Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días. Muchas gracias a todos y a todas.

Como saben, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil para igualar el derecho de los homosexuales al matrimonio. Estaba en el programa electoral y lo confirmó el Presidente del Gobierno en el Debate de Investidura. El propio Presidente anunció que lo abordaríamos hoy. No es una preocupación nueva. De hecho, desde la oposición ya planteamos numerosas iniciativas --todas ellas rechazadas, por cierto, por la mayoría parlamentaria del momento-- para igualar los derechos de los homosexuales.

Pero es hoy un día importante, no sólo para los millones de ciudadanos y ciudadanas que sufren discriminación por su orientación sexual; en la medida en que eliminamos una discriminación secular que afecta a nuestros conciudadanos, es un día importante también para todos los demás porque juntos estamos creciendo como sociedad. Es un gran día, por tanto, para todos porque ponemos fin a siglos de discriminación. España, junto con Bélgica, se sitúa a la vanguardia de Europa y del mundo en la lucha contra esa discriminación. Los homosexuales no son un pequeño grupo, hay unos cuatro millones en España. Son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo; los tratamos a diario.

La sociedad española puede hacer dos cosas: hacer como si no existieran y pedirles que disimulen su condición o tener valor, reconocer que son ciudadanos como los demás, con sus obligaciones y también con sus derechos. Hoy el Gobierno quiere estar a la altura del valor de la sociedad española y reconocer todos los derechos a los homosexuales: los mismos derechos a la hora de recibir una pensión, a la hora de administrar una herencia, a la hora de solicitar un crédito, a la hora de autorizar una intervención quirúrgica de su pareja y también a la hora de solicitar un hijo en adopción.

Sabemos que este último asunto, la adopción, es uno de los asuntos que esta reforma plantea. Diré tan sólo tres cosas breves: primero, ya hay miles de niños en España que viven con padres homosexuales; segundo, más de cincuenta estudios coinciden en que las diferencias de los niños que crecen en casas con padres homosexuales son inexistentes, es decir, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna prueba que demuestre que los padres o madres homosexuales son peores o que educan peor a sus hijos; y, tercero, la mayoría de los españoles cree que lo que debe primar en la adopción es el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de sus padres.

En coherencia con la reforma del Código Civil que hoy planteamos, el Consejo de Ministros ha aprobado también el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el año 2003 contra el artículo 8 de la Ley del Parlamento vasco sobre esta materia, en concreto, de adopción. Preceptos semejantes al impugnado están ya vigentes en las leyes autonómicas de Navarra y Aragón, y, de ser definitivamente aprobado en el Parlamento el Anteproyecto de Ley que hoy ha visto el Consejo de Ministros, la posibilidad legal de adopción pasará a formar parte también del derecho civil común; razón por la cual no tiene sentido mantener ese recurso. Eso es lo que justifica el desistimiento que hoy hemos aprobado.

Me van a permitir que me aparte del tono impersonal para hablar del tercer acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Ministros. Los ciudadanos damos por sentado el acceso a la información, el conocimiento de la realidad que nos facilitan los medios de comunicación. Mi experiencia profesional me ha aportado muchas cosas a lo largo de mi vida, pero entre las más destacadas está el contacto con la información y sus profesionales que he adquirido durante mis primeros seis meses como Portavoz. Por eso quiero usar hoy deliberadamente expresiones y adjetivos que suelen estar reservados para otras actividades al comunicarles que el Consejo de Ministros ha decidido en el día de hoy condecorar con las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo a los siguientes periodistas: don José Couso Permuy, don Julio Anguita Parrado, don Ricardo Ortega Fernández, don Julio Fuentes Serrano, don Jordi Pujol Puente y don Juantxu Rodríguez Moreno.

Son seis nombres de periodistas, son los nombres de personas que no eligieron ser héroes, pero que tuvieron un comportamiento heroico. Dieron su vida para que estuviéramos más informados, murieron para que fuéramos más libres.

En cuarto y último lugar, quisiera hacer una referencia a la Cumbre hispano-lusa que, como saben, se celebrará hoy mismo en Santiago de Compostela. Señalaré cuatro puntos que el Gobierno quiere destacar por especialmente relevantes:

Primero, las relaciones entre España y Portugal son unas relaciones estratégicas y creemos que deben estar por encima de los cambios políticos en los dos países.

En segundo lugar, hay una gran novedad. Cumpliendo un compromiso del Presidente del Gobierno, están invitados a asistir a la Cumbre los Presidentes de las cuatro Comunidades Autónomas fronterizas. Su participación no tiene el más mínimo sentido partidista y sí un profundo sentido de Estado.

