Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Buenas tardes. El Consejo de Ministros, en su sesión de hoy, ha aprobado la Estrategia Nacional sobre el Plan de Drogas para el período que comprende los años entre el 2000 y el 2008, que se configura como un nuevo Plan de Drogas y que ha sido elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas, las Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sindicales y empresariales.

Además, el Consejo ha aprobado el Reglamento de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que regula los procedimientos para el abono de las indemnizaciones, así como las normas para su concesión.

Para ampliarles información sobre estos dos importantes acuerdos, nos acompaña hoy el Ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja. Pero antes, si me lo permiten, quisiera informarles brevemente de otros acuerdos que se han alcanzado en la sesión del día de hoy.

Se ha aprobado un crédito extraordinario, por importe de 38.472 millones de pesetas, para aplicar a presupuesto las indemnizaciones abonadas a los afectados por el llamado "síndrome tóxico". El Real Decreto-Ley del 26 de febrero de este mismo año estableció que las indemnizaciones reconocidas judicialmente fueran abonadas mediante operaciones de Tesorería, como forma lo más rápida posible, y dispuso que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procedería a la aplicación a presupuesto de los pagos realizados en el ejercicio que, a 30 de noviembre de 1999, ascienden a esa cantidad que he mencionado, 38.472 millones de pesetas, que es, por lo tanto, la que se aplica en forma de crédito extraordinario.

También el Consejo ha aprobado hoy el Proyecto de Ley por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 8.155 millones de pesetas para atender las necesidades que se han producido en el Ministerio de Defensa como consecuencia de la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz, como han sido, por ejemplo, las producidas en Centroamérica por el huracán "Mitch" o el conflicto en la antigua Yugoslavia.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto que regula la llamada contratación telefónica o electrónica. Es un Real Decreto que desarrolla la Ley de Condiciones Generales de Contratación que establece, para este tipo de contratos, la necesidad de que conste la aceptación de todas las cláusulas y de que el consumidor reciba justificación escrita de la contratación realizada. La finalidad de esta norma, por lo tanto, es proteger a los consumidores que realicen contratos a distancia, es decir, ya sea por vía telefónica o por vía electrónica, cuando estos contratos incluyan condiciones generales, que son las que están redactadas de antemano por una de las partes y que son conocidas popularmente por lo que se denomina la "letra pequeña" de los contratos.

La información sobre el contenido de las condiciones generales del contrato se realizará antes y después de la celebración del mismo, y, una vez celebrado el contrato, el consumidor debe recibir justificación inmediata de la contratación realizada y tendrá un plazo de siete días para resolver el contrato, sin que ello le suponga ningún casto ni penalización.

Se ha aprobado la distribución de las subvenciones del Ministerio de Agricultura para los planes de lucha contra la sequía, de acuerdo con los criterios aprobados con las Comunidades Autónomas afectadas. Suponen 345 millones de pesetas y las cantidades, los acuerdos y la distribución entre Comunidades Autónomas la encontrarán ustedes en la Referencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado también una importante reducción de las tarifas del acueducto Tajo-Segura, que mantiene la estructura vigente, con las modificaciones necesarias para adaptarla a las sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 9 de junio pasado. Como consecuencia, las tarifas experimentan una reducción desde las 15'35 pesetas, que costaba el metro cúbico trasvasado para el riego, a 13'69, que costará a partir de ahora, y de las 21'29 del metro cúbico destinado, no a riego, sino a abastecimiento, pasan a 15'97 pesetas.

Las tarifas para las aguas derivadas a las Tablas de Daimiel y para los abastecimientos de la cuenca alta del Guadiana se fijan en 6'71 pesetas el metro cúbico para riego y 9'07 pesetas cuando se trata de abastecimiento. Las aguas de la cuenca de Júcar con destino al abastecimiento de la Marina Baja de Alicante y Albacete tendrán que pagar una tarifa de 4'33 pesetas el metro cúbico para riego y 7'55 para abastecimiento.

Se han aprobado las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo en diversos términos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, por un importe total de 1.526 millones de pesetas. Son obras que se refieren a daños generados por fenómenos atmosféricos tormentosos, con daños en infraestructuras hidráulicas, y también actuaciones preventivas, empresas y cauces públicos.

Sin dejar las competencias del Departamento de Medio Ambiente, quiero también comentarles la autorización del Consejo a un convenio de colaboración establecido entre el propio Ministerio de Medio Ambiente y la Generalidad de Cataluña para la financiación de recuperación de suelos contaminados dentro del Plan Nacional de Recuperación de Suelos para el período 1995-2005. La financiación correrá a cargo de ambos organismos al 50-50 a lo largo de la vigencia que resta del Plan, y hasta el año 2002 será de 756 millones de pesetas.

Se ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican algunos artículos del Reglamento General de Conductores que se aprobó en 1997, y que afectan a la conducción de camiones, a la prórroga del permiso de conducción expedido en España, y a los centros de formación de los cursos y pruebas para prorrogar la vigencia de la autorización para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas.

Se ha autorizado, asimismo, la enajenación directa al Ayuntamiento de Toledo de los terrenos de la antigua Fábrica Nacional de Armas y zona de polvorines por un valor de 3.637 millones de pesetas.

Se ha aprobado la concesión de dos créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), uno para Venezuela y otro para la Autoridad Nacional Palestina; el importe global es de 8.615 millones de pesetas. También se ha autorizado la refinanciación con el Reino de Jordania de créditos por importe de 1.060 millones de pesetas para reajustar la deuda de este país. Asimismo, se ha acordado la contratación de suministro y transporte de Ayudas Humanitarias de Emergencia a Angola, Cabo Verde, Mauritana, Santo Tomé y Paraguay, por un importe global de 425 millones de pesetas.

También el Consejo de Ministros ha creado el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social, que será el órgano colegiado de encuentro y participación del movimiento asociativo en el diseño de las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su finalidad es alcanzar una mayor colaboración entre las ONGs y la Administración para llevar a cabo medidas de política social a favor de los grupos más vulnerables. La presidencia recaerá en el Ministro de Trabajo, y serán Vicepresidentes el Secretario General de Asuntos Sociales y un representante de las entidades no lucrativas de carácter social.

El Consejo ha aprobado un acuerdo por el que, conforme a la Ley de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a la observancia de determinadas condiciones la aprobación de la operación de concentración económica consistente en la adquisición por Heineken International Beheer BV del Grupo CruzCampo, S.A.

El Consejo ha aprobado plantear un conflicto positivo de competencias, frente a la Comunidad de las Illes Balears, ante el Tribunal Constitucional por la aprobación de una ayuda económica para determinados beneficiarios de pensiones asistenciales y no contributivas. Esta ayuda, de carácter único y extraordinario para las pensiones de jubilación e invalidez, por una cuantía de 31.500 pesetas, incumple, en opinión del Gobierno, varios principios de la Constitución y de la Ley de Seguridad Social, que establecen que ambas pensiones se fijarán anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos. Además, el acuerdo del Consejo se apoya también en la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que las ayudas por las que ahora se plantea el conflicto de competencias vienen a modificar el régimen económico de las pensiones, vulnerando la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución española.

El Gobierno plantea el conflicto de competencias en un intento de evitar el quebrantamiento de la unidad del sistema y que se engendren desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos en esta materia, como así se ha hecho también en disposiciones análogas de otras Comunidades Autónomas recientemente, y que ustedes conocen.

