Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días a todos. El Consejo ha tomado esta mañana varios importantes acuerdos en el área de Trabajo y Asuntos Sociales. Se trata del establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, de la modificación del régimen jurídico de las prestaciones por viudedad y orfandad, de la revalorización de las pensiones y, también, de la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional para el año próximo. Para darnos cuenta de todo ello nos acompaña el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Juan Carlos Aparicio.

Asimismo, el Consejo ha aprobado los Reales Decretos de traspaso de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud a las diez Comunidades Autónomas que aún no las habían asumido. Para detallarnos este traspaso y su alcance nos acompaña el Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro.

Permítanme antes hacer referencia a otros asuntos importantes que han sido tratados en el Consejo de hoy:

En primer lugar, la autorización que ha acordado el Consejo para la participación española en la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad que se desplegará en Afganistán, en concreto, en Kabul y áreas circundantes, bajo mandato de las Naciones Unidas y de acuerdo con la Resolución 13/86 del Consejo de Seguridad

Según el Acuerdo aprobado hoy, el contingente español en esa fuerza internacional estará formado por un máximo de 485 efectivos del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. La misión tendrá una duración de tres meses, contados a partir de que la fuerza esté lista para operar en la zona y, en cualquier caso, su fecha límite de operatividad será el 30 de abril del año 2002. La aportación española estará formada por un elemento de enlace nacional y unidades de Ingenieros, Transmisiones, helicópteros, desactivación de explosivo y de apoyo al despliegue aéreo. Todas ellas serán sostenidas por una unidad de Apoyo Logístico.

A su vez, el Consejo ha aprobado una nueva prórroga, en concreto, hasta el 31 de marzo del próximo año 2002, del régimen de reaseguro para las compañías aéreas por riesgo de guerra y terrorismo. Como ustedes saben, se trata de riesgos ya cubiertos por seguros de responsabilidad civil frente a terceros no pasajeros, suscritos por compañías aéreas españolas y por el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. La misma cobertura se otorgará, como ya viene haciéndose, con ocasión de la prestación de servicios a líneas aéreas de bandera española cuando ello se realice en territorio de un país cuyo Gobierno no esté asumiéndola.

Asimismo, el Consejo ha aprobado un Real Decreto que fija la tarifa eléctrica correspondiente al año 2002, tarifa que se mantiene estable para los consumidores domésticos y se incrementa un 1 por 100 para los industriales.

Los más beneficiados serán los particulares, por tanto, ya que, en términos reales, de acuerdo con la inflación prevista, obtendrán una rebaja del 2 por 100. Es bueno recordar que desde 1996 el precio de la electricidad para los consumidores domésticos ha bajado de un 17 por 100, en términos nominales, y un 35 por 100 en términos reales, teniendo en cuenta el IPC acumulado.

Para las empresas que tienen ya la condición de consumidores cualificados, y, por tanto, pueden aprovechar las ventajas del mercado, si así lo estiman conveniente, se incrementa las tarifas del próximo año en un 1 por 100, es decir, por debajo también de la inflación prevista.

Por otra parte, el Real Decreto también introduce una rebaja del 10 por 100 en el alquiler de contadores de energía eléctrica.

En el área de Sanidad el Consejo ha autorizado la suscripción de dos Convenios de Colaboración entre el Instituto de Salud "Carlos III" y la Universidad Complutense de Madrid para la creación de sendas unidades de investigación sobre evolución y comportamiento humano, y sobre anomalías congénitas. El primero de los convenios autorizados tiene como objetivo específico la creación de una estructura administrativa que actúe de soporte en la investigación y docencia en las áreas de evolución y comportamiento humano, y que tendrá carácter de unidad mixta de investigación y de formación. El segundo de los convenios autorizados hoy servirá para la puesta en marcha de una unidad de investigación para el estudio de anomalías congénitas por un periodo de diez años.

Se han acordado la continuación de los respectivos procedimientos de extradición activa de dos personas, ambas actualmente detenidas en Francia. Se trata de Alberto Ilundain Iriarte, por delito de depósito de armas y pertenencia a banda terrorista, y de Oihane Errazquin Galdós por delito de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y asesinato terrorista.

A su vez, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se confiere a S.A.R. don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Nicaragua.

En el capítulo de nombramientos, se designa Embajador de España en la República Islámica de Pakistán a don Antonio Segura Moris, y se nombra Directora General de Cooperación y Comunicación Cultural, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a doña Áurea María Roldán Martín, y también vocal de la Comisión Nacional de la Energía, a don Jaime González González.

Por último, dos referencias en cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno: El próximo domingo, día 30, viajará a Bruselas para participar, a partir del mediodía, en los actos de presentación del euro y traspaso a España de la Presidencia de la Unión Europea. El domingo día 6 de enero, a las 12 de la mañana, asistirá a la recepción ofrecida por S.M. el Rey, con motivo de la celebración de la Pascua Militar de 2002.

El próximo Consejo de Ministros tendrá lugar, Dios mediante, el viernes, día 11 de enero.

Sr. Aparicio.- Tal y como señalaba el Ministro Portavoz, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas que cabe calificar de muy importantes dentro de nuestro sistema de Seguridad Social.

En primer lugar, ha aprobado un Real Decreto-Ley, que será sometido a convalidación del Parlamento y entiendo que ulterior tramitación como Proyecto de Ley, que desarrolla el acuerdo social que el pasado mes de abril suscribió el Gobierno con la central sindical Comisiones Obreras y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en orden a permitir, tanto la prolongación de la vida laboral, como a dotarnos de un sistema de jubilación gradual, progresivo y flexible. Y yo diría que, antes que nada, más justo y más solidario.

Ciertamente, el objetivo es preservar la edad de 65 años como edad legal de jubilación y tratar de que, además, esta referencia de edad legal sea, por otro lado, la más frecuente, y encaja perfectamente en una de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en concreto, en la Décima Recomendación, que sugiere recuperar y dotar a la jubilación de ese carácter de gradualidad, de flexibilidad y de voluntariedad. Hasta ahora se estaba, o totalmente activo, o totalmente jubilado. Éste es el Real Decreto-Ley que permite compatibilizar pensión parcial y trabajo parcial.

Los objetivos, como señalaba, es mantener esa edad de 65 años como edad legal de jubilación y lograr la aproximación de la edad real, de la edad estadística y la edad legal; preservar la prolongación de la vida voluntaria, de la vida activa, y tratar, si se me permite, con especial intensidad de protección al grupo hoy por hoy más vulnerable de trabajadores en España, que son quienes tienen edades comprendidas entre 60 y 65 años.

Los requisitos que se exigen para quienes no tuvieran la condición, en este momento ya casi residual del mercado de trabajo español, de hallarse trabajando como mutualistas el 1 de enero del año 1967 sería tener una edad mínima de 61 años, estar inscritos como demandantes de empleo seis meses antes de su solicitud de jubilación, acreditar treinta años de cotización y que el cese en el trabajo no obedezca solamente a la voluntad del trabajador.

Se introduce una escala de coeficientes que oscilan entre el 8 por 100 y el 6 por 100. Hablaba hace un momento de justicia. Ciertamente la menor penalización la tendrían aquellas personas con vidas laborales más prolongadas, superiores a los cuarenta años, que sería el 6 por 100 y, sin embargo, el 8 por 100 quedaría para las carreras mínimas de menor intensidad y menor longitud de cotización.

Este Real Decreto-Ley permite, además, actualizar las condiciones de quienes vayan a ejercer en el futuro el derecho de prejubilación conforme a la norma anterior. También se busca una mayor equidad entre el esfuerzo que los trabajadores realizan a favor del sistema y el esfuerzo del sistema a favor de los mismos. Se introducen coeficientes reductores entre el 7''5 y el 6 por 100.

