Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muchas gracias. Muy buenas tardes.

El Consejo de Ministros ha estudiado en su reunión de hoy diversas iniciativas que supondrán un nuevo avance en la modernización y desarrollo de la Justicia. El Consejo ha acordado remitir para su informe a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial el Anteproyecto de Ley de Arbitraje. Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto por el que se modernizan los Archivos Judiciales. El Ministro de Justicia les dará amplia información sobre estos acuerdos, así como sobre el informe que ha presentado hoy en relación con el proyecto de modernización del lenguaje jurídico.

El Consejo ha acordado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. El nuevo texto, que ha sido consultado y asumido por las organizaciones empresariales CEOE, CEPYME y las sindicales UGT y Comisiones Obreras, recoge una serie de medidas cuyo fin prioritario es combatir de manera activa la siniestralidad en nuestro país. Entre las principales iniciativas recogidas destaca la obligación de los empresarios para elaborar e implantar un plan de prevención de riesgos laborales. Asimismo, las empresas con actividades peligrosas tendrán que designar responsables en materia de seguridad y riesgos laborales, que deberán estar en el centro de trabajo en las situaciones de mayor riesgo.

En materia de Trabajo se ha aprobado también un Real Decreto por el que se regula para el año 2003 el Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Se estima que cerca de 50.000 desempleados recibirán una renta de 338 euros mensuales, correspondientes al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, por un período máximo de diez meses. El presupuesto global previsto para este proyecto es de 301 millones de euros en el año 2003. El nuevo Programa mantendrá como beneficiarios a los colectivos de desempleados mayores de 45 años, parados de larga duración, los inmigrantes retornados, los minusválidos y las víctimas de la violencia doméstica. Como principal novedad, las víctimas de la violencia doméstica que hayan obtenido una orden de protección del juez podrán cobrar la renta al día siguiente de su solicitud.

El Consejo ha aprobado dos Reales Decretos de desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación referidos a la atención educativa a los alumnos superdotados y a la enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Estos Reales Decretos han contado con el informe favorable del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Estado, y fueron debatidos en la Comisión General de Educación, en la que están representadas las Comunidades Autónomas.

En otro orden de cosas, se ha acordado solicitar a las autoridades de Francia la extradición del miembro de ETA Aitor García Justo.

En el área de Fomento, se ha autorizado la licitación de las obras de plataforma de los cuatro primeros tramos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, en las provincias de Barcelona y Girona. Los tramos son: La Roca-linars, Sant Celoni-Riells, Riells-Massanés y Sila-Riudellots. El presupuesto conjunto de licitación de estas obras será de 172 millones de euros. En la actualidad se encuentran ya en marcha un total de 684,6 kilómetros de obra de plataforma en esta Línea de Alta Velocidad, cuya longitud total es de 855 kilómetros.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican, tanto la composición, como las funciones del Patronato conjunto de los Museos Romántico, en Madrid; del Greco, en Toledo, y la Casa Museo Cervantes, en Valladolid. La composición del Patronato pasará de 27 a 15 vocales con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en su funcionamiento, mientras que las funciones del mismo se modificarán para mejorar su labor de apoyo y colaboración a la hora de potenciar y definir las actividades de estos Museos.

En materia de personal, se nombran Consejeros Electos del Consejo de Estado a don Juan José Badiola Díez, don Rafael Gómez-Ferrer Morán, don Juan Ramón Quintás Seoane, don José Luis Meilán Gil y don Manuel Díaz de Velasco. En el área de Educación, Cultura y Deporte se nombra Directora General de Infraestructuras Deportivas y Servicios a doña Cristina Torre-Marín Comas; y, en el área de Trabajo y Asuntos Sociales, Vocal del Consejo Económico y Social, en representación de las organizaciones de Consumidores y Usuarios, a don Juan Moreno Rodríguez.

En cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno, el lunes 21, a primera hora de la mañana, viajará a Logroño donde visitará la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil. El martes 22, a las 10,00, recibirá al Presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Sanz y a las 12,00 recibirá al Primer Ministro de Irlanda, con quien mantendrá una reunión de trabajo, seguida de una conferencia de prensa conjunta y un almuerzo. El miércoles 23, a las 10,00, recibirá al Presidente del Principado de Asturias, don Vicente Álvarez Areces, y a las 12,30 asistirá a un acto en la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del Partido Popular, en El Escorial. El jueves 24, a las 10,00, recibirá al Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, don Jaume Matas; y, a las 17,30, al Presidente de la Diputación General de Aragón, don Marcelino Iglesias. Y el viernes 25, a las 9,30, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Por último, el Consejo ha estudiado un informe sobre la situación actual y las medidas adoptadas en relación con el buque "Prestige". El informe analiza el apoyo prestado a los afectados, las actuaciones realizadas en el mar y en las costas, y las actuaciones legales emprendidas por parte del Estado. Luego se les entregará un breve resumen, pero yo voy a hacer referencia a lo que me parece más interesante desde el punto de vista de la opinión pública y, si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy a su disposición para responderla.

Yo creo que los datos más significativos, que indican que cada vez caminamos en mayor medida, como no podía ser de otra forma, por otra parte, hacia la normalidad, son los siguientes:

En un primer momento recibían ayudas más de 20.000 personas; hoy estamos en 1.762, que se reducirán de forma considerable a partir del próximo mes de agosto.

En segundo lugar y en cuanto a la solución definitiva del pecio, del buque en el lugar del hundimiento, como ustedes saben, puedo decirles que ha concluido satisfactoriamente la adaptación de los cuatro robots necesarios. Todos ellos se encuentran al borde del buque polar "Prince" en la zona del hundimiento. Los robots ya adaptados han obturado totalmente la fuga diez, que es la que liberaba mayor cantidad de fuel, y la número dos y parcialmente la fuga seis, ambas en proa, y la proa en este momento sólo pierde 0,07 toneladas al día. También se está ultimando la fabricación de dos bolsas-lanzadera y ha comenzado la de sus equipos complementarios para proceder a la perforación del pecio.

De igual forma y en paralelo se está trabajando en la segunda de las posibles soluciones, el confinamiento de la marquesina, y ya se han adjudicado tres contratos: el primero, de desarrollo de la ingeniería básica; el segundo, la realización de ensayos hidrodinámicos, con modelos a escala de la marquesina, barcaza y boyas; y, el tercero, la simulación de extracción del fuel de la marquesina.

También creo que es importante hacer una referencia a la actividad pesquera y marisquera. En este momento se puede pescar en todo el caladero, tanto del Atlántico como en el Cantábrico, y solamente hay algunas limitaciones en materia de marisqueo. Concretamente, en Galicia la extracción de bivalvos todavía permanece prohibida en una zona pequeña, entre Cabo Fisterra y Punta de los Remedios, y la captura de percebe entre Aguiño y A Coruña. En Asturias solamente está prohibida la captura de percebe en una zona pequeña, entre Cabo Bidio y Cabo Peñas, y en el País Vasco permanece prohibida la captura de percebe, ostra, ostrión, lapa y bígaro en una zona concreta.