Ya entrando en el capítulo de nombramientos y condecoraciones, quisiera comentarles que el Consejo de Ministros ha nombrado como Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a don Juan José Barrenechea de Castro; asimismo, nombra a doña Esperanza Aguirre, Presidenta del Senado, como Presidenta de la Delegación que asistirá los próximos días 19 y 20 de este mismo mes a la Ceremonia de Retrocesión de Macao a la soberanía de la República Popular de China, y a don José Luis Crespo de Vega, actual Embajador en Moscú, se le nombra también Embajador en la República de Tadyikistán.

El Consejo ha concedido Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes a don Óscar de la Renta, a don Modest Cuixart, a doña Carmen Laffon, a don Álvaro Domecq, a doña Elvira González, a doña Carmen Balcells, a la Sociedad General de Autores y Editores de España y a la Editorial Galaxia. Además, ha concedido una serie de Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, entre las que me gustaría destacar a don Javier Benjumea Puigcerver, a don Lucio Blázquez, a don Moisés Calvo, a don Fernando Fernán Gómez, a don Rafael Martos Sánchez (más conocido como Raphael), a doña Ana María Matute y al escultor Santiago de Santiago, como digo, entre otros.

Antes de cederle inmediatamente la palabra al Ministro del Interior, una breve referencia, como siempre, a las actividades del Presidente del Gobierno. En estos mismos momentos está presidiendo el acto de clausura del Congreso Europeo de Mujeres Rurales, que se celebra en el Palacio de Congresos; a las seis de la tarde inaugurará la exposición "Memoria del futuro: actuaciones sobre el patrimonio", en la Biblioteca Nacional.

Mañana sábado, a las diez y media, presidirá, en el Palacio de La Moncloa, la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. El lunes, a las once, presidirá la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Y el miércoles asistirá al Pleno del Congreso de los Diputados. El jueves 23, a las nueve y media de la mañana --en este caso el jueves, por razones obvias--, presidirá la reunión del Consejo de Ministros; a mediodía saludará, por medio de videoconferencia, a las tropas españolas destacadas en Kósovo, Bosnia y Aviano; y, a primera hora de la tarde, emprenderá un viaje privado, como ya es conocido, a Tierra Santa.

Sr. Mayor Oreja.- Yo trataré de ser lo más breve posible para explicar los dos acuerdos del Consejo de Ministros de esta mañana, uno relacionado y referido a la Estrategia Nacional sobre Drogas, que ha aprobado el Consejo de Ministros, y otro análisis sobre lo que ha significado y significa la aprobación del Reglamento de Víctimas del Terrorismo.

En primer término, respecto de la Estrategia Nacional sobre Drogas, quiero decir que la Estrategia Nacional sobre Drogas de 1999 viene a sustituir al Plan Nacional sobre Drogas del año 1985. En ese sentido, lo primero es hacer una breve explicación de las razones de la aprobación de lo que es más que un Plan, una Estrategia Nacional sobre Drogas. En primer término, habría que decir que, fundamentalmente por el tiempo transcurrido. Quince años exigen, sin duda, nuevas respuestas, nuevos retos; hay nuevos patrones de consumo en materia de drogas. Por ello, simplemente por el tiempo transcurrido, yo creo que ya nos encontramos con la primera razón de la existencia de ese nuevo Plan, esa Estrategia Nacional sobre Drogas.

En segundo lugar, también destacaría, por los compromisos internacionales que ha adquirido España. En la sesión extraordinaria de Naciones Unidas del mes de junio de 1998 se aprobó un conjunto de objetivos que exigían un conjunto de estrategias nacionales contra la droga con dos fechas referencia: 2003 y 2008. De ahí que este compromiso internacional de España haya sido también otra de las razones fundadas que exigían este nuevo Plan Nacional sobre Drogas.

Quiero por eso, en primer término, decir que era necesario; pero que también hoy cabe el recuerdo y la felicitación a quienes redactaron el Plan del año 1985. Yo quiero elogiar el papel del Plan del año 1985, su redacción, sus resultados y, sin duda, en estos momentos probablemente ellos tienen que saber que, a través de ese Plan marco, hemos avanzado significativamente en la lucha contra la droga a lo largo de estos casi quince años.

Para que no tarde un excesivo tiempo en entrar en temas excesivamente concretos del Plan Nacional de 1985 y de lo que hoy aprobamos en 1999, me van a permitir que trate de explicar brevemente lo que fue el Plan de 1985 y lo que es el Plan de 1999.

El Plan de 1985, fundamentalmente, significó un plan para combatir la heroína; es decir, venía a significar la droga en lo que podían ser estratos marginales de la sociedad. La droga estaba asociada a la marginación y aquellas imágenes de jeringuillas, de heroinómanos, sin duda, provocaron y suscitaron un fuerte debate, una fuerte controversia, y fue necesario un plan sobre la heroína. En segundo lugar, y unido a esto mismo, se ponía el acento esencialmente en las políticas asistenciales, y un 85 por 100 aproximadamente de los recursos que marcaban aquel Plan, sin duda, fueron utilizados en políticas de carácter asistencial. En tercer lugar, aquel Plan esencialmente fue lo que significaba un conjunto de iniciativas que definían la estructura, que definían la coordinación, la actuación; pero que, sin duda, esencialmente sólo estaban en el terreno estrictamente enunciativo de medidas.

El Plan de 1999 es sustancialmente distinto. En primer lugar, es un plan exhaustivo, porque afecta tanto a las drogas que denominamos "legales" como a las "ilegales"; es decir, abarcamos un conjunto de medidas frente al tabaco y frente al alcohol. Evidentemente, como antes decía, si la marginación fue la característica que marcó un tipo de consumo, un patrón de consumo, en aquellos años, hoy puede decirse que hay que trabajar sobre el ocio, sobre la diversión, que significa esencialmente el lugar, el cauce, la expresión del consumo de drogas en 1999.

En segundo lugar, antes hablábamos de las políticas asistenciales como auténticos cimientos y pilares del Plan de 1985; hoy, en el año 1999, podemos decir que el fundamento del Plan es la prevención.

En tercer lugar, yo diría que no sólo estamos ante un plan como el de 1985, estamos ante una Estrategia Nacional sobre Drogas que exige algo más que anunciar un conjunto de medidas; que exige introducir parámetros indicativos, cuantificables, que es lo que trata, a diferencia del Plan de 1985, hacer este Plan del año 1999. No sólo enuncia objetivos, no sólo enuncia medidas, sino que trata de introducir parámetros que puedan ser cuantificables y que puedan medir el resultado de este Plan que, como ustedes saben, tendrá una duración de 2000 a 2008.

Yo quiero insistir, prácticamente ya por último, en que la droga y la lucha contra la droga fue una prioridad del Gobierno en el comienzo de la legislatura. En el final de esta legislatura volvemos a priorizar la lucha contra la droga, y en la mitad de la Legislatura tratamos de ser coherentes con aquella primera definición de prioridad en materia de drogas, con ese conjunto de medidas que aprobamos en enero de 1997, Plan de medidas que ha sido sustancialmente agotado, porque prácticamente todas las medidas de aquel Plan han sido cumplidas, prácticamente al 100 por 100.

Por ello, lo que queremos reiterar es que este Plan es un plan no sólo del Gobierno; ha sido acordado con todas las Comunidades Autónomas; ha sido aprobado en todas las Comisiones interautonómicas, en la Conferencia de carácter sectorial, y quiero también decir que ha sido acordado en el propio Congreso de los Diputados, en la propia Comisión, porque ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos y parlamentarios.

Por eso yo creo que es un buen final de legislatura para el conjunto de la sociedad española, en el sentido de que volvemos a colocar la lucha contra la droga en una de las prioridades de lo que es y debe significar, no sólo la acción del Gobierno, sino del conjunto de las Administraciones públicas.