Hablaba antes de proteger a las personas de mayor edad, que son, por un lado, más vulnerables a las oscilaciones del empleo y a las oscilaciones del mercado de trabajo. Se establece, a partir de ahora, para aquellos expedientes de regulación de empleo que no tengan causa en una situación económica compleja, lo que se denominan procedimientos concursales, bien suspensiones de pago, bien quiebras o situaciones de pérdidas; para las empresas que no estén incursas en estos procedimientos se establece la obligación de suscribir convenios de cotización que permitan cubrir el espacio de tiempo que media entre los 55 o más años y los 65: hasta los 61 años correría por cuenta de la empresa y entre los 61 y 65 años, por parte del trabajador. Responde también al acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos como fórmula más razonable para el afianzamiento de esta nueva protección, de una protección específicamente dirigida, especialmente dirigida, a quienes pueden tener mayores dificultades hoy en el mercado de trabajo.

Hablábamos de incentivar la prolongación de la vida activa y se exonera de cotizaciones, salvo las que corresponden a incapacidad temporal, a los trabajadores que tengan 65 o más años si acreditan 35 o más años cotizados y tienen contrato indefinido cuando hablamos de trabajadores por cuenta ajena. Y también los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, podrán acceder a esta exoneración completa de cuotas si acreditan 35 o más años de cotización.

También, y es novedoso, se establece para preservar el empleo de personas de 60 o más años unas bonificaciones de cotizaciones, también para contratos indefinidos y para evitar situaciones fraudulentas cuando la antigüedad en la empresa sea de más de cinco años, y se bonifican inicialmente con un 50 por 100 de la aportación empresarial, salvo, nuevamente, la incapacidad temporal. Está previsto un crecimiento gradual, a razón de un 10 por 100 en cada ejercicio, hasta alcanzar el máximo del 100 por 100.

Tres novedades también en este ámbito. Hasta ahora se consideraba que era incompatible la condición de incapacidad permanente con la condición de jubilación. Dicho de otra manera, si una persona de más de 65 años reunía los requisitos para poderse jubilar, aunque hubiese un accidente, aunque hubiese una enfermedad profesional, no accedía a la pensión de incapacidad permanente, que es algo mejor. Se entiende que, si se puede seguir trabajando, se está sujeto a este riesgo de accidente de trabajo o de enfermedad profesional pasados los 65 años, se tendría derecho a la prestación correspondiente de incapacidad permanente.

También está previsto no extinguir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, aunque se alcance la edad a la que ya podría solicitar alguien pensión. Esto suponía en la práctica obligar a las personas de 60 años que hubiesen trabajado antes del 1 de enero de 1967 a jubilarse con sesenta años. De esta manera, se les extiende la posibilidad del subsidio por desempleo, pasada dicha edad de 60 años, hasta los 65 años.

Y por primera vez también se pueden obtener pensiones superiores al 100 por 100 de lo que correspondería en la base reguladora. Si el trabajador permanece en activo más allá de los 65 años y acredita un mínimo de 35 años de cotización, mejoraría a razón de un 2 por 100 anual.

El segundo tema reconozco que no presenta un rótulo muy atractivo: "muerte y supervivencia". Resulta un tanto necrológico, pero estamos hablando de dos temas muy importantes, yo creo, en el ámbito de la solidaridad que expresa el Pacto de Toledo, estamos hablando de viudedad y de orfandad. Se han producido a lo largo de estos últimos años cambios importantes y, en esta misma mañana, los que paso a detallarles.

El porcentaje de cálculo de las pensiones de viudedad pasa ya en este mismo ejercicio, de cara al año 2002, del 45 al 46 por 100, y no solamente para las pensiones nuevas, sino también se producirá la automática revisión de las pensiones generadas con anterioridad. Se eleva al 70 por 100 el porcentaje aplicable a la base de cálculo cuando se trate de los casos de menores ingresos y cargas familiares, y se mantendrá la pensión de viudedad, como saben, en caso de nuevo matrimonio, en función de la edad y la renta. La edad son 61 años y en el caso de la renta hablamos de aquellas personas a las que la pensión sea su principal y única fuente de renta.

Una vez más, y en la línea de lo que señala el Pacto de Toledo y de lo que creo que es un esfuerzo lógico de generosidad por parte de la sociedad española, se vuelven a elevar los límites de edad para percibir las pensiones de orfandad. Me permito recordar que no hace mucho --el año 1996-- la pensión de orfandad dejaba de percibirse a los 18 años en ausencia de uno de los progenitores y en ausencia de los dos era a los 21. Con la nueva modificación ya se ha conseguido que los 18 años se transformen en 22 y que los 21 se transformen en 24. Creo que estamos hablando de edades mucho más coherentes con lo que hoy puede entenderse como el período normal de formación educativa y de formación para el empleo de cualquier joven español, salvando la situación que antes se producía, en la que en un momento muy crítico para la vida profesional o académica de una persona precisamente se le retiraban las prestaciones.

El coste de estas mejoras se estima en más de 26.000 millones de pesetas para dos millones de pensionistas de viudedad y para prácticamente un cuarto de millón de pensionistas de orfandad. Son 5.236 millones de pesetas el segundo de los casos.

En los seis últimos años, en el período que media entre 1996 y 2002, frente a una evolución del Índice de Precios al Consumo inferior al 16 por 100, en concreto, del 15''95 por 100, todas las pensiones de viudedad se han elevado de una manera mucho más intensa. Para el caso de edades iguales o superiores a 65 años, la revalorización ha sido más del 20 por 100; entre 60 y 64 años, del 22 por 100; para menores de 60 años, el 28 por 100 y, para el caso, que sin duda ninguna merecía ese mayor esfuerzo, de menores de 60 años con cargas familiares, el porcentaje de elevación ha sido del 60''81 por 100.

También en orfandad han variado los límites de edad. Se ha permitido también algo que parece lógico, que es que los hijos huérfanos puedan hacer ayudas esporádicas en su hogar: trabajos de fin de semana o actividades que no excedan del 75 por 100 del salario mínimo --conviene recordar que estaban taxativamente incompatibilizadas y que se daba esa paradoja de que una persona en estas circunstancias no podía ni siquiera ayudar en casa-- y se ha logrado que los hijos adoptivos tengan una plena equiparación con los hijos naturales, puesto que no se exigen ya los dos años de adopción anteriores a la muerte del causante.

También me permito recordar que se exigía que el día del fallecimiento estuviese en alta el trabajador para generar pensiones de viudedad y orfandad, y se daba el caso, especialmente cuando alguien dejaba de trabajar por cuenta ajena para una empresa y quería establecerse por cuenta propia, de que a lo mejor, en esos pocos días en los que no figuraba ni como trabajador ni como persona demandante de empleo, podían quedar en absoluta desprotección tanto la viuda como los huérfanos. Fue una situación que se entendió injusta y que ha sido corregida.

Para el año próximo todas las pensiones, naturalmente, van a mantener íntegra su capacidad de compra; además, la desviación en este caso, inferior a lo que algunos profetizaban para el año 2001, del 0''7 por 100 será abonada en una paga única a lo largo del próximo mes de enero, y esta paga que ahora se abona también pasa a formar parte de la base de cálculo de la futura pensión. Como les decía, esta paga única se abonará a más de ocho millones de pensiones: 7''7 millones de pensiones contributivas en este momento y casi medio millón de pensiones no contributivas.

El esfuerzo que va a realizar el sistema de Seguridad Social o, lo que es lo mismo, la sociedad española será de casi 230.000 millones de pesetas a la revalorización y a la consolidación. La paga única supondrá más de 61.150 millones de pesetas.

Hay muchas pensiones --hablábamos hace un instante de en torno a los ocho millones de pensiones--, casi tres millones de pensiones, que van a subir por encima del Índice de Precios al Consumo, que van a ver mejorada su capacidad de renta y de compra en desarrollo del acuerdo que suscribimos el pasado mes de abril. Se trata, fundamentalmente, de las pensiones mínimas de viudedad, como acabamos de ver, y de jubilación para menores de 65 años, que crecerán un 4''2 por 100, desagregado entre un 3''5 por 100 procedente del acuerdo y el 0''7 por 100 por la consolidación de la desviación del IPC.

Las pensiones del antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, popularmente conocidas como "SOVI", también tendrán un incremento adicional al previsto para los precios.

