Comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno

La Moncloa

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - ¿Qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por asistir un día más a esta rueda de prensa. Antes de comentar los asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros, me quiero detener en un asunto doloroso, un nuevo asesinato de una mujer en Cádiz. Quiero trasladar mi más sincero apoyo a la familia, amigos de la víctima, en nombre de todo el Gobierno y condenar con toda la fuerza la violencia machista. Es el tercer crimen machista en lo que llevamos de 2026 y, hoy mismo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que se encuentra recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de otra mujer en la provincia de Badajoz. No vamos a normalizar este horror. Y seguiremos destinando todos los recursos del Estado, legislativos, educativos, para proteger a las mujeres y erradicar la violencia dolorosa e indignante.

Permítanme, al igual también que hice la semana pasada con el empleo, me quiero detener un momento en un dato positivo para nuestra economía. Se trata de un informe del BBVA que subraya que España es cada vez más productiva. Desde el año 2021, España está protagonizando un incremento sostenido de la productividad. Estamos siendo más eficaces, más competitivos y además estamos generando mayor valor añadido que nuestros socios europeos. Entre los años 2020 y 2024, la productividad ha crecido un 1,4 % en España. Es la tasa más elevada desde el año 95. Mientras que la media de la eurozona se acercó a 0 e incluso en países como Alemania o Francia llegó a ser negativa. Las conclusiones del estudio señalan que la mejora de este indicador explica el 33 % del avance de nuestro PIB de los años 2021 a 2024. Y lo más importante, estos datos macroeconómicos también se notan en las casas. La riqueza financiera de las familias españolas aumentó un 9,4 % interanual en el tercer trimestre del 2025, según datos del Banco de España, alcanzando un máximo histórico. Es un gran dato porque queremos que el avance de la economía no solo se note en los balances macroeconómicos, sino que se note en la vida real de las personas.

La última prueba es el reciente anuncio del presidente del Gobierno sobre uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía en nuestro país, si no es el que más, la vivienda. El objetivo es introducir medidas urgentes y contundentes que beneficien a los tres millones de hogares que viven en alquiler en España. Una normativa orientada a luchar contra la especulación y aumentar la estabilidad de los precios del alquiler a través de incentivos fiscales, también una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y limitando el abuso del alquiler por habitaciones. La vivienda es un asunto complejo que afecta al conjunto de las economías occidentales. Ocurre en Nueva York, en Roma o en París. Y este Gobierno está poniendo las herramientas y los instrumentos como nunca antes se había hecho en este país.

Mirando hacia fuera, también tenemos motivos para el optimismo. Por fin, la Unión Europea y Mercosur han cerrado su acuerdo comercial tras tres décadas de negociaciones. Se abre una puerta gigante para nuestras empresas, para que entren a nuevos mercados, para que exporten, para que generen más empleos. Además de una unión necesaria con América Latina para crear el mayor mercado mundial. En estos tiempos convulsos, esta gran noticia nos reafirma en nuestros principios y en nuestros valores. Lejos de establecer barreras o de quemar puentes, tendemos puentes nuevos y forjamos alianzas para contribuir y construir una prosperidad compartida.

Y antes de dar paso a los acuerdos adoptado por el Consejo de Ministros, quisiera trasladar un mensaje cariñoso de bienvenida para los españoles que estaban retenidos en Venezuela hasta hoy mismo, que se han sumado tres liberaciones más. El Ministerio de Exteriores ha trabajado mucho y con discreción para traerlos de vuelta y que hoy estén ya en su hogar.

Y paso ya a dar cuenta de los acuerdos adoptados hoy. Como ven, me acompaña el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el ministro Félix Bolaños, quien les dará cuenta de algunos de los asuntos más destacados. Por un lado, hemos aprobado en segunda vuelta la nueva ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que sustituye a una ley que tenía más de 40 años para hacer efectivo el derecho a corregir informaciones inexactas en el ecosistema mediático de hoy en día. Además, hemos aprobado en primera vuelta una reforma de la ley del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Un texto más proteccionista y adaptado también a las nuevas tecnologías que también deroga la ley vigente. Ambas medidas están incluidas en el Plan de Acción por la Democracia, al que hoy damos un nuevo impulso.

A propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, hemos estudiado el anteproyecto de ley de recuperación y resolución de entidades aseguradoras y reaseguradoras, que ahora va a continuar su tramitación antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a Cortes. Este cambio normativo tiene su origen en las debilidades estructurales del sector, que fueron evidenciadas en la crisis financiera del 2008. Con ello, además también damos cumplimiento a la directiva europea, aprobada a raíz de estas debilidades, para crear un marco común de prevención, de recuperación y de resolución para todas estas entidades.