La segunda referencia, todavía más breve que la primera, se refiere a lo que significa la aprobación en el Consejo de hoy del Reglamento que regula las ayudas a las víctimas del terrorismo. Vuelvo a comenzar destacando la importancia que todos los grupos políticos en su momento dieron a esta singular y trascendental ayuda a las víctimas a través de la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Era necesario un reglamento. Para ese reglamento teníamos un plazo de tres meses. No lo hemos querido cubrir absolutamente, y a los dos meses, prácticamente, de aprobada la Ley hoy el Reglamento es aprobado en el Consejo de Ministros.

Eso significa, a efectos prácticos, que las víctimas y las familias de las víctimas podrán, a partir del jueves de la semana próxima, del día 23, solicitar las ayudas que ellos creyeran que tienen derecho a ellas. Es evidente que, a partir del mes de enero de 2000, probablemente a finales del mes de enero de 2000, podrán comenzarse a pagar las primeras cantidades a estas familias o a estas víctimas de atentados terroristas.

Quiero por ello decir que se ha solicitado, y está a punto de ser aprobado, un anticipo de tesorería por valor de 46.624 millones de pesetas, que permitirá el pago en aquella fecha de estas cantidades a las víctimas del terrorismo.

Termino subrayando que en el Reglamento prácticamente no había grandes decisiones a tomar. Siempre que ha habido alguna duda, se han tomado para favorecer a las familias de las víctimas. Con la aprobación de este Reglamento yo creo que lo único que hacemos es simplemente cumplir una cuestión elemental de estricta justicia. Yo creo que es lo mínimo que se merecían las víctimas del terrorismo.

Quiero decir que se ha contado con la colaboración, con el trabajo permanente, de todos los grupos políticos. Este Reglamento y esta Ley no tienen sigla ni partido; yo creo que son una acción del conjunto de la sociedad española, que colocan a las víctimas en la prioridad de sus preocupaciones; y, sin duda, con la coordinación del Vicepresidente Primero, desde el Ministerio del Interior quiero decir que es de las actuaciones de las que más alegres y más orgullosos nos podemos sentir, no sólo los miembros del Gobierno, sino todos los responsables políticos que hemos participado, de un modo u otro, en la elaboración de este Reglamento.

P.- Dos preguntas, una para el Ministro Portavoz y otra para el Ministro del Interior. Una, sobre si se ha concedido ya la extradición del ciudadano mexicano Gabriel Arturo Garza Hoth. En el caso de que sea así, quisiera saber alguna valoración por parte del señor Mayor Oreja en este sentido.

Sr. Piqué.- Efectivamente, se ha concedido la extradición del ciudadano mecicano al que hace referencia.

P.- Dos preguntas para el Ministro Portavoz. Quería confirmar la fecha en la que comparecerá el Ministro Arias Salgado en el Congreso de los Diputados; ayer por la noche se hablaba del próximo lunes. Y quería saber también si les ha informado el Ministro de qué tipo de acciones va a emprender, si es que las va a emprender, contra la Cadena SER y otros medios de comunicación, y si el Gobierno en pleno respaldará esas acciones.

Sr. Piqué.- El Ministro ha ofrecido ya explicaciones públicas, desde luego, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Gobierno, más que suficientes. Pero, a pesar de eso, efectivamente, ha pedido comparecencia, y lo hará el próximo lunes en sede parlamentaria, para dar todas las explicaciones que ya ha dado y que insisto en su suficiencia; pero que, además, desea que quede constancia en sede parlamentaria. También ha anunciado que va a emprender acciones legales contra la Cadena SER y contra algunos periodistas, o algún periodista. Obviamente, está en su derecho y el Gobierno no sólo respalda al Ministro de Fomento en esa circunstancia, sino en cualquier otra.

Ya que me hace usted esta pregunta, creo que igual vale la pena hacer algunas consideraciones de carácter un poco más general respecto a esa anécdota, que quizá podríamos elevar en algunos momentos a categoría, con relación a determinados comportamientos de algunos medios y grupos de comunicación.

Porque no deja de ser algo que difícilmente se le escape a un espectador avisado el hecho de que un determinado grupo de comunicación concentre sus ataques personales sucesivos hacia miembros del Gobierno que suelen tener relación en la toma de decisiones en el sector de las telecomunicaciones. Yo rogaría que los ciudadanos pensaran en esa circunstancia, que seguramente no es casual; y, si lo es, no deja de ser sorprendente. Yo no digo que no lo sea lo de casual, pero no deja de ser sorprendente.

Después, también suelen ser noticias que inmediatamente comportan comportamientos políticos, comportamientos de determinadas fuerzas políticas, y normalmente del primer grupo de la oposición, que en ciertos momentos incluso aparenta estar como subordinado a la estrategia que se deriva de la política de esos medios, y que inmediatamente generan preguntas. Esta vez no ha podido ser, porque el Ministro se ha anticipado y ha pedido él ya directamente la comparecencia; pero podríamos encontrar muchos ejemplos. Yo le puedo dar uno personal, y discúlpenme que personalice, pero que también es reflejo de lo que en algunos momentos creo que es un comportamiento criticable, desde el punto de vista de la necesaria objetividad y el necesario rigor que hay que demandar a los medios de comunicación.

Yo este mismo miércoles recibí una pregunta en la sesión de control del Congreso de los Diputados sobre una información aparecida en el diario "El País" --del mismo grupo, como todo el mundo sabe, que la Cadena SER--, relativa a la evolución de los precios de la electricidad en España, y que respondía a un titular en primera página, que hablaba de que la electricidad para usos domésticos era la cuarta más cara del mundo. Después, ya, cuando se iba a la noticia anterior, se veía que se trataba del cuarto precio más caro de la OCDE; pero, en cualquier caso, el titular era muy llamativo, y se hacía una larga explicación de un pretendido informe de la OCDE sobre la base de unos datos que, efectivamente, reflejaban que, en cuanto a los precios de la electricidad domésticos, España estaba en el cuarto lugar.

Pero, claro, se da la circunstancia de que el tal informe de la OCDE no existía, sino que era un borrador, que ha sido corregido, y que después ha sido modificado. No se hacía referencia a esa circunstancia que creo que, por otra parte, es bastante relevante. Pero había otra circunstancia, desde mi punto de vista, todavía más relevante, porque se omitía que las cifras se referían al año 1997.

Esa noticia al día siguiente fue objeto de especial atención por parte de la línea editorial del mencionado periódico, haciendo un editorial criticando la insuficiencia de la liberalización eléctrica, como todo el mundo sabe emprendida a partir del 1 de enero de 1998, sobre la base de esos datos. Pero, curiosamente, a pesar de que estuve rastreando el contenido de la noticia, en ningún lugar se indicaba que esas cifras correspondían al año 1997. Si se hubiera mencionado esa circunstancia, obviamente toda la línea argumental de ese editorial hubiera caído por su propio peso.

Yo quiero creer, y, además, lo digo con toda franqueza, que olvidos tenemos todos, todos podemos cometer errores. Yo cometo errores todos los días pero, cuando me ponen de manifiesto de forma flagrante un error, procuro corregirlo. Eso es lo que intenté enviando un artículo en el que aclaraba estas cosas y algunas otras a ese mencionado medio de comunicación, y recibí una negativa por respuesta. Ese medio de comunicación consideró que no era relevante lo que pudiera decir el Ministro de Industria y Energía sobre la evolución de los precios de la electricidad y una determinada noticia aparecida en esos medios de comunicación.

A la vista de esa negativa, mandé hace ya varios días una carta al Director, diciendo que lamentaba que no se considerara interesante un artículo del Ministro de Energía sobre los precios de la energía; pero que quería poner de manifiesto, digamos, sin necesidad de acogerme formalmente al derecho de réplica, porque me parecía innecesario. Y no he visto esa carta publicada.