Éstas son las ideas que espero, de una forma sintética, haber tratado de exponer. También quería indicarles que el Salario Mínimo Interprofesional tendrá una revalorizacíon para el próximo ejercicio del 2 por 100, acorde con el objetivo de inflación previsto, no solamente por el Gobierno español, sino por el conjunto de países de la Unión Europea y acorde también con el objetivo de inflación y la línea de base que marca el acuerdo sobre negociación colectiva suscrito recientemente entre empresarios y sindicatos.

Sr. Montoro.- Como el Ministro Portavoz ha anunciado en su primera intervención, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los Reales Decretos de transferencia, de traspaso, de la Sanidad a las diez Comunidades Autónomas que aún no la tenían en España. Con esta decisión se completa el Estado de las Autonomías en nuestro país, se culmina un proceso de transferencias, proceso que además se inscribe en un sistema de financiación autonómica renovado, que nacerá ya el año próximo con un carácter estable. Es, pues, un paso importante en la articulación de la España de las Autonomías, de la vertebración política de nuestro país, uno de los países política y administrativamente más descentralizados del mundo desarrollado.

Por tanto, la decisión que hoy ha tomado el Consejo de Ministros aprobando estos Reales Decretos lo que viene, decía, es a completar el Estado de las Autonomías, evitando una discriminación que no tenía sentido en nuestro país entre Autonomías que prestaban unos servicios públicos básicos para el ciudadano como es la Sanidad, frente a otras que carecían de los mismos, que eran prestados hasta ahora por la Administración central.

El sentido político de la construcción del Estado de las Autonomías hoy alcanza un grado muy alto; el sentido político de lo que es también un principio, que es el principio inspirador de la democracia española, que es el de procurar que la Administración más cercana al ciudadano sea la Administración que provea los servicios públicos más básicos también para el ciudadano.

Ése es el paso cualitativo que se da con esta transferencia y ese paso se inscribe, como ustedes conocen, en la definición del nuevo sistema de financiación autonómica que regirá en nuestro país y que lo que viene a hacer es compartir los impuestos del Estado entre los diferentes niveles de Administración autonómica, de forma, que con el acuerdo que hoy se alcanza y con la materialización del nuevo sistema de financiación autonómica, podemos afirmar que hoy España es más plenamente autonómica y también que las Autonomías conforman más plenamente a España, de forma que hemos dado un paso decisivo de la vertebración política de nuestro país.

Esa vertebración territorial y política de España, de la España de las Autonomías, ahora, en la nueva fase, en la nueva etapa en la que estamos entrando, lo que necesita es la consolidación, es la estabilidad, es asentarse en las reglas de estabilidad presupuestaria y en las reglas de la buena administración de los recursos públicos frente al ciudadano para que el ciudadano, en primer lugar, perciba una mejora de la calidad de los servicios públicos que le ofrecen las diferentes Administraciones públicas de España, y también perciba este ciudadano que su bienestar está facilitado desde unos compromisos de gestión política más transparentes, a través de la adjudicación de competencias por parte de las respectivas Administraciones públicas.

Ahora el ciudadano español puede identificar cuál es la Administración competente a la hora de calibrar, de evaluar, la calidad de un servicio público, siempre entendiendo que en el Estado de las Autonomías, sin duda alguna, la función reguladora, armonizadora, sigue correspondiendo al Gobierno central, al Gobierno de la nación, y sigue correspondiendo a la Administración central del Estado. Pero en el Estado de las Autonomías hay también una provisión de servicios públicos claves para el ciudadano, tanto en el ámbito de los servicios sociales, como en el ámbito de los servicios de Educación y de Sanidad, que ya a partir del 1 de enero del año 2002 están en manos de las Comunidades Autónomas.

Para hacernos una idea de la importancia cuantitativa del traspaso del Insalud central, estamos hablando del traspaso de un presupuesto inicial para el año 2001 del Insalud, de gestión directa, de 1''7 billones de pesetas. Lo que también supone la transferencia del personal estatutario al servicio del Insalud que incorpora a más de 136.000 trabajadores de la función pública de Sanidad. Asimismo, implica la transferencia de 79 hospitales y 1.087 Centros de Salud.

Desde el año 1996 acá las Comunidades Autónomas en España han pasado de gestionar el equivalente al 20''6 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto en materia de gasto hasta el 40 por 100 en el año 2002. Es decir, desde el año 1996 acá, con los Gobiernos del Partido Popular, se ha producido en España una descentralización administrativa realmente importante, de forma que hemos duplicado el porcentaje de gasto que está en manos de las Administraciones territoriales y, en concreto, de las Administraciones autonómicas; no me refiero ahora al gasto de las Corporaciones Locales, sino al conjunto de gasto que está en manos de las Administraciones territoriales autonómicas.

De esta forma se ha producido en España, desde el año 1996 acá un intenso proceso de descentralización administrativa, completado con esta nueva transferencia, la más importante y, por tanto, una transferencia de carácter histórico, que equilibra el Estado de las Autonomías en España.

Facilitándoles otras cifras expresivas del proceso de descentralización administrativa, en enero del año 1996 las Administraciones autonómicas tenían, en número de empleados públicos, 637.000; en el año 2002 contarán con algo más de un millón de empleados, 1.072.000 empleados públicos. Las Administraciones públicas estatales tenían, a comienzos del año 1996, 900.000 empleados; esos 900.000 se verán reducidos, en enero del año 2002, a 613.000 empleados públicos, lo cual es exponente del grado de descentralización que han practicado los Gobiernos del Partido Popular, que han facilitado también transferencias tan importantes como han sido las transferencias --por citarles las de mayor entidad económica, incluso cualitativa-- de la Educación no universitaria, que supuso la transferencia de un coste presupuestario cercano también al billón de pesetas, junto a transferencias de políticas activas de empleo, de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, INSALUD, políticas activas de empleo del INEM, y asistencia sanitaria, empleo y prestaciones sociales del Instituto Social de la Marina.

Por tanto, eso, junto a otros capítulos de transferencias, completan un proceso político en España, del año 1996 acá, a comienzos del año 2002, orientado, como les decía desde el principio, a completar el Estado de las Autonomías en nuestro país; a hacer que ese Estado de las Autonomías sea real, sea efectivo; a que ese Estado de las Autonomías comparta las mismas fuentes de financiación que el Estado, y a que ese Estado de las Autonomías sea también un Estado fundamentalmente solidario por las garantías que incorpora este proceso de descentralización administrativa, de forma que ningún ciudadano español vaya a carecer de las garantías necesarias suficientes en cuanto a prestación de servicios públicos que son fundamentales para su bienestar.

Igual ocurre en materia de Sanidad pública con esta transferencia. No es que la transferencia de Sanidad implique que van a ser los ciudadanos de una Comunidad Autónoma los que acaben pagando la Sanidad de esa Comunidad Autónoma necesaria y obligatoriamente. No es eso, sino que el Estado de las Autonomías combina esa transferencia, esa descentralización administrativa, con la solidaridad interterritorial en España, de forma que vamos a ser el conjunto de los ciudadanos españoles los que, a través del pago de nuestros impuestos y de la dotación de esos impuestos, a través de los Fondos de Compensación Interterritorial y de otros fondos previstos en el nuevo sistema de financiación autonómica, garanticemos que el sistema siga siendo solidario interterritorialmente y que compaginemos la descentralización política y administrativa con ese principio fundamental también en el Estado de las Autonomías en España, cual es el principio de la solidaridad, no sólo entre territorios, sino entre personas, entre ciudadanos españoles, que habitan en diferentes lugares de nuestro país.

Éstas son las cifras principales.

Otra cifra también básica, que es la cifra que ya se ha publicado en diferentes versiones, es el punto de partida de la transferencia de Sanidad. Lo que llamamos esa restricción inicial del modelo de transferencia asciende a algo más de 1.600.000 millones de pesetas, exactamente 1.635.000 millones sería la cifra de la restricción inicial, que es, en definitiva, la que llevaría a que en el año 2002 el valor de esa transferencia --las cifras que he citado son del año 1999-- se traduciría en una cifra por debajo de los dos billones de pesetas.

