El Gobierno actualiza la ley del derecho de rectificación para garantizar la información veraz

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria el proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación y también ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha incidido en que las futuras leyes suponen "dos hitos del Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Ejecutivo en septiembre de 2024". De las 31 normas contenidas en documento, 17 están concluidas y cuatro en un estado de tramitación avanzada, lo que supone que el 70% del plan ya se ha cumplido.

Derecho de rectificación

La Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación vigente data de 1984, por lo que hay que adaptarla al entorno digital. Félix Bolaños ha precisado que hay que ajustar la norma a los nuevos medios de comunicación existentes, reforzar la efectividad del derecho y mejorar y agilizar el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho se ejercita y el medio de comunicación no lo admite. "Creo que la frecuencia y la gravedad de los bulos y de las mentiras que en ocasiones sufrimos es cada vez mayor y, por tanto, esto debemos de acometerlo con una legislación que se adapte al ecosistema mediático y al sistema de información", ha subrayado.

La norma que regula el derecho a la rectificación permitirá que cualquier ciudadano pueda rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que entienda inexactos y cuya divulgación pueda perjudicarle.

Novedades de la norma

El ministro ha avanzado que se podrán rectificar las informaciones difundidas por medios de comunicación, incluyendo los digitales, así como las que publiquen los usuarios de especial relevancia (influencers) de plataformas en línea o en redes sociales. Es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 si suman todas sus redes. "Desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, estarán afectados por esta ley", ha remarcado el ministro, quien ha añadido que los ciudadanos afectados por las informaciones falsas difundidas por "los profesionales del bulo también podrán ejercer este derecho, aunque no sean un medio de comunicación y sean simplemente personas que se dedican a las redes sociales".

En cuanto al plazo para solicitar la rectificación, pasa de 7 a 10 días, salvo en los medios digitales y usuarios de especial relevancia, que será de 20.

El titular de Justicia también ha señalado que se suprime la obligación de remitir las solicitudes de rectificación a los directores de los medios de comunicación. Basta con enviarlas al medio para que la gestione y, en el caso de plataformas en línea o de redes sociales, a la persona que ejerza el control efectivo sobre ese usuario o sobre la información que se ha publicado.

Los medios de comunicación digitales tendrán de contar con un mecanismo gratuito, fácilmente accesible y perfectamente visible para que el ciudadano puede ejercer el derecho a la rectificación de manera inmediata, y los usuarios de especial relevancia también deberán informar, en un lugar visible en sus redes sociales, de los medios a través de los cuales se puede ejercer.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Félix Bolaños ha detallado que la norma mantiene la obligación de publicar en tres días la rectificación, que se debe limitar a los hechos que se deban rectificar: que sean inexactos, falsos o que no estén acreditados ni contrastados. Si bien, ha señalado que "también se podrán añadir, cuando deriven de la base fáctica de la rectificación, opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación".

La norma introduce mejoras procesales y simplifica y agiliza el procedimiento judicial. El ministro ha explicado que si en el ejercicio extrajudicial del derecho no se llega a un acuerdo entre el medio de comunicación y la persona afectada por la información inexacta se puede presentar una demanda sucinta, se exceptúa el trámite de contestación a la demanda por escrito para agilizar el procedimiento y el juez dictará sentencia, incluso de manera oral.

Actualización de la protección del honor, la intimidad y la propia imagen

El Ejecutivo ha abordado la reforma de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El anteproyecto de la futura ley orgánica comienza ahora los trámites preceptivos de informes y aportaciones antes de regresar al Consejo de Ministros.

El titular de Justicia ha señalado que la normativa actual, de 1982, es buena pero ha quedado obsoleta en algunos aspectos, por lo que conviene adaptarla "a la realidad actual del ecosistema mediático y de información de nuestro país". En concreto, según ha explicado Bolaños, la reforma incorpora las numerosas modificaciones legislativas que se han producido en el ámbito europeo y en el nacional, tiene en cuenta la evolución tecnológica y responde a la conciencia social sobre la facilidad con que se difunden la desinformación y los bulos.

Mejoras en el consentimiento y la protección de los menores

Entre las mejoras que recoge el texto, el ministro ha destacado las referidas al consentimiento. En primer lugar, la posibilidad de compartir imágenes personales o familiares en las redes sociales no supone una libertad absoluta para utilizarlas en otro contexto. El consentimiento, según ha precisado Félix Bolaños, estará limitado a la red social a la que suba una determinada imagen.

En segundo lugar, la norma refuerza la protección de los menores. Se establece en los 16 años la edad a la que pueden prestar su consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección en el entorno digital que está en tramitación parlamentaria. En cualquier caso, ese consentimiento no implica que pueda producirse una intromisión y, además, se debe compatibilizar con que no exista una injerencia en el derecho al honor del menor.

La norma regula también el consentimiento de las personas con discapacidad, que contarán con los apoyos legales establecidos en el Código Civil o con la intervención del Ministerio Fiscal. En el caso de los fallecidos, se amplían las personas que pueden ejercer el derecho en su nombre, incluyendo a las parejas de hecho y las relaciones análogas. Además, las personas podrán prohibir en su testamento el uso de su voz o de su imagen con fines comerciales o publicitarios.

Inteligencia artificial, libertad de expresión y protección de las víctimas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

En relación con la inteligencia artificial, el anteproyecto considera ilegítimo emplear la voz o la imagen de una persona con fines comerciales o publicitarios sin su autorización. A su vez, protege la libertad de expresión al permitir esa utilización en el caso de las personas con proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción y haciendo constar el uso de esa tecnología.

