Rueda de Prensa

Viernes 19 de febrero de 1999

Sr. Piqué.- Muy buenas tardes a todos. Para dar cuenta de lo tratado en la reunión del Consejo de Ministros.

En la sesión de hoy, se ha aprobado el Programa de Talleres de Empleo, que combina acciones de formación y empleo dirigidas a parados mayores de veinticinco años y al que se destinarán 10.000 millones de pesetas; además, se ha acordado la distribución de 22.267 millones de pesetas entre las Comunidades Autónomas para la realización de programas sociales. Para ampliarles ambos temas, contamos hoy con la presencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Manuel Pimentel.

Antes de cederle la palabra, quisiera darles cuenta de otros acuerdos aprobados hoy en la reunión del Consejo de Ministros.

Se ha aprobado la remisión a Cortes del Proyecto de Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Las principales novedades de ese importante Proyecto de Ley son: creación de un Consejo Asesor de Personal que valorará las propuestas de los guardias civiles referidas al régimen de personal y a la condición militar; también contiene la plena integración de la mujer en la Guardia Civil, con absoluta igualdad de derechos y obligaciones, y para ello se establece que las pruebas físicas se modularán en función de las diferentes fisiologías entre sexos y, en los casos de embarazo, se podrán asignar cometidos distintos a los propios del puesto desempeñado; a su vez, las categorías y escalas se desarrollarán de forma similar a las de las Fuerzas Armadas, siendo la Escala de Cabos y Guardias la que tiene un desarrollo propio para la Guardia Civil y en la que se crea el empleo de Cabo Mayor; por último, se establecen los criterios generales sobre retribuciones, protección social y derechos de los guardias civiles.

Se ha aprobado, a su vez, el Proyecto de Ley Orgánica que modifica los artículos 566 y 567 del Código Penal de 1995. Son artículos que se refieren a la prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas. Con la modificación que hoy se ha aprobado, y que se presentará, por lo tanto, como Proyecto de Ley a las Cortes, se tipifica como delito el desarrollo de armas químicas, incluyendo su investigación, empleo y la iniciación de preparativos militares para su uso, y se precisa el concepto de depósito de armas, en su vertiente de comercialización, adquisición o venta, y se penaliza la utilización de armas, piezas o sustancias químicas para depósito o empleo.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto sobre estructura orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes para adecuarla a la Ley sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la llamada LOFAGE, y poder así ajustar su estructura a la creciente importancia del deporte profesional. Se crea así la Subdirección General de Deporte Profesional que, entre otras funciones, coordinará las Ligas Profesionales con las respectivas Federaciones Españolas y elevará al Presidente del Consejo Superior de Deportes la resolución de conflictos de competencias entre Ligas y Federaciones.

Se ha aprobado un Acuerdo en el que se establece el procedimiento para cumplir lo establecido en los Presupuestos Generales de Estado para 1999 sobre limitaciones presupuestarias, con el fin de garantizar el objetivo del déficit. El Estado, y el resto de los organismos públicos, organismos autónomos y Seguridad Social, realizará periódicamente el seguimiento de los derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio. Las Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos deberán remitir con la misma periodicidad los ingresos y gastos de sus presupuestos de explotación y material. Las previsiones serán comparadas con los datos correspondientes a la ejecución real, para detectar y corregir, en su caso, las desviaciones que pudieran producirse.

El Consejo ha aprobado también el Programa Anual para 1999 correspondiente al Plan Estadístico Nacional que cubre el período entre 1997 y el año 2000. El Plan Estadístico Nacional está integrado por 297 programas, de los cuales 97 corresponden al Instituto Nacional de Estadística, 4 al Banco de España y el resto a diferentes organismos dependientes de varios Ministerios.

Se ha aprobado la creación de la Agregaduría de Defensa en la Misión Diplomática Permanente de España en La Habana. Se cubre así una laguna en el ámbito de las relaciones diplomáticas con Cuba.

Se ha autorizado la construcción de una instalación hotelera en el complejo del World Trade Center, ubicado en la zona de servicio del Puerto de Barcelona. La Ley de Puertos permite, previa autorización del Consejo de Ministros, la construcción de instalaciones hoteleras en aquellos espacios de los puertos de interés general destinados a las actividades complementarias, siempre que concurran razones de utilidad pública, como es el caso. Esas razones se fundamentan en que la futura instalación hotelera permitirá atender el incremento previsible, y real ya en estos momentos, de la demanda de visitantes que, por vía marítima, llegan a Barcelona.

Por último, en el capítulo de condecoraciones y nombramientos, el Consejo de Ministros ha concedido la Gran Cruz de Carlos III al hasta ahora Presidente del Senado, don Juan Ignacio Barrero Valverde. Y se ha nombrado, como Secretario General del Consejo de Universidades, a don Vicente Ortega Castro; como General Jefe del Mando Aéreo del Centro y Primera Región Aérea al Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Antonio Cervera Madrigal; y, como Directora General de Fomento de la Economía Social y Fondo Social Europeo, a doña María de los Ángeles Riesco Sánchez.

A su vez, en este apartado relativo a personas, el Presidente del Gobierno ha informado al Consejo de las circunstancias que concurren en torno a la figura del primer Presidente de la Segunda República española, don Niceto Alcalá Zamora. Saben ustedes que el pasado día 18 de este mismo mes se conmemoró el cincuentenario de su muerte en Buenos Aires, en el exilio. Con motivo de esta conmemoración, el pasado 16 de noviembre, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de donde era natural don Niceto, adoptó un acuerdo en virtud del cual se solicitaba formalmente a la Presidencia del Gobierno y al Presidente del Congreso de los Diputados que le fuera devuelta la ciudadanía española al ex Presidente de la República. El Pleno consideraba así que podría corregirse el agravio histórico que supone hace ya 57 años la presunta pérdida de la nacionalidad española por parte de un Jefe de Estado que fue elegido democráticamente.

Después de haber revisado estas circunstancias, surgen dos consideraciones: la primera es que este tipo de devolución de nacionalidad española tiene que hacerse en vida del afectado, por lo tanto, estamos ante un imposible jurídico; pero, en cualquier caso, la segunda consideración, desde mi punto de vista, puede ser más importante, y de ahí el comentario que ahora les transmito por deseo del propio Presidente del Gobierno.

La historia es la siguiente: en el año 1941, el llamado Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que se creó en febrero de 1939, dictó sentencia contra don Niceto Alcalá Zamora. La citada sentencia se refiere al ex Presidente en términos tales como --y cito textualmente-- "puede estimársele como uno de los principales responsables, por acción y por omisión, de haber forjado la subversión roja, haber contribuido a mantenerla viva durante más de dos años y a estorbar el triunfo providencial del glorioso Alzamiento".

Al margen de estos resultandos y de esos considerandos, que lógicamente son mucho más políticos que jurídicos, lo cierto es que la sentencia aplica una pena monetaria, una multa de 50 millones de pesetas, y propone al Gobierno en esa sentencia que decrete la pérdida de nacionalidad del inculpado aplicando el artículo noveno de la Ley de Responsabilidades Políticas, artículo que, en su tenor literal dice que "en casos excepcionales en que los hechos realizados por el inculpado revistan caracteres de gravedad extraordinaria, podrán los Tribunales proponer al Gobierno la pérdida de nacionalidad española, que éste acordará o no, según considere conveniente".

Por tanto, la pérdida de nacionalidad no la dicta el Tribunal de Responsabilidades Políticas, sino que la propone el Gobierno y, después de haber hecho un análisis exhaustivo, no hay constancia legal alguna de que esa decisión del Gobierno de la época se llegara a producir.

