Rueda de Prensa

Viernes 25 de julio de 2003


Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia.

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de hoy remitir a las Cortes Generales los Proyectos de Ley de Empleo y de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. El Consejo también ha aprobado el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que tendrá como principal objetivo garantizar la igualdad de oportunidades para los discapacitados. El Programa tiene previsto invertir 120 millones de euros en la ejecución de este Plan a lo largo del próximo trienio. Asimismo, se le ha dado luz verde al II Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. Este Programa incluye más de doscientas actuaciones encaminadas principalmente a fomentar la participación, el empleo y el acceso a los recursos sociales existentes de los colectivos más vulnerables. Por último, el Consejo ha aprobado un crédito presupuestario de doce millones de euros para el Programa de personas mayores dependientes en su hogar.

El Ministro de Trabajo les detallará a continuación los principales aspectos recogidos en estos proyectos.

En otro orden de cosas, el Consejo ha acordado iniciar la tramitación para modificar algunos aspectos de la Ley de Reproducción Humana Asistida, con el objetivo de resolver el problema de la acumulación de embriones sobrantes en los procesos de fecundación in vitro en España. A través de esta modificación legislativa, sobre la que les informará ampliamente la Ministra de Sanidad, el Gobierno atenderá las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y del Comité Asesor de Ética de Ciencia y Tecnología.

El Consejo ha aprobado, asimismo, el Real Decreto sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Este Real Decreto incorpora en el ámbito de los procesos de enjuiciamiento rápidos las previsiones necesarias a las que debe ajustarse el procedimiento para la tramitación de las solicitudes que aseguren el derecho de asistencia letrada y defensa, y representación de quienes acrediten insuficiencia de medios económicos. La nueva normativa prevé que, en el ámbito de justicia gratuita y en ese tipo de procedimientos, sea un único letrado el que preste asistencia desde la detención, si la hubiera, hasta la finalización del proceso.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, que introduce una notable reforma en el funcionamiento y organización de la Abogacía General del Estado en sus tareas de asesoramiento y defensa en juicios de intereses públicos. La nueva normativa unifica y clarifica la normativa insistente que regula la actuación profesional de los Abogados del Estado.

Se ha aprobado también en la reunión de hoy un Real Decreto por el que se modifica la estructura orgánica del Ministerio del Interior y se crea el Observatorio de Seguimiento del uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones criminales de traficantes de drogas ilegales y blanqueo de capitales. El Observatorio, que quedará adscrito a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se encargará del seguimiento y análisis del uso ilícito de las nuevas tecnologías, coordinando sus actuaciones con otras entidades y organismos nacionales y extranjeros, especialmente con los de la Unión Europea.

En el área de Fomento el Consejo ha aprobado la licitación de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los siguientes tramos de autopista de peaje en la Red de Carreteras del Estado: Madrid-Toledo, circunvalación de Alicante, Cartagena-Vera, Porbayón-Zurita y Ocaña-Ronda. La inversión prevista para estas obras será de 1.914 millones de euros.

Por otra parte, se ha autorizado la licitación de las obras de plataforma del tramo Xátiva-Novelé de la línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. El presupuesto de licitación de las obras será de 59,3 millones de euros y el plazo de ejecución de las mismas de veinticuatro meses.

Asimismo, el Consejo ha tomado razón de las obras de emergencia que se desarrollarán en distintos tramos de carreteras en Asturias, Las Palmas y Soria. Estas actuaciones, que afectan a la estabilización de taludes y la reconstrucción de calzadas, supondrán una inversión total de 47,8 millones de euros.

El Consejo ha autorizado la modificación del Convenio de gestión directa celebrado entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Hidroguadiana para impulsar nuevas actuaciones en la provincia de Huelva. Las obras, que supondrán una inversión de 44,8 millones de euros, consistirán en la mejora del abastecimiento de agua en la ciudad de Huelva y su área de influencia. Estas actuaciones complementarán los trabajos que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente para solucionar los problemas surgidos en esta provincia andaluza, bajo la filosofía del Plan Hidrológico Nacional.

Por último, el Consejo ha aprobado un programa para reducir de manera progresiva la contaminación atmosférica, la lluvia ácida y el aumento de ozono antes del año 2010. Con la puesta en marcha de este programa, que se revisará anualmente hasta el año el año 2006 y a partir de ese año bienalmente, España cumplirá con los objetivos establecidos en la Directiva sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos para proteger el medio ambiente y la salud humana. Las medidas incluidas en el Programa para reducir las emisiones de estos contaminantes se enmarcan, principalmente, en los sectores energético, industrial, de transporte y agrario.

En materia de personal, en el área de Justicia hay varios Reales Decretos por los que se nombran Fiscales Jefes de Sala del Tribunal Supremo a don José Leopoldo Aranda Calleja, a don Rogelio Gómez Guillamón, a don Juan José Martín-Casallo López, a don Luis Navajas Ramos y a doña Pilar Fernández Valcárce.

Hay otro Real Decreto por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala a don Rafael Valero Oltra y se le nombra Fiscal Inspector Jefe; otro Real Decreto por el que promueve a la categoría de Fiscal de Sala a don Antonio Salinas Casado y se le nombra Fiscal de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción; otros Reales Decretos por los que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a don Eduardo Fungairiño Bringas; Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a don Ildefonso Royos de las Heras; Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a don Vicente Máximo Garrido García; Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a don Andrés López Mora; del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a don José María de Mena Álvarez; del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a don Jorge Sena Argüelles; del de Navarra a don Francisco Javier Muñoz Cuesta; del de la Comunidad Valenciana a don Enrique Beltrán Ballester; del de la Comunidad de Madrid a don Manuel Moix Blázquez, y Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a don Manuel Marchena Gómez.

En el área de Defensa se nombra Fiscal de la Sala V del Tribunal Supremo al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Jesús Fernando Ortega Salas. En el área de Sanidad se nombra Director General de Farmacia y Productos Sanitarios a don Fernando García Alonso y en el área de Economía se nombra Director General de Política Económica a don José Luis Pascual Pascual.

En cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno del 28 de julio al 1 de agosto, son las siguientes: el lunes, día 28, recibirá a las 11 al Presidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y a las 17,30, al de la Rioja, don Pedro Sanz; el martes, día 29, a las 11, recibirá al Presidente de la Región de Murcia, don Ramón Luis Valcárcel; el miércoles, día 30, a las 11, al Presidente del Gobierno de Canarias, don Adán Martín, y a las 17,30, al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, don Miguel Angel Revilla; el jueves, día 31, a las 10 horas, al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, don Juan Jesús Vivas, y a las 12 horas, al Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, don Juan José Imbroda, y a las 18 horas, al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y el viernes, día 1, a las 9,30, presidirá la reunión habitual del Consejo de Ministros.

Sr. Zaplana.- De los asuntos que ha referido el Vicepresidente del Gobierno y de los que voy a darles cuenta, lo haré de la forma más concreta y breve posible, porque son varios. De algunos, además, ya he tenido la ocasión y la oportunidad, en concreto el primero de los que les voy a hablar, de informarles en otra ocasión.

Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado, como refería el señor Vicepresidente, el Proyecto de Ley de Reforma del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. Ya había informado previamente al Consejo de Ministros en una sesión anterior y en este caso cuenta con los informes preceptivos de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que además elogia en su informe el texto.

Ya saben ustedes que se trataba de atribuir a los abuelos un papel relevante en las situaciones de crisis matrimonial. Brevísimamente, les vuelvo a relatar que se reforma el Código Civil para establecer el derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos y, de una forma especial, para garantizar la efectividad de ese derecho en los supuestos de crisis matrimonial, de forma que, a falta de acuerdo entre los cónyuges, sea el juez el que asegure las relaciones entre los nietos y los abuelos.