Por otra parte, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se ha aprobado remitir a Cortes el acuerdo con la comunidad europea de la energía atómica para construir una nueva sede europea en Sevilla. En concreto, se trata del Instituto de Prospectiva del Centro Común de Investigación.

Antes de concluir, una buena noticia para los aficionados al básquet, al baloncesto, entre los cuales, por cierto, me incluyo, y es la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza al jugador Rhys Selby Robinson, nacido de Estados Unidos en el año 2010. De este modo, al hacerlo antes de que el jugador cumpla los 16 años, podrá ser considerado como jugador español de pleno derecho ante la FIBA y participar con nuestra selección en torneos internacionales como los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Sin más, ahora sí, cedo la palabra al ministro Bolaños. Muchas gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Muy bien, gracias, ministra portavoz. Gracias a todos ustedes por atender esta rueda de prensa. Les daré cuenta de tres de los asuntos que he elevado al Consejo de Ministros y que han sido aprobados. El primero es la aprobación en segunda vuelta de la ley reguladora del derecho a la rectificación. El segundo de los asuntos es la aprobación en primera vuelta, en este caso, de la ley que también regula la protección del derecho al honor, a la imagen y a la..., y al derecho, el derecho también, perdón, a que no se sufra ningún tipo de injuria ni de intromisión ilegítima en el derecho al honor. Y el tercero de los asuntos que hemos tratado hoy en Consejo de Ministros ha sido un informe que hemos elevado para explicar el acuerdo que adoptamos la semana pasada, el 8 de enero, con la Iglesia católica para proceder a la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica en nuestro país.

La aprobación hoy, tanto de la ley reguladora del derecho a la rectificación como de la ley de protección del derecho al honor, suponen dos hitos del Plan de Acción por la Democracia, que, con esta aprobación, de las 31 medidas que contenía el Plan de Acción por la Democracia que aprobó este Gobierno en septiembre del 24, ya hemos aprobado 21. 17 de ellas están absolutamente terminadas y cuatro de ellas en un estado de tramitación avanzada. Con esto, supone casi un 70 % de cumplimiento del Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre del año 2024.

Ya, en relación específicamente a la ley de protección y de derecho a la rectificación, tengo que decirles que se configura, como todos ustedes saben, este derecho a la rectificación como un instrumento esencial en lo que ha de ser ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz. Así lo afirma el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución, el derecho a una información veraz. Y, por tanto, el derecho a la rectificación se ejerce cuando cualquier ciudadano de nuestro país pues se ve afectado por una información que es inexacta, que es falsa, que no tiene un mínimo contraste, que es una "fake news" absoluta, y, por tanto, puede ejercer este derecho a la rectificación.

La ley actual es del año 1984. Y, como a nadie se le puede escapar, en estos más de 40 años, el ecosistema mediático, el derecho a la información, el acceso a la información de la ciudadanía ha cambiado sustancialmente. Y sustancialmente, por tanto, hemos de acometer las reformas, las adaptaciones, que necesita la ley del derecho a la rectificación, que, insisto, es del año 84. Adaptamos la ley a los nuevos medios de comunicación existentes hoy. Dos, reforzamos la efectividad del derecho a la rectificación. Y, en tercer lugar, mejoramos y agilizamos el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho a la rectificación se ejercita, pero el medio de comunicación no lo admite. Creo que la frecuencia, también la gravedad, de los bulos y de las mentiras que en ocasiones sufrimos es cada vez mayor y, por tanto, yo creo que esto debemos acometerlo con una legislación que se adapte al ecosistema mediático y al sistema de información, que no siempre es en medios de comunicación, digamos, tradicionales. Debemos adaptar la ley a que ese derecho a la rectificación sea un derecho efectivo por parte de la ciudadanía de nuestro país.

Les cuento de manera muy somera las principales novedades que tiene esta nueva ley, este nuevo proyecto de ley del derecho a la rectificación. En primer lugar, se puede rectificar, y, por tanto, incluye en su objeto no solo las informaciones difundidas por medios de comunicación, digamos, tradicionales, tanto en el ámbito digital como en cualquier otro ámbito, sino que también se podrán rectificar aquellas informaciones que se publiquen en plataformas en línea o en redes sociales para aquellos usuarios que la ley define como de especial relevancia, que son aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 seguidores sumando todas las redes sociales de esa persona. Por tanto, desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, estarán afectados por esta ley del derecho a la rectificación. Y los ciudadanos que vean un bulo difundido por estas personas, profesionales del bulo, también podrán ejercer el derecho a la rectificación, aunque no sean un medio de comunicación y sean simplemente personas que se dedican a las redes sociales.