Después de haber consultado y constatado, tanto en los registros civiles como en los registros consulados, que no hay inscripción ninguna de pérdida de nacionalidad, creo que podemos afirmar --y de ahí la voluntad de hacerlo hoy solemnemente, después del Consejo de Ministros-- que el excelentísimo señor don Niceto Alcalá Zamora, primer Presidente de la Segunda República española, natural de Priego, provincia de Córdoba, era español por razón de origen en el momento de su fallecimiento en Buenos Aires el 18 de febrero de 1949. El Gobierno lo que quiere es dejar constancia institucional de esta circunstancia y, al mismo tiempo, expresar su máximo respeto a la figura histórica de don Niceto Alcalá Zamora.

Además de este comentario, decirles también que ha habido varios informes sobre la situación económica, por parte del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda; también sobre la situación en estos momentos en Kosovo; también sobre los avances en relación al tratamiento de los daños derivados del terremoto de hace unos días en la provincia de Murcia, y un informe de la Ministra de Justicia sobre el balance de las actuaciones hechas en el campo de la Justicia en los últimos dos años y medio.

En cuanto a la situación económica, y con muchísima brevedad, decirles que se ha hecho un repaso de la coyuntura económica internacional. Se ha constatado el intenso crecimiento que sigue existiendo, con gran estabilidad además, en Estados Unidos, que ha entrado ya en su octavo año de crecimiento intenso y estable. Se ha constatado también la desaceleración que se está produciendo en los principales países de la Unión Europea, tanto en los tres principales países de la Unión Monetaria, como son Alemania, Francia e Italia, como también por parte de Gran Bretaña, y lo que eso supone de incremento del diferencial de crecimiento entre la economía española y el conjunto de la Unión Europea. En términos de convergencia real se están produciendo avances notables y se confirman los buenos datos del ejercicio de 1998 para la economía española, en términos de crecimiento de la economía, en términos de inversión, en términos de consumo, en términos de creación de empleo, en términos de equilibrios presupuestarios y de buena marcha de las cuentas exteriores.

Es cierto que se está produciendo una desaceleración, desde el punto de vista de la aportación del sector exterior al crecimiento económico; pero también es verdad que estamos comprobando una extraordinaria fortaleza de los diferentes componentes de nuestra demanda interna, tanto en lo que se refiere a la formación bruta del capital fijo como en cuanto a la demanda de consumo privado. Eso nos permite mantener las previsiones, tanto en lo que se refiere al crecimiento como en lo que se refiere a la creación de empleo, y seguir confiando en ese progresivo acercamiento de nuestros niveles de renta per cápita al promedio europeo, lo que en definitiva se denomina la convergencia real.

En cuanto a la situación en Kosovo, el Ministro de Defensa ha hecho un repaso de la actual situación. Saben ustedes que estamos pendientes de las conversaciones que se están desarrollando en Francia, en Rambouillet, y, en principio, ya que es el segundo plazo, ya con una prórroga, mañana al mediodía vence el plazo puesto a las partes para que se llegue a un acuerdo. Habrá que esperar al final, habrá que esperar a ver si las cosas avanzan suficientemente, como es el deseo de todos, como para que puedan seguir las conversaciones y se pueda llegar definitivamente a un acuerdo; pero también hay que prever la circunstancia de que se rompan las conversaciones y que, por lo tanto, entren en funcionamiento los mecanismos que ha decidido la Comunidad Internacional y, en particular, la Alianza Atlántica para intentar solventar la situación planteada.

También en relación con el terremoto que antes les comentaba, el terremoto que sufrieron diversas localidades de la provincia de Murcia, el Vicepresidente Primero ha informado de las conversaciones que ha habido ya con el propio Presidente de la Comunidad murciana, y se ha avanzado ya sustancialmente en una evaluación de los daños. Habrá que seguir revisándolos, pero la voluntad del Gobierno es, en un plazo relativamente breve, poner en marcha un Decreto-Ley similar a los que se han implementado, en circunstancias análogas, a raíz de otras catástrofes naturales en otros territorios de nuestro país.

Les comentaba también que ha habido un informe de la Ministra de Justicia, en el sentido de hacer un balance de las actuaciones que en el campo de la Justicia se han hecho en estos casi tres años de Gobierno. Ha habido tres ámbitos de actuación: el primero es el ámbito de lo material y, por lo tanto, la dotación de los medios necesarios para que la Administración de Justicia pueda ser beneficiosa para los ciudadanos y pueda ejercitarse de manera ágil y rápida. Eso significa que ha habido un esfuerzo muy intenso de creación de nuevos Juzgados --yo creo que hace un par de Consejos de Ministros comentábamos la decisión de poner en marcha una gran cantidad de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo; hoy también se ha discutido la Ley de Demarcación y Plantas-- y, como síntesis de ese esfuerzo de dotación de medios, se puede decir que durante este período, durante estos casi tres años, se ha triplicado la creación de Juzgados en relación al trienio anterior.

También ha habido una fuerte iniciativa legislativa, de nuevo con los mismos objetivos: agilizar y buscar mayor eficacia, transparencia y un menor coste en la administración de Justicia, por lo tanto, en beneficio de los ciudadanos; y eso se refleja en Proyectos de Ley, muchos de ellos ya muy avanzados en Cortes, como son la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Responsabilidad del Menor, en el ámbito de lo Penal, o determinadas modificaciones del propio Código Penal, como puedan ser el tratamiento a los malos tratos o los abusos sexuales.

La finalidad es dotar de un marco jurídico garante de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto --es el tercer pilar--, avanzar en las reformas de la propia legislación, que garanticen todavía más los derechos de todos y buscando, desde el punto de vista de lo penal, muchísimo más la reinserción y no sólo el apartamiento social. El caso de los abusos sexuales contra menores o el tráfico de mujeres pueden ser buenos ejemplos de lo que pretendo transmitir.

Finalmente, ya, antes de cederle la palabra al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, un breve repaso de las actividades del Presidente del Gobierno para los próximos días. El lunes, a las once, recibirá al Vicepresidente Primero del Partido Popular Europeo y líder de la Democracia Cristiana Alemana, Hans Gert Poetering; a las seis de la tarde, recibirá al Comité directivo de la Asociación Española de Cajas de Ahorros.

El martes, a las diez y media, recibirá, en el Palacio de La Moncloa, al Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Massimo D'Alema, que llegará al frente de una delegación que va a participar en la Cumbre hispano-italiana, la habitual Cumbre entre los Gobiernos de los dos países. Tras una reunión de trabajo y una posterior sesión plenaria de ambas delegaciones, el Presidente del Consejo de Ministros y el Presidente del Gobierno mantendrán, a las 13'15, una conferencia de prensa conjunta en la Secretaría de Estado de la Comunicación, seguida de un almuerzo.

El miércoles, a las cuatro, asistirá a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y el jueves viajará a Valencia donde, a las diez horas, presidirá la apertura del Seminario internacional sobre "El diálogo mediterráneo y la nueva OTAN", que se celebrará los días 25 y 26 en el Museo de Bellas Artes de la capital levantina. A las once, visitará el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra y, una hora más tarde, recorrerá el Centro de Operaciones y Logística de dicha fuerza en la localidad de Manises. A primera hora de la tarde, regresará a Madrid, desde donde viajará, horas más tarde, a Bonn para participar en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se celebrará el viernes, día 26, a cuyo término regresará a Madrid. Por lo tanto, en contra de lo que es habitual, ese viernes el Consejo de Ministros va a ser presidido por el Vicepresidente Primero del Gobierno.

Sr. Pimentel.- Como ya saben, a raíz de la Cumbre de Luxemburgo, esa Cumbre monográfica sobre el empleo, se iniciaron unos nuevos procedimientos y una nueva filosofía de las políticas de empleo en todos los Estados de la Unión. Se decidió que las políticas activas de empleo, aquellas que van orientadas hacia la formación y el empleo, tenían que tener cada día más peso específico frente a las tradicionales, que hay que mantener y garantizar, las llamadas políticas pasivas de desempleo, que eran los subsidios y las políticas de desempleo.