Se prevé, por tanto, que en los casos de separación, de nulidad o de divorcio el convenio regulador o, a falta de este convenio regulador, las medidas adoptadas por el juez contemplen expresamente el derecho de visita de los abuelos a los nietos y se establece la capacidad de los abuelos de ser oídos en los procesos judiciales de nulidad, separación o divorcio, al margen de otras cuestiones que, si es necesario, les relataré posteriormente, pero que ustedes conocen porque ya tuve la ocasión de informar.

Se trata, en definitiva, de atribuir a los abuelos un papel importante en el seno de la institución familiar y se enmarca dentro de las políticas de apoyo a la familia realizadas por los Gobiernos del Partido Popular, entre las que se incluyen, como ustedes recordarán, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, las ayudas fiscales a la familia, las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social o las ayudas económicas, por referirme también a la Ley de Familias Numerosas y a esta misma Ley.

En segundo lugar, les voy a hacer una breve referencia del Proyecto de Ley de Empleo, que también ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de esta mañana. Este Proyecto de Ley de Empleo deroga la Ley Básica de Empleo que fue aprobada en 1980. Efectivamente, la Ley anterior, la que es derogada o que se derogará por la aprobación de este Proyecto de Ley de Empleo, fue aprobada por la Unión de Centro Democrático, hace ya por tanto bastante tiempo, y va a ser, como he dicho, derogada por esta Ley de Empleo, que se va a tramitar por el procedimiento de urgencia que también se acordado esta misma mañana. Tiene el informe favorable del Consejo Económico y Social, y ha sido sometido a consulta de los distintos Ministerios, con aportaciones importantes y, por tanto, ya se remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Supone un importante acuerdo, está negociada con las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales, y tiene el acuerdo de dichas Comunidades Autónomas y tiene también el beneplácito de los sindicatos y de los empresarios. A mí me parece una Ley importante, porque llevamos casi diez años fallidos para reformar la Ley Básica de Empleo.

Ustedes sabrán que el INEM nació en el año 1978 en un régimen de monopolio que después fue reafirmado en la Ley Básica de Empleo del año 1980, a la que he hecho referencia. Este monopolio afectaba a la gestión de la intermediación, a la promoción del empleo, a la Formación Profesional y a la protección frente al desempleo. Todas estas situaciones se han visto claramente superadas en los últimos años por varias razones.

Desde el año 1990 las Comunidades Autónomas han ido asumiendo competencias de gestión de las políticas activas sin que la Ley Básica de Empleo contemplara esta nueva realidad, no se había reformado. En el año 1994 se produjo la legalización de las agencias de colocación sin fines lucrativos y de las empresas de trabajo temporal, lo que suponía una ruptura con el tradicional esquema y el tradicional modelo de monopolio al que he hecho referencia en la intermediación laboral; tampoco se había recogido en la Ley Básica de Empleo. Y saben ustedes también perfectamente que la distribución de Fondos de la Unión Europea está vinculada a objetivos cuantificados de actuación con desempleados, y, por tanto, la adaptación y el cambio de la Ley se hacían absolutamente necesarios por estos motivos y otros.

Yo creo que la Ley tiene un doble objetivo: por una parte, incrementar la eficiencia del mercado de trabajo, por lo que se define el papel de los servicios de empleo, y, por otro lado, pretende que las políticas de empleo sean instrumentos eficaces a la hora de incentivar la incorporación de los desempleados al mercado de trabajo. Define el concepto de intermediación laboral como instrumento básico de la política de empleo.

Se recogen medidas destinadas a crear y potenciar unos servicios públicos de empleo modernos, capaces de responder a las necesidades actuales del mercado de trabajo, y dichos servicios deberán prestar a los desempleados una atención preventiva y personalizada bajo los principios de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de trasparencia, de gratuidad, de efectividad y de calidad, prestando especial atención a las personas pertenecientes a los colectivos con mayores dificultades de integración en el mercado laboral.

Se define al Sistema Nacional de Empleo como la suma de los servicios públicos del Estado y de las Comunidades Autónomas, y se especifican los órganos que lo componen, que son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, en el que, además del Estado y las Comunidades Autónomas, participarán los agentes sociales. A la primera, a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, le corresponderá aprobar el Plan Nacional de Acción para el Empleo, que aprueba cada año España en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, y los programas anuales de trabajo del Sistema Nacional de Empleo. Comprobarán que de lo que se trata a través de esta Ley es de conseguir una coordinación de los servicios públicos de empleo y de las políticas de empleo.

El Proyecto refuerza el carácter preventivo de las políticas activas de empleo, de acuerdo también con las directrices de la Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europea de Empleo. Intenta, lógicamente, que no se puedan generar bolsas de parados de larga duración y ello se concreta en la necesidad de proporcionar a cada desempleado las acciones que puedan mejorar sus posibilidades de inserción. Y el texto pone también especial énfasis, entre otras cosas, en la necesidad de informar y orientar a la persona demandante de empleo hacia la búsqueda activa de empleo; facilitar la práctica profesional; fomentar, en la medida de las posibilidades, el autoempleo o facilitar también la movilidad geográfica.

Por último, por lo que se refiere a la mejora de la intermediación laboral, insiste el texto en la cooperación entre los distintos servicios públicos de empleo mediante la integración y la compatibilidad de todos los sistemas de información, que serán comunes para evitar las barreras territoriales.

Pretende, en definitiva, la coordinación necesaria y un mayor seguimiento y control de las políticas de empleo.

También voy a hacerles referencia breve de dos Planes de actuación aprobados hoy: el Plan Nacional de Accesibilidad y el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, que tiene un período de vigencia de 2003 a 2005.

Saben ustedes que el primer Plan, el Plan Nacional de Accesibilidad, forma una unidad con el Proyecto de Ley del que ya les informé con posterioridad a un Consejo de Ministros anterior, la Ley de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Personas con Discapacidad que actualmente se encuentra sometido a su tramitación parlamentaria.

Recordarán ustedes que yo les indiqué en su día que los plazos de esa Ley eran unos plazos, como no pueden ser de otra forma, amplios. Una cosa es que el Gobierno de España fuera el primero que asumiera esas responsabilidades de establecer unos plazos concretos y otra es que, lógicamente, los plazos necesariamente tuvieran que ser amplios. Yo creo que eso ya empezamos a corregirlo, antes incluso de la aprobación de la Ley, con este Plan que está previsto en la propia Ley que todavía no ha sido aprobada con carácter definitivo, pero que ya permite el desarrollo de este Plan que creo que es muy oportuno, dado que estamos en el Año Europeo, como ustedes también saben, de la Discapacidad.

El Plan tiene un período de vigencia hasta el año 2012, con lo cual se ha considerado oportuno desarrollarlo en tres períodos sucesivos. Tiene tres partes perfectamente diferenciadas: la primera, destinada a realizar un diagnóstico general de la accesibilidad en España; la segunda es en la que se definen las grandes directrices del Plan en forma de objetivos, principios y estrategias, así como referencia a los agentes implicados en la ejecución del mismo; y la tercera es en la que se desarrolla la primera fase de ejecución, que es la que se extiende hasta el próximo año 2006.

Como se les va a entregar el Plan, que es amplísimo, no hago ya más referencias a sus líneas generales ni a los objetivos que persigue. Sí quería decirles que se van a realizar de forma inmediata los estudios que, por imperativo de la Ley de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, se han de llevar a cabo como paso previo para la ejecución del mismo y se van a regular también las condiciones básicas de accesibilidad previstas en las disposiciones finales de dicha norma, a la vez que se va a impulsar la eliminación de barreras en las oficinas, inicialmente, de las Administraciones Públicas.

En total, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aporta a este Plan, a través del IMSERSO, para el conjunto de medidas incluidas en esta primera fase de ejecución del Plan, 120 millones de euros de un total de 626 millones de euros, que es lo que está previsto de inversión total para el Plan, y el resto, lógicamente, será aportado por Comunidades Autónomas, a través de cofinanciación, y de otras Administraciones Públicas --piensen, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente con el programa de playas accesibles--, de Corporaciones Locales y también, en alguna medida, de particulares.