Tercero, además de la agenda que pudiera afectar a las Comunidades fronterizas, España y Portugal comparten una amplia agenda bilateral: Constitución Europea; fondos comunitarios; regiones ultraperiféricas como Canarias y Azores; relaciones con Latinoamérica y con el Magreb; Alta Velocidad; mercado eléctrico; medio ambiente y puertos.

Se trata, en definitiva, no sólo de reforzar aún más las relaciones entre los buenos vecinos, como somos Portugal y España, sino también de mejorar la cooperación entre ambos para ofrecer mejores servicios a nuestros conciudadanos.

Finalmente, les diré que se han acordado también diversos nombramientos, entre los que quiero destacar el del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Manuel Conthe, y del Vicepresidente de dicha Comisión, don Carlos Arenillas. También hay otros nombramientos de Embajadores y del Secretario General de la Vivienda, que se los daremos en la Referencia.

Sr. López Aguilar.- Como ha informado la Vicepresidenta, hoy el Consejo de Ministros ha deliberado acordar el impulso a un Anteproyecto de Ley en el que el Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cumple la palabra dada y, además, lo hace en un aspecto enormemente sensible de nuestro compromiso contraído con la ciudadanía, porque distingue muy bien para qué sirve o puede servir un cambio político.

Cuando se produce un cambio decidido democráticamente por la ciudadanía desde un Gobierno conservador a un Gobierno progresista, cabe exigirle al Gobierno progresista que extienda derechos de ciudadanía y la igualdad con que esos derechos se ejercen y la libertad con que esos derechos se ejercen. Creo que este Anteproyecto de Ley aúna muy bien esos objetivos: extender derechos de ciudadanía y, al mismo tiempo, profundizar la libertad y la igualdad con que esos derechos se ejercen, porque se trata de remover una barrera centenaria o milenaria de desigualdad, siglos de desigualdad negativa y de discriminación contra toda una categoría de personas en función de su orientación sexual.

Precisamente por ello, porque hay personas iguales en su radicalmente igual dignidad a todas las demás, que han visto sin embargo denegados sus derechos y se han visto discriminados en su ejercicio durante mucho tiempo, cabe decir que este Anteproyecto de Ley quiere cumplir la Constitución. Lo hace cumpliendo el mandato del artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a remover todos aquellos obstáculos o barreras que impidan que la libertad e igualdad sean reales y efectivas; cumple el artículo 10.1 de la Constitución, cuando señala que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad son el fundamento del orden político y de la paz social; cumple el artículo 14 de la Constitución, cuando prohibe que puedan establecerse discriminaciones, no sólo por sexo --entre otras consideraciones--, sino también por cualquier otra circunstancia o condición de orden personal o social; y lo hace reconociendo un derecho de ciudadanía, el derecho al matrimonio, a toda una categoría de personas que no lo habían podido disfrutar en nuestro sistema de convivencia, en nuestro orden de convivencia, hasta hoy o hasta el momento en que esta Ley reciba aprobación definitiva por el Parlamento.

Es, por tanto, una iniciativa que quiere acompasar la Ley respecto a la conciencia mayoritaria de los valores que no sólo están en la Constitución, sino que son compartidos en la sociedad. Es una ley que pone en hora el reloj de la letra de la ley con respecto de la conciencia social, que ha ido abriéndose a formas de convivencia y de afectividad que son desarrollo de la personalidad y que están ya presentes entre nosotros, que tienen presencia en nuestra vida de todos los días, en la vida de todos y cada uno de nosotros.

Por tanto, aspira a una meta, siempre abierta y progresiva, la de ir removiendo barreras de desigualdad, para afirmar cada vez mayor libertad de igualdad en el ejercicio de esos derechos. Lo hace acometiendo una reforma de artículos específicos del Código Civil; centrada, naturalmente, en el artículo del Código Civil que define el ejercicio del derecho al matrimonio, su celebración y sus efectos: el artículo 44 del Código Civil. Y extiende, a partir de esa extensión del derecho, sus efectos a las instituciones que están conectadas con el ejercicio del derecho al matrimonio.

Creo que importa subrayar, al menos, tres ideas en la presentación de la iniciativa. La primera es la de que el Gobierno está firmemente convencido de que la iniciativa no solamente es conforme con la Constitución, sino que sirve mejor a la Constitución y a sus valores de lo que lo ha hecho hasta ahora la situación precedente. Es perfectamente conforme a la Constitución que allí donde el artículo 32 de la Constitución dice que el "hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica", leamos con claridad que el mandato de la Constitución es que el matrimonio no pueda significar, en ningún caso, desigualdad jurídica entre el hombre y la mujer.