En nuestro país, estas orientaciones de la Cumbre de Luxemburgo se recogieron en el Plan de Empleo del Reino de España para 1998; Plan que, como también conocen, fue el mejor valorado, conjuntamente con el de Francia, por la Comisión Europea. Ya en este Plan de Empleo para el pasado año recogimos la creación de un nuevo instrumento para atender una necesidad de personas desempleadas de mayores de cuarenta y cinco años de larga duración, que no tenían hasta este momento un instrumento de empleo específico.

En nuestra sociedad estábamos, desgraciadamente, habituados a convivir con unas tasas altas de paro juvenil; tasas de paro que están disminuyendo rápidamente, que siguen siendo todavía altas, pero donde se ve una tendencia positiva. Para tratar a estos colectivos existían varios instrumentos, siendo los más significativos las Casas de Oficio y las Escuelas-Taller. Sin embargo, la nueva sociedad o estos cambios, sobre todo, de finales de los años 80, mediados de los años 90, la crisis del año 1993, ha hecho aparecer un nuevo tipo de desempleado y desempleada no conocido en nuestra sociedad, que es el parado o la parada mayor de 45 años. Era necesario, por tanto, tener un instrumento específico de formación y empleo para estas personas, que son mayores, que han tenido una trayectoria profesional usual y que, por cualquier circunstancia de su empresa, quedaban, a una edad media por encima de los 40 ó 45 años, en desempleo.

Para ello, en el día de hoy, se ha aprobado un Decreto para la creación de un instrumento específico, innovador, novedoso, para atender las necesidades de formación y empleo de las personas desempleadas mayores de 40 y 45 años, que se va a denominar Talleres de Empleo. El Taller de Empleo utiliza una técnica en empleo que ha dado muy buen resultado en nuestro país, que es lo que llamamos la técnica mixta de formación y empleo. Son iniciativas en las que la persona desempleada recibe una formación, al mismo tiempo que trabaja; por tanto, obtiene un salario por el trabajo que hace y obtiene una formación simultánea. Es una técnica similar a la que se ha utilizado con mucho éxito en las Casas de Oficio y en las Escuelas-Taller.

El Decreto contempla que se podrán acoger a este programa personas desempleadas mayores de 25 años que tengan especial dificultad de inserción laboral. Ya les anticipo que en el Plan de Empleo para 1999 esta especial dificultad se va centrar en los parados mayores de 45 años y parados mayores de larga duración, que serán los colectivos priorizados en la utilización de los Talleres de Empleo.

La duración del programa va a oscilar, en función de los proyectos que se presenten, entre un mínimo de seis meses y un máximo de un año. Las personas desempleadas que no tengan Graduado Escolar lo podrán obtener a lo largo del programa, y todas ellas podrán obtener un certificado de profesionalidad, un título que será equivalente al correspondiente en Formación Profesional, en el desarrollo del mismo. Por tanto, cualquier persona desempleada que pase por este instrumento, no tan sólo tendrá un trabajo y un salario sino, además, adquirirá una formación escolar y profesional que le será de extraordinaria utilidad para su inserción laboral.

Fíjense que en Escuelas-Taller y Casas de Oficio la inserción laboral que tienen los jóvenes que pasan por este instrumento es superior al 60 por 100. Nosotros esperamos también obtener, dentro del instrumento Talleres de Empleo, una inserción laboral superior al 60 por 100 de las personas que en ellas participen.

El presupuesto que queda asignado ya para este instrumento, que es un presupuesto importante, son 10.000 millones de pesetas, que va a beneficiar, al menos, a 10.000 personas desempleadas mayores de 45 años y parados de larga duración. Los solicitantes de estos programas serán, al igual que en otros instrumentos de empleo, las entidades públicas y aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que operen habitualmente con los instrumentos de empleo.

La actividad a desarrollar, es decir, el proyecto formativo y profesional, debe ir vinculado, preferentemente, con los nuevos yacimientos de empleo; es decir, no tan sólo vamos a mantener los muchos programas, y buenos, de Escuelas- Taller y Casas de Oficio (rehabilitación de patrimonio, recuperación de oficios antiguos) sino que vamos a abrir este programa a ese mundo novedoso y dinámico de nuevos oficios, muy vinculados con nuevas demandas sociales, con los servicios de proximidad, que hemos incluido en la categoría de nuevos yacimientos de empleo.

Quiero decirles, por último, que es un programa innovador a nivel de la Unión Europea, fue muy valorado cuando lo anunciamos dentro de la Comisión y, por tanto, estamos seguros de que la puesta en marcha de este programa innovador, que va a permitir una inserción de personas que, cuando tienen esta edad, tienen una especial dificultad de volver al mercado de trabajo, va a ser muy seguido por países vecinos.

Por último, quiero decirles que una persona de 40, 45 años o un parado de larga duración, no tan sólo tiene, en muchos casos, un problema económico, que lo tiene, sin duda --queda en desempleo y lo tiene--, un problema social, que también lo tiene; tiene un problema psicológico, que muchas veces hace que le resulte extraordinariamente difícil, hasta personalmente, volver a incorporarse al mercado de trabajo. Este período de un año trabajando hace que se inserte, no tan sólo profesionalmente y en conocimiento, sino también en motivación personal y psicológica en este mercado de trabajo.

Por tanto, quiero trasladarles la esperanza y, en este caso, la confianza de que va a ser un instrumento novedoso e innovador, y que va a permitir esta altísima inserción laboral.

En otra cuestión, si me permite el Ministro Portavoz, únicamente quiero decirles que se ha aprobado la distribución del presupuesto para programas sociales, del que ya obtuvimos unanimidad de todas las Comunidades Autónomas. Este conjunto de programas sociales, cuyos contenidos y distribución territorial y por programas se les ha distribuido o se les va a distribuir en soporte papel, asciende a un total de 22.627 millones de pesetas, con un incremento del 12 por 100 frente al año 1998. El incremento en el conjunto de programas sociales con respecto a 1996 ya asciende a un incremento del 40 por 100 de este total de partida.

Estos programas de asistencia social tienen una innovación importante o suponen una innovación en la forma de operar importante; es un programa donde actúan conjuntamente Entidades Locales, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado, con lo cual se consigue que este presupuesto que aporta el Estado de 22.000 millones se eleve, con las aportaciones de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, hasta un total de 83.000 millones de pesetas. Es una cuantía muy importante que crea directamente 25.000 puestos de trabajo, de personas que desarrollan estos servicios de asistencia social; atiende a tres millones de personas, que son beneficiarias de los distintos programas; para 1999 va a suponer la construcción de 1.100 nuevos equipamientos sociales, y también, en un programa refundido, va a suponer el mantenimiento y creación de 43.000 plazas para la primera infancia.

P.- Quería preguntarle al señor Pimentel que nos concretara un poco cuáles son esos nuevos yacimientos de empleo, que suenan tan bien; cuáles son esos nuevos empleos.

A usted, señor Piqué, quería preguntarle qué análisis hace del documento aprobado ayer en el Parlamento Vasco; si le parece que el PNV se está plegando demasiado, quizás, a las directrices de Euskal Herritarrok o si cree que esa resolución es un paso adelante de Euskal Herritarrok.

También me gustaría saber si es verdad que el Papa ha enviado una carta al Gobierno español sobre el asunto Pinochet y, si es así, cuál sería su contenido.

Sr. Pimentel.- Los nuevos yacimientos de empleo engloban nuevas demandas de la sociedad, en su conjunto. Podrían considerarse nuevos yacimientos de empleo todos los vinculados a las nuevas tecnologías, y lo son; todo lo vinculado al medio ambiente, muy importante en nuestros ámbitos rurales y en las grandes barriadas de nuestras ciudades; y también algo donde va a haber una demanda de empleo muy importante en estos próximos años, que son los servicios sociales, lo que llamamos servicios de proximidad: atención a personas necesitadas, atención a la tercera edad, atención a la sociedad en ámbitos doméstico o público. Hay una fuente de empleo importantísima en estos servicios de proximidad y de asistencia social, para la cual no hay personas profesionalmente preparadas; es decir, es una demanda que tenemos que cubrir con formación y con experiencia.