Por último, voy a hacer referencia al otro Plan, al Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, que también ha tenido en su elaboración una participación muy amplia de la Administración del Estado --han participado en su elaboración trece Departamentos ministeriales con aportaciones importantes--; de la Federación Española de Municipios y Provincias; del tercer sector a través del Consejo Estatal de Acción Social que creó específicamente un grupo de trabajo sobre inclusión social y que realizó consultas a entidades y a voluntarios que trabajan en el campo de la pobreza y de la exclusión social, y también con una participación activa de los agentes sociales por medio del Consejo Económico y Social, que ha realizado informe sobre el texto, y, también han participado expertos de Universidades.

En la elaboración de este Plan se han seguido las directrices dictadas por la Comisión Europea, los Consejos de Lisboa, de Niza y de Copenhague.

En cuanto al contenido, se estructura alrededor de cuatro objetivos, que son los aprobados por el Consejo Europeo de Niza en diciembre del año 2000 y que fueron reiterados en la reunión informal de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales celebrada el pasado julio en Dinamarca.

Les refiero muy brevemente estos objetivos: fomentar la participación en el empleo y el acceso a los recursos sociales existentes de las personas en riesgo de exclusión; prevenir los riesgos de exclusión aprovechando para ello los instrumentos de la Sociedad de la Información; actuar a favor de los grupos más vulnerables y movilizar a todos los agentes implicados, absolutamente a todos, promoviendo la participación de los afectados y la coordinación de todos los agentes públicos y privados.

No les hablo, lógicamente, de la estructura del Plan. Hay objetivos tremendamente concretos, no es un plan ambiguo. Destaca el objetivo, por ejemplo, de reducir en un 2 por 100 el número de personas con una renta inferior al 60 por 100 de la media de ingresos en el período de vigencia de dicho Plan. Se apunta también la necesidad de mejorar la coordinación de las políticas de protección social mediante la cooperación de todas las Administraciones Públicas y del establecimiento de mecanismos de cooperación entre todos los servicios de orientación laboral del Estado y de las Comunidades Autónomas, o de avanzar en la cohesión interterritorial, priorizando las actuaciones que se desarrollan en los territorios y barrios socialmente vulnerables.

Fíjense en la amplitud del Plan y, con esto voy concluyendo, que se recogen 22 medidas en el ámbito del fomento del acceso al empleo; 71 en el campo de la atención primaria para facilitar el acceso a la vivienda, a la educación, a los recursos sanitarios o a la Justicia.

Les voy a dar, para concluir, un dato que puede resultar muy llamativo, pero que es rigurosamente cierto. Fíjense en el importante esfuerzo presupuestario que se va a realizar a través de este Plan con unas inversiones totales previstas para estos años superiores a los 35.700 millones de euros, que serán aportados por la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. No supone un aumento de gasto sino, si ustedes me permiten decirles la expresión, empaquetan y funden todas las ayudas de la red de inclusión social en España. Por tanto, ahí van incluidas las ayudas a ONGs que tienen estas finalidades y este destino presupuestario esos recursos, como las ayudas y los beneficios de aplicación de las ventajas del IRPF que afectan a estos colectivos, o todas las medidas de exclusión que existen en estos momentos en toda la red de servicios sociales en España. Pero tengamos conciencia de que la cantidad es tremendamente ambiciosa y amplia: 35.700 millones de euros.

Sra. Pastor.- El Gobierno ha iniciado la tramitación hoy de la modificación de la Ley 35/88, Reproducción Humana Asistida. El objetivo de esta reforma del Gobierno es resolver, en primer lugar, el problema de la acumulación de embriones sobrantes de la fecundación in vitro y también buscar una solución ética y abierta a la investigación construida sobre las recomendaciones de los expertos.

Desde la promulgación de la Ley en 1988 se han producido avances considerables en el ámbito de la técnica y de la práctica médica. Como consecuencia se han reducido los riesgos relacionados con los tratamientos, se han mejorado las tasas de embarazos y de nacimientos en nuestro país. Asimismo, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto la existencia de algunas limitaciones importantes en la redacción de la norma que han dado lugar a problemas sin resolver, como es la acumulación de un número elevado de embriones humanos sobrantes cuyo destino está sin precisar en la norma.

Alrededor de un 20 por 100 de las parejas tienen problema de infertilidad, cada vez son más demandadas las técnicas de reproducción asistida. Dentro de estas técnicas, las más demandadas y utilizadas son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Los datos más recientes señalan que anualmente se practican en España alrededor de 8.500 procesos de fecundación in vitro de los que nacen cerca de 1.800 niños.

La fecundación in vitro es un proceso complejo que consta de varias fases: estimulación ovárica para obtener varios óvulos, fecundación de esos óvulos en el laboratorio, transferencia embrionaria o implantación de los embriones y anidación de los mismos en el útero. Aquellos embriones fecundados que no se transfieren se congelan en las clínicas de reproducción humana asistida.

En estos momentos existe un importante número de embriones sobrantes de procesos de fecundación in vitro. Un alto porcentaje de los mismos permanece crio-conservados desde hace más de cinco años. La legislación española sólo permite hasta ahora la obtención de embriones humanos con fines reproductivos. La Ley 35/88 no determina el destino de los embriones después del límite máximo de crio-conservación de cinco años. La Ley de 1988 sólo permite investigar con embriones viables si tienen carácter diagnóstico, terapéutico o preventivo para el propio embrión.

¿Cómo está la legislación europea? Pues bien, la situación legal en la Unión Europea es muy diversa, aunque se la sintetizaría en tres grupos: países que prohiben la creación de embriones con fines de investigación y la investigación con embriones sobrantes, países que prohiben la creación de embriones con fines de investigación, pero que permiten la investigación con embriones sobrantes, y países que permiten la creación de embriones con fines de investigación y la investigación con sobrantes. Ésta es la situación en este momento en Europa donde, por cierto, como saben, la mayoría de los países europeos están, como nosotros, trabajando en modificaciones legales.

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida recomendó reformar la Ley como medio para incorporar dos propuestas: reducir al máximo el número de embriones sobrantes, posibilitar la donación con fines reproductivos de los embriones sobrantes y permitir la investigación con embriones sobrantes de más de cinco años como alternativa a la destrucción. La Comisión ha elaborado estos dos informes que básicamente les he resumido a lo largo de los últimos años.

Y el informe del Comité de Ética ha propuesto las siguientes reformas: reducir al máximo el número de embriones sobrantes, promover la donación de sobrantes a otras parejas, permitir investigar con los embriones sobrantes como alternativa a su destrucción y mostrarse contrario a la creación de embriones para investigar.

¿Cuál es el proyecto de reforma que se presenta hoy? Pues bien, este proyecto, esta modificación legal, se lleva a cabo después de haber recogido las opiniones de un gran número de científicos, de expertos, de asociaciones de enfermos, de juristas de reconocido prestigio, además de haber mantenido contactos con expertos de otros países de nuestro entorno. Se trata, por tanto, a nuestro juicio, de un texto equilibrado, de un texto riguroso y con una gran base científica y ética que recoge todas las sensibilidades, con el objetivo principal de resolver el problema de la acumulación de embriones sobrantes de la fecundación in vitro, dando una solución ética y abierta a la investigación.

¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los objetivos que recoge la norma? En primer lugar, resolver el problema de la acumulación de embriones sobrantes de la fecundación in vitro, dando una solución ética, como les digo, abierta, a la investigación. Existe un gran consenso sobre la necesidad de dar una salida a esa indefinición que la actual Ley mantiene sobre el destino de los embriones. Tal y como ha recomendado la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, la acumulación de embriones crio-conservados, en muchos casos abandonados, es en sí mismo un problema social y sanitario que no puede ni debe quedar sin solución.