Por tanto, la pesca está abierta en su totalidad y hay todavía algunas zonas donde no es posible el marisqueo, aunque solamente afecta a algunas especies pequeñas.

En cuanto a la limpieza de arenales, que es, lógicamente, un tema muy importante en estos momentos del año sobre todo, el día 17 de julio, jueves, es decir, el día de ayer, solamente seis arenales en todo el Cantábrico y el Atlántico presentaban restos de fuel y a ello hay que añadir que, debido a los vientos del norte y del noroeste que se están registrando en estas fechas, y que son los habituales en esta época del año, entran algunas pequeñas concentraciones que se recogen a lo largo de la jornada, sobre todo en alguna playa muy concreta del Cantábrico.

Por último, quiero hacer referencia a otro asunto que es importante, que son las catas que hacemos en los arenales. Como ustedes saben, una playa puede estar limpia y se puede transmitir la idea de que está limpia porque no se ve ningún resto de fuel, pero siempre existe la posibilidad de que exista contaminación en la profundidad. Por tanto, estamos haciendo catas en distintos arenales para ver qué es lo que ha sucedido. En Galicia la tarea está concluida: se hicieron 4.485 catas en 483 playas y de esas 483 se detectó contaminación en 48; es decir, aproximadamente un 10 por 100 de ellas; pero en el día de hoy, tras las labores de limpieza, ya sólo queda contaminación en cuatro playas: dos en el municipio de Muxía, una en el de Carballo y otra en el de Fisterra. En Asturias se hicieron 1.269 catas y sólo en dos se detectó contaminación, y hoy ya están limpias. Y en Cantabria, 960 catas, todas ellas con resultados negativos.

Se les entregará luego una documentación-resumen de las actuaciones y de la situación en la que estamos en este momento, pero yo creo que es lo que tiene más interés en este instante desde el punto de vista de la opinión pública.

Sr. Michavila.- Quería informar de un conjunto de iniciativas para seguir impulsando la modernización de la Justicia, que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Una vez que el último paquete de medidas de modernización de la Justicia está dando un buen resultado --saben ustedes que en el mes de abril empezó la justicia penal rápida que, a fecha de hoy, ha permitido que 35.000 asuntos penales se resuelvan en 72 horas o en quince días; que en el mes de mayo entró en funcionamiento la plena profesionalización de todos los órganos judiciales en nuestro país por primera vez y se culminó el proceso de creación de 800 nuevas plazas judiciales; que en el mes de junio ha entrado en funcionamiento la nueva Ley de retribuciones de Jueces y de Fiscales y la puesta en marcha del plan de transparencia judicial--, entendíamos que era necesario abordar un nuevo impulso de modernización de la Justicia.

Ese impulso se centra en tres ejes. El primero es poner en marcha medios para hacer el lenguaje jurídico, el lenguaje judicial, más moderno, más comprensible por los ciudadanos, y acercar de esta manera la Justicia a los ciudadanos, como prevé el punto siete de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia.

En segundo lugar, está modernizar los archivos judiciales y la gestión de los expedientes judiciales. A este fin se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto que viene a sustituir el viejo Real Decreto vigente desde 1911 y que responde a tres criterios fundamentales:

En primer lugar, se establecen tres tipos distintos de expedientes judiciales. Hasta ahora no había método ni concierto en cómo se archivan los expedientes judiciales, y ahora se establece un archivo de gestión, es decir, aquellos expedientes vivos, un archivo territorial y un archivo central, que son aquellos expedientes de más de cinco años.

En segundo lugar, esto va a permitir liberar 40.000 metros cuadrados de suelo, que en este momento se destinan a expedientes y a archivo judicial, y va a permitir mejorar los espacios judiciales. Quienes conozcan los Juzgados verán que en muchos pasillos, en muchas sedes y oficinas judiciales se amontonan legajos. En este momento hay más de 2.000 millones de documentos en las sedes judiciales que no están archivados con arreglo a unos criterios profesionales de método y de racionalización. Eso permite que los nuevos edificios judiciales y esos 40.000 metros cuadrados que se liberan se dediquen a atender mejor al ciudadano, a que haya oficinas de atención a las víctimas de los delitos en todos los órganos judiciales y a hacer una arquitectura judicial que permita atender mejor a los menores y también algo que prevé la Carta, y es que en las oficinas judiciales, en la espera de un juicio, no coincidan en el mismo espacio, en el mismo recinto, el agresor y la víctima.

En tercer lugar, el Real Decreto incorpora las nuevas tecnologías en la gestión de los expedientes y archivos judiciales. La experiencia está ya contrastada: el 28 de abril se puso en marcha la gestión telemática del Registro Central de Penados y Rebeldes. A fecha de hoy podemos decir que hemos ahorrado ya, tan sólo en dos meses y medio de funcionamiento, 400.000 documentos, y se han expedido en este tiempo 80.000 certificaciones telemáticas de antecedentes penales. Eso antes requería seis meses de papeleo y cinco documentos. En este momento está funcionando con plena normalidad y en tan sólo tres o cinco minutos se obtiene el documento de manera telemática y se ahorran, como digo, 400.000 papeles, 400.000 documentos.

Son ésos los criterios que presiden un Real Decreto que ha sido hablado, dialogado y consensuado con las Comunidades Autónomas, informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial y articulado, en lo que supone de aplicación de la informática a la gestión administrativa, por el Ministerio de Administraciones Públicas.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha decidido remitir a informe del Consejo General del Poder Judicial una ley importante y una ley necesaria: una nueva Ley de Arbitraje. Se trata de un compromiso asumido por el Presidente del Gobierno en su Debate de Investidura dentro de los compromisos para modernizar nuestra justicia.

El arbitraje va a permitir desjudicializar los conflictos, el que muchos ciudadanos puedan, de una manera más ágil y flexible, sin necesidad de acudir a los Tribunales, resolver sus diferencias, sobre todo en el ámbito mercantil, en el ámbito comercial, en el ámbito económico. Fíjense ustedes en que del año 2001 al año 2002 el número de asuntos planteados ante los tribunales civiles creció un 14 por 100, de 850.000 asuntos a 973.000 asuntos, y, sin embargo, nuestra Ley de Arbitraje no responde a solucionar esas dificultades o esas diferencias entre comerciantes o entre empresas. Nuestra Ley de Arbitraje actual hace que muy pocos ciudadanos puedan acudir al arbitraje y, en consecuencia, se impulsa una nueva ley.