Por tanto, estos nuevos yacimientos de empleo serán los prioritarios, sin olvidar algunos que son clásicos, como rehabilitación de patrimonio. Pero procuraremos, sin ningún género de dudas, impulsar aquellos proyectos que nos presenten vinculados a estos nuevos yacimientos de empleo; alguno de los ejemplos le acabo de poner.

Sr. Piqué.- En cuanto a las dos preguntas que me dirige, empiezo por la segunda, porque la respuesta es muy breve. No tenemos ninguna constancia de esa carta. Efectivamente, hemos visto alguna referencia en la prensa británica en cuanto a que su Santidad el Papa ha mandado una carta a la autoridades británicas, y, aparentemente, según recoge la prensa británica, ha remitido una carta también a las autoridades españolas. No tenemos ninguna constancia de que esto sea así.

El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo gestiones ante la Santa Sede para averiguarlo; si hay alguna novedad, se lo diría. Pero, como es lógico, de momento no puedo comentar nada y, por lo tanto, tampoco comentar nada respecto a su eventual contenido. Por supuesto, sí anticiparle que cualquier carta de estas características será recibida con el máximo respeto y el máximo interés por parte del Gobierno, si la hubiere.

En cuanto a la primera cuestión, que es el análisis de la enmienda transaccional que se aprobó por parte del Parlamento vasco, como producto de un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Euskal Herritarrok; ayer ya avanzamos una primera valoración, tanto el Ministro del Interior como yo directamente, pero creo que podemos ampliarla hoy un poco más.

Yo creo que lo primero que hay que expresar --lo hicimos ya ayer, y hoy lo repetimos-- es la decepción. Lamentamos que ese texto no sólo no aporte nade sustancial en relación a algo que pueda interpretarse como un avance en la aceptación de las reglas democráticas, o el respeto al Estado de Derecho, o a la voluntad libremente expresada por los ciudadanos, sino que, además, el texto es inaceptable. Tengo que decirle que estábamos deseando que los partidos nacionalistas vascos avanzaran en esa dirección; por eso el primer sentimiento es de decepción. Nos hubiera complacido que pudiéramos haber recibido ese documento de una manera distinta, que pudiéramos hablar de avance, que pudiéramos hablar de evolución positiva y, lamentablemente, esto no es así.

El texto no es de recibo. No podemos aceptar que pueda afirmarse, seriamente y honestamente, que la ciudadanía vasca, como dice ese documento, no tiene, no dispone, de instrumentos democráticos para dirimir sus diferencias o que hacen falta cauces adecuados para plasmar la voluntad y la capacidad de decisión de los ciudadanos. Esto, a estas alturas, veinte años después de la Constitución; prácticamente, veinte años después del Estatuto de Guernica, no se puede afirmar seriamente.

Cabría preguntar, a partir de ahí, al Partido Nacionalista Vasco y a Eusko Alkartasuna, en el caso concreto del Partido Nacionalista Vasco, que ha estado gobernando veinte años la Comunidad Autónoma vasca, si creen, de verdad, que hasta ahora no ha habido democracia, no ha habido libertades, en el País Vasco, más allá de la conculcación de la democracia y de las libertades que han hecho los violentos y que han hecho los que han justificado y siguen justificando la violencia de ETA, o cualquier otro tipo de violencia.

Por lo tanto, tampoco se puede seriamente hacer referencia a situaciones de ilegalidad si no se dice con toda claridad que las únicas situaciones de ilegalidad son las que generan los que se saltan la Ley y los que utilizan la violencia por encima de la voluntad de los ciudadanos. Y no vale con una afirmación general de que sería deseable o que un proceso de paz tiene que ir acompañado de la ausencia de manifestaciones violentas.

La realidad es la que es; la realidad es la que es, y se la puedo expresar con algunos datos. Hoy hemos tenido ocasión de ver un informe del Ministerio del Interior sobre la violencia callejera, las amenazas que ha habido desde el momento en que ETA, a mediados de septiembre, desde el 18 de septiembre, declara su tregua hasta..., el informe está cerrado el 18 de este mismo mes. Durante este período, es decir, aproximadamente en cinco meses, ha habido, en cuanto a violencia callejera propiamente dicha, siete ataques personales, entre los cuales cinco contra militantes del PP; ha habido 27 ataques contra bienes personales; ha habido 52 ataques contra intereses particulares y privados; 9 ataques contra intereses de partidos políticos, y destacan siete ataques contra bienes del Partido Socialista; y 59, contra edificios y bienes públicos. Un total de 154 acciones violentas en estos meses.

Pero es que, además de estas actuaciones violentas, en amenazas y concentraciones durante este mismo período hay que contestar que ha habido 112 amenazas, entre las cuales 82 son contra militantes y cargos públicos del Partido Popular y 12 contra militantes y cargos públicos del Partido Socialista; y 23 concentraciones ante domicilios o sedes, particularmente, de esas 23, 22 ante domicilios o comercios de militantes y cargos públicos del Partido Popular y una ante domicilio de los Fiscales. Después, el informe detalla cada uno de estos actos.

Creo que, ante estas circunstancias, no se puede responder con afirmaciones generalistas o con planteamientos que se ciñen estrictamente al reducido círculo de convivencia que marca el Acuerdo de Lizarra. Yo quiero recordar que el Pacto de Ajuria Enea recoge un círculo de consenso bastante más amplio que el de Lizarra y, por lo tanto, todo lo que signifique instalarse en esa lógica supone un fuerte retroceso histórico, supone avanzar hacia la quiebra de la convivencia y hacia el riesgo de una ruptura social en el País Vasco. Cuando la mitad de la clase política del País Vasco elegida democráticamente se puede sentir, y se siente, coaccionada y amenazada en la forma que hemos manifestado, difícilmente podemos constatar ningún tipo de avance, si no se expresa, de verdad, con coraje y con valentía, lo que realmente hay que expresar en estas circunstancias. Y no hablar de que hace falta constituir un escenario de democracia en el País Vasco, porque eso es un sarcasmo que, además, se liga junto a la firma de Euskal Herritarrok.

Por tanto, y resumiéndole, creo que es una nueva decepción para la sociedad española, para los demócratas. Hay que reiterar de nuevo que la paz es un objetivo prioritario y, desde luego, el Gobierno no va a desfallecer en ese esfuerzo. La paz sigue siendo el objetivo, y lo sigue siendo con los estrictos límites que hemos definido en tantas ocasiones: la paz no puede tener un precio o una contrapartida política; no puede ser objeto de una negociación política; la paz es un objetivo en sí mismo en el marco de la Constitución y en el marco de los Estatutos de Autonomía, que han demostrado y demuestran su virtualidad para que puedan caber todas las opiniones y todas las sensibilidades y se pueda llegar al máximo consenso.

Yo creo, sinceramente, que, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Eusko Alkartasuna, deberían hacer una reflexión y no seguir en esa dinámica que, desde luego, entendemos que no es, en absoluto, beneficiosa ni para la paz ni para los intereses de los vascos y del conjunto de los españoles.

Saben ustedes que el Gobierno y yo, personalmente, hemos defendido y seguimos defendiendo la necesidad de mantener cauces y puentes de diálogo con los nacionalistas vascos; lo vamos a seguir haciendo. El Gobierno siempre será el último en cerrar la puerta a esos cauces de diálogo. Pero hay que decir que, con actitudes de este tipo, no se gana crédito, se pierde crédito.

P.- Yo quería preguntarle sobre esto. En definitiva, después del análisis que nos hace, no sé si piensa el Gobierno que, realmente, el proceso se encamina hacia una situación de estancamiento, incluso de fracaso. Me gustaría preguntarle, a ese respecto, si, tal vez, no hubiera llegado el momento, aparte de las llamadas, digamos, a la sensatez que ha venido haciendo el Gobierno en las últimas semanas, quizás de convocar algún tipo de entrevista. Alguna vez hemos preguntado aquí sobre el señor Arzalluz; tal vez, el señor Garaicoechea; en fin, un diálogo así, más directo, aparte del que ya hay institucionalmente.