En cualquier caso, le pongo eso de relieve para que todos hagamos nuestra composición de lugar y que demos el crédito que se merece a determinadas cosas, el que se merece, y que intentemos no caer en determinadas dinámicas que se nos quieren imponer desde fuera.

Como ese ejemplo que le he puesto, y se lo he puesto porque me afecta a mí personalmente --y tengo que reconocer que me ha dolido porque, además, no responde en absoluto a la verdad--, puedo acompañarlo de otros ejemplos; varios, pero sólo le voy a dar otro: con motivo del viaje a Cuba para celebrar la Conferencia Iberoamericana en La Habana, salió una noticia en la primera página de ese medio de comunicación según la cual la visita a La Habana vieja por parte de S.M. el Rey y del propio Presidente del Gobierno --que fue objeto, como se sabe, de controversia, y tuvimos ocasión de comentarlo en esta sala hace unas semanas--, había sido un fracaso debido a la aparición inesperada en esa visita del Presidente del Gobierno.

Después eso, como es natural, fue muy comentado en determinadas tertulias radiofónicas, en particular la cadena de radio a la que usted hacía referencia, que no declaro, que cuando las cosas se hacen mal, salen mal, olvidando la circunstancia, conocida por todo el mundo, de que desde hacía semanas era público y notorio, porque constaba en el programa oficial, que esa visita iba a ser compartida entre S.M. el Rey y el Presidente del Gobierno.

Es cierto que eso era tan evidente que se desmintió pero, en lugar de hacerlo como corresponde, desde mi punto de vista --perdóneme, yo tampoco sé mucho de funcionamiento de lo que se llama la "ética periodística"--, en lugar de hacerlo en tiempo y forma, era muy difícil averiguar donde estaba el desmentido, porque estaba en una crónica interior, sin ningún tipo de relieve, en medio de un artículo.

Tengo que decir también, para decir toda la verdad, que, a raíz de lo que antes comentaba, de los precios de la energía, es cierto que a los dos o tres días de haber aparecido esa noticia y a raíz de yo mandar ese artículo --ese artículo non nato--, es cierto que, en el apartado de "Cartas al Director", hay una pequeña columnita que se refiere a corrección de errores o fe de erratas, y ahí había una pequeña referencia diciendo: "en el cuadro de la página tal, de la edición del día tal, los datos se refieren a 1997". Hagan ustedes su valoración.

¿Por qué he hecho esta larga excursión? Pues porque debemos hacer todos un esfuerzo para defender el buen nombre de las personas, no sacar conclusiones precipitadas y apresuradas, y tener en cuenta siempre los contextos en los cuales se producen esas circunstancias. Yo quisiera hacer, modestamente y, además, con mis mejores deseos, esa apelación a la responsabilidad por parte de todos y, desde luego, en el caso del Ministro Arias Salgado en particular.

P.- Yo quería preguntar, por un lado, al Ministro Portavoz y, por otro, al Ministro del Interior.

Al Ministro del Interior le quería preguntar su punto de vista sobre las declaraciones del señor Eguibar del otro día, donde dijo que él dimitiría en el caso de que ETA cometiera un atentado en los próximos días. Si cree que esta invocación del portavoz del Partido Nacionalista Vasco servirá para parar a ETA y cómo ve, al lado de esto, el escenario a partir de aquí.

También los nacionalistas están haciendo frecuentes críticas a los pronunciamientos del Gobierno sobre todas estas cuestiones, en el sentido de que está metiendo en el mismo saco a los partidos nacionalistas y a ETA. En este sentido, le quería preguntar también su punto de vista sobre estas críticas del nacionalismo.

Al Ministro Portavoz, al margen de las consideraciones generales, aquí hay un hecho concreto, y es que, en el caso del Ministro Arias Salgado, se habla de una permuta donde salió beneficiado por negociar con el señor Gil. Yo le quería preguntar si al Gobierno le parece bien y a usted, como Portavoz, que el Ministro en el año 1998 llegue a un acuerdo firmado con el señor Gil, cuando precisamente todos los partidos estaban de acuerdo en hacer el boicot a este personaje y a lo que representa.

Por otro lado, también le quería preguntar qué opina del tema de que parece que esta operación entra en contradicción con las normas de la Junta de Andalucía. ¿Qué opinión le merece esta conculcación de la Ley, en definitiva?

Sr. Mayor Oreja.- Respecto de la primera cuestión, yo no sé qué hará el señor Eguibar. Tampoco dijo tan claramente que iba a dimitir en función de la acción de ETA.

Lo que es evidente es que, cuando ETA ha tomado una decisión, que ha sido la de chantajear al Partido Nacionalista Vasco en un momento determinado, el Partido Nacionalista Vasco ha respondido que no rompe Estella, sino que reitera el frente nacionalista. Ésa es la realidad a fecha de hoy. Lo que no sabemos es qué sucederá si ETA comete un atentado, realiza un acto violento. Sabemos la respuesta que se ha dado al órdago o al chantaje desde ETA; lo que no sabemos, nadie lo sabe, es qué respuesta se dará en el supuesto, en el escenario, de un atentado de ETA.

Aquí no hay --y sirve también para responder a la segunda cuestión-- un capricho del Gobierno a la hora de tomar una posición o hacer un discurso; lo que hay es, simplemente, una constatación y una comprobación. Para el mundo de ETA y para algunos sectores del nacionalismo no había un proceso de paz, había una ofensiva nacionalista. Es evidente que el escenario nuevo que tenemos en estos momentos es un escenario en el que, a más ETA, más frente nacionalista; es decir, que lo que parece diseñarse en el futuro es que, aunque actúe ETA, no se romperá el frente nacionalista, porque ahí habrá una nueva estrategia en la que ahora van a estar, más que en el Gobierno, en el frente; es decir, habrá una asociación entre PNV y Euskal Herritarrok, y eso es el frente nacionalista. Es evidente que eso no se va a quebrar en la estrategia de ETA si decide, finalmente, ETA actuar.

El diseño de la asociación PNV y EH, y su creciente asociación, y, al mismo tiempo, un cierto desmarque táctico del mundo de EH respecto de ETA es la propia estrategia de ETA. ETA sabe que esta nueva etapa se tiene que afrontar desde una mayor asociación entre el PNV y EH para la construcción nacional y, al mismo tiempo, desde una mayor distancia entre EH y ETA, para que los dos instrumentos nuevos que hoy tenemos puedan seguir funcionando y trabajando.

Por eso lo que cree ETA es que, a más ETA, habrá más frente nacionalista. Ése es el esquema en el que está, por eso es el esquema del suicidio político del Partido Nacionalista Vasco y por eso claro que desearía el Gobierno que se fracturase lo que es esa asociación terrible de ETA y del frente nacionalista.

Sr. Piqué.- Respecto a las otras preguntas, yo insisto: no voy a entrar en los detalles concretos. He visto las explicaciones públicas del Ministro Arias Salgado. Me parecen absolutamente lógicas, claras, pertinentes; el lunes las va a formular en sede parlamentaria y, por lo tanto, lo que sí tengo que hacer, lógicamente, es negarle su última expresión. Yo no creo en absoluto, estoy absolutamente convencido de que no ha habido la más mínima conculcación de la legalidad, como quedará claramente demostrado y así ha sido ya manifestado por el Ministro.

P.- Al Portavoz le quería preguntar sobre la Ley de Extranjería: ¿cómo está?; si hay novedades en la cocina de esa Ley; respecto al posible apoyo de Coalición Canaria; respecto a que el PNV pueda apoyar algún paso que sería necesario en el Congreso, en la Mesa, para facilitar la aprobación.