Como ustedes saben, a la hora de aprobar este traspaso y de conseguir el acuerdo, porque obviamente tienen que ser acuerdos materializados en Comisiones Mixtas, cada Comunidad Autónoma ha elegido el procedimiento para actualizar esa cifra, en definitiva, para aceptar lo que es el valor económico de la transferencia, que ha sido una opción entre coste efectivo o cifra expresada por el modelo de financiación autonómica, de forma que cada Comunidad Autónoma ha escogido lo que más le convenía y eso es lo que, en definitiva, cada Comunidad Autónoma ha plasmado también en el documento de acogida.

Quiero, finalmente, en esta primera intervención, agradecer lo que ha sido la disposición de los Gobiernos autonómicos, con independencia de su cariz político, para, en primer lugar, entender y después aceptar la importancia que suponía la ocasión que se abría a través de la transferencia de Sanidad, porque era una auténtica oportunidad política para construir en España decisivamente el Estado de las Autonomías.

Quiero agradecer la madurez de nuestras Comunidades Autónomas que está permitiendo que estemos sentando las bases de un modelo de Estado de las Autonomías en España al que, como antes afirmaba, ahora lo que le queda fundamentalmente es asentarse, consolidarse, estabilizarse, gracias también al modelo de financiación autonómica que entrará en vigor el año que viene, que es un modelo de financiación que nace con una vocación de estabilidad y que seguramente no habría sido posible si no es por la madurez de nuestros Gobiernos autonómicos y también por el compromiso de esos Gobiernos autonómicos de estar por encima de colores políticos a la hora de promover un sistema de financiación autonómica y un sistema de gestión de servicios públicos que está pensando para beneficiar a todos los ciudadanos españoles.

P.- Una primera pregunta al Ministro de Hacienda o al Ministro Portavoz. Quería una valoración política respecto a la firma final por parte de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE después de las críticas iniciales que se habían planteado.

Por otra parte, también quería preguntar al Ministro Portavoz si hay temor en el Gobierno al desenlace que puede tener la actual situación del Partido Socialista en Euzkadi respecto a la posibilidad de que se pudiera poner en peligro el Pacto Antiterrorista.

Finalmente, en relación con Marruecos, si había alguna novedad; si había habido alguna propuesta última y hay posibilidad de que antes de fin de año pudiera volver el Embajador.

Sr. Cabanillas.- Me apropio de las tres preguntas.

Sobre la primera de ellas, de valoración de la postura mantenida por el Partido Socialista, me va a permitir hacer una pequeña recapitulación histórica y que me corrija el Ministro de Hacienda, por supuesto, porque yo creo que los distintos acontecimientos configuran un auténtico monumento a la incoherencia.

Vamos a empezar por el Consejo de Política Fiscal. Usted recuerda que en ese momento hubo una votación favorable al modelo que hoy es ya el modelo, una votación favorable por parte de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Después hubo que votar el dictamen al Proyecto de Ley que se presentaba ante la Comisión de Economía del Congreso. En ese momento el Grupo Socialista votó en contra. Es decir, primero un voto a favor de las Comunidades; en segundo lugar, un voto del Grupo Parlamentario Socialista en contra. Para seguir cubriendo las distintas posibilidades de participación democrática, llega la votación en Pleno del Congreso de ese mismo dictamen y en ese momento el Grupo Socialista se abstiene. Ya tenemos un voto a favor, un voto en contra y una abstención. Y hace bien poco, recordarán ustedes, estuvo el Pleno del Congreso que votó las enmiendas introducidas por el Senado, y en este Pleno el Grupo Parlamentario Socialista no votó. Ya tenemos voto a favor, abstención, en contra y no voto.

Por si esto fuera poco, ahora ya tenemos ese acuerdo en el que nuevamente las Comunidades Autónomas socialistas han estimado, como bien agradecía el Ministro de Hacienda, la bondad del nuevo sistema. Pero es que ahí tampoco ha quedado el asunto y ahora se anuncia un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Socialista a este modelo, y ese recurso de inconstitucionalidad, además, se presenta --y utilizo los términos de algún dirigente del Partido Socialista-- como complementario a todo lo anterior.

No he tenido ni la más mínima voluntad de hacerlo en clave de humor, aunque no me extraña que en alguno de ustedes haya llevado a la sonrisa esto que he llamado un monumento a la incoherencia política. Pero el modelo aquí está y es beneficioso para todos, y yo creo que eso es lo que hay que recordar hoy.

En segundo lugar, me pregunta usted sobre los últimos acontecimientos dentro del Partido Socialista de Euzkadi. Prefiero contestar a la segunda parte de su pregunta; no quiero entrar en la primera cuestión, puesto que considero que es una cuestión interna del Partido Socialista. Yo creo que el Pacto Antiterrorista está por encima de los partidos, porque se dirige a la defensa de principios, de libertades, de derechos fundamentales de todos y que no debe ser sometido a ningún tipo de apreciación política o enfoque partidista. Así creo que lo ha entendido siempre el Partido Popular, así lo ha entendido el Gobierno y así creo que lo ha entendido también el Partido Socialista. Y sería bueno que esa idea de poner las siglas por debajo de los principios también se extendiera a otros acontecimientos que estamos viviendo allí.

Por último, me pregunta usted si hay alguna novedad en relación con Marruecos. La novedad es la reiteración de nuestra postura, si usted quiere. Ha habido múltiples llamamientos por nuestra parte en lo que se refiere a la vuelta del Embajador marroquí y al establecimiento de los cauces diplomáticos.

Sí subrayarle hoy también algo en lo que quizás no hayamos insistido lo suficiente: que no solamente se trata de llamamientos políticos, sino también de iniciativas prácticas. No hace mucho el propio Ministro de Asuntos Exteriores envió una carta a Marruecos pidiendo que tuviera lugar, a lo largo de este final de año, una serie de reuniones técnicas, entre otras cuestiones, porque las dotaciones económicas de varios programas que están presupuestados para 2001 estaban implicados en ello.

Se habían propuesto distintas fechas y no ha habido ninguna respuesta. Déjeme relatarles cuáles son algunas de ellas: estaba la reunión del Comité de Flujos Migratorios --creo que es un tema lo suficientemente importante ya sólo de por sí--; estaba también el Comité de Cooperación Universitaria, con unas dotaciones de más de 100 millones de pesetas en ayudas a las comunidades académicas; estaban también unas actuaciones del Ministerio de Agricultura para la mejora de los regadíos, también por encima de los cien millones de pesetas; estaba el acuerdo, que se había firmado ya en noviembre, de la Agencia de Desarrollo del Norte por la AECI, que ponía en marcha proyectos por más de 300 millones de pesetas; por último, también una reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Comisión Mixta Científico-Técnica.

Por nuestra parte no existe el más mínimo problema en que tengan lugar esas reuniones; cuanto antes, mejor. Esperamos la respuesta y no tenemos la más mínima intención de cambiar nada dentro de la agenda de todas y cada una de ellas. De la misma forma que seguiremos insistiendo en la pertinencia de la celebración de una Reunión de Alto Nivel, que esperamos se produzca lo antes posible.

P.- Para el Ministro de Trabajo. Los sindicatos han criticado que el Salario Mínimo Interprofesional es el más bajo o uno de los más bajos de Europa y que está muy alejado del salario medio español. Mi pregunta es si el Ministerio de Trabajo tiene la intención de negociar un acercamiento a ese salario medio español y así, de esta manera, armonizar el Salario Mínimo Interprofesional con el resto de Europa.

Al Ministro Portavoz preguntarle si la subida de tarifas eléctricas agradará, por decirlo de alguna manera, a las compañías eléctricas que exigían una subida mayor para hacer frente a las inversiones en infraestructuras y, de esta manera, acabar con los apagones que han sufrido Cataluña y otros lugares de España.