La nueva Ley ha sido elaborada por la Comisión de Codificación en su sesión mercantil, ha sido elaborada por expertos en Derecho Mercantil, por jueces, por abogados conocedores de los problemas mercantiles, y responde a tres criterios: en primer lugar, dar mayor confianza al arbitraje, dando mayor eficacia al laudo arbitral; en segundo lugar, impulsar el principio de libertad y flexibilidad en los procedimientos; y, en tercer lugar, tratar de hacer de España un país de referencia para dirimir los arbitrajes, los conflictos, en todo el ámbito iberoamericano.

La Ley incorpora decididamente el arbitraje internacional. Tenemos un Derecho común en toda Iberoamérica del que pueden ser beneficiarios 300 millones de usuarios. Cada vez es más intensa la colaboración y el intercambio mercantil empresarial y comercial entre los países iberoamericanos, entre España y el conjunto de la Comunidad Iberoamericana, y esta Ley permite que España sea referencia de un arbitraje en el ámbito iberoamericano.

Es una ley que viene a regular en todo su articulado las competencias del laudo, la designación del árbitro, la eficacia del laudo; la posibilidad de que se establezcan medidas cautelares previas al proceso de arbitraje; la posibilidad de que el laudo arbitral resuelva parcialmente, si así lo decide, un conflicto, de tal manera que a menos se avance en la solución inmediata y eficaz del conflicto, así como incluir algunas cuestiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil que han funcionado eficazmente a la hora de dirimir conflictos, a la hora de impugnar el propio laudo arbitral o a la hora también de designar judicialmente un árbitro.

En consecuencia, ésta es una ley que era muy esperada en el mundo del comercio, en el mundo de la economía, y que va a unida a otras leyes que hemos puesto en marcha: va unida a una apuesta muy clara porque la Ley Concursal que acabamos de aprobar da una solución de viabilidad a las empresas que pasan por dificultades y va unida al proceso que saben que estamos impulsando de creación de los nuevos Juzgados de lo Mercantil; es decir, que haya jueces especializados en los temas de la pequeña y mediana empresa y asistidos por primera vez por economistas forenses, contables forenses y auditores forenses.

Todo ello supone que la Justicia se acerque a una economía como la española, dinámica, que crea riqueza, que crea puestos de trabajo, y la Justicia debe ser un instrumento para agilizar y mejorar esa economía española que crea puestos de trabajo y crea bienestar social.

P.- Una pregunta para el Vicepresidente Primero. Quería que me dijera cómo ve el Gobierno esas acusaciones lanzadas ayer por Pascual Maragall contra José María Aznar, al que ha acusado de querer enfrentar a Cataluña con el resto de España, como ya ha hecho con el País Vasco, y al que ha acusado también de tener un concepto de España que es preconstitucional y no democrático.

Vicepresidente.- Yo no voy a hacer ningún debate público con el señor Maragall. Lo que quiero decir es que el señor Maragall ha hecho una propuesta y, como es natural, cada uno puede hacer las propuestas que estime oportunas y convenientes; pero es una postura que supone un cambio radical en las reglas de juego que todos los españoles nos dimos en el año 1978 y luego en los años 1979 y 80 cuando entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Voy a citarle tres o cuatro asuntos que, sin duda alguna, yo creo que son importantes y sobre los cuales es bueno, sin duda, que haya el mayor conocimiento posible.

En primer lugar, lo que propone es la utilización de la vía del artículo 150.2 de la Constitución para asumir competencias que son, según la propia Constitución, competencia exclusiva del Estado, en materia de legislación de educación, de sanidad, vivienda, universidades, inmigración, urbanismo, industria, puertos y aeropuertos. Ésa es la propuesta. Se podrá estar o no de acuerdo, pero ésa es la propuesta.

En segundo lugar, hay una segunda propuesta, que es que pretende que la Generalitat sea la única Administración en el territorio de Cataluña y, por tanto, que la Administración del Estado no exista en Cataluña.

En tercer lugar, propone también su participación en la designación de los titulares de los órganos políticos comunes del Estado.

En cuarto lugar, establece que la Generalitat participará en la actividad normativa de la Unión Europea en forma directa, cosa que no es posible en este momento, o a través de la representación del Estado.

Al final, hace una apuesta que no está en la Constitución para que la Comunidad de Cataluña tenga un modelo económico similar al del País Vasco y Navarra.

Ésta es una propuesta que, en mi opinión, supone romper absolutamente con lo que hay. Esto es difícil de discutir y, desde luego, sería imposible la existencia de un Estado si todo el mundo hiciera esta suerte de planteamientos.

Frente a esta propuesta evidentemente hay otras. Yo creo que, al final, esta persona se ha dejado llevar por planteamientos de partidos, como Esquerra Republicana o como la propia Iniciativa per Catalunya, y frente a esta propuesta hay quien legítimamente tiene derecho a pensar que estamos en una situación de estabilidad constitucional y estatutaria; que esto es bueno; que nos hemos dado unas reglas de juego que fueron difíciles, porque todos sabemos que tanto la negociación del Título VIII de la Constitución, como la negociación de los Estatutos de Autonomía, no fue cosa fácil, y al final hay un dato que es muy significativo: el propio señor Pujol en estos veintitrés años nunca planteó en serio y de verdad una reforma a fondo del Estatuto, porque sabe las dificultades que tuvimos para conseguirlo y sabe que ésta fue una regla de juego que todos nos dimos y en la que todos, evidentemente, cedimos en nuestros planteamientos.

A partir de ahí, cada uno puede hacer lo que estime oportuno y conveniente. Yo no sé si el señor Zapatero le ha dado o no apoyo a esta propuesta, como ha dicho el señor Maragall; pero sería bueno y sería muy positivo y muy ilustrativo de cara a la opinión pública española que el señor Zapatero dijera si le ha dado o no de verdad apoyo a esta propuesta en la que, lógicamente, algunos no coincidimos y creo que tenemos pleno derecho a no coincidir.

Un asunto de la importancia de éste, un asunto de estas características, que fue motivo de debate y de polémica clara en los años 78 a 80, que resolvimos con dificultades y con mayor o menor acierto, pero que ha fijado unas reglas de juego que han proporcionado un nivel de autogobierno como nunca ha existido en España, creo que no se debe tratar de esta forma. Yo, desde luego, no estoy a favor, no puedo estarlo, de que el Estado se vea sin sus competencias exclusivas, aunque sea utilizando la vía del artículo 150.2; o de que la Administración del Estado no exista en Cataluña; o de que muchas de las competencias que son propias y que son de las competencias en materia de política internacional del Estado deje de tenerlas; o de generar el sistema del Cupo a otras Comunidades Autónomas porque, si generamos el Cupo a otras Comunidades Autónomas, sería matemáticamente imposible el mantener el modelo de Estado que tenemos en este momento. Digo "matemáticamente" imposible por razones puramente numéricas.