Eso es lo que la Constitución quiso decir en 1978, rompiendo con una tradición histórica de subordinación de la mujer al hombre a través de la institución del matrimonio. Hasta 1978 la mujer estaba subordinada al hombre por el solo hecho de casarse y subordinaba el ejercicio de muchos de sus derechos de ciudadanía (contratar, comprar, vender...) por el sólo hecho de casarse. La Constitución lo prohibe, pero la Constitución no prohibe que pueda contraer matrimonio el hombre con el hombre ni la mujer con la mujer, y es un principio de interpretación constitucional sólido, en los veinticinco años de jurisprudencia constitucional, que una decisión del legislador democrático que no contradiga frontalmente un precepto de la Constitución es constitucional.

Cabe, por tanto, dentro de la Constitución y es perfectamente constitucional, por tanto, que se abra cauce ahora al ejercicio del derecho al matrimonio del hombre con el hombre, de la mujer con la mujer; es decir, de personas con identidad de sexo en igualdad de derechos a personas con distinto sexo.

Además, creemos que esto cumple mejor la Constitución porque remueve barreras de desigualdad y cumple el artículo 9.2, porque abre fronteras al libre desarrollo de la personalidad --artículo 10.1 de la Constitución-- y también porque está haciendo honor al principio de prohibición de discriminación por circunstancias o condiciones de orden personal o social, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución.

La segunda idea que quiero subrayar es que esta Ley tiene como intención permitir que personas, que hasta ahora no podían, puedan ejercer un derecho en libertad. No va, por tanto, contra nada ni contra nadie. No empeora la vida de nadie; no minora los derechos de nadie; no restringe los derechos, ni la libertad, ni la igualdad de absolutamente nadie; al contrario, extiende derechos que ahora van a ser ejercitados en libertad a personas que antes no podían disfrutarlos porque no los tenían reconocidos.

Con esto se quiere decir, igualmente, que es una iniciativa que no quiere confrontación con ningún sector de la sociedad sino, por el contrario, corresponderse con lo que es un sentimiento ampliamente mayoritario: el de tolerancia con respecto de formas de afectividad y de convivencia, que son legítimas, que son reales y que están presentes entre nosotros.

Finalmente, la idea de que esta opción legislativa no es tampoco restrictiva de ninguna otra, porque existen en nuestra sociedad, libre, abierta, plural y pluralista distintas formas de convivencia, y es bueno que la Ley dé cuenta de las distintas formas de convivencia: el matrimonio; uniones estables de pareja; en su caso, uniones libres, o vida individual, en solitario. Todas son opciones perfectamente legítimas, obedientes al libre desarrollo de la personalidad de cada cual.

Quiere decirse con ello que ahora será posible que haya matrimonios heterosexuales y matrimonios homosexuales, como será posible que haya parejas de hecho, cuyos efectos no serán exactamente equivalentes a los del matrimonio, porque para eso estamos hablando de formas de convivencia libremente disponibles. Lo que importa realmente es que cada una de esas opciones sean consecuencia de una decisión libre de cada cual y no imposiciones del legislador o de la Ley que las restringen sobre criterios o prejuicios que no tengan ningún fundamento constitucional.

Desde el punto de vista del objeto de la Ley, finalizo adelantando que la iniciativa se contrae a artículos del Código Civil, que es de lo que se trata. El Código Civil actúa en nuestro ordenamiento como derecho común regulador de los derechos de la personalidad y las libertades de la personalidad. Por tanto, es lo que hay que acometer para que, a partir de ahí, la nueva regulación irradie sus efectos sobre las instituciones conexas con el matrimonio.

Se va, por tanto, a modificar el artículo que define el régimen del ejercicio del derecho al matrimonio, pero no se modifica expresamente ninguna otra institución que colateralmente pueda estar conectada con el matrimonio, como la patria potestad, la afiliación, la sucesión o la adopción. Pero el mensaje es claro: en la medida en que algunas de estas instituciones hablen del matrimonio, la extensión del derecho a las personas del mismo sexo queda, por tanto, irradiada hacia esas instituciones también. De manera que, aún no tocándose ningún artículo del capítulo del Código Civil dedica a la adopción, queda claro que a partir de la aprobación de esta Ley la adopción será también un procedimiento del que puedan ser parte personas homosexuales, tanto individualmente, como casados, es decir, en pareja.

Es importante saber que actualmente las personas homosexuales pueden ser parte de un procedimiento de adopción; es importante saber también que los derechos en el procedimiento de adopción son los del menor: derecho a recibir amparo, protección, ayuda y afecto de aquella persona que pueda mostrarse disponible y voluntaria a los servicios sociales que vehiculan el procedimiento.