En segundo lugar, evitar la acumulación de nuevos embriones sobrantes de la fecundación in vitro. Todos los expertos coinciden en limitar el número de embriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro para evitar una acumulación como la que actualmente existe en nuestro país. Además, y como recientemente concluía el Congreso Internacional sobre Reproducción Asistida, es conveniente reducir el número de partos múltiples originados por la fecundación in vitro para evitar los riesgos que ustedes saben que tienen los partos múltiples, por ejemplo, no sólo para los hijos, sino también para la salud de la madre.

También la Ley propone soluciones para los embriones congelados. Las parejas deberán decidir sobre el destino de los embriones actualmente crio-conservados a través de un consentimiento informado. El principio básico sobre el que se establece esta modificación legal es que serán las parejas las que deciden, a través del consentimiento informado, el destino de los embriones que se encuentran congelados en el momento de la entrada en vigor de la Ley.

¿Cuáles son las alternativas? En primer lugar, la finalidad principal de los embriones congelados es su implantación. Sólo después de comprobar que no es posible se permite la descongelación. La Ley mantiene que la finalidad de los embriones es la reproductiva y únicamente cuando se compruebe, a través del consentimiento informado, que no es posible se plantean las otras alternativas. Se mantiene la congelación hasta que sean transferidos, se dona el embrión con fines reproductivos a parejas en listas de espera para fecundación in vitro o bien se permite su descongelación, autorizando en el momento de la descongelación la utilización con fines de investigación de las células obtenidas.

Las parejas deben elegir entre una de las cuatro alternativas que incorpora, por tanto, la Ley: pueden decidir que el embrión que se les implante en el futuro, lo que ahora se hace más sencillo ya que se amplía el plazo hasta ahora de cinco años para que se le pueda implantar un embrión a una mujer --ésta es una de las claras recomendaciones de la Comisión de Reproducción Humana Asistida--; pueden elegir también donarlo a una pareja de las que se encuentra o se pueda encontrar en lista de espera de fecundación in vitro; que se suspenda la congelación o que puedan utilizarse con fines de investigación sus células bajo unas normas estrictas de control. Sobre esta última opción, si me permiten, me voy a detener posteriormente.

Se permite la investigación con células obtenidas en el momento de la descongelación de los embriones que estén actualmente crio-conservados y hayan sido cedidos con este fin; no se permite su manipulación. En aquellos embriones que no vayan a ser transferidos o donados se permite, por tanto, la investigación.

Se autoriza a investigar con su material biológico, el material biológico obtenido en el momento de la descongelación. El carácter ético de esta solución radica en que de forma similar, si me lo permiten, a la extracción de órganos para trasplantes se permite la obtención de material biológico al suspender la utilización de los medios que mantienen al embrión. De esta forma se impide la manipulación de los embriones, pero también con esta propuesta se posibilita mantener abiertas las puertas a la investigación, salvaguardando el respeto al ordenamiento jurídico.

Las células obtenidas serán empleadas en el marco de investigaciones dirigidas ¿a qué? Dirigidas a avanzar en el conocimiento y en el tratamiento de enfermedades que aún no tienen una solución definitiva. Las líneas celulares que se obtengan podrán ser utilizadas por equipos de investigación autorizados y proyectos que vayan en beneficio de todos los ciudadanos, sin que pueda haber de por medio ningún lucro. ¿Qué significa eso? Que la Ley prohibe comercializar con material celular que pueda obtenerse a través de estos procedimientos. Todo el material biológico que se pudiera obtener será tratado según los mismos principios que rigen en nuestro país el uso de células y tejidos de origen humano destinados a los trasplantes.

Se crea el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa. Para asegurar el cumplimiento de los principios que antes les he explicado se crea este Centro que se va a encargar de aplicar el proceso de descongelación de los embriones cuyas células vayan a ser objeto de investigación. El Centro se va a encargar también de asignar y controlar las posibles líneas celulares que pudieran obtenerse para investigar, de acuerdo con los criterios sugeridos por los expertos. La actividad de dicho Centro no se circunscribe exclusivamente al material biológico, sino a potenciar también la investigación con células-madre adultas, células de médula ósea, células de cordón umbilical, etcétera.

Se crea un Banco Nacional de material celular, una comisión de control y un registro de centros autorizados para la investigación. La Organización Nacional de Transplantes pasa a formar parte de este Centro.

El equipo médico, como paso previo al inicio del tratamiento, analizará la situación de cada pareja al objeto de evitar las gestaciones múltiples, que como les decía tienen riesgos, la reducción embrionaria y los embriones sobrantes.

Se autoriza la transferencia de un máximo de tres embriones por cada ciclo.

Los otros dos objetivos que perseguía la reforma son, por tanto, los de evitar la acumulación de embriones y reducir el elevado número de embarazos múltiples que están relacionados con las técnicas de fecundación in vitro.

Y siguiendo también la experiencia de otros países, se establece un límite al número de embriones que se pueden transferir a la mujer en cada ciclo. Se podrán fecundar hasta un máximo de tres ovocitos para que les sean transferidos a la mujer en el mismo ciclo. El Ministerio de Sanidad y Consumo, asesorado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, acordará el protocolo que regule los supuestos en los que sea necesario fecundar un número mayor de ovocitos. Es decir, que, como consecuencia lógica de la limitación que se introduce, la Ley fija ese número máximo y también acuerda las circunstancias por las cuales las parejas, dependiendo de la edad, de las causas de infertilidad, puedan tener una excepcionalidad a esta norma. El Ministerio va a ser asesorado siempre por la Comisión de Reproducción Humana Asistida.

En los casos excepcionales en los que se generen embriones sobrantes, serán crio-conservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer y los progenitores firmarán, en cualquier caso, un compromiso de responsabilidad sobre sus pre-embriones crio-conservados. Antes de iniciar un tratamiento de reproducción asistida será necesario comprobar que los usuarios no tengan embriones crio-conservados en otro centro.

El Gobierno, después de un proceso, a nuestro juicio, riguroso y prudente, propone una solución equilibrada ante una cuestión pendiente desde hace más de una década. Éstas son, en definitiva, las grandes líneas de la propuesta que realiza el Gobierno para resolver el problema de los embriones sobrantes de la fecundación in vitro. El Gobierno, tras escuchar las opiniones de muchos científicos y expertos, y de tener en cuenta los debates que se están llevando a cabo en foros internacionales, ha elaborado esta propuesta equilibrada y rigurosa.

El Gobierno quiere resolver un problema a la luz del conocimiento científico actual y siendo respetuoso con unos principios éticos de actuación. La propuesta del Gobierno pretende dar la mejor solución a este problema: una solución responsable, porque evita la acumulación indiscriminada de embriones congelados; una solución respetuosa, porque da a la pareja la última palabra sobre el destino de los embriones que tienen actualmente congelados, y una solución ética, porque no permite la manipulación de embriones e imposibilita, sobre todo, el lucro de la utilización de las líneas celulares; la mejor solución posible, porque busca el equilibrio ente las distintas sensibilidades y se centra, a nuestro juicio, en el servicio a todos los ciudadanos.

P.- Al señor Zaplana. En este Proyecto se ha hablado mucho de lo que son las agencias de colocación y en los borradores que conocíamos parecía que se abría la puerta a las agencias de colocación privada con ánimo de lucro o, al menos, no se limitaba la posibilidad de que existieran estas agencias privadas de colocación. No sé cómo ha quedado el Proyecto de Ley final.

Sr. Zaplana.- Reconociendo el mismo papel que están jugando en estos momentos y, por tanto, lo que hace es adaptar a la nueva realidad lo que la Ley Básica de Empleo no contemplaba. En estos momentos, efectivamente, la función que están realizando lógicamente se recoge en la Ley.

P.- ¿Pero se permitirá agencias de colocación con ánimo de lucro?

Sr. Zaplana.- No, no. En estos momentos no se permite y, lógicamente, no se permitirá.

