Vicepresidenta.- Buenos días a todas y a todos. Paso a darles cuenta de la reunión del Consejo de Ministros que acaba de celebrarse.
Esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas urgentes para luchar y frenar la violencia contra las mujeres. Como saben, se trata de uno de los asuntos que este Gobierno entró a abordar desde el primer día de su actividad. En la primera reunión del Consejo de Ministros abordamos un informe sobre la violencia y desde entonces no hemos dejado de trabajar en este tema. Trabajamos intensamente, por una parte, en el Proyecto de Ley Integral, que sobre todo trata de abordar los temas de la prevención, la atención a las víctimas, la educación y el impulso al cambio en una sociedad que nos ayudará a combatir, sin duda, y a erradicar la violencia contra las mujeres.
La elaboración de este Proyecto de Ley se está tratando de hacer con el máximo consenso y la mayor celeridad, pero también con el máximo rigor, y, mientras eso ocurre, no podemos perder ni un solo día en intentar frenar, paliar, un fenómeno como el de la violencia contra las mujeres que está causando y causa una gran alarma en nuestra sociedad.
Es por ello por lo que el Consejo de Ministros ha adoptado hoy un conjunto de medidas, hasta diez medidas, urgentes para tratar de frenar, de paliar, de combatir, la terrible violencia contra las mujeres.
En definitiva, el mensaje del Gobierno, y quiero que quede claro, es que la lucha contra la violencia de género es una prioridad absoluta; que en el primer Consejo de Ministros ya la abordamos y pusimos en marcha un Proyecto de Ley que se está preparando de forma acelerada, con rigor y con consenso. Pero las mujeres que sufren este problema no pueden esperar hasta la aprobación definitiva de la Ley, por eso aprobamos, y ahora les va a informar de manera puntual el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, diez medidas urgentes para hacer frente a la violencia contra las mujeres desde ahora mismo, mientras se tramita el Proyecto de Ley del que les he hablado.
El Consejo de Ministros ha aprobado, además de estas diez medidas que les he dicho, un Real Decreto-Ley por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario que se aprobó el 17 de noviembre de 2003. Como recuerdan ustedes, esta Ley estructuraba todo el tema ferroviario en dos grandes áreas: la de infraestructuras, es decir, las vías, lo que es la infraestructura ferroviaria, y la prestación del servicio. Es una ley que requería la realización de una serie de actuaciones para preparar su entrada en vigor desde el punto de vista reglamentario y desde el punto de vista técnico.
Estaba previsto que la ley entrara en vigor el 18 de marzo pero, como no se han realizado todas las actuaciones necesarias por el anterior Gobierno para que la entrada en vigor pudiese ser correcta y se realizara con eficacia, el Gobierno ha decidido, a través de un Real Decreto-Ley, aplazar la entrada en vigor unos meses, hasta el 31 de diciembre, para llevar a cabo todas esas actuaciones que son necesarias para su ejecución.
Antes de darle la palabra al Ministro de Trabajo yo quisiera pedirles disculpas por una imprecisión por algo que dije la semana pasada. En mi primera rueda de prensa me comprometí con ustedes a ser una portavoz honesta y rigurosa, y quiero serlo en todo momento. Alguno de ustedes afirmó que yo había dado un nombre, el de Víctor García, como posible responsable del Mando Único. Dije en esos momentos que no recordaba haber dado ese nombre. Lo cierto es que, comprobado, en una radio, cuando me hicieron la pregunta, respondí que probablemente Víctor García iba a ser el que iba a desempeñar el puesto del Mando Único. Quiero ahora pedirles disculpas por la imprecisión.
Como saben, el Gobierno ha establecido un Mando Único colegiado que se encargará de la coordinación de las distintas informaciones que hay, para que la Policía y la Guardia Civil tengan la misma información; y se encargará también de coordinar la prevención y la ejecución. Es decir, va a coordinar también los temas operativos de Policía y de Guardia Civil.
Dicho esto, y pedidas las disculpas, le paso la palabra al Ministro para que les informe de las diez medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros.
Sr. Caldera.- Como indicaba la Vicepresidenta Primera del Gobierno, a la espera de reformas legales, a la espera de la Ley --que, por cierto, tiene unos trámites obligatorios que cumplir en nuestro ordenamiento jurídico--, hay que adoptar medidas urgentes para intentar combatir con la mayor eficacia posible esta lacra que supone la violencia de género, la violencia contra la mujer.
Es indudable la importancia que tiene este fenómeno y su combate ha venido exigiendo una profunda transformación del ordenamiento jurídico que existía antes e incluso eso es insuficiente. Por eso este Gobierno se comprometió a tramitar, a presentar al Parlamento, un Proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género.
Pero no basta con las simples reformas normativas; en nuestra opinión, también hay que llevar a cabo una política social muy intensa que implique, además, a todas las instituciones, a todos los llamados "operadores jurídicos", para entre todos intentar ser lo más eficaces posibles en el combate de esta lacra.