Los derechos involucrados son, por tanto, los derechos del menor y actualmente las personas homosexuales pueden ser parte de un procedimiento de adopción; pero es evidente que en matrimonio o en pareja no pueden hacerlo ahora. Podrán hacerlo a partir de la aprobación de esta Ley sin necesidad de tocar ningún artículo relativo al capítulo específico de la adopción en el Código Civil, y podrán hacerlo por una extensión pura y simple del principio de igualdad y del principio de libertad, que va a quedar fortalecido con esta iniciativa legislativa que ahora ponemos en curso.

P.- Quería preguntarle al Ministro de Justicia si esta Ley puede agravar el enfrentamiento con la Iglesia Católica, ya que se ha opuesto radicalmente a esta modificación.

A la Vicepresidenta quería preguntarle si se ha retrasado la Ley de Tasas, que había prometido el Vicepresidente Solbes.

Por último, ¿cuál es la reflexión del Gobierno sobre el malestar que se ha producido en Cataluña por la congelación de las inversiones del Estado en esta Comunidad, como contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos?

Sr. López Aguilar.- Permítame afirmar que el Gobierno coopera intensa y positivamente con la Iglesia Católica y con otras confesiones. Lo hace porque es su deber, de acuerdo con la Constitución, y lo hace por convicción, porque la Constitución por primera vez afirma la aconfesionalidad del Estado --lo hizo la Constitución republicana de 1931 en unos términos muy distintos a los que lo hace la Constitución de 1978--; porque precisamente, inmediatamente después, la Constitución ordena a los poderes públicos cooperar con la Iglesia Católica y con otras confesiones, precisamente en respeto de la libertad religiosa. Por ello, el Gobierno coopera con la Iglesia Católica y no da, por tanto, por buena la idea, en absoluto, de que haya un conflicto abierto o una confrontación, como usted ha dicho, con la Iglesia Católica.

Esta iniciativa, como he subrayado, no va contra nada ni contra nadie y, desde luego, no minora, en absoluto, la relación que el Gobierno y el Estado mantienen con la Iglesia Católica y con los que profesan esa religión en legítimo ejercicio de su libertad religiosa. El Gobierno cumple sus compromisos con la Iglesia Católica establecidos en los Acuerdos de 1979, uno de los cuales es el que precisamente explica que el matrimonio canónico sea válidamente reconocido por la ley civil y también su disolución, y sus efectos son reconocidos también en la legislación civil. Eso está absolutamente salvaguardado. Nada ni nadie va a tocar eso.

En España las personas que confiesen la religión católica tiene perfecto derecho a contraer matrimonio de acuerdo con el rito sacramental y tienen perfecto derecho a apostar, por tanto, por contraer un matrimonio que ellos estiman, de acuerdo con su fe, único e indisoluble. Pero en España hay también personas que tienen legítimo derecho a profesar su libertad religiosa con otra orientación, o a no profesar ninguna, o a profesar una orientación religiosa que no condicione el ejercicio de sus libertades civiles. Y el legislador democrático tiene el deber de regular el matrimonio en la legislación civil en una sociedad abierta, libre y pluralista, abriendo opciones para las distintas actitudes con que esos derechos se ejercen. Es por ello, por tanto, que esta Ley no busca ninguna confrontación, ni la espera, con la Iglesia Católica.

Vicepresidenta.- Yo quisiera añadir un poquito una cosa a lo que acaba de decir el Ministro, porque a veces se utiliza un argumento por parte de la Iglesia y de algunos otros sectores, que sostienen que la legalización del matrimonio homosexual supone el fin de la familia. Por el contrario, pienso que supone reforzar la institución familiar porque extiende los beneficios de la familia a todas las personas, sea cual sea su orientación sexual.

En cuanto al tema que usted me ha planteado, la Ley de Tasas no es que se haya retrasado. Sabe que la LOFCA contempla que las Leyes se vean dos veces en el Consejo de Ministros. Ha habido hoy un informe del Vicepresidente Segundo y se aprobará el próximo viernes.

En cuanto al segundo tema que usted me plantea, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005, que ya está en el Parlamento, no recoge la foto final de la actividad inversora que va a realizar este Gobierno, dado que en el proceso de negociación parlamentaria puede haber lugar para modificaciones y ampliaciones del Capítulo VI, el de inversiones. Además, el Gobierno está estudiando mecanismos complementarios para poner en marcha todos los proyectos de infraestructuras, incluyendo fórmulas ya utilizadas por anteriores Gobiernos. Entre otras, se baraja incluir los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio, según la Ley 13/96.