P.- Quería preguntar cuáles son las cifras oficiales del número de embriones, aproximadamente, que pueda haber congelados en los bancos de las clínicas de fertilización. Aparte de eso, por lo que se deduce de este Anteproyecto de Ley parece que se ha zanjado el debate de si un embrión puede ser viable o inviable, y en este caso se puede investigar con él, sino que se puede investigar con todos los que no vayan a ser traspasados a la madre, si no lo he entendido mal.

Sra. Pastor.- En primer lugar, actualmente no está desarrollado el Registro de Embriones. La Ley prevé que en el plazo de dos meses desde su aprobación todos los centros de reproducción asistida informarán al Ministro de Sanidad sobre el número. Yo le puedo decir que las informaciones que tenemos sobre los cuestionarios que se han realizado son decenas de miles de embriones.

En segundo término, como le he manifestado y recoge la norma, lo que se pretende es que los embriones, dependiendo de la decisión de los progenitores, puedan tener varias posibilidades: o bien que se puedan implantar a los progenitores, o bien que se puedan donar, o bien que, tras el proceso de su descongelación, siempre bajo estricto control se puedan utilizar sus células para la investigación.

P.- Yo quería preguntarle si entonces, en este caso, puede haber embriones congelados que lleven dos o tres años y que, si los padres los donan, se utilicen para investigación. ¿Es ésa la situación que crearía la Ley?

Luego, quería saber si se amplía el período de cinco años a un plazo más amplio en el cual pueden estar congelados los embriones y se pueden implantar a la mujer. ¿Se va a permitir la importación de líneas celulares?

Sra. Pastor.- Efectivamente, el plazo para que los embriones puedan ser implantados se amplía a la edad fértil. En este momento, como sabe, la Ley lo limitaba a cinco años, pero la investigación ha permitido saber que podrían estar más tiempo en esa situación.

También la Ley prevé unos plazos. La primera opción, como saben, es la implantación; si no es así y la pareja manifiesta que quiere donarlo, hay un plazo de donación, y, en el caso de que opte por la investigación, sería dedicado a la investigación bajo estrictas normas de control para la utilización, como he dicho, de sus células.

En cuanto a la pregunta que usted me formula sobre las líneas celulares, yo quería decirle que en esta modificación legal se da una solución ética, abierta a la investigación y coincidente, si me lo permite, con el posicionamiento que siempre ha mantenido España en los foros internacionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta investigación no tenga nunca fines lucrativos. Por lo tanto, abrimos una vía para la obtención de líneas celulares en nuestro país destinadas a investigar acerca de enfermedades importantes que todavía no tienen curación, como pueden ser la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer u otro tipo de patologías degenerativas.

Se trata, por tanto, de avanzar en la resolución de importantes problemas de salud, permitiendo el desarrollo de las líneas celulares. Nuestro deseo es poner al alcance de todos los ciudadanos líneas de tratamiento en condiciones de equidad sin que pueda haber de por medio ningún lucro.

P.- Para el Ministro Zaplana. A la vista de los resultados de la EPA del segundo trimestre que se han publicado hoy, ¿el año 2004 acabará con reducción de paro; no con creación de empleo, que ya sé que eso va a pasar, sino con reducción de paro?

Sr. Zaplana.- Lo que le puedo dar son los datos que conocemos hasta ahora que son, como usted sabe, tremendamente positivos.

El paro, según la EPA que acabamos de conocer esta misma mañana, con datos del segundo trimestre, se ha reducido en 97.600 personas. Lo importante, desde mi punto de vista, es que España sigue creando empleo y España sigue reduciendo el paro, y, sin duda, se ha convertido en la locomotora de toda la Unión Europea de creación de empleo y de reducción del desempleo. Nadie está obteniendo en estos momentos los resultados que estamos obteniendo en nuestro país.

Fíjese, en el segundo trimestre se han creado 233.700 nuevos empleos, que es un nuevo máximo histórico; pero, además, hay un dato que a mí me parece de capital importancia: de estos 233.700 nuevos empleos, 137.100 son de mujeres y 96.600 de hombres. Luego, esa brecha que distingue todavía el paro masculino del femenino se va, cada vez que tenemos un dato estadístico, acortando.

Y en los últimos doce meses, para que también podamos hacer una comparación de que este trimestre es mejor que la media, se han creado 425.400 empleos. El número total de ocupados en nuestro país hoy es de 16.166.000 personas según la Encuesta de Población Activa, lo que quiere decir que nunca en España había trabajado tanta gente. Por tanto, nuestro país sigue reduciendo el paro.

Si usted me lo permite, porque en otras ocasiones me han preguntado sobre ello, le quiero dar un dato que normalmente no se da en la explicación de la Encuesta de Población Activa o la de paro registrado, sea cual sea. Cuando damos los datos de paro registrado, ya saben que algún portavoz del Partido Socialista ha intentado ponerlos en duda en algún momento, con la boca pequeña, porque era muy difícil lógicamente cuestionarlos.

Pero fíjese en el dato. Le he hablado de 97.600 personas, según EPA, en las que se ha reducido el paro en este trimestre. Pues, agrupando los datos de paro registrado de ese mismo trimestre, el paro se redujo en 109.681 personas. Verán que los datos son muy parecidos, tanto los de la Encuesta de Población Activa, como los de paro registrado. Luego, es inequívoco en estos momentos que, efectivamente, el comportamiento en reducción de paro en nuestro país es un comportamiento francamente positivo que hace que en estos momentos la tasa de paro, según EPA, se sitúe en 11''12 por 100, que son seis décimas menos que en el primer trimestre.

En cualquier caso, ¿dónde vamos a llegar? Yo no quiero hacer predicciones. Todas tienen que ser tremendamente positivas, pero los datos son mejores que los mismos datos del segundo trimestre del año anterior. Luego, el comportamiento de la generación de empleo y de la reducción del paro en España en esta coyuntura internacional donde todos los países tienen serias dificultades, no solamente no empeora, sino que mejora y mejora sustancialmente.

P.- Pregunta para el Vicepresidente. ¿Qué alcance o grado de credibilidad tiene una oferta de diálogo del Partido Popular al Partido Socialista sobre el plan independentista del Partido Nacionalista Vasco?

Vicepresidente.- Credibilidad yo creo que tiene toda, porque creo que está en el sentir de una inmensa mayoría de ciudadanos españoles. Sobre este asunto quiero decir que se ha producido una reacción unánime de la opinión pública en contra del proyecto que todos hemos conocido, lo cual, en mi opinión, es un dato muy positivo. Esta reacción, como la que en su día tuvieron tanto los empresarios, como la mayoría de las instituciones y organizaciones sociales en el País Vasco, yo creo que debería hacer reflexionar al señor Ibarretxe.

Yo creo, y es importante que este tema lo tratemos con equilibrio pero dándole la importancia que tiene, que hay que contrastar la realidad de lo que significa este proyecto, el que hemos conocido, con lo que Ibarretxe pretende hacer que es.

Éste es un proyecto claramente de ruptura y de segregación, y así lo ha entendido todo el mundo, y no es un proyecto de convivencia; es incompatible de principio a fin con el marco constitucional y no es ni una actualización ni una ampliación del autogobierno del País Vasco; es una iniciativa de aislamiento, igual de incompatible con la integración europea; es un factor muy grave, e insisto en lo de muy grave, de desestabilización económica y no es ni mucho menos, como se nos pretende hacer ver, un marco de desarrollo y confianza para el País Vasco. Y luego no es una reforma del Estatuto; significa lisa y llanamente enterrar el Estatuto de Guernica.

Dicho esto, yo tengo que decir que es muy difícil creer al señor Ibarretxe cuando lo que propone se aleja tanto de lo dice, como, por ejemplo, cuando nos enteramos de que el mismo día en que se conoce este proyecto el señor Ibarretxe se reunía con una delegación de un partido político ilegal, partido político ilegal tras una decisión del Tribunal Supremo y que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Por tanto, a mí me gustaría señalar que todos deberíamos abrir los ojos, tanto en el País Vasco, como en el resto de España, ante estas maniobras de doblez y ante esto que no es sino un intento de acabar con un marco de convivencia compartido, que es el que significa el Estatuto y que, en mi opinión, es el único posible y el único deseable.