Es por ello que, como indicaba la Vicepresidenta Primera, hemos aprobado una serie de medidas urgentes, diez, que les sintetizo de forma muy breve. Esas diez medidas tienen que ver con diversos Departamentos ministeriales: Interior, Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales; pero quiero indicarles, además, que es una política horizontal de todo el Gobierno. No porque estos tres Departamentos apliquen preferentemente estas medias quiere decir que el resto no lo vayan a hacer; para todos será una política preferente.
Diez medidas, por lo tanto, diez grandes medidas. La primera, interesamos del Fiscal General del Estado que, atendiendo a las circunstancias de cada caso de violencia de género, se extremen las medidas de vigilancia y de preservación de los derechos de las víctimas. ¿Cómo? Será prioritario, absolutamente prioritario, en el trabajo de la Fiscalía, de acuerdo con este modo de interesarlo a la Fiscalía General del Estado, la persecución de estos delitos relacionados con la violencia de género. Por tanto, primera medida: prioridad absoluta en el trabajo de la Fiscalía.
Segunda, debe prestar la Fiscalía especial atención a las actuaciones relacionadas con la solicitud ante los Tribunales de aquellas medidas cautelares que vayan dirigidas a la suspensión, en los casos más graves, del régimen de visitas establecido a favor del agresor. Ésta sería la segunda medida. Lamentablemente, en muchas ocasiones se produce la agresión utilizando este derecho concedido al régimen de visitas a los hijos. Por lo tanto, en los casos más graves se puede interesar, por parte del Fiscal, que se suspenda este régimen de visitas.
En tercer lugar, que, en caso de que se tenga conocimiento de que alguien quebranta, vulnera --me refiero al agresor--, las medidas cautelares ya previstas por un juez, que viola la orden de alejamiento ya prevista por un juez, se pueda interesar de ese juez, se pueda pedir a esa juez por parte del fiscal, la inmediata detención y puesta a disposición judicial del infractor, incluso pudiendo llegar a dictar prisión provisional. Ésta sería la tercera medida en el ámbito del trabajo de la Fiscalía.
Cuarta medida: hay que elaborar en cada territorio un mapa de riesgos que facilite la coordinación de las actuaciones de prevención e intervención rápida, y tienen que hacer ese mapa de riesgo las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio del Interior, en coordinación estrecha con jueces y fiscales, con el orden jurisdiccional. Creemos, por tanto, necesario que se elabore ese mapa de riesgo.
Quinta medida: se debe elaborar un protocolo, un modelo protocolizado, un modelo normalizado, de denuncia --cuando se produce la denuncia por parte de la mujer que sufre estas circunstancias--, para que se estudien todas las circunstancias que concurren en cada hecho y permita a las Fuerzas de Seguridad y jueces y fiscales, que permita a la sede policial y a la sede judicial, el mejor conocimiento de la situación personal y familiar, tanto de la víctima como del agresor, que se deriva de esa situación para poder pedir las medidas más eficaces de protección.
Dicho de otro modo, es mucho más eficaz cuando el juez o la juez decide quién tiene una mayor situación de riesgo, y así se lo comunica las Fuerzas de Seguridad, que si todas las órdenes de protección o todas las medidas cautelares se consideran del mismo riesgo. No todas tienen el mismo riesgo, las hay mucho más comprometidas y en situaciones mucho más difíciles. Por tanto, si establecemos este modelo de denuncias protocolizado se permitirá a la sede policial y al orden jurisdiccional determinar dónde están realmente las situaciones de riesgo para ordenar posteriormente la protección de esas personas.
Sexta medida: ampliación, mediante una reasignación de efectivos, del número de Policías y del número de Guardias Civiles que se dedicarán a la protección de las personas que sufren violencia de género. Ustedes saben que en este momento sólo tenemos, aproximadamente, 120 policías en estas tareas; queremos ampliar, reasignando efectivos, en 200 el número de policías y en 250 el número de guardias civiles para que estas unidades especializadas en la asistencia a las mujeres que sufren violencia mejoren, sean cada vez más amplias y puedan proteger mejor a las mujeres que están en esta situación.
Séptima medida, y muy importante: necesitamos colaboración de todas las Fuerzas de Seguridad. Por ello, el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del Convenio Marco de Colaboración, deseamos que los Cuerpos de Policía Local puedan participar de forma coordinada y eficaz en el cumplimiento de la vigilancia y de las medidas que suponen las órdenes de protección. Por tanto, cooperaremos con la FEMP, estableceremos a través del Convenio Marco de Colaboración las medidas necesarias para que la Policía Local pueda participar en las tareas, tanto de vigilancia, como de protección de las mujeres amenazadas.