P.- Sobre este mismo tema, para el Vicepresidente. De su explicación no me ha quedado claro si el Gobierno considera que la propuesta de reforma estatutaria que plantea el PSC, los socialistas catalanes, exigiría o no una reforma de la Constitución, porque ha dicho que tiene aspectos cuestionables, criticables. Me gustaría saber si encaja en la Constitución y si el hecho de que encajase, si así fuera, no facilita su debate con el resto de fuerzas políticas.

Para el Ministro de Justicia. ¿Qué previsiones tiene respecto a la propuesta de sustitución del Fiscal Anticorrupción? Se había dado la fecha del 25 de julio y quería saber si esa fecha se mantiene y también que hiciera un poco de valoración de estos ocho años de funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Vicepresidente.- Propuestas hay dos: una conjuntamente con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya y otra presentada por el PSC, que son las famosas bases para la elaboración de un nuevo Estatuto. Voy a referirme fundamentalmente a ésta.

En ella se hace un esfuerzo para decir que no se pretende reformar la Constitución, pero el contenido del Estatuto es manifiestamente contrario a la Constitución, porque no está en el espíritu de la Constitución que las competencias exclusivas del Estado, como la legislación en materia de Educación, en materia de Sanidad, en materia de Universidades o en materia de inmigración, no sean competencia del Estado. Eso no lo dice la Constitución.

Lo mismo ocurre en cuanto al régimen económico. Es decir, no está en el espíritu constitucional, que además se ha recogido, como usted sabe, en base a la asunción por parte de todos los españoles del hecho foral, tanto en el caso de Navarra como del País Vasco; no está en la Constitución, ni siquiera en su espíritu, el que sea un modelo que valga para otro. No está tampoco en la Constitución que ninguna Comunidad Autónoma participe directamente en Europa en la elaboración de los proyectos normativos. Por tanto, ni su texto ni su espíritu están en la Constitución.

Otra cosa es que, quizá para no alarmar o sabe Dios con qué efectos, se haga el mayor esfuerzo de que uno sea capaz para decir que eso se ajusta a la Constitución. En mi opinión, no lo está y, en mi opinión, vuelvo a insistir, un asunto de estas características no se puede tratar como se está tratando en estos momentos, y permítame que huya de las declaraciones grandilocuentes, porque es que al final a uno le sueltan cualquier cosa y ahí nos quedamos. Pero estos datos y estas cosas que acabo de decir yo creo que son enormemente significativas de lo que se propone y me preocuparía mucho que el Partido Socialista apoyara este tipo de reforma estatutaria.

Sr. Michavila.- En relación con la puesta en funcionamiento de la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, yo creo que las cosas están funcionando con la normalidad democrática de un impulso de modernización y de democratización del Ministerio Fiscal. En ese sentido, afecta a las Fiscalías, también a la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción y el resto de las jefaturas de las Fiscalías eran los únicos cargos vitalicios que quedaban en nuestra democracia. Los órganos unipersonales como cargo vitalicio son propios de las dictaduras y no de las democracias, y en ese sentido creo que es algo que todos los demócratas aceptan.

Es posible que alguien se considere imprescindible; pero, afortunadamente, en democracia sabemos que nadie es imprescindible. Incluso hay personas que ejercen un extraordinario liderazgo político que autolimitan sus mandatos. Fíjese en que patrimonio ético tiene nuestra democracia para hacer que principios democráticos se apliquen a todas las instituciones. Se viene aplicando la renovación de mandatos a las Audiencias Provinciales, a los Tribunales Superiores de Justicia, a la Presidencia de Salas del Tribunal Supremo, al propio Presidente del Tribunal Supremo; por supuesto, a todas las autoridades: a los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, hoy se han renovado los Consejeros del Pleno del Consejo de Estado. Yo creo que ese principio democrático es extraordinariamente sano.

El Estatuto que acaba de aprobar el Parlamento es el que se está poniendo en marcha. Ese Estatuto mantiene el número de Fiscalías y la estructura del Ministerio Fiscal que está en este momento en vigor, con una matización y es que hace un reforzamiento de la especialización de los Fiscales para atender mejor la lucha contra la violencia doméstica, la persecución de los delitos de medio ambiente y la protección con más eficacia de los menores. Ésa es la renovación que ha hecho una ley que acaba de aprobar el Parlamento y, desde luego, no tenemos intención de modificar esa Ley.

P.- Pero yo le preguntaba si el viernes próximo se va a proponer la sustitución del Fiscal Anticorrupción y que me hiciera un balance del funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Sr. Michavila.- La cuestión más concreta que me hace ahora se la contesto también de una manera muy concreta. Sabe usted que el procedimiento previsto en la Ley es que, previamente y como órgano consultivo, no vinculante, informe el Consejo Fiscal y, a su vez, las propuestas las hace el Fiscal General del Estado, que es quien está impulsando, lógicamente, según la Ley, este proceso de renovación.

El Consejo Fiscal se va a reunir el próximo día 22 y, en consecuencia, una vez que el Consejo Fiscal haga sus propuestas, será el Fiscal quien eleve al Ministro de Justicia, para que a su vez eleve al Consejo de Ministros, las propuestas.

Yo creo que no puedo decirle nada, ni se lo voy a decir, y no tenga ninguna duda que no le voy a decir nada hasta que no escuche al Consejo Fiscal, puesto que soy extraordinariamente respetuoso, no sólo con la Ley, sino también con la "autoritas" que tiene ese Consejo Fiscal. En consecuencia, esperaré a oír la opinión del Consejo Fiscal para luego hablar de propuestas.

P.- Al Vicepresidente Primero. Después del desencuentro del Cupo, la patronal vasca, Confebask, ha propuesto su intermediación para retomar el diálogo institucional entre el Gobierno vasco y el Gobierno español. Quisiera saber, después de que el Lehendakari haya aceptado la oferta, cuál es su posición y si preven llegar a un acuerdo para no recurrir a los Tribunales.

Vicepresidente.- Sobre ese asunto lo primero que quiero decirle a usted es que yo lo entiendo, porque además comparto la preocupación que puede tener el empresariado vasco, que no ha manifestado solamente en esta ocasión, sino que ha manifestado también en otras muchas oportunidades, por las repercusiones de todo tipo; pero, tratándose de empresarios, de forma muy especial por las repercusiones económicas que determinadas actitudes, en mi opinión, por parte del Gobierno vasco, se están produciendo.

Yo ya recuerdo el posicionamiento muy claro, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, del empresariado vasco en contra del Plan Ibarretxe, que suponía, como en algunas otras ocasiones, una ruptura de esas reglas de juego que entre todos hemos acordado, que han sido útiles y que han producido un importante proceso de descentralización. El empresariado vasco se opuso porque le preocupaban la división y los efectos que podría generar el Plan Ibarretxe y no recibió por parte del Lehendakari, como es sabido, una respuesta positiva.