Sr. Aparicio.- En relación con la primera pregunta, la revalorización, la actualización, del Salario Mínimo responde a los mismos objetivos que antes señalaba de inflación, incluso de eje o centro de la negociación colectiva para el próximo año. La complejidad que supone la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional a muchísimas áreas de las distintas Administraciones, no solamente del Gobierno de la nación, sino también como indicador de becas, de acceso a las viviendas de protección oficial y de tantas y tantas áreas, hace que, desde luego, sería deseable y sería oportuno iniciar un proceso de esas características.

Recientemente, también los propios agentes sociales han tenido una gran oportunidad y ya ven que no ha surgido esta materia. Yo lo que le puedo decir es que estamos produciendo una revalorización en línea con los objetivos de inflación previstos, no solamente por España, sino por el resto de países europeos, y que en este caso no ha sido posible todavía producir esa clara separación entre Salario Mínimo como elemento directo, como tal salarial, que apenas alcanza a medio millón de españoles, de las implicaciones o repercusiones que tiene como indicador de renta.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a las tarifas eléctricas, insistirle, en primer lugar, en que estamos hablando de una estabilización o de una congelación, si quiere usted, de las tarifas domésticas; y, en lo que se refiere a las industriales, estamos hablando de un mantenimiento claro por debajo de los índices de precios. Por tanto, en positivo, también si me permite la expresión, en términos de ahorro y de renta disponible.

Ha habido una ecuación que se ha puesto en marcha estos últimos días que parecía ligar liberalización-desaparición de inversiones-apagones. Es algo que, desde luego, nosotros, no solamente rechazamos, sino que contestamos con los hechos. Si algo ha producido el proceso de liberalización, es un efecto positivo. Estamos hablando de un menor coste para el consumidor, como ya indiqué antes, de un 35 por 100 menos en los últimos tiempos; en segundo lugar, de una serie de ajustes de costes por parte de las empresas, que también es positiva y redunda en bien de la empresa y en bien de los consumidores finales, y todo lo contrario a lo que a veces se ha planteado: una mucho mayor inversión por parte de estas compañías.

Piense usted, como decíamos, creo que fue el viernes pasado, que en generación, por ejemplo, se ha doblado y más que doblado, de hecho, lo que era la oferta disponible hace bien pocos años, hace tres o cuatro años.

Por lo tanto, la inversión no sólo existe, y no sólo existe sino que además ha aumentado; por lo tanto, no se ha visto en ese sentido afectada por la bajada de precios y esa bajada ha beneficiado, en primer lugar, al consumidor y también a la hora de la propia gestión de la empresa.

P.- Yo quería hacer dos preguntas al Ministro de Hacienda. La primera es si tiene pensado remitir por escrito la respuesta a la última propuesta del Gobierno vasco sobre el Concierto Económico esta misma tarde.

No me ha quedado muy claro cómo es posible que ayer el Ministro Posada negara un incremento de la cuantía del dinero en la negociación para el traspaso de la Sanidad a estas diez Comunidades Autónomas y hayan cerrado esos acuerdos con la aportación, según algún periódico, de 300.000 millones más de lo previsto.

Sr. Montoro.- En primer lugar, no tengo que remitir por escrito al Gobierno vasco porque los recibo esta tarde. Vienen los Diputados Generales, continúo esta tarde reuniéndome con ellos. O sea que no ha lugar, evidentemente, a que mande misivas ni a través de fax o de correos electrónicos, cuando están en mi despacho dentro de pocas horas. En el momento en que me permitan ustedes levantarme de la mesa, comer rápidamente algo y, a continuación, reunirme con ellos.

Por lo demás, tampoco ha habido intercambios por escrito. Ayer en la reunión el Ejecutivo vasco y los Diputados Generales me presentaron por escrito su propuesta y fuimos analizándola conjuntamente por escrito; o sea, que es normal que en ese tipo de reuniones los escritos circulen lo estrictamente imprescindible. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo cuanto antes. Como decía, ésa es la voluntad del Gobierno español, conseguir un acuerdo que permita renovar, no sólo prorrogar, el Concierto Económico del País Vasco, porque la oferta que ha hecho el Gobierno español en materia de renovación del Concierto es importante de contenidos para actualizar todo el ámbito jurídico-fiscal y también para actualizar el propio Cupo.

En segundo lugar, cada uno hace sus cálculos en relación... Y me sonrío aquí, llegado a este extremo, porque es un auténtico baile de cifras. Siempre se produce, inevitablemente, en primer lugar, para demostrar que todos han ganado. Hay una forma más sencilla de demostrar que todos han ganado, que es el hecho de que todos han firmado. De esa forma lo que se confirma es que todos han ganado, porque en el nuevo sistema de financiación autonómica, que llevaba ímplicita la transferencia de Sanidad, como hemos dicho desde el principio, no había ganadores y perdedores. Todos han ganado, todos hemos ganado.

Una desviación de cifras sobre lo previsto de cientos de miles de millones de pesetas sería infinanciable y, por tanto, la transferencia de Sanidad se ha hecho de acuerdo a la previsión prevista, efectivamente, por el modelo de financiación autonómica. Se ha hecho acorde a esa previsión y lo demás son cálculos que puedo calificarles esta mañana de libérrimos. Otra vez, como ven, me vuelvo a sonreír cuando uno ve la lucha de cifras. En la lucha de cifras no van a encontrar al Gobierno desmintiendo una a una esas cifras. Ya hemos hablado de esta cuestión en otros encuentros con los medios de comunicación. Que cada Gobierno autonómico saque su cifra, intente explicarse, que se explique en los Parlamentos autonómicos el contenido de esas cifras.

Tengo que reconocerles que se han mezclado cosas; pero esto es normal dentro de la política y lo importante son las posiciones políticas que se están definiendo a raíz de una transferencia como la que se ha dado lugar y, como les decía, el valor de esa transferencia es que ha sido aceptado por Gobiernos de diferente signo político, porque efectivamente llegaba el momento en el que era preciso materializar esa transferencia y esa transferencia se ha hecho dentro de lo que es el coste previsto del modelo de financiación autonómica con las nuevas fuentes de financiación autonómica, dentro de las que se incluye el nuevo impuesto sobre hidrocarburos que, efectivamente, va a financiar esa sanidad transferida.

P.- Yo quería preguntarle al Ministro de Hacienda, ya que se sonríe tanto con las cifras de las Comunidades Autónomas, si por lo menos nos puede dar la cifra global, que usted ha dicho que es inferior a dos millones de pesetas, pero no ha cuantificado con exactitud.

Después me gustaría saber cuánto tiempo va a durar la tutela administrativa del Insalud sobre las Comunidades Autónomas y si en ese período de tiempo, en caso de que alguien, por desgracia, tuviera que interponer una demanda contra un servicio de salud, si el responsable va a ser la Administración central o van a ser las Comunidades Autónomas.

Por último, me gustaría saber cuándo va a estar la Ley de Cooperación, porque el traspaso se ha realizado, es efectivo el 1 de enero, y la Ley parece que va para largo.

Sr. Montoro.- En primer lugar, en lo que se refiere a la cifra de 2002, es una previsión, es una estimación, obviamente; estimación que en el nuevo modelo de financiación depende, como ustedes conocen, precisamente de la propia evolución de los ingresos tributarios, sin los cuales ni siquiera podemos hacer una estimación, si no tenemos en cuenta la propia evolución previsible de los ingresos tributarios que ahora son compartidos y que ahora financian plenamente la Sanidad. Por tanto, hasta que no liquidemos el año 2002, que será en el año 2004 cuando se haga esa liquidación definitiva, no sabremos cuál es la cifra exacta. Todo lo demás son estimaciones.

Cuando me sonreía, entiéndame que era de una manera comprensiva, porque ya saben ustedes lo que hemos sido valorados y criticados cuando hacemos la estimación de ingresos del Presupuesto del Estado. Es lo mismo. ¿Qué hace un Gobierno autonómico? Hacer su propia estimación de ingresos previsibles para el año próximo. Yo no voy a recomendar nada a nadie pero, cuando un gobernante autonómico ha exhibido una cifra de dedicación a la sanidad pública en esa Comunidad Autónoma para el año próximo, lo que habrá que hacer que se materialice en su presupuesto. Eso es importante. En definitiva, cuando se ha dicho que se van a dedicar estos recursos, muy bien, que se dediquen esos recursos. Eso va a ser muy bueno para los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, de esa región. Por eso decía que hay nada menos que ayudarles.