La octava medida tiene que ver con la decisión que hemos adoptado hoy de considerar como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo a las víctimas de violencia de género. Ello conllevará todo un régimen de ayudas económicas y también de ayudas a la formación para la inserción activa en el mercado laboral; es decir que las personas que pierdan un empleo o que no lo tengan y que sufran situación o que sea causa de la situación de violencia de género serán considerados como colectivos prioritarios en las políticas activas de empleo.
Novena, el Ministerio de Trabajo, a través del IMSERSO, establecerá una cobertura total del servicio de teléfonos Teleasistencia a las víctimas de violencia de género que cuenten con orden de protección; no 120, como hay ahora. Todas las mujeres que tengan una orden de protección porque su situación está amenazada dispondrán de un servicio de Teleasistencia para la conexión urgente y rápida con el sistema integral de protección con aquellos policías y guardias civiles que tengan asignada la protección de las mismas, y para que estos mismos puedan también desatar la respuesta unitaria de todo el sistema de seguridad cuando se produzca una situación de emergencia.
Y décima medida: el Gobierno instruirá a sus Delegados y Subdelegados del Gobierno en cada una de las provincias en el seguimiento permanente de la situación de riesgo de este colectivo y en la exigencia del cumplimiento de todas las medidas que aquí están establecidas.
Por tanto, como ven ustedes, diez medidas. Queremos que tengan la máxima eficacia. Quiero conducirme con prudencia. Sabemos que éste es un grave fenómeno que durará, como les dijimos hace unas semanas aquí, tiempo resolverlo; que quizá hacer normas es más fácil que cambiar patrones de comportamiento sociológico y cultural pero, desde luego, este Gobierno pondrá todos los medios de que disponemos a disposición del combate de esta situación de violencia intolerable. Estas diez medidas necesitan la cooperación de las instituciones, de los diversos poderes. Estamos convencidos de que todos ellos la van a prestar con la máxima eficacia y entrega.
P.- Yo quería simplemente preguntarle si ha habido algún nombramiento en este Consejo.
Vicepresidenta.- Un montón. Ha habido muchos nombramientos. Luego les vamos a pasar una relación de los nombramientos que ha habido, porque ha habido nombramientos en prácticamente casi todos los Departamentos, de Directores Generales... Por ejemplo, en Justicia ha habido la Directora General de Asuntos Religiosos; en Cultura, el Director del INAEM; ha habido también nombramientos en el Ministerio de Economía y Hacienda, en Fomento... Les pasamos la relación para que luego puedan tenerla ustedes a su disposición y, si quieren hacer ya alguna pregunta concreta sobre algún nombramiento, con mucho gusto les atenderé.
P.- Quería hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. A la Vicepresidenta quería preguntarle si el Gobierno ha evaluado la situación política que se está creando por la confrontación en torno a la investigación del 11 de marzo. En cualquier caso, ¿cuál es su criterio sobre si el horizonte de que esa tensión política pueda mantenerse, o incluso ir a más, entre el Partido Socialista y el Partido Popular puede, a su juicio, de alguna forma deteriorar el Pacto Antiterrorista?
Del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quería que me aclarase una cuestión, sobre la que probablemente yo tenga una información defectuosa, pero tengo entendido que la posibilidad de que se decrete prisión provisional para quienes incurran en los supuestos a los que usted aludía ya estaba contemplada anteriormente. Entonces, quería que me aclarase si hay alguna modificación o dónde está la novedad en este punto.
Vicepresidenta.- Empiezo yo por contestarle a lo que me ha planteado. Ustedes ya saben que para el Gobierno la lucha contra el terrorismo es una absoluta prioridad. Dentro de esa prioridad, además, creemos que es instrumento imprescindible el mantener la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo y en ese sentido el Gobierno va a hacer todos los esfuerzos para que eso se mantenga.
¿El Pacto Antiterrorista? Sobre el Pacto Antiterrorista ya saben ustedes cuál es nuestra posición. Es un pacto que se suscribió a instancias precisamente del hoy Presidente del Gobierno; creemos que es un pacto que ha sido útil y eficaz y que tiene que seguir siendo útil y eficaz y mantenerse en los términos en los que está suscrito.
Es verdad que ahora ha habido una polémica pública, que yo creo que se va a reconducir bien. Ha habido peticiones de los Grupos Parlamentarios sobre la creación de una comisión de investigación en relación con los acontecimientos del 11 de marzo y, aunque ustedes saben que ésta es una decisión que corresponde a las Cortes, desde luego, la posición del Gobierno es que está dispuesto a prestar total colaboración a la Comisión.
Ahora bien, quiero dejarles bien claro cuáles son las prioridades del Gobierno. Las prioridades del Gobierno son, en primer lugar, apoyar en todo a las víctimas y a sus familias; en segundo lugar, detener a los autores materiales de estos hechos; en tercer lugar, prevenir situaciones de esta naturaleza para que no vuelvan a ocurrirse; y, en cuarto lugar, que los ciudadanos tengan la máxima información sobre los hechos, es decir, transparencia.