También el empresariado vasco manifestó su preocupación cuando el Gobierno del que yo formo parte y el Gobierno vasco negociamos el Concierto, y actuó ante las Diputaciones Forales y ante el Gobierno vasco para que no hicieran de ese asunto, un tema capital y básico para el funcionamiento de las instituciones vascas, motivo de polémica. Creo que ahí desempeñaron una muy buena función.

Y a mí ahora también me gustaría que el empresariado vasco y todos aquellos que tuvieran una influencia y que, lógicamente, estuvieran interesados para la solución normal de las cosas que le hicieran ver al Gobierno vasco que lo que ha hecho, descontándose del Cupo unilateralmente algo más de 30.000 millones de pesetas, es algo que no es de recibo, que es otra ruptura de las reglas de juego. Las reglas del Cupo son que las Administraciones acuerdan. Lo que no es de recibo, lo que no hay por donde cogerlo y lo que supone una violación, no sólo de las normas, sino una violación de la lógica y del sentido común, es que unos señores unilateralmente digan que hay 32.000 millones de pesetas que no van a pagar, porque ellos entienden que se les deben como consecuencia de determinados gastos realizados en actividades sanitarias.

Yo creo que es muy importante que alguien, y sin duda alguna los empresarios pueden hacerlo, o cualquier otra persona, o los medios de comunicación pueden hacerlo, le digan al Gobierno vasco que esto no se puede hacer, igual que no se puede decir que no se cumple una sentencia de los Tribunales.

Por tanto, entiendo la preocupación, estoy muy de acuerdo con lo que han hecho en relación con el Plan Ibarretxe y lo que han hecho para que se llegara al acuerdo en materia de Concierto y ahora deben pedirle al Gobierno vasco que no puede uno fijar unilateralmente las reglas de juego.

A partir de ahí, usted me pregunta si nosotros vamos a ir o no a los Tribunales. Nosotros no queremos, no tenemos ningún interés, como es natural, en ir a los Tribunales, es decir, nosotros queremos que las cosas se resuelvan civilizada, seria y normalmente, y, por tanto, vamos a intentar poder hablar de este asunto. Nunca nos hemos negado a hablar de este asunto; lo que no podamos aceptar, igual que no podría aceptar el Gobierno vasco, es que tomemos decisiones unilaterales, porque ésta no es la forma civilizada de comportarse y de actuar en la vida política.

Por tanto, en este tema nosotros queremos hablar, como demostramos que queríamos hablar cuando se negoció el Concierto Económico, y queremos hablar también de las transferencias pendientes. Recuerdo que nosotros hemos remitido una carta a los responsables del Gobierno vasco, diciendo que queremos negociar las transferencias del INEM y la Formación Profesional Ocupacional, e incluso hemos hecho una oferta, y se nos ha contestado con una carta que, desde el punto de vista formal --ya no me refiero al aspecto sustantivo, porque de eso no se decía nada--, es manifiestamente mejorable.

Por tanto, insisto, entiendo la preocupación de los empresarios, porque es la preocupación que tiene cualquier persona normal; pero yo creo que es preciso que el Gobierno vasco, si aún es capaz, reflexione sobre que hay cosas que no se pueden hacer de ninguna manera, como es la de actuar de esta manera unilateral.

P.- ¿Estaría el Gobierno abierto a una nueva Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorice una fuerza internacional de estabilización en Iraq, como están exigiendo algunos países, entre ellos Rusia, como condición para enviar sus tropas a la zona?

Vicepresidente.- La Resolución 1.483, que se la voy a leer porque sin duda alguna creo que tiene su interés, es muy clara en este sentido. Las fuerzas de seguridad de España y de otros muchos países que están o van a estar en Iraq en los próximos tiempos están con una función que es enormemente importante, que es contribuir a la estabilidad y la seguridad en Iraq. Es que a veces da la sensación de que estas Fuerzas van a participar en una guerra o en actividades militares.

Nuestra posición es muy conocida; nosotros dimos apoyo político en su día a la intervención por las razones que no voy a reiterar ahora; participamos, y lo dijimos así, a efectos exclusivamente humanitarios y para eso creo que se desarrolló una muy importante labor por miembros de nuestras Fuerzas Armadas en la zona de Um Qsar, sobre todo, al sur de Iraq, y ahora vamos a participar para garantizar la estabilidad y la seguridad en Iraq. Garantizar la estabilidad y la seguridad en Irak es algo absolutamente imprescindible; es que, si nadie garantizase la estabilidad y seguridad en Iraq, eso sería letal para los veintiséis millones de ciudadanos iraquíes. Es que es impensable que no puedan estar o que no deban estar el mayor número de países posibles para garantizar la estabilidad y la seguridad en Iraq.

La última Resolución de Naciones Unidas, la 1483, que fue aprobada por unanimidad, es la que faculta y la que, sin duda alguna, nos permite poder colaborar. Esa Resolución dice que "es indispensable crear un entorno de seguridad que permita al pueblo iraquí constituir un Gobierno totalmente representativo y basado en el Estado de Derecho" y dice la Resolución que la participación de los Estados la prevé "en las tareas de estabilización y de reconstrucción de Iraq, sin tener condición de potencia ocupante y actuando en el marco de autoridad". Expresa el propio Consejo de Seguridad su "satisfacción por la existencia de otros Estados miembros dispuestos a contribuir a la estabilidad y la seguridad en Iraq, mediante la aportación de personal y equipo, y otros recursos"; y hace un llamamiento a los Estados miembros y a las organizaciones territoriales para que ayuden al pueblo de Iraq en la labor de reformar sus instituciones, reconstruir el país y contribuir a que existan condiciones de estabilidad y seguridad.

Es que hace un llamamiento la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aquí hay quien ahora pretende nuevamente introducir debates, ver si puede alargar hasta al máximo de sus posibilidades que se mantenga en la opinión pública un asunto que ellos entienden que le puede producir una cierta rentabilidad política; pero es que es disparatado lo que están diciendo algunos líderes de la oposición en los últimos días.

Es que es el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que, como le acabo de leer --es decir, que ya mis palabras no son interpretables, estoy leyendo la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-- dice que hay que hacer un esfuerzo para que existan condiciones de estabilidad y seguridad. Ése es el objetivo y, a partir de ahí, cada uno puede hacer lo que quiera y hacer lo que estime muy oportuno y conveniente. Pero, desde luego, nosotros no vamos a negarnos a ayudar para que haya estabilidad y seguridad, que es lo prioritario. En este momento la mayor prioridad que hay en Irak, aparte de reconstruir el país, es que haya una cierta estabilidad y seguridad, porque en un país sin reglas de juego comprenderá usted que es imposible hacer absolutamente nada.