No les voy a desmentir; es al revés, les voy a estimular para que plasmen en su presupuesto de Sanidad en el primer año esas cifras de las que han hecho los anuncios respectivos y lo que supone de ganancias también sobre los costes efectivos. Yo le he dado la cifra de coste efectivo sobre la que está calculado que es, realmente, la cifra que aparece por tanto, en esos Reales Decretos. Lo demás son ya todo estimaciones a partir de ahí.

En lo que se refiere a la tutela de Insalud, más que tutela, digamos, es un compartir gestión. Quizás sea una expresión más adecuada que tutela. Será durante cuatro meses y, a partir de ahí, ya se dejará rodar a cada Comunidad Autónoma en gestión autonómica propia.

Por lo demás, el Ministerio de Administraciones Públicas sigue trabajando en ese Proyecto de Ley de Cooperación que es, en definitiva, la culminación de esas transferencias y completar el Estado de las Autonomías. Todavía, por supuesto, faltan otros elementos de ese Estado de las Autonomías, pero de esa importancia presupuestaria, como la que acabamos de aprobar en el día de hoy. Sigue trabajando en ese Proyecto de Ley y esperamos pronto poder tenerlo a disposición.

En cuanto al responsable jurídico en caso de que se tenga que interponer una demanda, a partir del 1 de enero de 2002 el responsable es la Comunidad Autónoma; exactamente, es su responsabilidad efectiva y lo que hace el Insalud es colaborar para que haya una transición en materia de gestión de la transferencia, en este caso, de la Sanidad pública.

P.- Me gustaría preguntarle al Ministro de Trabajo solamente una duda sobre el nuevo sistema de jubilación gradual y flexible: ¿A partir del 1 de enero del año que viene será posible que un trabajador voluntariamente pueda pedir la jubilación anticipada si no cumple el principio de que no está en paro?

Sr. Aparicio.- Los requisitos son los que he citado: 61 años de edad, 30 de cotización y estar seis meses en paro, acreditando, además, que la baja no se produce a instancia del propio trabajador. Sería una de las dos vías. Si esa misma persona estaba trabajando o era mutualista el 1 de enero de 1967, podría optar por la vía normal. A partir de los 60 años, en el momento en que él lo estime y con la tabla de penalización nueva, que oscila entre el 6 y el 7''5 por 100. Dependerá de si se acoge a la norma transitoria ya existente o a la nueva. La nueva es un conjunto de requisitos que no se pueden espigar, sino que hay que tomar en conjunto.

P.- Al Ministro Portavoz o al de Hacienda. Yo quería saber si el Gobierno tiene previsto reconsiderar el papel del Ministerio de Sanidad, una vez traspasado el Insalud.

Sr. Cabanillas.- ¿Qué entiende usted por reconsiderar?

Sr. Montoro.- Evidentemente, hay un cambio de función, en el sentido de que el Ministerio de Sanidad queda como regulador general y articulación del Sistema Nacional de Salud, igual que ocurre con otros Ministerios que también han vivido esa transferencia anteriormente, como es el caso de Educación. Por tanto, queda una función muy importante dentro del Ministerio de Sanidad.

Sr. Cabanillas.- Tiene una función de coordinación y de cohesión absolutamente clave.

P.- Al Ministro de Hacienda. Sin entrar en la guerra de cifras, ni tampoco pedirle que precise ninguna cantidad ofrecida por las Autonomías, sí querría que me aclarase si, tal y como afirmó ayer el Ministro de Administraciones Públicas, para la consecución de este acuerdo ha habido ajustes y acuerdos complementarios --dijo textualmente-- al margen del modelo de financiación, tipo inversiones, deudas pendientes, fondos monetarios traspasados, etcétera.

En segundo lugar, también ha hecho alusión en su exposición inicial a la importancia de la estabilidad presupuestaria. Usted sabe que la Generalitat de Catalunya ha iniciado los trámites para recurrir las Leyes de Estabilidad Presupuestaria ante el Tribunal Constitucional. Me gustaría conocer su opinión sobre la postura de la Generalitat de Catalunya.

Y al Ministro Portavoz. Antes ha hecho alusión a los principios inspiradores del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Me gustaría saber si dentro de estos principios cabría la posibilidad de que uno de los dos partidos firmantes propiciara la aprobación de los Presupuestos vascos.

Sr. Montoro.- En primer lugar, lo que ha habido es, en definitiva, la precisión para cada Comunidad Autónoma del contenido de lo que son esas cifras de partida de la restricción inicial. Eso es lo que ha habido. Aquellas Comunidades Autónomas que han manifestado su interés por explicarnos, en concreto, a mí mismo y al equipo que ha hecho posible esta transferencia desde el Ministerio de Hacienda, al equipo de Sanidad que lo ha hecho posible y también a Administraciones Públicas y a su Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, lo que han hecho ha sido tener la oportunidad de explicar cuál era su interpretación de las cifras de la restricción inicial. Eso es lo que se ha hecho y, por tanto, eso es lo que se materializa en el contenido de este acuerdo, objetivamente, sin crear agravios comparativos entre Comunidades Autónomas y sin dejar grandes cuestiones pendientes para el futuro, es decir, dejando cerrado lo que es esa transferencia autonómica en sí misma.

Como en cualquier otra transferencia, de cara al futuro habrá que examinar su evolución y habrá que ver cuáles son sus posibilidades de materialización. Por tanto, es normal también que en un Estado de las Autonomías a partir de un determinado momento se haga balance, se hagan reconsideraciones, etcétera. Pero las cifras de las que se ha partido para promover y acordar esa transferencia sin olvidar nunca la otra cifra, la del sistema de financiación general, porque no cabe duda de que la gran variante era de que la Sanidad estaba integrada en el sistema de financiación autonómica general y en la consideración de todas las Comunidades Autónomas ha pesado la integración en el sistema de financiación general, porque es básico, es fundamental...

No estábamos ante una transferencia, la de Sanidad, que contara con una financiación independiente, sino que había que verlo en su contexto, en lo que significaba, por tanto, la adscripción de cada Comunidad Autónoma al nuevo sistema de financiación autonómica. Eso es lo que hay que decir, no hay que hacer otro tipo de interpretaciones. Con algún Presidente autonómico, al que no he llegado a recibir porque no ha entendido que era necesario, sino tener contacto telefónico, he tenido la oportunidad de explicárselo así. Las visitas o las negociaciones tenían que ser sobre cifras ya concretas, relativas no sobre nuevas demandas, sino relativas a si entendía que en su Comunidad Autónoma le faltaba esto o aquello a raíz de lo que estaba siendo la financiación del Insalud en esa Comunidad Autónoma en sus diferentes componentes. Ésa es la única variación que realmente se ha producido en esta negociación.

En lo que se refiere a la postura de la Generalitat en relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una vez más la lamento. Ya desde hace meses conocen cuál es la valoración del Gobierno y cuál es la valoración del Ministro de Hacienda en relación con las posturas políticas en esta Ley.

Las posturas políticas es que el Partido Socialista está haciendo una postura que es contraria a cualquier iniciativa del Gobierno en el área económica y una postura que, como decía el Ministro Portavoz, es incongruente y patética muchas veces, afirmando que está a favor del equilibrio presupuestario pero en contra de la Ley del equilibrio presupuestario.

Esta Ley del equilibrio presupuestario, esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, es una ley fundamental. Ha sido fundamental para que España recibiera la calificación internacional de los mercados financieros más alta; es decir, para que España fuera declarada como uno de los países más solventes del mundo por primera vez en nuestra historia, como es el resultado de la calificación que hemos recibido por una de las principales agencias de calificación financiera internacional, que nos ha dado la triple A (AAA) por primera vez en la historia de nuestro país, llevándonos, por tanto, a la primera categoría de países más solventes del mundo.