El ministro de Justicia ha resaltado que la norma respeta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión e información: no se considerará que se ha producido una intromisión ilegítima cuando exista un interés público, particularmente cuando el material tenga un contenido noticioso.

Otra novedad es la regulación de los contenidos sobre crímenes reales: el anteproyecto garantiza una mayor protección a las víctimas de delitos, considerando una intromisión ilegítima en sus derechos cualquier utilización de dicho delito por parte del victimario que le pueda causar un daño. "El victimario no puede utilizar el delito del que ha sido autor para una utilización posterior en una serie de televisión o en cualquier otro tipo de obra artística", ha sostenido Bolaños.

Respecto a la protección de las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, se regulan también los criterios para ponderar su gravedad, en línea con la jurisprudencia del Constitucional y el Supremo. Además, se prohíben las indemnizaciones simbólicas y se contempla la posibilidad de que se publique en el Boletín Oficial del Estado la identidad del condenado.

Reparación de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el acuerdo suscrito con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica.

Félix Bolaños ha recordado que se creará un sistema mixto Iglesia Estado, con participación de las víctimas, donde se propondrán reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. En caso de desacuerdos entre las víctimas y la Iglesia, el Defensor del Pueblo será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.

El ministro ha repasado las actuaciones del Gobierno para exigir responsabilidades a la Iglesia Católica y los poderes públicos que "no hicieron nada ni por investigar ni por reparar estos abusos", así como el trabajo realizado durante años con las asociaciones de víctimas para "visibilizar un problema que ha existido en la sociedad y al que nunca se le ha prestado atención ni intento para repararlo".

"Hemos dado cumplimiento íntegro a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y hemos acordado que el Gobierno, en el contexto del acuerdo que firmamos la semana pasada con la Iglesia, va a promover las reformas legislativas que sean necesarias para que estas reparaciones, cuando sean económicas, a las víctimas estén exentas de tributación", ha concluido Bolaños.

Otros acuerdos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, que ahora será remitido a las Cortes para continuar su tramitación. Con este cambio normativo, cuyo origen se remonta a las debilidades estructurales del sector evidenciadas en la crisis financiera de 2008, se da cumplimiento a la directiva europea aprobada tras la mencionada crisis para crear un marco común de prevención, recuperación y resolución para todas estas entidades.

Por otra parte, Saiz ha explicado que el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al real decreto por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al jugador de baloncesto, Rhys Selby Robinson, nacido en Estados Unidos en 2010. Tal y como ha explicado la ministra, al realizar este trámite antes de que Robinson cumpla los 16 años, podrá ser considerado como jugador español de pleno derecho ante la FIBA y participar con esta selección en torneos internacionales como los Juegos Olímpicos o campeonatos del mundo.

Finalmente, Elma Saiz ha confirmado que el Gobierno ha aprobado el acuerdo con la Comunidad Europea de la Energía Atómica para construir una nueva sede europea en Sevilla. En concreto, la capital andaluza acogerá el Instituto de Prospectiva del Centro Común de Investigación.

Asuntos de actualidad: violencia de género, economía y Venezuela

La portavoz del Ejecutivo ha comenzado la rueda de prensa trasladando su apoyo, en nombre del Gobierno, a la familia de la última víctima de violencia de género, asesinada en Cádiz. Se trata del tercer crimen machista en lo que va de 2026, en una semana en la que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato de otra mujer en la provincia de Badajoz. "No vamos a normalizar este horror y seguiremos destinando todos los recursos del Estado -legislativos y educativos- para proteger a las mujeres y erradicar esta violencia dolorosa e indignante", ha asegurado Saiz.

Elma Saiz ha continuado su intervención celebrando los datos del último informe del BBVA sobre productividad, cuyos resultados reflejan que España protagoniza un incremento sostenido en este indicador desde 2021. "Estamos siendo más eficaces, más competitivos y, además, estamos generando valor mayor valor añadido que nuestros socios europeos", ha explicado la ministra, que ha destacado que entre 2020 y 2024 la productividad creció un 1,4%, "la tasa más elevada desde el año 1995", mientras que la media de la eurozona se acercó a cero.

Las conclusiones del estudio señalan, además, que la mejora de este indicador explica el 33% del avance del PIB desde 2021 a 2024 y -lo más importante según la ministra Saiz- que la riqueza financiera de las familias españolas aumentó un 9,4% interanual en el tercer trimestre del 2025. "Es un gran dato porque queremos que el avance de la economía no sólo se note en los balances macroeconómicos, sino también en la vida real de las personas", ha añadido Saiz, para quien el reciente anuncio sobre vivienda de Pedro Sánchez refleja la prioridad del Gobierno por abordar medidas que beneficien a la ciudadanía.

En el ámbito internacional, la ministra Saiz ha celebrado el cierre del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur tras décadas de negociaciones, un acuerdo que "abre una puerta gigante para nuestras empresas, además de una unión necesaria con América Latina para crear el mayor mercado mundial". En tiempos "convulsos", asegura Saiz, "esta noticia nos reafirma en nuestros principios y valores: lejos de establecer barreras, tendemos puentes y forjamos alianzas para construir una prosperidad compartida".

La ministra ha trasladado, además, un mensaje de bienvenida a los españoles liberados en Venezuela. Además, ha destacado el trabajo realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para favorecer su regreso.