Me gustaría saber si el hecho de que hoy no haya ninguna decisión, que parece que no la hay, sobre el tema del recurso a la decisión anterior del Parlamento sobre la Asamblea de Representantes kurdos, tiene que ver con el hecho de tratar de crear un clima que no empeore las cosas en ese sentido.

Sr. Piqué.- El Gobierno ha mostrado su disposición al diálogo, y lo demuestra permanentemente. Entiende, además, que el diálogo, como también hemos reiterado en muchas ocasiones, se debe situar en los diferentes niveles que interesan a todos. Hay un diálogo a nivel institucional, que se está produciendo; ha habido encuentros al máximo nivel entre el Gobierno español y el Gobierno vasco en los últimos días, para seguir avanzando en lo que debe ser una relación de lealtad institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco; hay otro nivel, que es el del debate político y, por lo tanto, es un nivel en el que hay que expresar con toda claridad las posiciones de cada cual y, por lo tanto, mostrar también con toda claridad, para que los ciudadanos puedan entender exactamente el contenido de las posiciones, las discrepancias, que las hay y muy profundas, como acabamos de ver; después, la colaboración al diálogo que pueda existir también en el ámbito de la gobernabilidad del conjunto de España.

Disposición al diálogo, toda. Por lo tanto, cualquier iniciativa que pudiera surgir en este sentido y se pudiera concretar inmediatamente sería aceptada por el Gobierno.

El Gobierno ha planteado, y también lo han hecho el Partido Popular en el País Vasco y el Partido Socialista, la absoluta necesidad de convocar al Pacto de Ajuria Enea en estos momentos y establecer en ese marco, que es el marco de consenso conseguido por la voluntad de las fuerzas democráticas vascas, debatir abiertamente e intentar avanzar.

Puede haber otras posibilidades, que se están manejando también en un diálogo que en estos momentos, después de la entrevista entre el Presidente del Gobierno y el señor Borrell, está siendo muy intenso y muy fluido con el Partido Socialista, en este tema y en varios otros, como puedan ser también, por ejemplo, el tema de la Justicia, y que puede pasar en la conveniencia --ya se verá, se puede analizar; el Gobierno no está cerrado a eso--, en algún momento, también de convocar el Pacto de Madrid, si se tienen las garantías de que eso puede ser útil, en la medida en que tengamos también la convicción de que participarían en el mismo todas las fuerzas democráticas en el mismo representadas.

Por tanto, voluntad de diálogo, toda; voluntad de aprovechar cualquier posibilidad de avanzar hacia el proceso de paz, absolutamente. El Presidente del Gobierno lo reiteraba el otro día: está dispuesto a hablar con quien haga falta; pero en el bien entendido de que los límites están claramente establecidos, y los límites siempre son los que definen el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Ley, el respeto a la democracia y a la voluntad de los ciudadanos.

Otra cuestión, que es más concreta, es a la que usted se refiere en cuanto a la invitación del Parlamento vasco a ofrecer su sede a la autodenominada Asamblea Kurda en el exilio. Yo creo que los episodios de estos últimos días nos están mostrando algunas características que, a lo mejor, no eran suficientemente conocidas del PKK. Ese tema sigue su curso. Las medidas gubernativas, que les comentaba la semana pasada, siguen estando plenamente vigentes, y se está trabajando en la formulación jurídica, en la preparación de un eventual recurso, o de un conflicto positivo de competencias, o de un requerimiento previo.

Tiene sus plazos, tiene su tiempo y, por lo tanto, no hay que sacar ninguna conclusión. Hay tiempo para hacerlo y se planteará en su momento, porque el planteamiento jurídico no es un planteamiento orientado a evitar una determinada situación concreta; eso no responde al ámbito de las medidas gubernativas, sino que responde al ámbito de asentar claramente cuál es la posición, desde el punto de vista jurídico-político, del Gobierno en esta situación. Por tanto, no hay que ligar una cosa con otra.

El Gobierno sigue teniendo, en ese punto, la misma posición que ha tenido desde el primer día.

P.- Una pregunta al Ministro de Trabajo y otra al Ministro Portavoz.

Al señor Pimentel quería preguntarle por otra iniciativa que está preparando su Departamento, en concreto, sobre el contrato temporal de empleo para los inmigrantes. ¿En qué fase se encuentra y cuándo podría aprobarla? En todo caso, preguntarle si ha habido o si hay alguna cuota para esos contratos, porque en las últimas horas se ha conocido alguna confusión sobre unos datos; si podría afectar a 27.000 personas, como se ve que se dijo en Marruecos, o no. Si tiene algún cupo esa iniciativa.

Al Portavoz, quería preguntarle si en ese informe, o en otro, o en algún comentario, el Ministro del Interior en el Consejo ha hecho alguna referencia a si el Gobierno español tiene constancia de que ETA en Francia, aparte de la detención que hubo esta semana, sigue incrementando su actividad logística; en concreto, de almacenamiento de explosivos y otro material. ¿Cómo está en este punto la colaboración con Francia y qué grado de comunicación hay?

Si me permite, una puntualización sobre el tema del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Entiendo que no hay ningún acuerdo ni medida legal; simplemente, es un reconocimiento público de ese hecho. No va a haber ninguna otra iniciativa.

Sr. Pimentel.- Estamos trabajando, efectivamente, en un contrato, que se podría llamar un contingente temporal o un contrato temporal, para inmigrantes. Como usted sabe, hay determinados sectores que requieren, en fechas muy puntuales, un incremento de la mano de obra; uno de ellos, por ejemplo, es el sector agrario, las campañas agrícolas, sobre todo en aquellas tierras que tienen una agricultura con más necesidad intensiva de mano de obra, como es, por ejemplo, Almería o Murcia. Hay otras zonas más en España, pero básicamente Almería y Murcia.

Pensando en cómo podríamos solucionar esta demanda real y también poder atender a personas que quieren obtener un salario a cambio de un trabajo y, por otra parte, satisfacer esa demanda de la economía española, estamos trabajando, estamos ahora en fase de trabajo, la posibilidad de crear un contrato temporal, un contingente temporal, como ya han existido en relaciones internacionales de España con otros países. Le pongo por ejemplo el caso de la vendimia francesa, donde las autoridades españolas y las francesas garantizaban que trabajadores españoles y trabajadoras españolas fueran a la vendimia, tuvieran unas condiciones de trabajo y un salario digno, y pudieran regresar cómodamente a su domicilio.

En esa misma línea estamos trabajando. Voy a mantener en fechas próximas un encuentro --ya está cursada la invitación-- con el Ministro marroquí de Trabajo, porque sería una iniciativa conjunta de los Ministerios de Trabajo marroquí y español. Podríamos ampliarlo a otros países, pero comenzaríamos con el Reino de Marruecos, si así al final se pudiera determinar, y también con participación de los sindicatos marroquíes y de los sindicatos españoles, porque se trata de que las personas que vengan a colaborar en el desarrollo de nuestra economía tengan una condición digna de trabajo, no tan sólo en sus horas de trabajo, sino también en su vida, en su residencia, durante las semanas o los meses que durara la campaña.

No hay cupo; todavía no hay ningún tipo de contingente, no está determinado el número. Sale de una interpretación de unas declaraciones que hizo un alto..., pero él no fijó un cupo, sino únicamente lo refirió al contingente que hay, que son 30.000, como sabe, trabajadores anuales. Ésa es la idea y, por supuesto, se hará también cumpliendo todo lo previsto para inmigración en el Convenio Schengen que vincula, a todos los efectos, a nuestro Reino.