Como dijo ayer el Presidente del Gobierno, creemos que el marco de esta Comisión de Investigación parlamentaria puede ser el marco razonable para garantizar precisamente esa transparencia y, desde luego, lo que sí que les aseguro es que el Gobierno va a dar todas las facilidades para que los Grupos Parlamentarios puedan hacer su trabajo; es más, les adelanto que el Gobierno está dispuesto a atender las recomendaciones que, en su caso, pueda hacer esa Comisión de Investigación, una vez hayan finalizado sus trabajos.
Sr. Caldera.- Sí está en la Ley, claro. Hemos hablado de que no había cambios formativos, de que éste es un plan de medidas. Lo que ocurre es que apenas se utiliza esa posibilidad. Como sabe, nosotros no podemos dar ninguna instrucción a ningún juez y depende de los jueces la aplicación de esta medida; pero sí se puede interesar del Fiscal General del Estado que en su línea de política criminal, que es la que elabora el Gobierno, se solicite del juez que, cuando se vulneren las medidas cautelares, que cuando se viole la orden de protección o, por ejemplo, la orden de alejamiento, como ya estamos comprobando el grave riesgo que ello tiene, que en muchas de esas ocasiones acaba la situación en violencia, se pueda instar que haya una mayor acción de detención y puesta inmediata a disposición del juez, y en su caso la posibilidad, si los hechos son graves, de ingreso en prisión.
Está en la norma, no se utiliza apenas. Creemos que la situación de riesgo exige tener una visión más diligente en este caso y una actuación más firme. Por ello lo plantearemos a través de las únicas posibilidades que tiene el Gobierno, que es instar del Fiscal General del Estado que dé una instrucción o que inste, a su vez, de los fiscales esta posibilidad, este comportamiento.
Vicepresidenta.- Si me permite, Ministro, para terminar de aclarar este tema, la política criminal la decide el Gobierno. Uno de los instrumentos de política criminal del Gobierno es el Fiscal General del Estado. La manera de relacionarse el Gobierno con el Fiscal General del Estado para darle instrucciones de la política criminal que diseña el Gobierno está prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ésa es la vía que, como señalaba el Ministro, hemos utilizado: el artículo 8. 1 y 2, del Estatuto, que permite que el Gobierno interese del Fiscal actuaciones cuando se trate de asuntos que afecten al interés general. Es evidente que éste es un tema que afecta al interés general. Lo digo porque en el tema de los poderes del Estado, a veces, puede haber algún matiz y es importante que dejemos las cosas claras para no inducir a confusión.
P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta Primera. Primera, en relación a la Comisión de Investigación del atentado del 11 de marzo, me gustaría saber si, en la medida en que la Comisión afecta a la seguridad nacional, el Gobierno considera que debe establecerse algún límite a esa Comisión.
En segundo lugar, respecto al Pacto anti-ETA quería saber ha sido convocado ya el Partido Popular, que parece que no ha sido convocado formalmente a esa reunión del Pacto anti-ETA.
Para el Ministro de Trabajo, respecto al punto número ocho del Plan contra la Violencia de Género, me gustaría que detallase un poco más las ayudas económicas.
Vicepresidenta.- En cuanto a la primera pregunta que usted me formula, los límites de actuación de una comisión de investigación que afectan a temas en los que la Comisión no puede entrar están en la ley que regula el funcionamiento de las comisiones de investigación y están en el resto de las leyes.
Está, por otra parte, en el ámbito del Parlamento el que los miembros que formen parte de esa comisión respeten los límites legales. Es evidente que hay temas que afectan a la seguridad que pueden no ser objeto de análisis por la Comisión de Investigación, pero es cierto también que las Comisiones de Investigación tienen más poderes que cualquier otro instrumento de control parlamentario, pero dentro de unos límites, porque en el Estado de Derecho siempre hay límites a todo.
Puede haber peticiones que haga la Comisión de Investigación que habrá que analizar en cada caso concreto si se pueden solventar, si hay vías legales para solventarlas y si procede hacerlo o no en función de si, por ejemplo, hay una investigación judicial abierta; pero esos límites ya están establecidos. Cuando hay una investigación judicial abierta, a lo mejor, temas que pertenecen al secreto de sumario o que están tramitándose en un sumario no se pueden abordar, por razones obvias, en el ámbito de la Comisión.
Ha habido precedentes ya en el Parlamento de temas de esta naturaleza, pero fuera de lo que no esté protegido estrictamente por la Ley es evidente que lo que pretendemos, y yo creo que lo que pretende todo el mundo, es la mayor transparencia y la mayor información, porque la mejor manera de solventar los problemas es teniendo información y conociendo cuáles son los datos.