En segundo lugar, mejoramos el ejercicio del derecho a la rectificación, de tal manera que ampliamos de siete a diez días para ejercerlo ante los medios de comunicación tradicionales. Y en el caso de los medios o los usuarios de especial relevancia, se amplía a veinte días el plazo para poder ejercer el derecho a la rectificación. Suprimimos la obligación de dirigir este derecho a la rectificación, estas solicitudes de rectificación, a los directores de los medios de comunicación, bastando con remitir la solicitud al medio de comunicación para que se gestione. Y en el caso de las plataformas en línea o de las redes sociales, a la persona que ejerza el control efectivo sobre ese usuario o sobre la información que se ha publicado.

Los medios de comunicación digitales habrán de contar con un mecanismo gratuito, fácilmente accesible y perfectamente visible para que se pueda ejercer el derecho a la rectificación de manera inmediata por el ciudadano que considere que se conculca su derecho en esa información. Y los usuarios de especial relevancia también deberán informar en un lugar visible en sus redes sociales los medios a través de los cuales se puede ejercer, en este caso, el derecho a la rectificación.

También mejoramos en la ley la publicación de esa rectificación. Se mantiene la obligación de publicar en tres días la rectificación. Se debe limitar a los hechos que se deban rectificar: que sean inexactos, que sean falsos, que no estén acreditados ni contrastados. Pero, al hilo de un comentario del Consejo General del Poder Judicial y siguiendo el criterio del Tribunal Supremo y del Constitucional, también se podrán añadir cuando deriven de la base fáctica de la rectificación, también se podrán incorporar opiniones o valoraciones que no resulten excesivos ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación. Y también las plataformas en línea deberán publicar o difundir íntegramente la rectificación que se ha solicitado. Íntegramente. Y cuando la publicación original haya sido rectificada, habrá que comunicar que esa información está rectificada y que se habilite un acceso fácil, visible, con la información ya rectificada.

Por último, respecto a esta ley, simplificamos y agilizamos enormemente el procedimiento judicial. Si en el ejercicio, digamos, extrajudicial del derecho a la rectificación no se llega a un acuerdo entre el medio de comunicación y la persona afectada por la información inexacta, se abre un procedimiento judicial donde hay una demanda sucinta, se exceptúa el trámite de la contestación a la demanda por escrito para agilizar el procedimiento y el juez dictará sentencia, incluso pudiéndolo hacer de manera oral en estos procedimientos. Por tanto, como ven, una agilización absoluta de este procedimiento para que no se eternice en solicitudes de rectificación de noticias que están de actualidad.

Como pueden ustedes comprobar, lo que pretendemos es que la libertad de información se garantice con este derecho a la rectificación. Lejos de ser un impedimento, lo que hace es garantizar la información veraz a los ciudadanos y ciudadanas. Y también que esté protegido cualquier ciudadano, cualquiera de los aquí presentes, cualquier ciudadano, cualquier nacional de nuestro país, que esté protegido frente a injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes, mentiras, que le afectan, y que, por tanto, tendrá el derecho fácil, accesible, rápido, ágil, a poder rectificar esa información.

En segundo lugar, quiero también explicarles el anteproyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Lo aprobamos en primera vuelta. Por tanto, ahora inicia un camino de trámites preceptivos, de informes, para que se mejore, haya aportaciones a esta ley antes de aprobarse en segunda vuelta, ya para tramitación parlamentaria. Esta ley es de 1982, la del derecho a la rectificación es del 84. Esta es del 82. Las dos son buenas leyes. Vaya por delante que las dos leyes son buenas. Y por eso en las reformas que hacemos mantenemos buena parte de la estructura de las leyes del 82 y del 84, si bien, evidentemente, más de 40 años después, han quedado obsoletas en algunas partes, y, por tanto, conviene adaptarlas al contexto actual, a la realidad actual del ecosistema mediático y de información de nuestro país.

En concreto, la ley del derecho al honor se adapta a las numerosas modificaciones legislativas que ha habido, tanto en el ámbito europeo como también en la legislación nacional. En segundo lugar, tiene en cuenta que la evolución tecnológica que hoy existe en los medios de comunicación supone que la desinformación se transmite a una velocidad endiablada. Y, por tanto, es necesario agilizar y adaptar los procedimientos para proteger el derecho al honor de las personas. Y, por último, también creo que da respuesta a una concepción social que hoy tenemos, en la que todos somos conscientes de la enorme vulnerabilidad que tenemos ante noticias que son bulos absolutos y que, sin embargo, se difunden con facilidad y con rapidez en nuestro país.