Por tanto, ésa es la posición del Gobierno sobre este tema y lamento, porque acabo de ver unas declaraciones aquí del principal líder de la oposición diciendo que es un disparate... Y, si nadie manda para garantizar la seguridad y estabilidad fuerzas a Iraq, a pesar del mandato y de la petición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿cuál es la alternativa? ¿Nos vamos todos y dejamos aquello de qué manera? Por tanto, creo que la posición del Gobierno es perfectamente entendible y me parece bastante poco serio lo que están haciendo algunos, pero eso ya son otras cosas.

P.- Dos preguntas para el Vicepresidente. Después del debate de ayer todavía y dada la negativa del PSOE a apoyar el envío de tropas a Iraq y su profunda discrepancia sobre la labor que allí van a desempeñar, ¿el Gobierno da por roto el consenso en materia de Defensa, después de haberse roto en Asuntos Exteriores?

En segundo lugar, dados los paralelismos y las similitudes entre la propuesta de Estatuto de Pascual Maragall y la que hace CiU, ¿cree el Gobierno que es inviable llegar a acuerdos en el diálogo con CiU si no retira esa propuesta?

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, el Gobierno no tiene el más mínimo interés en que no haya un acuerdo en determinados asunto, yo se lo puedo decir reiterar. Yo creo que es fundamental para España el que haya un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición o entre los dos grandes partidos, si usted quiere, en el tema territorial, como ha habido hasta ahora. Yo firmé el Pacto Autonómico de 1992 cuando estábamos en la oposición y después participé en el de 1996, que provocó la reforma de diez Estatutos de Autonomía.

Yo creo que ahí es fundamental el acuerdo en materia de organización territorial del Estado, es fundamental en política exterior y es fundamental en materia de política de seguridad y de defensa, y el Gobierno hará todo cuanto esté en sus manos para que esto sea así. Pero, claro, comprenderá usted que una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa distinta es hacer lo que dice la oposición y el único planteamiento que hace la oposición es: "usted no contribuya a la generación de condiciones para que haya seguridad y estabilidad en Iraq, a pesar de que lo dice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Eso nos dificulta mucho las cosas, pero por nuestra parte tenemos el máximo interés, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, en que haya acuerdo en estos temas.

¿Posibilidades de llegar a acuerdos son Convergència i Unió? Nosotros queremos llegar a acuerdos con Convergència i Unió. Es que, entre otras cosas, hemos estado acordando cosas que han sido enormemente beneficiosas para Cataluña y para España en conjunto a lo largo de estos últimos años. Usted sabe que Cataluña fue una de las Comunidades donde se produjo un mayor crecimiento económico y una mayor generación de empleo, y yo creo que los empresarios están muy satisfechos, porque se ha hecho una política que va en la línea de pensamiento de muchos empresarios catalanes. Nosotros anunciamos allí la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, como usted a buen seguro recuerda, y anunciamos una nueva bajada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y yo creo que todos esos datos son positivos.

A partir de ahí, nosotros tenemos un determinado modelo de Estado, que es distinto del que pueden tener los partidos nacionalistas. Hemos fijado unas reglas de juego partidos y personas con modelos de Estado distintos y creemos que esas reglas de juego, que fueron muy difíciles de conseguir, se fijaron para algo. Las reglas de juego eran las de todos y no las de unos en concreto y no las de otros. De hecho, insisto en que a lo largo de estos veintitrés años no se ha hecho una propuesta, precisamente porque se sabe lo difíciles que son estas cosas y lo serios que son estos temas, para plantear esta reforma. Es verdad que en los últimos tiempos hay una carrera difícil de comprender para ver quién es más nacionalista y quién es más de izquierdas. Comprenderá usted que nosotros no podemos entrar en esa carrera y que no nos parece el mejor de los procedimientos para abordar temas de la enjundia del tema que estamos hablando.

P.- Para el Vicepresidente. Quería saber si al Gobierno le consta por algún canal formal o informal que las grandes empresas vascas estén estudiando la posibilidad de abandonar el País Vasco por todas las consecuencias del Plan Ibarretxe.

Vicepresidente.- A mí lo que sí me consta es que hay una enorme preocupación, como ya les he dicho antes, por lo que allí está sucediendo. Es evidente que, aparte de razones personales, porque sabe usted que hay muchas personas que han abandonado voluntariamente el País Vasco por razones personales, aquí también hay razones económicas y, sin duda alguna, no es la situación actual del País Vasco el mejor marco para que se produzca el trabajo de los empresarios que requiere, como es evidente, una situación de estabilidad, una situación de confianza y una situación de reglas de juego conocidas y que se sepa que son conocidas y válidas para mucho tiempo.

Por eso es lógico, como he dicho antes, que hayan manifestado su preocupación los empresarios y lo han manifestado precisamente con el Plan Ibarretxe, que es el caso más claro de planteamiento de rotura de las reglas de juego y que, lógicamente, no supone, ni mucho menos, la generación de unas condiciones mínimamente estables para que las cosas se puedan desarrollar de una manera razonable. Y lo suponen también asuntos como el del Cupo, porque no es normal, ni contribuye a la estabilidad, ni a un marco estable y serio, el que un Gobierno unilateralmente decida que se le debe tanta cantidad de dinero y que, por lo tanto, no tiene que hablar más del asunto.

Por lo tanto, es lógico que haya preocupación. No me consta que eso sea así, pero lo que sí me consta es que, tanto los empresarios, como la sociedad en general, deben hacer un esfuerzo para que se respeten las normas y las reglas de juego, porque creo que eso es lo elemental en cualquier país civilizado y que es democrático, como es el nuestro.

P.- Dos pregunta al señor Rajoy. Se ha aprobado la creación de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid con la lista que entiende el PP que debía ser de comparecientes y sin la exigencia que pretendía el PSOE de entregar papeles de la Hacienda pública. Por otro lado, parece que también el PP ha votado con Tamayo en contra de la recusación que planteaba el PSOE. Quería su opinión sobre esto último que ha acontecido en la Asamblea y también preguntarle por las declaraciones del señor Zaplana en "El Mundo", en las que él se autoexcluye en la carrera de la sucesión y, de paso, también lo hace con el señor Ruíz-Gallardón, puesto que cree que su carrera como Alcalde por el momento es suficiente.

Vicepresidente.- La de los señores Zaplana y Ruíz-Gallardón dice el señor Ministro de Justicia que la contesta él, si a usted no le parece mal. No tengo ningún inconveniente.

Sobre la primera cuestión, permítame que me vaya a las generales de la ley, permítame que me vaya a eso. Las generales de la ley, vuelvo a insistir, son que el Partido Popular ha ganado las elecciones; que ha habido un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, que nosotros criticamos, aunque sabemos que es legal, porque podemos hacerlo, desde el punto de vista político; que se ha producido una ruptura dentro del Partido Socialista; que el PP dijo que no se iba a aprovechar de esas dos personas y desde el primer momento manifestó su posición favorable a la convocatoria de elecciones --lo hemos dicho desde el primer momento, es decir, no hemos utilizado los problemas internos del Partido Socialista-- y que lo que toda la opinión pública a estas alturas sabe es que se trata de un conflicto interno del Partido Socialista.