En segundo lugar, a mí me gustaría preguntarle también al Portavoz sobre el hecho de que desde el día 3 de diciembre no haya habido esa acción de ETA a la que se refería el comunicado. Si estima el Gobierno que estamos ante una prolongación de hecho de la tregua y, aunque he escuchado también las manifestaciones del señor Mayor Oreja, naturalmente, aquí, si eso puede traducirse en que la verdadera intención del comunicado era presionar sobre Estella, sobre los partidos del Pacto de Estella.

Naturalmente, aunque la pregunta la dirigía al Portavoz, si el señor Mayor Oreja quiere añadir algo, se lo agradeceré. Y también a él le dirijo una pregunta sobre la Ley de Extranjería, y es con relación a si estas últimas redacciones colman los deseos de lo que era el Departamento respecto a cómo debía quedar redactada la Ley o si todavía cree que quedan aspectos que hubieran debido regularse de otro modo.

Sr. Mayor Oreja.- Hay una pregunta de titular y otra de suplente, pero yo voy a contestarle a las dos.

El Gobierno trabaja siempre sobre el escenario más desfavorable, porque es su obligación. Evidentemente, a partir del 3 de diciembre nosotros seguimos trabajando sobre el escenario más desfavorable. De la misma manera que en un momento determinado ETA sorprendió al Partido Nacionalista Vasco con ese comunicado del 28 de noviembre, nosotros trabajamos también sobre el escenario de que en un momento determinado ETA vuelva a sorprender, demostrando que está más presente en su máxima expresión, es decir, actuando con acciones de carácter violento.

De momento, nosotros no cambiamos el diagnóstico. No hay ninguna razón para modificar el diagnóstico. Nosotros no sabemos cuál es el plazo y el ritmo en la actuación de ETA. Lo que es evidente es que nosotros trabajamos sobre el escenario más desfavorable. Y eso no significa que no haya la ofensiva nacionalista diagnosticada por el Gobierno y ello no significa que ETA no siga marcando, hoy por hoy, los plazos y los ritmos como esta organización considera oportuno y adecuado.

En lo que se refiere a la segunda cuestión, que era la cuestión de la Ley de Extranjería, yo creo que lo único que el Gobierno y el Ministerio del Interior han pretendido y pretenden es trasladar a la sociedad española la trascendencia de la misma. La gran tragedia en alguna de las sociedades europeas ha sido que la extranjería, la inmigración, ha sido arma arrojadiza de izquierdas y de derechas. En ese terreno, lo único que nosotros queremos es que la Ley sea mejorada sustancialmente, se está haciendo, se está trabajando, para que no sea un elemento de fragmentación partidaria en el conjunto de la sociedad española.

Es evidente que, si en estos momentos yo hiciese una valoración del texto, me parecería absolutamente precipitado. Confío, simplemente, que el trabajo de los Grupos Parlamentarios nos ofrezca la mejor Ley de todas las posibles, y esté usted seguro que también estará de acuerdo, en ese sentido, el Ministerio del Interior con esa redacción.

Creo que se está trabajando, creo que se está mejorando. Ojalá en este trámite final podamos alcanzar la mejor Ley posible. Pero le vuelvo a insistir que no es ningún capricho del Gobierno; es, esencialmente, un análisis de presente, y sobre todo de futuro, del problema más importante de convivencia entre todos los españoles.

Sr. Piqué.- Yo creo que el suplente lo ha hecho estupendamente bien y, por lo tanto, sobre la primera cuestión, me remito a las palabras exactas que ha mencionado el Ministro del Interior.

Con relación a la Ley de Extranjería, como al final ha preguntado sobre el estado actual de tramitación, sí que le puedo decir que se ha producido ya, como es sabido, la votación en el Senado, que ha dado el resultado de la aprobación de un conjunto de enmiendas. Hubo también una serie de enmiendas que, al final, no fue posible introducir y sobre las cuales me gustaría hacer una reflexión ahora, de forma inmediata; y ahora queda, efectivamente, la votación final en el Congreso, que será en el Pleno de la próxima semana.

Para sacar adelante la Ley enmendada por el Senado, como es sabido, hacen falta, como es Ley Orgánica, 176 votos, y eso significa que hacen falta los votos del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y, en principio --digo "en principio", porque la voluntad del Gobierno sigue siendo que la Ley pueda obtener el máximo consenso; pero, a la vista de los pronunciamientos públicos tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, no parece que esos Grupos vayan a prestarse a ese consenso--, hace falta encontrar apoyos, fundamentalmente, en Coalición Canaria y algún otro diputado del Grupo Mixto.

Coalición Canaria ha manifestado ya que van a tomar una posición el próximo lunes, a raíz de la reunión de su Consejo Directivo, y, por lo tanto, desde el punto de vista del Gobierno, expresar el máximo respeto a su propio proceso de reflexión y de decisión, esperando que sea una decisión positiva en términos que permitan lo que decía el Ministro del Interior: conseguir una ley adecuada a los tiempos, una ley adecuada a nuestro proceso de integración europea, y que es una ley, además, sustancialmente mejor que la que está vigente.

Yo he visto en estos días en algunos medios de comunicación el término "contrarreforma". Eso siempre depende con relación a qué. Contrarreforma con relación a una ley que, tal y como ha manifestado el Ministro del Interior, tenía aspectos claramente mejorables, es una manera de expresarse y absolutamente legítima.

Lo que desde luego no tiene ningún sentido es hablar de contrarreforma a raíz de esa Ley, enmendada en el Senado, en comparación con la Ley de 1985. La Ley de 1985 era una ley absolutamente restrictiva, y lo que hace esta Ley --insisto, la enmendada por el Senado, si finalmente la aprueba el Congreso-- es mejorar sustancialmente algunos derechos e introducir nuevos. Por ejemplo --los tengo aquí referenciados, y se los voy a decir muy brevemente--, nuevos derechos que se reconocen en la proposición de la Ley y que no están en la Ley de 1985: por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria tanto para los extranjeros residentes, sobre los cuales no hay ninguna discusión, como también respecto a los menores de 18 años aunque no tengan la condición de residentes; también derecho a la asistencia sanitaria en distintas condiciones que los españoles pero en determinados casos, como puedan ser la asistencia sanitaria pública de urgencia o la asistencia a mujeres embarazadas, que tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el propio embarazo, el parto y el postparto.

También introduce derechos que no existían: ayudas en materia de vivienda, en particular para los extranjeros residentes; también el derecho a la intimidad familiar, a través de la reagrupación de la familia, que incluye el cónyuge, los hijos del residente o del cónyuge que sean menores de 18 años o incapacitados, los menores de 18 años o incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal --no hace falta que sea simplemente el vínculo familiar-- y los ascendientes del residente extranjero cuando dependan económicamente de éste.

Otro derecho que introduce la Ley, y que no existía, es el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Eso vale para los extranjeros residentes, sin duda, pero también para los no residentes que acrediten que no tienen suficiente capacidad económica para hacerlo, la insuficiencia de recursos.

Después, hay una serie de derechos que ya están reconocidos, pero lo que hace ahora la nueva Ley enmendada por el Senado son derechos que se amplían o se perfeccionan: por ejemplo, el derecho a la participación pública, el derecho a la educación, el derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales, el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho al recurso contra actos administrativos.