Eso tiene que ver con muchas cosas, con el crecimiento económico del país, con la creación de empleo que ha habido en el país, con el saneamiento de las finanzas públicas, sin duda alguna, para ser solventes, y con una ley, como la de estabilidad presupuestaria, que cierra el marco de lo que es la construcción del Estado de las Autonomías, de la intensa descentralización administrativa que estamos protagonizando y en la que esa Ley es fundamental.

¿Qué está ocurriendo? Que algunos partidos nacionalistas parece que para ser más nacionalistas necesitan ir contra esta Ley. Ya les he dicho que es una forma falsa de hacer nacionalismo, es una forma realmente equivocada de hacer nacionalismo y es una falta, yo creo, de visión, de estrategia, económica, porque los que van en contra enseguida aclaran que no están en contra del equilibrio, que no están en contra del equilibrio de su Comunidad Autónoma, sino que lo que están en contra es de que haya una ley de ordenamiento general del equilibrio presupuestario, lo que es una gran contradicción por parte de quienes sostiene esa postura política.

Es más, tengo entendido que la propia Generalitat va a promover una Ley de Estabilidad Presupuestaria en Cataluña, en el Parlament, con lo cual, si hace eso, ya es realmente una postura política muy poco congruente, que supongo que todavía está a tiempo de corregir antes de que los ciudadanos catalanes valoren y den un resultado negativo a una actitud política, que, insisto, no tiene nada más que de falso nacionalismo por enfrentarse a la idea, al concepto, de que el equilibrio presupuestario vale para el conjunto de España, para el conjunto del Estado de las Autonomías, vale para la Administración Central del Estado, para las Comunidades Autónomas y para las Corporaciones Locales; es decir, para los tres niveles de Administración pública que tienen los españoles.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo es precisamente eso: el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

En lo que se refiere a la situación presupuestaria, hoy mismo, si no me equivoco, ha habido comunicados por parte de ambos partidos, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, ratificándose en lo que ha sido la postura mantenida en los últimos días. Otra cosa completamente distinta sería que para los Presupuestos que se llegaran a prorrogar sería la tercera prórroga de unos Presupuestos que se votaron en su día durante la vigencia del Pacto de Estella, pero es otra cuestión.

P.- Quería preguntarle al Ministro de Hacienda por la reunión de ayer por la tarde con la delegación del País Vasco sobre el tema del Concierto. Mi pregunta es si hay alguna expectativa de acuerdo hoy por la tarde.

Luego, si son ciertas las cifras que se están dando de que hay sólo 7.000 millones que les distancian en el Cupo, ¿cómo es posible, por ejemplo, que no haya acuerdo en esta cuestión?

En último lugar, por precisar algo más, si la clave sigue estando en el famoso tema de la participación de las autonomías en Europa y si es cierto que la delegación vasca está planteando que está dispuesta a participar dentro de la delegación española.

Sr. Montoro.- La expectativa de esta tarde es positiva, es francamente positiva, en el sentido de que las diferencias, como vengo insistiendo desde hace semanas, son bastante reducidas en todos los ámbitos, prácticamente en todos los ámbitos.

Sigue existiendo una diferencia, un escollo, en lo que entiende la delegación vasca en cuanto a representación de las instituciones vascas en la Unión Europea. Eso sigue existiendo. No hay acuerdo en cuanto a materializar una redacción concreta en el Proyecto de Ley del Concierto. Entonces, espero que esta tarde podamos resolverlo y también en lo que se refiere a algunas cuestiones, pero ya de orden menor, en fiscalidad de no residentes, en consolidación de grupos empresariales y poco más; podemos decir que en el ámbito fiscal.

En relación con las cifras de Cupo, tampoco ya las diferencias son demasiado abultadas y espero que esta tarde también podamos acercar esas cifras en lo que debe ser un principio, que es la actualización del Cupo; una actualización, que es la que ha pretendido siempre el Gobierno de España, moderada. De forma que podemos y debemos mantener esta tarde también unas expectativas positivas. Incluso, si me permite la expresión, todavía algo más positivas de lo que recoge el chiste de Peridis hoy en "El País", algo más.

Al Ministro de Hacienda no se le ha cansado la mano a la hora de firmar acuerdos y estaría encantado en firmar el acuerdo esta tarde o cuando podamos conseguir ese acuerdo, porque ese acuerdo es fundamental, en definitiva, para la renovación del Concierto. Es decir, no sólo para la prórroga, que es absolutamente necesaria, básica, para evitar el vacío jurídico-fiscal que se produciría en el ámbito de las Diputaciones Forales vascas, sino que lo que pretende el Gobierno es más, es renovar el Concierto, es promover el carácter indefinido del Concierto, es dotar al concierto de los instrumentos necesarios para evitar los conflictos, es modernizar determinados tratamientos jurídico-fiscales y, en definitiva, por tanto, también podemos llamarlo así, aspiramos a un nuevo Concierto, para lo cual es fundamental que haya más voluntad política para superar los obstáculos que, insisto, objetivamente no son nada importantes.

Objetivamente, esos obstáculos se pueden superar. Lo que hace falta, por tanto, es voluntad política. Ésa es la voluntad que tiene el Gobierno español y ésa es la voluntad que volveremos a plantear y a hacer uso de ella esta tarde en la reunión que celebremos.

La Ley de Prórroga que acaba de aprobar el Senado esta mañana, con mi ausencia obviamente --porque estaba en el Consejo de Ministros; el don de la ubicuidad no lo tenemos; podemos reproducirnos a través de teleconferencia, pero no es el caso, obviamente--, es muy importante. La Ley de Prórroga del Concierto es muy importante para evitar que se produzca un vacío jurídico que haga inútil el propio funcionamiento de las Diputaciones Forales, porque debo insistir en este argumento que es básico para entender qué estamos negociando.

Es decir, no se puede afirmar que las Diputaciones Forales funcionan sin Ley del Concierto, no se puede afirmar que las Diputaciones Forales funcionan sobre normas forales, porque esas normas forales necesitan una ley sustantiva sobre la que asentarse, que es la Ley del Concierto, que es la Ley que determina los hechos imponibles sujetos a Haciendas Forales, es decir, los hechos imponibles sujetos a Haciendas Forales frente a los hechos imponibles sujetos a la Hacienda estatal, y es la Ley que determina los puntos de conexión entre las Haciendas Forales y las Haciendas estatales.

Con normas forales no se puede garantizar el funcionamiento de Diputaciones Forales en un sistema que es el sistema tributario foral, que está articulado sobre el sistema tributario estatal, sin el cual no tiene sentido. Por tanto, no puede decirse con seriedad y con rigor que la ausencia de la Ley del Concierto no perjudica a las instituciones vascas. Sí perjudica a las instituciones vascas y de ahí la utilidad de esa prórroga.

La prórroga va a entrar en vigor el 1 de enero del año 2002. Eso va a permitir un funcionamiento normal, un funcionamiento ordinario, de las Haciendas Forales y eso hace que las negociaciones que podamos tener a partir de esta tarde, si no conseguimos el acuerdo esta tarde, puedan hacerse con la tranquilidad, con la naturalidad, de que sepamos que el 1 de enero del año 2002 siguen funcionando las Diputaciones Forales, siguen funcionando las Haciendas Forales, y los contribuyentes saben perfectamente a cuál de las Haciendas deben dirigirse a la hora de pagar sus impuestos: a la Hacienda Foral o a la Hacienda estatal. Eso es clave, realmente, para que Euzkadi, su sistema de Diputaciones Forales, pueda seguir funcionando. Y de eso no depende la negociación de esta tarde, afortunadamente.

P.- Para el Ministro Portavoz y en relación con la crisis diplomática con Marruecos. En el día de ayer el Gobierno de Canarias expresaba su preocupación, incluso en algún momento se utilizaba la palabra "desasosiego", por las concesiones a la empresa Repsol de prospecciones petrolíferas cerca de Canarias. Se expresaba la preocupación por el hecho de que pudieran enrarecer aún más el clima de las relaciones con Marruecos. Incluso, se sugería que ésa podía ser la causa de la retirada del Embajador hace dos meses.