Si es que todos lo hemos visto. Todos sabemos la historia de la Federación Socialista Madrileña, todos sabemos a los pactos a que han llegado, los acuerdos. Es que no es serio esto.

Ahora una Comisión de Investigación. Hasta ahora los únicos que hemos votado la Comisión de Investigación hemos sido nosotros, curiosamente; ha sido el Partido Popular. El PSOE tenía un enorme interés pero, por unas o por otras razones formales, ha dicho que no quería votar la Comisión de Investigación. Por cierto, creo recordar que votó con el señor Tamayo y, por cierto, no sé si hay o no intentos por parte de algunos dirigentes del Partido Socialista de llegar a un acuerdo con el señor Tamayo o con el señor Balbás. Ellos han dicho que sí, yo no lo sé.

Aún así, en una situación que es ciertamente lamentable y en la que, desde luego, el PSOE no se ha caracterizado por su enorme inteligencia a la hora de resolver este asunto, nosotros vamos a ir a la Comisión de Investigación. Pero parece razonable que la Comisión de Investigación sea la Comisión de Investigación para ver cuáles son las razones por las que el señor Tamayo y la señora Sáez no votaron esto. No es una Comisión de Investigación en la que se pueda citar a cualquier persona, porque es que cualquier día me veo yo en la Comisión de Investigación.

Entonces, nosotros aceptamos una serie de nombres y estamos dispuestos, si hay algunos indicios de algo, a que vayan otras personas. Pero el PSOE se lo está poniendo difícil en este tema de Madrid incluso a aquellos que quieren ayudarles, que es muy legítimo, porque cada uno ayuda a quien estima oportuno y conveniente. Pero, claro, viendo lo que está ocurriendo un día sí y otro también, es que se lo están poniendo difícil incluso a aquellos que quieren ayudarles en el ejercicio, lógicamente, de su derecho a ayudar a quien estime oportuno y conveniente.

Pero no olvidemos que éste es un problema que ha originado el Partido Socialista por sus disputas y sus conflictos internos. Mire usted que ya no entro en los demás temas, ni en las noticias que todos los días vemos publicadas en los medios de comunicación.

En relación con el segundo asunto, yo no tengo nada que comentar.

P.- Al Ministro de Justicia le quería pedir una valoración de la situación del conflicto creado en torno al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a las declaraciones del Consejero de Justicia del País Vasco.

Del Vicepresidente Primero, aunque ha dicho que no quería comentar nada por este tema, quería saber simplemente si ha habido algún tipo de comentario, indicación o algo parecido del Presidente del Gobierno en el Consejo de Ministros sobre su sucesión.

Sr. Michavila.- Sobre la primera cuestión, yo creo que todos los que somos demócratas compartimos unos criterios que nos unen, además, a todos los demócratas, y es que las reglas del Estado de Derecho vinculan a todos. Las reglas del Estado de Derecho vinculan también a quienes administran el Estado de Derecho, que son los órganos judiciales, y, en ese sentido, el que las reglas del Estado de Derecho vinculen a los órganos judiciales hace que con plena normalidad funcionen los órganos constitucionales, como es el caso. El órgano constitucional es el Consejo General del Poder Judicial, es a quien la Constitución le encarga de velar porque se apliquen las normas del Estado de Derecho a quienes administran el Estado de Derecho, que son los jueces, y el Consejo está haciendo el papel que constitucionalmente le corresponde.

Yo soy plenamente respetuoso, tanto con el Consejo General del Poder Judicial, como con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como con las resoluciones de cualquier órgano judicial y las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial, y pido también ese respeto a todos los demócratas, incluso aunque sean Consejeros de Justicia o precisamente por ser Consejero de Justicia.

Yo ya dije el otro día que calificar de mafia a la acción del Consejo General del Poder Judicial me parece un despropósito y un disparate y que, desgraciadamente, la mafia que hay en este país se llama ETA; es la que combatimos con la Ley y con el Estado de Derecho todos los demócratas; es contra la que hoy trabajan la Ley y la Justicia, y es, sin duda, a quien el PNV le está poniendo dificultades. El señor Atutxa y el Partido Nacionalista Vasco en este momento han decidido confrontarse con la aplicación de las resoluciones judiciales en lugar de colaborar con la aplicación de las resoluciones judiciales, que es lo que debería hacer cualquier demócrata.

Vicepresidente.- El segundo asunto no se ha tratado en el Consejo de Ministros. Créanme que es verdad, pero sí el Presidente del Gobierno ha hecho unas declaraciones a unos estudiantes, según acabo de leer en un teletipo, que le preguntaron --por lo visto era una entrega de diplomas--: "¿quién va a presentar el próximo año las titulaciones?". Entonces, el señor Presidente del Gobierno dijo que ésa es la pregunta del trillón, pero que "será buenísimo y seguro que te gustará". Yo estoy de acuerdo con eso.

P.- Al Ministro de Justicia, aprovechando que está aquí, quería preguntarle por el expediente de Dimas Martín, que en un primer momento no lo conocía pero ya ha pasado un poco tiempo y entonces me gustaría saber en qué estado se encuentra ese expediente, si es posible.

Al señor Rajoy, en relación con el conflicto del Sahara Occidental y con las negociaciones que se están llevando a cabo en estos días y la postura de Francia, parecer ser que ya habría mayoría para aprobar la Resolución que ahora está y me gustaría saber si las presiones que pueda llevar a cabo Francia podrían conducir a que se modificaran la Resolución.

Una segunda pregunta es que me gustaría saber en qué estado se encuentran las negociaciones con Marruecos sobre las aguas territoriales de Canarias.

Sr. Michavila.- Sobre la primera cuestión, es un expediente que sigue la tramitación habitual de los indultos y ya sabe usted que en esta tramitación se tienen en cuenta también los criterios de apoyos que reciban unas u otras solicitudes. En concreto, tuve ocasión de pronunciarme hará dos o tres semanas en el Senado. El Partido Socialista en muchos municipios, en concreto en Yaiza o en el Cabildo Insular de Lanzarote, votó a favor de que se concediera ese indulto; lo ha hecho en casi una veintena de Ayuntamientos el Partido Socialista. Yo creo que hay disparidades de criterios. En todo caso, lo que sí le digo es que sigue la tramitación ordinaria de un procedimiento de indulto.