Sr. Piqué.- En cuanto al primer punto, el Ministro del Interior hoy no ha comentado esa circunstancia. Pero, en cualquier caso, hay que recordar que en el propio comunicado de ETA de septiembre se hablaba sólo de un cese de las actividades violentas por parte de los comandos operativos, pero también se hace una especial referencia al mantenimiento y a la capacidad logística; por lo tanto, parece lógico pensar que ése es su objetivo.

Otra cuestión es que las fuerzas policiales y las autoridades judiciales siguen trabajando. Como recordaba el Ministro del Interior hace unos días, el Estado de Derecho no está en tregua, el cumplimiento de la Ley no está en tregua, y, por tanto, se sigue manteniendo una extraordinaria y excelente colaboración y cooperación entre las autoridades francesas y las autoridades españolas, tanto en un ámbito judicial como en el ámbito policial y, por supuesto, en el ámbito político.

En cuanto a la figura de Niceto Alcalá Zamora, efectivamente, de lo que se trataba era de dejar claro que no hay ninguna constancia de que se le hubiera privado de la nacionalidad española y, por lo tanto, establecer de manera formal que eso no es así, y aprovechar para hacer una manifestación de respeto y de valoración histórica de la figura de don Niceto.

Otra cuestión es que el Gobierno está trabajando en una participación activa en los actos de conmemoración del cincuenta aniversario de la muerte de Niceto Alcalá Zamora, que se irán haciendo públicos en los próximos días.

P.- Yo tenía varias preguntas; la primera es para el Ministro de Trabajo. Quería preguntarle sobre un tema que anda coleando esta semana, que es el decreto de pensiones de la Junta de Andalucía. Mi pregunta es si no cree peligroso que este decreto o esta forma de actuar se extienda a otras Comunidades Autónomas que no tengan Gobierno socialista, como podría ser el caso, más en concreto, del País Vasco que tienen, parece ser, en sus Estatutos la posibilidad de ejercitar estas competencias.

Las otras dos preguntas son para el Portavoz del Gobierno. La primera es qué opina de que el Presidente Pujol haya anunciado que en breve va a plantear una reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña, sin tocar la Constitución, para aumentar la soberanía de esta Comunidad Autónoma. La segunda es qué opina de la propuesta alemana que plantea un recorte de las ayudas de la Unión Europea. Si ésta es la idea que tenía el Gobierno español cuando le pedía a Alemania que agilizase las negociaciones de cara a la Agenda 2000.

Sr. Pimentel.- Como ya saben, la Constitución española contempla que la Seguridad Social, todo lo vinculado al sistema público de pensiones, entra dentro de la competencia estrictamente estatal, regulado en una ley, la Ley de Seguridad Social, y dentro del concepto de "caja única" de estas políticas.

La Ley dice que las pensiones contributivas y las no contributivas son pensiones de la Seguridad Social, que su régimen económico se fija en los Presupuestos Generales del Estado; por tanto, no hay ninguna duda jurídica de qué naturaleza tienen o no tienen las pensiones contributivas o las no contributivas. Estas pensiones son del Estado, y las Comunidades Autónomas tienen competencia en las llamadas pensiones asistenciales y en las políticas sociales. Por tanto, cualquier Comunidad Autónoma --que ya la ejercen, de hecho-- que tenga interés en reforzar cualquier política social tiene su vía legal y estatutaria en pensiones asistenciales y en los distintos programas de asistencia social.

En cuanto a las posibilidades de que cada Comunidad Autónoma o cada municipio, en una posible carrera que se abriera, fijara cuantías superiores de pensiones distintas a otras, jurídicamente no se puede hacer, y nosotros estamos seguros, en esta línea, de que vamos a obtener una sentencia favorable del Tribunal Constitucional. Creemos que tenemos argumentos más que sobrados para decir que las pensiones contributivas y no contributivas son del Estado.

Pero yo creo que, sobre esta certeza jurídica, hay también una cuestión de sentido común y, políticamente, muy importante. Si tenemos un instrumento de unanimidad, que se llama Pacto de Toledo, donde nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas en garantizar el carácter público de las pensiones, su poder adquisitivo, y, además, el compromiso de retirar del mercadeo político las pensiones; lo que no tiene ningún sentido es que abramos ahora, en este año, curiosamente, una carrera entre Comunidades Autónomas viendo si una sube un tipo de pensiones setecientas pesetas al mes, como ha sido el caso de Andalucía, y la vecina, ochocientas, para ser, en este debate maniqueo de buenos y malos, un poquito más bueno que el compañero de autonomía. No tendría ningún sentido.

Por tanto, nosotros estamos seguros, por razones jurídicas primero y de sentido común después, de que no va a haber guerra entre Comunidades Autónomas en el sistema de pensiones. Además, hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas para que cualquier iniciativa, que siempre son legítimas, referente a las pensiones la ubiquen en la ponencia del Pacto de Toledo que debe constituirse el próximo año; lleguemos a unanimidad de todas las fuerzas políticas en torno a un tema tan sensible y de tan vital importancia en una estructura del Estado del bienestar como en nuestro país y la ubiquen fuera del mercadeo político.

Nosotros estamos convencidos de que, si lo hacemos así, no tan sólo hay campo suficiente para garantizar el carácter público de las pensiones sino para que, como viene ocurriendo hasta ahora, las pensiones sigan ganando poder adquisitivo, que es lo que deseamos por el conjunto de la sociedad y es lo que se puede conseguir por la vía de unanimidad. Lo único que pondría en riesgo un sistema público de pensiones sería el romper esta unidad y que cada uno, cada candidato o cada alcalde, un municipio o una autonomía, decidiera tener un sistema propio de pensiones que vulneraría, primero, la Ley, la Constitución y, además, el sentido común.

Sr. Piqué.- En cuanto al primer tema, relativo a esas declaraciones del Presidente de la Generalitat, como saben ustedes, hace muy pocos días hubo una reunión, un encuentro, entre el Presidente de la Generalitat y el Presidente del Gobierno aquí, en el Palacio de La Moncloa, en la que se hizo un repaso de la situación económica, de la situación política; se reafirmó la clara apuesta por la gobernabilidad, por la estabilidad, por el sostenimiento de las legislaturas, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Parlamento español, hasta el final, y se está trabajando ya, se ha empezado a trabajar, en las grandes cifras de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, de tal manera que antes de que acabe el mes de septiembre, como es preceptivo, se pueda presentar a las Cortes un proyecto de ley ya con el suficiente consenso y que pueda merecer la aprobación de la mayoría parlamentaria.

En esa reunión se reafirmó también la absoluta vigencia del marco constitucional y la absoluta lealtad por parte de Convergència i Unió hacia la Constitución. En ese sentido, reafirmar la validez y la vigencia de la Constitución me parece, en cualquier caso, aparte de en este caso concreto, una obviedad, que todos debemos celebrarlo.

Otra cuestión es que desde un partido nacionalista se puedan plantear determinados cambios en un determinado Estatuto de Autonomía. La posición del Gobierno no es favorable a este tipo de planteamientos por lo siguiente: creemos que el marco constitucional y el marco estatutario han permitido y están permitiendo desarrollar unos niveles y una capacidad de autogobierno muy profunda, que no ha requerido de cambios en los propios Estatutos. Quiero recordar, porque es así de evidente, que ha habido cambios sustanciales en determinados ámbitos de autogobierno en Cataluña a raíz de los acuerdos de gobernabilidad que permitieron la investidura del Presidente del Gobierno, y que quedan todavía muchos campos por desarrollar; por ejemplo, el nuevo sistema de financiación derivado de esos acuerdos de gobernabilidad y que tiene una vigencia de dos años --quedan todavía tres--, tiene todavía mucho margen. No se ha utilizado la capacidad normativa, que es capacidad de los propios Gobiernos autónomos.

Por tanto, la posición del Gobierno es clara: el desarrollo del autogobierno tiene todavía un amplísimo margen, desde el punto de vista de la gestión de los propios Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, un planteamiento de éstos, en estos momentos, no resulta aceptable.