Quiero decir con todo ello que no sólo no estamos ante una contrarreforma, sino que estamos ante una auténtica reforma a fondo de la condición de extranjería que beneficia enormemente a la voluntad de integración y de solidaridad que debemos tener hacia la inmigración. Hemos dicho en muchas ocasiones en este mismo ámbito que España no puede olvidar nunca que ha sido un país de emigrantes hasta hace muy poco y, por lo tanto, por el elemental reconocimiento del derecho de los inmigrantes que ahora vienen a nuestro país, empujados por la necesidad económica normalmente y por la solidaridad que merecen, era y es muy importante que salga la Ley tal y como ha salido del Senado, porque supone una clarísima mejora y una ley de progreso, una ley progresista.

En eso estamos varios grupos políticos, y yo quiero hacer un reconocimiento al sentido de la responsabilidad de Convergència i Unió; obviamente, a la aportación jurídica que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, y espero que, al final, la Ley pueda ser aprobada tal y como ahora ha salido del Senado.

Es evidente que hay otros grupos políticos que tienen otros objetivos; por otra parte, legítimos. Es obvio que los partidos de la oposición prioricen la voluntad de desgastar al Gobierno y no el propio contenido de la Ley, porque, si pudieran priorizar el propio contenido de la Ley, siendo coherentes con su propio argumento de que lo que quieren es aumentar los derechos de los inmigrantes, hubieran facilitado que ayer el Senado aprobara varias cosas; por ejemplo, reforzar la igualdad en el ejercicio de derechos de españoles y de extranjeros o aprobar algo que me parece que es un magnífico ejemplo de lo que estoy intentando transmitir.

Como se sabe, la Ley que sale del Congreso dice que se podrán regularizar las situaciones de aquellos inmigrantes que acreditaran su estancia en España el 1 de junio del presente año y ayer en el Senado lo que se pretendió era, precisamente, intentar resolver a aquellos que tienen el problema y la fecha se situaba el 15 de noviembre, si no recuerdo mal. Eso, que claramente iba a favor de la regularización de los inmigrantes que no están en situación regularizada en estos momentos, no es posible introducirlo como enmienda en el Senado para que, a su vez, sea aprobada en el Congreso, por la oposición de estos grupos políticos que dicen estar defendiendo los derechos de los inmigrantes.

Por tanto, yo creo que todo esto mueve a un conjunto de conclusiones. Pero, en cualquier caso, sí le digo que estamos esperando y deseando que la Ley salga tal y como ha sido reformada en el Senado porque, si es así, podremos tener entre todos la satisfacción de que va a ser una buena ley para los inmigrantes, para la cohesión de la sociedad española y, desde luego, un ejercicio del derecho y de la necesidad de la solidaridad con esas personas necesitadas.

P.- Yo también quería preguntar sobre la Ley de Extranjería al Ministro Portavoz, y también puede dar su opinión el Ministro del Interior. Quería preguntar si confía el Gobierno en que la Ley pueda aprobarse en esta legislatura, puesto que, si el Grupo Popular no consigue los apoyos que necesita, el PP ha abierto una posibilidad, un camino, a solicitar un informe sobre el carácter orgánico de determinados artículos de la Ley, y la Mesa del Congreso podría determinar no meterlo en el orden del día del último pleno con la argumentación de que está dirimiendo la organicidad o no de esos artículos.

Sr. Piqué.- Yo he visto, efectivamente, esa circunstancia. No tengo constancia, pero no pongo en duda que se haya solicitado ese informe jurídico. Pero las opiniones que nosotros tenemos y las que el Gobierno tiene respecto a si es posible dirimir entre el carácter orgánico o no orgánico de determinados artículos nos dicen que eso no es así; que la Ley es orgánica en su conjunto y, por lo tanto, tiene que aprobarse o rechazarse en su totalidad. Por lo tanto, la única posibilidad es, o que el Congreso rechace la Ley que viene del Senado y, por lo tanto, se aprueba la Ley que salió del Congreso, o que efectivamente apruebe la Ley que viene del Senado enmendada y se ponga en práctica.

P.- ¿Eso que sabe usted no lo sabe el Grupo Popular en el Senado?

Sr. Piqué.- Una cosa es que haya pedido un informe jurídico al respecto. Yo lo que le digo es que la opinión jurídica que ha recibido el Gobierno es que la Ley es orgánica en su totalidad; pero es una opinión jurídica. Las opiniones jurídicas, como es sabido, no necesariamente tienen que ser coincidentes.

P.- Yo quería preguntar al Ministro Portavoz qué valoración hace sobre la enfermedad de Julio Anguita y en qué medida cree que puede afectar al resultado de las elecciones; si creen que puede beneficiar al Partido Socialista.

En segundo lugar, de sus palabras deduzco que el grupo PRISA, que es el que supuestamente, según ustedes, ataca al señor Arias Salgado, lo hace porque ustedes han introducido competencia en sus negocios.

En tercer lugar, quería saber cómo va la OPV de Iberia.

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, evidentemente, no es momento de hacer ningún tipo de valoración política, sino desear fervientemente, y además quiero transmitirlo personalmente y en nombre del Gobierno, la rapidísima recuperación de la salud del señor Anguita y que se pueda reincorporar a la vida normal lo antes posible.

Con relación a lo segundo, lo que he expresado es esa coincidencia entre las personas que son objeto de una especial atención por parte de un grupo de comunicación con aquellas personas que tienen, entre sus responsabilidades, capacidad de decisión en el ámbito de la comunicación y las telecomunicaciones. Eso es simplemente lo que he dicho. Evidentemente, insisto, puede ser una casualidad, pero también es verdad que es una coincidencia bastante habitual.

Con relación al último punto, la OPV de Iberia, que es el último paso para la privatización, es un paso ya en estos momentos que no tiene un contenido político. Está decidida y aprobada, y se hará en el momento en que los mercados lo hagan más conveniente para asegurar el éxito de la operación. Se lo digo de otra manera: la privatización de Iberia está ya hecha con el acuerdo que se firmó esta misma semana, y queda ahora tomar la decisión concreta, que es técnico-financiera, de en qué momento se pone en el mercado.

He visto en algún momento que se ponía en cuestión la continuidad de British Airways si no se producía la OPV en el año 2000. Hay que decir que la interpretación es absolutamente a la inversa. La privatización de Iberia forma parte de los objetivos del Gobierno, definidos al principio de la Legislatura, en el marco de la modernización del sector público empresarial del Estado y, por lo tanto, no es que se condicione una cosa a la otra; es que claramente el objetivo de la voluntad del Gobierno es que la OPV y completar la privatización del 100 por 100 de Iberia se haga lo antes posible.

No se ha podido hacer cuando estaba previsto por las propias dificultades de configuración del núcleo estable, y que son suficientemente conocidas; pero, salvo circunstancias muy excepcionales relacionadas con una gran inestabilidad en los mercados o con una gran depresión en los mercados financieros internacionales, que hoy por hoy no es previsible, la OPV se hará en el mejor momento del año 2000.

P.- Las preguntas que planteo las planteo indistintamente a los dos Ministros; eso sí, me gustaría que me las contestaran, como mínimo, los dos.

Volviendo al tema de las declaraciones del señor Eguibar, que se planteaban antes, yo quisiera saber si, sobre eso, ustedes creen que debería dimitir realmente; o sea, no que puede o no puede dimitir si hay un atentado, sino si creen que debería dimitir.

También quisiera saber si el Gobierno va a tomar alguna iniciativa institucional formal para trasladarle, de una manera, insisto, oficial, al "lehendakari" Ibarretxe la sugerencia del señor Iturgáiz, avalada posteriormente por el señor Arenas, de convocar elecciones anticipadas en Euzkadi. En segundo lugar, quisiera saber si, en caso de atentado, también ustedes creen que el señor Ibarretxe no tendría otra opción que convocar elecciones anticipadas.