Yo quiero decirles que, tanto el señor Ibarretxe, como los partidos que forman su Gobierno, y particularmente el Partido Nacionalista Vasco, tienen que dar muchas explicaciones; pero, sobre todo, tienen que reflexionar muy seriamente porque su juego queda en evidencia y es un juego irresponsable con la convivencia y con los derechos de los ciudadanos vascos.

Yo tengo la firme convicción de que esta opinión la comparte en su totalidad el Partido Socialista. De hecho, ya hemos dicho que queremos hablar con el Partido Socialista de este asunto y de otros que afectan a la estructura territorial del Estado, y ya se ha producido alguna reunión a alto nivel para tratar de este tema que, sin duda, es consecuencia también de otras reuniones que se han producido en otros momentos y que queremos que se sigan produciendo en el futuro.

Si hay algún asunto en el que es imprescindible, al menos en mi opinión, que haya una conexión clara, que haya una opinión igual y que haya una voluntad de actuar de manera coordinada y conjunta entre los dos grandes partidos nacionales, sin duda alguna éste es uno de ellos. Le reinsisto, ya ha habido algún contacto y espero que siga habiéndolos en un futuro.

P.- Tengo varias dudas sobre la Ley de Reproducción Asistida.

La primera es si entrará en vigor la Ley antes de que se disuelvan las Cortes.

La segunda, en el caso de que no sea posible contar con la autorización de algunos de los donantes porque haya fallecido o porque no se le encuentre, ¿qué ocurrirá?

Tercera, ¿ante qué enfermedad se podrá investigar? Por ejemplo, en una enfermedad sobre la que hay dos proyectos, uno con células adultas, lo que está bastante aceptado, y otro con células embrionarias, ¿se primará a uno de los dos o las dos vías serán posibles?

Sra. Pastor.- En primer lugar, el interés y la intención del Gobierno, y espero que así sea, va a enviar a las Cortes esta norma para que se apruebe en esta legislatura.

En segundo lugar, la Ley también prevé cuál es el procedimiento cuando los donantes no estén, no se encuentren o hayan fallecido, de tal modo que también puedan destinarse las células a la investigación.

Y, con respecto a la utilización de un tipo o de otro, como yo expliqué en la exposición de la norma, el Centro Nacional, bajo protocolos estrictos, lo que hará es trabajar en estas líneas celulares en investigación y también en tratamientos a medida que vaya avanzando la investigación, para solucionar esos problemas que yo les decía que son patologías que todavía no tienen solución. Le ponía el ejemplo del Alzheimer o le puedo poner otros ejemplos, como el de la diabetes, por ejemplo, que afecta a tantas personas. Por eso la Ley tiene estas modificaciones, porque entendemos que en investigación todas aquellas que puedan aportar elementos a la investigación y al avance de científicos son positivas.

P.- Para el Vicepresidente. Quería saber si nos puede dar más detalles de esas reuniones de alto nivel; por ejemplo, cuándo han sido y quiénes eran los que se han reunido.

Me gustaría saber también si el Gobierno francés se ha puesto en contacto con ustedes para interesarse por lo que puedan conocer sobre el Plan Ibarretxe, ya que de alguna manera ese anteproyecto o proyecto que se ha conocido hasta cierto punto les influye a ellos también.

En tercer lugar, ustedes han estado diciendo a lo largo de esta semana que piensan actuar, para que no se pueda poner en marcha, con todos los instrumentos que tenga el Estado de Derecho. Me gustaría saber si ya se ha encargado a los servicios jurídicos del Estado que se pongan un poco a trabajar sobre ese anteproyecto, porque se sabe más o menos por dónde puede ir o se va a esperar a septiembre a conocer el plan definitivo.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, no voy a darle más detalles. Simplemente quiero reiterar la voluntad que el Gobierno tiene de que ante un asunto de estas características se mantenga una posición clara y conjunta por parte de todos, porque creemos que es lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Este plan es un atentado claro contra el proyecto de convivencia que todos nos fijamos en su día, que se plasma en el texto constitucional y que luego se desarrolla en los distintos Estatutos de Autonomía, y particularmente en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Por lo tanto, estamos hablando, vamos a seguir haciéndolo, y además es necesario que tengamos una opinión igual, y ya ni siquiera diría similar, en un asunto de estas características.

En cuanto al Gobierno francés, no me consta que en relación con este proyecto en concreto haya tenido ningún miembro del Gobierno una conversación con ningún representante del Gobierno francés. Lo que sí es evidente es que nosotros hablamos con una cierta periodicidad y en muchas ocasiones todos los temas relacionados, fundamental y particularmente, con el terrorismo de ETA. Y lo que también me consta es que la posición del Gobierno francés sobre este tema es absolutamente coincidente con la del Gobierno español.

En cuanto a los instrumentos jurídicos, no se trata de hacer declaraciones grandielocuentes. Lo que es evidente es que esto es una democracia, éste es un país serio, integrado en un proyecto europeo, y éste es un país con unas normas que nos hemos dado voluntariamente el conjunto de los ciudadanos españoles y también luego los vascos en el Estatuto de Autonomía de Guernica, y donde se construye un proyecto de convivencia, se aprueban unas normas que no son las de nadie, sino que son las del conjunto, donde todo el mundo cede en sus planteamientos precisamente para conseguir ese proyecto de convivencia, y que no se pueden romper de manera unilateral.

Por tanto, lo único que puedo transmitir en este sentido es que no se trata de pedir informes jurídicos porque, evidentemente, ya todos conocemos cuáles son los instrumentos que permite el Estado de Derecho.

Yo creo que, en este momento, lo que debemos hacer es pedir reflexión sobre este tema, insistirles a todos los partidos, a todos los ciudadanos, a las organizaciones empresariales, que ya lo hicieron, y a todas las personas con un mínimo de sentido común, de equilibrio y de sensatez, que procuren que esto no se plasme en nada concreto. Desde luego, tengan ustedes la absoluta seguridad de que el Gobierno tiene muy claro cuáles son sus obligaciones y yo entiendo que, además de tenerlas claras el Gobierno, las tienen muy claras la inmensa mayoría de los partidos políticos y de los ciudadanos españoles.

P.- Al Vicepresidente quería preguntarle sobre algún hecho de esta semana, como es una polémica sobre la enseñanza del castellano en Cataluña, que la Generalitat quiere situar en dos horas. Creo que los planes del Gobierno hablaban de cuatro. Eso por un lado. Por otro, fue arriada una bandera española en un ayuntamiento importante, el de Manresa, y quería pedirle un poco un diagnóstico sobre estos hechos, si le parecen inconexos o no, visto que, en definitiva, los toman los mismos partidos políticos.

Yendo a una cuestión más amplia, si, entre la propuesta del señor Ibarretxe, este plan que se ha conocido, y las de reforma del Estatuto de Cataluña que plantea Convergència, entiende usted que realmente hay algún tipo de similitud, de parecido, si son cosas comparables o no lo son.

Y, en último lugar, una curiosidad académica, referida, digamos, al aspecto curricular de la sucesión, que sería preguntarle si entiende usted que el título de Doctor, ya sea en Ciencias Económicas o en cualquier otra materia, debería puntuar o no.

No me resisto al señor Zaplana, como está aquí. Por el tema de la Corona de Aragón, y visto desde Valencia, me gustaría pedirle una opinión sobre si entiende que ésa es una fórmula de cooperación que se puede recorrer o no, o piensa que está fuera de lugar.

Vicepresidente.- En relación con las preguntas que usted me formula, la curiosidad académica me temo muy mucho que no voy a ser capaz de satisfacérsela, porque para eso tendría yo que ser un académico y, desgraciadamente para mí, no lo soy.

