas que están en Afganistán, inflama los corazones y las mentes musulmanas.

Vicepresidenta.- La verdad es que, como se puede imaginar, no soy yo quien para hacer la valoración sobre los nombramientos que hacen otras instituciones. Lo que si que le diré que lo que me parece realmente relevante es que el Secretario General haya tomado como iniciativa propia una propuesta tan importante como la efectuada por el Presidente del Gobierno en Naciones Unidas y, además, se haya decidido, no sólo a tomarla, sino a impulsarla. Yo creo que eso es lo verdaderamente relevante. No voy a hacer comentarios sobre los nombramientos.

P.- Para la Ministra de Educación. ¿Nos puede aclarar si la Memoria Económica incorpora algún tipo de novedad sobre el cuadro de 6.107 millones de euros que el Ministerio presentó hace un par de meses, aproximadamente, a las Comunidades?

Sra. San Segundo.- La Memoria Económica se basa en aquel estudio, ¿recuerdan?, que era Propuestas de Valoración Económica de los objetivos prioritarios, que proponíamos a las Comunidades Autónomas. Se ha debatido durante estas semanas con las Comunidades Autónomas y se han ajustado algunas cantidades; pero el total es muy similar.

El total, en este momento, es 6.032 millones de euros, muy parecido a lo que eran 6100 millones. Estamos en un total muy similar. Y llo que corresponde a la Administración Central del Estado supongo que ha aumentado un poco, incluso la participación, porque son 3.514 millones lo que está estimado, asignado, exactamente a la Administración Central del Estado. Tienen al final de la Ley el documento, que es más sintético.

Ya les decía que aquello era un documento de trabajo. Los apartados son muy similares y se ha incorporado algún tipo de fondos, en particular las previsiones que hay sobre fondos que tienen que ver con la presencia de estudiantes inmigrantes en diferentes Comunidades Autónomas. Saben que el Parlamento inició una línea de financiación que tiene que ver también con la presencia de población inmigrante en diferentes Comunidades Autónomas, que genera necesidades de atención a la diversidad y, en algunos casos, de inmersión lingüística, normalmente de apoyo en los centros.

Verán los detalles en la Memoria, pero la Memoria es una consecuencia bastante cercana, como verán, de aquel documento de trabajo que presentamos y que ha sido mejorado en el debate entre las diecisiete Comunidades Autónomas y el Ministerio.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.