En cualquier caso, lo que sí quiero decir es que el Gobierno va a cumplir con todos y cada uno de los compromisos concretos en materia de construcción de carreteras y el resto de proyectos de infraestructuras. Y con total transparencia informará, con independencia de la fórmula concreta para su financiación que se baraje, que se está estudiando en estos momentos, sobre los proyectos a emprender y la inversión a realizar el próximo año la Ministra de Fomento.

Ya le puedo anunciar que el próximo martes la Ministra de Fomento hará una rueda de prensa, comparecerá ante todos ustedes y les dará información más detallada, poniendo ya la foto final.

En cualquier caso, sí quería decir, con respecto a Cataluña y con respecto a las informaciones que han salido, elaborando un índice de base 100 para el conjunto de España, Cataluña alcanza el valor de 99,0, lo cual implica que en Cataluña el Estado invierte per cápita prácticamente lo mismo que en el conjunto del Estado, y que hay algunas inversiones que incrementan mucho su presupuesto, como es por ejemplo Educación y Ciencia, que se incrementa en más de un 80 por 100, ya que pasa de 3,3 millones --me parece-- a 6,4 millones de euros. Pero, en cualquier caso, me remito a lo que le he dicho al principio de mi intervención.

P.- Antes de ser Presidente del Gobierno el señor Rodríguez Zapatero reiteró varias veces que sólo se abordaría la cuestión de la adopción por parte de parejas homosexuales si existía un amplio consenso político y social. Me gustaría saber si usted considera que ya existe ese consenso político y social para abordar esta cuestión.

En segundo lugar, también me gustaría que nos explicara cómo ha quedado la cuestión de la regulación de la violencia de género después de las modificaciones que se introdujeron ayer en la Comisión.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, le diré que los datos que conocemos indican que hay una mayoría de españoles que están de acuerdo. Confiamos, además, en que a lo largo del debate parlamentario que habrá en el Congreso y en el Senado en torno a la Ley incluso esa mayoría se incremente porque, cuando se informa y se explican todos los datos, es verdad que el nivel de apoyo aumenta y porque, además, todos los estudios científicos que se conocen al respecto demuestran que no hay perjuicios para el niño; más bien al revés, son beneficios. Ése es uno de los elementos que ha tenido el Consejo de Ministros y que avalan la posición que mantuvo el Presidente del Gobierno.

En cuanto al tema de la Ley de Violencia, quiero expresar una vez más la importancia que tiene esta Ley y la posición que ha mantenido el Gobierno desde el primer momento. Lo dijimos: es una ley que tiene por objeto proteger a las mujeres, combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y, por tanto, es una ley en la que ése es su objetivo fundamental; que, no obstante, estábamos dispuestos, y así lo ha expresado el Grupo Parlamentario en el Congreso, a que la Ley se mejorase técnicamente todo lo posible; que estamos abiertos a un consenso, y eso es lo que se ha producido.

Lo que se ha producido, según tengo entendido, es que ha habido enmiendas que se han incorporado --bastantes, de tipo técnico-- que mejoran toda la Ley, y, por tanto, estamos satisfechos con ellas.

También es verdad que ha habido una enmienda que parece que ha dado lugar a alguna confusión, que quiero aclarar porque, cuando nosotros dijimos que estábamos dispuestos a consensuar la Ley ,era sin que la Ley perdiera su espíritu y su filosofía, que es una ley de protección de la mujer que sufre la violencia. Pues bien, de las enmiendas que se han incorporado ninguna de ellas rompe esta filosofía, ni la enmienda transaccional penal que se ha introducido.

Saben ustedes que todo el debate se centró en el tema penal. Pues bien, el tema penal se ha mejorado técnicamente y bien es cierto que, al hilo de las enmiendas técnicas que en el ámbito penal se han introducido, se ha introducido también una enmienda al tipo penal que permite equiparar la pena agravada en supuestos de violencia, como están en la Ley de la Violencia, a personas especialmente vulnerables. Eso ¿qué significa? ¿Que cambiamos la filosofía de la Ley y esas personas especialmente vulnerables están dentro del ámbito de la Ley de Violencia que protege a la mujer? No. Lo que significa es que, al modificar el tipo, se introduce una agravante, porque es una modificación del Código Penal, para esas personas especialmente vulnerables y, por tanto, tendrán la protección penal, pero no la protección, digamos, de una ley que va dirigida a proteger a las mujeres cuando sufren violencia.

Por lo tanto, la filosofía de la Ley no se ha roto. Lo que hemos hecho es mejorar técnicamente e introducir una agravante nueva, igual que la que existe para las mujeres.

P.- Quería saber si tienen una idea de cuántas personas se van a beneficiar de esta Ley, teniendo en cuenta que en otros países europeos en los que se permite el matrimonio entre homosexuales parece ser que el porcentaje de personas que optan por el matrimonio es bastante bajo.