En cuanto a algunos acontecimientos que se han producido en Cataluña y a los que usted se ha referido, primero, efectivamente, aquí se ha aprobado una norma, que por tanto es de obligado cumplimiento, por virtud de la cual para los alumnos de Primaria, en aquellas Comunidades Autónomas donde haya una lengua cooficial, se implantará un mínimo obligatorio de cuatro horas semanales en lengua castellana. Ése es el planteamiento que ha aprobado el Gobierno.

De momento lo que hemos visto son declaraciones. Yo no voy, lógicamente, a posicionarme sobre declaraciones. No conocemos ningún documento oficial en este sentido, pero sí hay algo que me parece razonable afirmar, que es que las normas deben cumplirse. Eso ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones: las normas deben cumplirlas los responsables institucionales, los gobernantes, los dirigentes políticos, los parlamentarios, como ocurría en el caso del Parlamento vasco, y, por tanto, no hay nadie que deba negarse a cumplir una norma.

Precisamente, eso es lo que sucedió en el Ayuntamiento de Manresa. Yo creo la decisión que se adoptó, después de la primera, es decir, la segunda, es un caso claro de cumplimiento de la norma y, desde ese punto de vista, yo tengo que decir que eso es enormemente positivo. Probablemente, dentro de las cosas que tengamos que hablar todos los partidos en el futuro es de algo tan elemental como recordar que las leyes y que las normas están para cumplirse, sobre todo, porque eso es un Estado de Derecho y democrático. En un Estado de Derecho todos estamos sometidos al imperio de la Ley, seamos del partido que seamos.

En relación con el Estatuto de Convergència i Unió, no voy a hacer más reflexión que la que ya hice aquí en su día. Hay determinadas normas que son producto de un acuerdo muy difícil. Usted sabe que, cuando se debatió la Constitución, los constituyentes tuvieron que abordar muchos problemas; uno de ellos la forma de Estado, por ejemplo, que no es un tema menor. Pero quizá el tema más complejo, el tema más difícil, el tema que generó más dificultades, el que fue más costoso resolver, fue el tema de la estructura territorial del Estado, y allí se hizo un colosal esfuerzo por parte de todos.

Antes lo he dicho, y ahora lo reitero: ésa no es una norma de nadie, ésa es una norma de todos, como no lo son de nadie los Estatutos. Ahora lo lógico, lo justo, lo sensato, es que no se adopten decisiones unilaterales en ese sentido, porque otros podían adoptar otro tipo de decisiones unilaterales con la misma legitimación que quien las adopta. Por eso nosotros siempre hemos sido muy partidarios de que estos asuntos los partidos los abordemos como hemos hecho hasta ahora. Yo le recuerdo que en el año 1992 entre el Partido Popular y el Partido Socialista firmamos un Pacto Autonómico que fue muy útil --usted lo vivió aquello como periodista-- y en el año 1996 sucedió lo mismo.

Por lo tanto, estos temas es bueno hablarlos, es bueno no tomar decisiones unilateralmente, porque esto afecta a todos, no a un partido político ni a otro, no a una Comunidad ni a otra, sino que afecta a todos, y creo que eso es lo que quiere la gente, lo que dice la lógica y lo que dice el sentido común.

Sr. Zaplana.- Algunos hemos dado muestras de lo que puede ser una buena relación, incluso una cooperación, en el ámbito de la Constitución entre Comunidades Autónomas. Usted sabe, y no me voy a extender lógicamente porque no es el momento ahora para hacerlo, que durante algunos años hemos sido capaces de superar situaciones de dificultad, por no llamarlas de enfrentamientos, que existían en algunas Comunidades Autónomas de nuestro país.

Pero, si de lo que se trata es de que detrás de una referencia histórica, como es la Corona de Aragón, es de idear otras fórmulas de relación, eso me parece un error. Si además lo que se quiere es tener un protagonismo o, algo peor, una posición dominante de unos territorios sobre otros, eso es un disparate.

P.- Para el Vicepresidente. Una vez que se conozca el contenido del Plan Ibarretxe, querría saber si el Gobierno descarta la posibilidad de que pueda hacer falta hacer uso del artículo 155 de la Constitución para hacerle frente.

Por otra parte, ¿el Gobierno empieza a temer que la disolución de Batasuna en el Parlamento vasco se acabe perdiendo en una maraña de argucias legales?

Vicepresidente.- Sobre ese asunto, como yo le he dicho, creo que lo más importante en este momento es que todos --y cuando digo "todos" me refiero a todos los que quieran hacerlo; desde luego, a los partidos políticos; el Gobierno lo va a hacer; a los medios de comunicación que quieran hacerlo, a las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales-- deben hacer el mayor esfuerzo de que sean capaces para evitar que se rompa un proyecto que, vuelvo a insistir, era el de la inmensa mayoría, como es el Estatuto de Guernica, para colocar un proyecto que es el proyecto de un determinado partido político que va dirigido única y exclusivamente a una parte de la población, olvidando que hay otra parte que ha votado ese proyecto, que era el conjunto, y que ahora se puede encontrar con una situación tan curiosa como ésa.

Éste es un proyecto para romper la convivencia y éste es un proyecto que hay que evitar y que hay que procurar que se reflexione para que eso salga a la luz o para que eso se ponga en marcha, que tampoco conozco yo las verdaderas intenciones de quienes lo han promovido.

En cuanto a lo que pueda suceder con Batasuna y su Grupo Parlamentario en el Parlamento vasco, yo quiero poner las cosas en sus justos términos. Los avances que se han producido en defensa de la democracia, de la libertad, de la Ley y de la dignidad de las personas en relación con este tema han sido colosales en los últimos años. Hace dos, tres o cuatro años era muy difícil que alguien pudiera pensar que serían ilegales y estarían en una lista europea de organizaciones terroristas organizaciones tan, entre comillas, "legales" y, si no legales, aparentemente respetables como podían ser SEGI, Gestoras pro Amnistía, EKIN o la propia Batasuna. Hoy son organizaciones terroristas, hoy no se han podido presentar a las elecciones, no lo han hecho hace poco tiempo y eso creo que es un gran triunfo del Estado de Derecho y de la dignidad de la gente.

Ahora tenemos un tema pendiente, que es el del Parlamento vasco. Hay una resolución del Tribunal Supremo, esa resolución no se ha cumplido en su totalidad. Están en marcha los mecanismos del Estado de Derecho. Se sabe lo que ha sucedido en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco y, a partir de ahí, tendremos que respetar, como es natural, lo que digan los Tribunales.

Creo que se han producido avances enormemente substanciales y yo al final siempre tengo y he tenido mucha confianza, malo sería si no la tuviera, en que se cumplan las Leyes, que para eso están, que son la expresión de la voluntad popular.

P.- Para la Ministra de Sanidad. Yo quería preguntarle si sobre la limitación de fecundar sólo tres óvulos por ciclo han valorado la opinión de algunas clínicas de reproducción asistida, que dicen que esto en la práctica lo que supone es dificultar el acceso y encarecerlo, ya que, si el primer embarazo no va bien, habrá que repetirlo y la mujer tiene que someterse a otro proceso de estimulación ovárica con los riesgos que ello conlleva.

Segundo, ¿se va a permitir la importación de líneas celulares? Y, cuando dice que no se permite la manipulación, ¿podría concretar un poco más a qué se refiere: a la transferencia nuclear o a qué?

Sra. Pastor.- En su primera pregunta, con respecto al límite, piense que ésta es una de las recomendaciones que los comités de nuestro país, tanto la Comisión de Reproducción Humana Asistida en sus dos informes, como el Comité de Etica, han dicho; pero es que las reformas en los países europeos, como sabe, van por ahí e, incluso, con menor número. Yo le recordaba antes en mi exposición que los riesgos de los embarazos múltiples, que como saben en España son muy altos, son unos riesgos para los niños y para las madres. Por lo tanto, la reforma va en la línea que dicen los expertos y que dicen los científicos, y con esas excepcionalidades que se protocolizarán con ayuda de los expertos y de los científicos para los casos en los que sea necesario que sean más de ese número.