Vicepresidente.- En relación con el tema del Sahara, tampoco voy a aportarle muchas novedades respecto a lo que usted ya conoce. Nuestra posición sigue siendo, y es lo que nos gustaría, que hubiera una solución que contase con el consenso de las dos partes. Ésa es la posición que nosotros hemos mantenido a lo largo de los últimos tiempos y que, lógicamente, siendo Presidencia, con mayor razón.

El Plan Baker, según ha dicho el propio Secretario General de la ONU, es un plan equilibrado y ahora hay, como usted también recordará, un borrador de propuesta de Resolución circulado por Estados Unidos. Parece que hay unas enmiendas por parte de Francia, no está clara la posición de los distintos países y yo lo que puedo decirle es que, partiendo de eso que acabo de decir, que nos gustaría un acuerdo entre las partes, también nos gustaría y vamos a intentar hacer el esfuerzo para que el resultado antes del 30 de julio no fuera sin más una resolución de una prórroga temporal de la MINURSO, sino que ya supusiera un avance a la solución del contencioso que fuera aceptable para las dos partes. Es en lo que estamos trabajando y es lo que nos gustaría que sucediera para no prolongar esto de manera indefinida, pero no puedo adelantarle nada más sobre este asunto.

En relación con el otro asunto, nosotros creamos en su día unos grupos de trabajo con las autoridades marroquíes, donde estamos tratando diferentes asuntos. Algunos, lógicamente, van con mayor celeridad que otros; pero en relación con este asunto no hay avances significativos respecto de lo que usted y yo ya conocemos.

P.- Quería pedirle dos aclaraciones y luego una opinión sobre un asunto.

La primera aclaración es saber si en esta legislatura va a dar tiempo para que la modificación de la Ley de Reproducción Asistida se apruebe y entre en vigor, toda vez que se tienen que disolver las Cámaras pronto.

La segunda aclaración es respecto a las opiniones de monseñor Cañizares que dio a entender que había un acuerdo con el PSOE y con el Gobierno. Entonces quería saber si la modificación que se ha hecho en la asignatura de Religión es la que planteó la Conferencia Episcopal y, asimismo, dentro de ese asunto de la asignatura de Religión, quería saber qué va a hacer el Gobierno para garantizar que los profesores de la optativa aconfesional de Religión no serán los profesores que designa la Conferencia Episcopal.

La opinión que le quería pedir es sobre el asunto de la Asamblea de Madrid, toda vez que es bastante probable o más que probable que haya elecciones el 25 de octubre o por ahí en la Asamblea de Madrid. Quisiera saber, independientemente de que sea usted o no, si le parece que debería implicarse al máximo quien resulte ser el presunto sucesor por la relevancia que las elecciones puedan tener.

Vicepresidente.- Sobre este asunto, no es lo mismo que sea yo que el que no sea usted. Es decir, independientemente que sea yo... Por tanto, comprenderá usted que el tema habrá que resolverlo en su momento.

En relación con las aclaraciones, la primera pregunta es una pregunta para un jurista y, como yo lo soy, se lo puedo resolver. Usted me pregunta si habría tiempo para aprobar y que entrase en vigor una modificación de la Ley de Reproducción Asistida, eso es lo que me pregunta usted. Sí, hay tiempo, ésa es la respuesta de jurista.

En cuanto a la segunda, lo que diga el Arzobispo de Toledo no me merece mayores comentarios; pero, desde luego, tenga usted la absoluta seguridad de que yo le creo. Si el Arzobispo de Toledo dice que ha llegado a un acuerdo con el señor Bono, el señor Zapatero y la señora Chacón en materia de asignatura de Religión, yo le creo. Es más, permítanme ustedes, yo creo que todos ustedes también le creen, independientemente de lo que puedan pensar.

A partir de ahí, tenemos la Asamblea de Madrid, tenemos el Estatuto de Maragall, tenemos lo de Cañizares; algunos, sin duda alguna, necesitan unas rápidas vacaciones por razones que no hace al caso que yo les explique a todos ustedes.

En materia de enseñanza de Religión nosotros hemos hablado con la Iglesia y hemos hablado con mucha gente, como suele hacer el Gobierno cuando tiene algún proyecto, en este caso, de Real Decreto, que no es ciertamente fácil y que se puede contemplar de formas muy diferentes. Nosotros hemos presentado un proyecto de Real Decreto que la Iglesia lo ha visto muy bien, la Iglesia y otras muchas personas que no forman parte de la Iglesia Católica y que, además, es el que a nosotros nos gusta.

En la alternativa a la Religión, evidentemente la asignatura de alternativa a la Religión no la van a dar personas nombradas por la Conferencia Episcopal, en ningún caso. Hay una asignatura que es Religión Católica que, lógicamente, son personas nombradas por la Iglesia, de acuerdo con los Convenios que tenemos además; pero el estudio del Hecho Religioso será impartido por otra personas que no nombrará la Iglesia Católica. Nunca ha estado prevista otra cosa distinta.

P.- Volviendo un segundo al tema de Maragall, quería saber si se puede deducir de las reflexiones del Gobierno que está mucho más preocupado por la propuesta de Maragall que por la de CiU, que parece más rupturista.

Sobre el tema de la sucesión, y muy rápido, el Presidente ha dicho que el sucesor será buenísimo. Quería saber si usted se siente identificado.

Vicepresidente.- Yo, con el Presidente siempre.

En relación con la primera pregunta, yo creo que CiU ha hecho un gran esfuerzo, como hicimos todos, al pactar la Constitución y el Estatuto; pero uno puede entender que CiU haga según qué tipo de planteamientos, aunque yo he dicho antes que el señor Pujol, sin duda alguna, con muy buen criterio y porque sabe lo que hay detrás de todos estos asuntos, nunca ha hecho un planteamiento claro de reforma estatutaria. A partir de ahí, ahora vienen otros y yo les deseo mucho acierto y mucho equilibrio en las decisiones que puedan tomar.

Pero dicho esto, a cualquier persona, sobre todo a sus propios electores, no le parece tan normal que plantee Maragall una propuesta como la que ha planteado, como a los electores de CiU que la plantee Convergència i Unió. La duda es, lógicamente, si un partido que es un partido nacional apoya ese tipo de propuestas.

A partir de ahí, ya me he referido a algunas propuestas concretas y determinadas en las que algunos, supongo que legítimamente, podemos no estar de acuerdo y que, sin duda alguna, pueden generar muchos problemas y complicaciones. Por eso, y yo ya lo he dicho en alguna ocasión, yo pido prudencia en estos temas. Y yo insisto, porque llevo además muchos años además preocupándome de ellos: no habría cosa mejor que el que el Partido Popular y el Partido Socialista mantuvieran, como han hecho hasta ahora, el mismo criterio en los temas territoriales; es decir, no habría cosa mejor para España, para el conjunto de los españoles, para los catalanes y, sobre todo, para los vascos constitucionalistas. Así de claro se lo digo.

Muchas gracias.