Vicepresidenta.- Yo no sé si el Ministro tendrá algún dato, pero creo que hay cuatro millones de personas en España y habrá que dejar que libremente adopten la decisión que consideren oportuno. A lo mejor pasa igual que lo que ocurrió con el divorcio, que al principio no se divorciaba nadie y luego ya ve usted que fue incrementándose. Pero yo no sé si el Ministro tiene algún dato.

Sr. López Aguilar.- Lo único que importa en el momento de adoptar la decisión es por qué la adoptas y a este respecto hay una cuestión de principio, que he intentado subrayar: se trata de extender la libertad con que se ejercen los derechos eliminando barreras que nosotros estimamos que no son compatibles con la Constitución. Por tanto, lo importante es el principio y el principio es remover la desigualdad y extender la libertad a la hora de elegir o no el derecho al matrimonio. Pero el derecho al matrimonio sigue siendo eso, un derecho, nunca un deber ni una obligación.

Existen en España 11.000 parejas homosexuales censadas. Es evidente que el conjunto total de la población que pueda tener una orientación homosexual es muy superior. Pero la finalidad de la Ley no es cuantitativa sino, sobre todo, hacer honor a una cuestión de principio. La experiencia pone de manifiesto, sin embargo, que en aquellos países avanzados, aquellas democracias avanzadas, que han establecido el matrimonio homosexual, la presencia del matrimonio homosexual acaba siendo, porcentualmente, muy análoga a la presumida presencia de la población homosexual en el conjunto de la sociedad. Tanto en Bélgica como en Holanda, donde se ha establecido el matrimonio homosexual en el inicio de esta década, el porcentaje de matrimonios homosexuales alcanza el 10 por 100 con respecto del total. Bien es cierto que el matrimonio está descendiendo en su cantidad total, pero en todas las sociedades.

El matrimonio hoy en día es una opción más de convivencia de entre las disponibles y en las sociedades escandinavas, en las sociedades nórdicas, el matrimonio es una opción minoritaria a la hora de formalizar la convivencia, siendo mayoritaria la unión libre de pareja o las uniones civiles que tengan algún tipo de reconocimiento registral.

Por tanto, el matrimonio homosexual muy presumiblemente acabará teniendo la misma significación porcentual respecto del total de matrimonios que representa la población homosexual respecto del conjunto de la población.

P.- Al Ministro de Justicia quería preguntarle, por un lado, qué órganos preceptivos tienen que informar el Anteproyecto y cuándo estima que los homosexuales podrán contraer matrimonio.

Por otro, ¿han estimado cuántos menores que actualmente conviven ya en una familia homoparental se podrían beneficiar de esta norma?

Y, teniendo en cuenta que los españoles actualmente casi no acuden a la adopción nacional porque no hay niños que adoptar, ¿hay algún país a las que las parejas homosexuales podrían acudir para adoptar como matrimonio o qué han pensado, si no es así, hacer para que eso sea posible?

Sr. López Aguilar.- En primer lugar, no hay órganos preceptivos que deban dictaminar la iniciativa, porque es exclusivamente una reforma de artículos del Código Civil, esencialmente el artículo 44 y sus concordancias. Pero el Gobierno ha estimado oportuno someterlo a consulta del Consejo de Estado.

En segundo lugar, el número de familias monoparentales que en estos momentos puedan tener en custodia o en adopción a un menor tratándose de una persona homosexual es muy difícil de establecer, no obra en el conocimiento previo del Gobierno. Lo que sí tenemos es la certidumbre, la tiene todo el mundo, de que indudablemente personas homosexuales, porque nada ni nadie puede impedírselo porque lo contrario sería inconstitucional, pueden acudir a ser parte de un procedimiento de adopción con total legitimidad. En la medida en que puedan acreditar, a través de los procedimientos de idoneidad, estabilidad personal, emocional y ganas de dar cariño, protección, amparo, al libre desarrollo de un menor que lo necesite, y hay millones de niños que lo necesitan en el planeta Tierra, es evidente que hay personas homosexuales que han acudido a procedimientos de adopción y, por tanto, están en esa situación de familia monoparental con hijo o hija adoptado.

Pero es también perfectamente posible que en el curso de esa relación de adopción exista una convivencia homosexual. Por tanto, hay también evidencia, certidumbre sociológica, de que hay menores que están viviendo en una relación de adopción con respecto de alguien que tenga una convivencia homosexual, tanto en el momento de la adopción, como sobrevenida después en el tiempo. Esto es un hecho y negarlo no sería otra cosa que un ejercicio de hipocresía, y ponerle barreras sería, a nuestro juicio, actuar contra la Constitución, es decir, establecer discriminaciones incompatibles con la Constitución.