En cuanto al segundo tema que me ha planteado, no he entendido muy bien. El Pacto Antiterrorista está convocado, como ustedes saben, para el próximo martes a las doce de la mañana. No sé si me pregunta usted qué vamos a abordar en el ámbito del Pacto.
P.- El Partido Popular esta mañana ha anunciado que no ha sido convocado formalmente a la reunión del Pacto y lo que le preguntaba también era si en el ámbito de la Comisión del Pacto anti-ETA se iba a abordar el tema de la Comisión de Investigación.
Vicepresidenta.- No estará convocado formalmente, pera está acordado entre el Partido Popular y nosotros. Yo hablé con el señor Rajoy y fijamos mutuamente la celebración de la Comisión del Pacto el miércoles a las doce de la mañana. Estamos pendientes de tener una segunda conversación para fijar los contenidos de los temas que vamos a abordar en esa reunión.
Vamos a hablar, evidentemente, de todos los temas que afectan al terrorismo; no sé si de la Comisión de Investigación. La Comisión de Investigación no es en principio el objeto del Pacto Antiterrorista; pero, como ustedes comprenderán, sí se abordarán en el Pacto todos los temas que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo, porque ese Pacto está precisamente para eso y, por lo tanto, trataremos los temas del terrorismo de ETA y los temas del terrorismo internacional que padece en estos momentos este país. Pero es un pacto de lucha contra el terrorismo; lo otro es un instrumento parlamentario.
En cuanto a la convocatoria, tenemos que volver a hablar el Partido Popular y el Gobierno para ponernos de acuerdo, de aquí, al miércoles en los temas, en el orden del día que vamos a abordar en esa Comisión. Pero está cerrado entre el señor Rajoy y yo el que se celebre en esa fecha, porque la cerramos de mutuo acuerdo.
Sr. Caldera.- En cuanto a su pregunta, las políticas activas de empleo, las que existen, a la espera de reformar y de ampliar el marco de protección por ley a las mujeres amenazadas, se trata de aprovechar del mejor modo posible los actuales recursos. No habrá ninguna mujer que sea víctima de violencia o malos tratos que se quede sin ayuda, y por eso se convertirán en objetivos, en colectivos prioritarios, uno, de las políticas activas de inserción, que suponen la concesión de una ayuda económica, y, dos, de las políticas de formación específica para la inserción profesional, para el empleo.
Por lo tanto, lo que hacemos con esta medida es considerar a estas personas colectivo prioritario y, por tanto, no habrá, repito, ningún caso en que exista ausencia de protección económica, aunque sea mínima. Habrá protección económica, la que viene regulada por la Renta Activa de Inserción. Una vez que tengamos la Ley, se podrán instrumentar otras medidas adicionales.
P.- Después de todas las imágenes que hemos visto hoy en los periódicos de esas espeluznantes imágenes en las cárceles iraquíes, ¿el Gobierno, en la reunión de esta mañana, ha tenido ocasión de abordar el tema de las torturas en las cárceles iraquíes? ¿Qué opinión tiene la Vicepresidenta?
Por otro lado, usted ha comentado que hay disposición total del Gobierno para colaborar con la Comisión de Investigación en el Congreso. Mi pregunta es: si el Partido Popular pide la comparecencia del Presidente del Gobierno, ¿hay disposición o no?
Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero que usted plantea, la posición del Gobierno, que ha sido reiterada, es de rechazo y condena absoluta de las torturas de esas imágenes espeluznantes y horrorosas que estamos viendo, de esas torturas y de cualquier tipo de tortura. Que quede claro que el Gobierno no tolera, ni permite, ni consiente. Le parece un absoluto horror y, por tanto, la condena más absoluta.
En cuanto a la Comisión, vamos a ver cuáles son las peticiones que hay. Ya hemos dicho que vamos a tener la máxima disposición de colaboración por parte del Gobierno. Vamos a esperar a que el Parlamento fije su calendario de trabajo y las prioridades, y, a la vista de lo que fije, desde luego, el Gobierno tratará de colaborar de la manera más eficaz posible para que la Comisión lleve sus trabajos a buen término.
P.- ¿En qué se plasmaría exactamente la propuesta que hacía ayer el Presidente del Gobierno de que los Presidentes de las Comunidades Autónomas estén presentes en las reuniones bilaterales entre España y los demás países fronterizos, como pueden ser Francia y Portugal? Por ejemplo, ¿el Lehendakari Ibarretxe estaría presente, por ejemplo, en una reunión bilateral o sería invitado a una reunión bilateral entre los dos países, cuando se reúnan, por ejemplo, el Presidente del Gobierno y el Primer Ministro francés?