En cuanto a la otra cuestión, que es este documento que, a raíz de la próxima Cumbre informal de la Unión Europea, recoge diferentes hipótesis sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea y eso que se llama la Agenda 2000, yo, efectivamente, he visto la referencia en los medios de comunicación. Entiendo que acaba de ser recibido por parte de las instancias competentes del Gobierno y se está analizando.

Pero sí le puedo anticipar que, si el documento refleja lo que refleja algún medio de comunicación, estamos ante una recuperación de posiciones maximalistas. Desde ese punto de vista, eso complica las posibilidades reales de conseguir un acuerdo, que es voluntad de todos: es voluntad de la Presidencia alemana, que ha querido expresamente que, a lo largo de su Presidencia y, si es posible, en los tres primeros meses de la misma, se pueda cerrar un acuerdo; y es voluntad del resto de los países, incluido, desde luego, España, que eso pueda ser posible. Si recuperamos posiciones maximalistas, esto se va a complicar y, seguramente, no es la mejor manera de llegar a un acuerdo.

Podemos entender que se trata, simplemente, de una reafirmación de posiciones negociadoras, pero que se deja la puerta abierta, no ya a la flexibilidad, sino a algo que, desde el punto de vista de la posición del Gobierno español, no merece discusión, y es que, en cualquier caso, deben mantenerse los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión, y se pueden discutir muchas otras cosas. Pero, en ese punto concreto, la situación es absolutamente firme, porque entendemos que nos asiste no sólo el derecho sino, además, la razón.

Ahí hay posiciones para todos los gustos. Hoy mismo salen unas declaraciones, en un medio de comunicación, del Presidente del Consejo de Ministros italiano, el señor D'Alema, en las que también ponía, de alguna manera, en cuestión el sostenimiento de la actual estructura, composición, contenido y cuantía de los Fondos de Cohesión.

La interpretación que hacía el señor D'Alema, por ejemplo, es una interpretación no acorde con el Derecho. Los Fondos de Cohesión no se instrumentan para que determinados países pudieran acceder a la moneda única; se instrumentan para que determinados países podamos acceder a unos niveles de bienestar que sean acordes con el promedio comunitario; por lo tanto, su base está en la convergencia real, no en la convergencia nominal.

Eso es algo que, sin duda, conviene recordar y, desde el punto de vista, además, del reparto de fondos comunitarios, habría mucho que comentar, porque es verdad que hay países, digamos, entre los países ricos que aportan mucho más de lo que reciben, pero también es cierto que hay países más ricos que España que no aportan lo que deberían aportar y no reciben lo que debían recibir; probablemente, Italia podría estar en ese punto.

Por tanto, habrá que ir viendo. La voluntad es de seguir negociando, de seguir discutiendo y de hacerlo aportando argumentos; aportando, además, argumentos en términos de hechos, España está teniendo un comportamiento en su economía muy positivo, y lo comentábamos antes, a raíz del informe hecho por el Vicepresidente Segundo.

El año pasado, en 1998, hemos crecido aproximadamente un punto por encima del promedio de la Unión Europea; este año, si las cosas van más o menos como está previsto, podemos crecer entre casi un punto y medio por encima del promedio de la Unión Europea. Eso está permitiendo un magnífico comportamiento presupuestario, está permitiendo que las previsiones y los Planes de Estabilidad que hemos presentado estén, no sólo asumidos por la Comisión Europea, sino que hayan sido objeto de felicitación por parte de la misma; que, además, ha dicho algo --que digo de pasada, pero que conviene también recordar--, y es que la Comisión Europea se felicita de que se produzca este cumplimiento estricto de las previsiones y la buena marcha de la economía española, y que eso sea compatible con la reforma del IRPF, que considera que cabe plenamente dentro de las perspectivas financieras.

Es en esos temas en los que debemos prestar atención, y no tanto en otros; y saber que estamos, como nadie tiene ninguna duda, ante una negociación muy difícil, muy compleja, que va a ser muy dura, pero en la que las posiciones de España están claramente explicitadas y se van a mantener.

P.- Para el Ministro de Trabajo. Si en el análisis que han hecho hoy, dentro de esos informes, las previsiones que se mantienen para el crecimiento en España son las mismas que se habían enviado en el Plan de Estabilidad y de Crecimiento a Bruselas y si, en el seguimiento que tiene día a día de cómo va el empleo, en este segundo mes del año se está produciendo una desaceleración del crecimiento de empleo, como ya ocurrió en el primer mes.

Sr. Pimentel.- Se mantienen absolutamente las previsiones de creación de empleo y, con los datos de que disponemos, a día de hoy, se están cumpliendo las perspectivas de creación de empleo previstas para este año, que sabe usted que es un año importante en creación de empleo, con un 2'8 por 100 de crecimiento de empleo y un total de 370.000 nuevos empleos creados por la sociedad española. Los datos disponibles ahora se están cumpliendo y la realidad está avalando esas previsiones.

P.- Yo sólo quería hacerle una preguntilla. ¿Cómo se va a fijar el salario de esos trabajadores en las Escuelas-Taller, y a cuánto ascenderá ese salario; si se puede saber la media, más o menos?

Sr. Pimentel.- Nosotros trabajaremos con la experiencia que tenemos en Escuelas-Taller y Casas de Oficio donde, al ser personas jóvenes, tienen una primera parte del salario de contrato de formación y, después, van al salario del convenio del sector donde se realiza la actividad. Nuestra referencia será el convenio del sector donde se realice la actividad.

P.- Algunas preguntas para el Portavoz. En primer lugar, sobre el tema del País Vasco, me gustaría saber si, igual que el Gobierno pide al PNV que se esfuerce en convencer a Euskal Herritarrok de la conveniencia de abandonar la violencia, condenarla y propiciar su desaparición; si el Gobierno piensa reanudar sus contactos con esta coalición "abertzale" mediante el aparato de interlocución designado a tal efecto con el mismo propósito, para buscar un desbloqueo de la situación, o si va a esperar a que ETA nombre a sus interlocutores.

La convocatoria del Pacto de Madrid, que usted ha sugerido como una posibilidad tras la conversación entre el Presidente y el señor Borrell, me gustaría saber si eso está condicionado --algo ha apuntado-- a que asista el Partido Nacionalista Vasco o se podría celebrar sin asistencia de un partido que no sabemos si va a estar dispuesto a ello.

En cuanto al tema de Convergència i Unió y la propuesta de la reforma estatutaria, en los últimos meses prácticamente usted destacaba el respeto y la defensa de Convergència i Unió al marco constitucional y estatutario. Me gustaría saber si esto entra en cuestión, tras esta propuesta, y si esto puede, de alguna forma, debilitar ese consenso sobre la no conveniencia de modificar el marco jurídico.

Por último, el Presidente, el miércoles pasado, aludió a las supuestas irregularidades dentro del proceso de primarias del Partido Socialista en el Congreso. Eso me permite preguntarle qué valoración hace el Gobierno sobre la resolución que ha llevado a cabo el PSOE sobre estas denuncias y si consideran que la solución devuelve la legitimidad a este proceso o más bien lo deja en entredicho.

Sr. Piqué.- La primera, en relación al diálogo con EH y con ETA. Diálogo con Euskal Herritarrok ya lo ha habido, ya lo ha habido en su momento, y quedó planteado en unos términos que, para que pueda reanudarse, requieren de ir avanzando hacia lo que el Presidente del Gobierno denominó una "práctica política normalizada". Creo que la enmienda transaccional aprobada ayer o la evidencia de los datos del informe que antes les comentaba impiden, desde cualquier punto de vista, hablar de que se esté avanzando en esa dirección; por lo tanto, eso hace extraordinariamente difícil que se pueda sostener ese diálogo.