También quisiera incidir sobre la Ley de Extranjería y preguntar si, de algún modo, el Gobierno no es consciente de que, al margen del contenido de la Ley, el hecho de quedarse solo o, digamos, poco acompañado en esto le perjudica políticamente. De algún modo, da toda la impresión, realmente, de que ha esperado a hacer las enmiendas en el Senado. La pregunta es: ¿por qué no planteó esas modificaciones en el Congreso y por qué ha permitido que se cree este escenario? Y si, ante esto, no sería más prudente políticamente esperar el salto de legislatura y rehacer los consensos, a no ser que tengan algún miedo a perder las elecciones.

Sr. Mayor Oreja.- Yo no creo que desde el Gobierno debamos decir qué es lo que debe hacer un portavoz de un partido nacionalista vasco, con lo cual, no tengo nada que decir si debe dimitir o no dimitir el señor Eguibar.

Yo quiero volver a insistir en que en estos momentos el debate está planteado en los términos de la preocupación de lo que significa el nuevo escenario. Nosotros hace un año tuvimos un debate sobre la calidad, es decir, de qué se trataba: ¿era un proceso de paz o era una ofensiva nacionalista? ¿Había autenticidad en la posición de algunos partidos o, realmente, había más un escenario-trampa en el que lo que pretendían era ganar tiempo para que se obtuviesen los mismos objetivos de siempre? Fue un debate de calidad, es decir, de qué se trataba.

Hoy hay un debate más bien de cantidad; es decir, ¿cuál es el nivel de ofensiva nacionalista que pueden articular conjuntamente un frente nacionalista y ETA? Evidentemente, hay quienes dicen o decimos: tomémonos en serio esta cuestión, no frivolicemos con esta cuestión. Es un tema grave que, si responde cohesionadamente la sociedad española, se resolverá satisfactoriamente. Y quizás pueda haber otras opiniones que no le den tanta importancia a la cuestión. Ésa es la gran cuestión.

El Gobierno no va a decir al "lehendakari" si debe anticipar o no las elecciones, ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque el Gobierno funciona de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la Constitución española, y sabe que no debe cometer una injerencia diciendo al "lehendakari" cuándo y cómo debe disolver unas Cámaras. Nosotros lo único que decimos es que seamos conscientes, aquellos que defendemos el Estatuto y la Constitución, de lo que tenemos en estos momentos enfrente. Ésa es la única reflexión que hace el Gobierno.

Insisto, en el caso de atentado, el Gobierno no dirá nada al "lehendakari" de lo que debe hacer; si es caso, se lo dirá o lo reiterará el Partido Popular del País Vasco o, en su caso, el Partido Popular.

Sr. Piqué.- Con relación a los temas de extranjería, efectivamente, es una cuestión que hemos tratado ya en otras ocasiones. Estamos hablando no de un Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno, sino de una Proposición de Ley impulsada por un Grupo Parlamentario al principio y que después va siendo objeto de atención por parte de los diferentes Grupos Parlamentarios. Y lo que ha hecho el Poder Ejecutivo ha sido respetar el trabajo de esos Grupos Parlamentarios.

Cuando finalmente se llega a una conclusión de esos mismos Grupos en el Congreso, el Gobierno lo que plantea es que en muchos puntos de esa Ley se presentan problemas y se presentan también disfunciones e incoherencias con acontecimientos, por otra parte recientes, como puedan ser las Conclusiones de la Cumbre de Tampere y los propios avances en el seno de la Unión Europea en cuanto a la política de inmigración. Ése es el motivo por el cual se ha actuado de esa forma, con pleno respeto a la soberanía del Parlamento pero con la máxima voluntad de que, al final, la Ley que tenga como origen una proposición y no un proyecto sea una buena ley para el conjunto de los españoles.

En cuanto a la sensación de soledad, ya se verá. Si, al final, se aprueba una Ley que es Orgánica, quiere decir que no sólo no se está solo, sino que se tienen los apoyos que constitucionalmente son los oportunos.

P.- Ministro Portavoz, corríjame si me equivoco, pero me parece que la regularización de inmigrantes sin papeles es una atribución administrativa del Gobierno, que no requeriría un apoyo legislativo. Me gustaría saber si el Gobierno, tal como ayer adelantó el Partido Popular en el Senado, piensa llevar a cabo esta regularización de los llegados antes del 15 de noviembre mediante Decreto o va a intentar buscar fórmulas legislativas, que irían ya a la siguiente legislatura.

También una reflexión al respecto de la Ley. Da la impresión de que parte de las enmiendas introducidas en el Senado fueron, de alguna manera, en detrimento de los inmigrantes sin papeles o ilegales. Me gustaría saber si no considera que, de algún modo, la mayoría parlamentaria ha ignorado una realidad, que es la existencia de inmigrantes no regularizados que desarrollan trabajos que, a menudo, no encuentran mano de obra en España y que, además, lo hacen con un sueldo mucho menor que los inmigrantes legales o que los españoles nacionales, digamos.

Respecto a los incidentes de ayer en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un acto organizado por el señor Vidal-Quadras, como no es la primera vez que sucede que jóvenes radicales, independentistas o llámeseles como le parezca, provocan este tipo de incidentes, ayer con violencia, lanzamiento de pintura y agresiones, me gustaría una reflexión sobre qué está sucediendo allí, en Cataluña, con estos temas. También --y paso al Ministro del Interior-- la supuesta falta de previsión de la Delegación del Gobierno, que no planteó un dispositivo de seguridad adecuado, según parece.

Por último, también al Ministro del Interior, incidir en una pregunta anterior. Ya he oído dos o tres veces esta reflexión, pero me gustaría oírla de su boca. ¿Considera que, de algún modo, la radicalización de la ofensiva nacionalista por parte del PNV puede estar contribuyendo o no a la prolongación de este cese tácito de la violencia?

Sr. Mayor Oreja.- Sobre las dos cuestiones sobre las que me pregunta, siempre que suceda algo hay una falta de previsión. Lo que pasa es que no hay, en mi opinión, una responsabilidad de imprevisión por parte de la Delegada del Gobierno. Yo le puedo decir que ayer por la mañana me llamaba la Delegada del Gobierno y me anticipaba que, ante la conferencia que iban a dar el señor Juaristi y el señor Vidal-Quadras, iba a haber un conflicto. Cuando hay un conjunto de personas que quieren organizar un conflicto, como evidentemente la actuación de la Policía tiene sus límites, es muy difícil evitar que esos conflictos se produzcan.

Yo, que tengo especial admiración y afecto por el señor Juaristi, lo lamento, además, de una manera singular. Evidentemente, en ese sentido, me parece que un universitario estrictamente, que es y ha sido siempre el señor Juaristi, que tenga ese recibimiento en una Universidad me parece un hecho lamentable, que debería avergonzar a quienes lo protagonizaron ayer. Lo mismo me cabe señalar respecto de lo que sucedería, o no sucedió, porque no llegó a tiempo, el suceso ante el señor Vidal-Quadras.

Pero no hubo imprevisión de la Delegada del Gobierno y de la Delegación del Gobierno, que por la mañana me advertía de que iba a haber incidentes en Barcelona. Lo que sucede es que nosotros no podemos ni debemos prohibir que se celebre un hecho porque va a haber incidentes. Podemos decir al responsable de la Universidad y a quienes van a dar la conferencia que puede haber conflictos, cosa que hicimos. Pero lo que es evidente es que lo que no podemos es conminarles para decir que no den una conferencia, porque no debe ser el consejo precisamente de un Ministerio del Interior el decir que, porque haya unas personas que van a organizar un incidente, precisamente suspender una conferencia, una charla, un coloquio, que pueda estar organizado en un momento determinado.