Vicepresidenta.- El Presidente del Gobierno lo que dijo ayer, lo que ha querido decir y lo que está diciendo es que se ha abierto una nueva etapa de relación institucional con las Comunidades Autónomas y que vamos a dar participación a las Comunidades Autónomas y a los representantes de las Comunidades Autónomas en los ámbitos internacionales, bien sean bilaterales y también en el ámbito de la Unión Europea, cuando se aborden asuntos que hacen referencia a las competencias de las Comunidades Autónomas respectivas. Eso habrá, en cada caso, que plasmarlo de una forma o de otra, porque va a depender de la agenda y de los temas que se aborden en esas reuniones.
Se ha abierto una nueva etapa política desde la perspectiva del respeto y la participación institucional con el modelo de Estado que nos hemos dado, y el Gobierno quiere implicar a las Comunidades Autónomas, oír a las Comunidades Autónomas y que participen las Comunidades Autónomas en informar y tener conocimiento sobre las decisiones, cuya soberanía en algunas están ya cedidas, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea. Ése es el contenido y el objetivo de la declaración del Presidente del Gobierno.
P.- Señor Caldera, necesitaría una serie de precisiones sobre las medidas contra la violencia de género. La primera es quién va a decidir el nivel de riesgo y el nivel de protección de cada víctima: si va a ser la Policía o van a ser los jueces. La segunda es saber si estos 200 policías y 250 guardias civiles reasignados se van a sumar a los 120 actuales y cuándo. Y la tercera cuestión son otros dos cuándo: ¿cuándo puede entrar la Policía Local a trabajar en la protección de las mujeres maltratadas y cuándo se va a entregar un teléfono móvil a todas las mujeres con orden de protección?
Una última cuestión respecto a la Renta Activa de Inserción que ahora se concede a las maltratadas. Esta ayuda es de 300 euros durante diez meses. Quiero saber si se va a prorrogar, si se van a rebajar los requisitos que ahora se piden para concederla o si está previsto incluso aumentarla.
Sr. Caldera.- Las medidas son las que he explicado. Primero, la situación de riesgo debe ser compartida, como he explicado, porque tiene que haber un mapa de riesgo en el que deben cooperar Fiscalía y Fuerzas de Seguridad. Pero, obviamente, si el juez les indica a las Fuerzas de Seguridad que hay una situación de más riesgo que otra, será atendida prioritariamente la persona que decida el juez que tiene mayor riesgo.
Los policías se sumarán, sin ninguna duda. ¿Cuándo? No se lo puedo precisar. Inmediatamente. Vamos a poner en marcha el proceso de asignación de estos efectivos realizando campañas de divulgación del funcionamiento de estas unidades entre funcionarios policiales y, además, deseamos que estos funcionarios que han de cubrir estas plazas sean funcionarios que se encuentran en situación de segunda actividad, porque eso nos permitirá con mucha mayor rapidez cubrir las necesidades.
¿Policía Local? Ya actúa. De hecho, hay en muchos lugares donde la Policía Local desarrolla un trabajo extraordinario de vigilancia y de protección de estas situaciones. Lo que pretendemos es generalizarlo a través del Convenio existente con la FEMP, para lo cual el Ministro del Interior se reunirá inmediatamente, cuanto antes, con la Federación Española de Municipios y Provincias.
¿Teléfonos móviles? Vamos a extender el sistema de Teleasistencia que tiene ya el IMSERSO. Tampoco le podría decir cuánto se tarda, pero supongo que no tardaremos mucho tiempo. Los operadores con quienes tenemos que concertar el servicio son tres o cuatro, nos dirigiremos a ellos y, por tanto, ahora técnicamente no le puedo indicar si tardaremos quince días, un mes o mes y medio; pero la decisión es ponernos a trabajar desde hoy mismo.
En cuanto al régimen de ayudas, les he dicho que es el existente, porque exige un nivel de reserva legal su modificación. Lo que ocurre es que consideramos a estos colectivos como prioritarios. Por lo tanto, una mujer que hoy sufra violencia de género, tenga que abandonar su domicilio o lo abandone el agresor y no tenga recursos económicos va a tener derecho al acceso prioritario al régimen de ayudas establecidas en este momento, cuales son este caso la Renta Activa de Inserción y, además, a través de los planes específicos de empleo, formación para el empleo.
P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Sobre la petición de España de que la Constitución Europea, efectuada ya ante los órganos de la Unión Europea, reconozca las lenguas cooficiales, quería conocer si nos podía avanzar cómo se encuentran estas negociaciones; si el Presidente del Gobierno ya lo ha planteado en alguno de los contactos internacionales que ha tenido y si se prevé por parte del Gobierno que haya reticencias por parte de algún Estado miembro a esta petición.
En el capítulo autonómico quería conocer también si nos puede avanzar algo de cómo está la agenda del Presidente en materia de recibir a Presidentes autonómicos en Moncloa. No sé si hay un calendario establecido, si hay un orden, si se van a intercalar Presidentes de un signo político o de otro. En todo caso, ¿nos puede avanzar alguna cuestión?