Otra cosa distinta es que pueda haber un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Vasco en el contexto de una práctica política normalizada --eso es algo de lo que ya planteó el Presidente del Gobierno su disposición en cuestión-- y otra cuestión es lo que se pueda avanzar con ETA para acreditar su voluntad de abandonar definitivamente las armas y abandonar definitivamente la violencia e iniciar un proceso de paz. En ese marco siempre el Gobierno, que además tiene el apoyo de una resolución unánime del Congreso de los Diputados, ha repetido su disposición a acompañar ese proceso de una política penitenciaria consensuada, dinámica y flexible. Creo que son dos planos que pueden estar a veces ligados, desde el punto de vista incluso intelectual, pero que conviene no superponer.

En cuanto a lo del comentario sobre el Pacto de Madrid, efectivamente yo lo he dicho de manera implícita, pero usted me lo ha reflejado de forma explícita. Parece que la eficacia de una reunión del Pacto de Madrid derivaría de que estuvieran todos sus miembros y, desde luego, la ausencia del Partido Nacionalista Vasco, le quitaría sustancia, le quitaría sentido a la reunión del Pacto de Madrid.

Respecto a las declaraciones del Presidente de la Generalitat, es verdad. Deberíamos repasar las hemerotecas, pero yo creo que nunca se ha planteado formalmente la reforma del Estatut; no lo recuerdo en estos momentos y ruego que me disculpen si me equivoco. Pero habrá que ver cómo se plantea. Yo entiendo que se parte del claro respeto al marco constitucional, se parte del claro respeto al marco estatutario, porque el Estatuto ya puede definir sus propios procedimientos de modificación, y lo que entonces se entra es en un debate político en el que desde el Gobierno pensamos lo que ya le he anticipado, y es que hay un marco importante para ejercitar el autogobierno, que quedan todavía márgenes claros dentro del actual planteamiento estatutario y, por lo tanto, nos parece que no es un planteamiento, en estos momentos, que sea oportuno.

Pero habrá que esperar y habrá que hacerlo, además, con el máximo respeto. No tiene por qué producir un debilitamiento de las relaciones políticas que existen en estos momentos entre el Gobierno y el Partido Popular, y el Gobierno de la Generalitat y Convergència i Unió, en su clara voluntad de agotar las legislaturas y de asegurar la gobernabilidad; cada uno, como es lógico, desde sus posiciones políticas.

En cuanto al último punto, el Gobierno no tiene nada que decir respecto a procesos internos de otros partidos, más allá del conocimiento que se deriva de estas circunstancias a raíz de los medios de comunicación. Pero es algo que, lógicamente, tiene que afrontar el Partido Socialista y nadie más que el Partido Socialista.

P.- Querría saber si, a la luz de los diversos informes que ha analizado esta mañana, algún Ministro ha planteado la posibilidad de la convivencia de anticipar las elecciones.

Sr. Piqué.- No. Además, no le tocaría.

P.- Yo quería saber cuál es la valoración del Gobierno de esa nueva fase de colaboración que se ha establecido entre el Ejecutivo y el Partido Socialista y, de hecho, de esas entrevistas que se han realizado a lo largo de esta semana con la perspectiva de alcanzar el consenso o algún tipo de acuerdo en los grandes temas de Estado.

Sr. Piqué.- Le voy a hablar de memoria y, por lo tanto, lamentaría olvidarme de alguna circunstancia concreta; pero ha habido contactos entre el Ministro del Interior y el señor Belloch, contactos entre el señor Zarzalejos y el señor Rubalcaba, contactos entre la Ministra de Justicia y la señora Fernández de la Vega. No sé si ha habido alguno más.

Se trata, como sabe, por una parte, del escenario político derivado de la tregua de ETA; la política de Interior en todos sus diferentes aspectos, más allá, estrictamente, del análisis de la situación política; o la situación de la Justicia. A mí me parece que son ámbitos indiscutiblemente vitales para los ciudadanos; son ámbitos de lo que se suele denominar temas de Estado y, desde luego, el Gobierno celebra que haya habido una respuesta tan rápida a raíz del acuerdo que en ese sentido tomaron el Presidente del Gobierno y el señor Borrell, y desea que eso se siga manteniendo y sosteniendo.

P.- Yo tenía dos preguntas. La primera relativa a lo que usted acaba de decir: que las declaraciones del Presidente Pujol, anunciando la reforma estatutaria, no supondría ningún debilitamiento a las relaciones políticas. Le pregunto si de eso debemos interpretar que el Gobierno no hará ningún uso de ningún mecanismo que le pudiera permitir, digamos, oponerse o entorpecer esta reforma. Ésa es una de las preguntas.

La segunda es una que se la planteo aquí, aprovechando que está en La Moncloa. Esta semana, el Presidente del Gobierno, en la sesión de control, denunció que usted era objeto de una cacería política, en tanto que Ministro de su Gobierno. Usted se ha explicado un poco como dirigente del PP pero ahora, como Portavoz del Gobierno, yo le pregunto si eso no puede entorpecer las, digamos, incipientemente normalizadas relaciones entre el Gobierno y la oposición; de algún modo, si es lógico que Aznar y Borrell normalicen relaciones mientras se mantiene este clima de fondo.

Sr. Piqué.- Hay que esperar. Hay sólo unas declaraciones en términos muy genéricos; no sabemos que hay detrás de todo esto. El Presidente de la Generalitat lo ha hecho muy a menudo; ha expresado determinadas ideas pero después, ya cuando llega el momento de la concreción... Habrá que esperar a la concreción; mientras tanto, la prudencia nos exige no ir mucho más allá.

Pero lo que sí le reitero es que la voluntad de que no haya un debilitamiento en las relaciones políticas y que permita la gobernabilidad y el sostenimiento de la Legislatura no tiene nada que ver con la posición política de cada uno, y la posición política del Partido Popular y, desde luego, la del Gobierno es que no hace falta ni es conveniente plantear ningún tipo de reforma estatutaria, ni en estos momento ni más adelante.

El grado de autogobierno que han conseguido las Comunidades Autónomas y, en particular, el grado de autogobierno que tiene Cataluña es un grado de autogobierno amplísimo, el mayor que ha tenido en su historia contemporánea, sin ninguna duda, y que se tiene que seguir desarrollando a través de la acción cotidiana de Gobierno. Quedan muchos márgenes y muchísimas cosas por hacer sin necesidad de plantear reformas que se pueden saber cómo se abren pero no cómo se cierran.

Yo creo que, insisto, habrá que esperar cómo se concretan; pero me parece que en estos momentos no existe la más mínima demanda social en esa dirección. Por lo tanto, lo prudente y lo conveniente es seguir trabajando con los marcos de los que disponemos, que nos están dando, además, muy buenos resultados.

En cuanto a la segunda cuestión, ya hemos hablado suficientemente de este tema y yo no quiero contribuir, en absoluto, a que sigamos hablando de ese tema. Creo que lo que hay que hacer es procurar normalizar las relaciones políticas lo más posible; eso, desde luego, no es obstáculo para que se exprese la discrepancia en cada momento que se pudiera expresar. Desde ese punto de vista, no existe el menor problema.

Yo creo que lo que nos interesa es que avancemos en la dirección, que antes comentábamos, de que tratemos los grandes temas, se expresen las discrepancias, se presenten alternativas, se generen mensajes políticos sólidos y que no se circunscriba la oposición a --voy a repetir la palabra, porque creo que es así-- determinadas obsesiones respecto a determinadas personas; no sólo la persona del Ministro Portavoz, sino también otras.

No deja de ser algo notable que, después del mes de enero de vacación parlamentaria, con cinco semanas de vacación parlamentaria después del Debate de Presupuestos de finales de diciembre; por tanto, prácticamente un mes y medio después del último control al Gobierno, las dos únicas preguntas dirigidas al Presidente del Gobierno por parte del principal partido de la oposición se refieran, una, a una carta al director de un determinado miembro del Gobierno y, la otra, respecto a la figura política del Ministro Portavoz. Yo creo que los ciudadanos saben que hay muchísimas más cosas que deberían ser objeto de atención por parte de la oposición.

Muchas gracias.

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