Respecto de la segunda cuestión, cuando me pregunta si, en el fondo, está siendo eficaz la aceptación del PNV del órdago de ETA, yo le diré, como siempre que, cuando hay un chantaje, es evidente que, cuando se acepta el chantaje, uno puede estar más tranquilo; lo malo es que puede vivir permanentemente chantajeado. Yo, desde luego, creo que ninguna radicalización es buena, y mucho menos cuando está forzada por un grupo terrorista.

Yo creo que en estas cuestiones, se lo vuelvo a referir, no hay atajo para nadie: ni para el Gobierno, ni para la oposición, ni para los partidos nacionalistas. La pacificación del País Vasco lo que exige es que cada uno asuma su responsabilidad, y un partido que se dice moderado tiene que ser siempre moderado, y nunca puede esgrimir que se radicaliza para convencer a ETA, porque de esa forma lo único que se está diciendo es que, aceptando el chantaje, la imposición y la coacción, al final, de verdad, de fondo, los únicos que consiguen los objetivos son los violentos, los radicales, los terroristas.

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, yo entiendo que la regularización, efectivamente, es una decisión administrativa; pero la fecha a partir de la cual eso lo tiene que fijar la Ley. Yo creo que ése es el tema y, por lo tanto, mi reflexión de antes creo que sigue siendo válida.

La otra cuestión es una cuestión mucho más de fondo, que es cómo afrontar el tema de la inmigración y lo que tiene que ser el comportamiento de una sociedad moderna y desarrollada, como es la española, respecto a la inmigración, digamos, regular, legal, y cómo se tiene que acometer el fenómeno de la inmigración ilegal, que normalmente, además, suele estar asociada a comportamientos delictivos o a través de redes mafiosas de introducción de inmigración ilegal.

Creo que aquí tenemos que ser enormemente rigurosos respecto a esos mecanismos y, en cambio, mostrar nuestra mayor solidaridad respecto a las personas directamente afectadas, que son los inmigrantes sin papeles, que normalmente están en una situación completamente desesperanzada y desesperada y que, por lo tanto, requieren de una atención por parte de una sociedad que pretende ser solidaria, como lo es la nuestra.

De ahí esa voluntad de facilitar esa regularización y, después, de ordenar adecuadamente la entrada de inmigración para que, incluso en lo que se refiere a simples inmigrantes ilegales, se pueda ir absorbiendo ese fenómeno en términos que sean razonables y que van muy ligados, además, a las características del mercado de trabajo en España.

Eso es algo que ha sido comentado ya por el Ministro de Trabajo, que he visto que también ha sido objeto de atención por parte de representantes de organizaciones empresariales, porque es cierto que, en determinadas provincias españolas, en estos momentos, en determinados sectores y a determinado nivel de cualificación de la mano de obra, existe una clara escasez de mano de obra. De la misma manera que durante la década de los 60 muchos trabajadores españoles que tuvieron que inmigrar al exterior lo hacían en sectores muy inmaduros y en niveles de trabajo muy poco cualificados.

Por tanto, hay que ver las cosas desde su complejidad, y no se trata simplemente de poner barreras, porque en algunos casos la inmigración puede ser un elemento de revitalización de una sociedad que, además, tiene unas tasas de natalidad tan bajas como en estos momentos tiene la sociedad española, que se cuenta entre los países que tienen una tasa de natalidad más baja del mundo; no ya de Europa, sino del mundo.

Por lo tanto, creo que no es una cuestión que deba afrontarse con simplificación ni con frivolidad, sino teniendo en cuenta la búsqueda de un equilibrio entre lo que tienen que ser las diferentes exigencias de este problema.

Y simplemente un comentario en cuanto a los incidentes en la Universidad, más allá de la problemática asociada al estricto mantenimiento del orden público; pero es una reflexión de carácter más político, porque es verdad que no es la primera vez que sucede que se intenta --se intenta y se logra-- coartar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, además, en un ámbito que debería ser sagrado en ese terreno, que es precisamente el ámbito paradigma de las libertades y del respeto a la libre circulación de las ideas y de las opiniones, como es la Universidad.

Por lo tanto, creo que son actos que merecen una clarísima condena y que merecen, por otra parte, una reflexión de las autoridades académicas y del mundo académico en general, porque podemos estar ante una cierta colisión de eventuales derechos. Pero creo que no hay ninguna duda de que en este caso el derecho de manifestación no puede estar por encima del elemental derecho a la libertad de expresión, sobre todo si esa manifestación se ejercita de manera violenta.

Yo mismo, hace unos meses, en una conferencia que no era la Universidad de Barcelona, pero era en la Universidad Politécnica, también fui objeto de un boicot por parte de personas radicales, que en ningún momento se produjeron con violencia; por lo tanto, no tengo, en ese sentido, nada que decir pero, efectivamente, entorpecieron el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y hace también unos meses también hubo unos incidentes en torno a una visita, en este caso, a la Universidad Autónoma por parte del Presidente del Gobierno. En mi caso era la Politécnica de Cataluña, ayer fue la propia Universidad central de Barcelona.

Creo que eso sí debe mover a una meditación respecto a si debemos asistir con pasividad, sobre todo desde el punto de vista del propio mundo académico y de las propias autoridades académicas, pero del conjunto del mundo académico en general, a este tipo de manifestaciones que ponen en cuestión algo que está en la propia esencia del espíritu universitario. Por lo tanto, proceder a condenar sin paliativos, como así lo ha hecho la Universidad de Barcelona, por lo que he visto, estos fenómenos y procurar que se respete siempre el derecho a la libertad de expresión.

P.- Le quería pedir una confirmación o un desmentido respecto a una supuesta reunión que hubo ayer por la mañana en el Palacio de La Moncloa entre el Presidente del Gobierno y el portavoz de Coalición Canaria. Quería saber si se produjo esa reunión o no.

Quería saber también si Coalición Canaria está pidiendo algo distinto o ajeno a la Ley de Extranjería para prestar su apoyo; quería saber si se está produciendo la negociación en esos términos. Y, segundo, quería saber si comparte también, o confirma, o desmiente, las palabras del portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, diciendo que, si los nacionalistas canarios no apoyaban la Ley de Extranjería el Gobierno interpretaría que se fractura el pacto de legislatura en la última votación del año.

Sr. Piqué.- Yo, con relación a lo primero, no le puedo ni confirmar ni desmentir. No tengo constancia, pero tampoco se lo puedo desmentir porque no tengo constancia de lo contrario. En cualquier caso, sí decirle que no sería una reunión extraña, sino que forma parte de lo que es la normalidad de este tipo de reuniones que se producen entre el Presidente del Gobierno y los representantes de los Grupos Parlamentarios que han prestado apoyo al Gobierno a lo largo de la legislatura; por lo tanto, en su caso, lo inscribiría dentro de esa normalidad.

Yo he visto algunas interpretaciones con relación a los planteamientos que pueda estar haciendo Coalición Canaria; pero lo que sí le puedo decir es que, desde el punto de vista del Gobierno, lo que se está debatiendo y lo que se está tratando con Coalición Canaria es estrictamente hacer lo necesario para que salga una Ley de Extranjería que sea adecuada, sin mezclarlo con ningún otro tipo de consideración.

Es cierto que sería una pena que prácticamente en la última Ley de la Legislatura, lo que ha sido una colaboración larga y muy provechosa y muy útil entre Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Popular para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país; sería una pena que en esa última Ley eso se quebrara. Pero, en cualquier caso, eso no empañaría el balance global de esa colaboración a lo largo de la Legislatura.

Muchísimas gracias.