Vicepresidenta.- En cuanto al tema del planteamiento en Europa del reconocimiento y utilización de la lengua catalana y de alguna otra lengua oficial, es evidente que, como dijo el Presidente del Gobierno ya en el debate de investidura, lo íbamos a intentar. Se está ya trabajando en Europa; en concreto, específicamente, por ejemplo, en la Constitución Europea. Ya se ha hecho una propuesta para que la Constitución Europea pueda publicarse en catalán y en el resto de lenguas cooficiales del Estado. No le oculto que no es fácil. Estamos trabajando en ello, está trabajando el Ministerio de Asuntos Exteriores, se están haciendo gestiones, pero no le puedo dar todavía una respuesta; sí que el compromiso hecho por el Presidente del Gobierno se está llevando a cabo. No todavía el resultado, porque le repito que no es un tema que sea fácil.
En cuanto a la segunda pregunta, era el tema de la agenda del Presidente. Hay una agenda ya del Presidente; no la tengo ahora aquí delante, pero sí con la perspectiva de que antes de las vacaciones del verano, haya podido recibir a todos los Presidentes de las Comunidades Autónomas. Ayer recibió al primero de ellos, era el Presidente de la Junta de Extremadura, y yo creo que hay prevista ya para la semana que viene alguna otra entrevista. Le facilitaremos lo que tengamos, porque es que tenga en cuenta que hay que ajustar agendas. No creo que esté hecha la agenda hasta el final, pero sí están hechas, más o menos, las previsiones de que se pueda, dentro de la agenda del Presidente, recibir a todos los Presidentes antes de que lleguen las vacaciones estivales.
P.- Sobre la Comisión de Investigación, ¿cuándo prefiere el Gobierno que se celebre? ¿Antes del verano, como propone el Presidente del Congreso, o dejarlo para el próximo período de sesiones?
En segundo lugar, dado que han nombrado hoy a la nueva Directora General de Asuntos Religiosos, me gustaría saber si ha sido nombrada con algún mandato concreto para buscar acuerdos con las comunidades musulmanas o establecer algún tipo de control de culto, como propone el Ministro del Interior.
Vicepresidenta.- En cuanto a lo de la Dirección General de Asuntos Religiosos, efectivamente hemos nombrado hoy a la Directora General, que es Mercedes Rico Carabias, una diplomática que tiene un expediente fantástico y que es una profesional magnífica. Todavía no ha tomado posesión; tomará posesión cuando salga su nombramiento, que será mañana, en el Boletín Oficial del Estado, la próxima semana.
Pero no quiero dejar de contestar a la pregunta que usted me planteaba y, desde luego, es intención del Gobierno darle instrucciones, que se las dará el Ministro de Justicia, a la Directora General para abordar este tema que está hoy en el debate social, que es atender las peticiones que se han formulado por muchas de las comunidades musulmanas de este país para que, dentro de lo que es fundamental, que es garantizar la libertad religiosa y la seguridad de los ciudadanos, se pueda abordar con el máximo consenso posible alguna reforma similar a la que existe en algunos otros países europeos, dirigida precisamente a garantizar lo que estoy diciendo: la libertad religiosa y la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas, por supuesto, dentro de los límites de la Constitución y con el mayor consenso de todos los Grupos Parlamentarios, con los que abriremos un debate porque es un tema importante.
En cuanto a la otra pregunta, el Gobierno no hace el calendario de las Cortes Generales. Las Cortes Generales son autónomas para decir el calendario que considere oportuno. Lo que vamos a hacer nosotros es colaborar con las Cortes Generales y, por tanto, lo que las Cortes Generales decidan será aceptado por el Gobierno, y lo único que haremos será colaborar y facilitar su labor.
P.- A la Ministra Portavoz. Quería volver sobre el tema de la Comisión de Investigación y es una precisión. ¿Van a buscar alguna fórmula concreta con el Partido Popular para evitar que esa Comisión de Investigación se instrumentalice políticamente y, por tanto, se vulnere el Pacto Antiterrorista, que es una preocupación relativamente extendida entre la ciudadanía?
Una segunda cuestión relacionada ya con el Pacto Antiterrorista en sí mismo. ¿La introducción del problema, del reto, del terrorismo islamismo va a suponer retocar el actual texto pactado con el Partido Popular, o se le va a meter alguna salvedad, o se va a cambiar alguna cosa?
Vicepresidenta.- Empiezo por lo segundo. El Pacto Antiterrorista es un pacto que está suscrito para luchar contra todo tipo de terrorismo. Es verdad que, cuando se suscribió ese Pacto, teníamos aquí sólo un problema fundamental o fundamentalmente un problema de terrorismo de ETA; pero la letra del Pacto permite que dentro del Pacto se aborde cualquier tema que tenga que ver en la lucha contra el terrorismo.