En relación con esto quería saber si podría detallas cuáles son los contactos que se están llevando a cabo con el Gobierno de canarias en este momento, porque ellos dicen que no han tenido información oficial sobre los informes que se han elaborado. En el caso de que hayan existido esos contactos, ¿quiénes han sido los interlocutores, porque hay cierta confusión con eso: si sería directamente con la Presidencia del Gobierno regional o con alguna de las Consejerías?

También ayer se reclamaba o se llamaba la atención sobre la necesidad de, formalmente, desarrollar la llamada zona económica exclusiva, que debería llevar al establecimiento de una mediana con Marruecos, ya que parecer ser que, aunque las prospecciones autorizadas están dentro de la mediana, están fuera del límite de las doce millas en algún caso. Me gustaría saber si tienen previsto adoptar alguna medida de este tipo, porque parece ser que también había algún impedimento jurídico en este terreno, porque se podría contravenir la Convención de Derechos del Mar o algo así.

Por último, aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda, me gustaría saber, en el caso de que estas prospecciones se lleve a cabo, cuál sería el régimen tributario en el cual estaría inmersa la actividad de Repsol.

Sr. Cabanillas.- Aquí hay varias cuestiones a la vez. No debe generar ningún tipo de preocupación el ejercicio de lo que es una competencia del Estado, en primer lugar. Tampoco debe generar ningún tipo de preocupación en el sentido de creer o estimar que no se han tomado todas las medidas o, dicho de otra forma, que no se han realizado todos los estudios que eran pertinentes.

En cuanto al conocimiento, fíjese usted: ya desde el 20 de febrero de este mismo año estaba publicada en el BOE esta cuestión, la solicitud de los permisos. Por lo tanto, creo que, como es natural, es de público conocimiento.

Como digo, se hizo una serie de informes que tuvieron una conclusión unánime y esa conclusión es la que lleva al otorgamiento de las concesiones o, dicho de otra forma, que de acuerdo con todos los principios internacionales, y en particular con la propia Convención de Derechos del Mar, e incluso a la vista de la propia legislación marroquí y de la propia legislación española, esas concesiones se podían, sencillamente, otorgar.

Por lo tanto, una cosa es que se pueda llegar a exigir un acuerdo mutuo para la determinación definitiva o formal, como usted la ha llamado, de las características de una zona o de la utilización de una zona económica exclusiva; pero eso, y valga la redundancia, no excluye la delimitación de los respectivos espacios por parte de los países. Si me apura, Marruecos en los últimos años también ha otorgado una serie de concesiones en esa misma área.

Insisto, con publicación y, por lo tanto, con transparencia y conocimiento de todos; con todos los informes pertinentes; de hecho, con comunicación también a Marruecos, le diré; se determina que no existe ningún tipo de afectación ni a la legislación internacional ni a la interna de los dos países a la hora de otorgar estas concesiones, las concesiones numeradas del I al IX y denominadas "Canarias".

Sr. Montoro.- Dependerá de los resultados de esas prospecciones y de la explotación que haga la empresa. Por lo demás, en la Ley de Acompañamiento hemos suprimido, por exigencia de la Unión Europea, lo que era un régimen fiscal especial para las explotaciones petrolíferas. Eso es lo que se ha hecho en la nueva Ley de Acompañamiento.

P.- Quería dirigir una pregunta al Ministro Portavoz en relación con la participación de tropas españolas en la misión de asistencia y seguridad para Afganistán. Concretamente, me gustaría saber qué misión específica van a desempeñar los soldados españoles en la zona, porque podría darse la paradoja de que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el despliegue de 485 soldados sin conocerse claramente cuál va a ser la tarea que van a desempeñar allí. Quiero decir si van a proteger a personalidades e instituciones públicas, van a escoltar a convoyes de ayuda humanitaria, van a prestar atención médica o sanitaria a la protección civil. Eso es lo que me gustaría saber.

Sr. Cabanillas.- Como usted sabe, el mandato que otorga la Resolución 1386 de las naciones Unidas es amplio, se enmarca en una idea de asistencia y seguridad, pero también tiene un componente de defensa y de intervención. En concreto, les dije que se trataba de una serie de enlaces nacionales, de una unidad de Ingenieros, una unidad de Transmisiones, helicópteros, desactivación de explosivos y de apoyo al despliegue aéreo.

Por explicarle alguna de ellas, la unidad de Ingenieros estará formada por secciones de máquinas y zapadores, facilitará la misión de una fuerza internacional habilitando, como es lógico, caminos y edificios, señalizando las zonas minadas e instalando grupos electrógenos y realizando cometidos similares. Es decir, no sólo se trata de una protección a las personas, sino tanto a las personas como a la zona de operaciones.

Son cinco los helicópteros más sus dotaciones. En concreto, son cinco helicópteros "Super Puma", que es un helicóptero destinado a transporte táctico, ya sea de soldados o de carga. Son, aproximadamente, entre veinte y veinticuatro soldados los que pueden ir en estos helicópteros o bien entre 4.000 y 4.500 kilogramos de carga en eslinga.

En cuanto a los equipos de desactivación de explosivos, creo que no es necesario extenderme. Entre los elementos principales está una serie de unidades de robots, que son conocidos, yo creo, de todos ustedes.

La unidad de Transmisiones se dedica al enlace de las distintas fuerzas, no solamente de las españolas, y, por supuesto, eso sí, del enlace del mando con el territorio nacional. Y el apoyo logístico es a todas estas unidades.

Insisto, por tanto, que en se enmarca dentro del mandato de Naciones Unidas. No se trata sólo de labores de protección a personas, sino, precisamente en función de las características de cada uno de estos grupos o unidades, una misión más amplia, como le he intentado describir.

P.- También dos cuestiones para el Ministro Portavoz. En primer lugar, en relación con Argentina, ¿teme el Gobierno que pueda darse alguna reacción antiespañola en ese país al ser las empresas de capital extranjero, entre ellas las nuestras, las que mejor afronten la crisis?

En segundo lugar, retomando el tema de Marruecos, ¿al Gobierno ya sólo le cabe esperar un gesto por parte del Gobierno marroquí o aún cabe la posibilidad de que algún miembro de nuestro Gobierno realice un viaje a ese país para desbloquear las relaciones?

Sr. Cabanillas.- No creo que sea una cuestión de gestos, sino de retomar lo que es una relación que debe existir y que es importante para los dos países. Por lo tanto, califíquelo usted como quiera; yo le llamaría, sencillamente, la normalización de las relaciones. En estos momentos no hay previsto ningún viaje de miembros del Gobierno a Marruecos.

Y, en lo que se refiere a Argentina, sinceramente yo creo que por nuestra parte, por parte de España, nos hemos volcado, no solamente en lo que es apoyo político, sino apoyo económico. Probablemente, seamos los únicos en ese contexto. En todo ello se enmarca, no solamente la actividad de las empresas y su lealtad a la transformación y al desarrollo de Argentina --no se trataba, en ningún momento, de inversiones especulativas por su parte--, como también hay que incluir la visita que en estos momentos está realizando el Ministro de Asuntos Exteriores. La respuesta por parte de Argentina no ha sido ninguna sorpresa para nosotros, sino propia de la hermandad que existe entre los dos países. Hoy será recibido por el Presidente Rodríguez Sáa, también lo será por una serie de Ministros, por el propio Canciller. De la misma forma que las comunicaciones fueron constantes entre el Presidente del Gobierno, no sólo con el Presidente Sáa, sino también con los ex Presidentes Puerta, Menem o De la Rúa.

No tememos para nada ese tipo de reacción, sino que insistimos en nuestra voluntad de ayuda en todo aquello en que podamos y agradecemos ya, valga la redundancia, el agradecimiento demostrado por las autoridades argentinas hacia España.

Muchas gracias. Feliz Año Nuevo.