Finalmente, la adopción internacional es, efectivamente, una cuestión en la que hay que ser claros y el Gobierno va a serlo. Va a hacer también pedagogía a la hora de explicar la iniciativa. Nuestro Código Civil tiene un título preliminar, que es el que delimita el ámbito de aplicación territorial de las leyes civiles del Estado, es decir, de las leyes que rigen el ejercicio de los derechos de la personalidad, y ese ámbito de aplicación territorial es, evidentemente, el territorio español. Por tanto, el Código Civil se aplica de los nacionales españoles en el ejercicio de las relaciones de la personalidad y de aquellos que tengan residencia en España. Por tanto, el capítulo que la adopción dedica al Código Civil se aplica territorialmente en España, respecto de los nacidos en España y de las adopciones que tengan lugar en España.

Pero, lógicamente, cuando se acude a un procedimiento de adopción internacional, la Ley que rige a la persona que se adopta es la Ley del país de procedencia, del país de origen, y éste es un ámbito que no es alcanzable al legislador español. Nada puede exigirnos que modifiquemos la Ley de un país tercero. Lo que sí podemos garantizar es que la Ley española no tenga discriminaciones.

Y, en cuanto a la necesidad de establecer a través de las relaciones diplomáticas y bilateral una explicación de esta Ley, tenga por seguro que el Gobierno se empleará para explicar esta Ley a aquellos países que tengan claramente preferencia entre los españoles como países de adopción de niños originarios de esos países. La experiencia también nos dice --nos lo está diciendo en el caso de Holanda y de Bélgica-- que esto se puede hacer en términos absolutamente positivos y pacíficos, sin que tenga ninguna consecuencia con respecto de los expedientes de adopción en curso. Quiero decir con ello que Holanda y Bélgica han establecido el matrimonio homosexual, y ciudadanos holandeses y belgas están siendo parte de procedimientos internacionales de adopción, sin que esta modificación legislativa en sus respectivos códigos civiles haya tenido ningún efecto negativo sobre los procedimientos de adopción en curso.

P.- Al Ministro de Justicia. Ya nos ha dicho que no hay exigencia legal de enviar la Ley a informe, por ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial; pero le quería preguntar si hay alguna decisión política para no hacerlo o cuál es la explicación .

Sr. López Aguilar.- El Consejo General del Poder Judicial tiene una función consultiva absolutamente contraída por la Ley Orgánica del Poder Judicial a las materias que le conciernen: organización judicial, legislación penal y penitenciaria y, en algún caso, derechos fundamentales que se ejercen a través del procedimiento judicial; pero no tiene una competencia consultiva general.

El órgano consultivo con carácter general que la Constitución establece para el Gobierno es el Consejo de Estado y el Gobierno puede, en algunos casos, decidir si remite el texto a consulta o no, y en otros casos está obligado a hacerlo. En esta ocasión es también para el Gobierno facultativo hacerlo, es potestativo, se podría hacer o se podría no hacer; pero, en todo caso, no existe ninguna obligación de enviarlo al Consejo General del Poder Judicial porque afecta exclusivamente a algunos artículos del Código Civil.

P.- Quería pedirle al Gobierno una valoración sobre el primer debate que se ha producido entre los dos candidatos en las elecciones americanas.

Vicepresidenta.- Ya sabe que desde el Gobierno no vamos a entrar a hacer valoraciones sobre unas elecciones que se están realizando en un país democrático, como Estados Unidos --en ningún país, vamos--, y, por tanto, desearle, como siempre hacemos desde aquí, el mayor éxito a los candidatos en esas elecciones y que sean los ciudadanos estadounidenses los que decidan quién es el mejor. No vamos a hacer valoraciones.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. La primera, el Gobierno vasco una vez más ha descontado el Cupo. Quería pedirle la posición del Gobierno central ante este asunto.

En segundo lugar, ¿el Presidente del Gobierno va a acudir el 15 de octubre al homenaje a Companys, en Barcelona?

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, le diré que desde que llegamos al Gobierno este Gobierno ha manifestado su mejor disposición a resolver el problema del Cupo que existe con el País Vasco. Hemos estado hablando en diversas ocasiones. No ha habido acuerdo, pero yo quiero volver a señalar que seguimos teniendo la mejor disposición, como Gobierno, para resolver este problema. El tema del Concierto y el tema del Cupo son un tema que hay que adoptar de mutuo acuerdo. No es una decisión que se deba adoptar de forma unilateral, sino de forma concertada. Y le repito: estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y, desde luego, vamos a seguir poniendo todo lo que esté de nuestra parte para solucionar esa situación.