Yo creo que así será como se va a plantear en la próxima reunión del Pacto, que es el miércoles, en la que ningún ciudadano entendería que se reúnan el Gobierno y el principal partido de la oposición en un pacto antiterrorista que ha sido eficaz y que ha permitido luchar contra el terrorismo, y no se abordase el atentado más terrorífico que ha sufrido últimamente este país, que ha sido un atentado proveniente del terrorismo internacional islámico.
A mi juicio, no hay que tocar absolutamente nada para poder abordar en el ámbito del Pacto todas las cuestiones que tengan que ver con el terrorismo nacional o internacional.
En cuanto al segundo tema, desde luego, el Gobierno va a mantener una actitud, como lo ha hecho siempre, cuando estaba en la oposición y, si cabe, más en el Gobierno, porque tiene uno todavía mayor responsabilidad, en los temas antiterroristas. Precisamente una de las finalidades del pacto suscrito es la no instrumentalización partidaria del terrorismo. El Gobierno no lo ha hecho nunca, ni cuando estaba en la oposición lo hizo el Partido Socialista. Y estoy absolutamente convencida de que el Partido Popular va a tener la misma actuación responsable en este tema que hemos tenido nosotros también cuando estábamos en la oposición. No me cabe la menor duda.
Por tanto, yo desde aquí, desde el Gobierno, quiero repetir e insistir en que pondremos todos los medios a nuestro alcance para que la unidad de los demócratas frente a los terroristas se mantenga y, desde luego, estoy segura de que los que formamos parte de este Pacto, del Pacto Antiterrorista, vamos a respetar, como lo hemos hecho hasta ahora, escrupulosamente su contenido y su finalidad.
P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Como hay una cierta confusión al respecto, quería saber si el Gobierno está dispuesto a pagar alguno de los déficits autonómicos, como puede ser el de la Sanidad en Cataluña.
También quería saber la opinión del Gobierno sobre el informe de la Secretaría de Comunicación de la Generalitat en el que analizó el mapa mediático catalán.
Vicepresidenta.- En cuanto a esto último que usted me plantea, lo único que le puedo decir es que la posición del Gobierno en relación con los medios de comunicación es clarísima: transparencia, información y respeto al trabajo de los medios. Punto.
En cuanto a la pregunta que me hacía sobre el tema de financiación autonómica y a algunas declaraciones que ha podido haber o a alguna petición de alguna Comunidad Autónoma para buscar soluciones a los déficit de financiación autonómica que se han producido, ustedes saben que se aprobó un sistema de financiación autonómica del que ya el Partido Socialista en su día dijo que iba a originar problemas. Es evidente que los problemas han salido y hay transferencias que se han hecho que están produciendo y han producido déficit en las Comunidades Autónomas.
Yo creo que la posición que ha expresado el Ministro de Administraciones Públicas es muy clara. Vamos a tratar de buscar soluciones, estamos estudiándolas, estamos hablando con las Comunidades Autónomas y estamos tratando de escuchar los problemas que tienen planteados y vamos a tratar de buscar soluciones. Lo que no significa que hagamos transferencias directas de fondos, que es otra cuestión. Desde el Gobierno vamos a ver cuáles son los problemas que están planteados y los abordaremos.
Saben, además, que nuestro proyecto es paralelamente trabajar en la reforma de los Estatutos que planteen las Comunidades Autónomas y, al mismo tiempo, y ya lo ha dicho también el Ministro de Administraciones Públicas, abrir una línea de trabajo para estudiar la reforma futura de la financiación de esas Comunidades Autónomas. Conocemos los problemas que hay y algunos de los que hay ya los habíamos anunciado.
P.- Quería preguntar a la Vicepresidenta, primero, si el Gobierno está dispuesto o no a desclasificar documentos para entregarlos en la Comisión del 11-M.
En segundo lugar, si en la reunión del Pacto Antiterrorista el Gobierno va a hacer alguna propuesta concreta de reforma legal.
En tercer lugar, el anterior portavoz parlamentario del Partido Socialista pidió al anterior Gobierno de desclasificación de "papeles" relacionados con la guerra de Iraq. Yo quería saber si el nuevo Gobierno ha abandonado esta idea o si mantiene esta posibilidad.
Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, desde luego, si la Comisión de Investigación solicita al Gobierno la desclasificación de algún tipo de documento, el Gobierno está dispuesto a examinarlo.
En segundo lugar, la desclasificación que solicitamos nosotros en su día sobre los "papeles" de la guerra de Iraq. Si en su día la solicitamos es porque creemos que esos "papeles" se puedes desclasificar. No lo hemos abordado, pero es un tema que se puede claramente abordar y analizar.
En tercer lugar, está pendiente de que fijemos el orden del día bilateralmente el Partido Popular y el Gobierno. Está pendiente una conversación entre el Partido Popular y el Gobierno para fijar ese orden del día. Cuando lo tengamos fijado, le comunicaremos los temas que en principio vamos a tratar.
Muchas gracias.