Con respecto a las líneas celulares, ya he manifestado en mi intervención anterior a la contestación de una pregunta que nosotros vamos a apostar porque nuestros científicos en España puedan trabajar con líneas celulares, pero que nunca vamos a introducir el ánimo de lucro en algo tan serio como es el acceso de los ciudadanos a la investigación y a la mejora en los tratamientos.

A la tercera pregunta, como también creo que he explicado pero puedo abundar más, es que lo que se hace --yo puse el ejemplo de la donación-- es que, cuando las parejas deciden que los embriones no son para implantarlos, no son para donarlos y los donen para la investigación, puedan utilizarse sus células; es decir, que haya el mismo respeto que se ha tenido al embrión, pero que para la alternativa, que es la investigación, que es una alternativa, como sabe, valorada por la inmensa mayoría de todos los ciudadanos, sean utilizadas sus células como los órganos de un paciente que es un paciente terminal al que en último término, cuando tiene unas condiciones de muerte cerebral, se le desconecta la respiración, se le desconecta la tecnología adicional. Que eso mismo se haga con las células de los embriones para utilizar esas células con fines en este momento de investigación y en el futuro, cuando avance la ciencia y si es así, de tratamiento.

P.- Una pregunta para el Vicepresidente. Habida cuenta que es el Gobierno el que nombra al Director General de Radiotelevisión Española, ¿qué consecuencias saca el Gobierno de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Radiotelevisión Española por haber realizado en un acto concreto, en la huelga general del pasado año, información con falta de objetividad y falta de imparcialidad?

Vicepresidente.- Nosotros respetamos las sentencias de los Tribunales siempre, y así lo hemos dicho en reiteradas ocasiones; por tanto, cuando condenan a Radiotelevisión Española como cuando condenan a cualquier otro medio público o privado de comunicación, como ya ha ocurrido, como usted sabe, en numerosas ocasiones. Por tanto, yo respeto esas decisiones. Ha habido muchas denuncias planteadas fundamentalmente por partidos políticos contra Televisión Española. En la inmensa mayoría de ellas no se le da la razón a la persona que ha hecho la demanda y en este caso concreto lo que se le ha condenado es a dar en su totalidad una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

A partir de ahí, yo creo que Televisión Española tiene unos informativos con un nivel de audiencia muy importantes, unos informativos que muchos ciudadanos españoles son los que utilizan fundamentalmente para informarse, y hay que desear que nunca le vuelva a ocurrir eso ni a Televisión Española ni a ningún otro medio de comunicación.

P.- Para el Vicepresidente. Quería saber qué posibilidad de éxito ve usted en las conversaciones que mantiene o que piensa mantener con el PSOE para hablar --ha dicho-- del tema vasco y también de la estructura territorial del Estado, cuando, si bien en el tema vasco tienen algunas coincidencias, por ejemplo sobre el modelo territorial, es objeto de críticas constantes por parte del Ejecutivo hacia el Partido Socialista por la carencia de ese modelo o por los diferentes modelos. ¿Ve que hay alguna posibilidad de orillar los otros temas y centrarse en el tema vasco?

En concreto, ¿nos podría decir también si esas conversaciones se podían derivar hacia algún órgano ya establecido entre ustedes y el PSOE, o son conversaciones al margen de cualquier tipo de acuerdo que ya tengan entre ustedes?

Vicepresidente.- Ese segundo asunto es indiferente. Lo que importa no es el órgano, sino que haya conversaciones entre los partidos.

A partir de ahí, yo creo que hay muchísimas coincidencias. Yo creo que hay muchísimas más coincidencias que asuntos en los que podamos tener discrepancias. De hecho, en las grandes decisiones sobre la estructura territorial del Estado siempre. No ha habido ninguna. Que yo recuerde en este momento, se han adoptado de acuerdo entre el PP y el PSOE. Porque ¿cuáles son las importantes? Son, fundamentalmente, el Título VIII de la Constitución y todos los Estatutos y las reformas que se han planteado a lo largo de estos últimos años.

Yo no recuerdo que se haya planteado ninguna modificación --no recuerdo, puede que haya algún caso--, no se ha aprobado ninguna reforma estatutaria sin un acuerdo muy mayoritario en las Cámaras, que por otra parte yo creo que es necesario, además, porque así lo exige la Ley; creo, ¡eh! Pero, desde luego, no recuerdo ningún caso en que se haya aprobado ninguna reforma estatutaria sin acuerdo entre los dos grandes partidos y, de hecho, como le recordaba antes a su compañero, hubo pactos importantes en los años 1992 y 1996.

Por tanto, yo creo que hay una coincidencia y otra cosa es que en determinados momentos pueda haber unas discrepancias que se plasman fundamentalmente a través de declaraciones. Pero, desde luego, creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido y nosotros ya lo hemos dicho en alguna ocasión: creemos que éste es un asunto muy difícil, con el que no se puede jugar y en el que no se deben hacer planteamientos de carácter unilateral. Es evidente que usted puede plantear que quiere reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o que para crear más empleo la política que se puede hacer sea ésta u ésta; pero estos temas son lo suficientemente serios como para no andar jugando con ellos.

P.- Sobre este mismo tema me gustaría detenerme en el carácter discreto que le quiere dar el Gobierno a sus contactos con el PSOE en este tema, cuando en los últimos tres años todo ha sido llevado al Pacto Antiterrorista o al Acuerdo por las Libertades, y la pregunta es ¿por qué? ¿Es que considera que la situación es tan grave como para llevarlo de forma discreta y no echar más leña al fuego o hay alguna razón política que se nos escapa?

Vicepresidente.- En absoluto. Yo creo que es compatible cualquier procedimiento. El año pasado pactamos, como es sabido, la puesta en marcha del procedimiento establecido en la Ley de Partidos en el verano y hubo algunas reuniones, pero las más importantes fueron unas reuniones discretas. Eso no obedece a nada. A veces, se puede hacer una reunión formal y conocida y otras no hay porque hacerlo así. A mí eso no me parece lo importante, lo importante es que seamos capaces de entendernos y de mantener una posición muy clara. Yo creo que nuestra posición es clara y conocida, y para mí la del PSOE, también.

P.- Para la Ministra de Sanidad. Quería preguntarle, entonces, cuál es el plazo que se establece para que una pareja pueda donar sus embriones congelados para la ciencia; si ya no hace falta esperar cinco años, si se fija algún límite o los puede donar desde el primer momento.

Y al Ministro Zaplana le quería preguntar en relación con la Ley de los Abuelos si en esta Ley se establece alguna medida de control para que padres a los que se les han retirado las visitas o tienen órdenes de alejamiento de sus hijos utilicen las visitas a los abuelos para incumplir esta orden.

Sra. Pastor.- La disposición final primera del texto dice perfectamente cuáles son los plazos que se establecen. Dice que las alternativas que puede elegir la pareja con todos sus requerimientos se desarrollarán en el plazo de cuatro meses y, a partir de ese momento, ya son los progenitores los que deciden si donan las células de ese embrión congelado, las donan para la descongelación y para que se puedan utilizar en la investigación.

Sr. Zaplana.- Este Proyecto de Ley no hace ningún tipo de referencia como a la que usted ha aludido, sino todo lo contrario: modifica cinco artículos del Código Civil que están exclusivamente relacionados con el informe que he realizado anteriormente y que ustedes conocen. Pero saben que hay medidas en este momento en marcha, como es la orden de protección, con las posibilidades que se le brindan al juez para poder tomar decisiones, que afectan a este ámbito por usted aludido y que se han hecho reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en ese sentido.

Vicepresidente.- Muchas gracias.

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