En cuanto al segundo tema que me dice usted, lo del día 15, en estos momentos no me consta, pero no tengo tampoco la agenda del Presidente. Pero, en principio, no me consta.

P.- Para el Ministro de Justicia. Hace unos meses usted se mostró partidario de revisar algunos aspectos --dijo textualmente-- de los acuerdos Iglesia-Estado en unas declaraciones televisivas; sí, seguro. Hace poco el Presidente del Gobierno dijo que no se iban a revisar los acuerdos básicos. Me gustaría saber cómo casan ambas declaraciones; es decir, si hay algo a revisar que pueda no considerarse básico de los acuerdos Iglesia-Estado.

A la Vicepresidenta quería preguntarle si, al hilo del tema de las infraestructuras en Cataluña, una de las fórmulas que se están negociando es la firma de convenios entre el Gobierno y la Generalitat, de modo que el Estado financie total o parcialmente infraestructuras de competencia catalana.

Sr. López Aguilar.- Tengo en estos momentos la responsabilidad de la cartera de Justicia y anteriormente la tuve como Secretario de Libertades del Partido Socialista, entonces en la oposición, y participé de la elaboración del programa. Consta en el programa que nuestro compromiso es respetar los acuerdos con la Iglesia, porque no hay ningún compromiso expreso en el programa dirigido a revisar o a denunciar, dado que tienen naturaleza de Tratado Internacional, los Acuerdos suscritos entre el Estado y la Santa Sede en 1979.

A partir de ahí, estamos convencidos de que es posible interpretar los cuatro Acuerdos constitucionalmente, de acuerdo con la Constitución. Desde luego, el Gobierno socialista quiere cooperar positivamente con la Iglesia y las demás confesiones, por supuesto, garantizando la observancia de la Constitución. En el capítulo económico-financiero y en el capítulo educativo hay aspectos que deben ser conversados en el curso de la Legislatura y estamos convencidos de que ello se puede hacer de acuerdo con los parámetros de la Constitución.

El Presidente del Gobierno ha adelantado, lógicamente, su disposición a llevar adelante la realización de sus compromisos para la Legislatura cumpliendo la palabra dada, sin que veamos necesidad de denunciar o de renegociar los Acuerdos con la Santa Sede, en la medida en que estamos convencidos de que es posible interpretar aquellos puntos que deben ser dialogados o donde puedan surgir en algún momento controversias, como puede ser el capítulo educativo, de acuerdo con la Constitución. Es lo que nos proponemos hacer.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema que me ha planteado, como he dicho antes respondiendo a una pregunta de un compañero, ahora mismo el Presupuesto entra en una fase de negociación en el Parlamento y, por tanto, ahí no voy a concretar, ni afirmar, ni negar, ninguna de las fórmulas a las que se pudiera llegar en un supuesto pacto parlamentario.

En cuanto al otro tema, ya le he dicho que el Gobierno lo que está buscando son otros elementos para financiar las infraestructuras, de acuerdo con otros instrumentos que ya se han buscado en el pasado; pero es al margen de la negociación. Pero eso lo veremos en los próximos días y, en cualquier caso, como les decía antes, los detalles finales de la foto final se los dará la Ministra de Fomento el próximo martes.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber si el Gobierno ha decidido ya la fecha en la que se va a celebrar el referéndum para ratificar la Constitución Europea.

Por otro lado, ¿nos puede dar algún detalle del intercambio epistolar que ha habido entre el Presidente Bush y el Presidente Rodríguez Zapatero después del malestar que causó en Washington la sugerencia del Presidente español de que sería buena una retirada de tropas españolas de Iraq.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, creo que la próxima semana comparece el Ministro de Asuntos Exteriores en la Comisión Mixta en la Unión Europea y ahí se va ya a cerrar definitivamente, aunque ya está hablada con los portavoces, la fecha, que será en el mes de febrero. Probablemente, va a ser el día 20; pero tiene que ser el Ministro con el resto de los Grupos Parlamentarios y lo hará, casi con toda seguridad, la semana que viene. Quedará cerrada la fecha y quedará cerrada ya la formulación de la pregunta.

En cuanto al otro tema, lo único que le puedo decir es que las relaciones del Gobierno de España con el Gobierno de Estados Unidos son unas relaciones absolutamente, repito, de aliados y amigos, en donde, cuando ha habido algún malentendido, se ha aclarado; pero nada más. Sigue siendo una relación de aliados y amigos, y, cuando en esas relaciones a veces ha habido algún malentendido, se ha aclarado, que es lo que ha ocurrido en este caso.

Muchas gracias.