Mantenemos, como les decía, buena parte de la estructura de la ley del 82, y, sin embargo, incorporamos mejoras, adaptaciones, a esa norma. En concreto, en materia de consentimiento, la posibilidad de compartir imágenes personales o familiares en redes sociales no supone libertad absoluta para utilizar esas mismas imágenes en otro contexto. Es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube una determinada imagen y, por tanto, el consentimiento no se puede presumir. No existe ese consentimiento salvo que el contexto haga absolutamente razonable que se pueda utilizar esa imagen. En segundo lugar, se mejora y mucho la protección de los menores también en cuanto a su derecho al honor. Se establece en 16 años la edad en la que pueden prestar consentimiento para facilitar su propia imagen. En línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital, que ya está en tramitación parlamentaria y que cuenta con un amplísimo consenso social, que debería traducirse en una aprobación por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados de esta norma. El consentimiento de los menores, en cualquier caso, tampoco implica que no pueda haber una intromisión y ese consentimiento en el caso de los menores también hay que hacerlo compatible con que no exista una injerencia en el derecho al honor de este menor.

También se regula el consentimiento de las personas con discapacidad para que puedan hacerlo con los apoyos legales que se establecen en el Código Civil, o también con la intervención del Ministerio Fiscal. Se regulan también los casos de las personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho en nombre de las personas que ya fallecieron. Por ejemplo, incluyendo a las parejas de hecho o a las personas que tienen una relación de análoga afectividad a la matrimonial en el caso de personas que estén fallecidas. Se posibilita que la persona en cuestión pueda, mediante testamento, prohibir la utilización de su imagen o de su voz para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga tras su fallecimiento. Se prohíbe, o, mejor dicho, se posibilita la facultad de que una persona en su testamento prohíba la utilización de su voz o de su imagen con fines comerciales o publicitarios.

En lo concerniente a la inteligencia artificial y a la nueva realidad tecnológica, que, obviamente, la ley del 82 no podía ni prever, se considera ilegítimo el uso de la voz o de la imagen de una persona con fines publicitarios o comerciales empleando inteligencia artificial. Y, a su vez, se protege la libertad de expresión, la libertad creativa, en el sentido de que para personas de proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se puede utilizar inteligencia artificial, haciendo constar en todo caso que esas imágenes provienen de la utilización de la tecnología de la inteligencia artificial. La libertad de expresión e información se mantiene en la norma, de tal manera que, tal y como ya ha establecido el Constitucional en numerosas sentencias, no se considera una intromisión ilegítima cuando exista un interés público, particularmente cuando el material tenga un contenido noticiable. Esta es la línea del Constitucional y, por tanto, se mantiene.

Se establece una nueva regulación para los denominados "true crimes". Para dar mayor protección a las víctimas de estos delitos, de tal manera que se considera injerencia en el derecho a la protección del honor siempre que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico, o no, y tenga proyección personal con ese "true crime". Es decir, se desvincula de la necesidad de que tenga un beneficio económico el que exista una intromisión ilegítima en el derecho al honor. El victimario no puede utilizar el delito del que ha sido autor para una utilización posterior en una serie de televisión o en cualquier otro tipo de obra artística.

Y en lo que tiene que ver con la protección de las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, se regulan los criterios para ponderar la gravedad de estas intromisiones, y lo hacemos en línea con la jurisprudencia ya existente, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional: la vulneración del derecho fundamental, su gravedad, si afecta a más de un derecho fundamental, cuáles son los actos propios, la exposición previa del afectado, el prestigio de los medios de comunicación que hayan difundido la noticia y la prolongación o la reincidencia en esa intromisión. Prohíbe también la ley las indemnizaciones simbólicas, que han ocurrido, han sucedido, indemnizaciones donde se reconoce la intromisión al derecho al honor, pero se considera que hay tantos atenuantes que se acaba concluyendo que la indemnización es simbólica. En ocasiones, incluso de un euro. Se prohíbe. Si hay vulneración al derecho al honor, ha de haber una compensación adecuada a esa intromisión en el derecho al honor. Y se contempla también la posibilidad de que se publique en el BOE la identidad del condenado a un tipo de vulneración de esta naturaleza. Por tanto, creo que también se adapta a la nueva realidad del mundo, con las nuevas tecnologías, lo que es la protección al derecho al honor.

Y termino ya con el informe que he elevado a Consejo de Ministros para conocimiento de todo el Consejo y que tiene que ver con el acuerdo suscrito la semana pasada, el 8 de enero, entre el Ministerio, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos en relación con la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Creo que todos somos conscientes de la revictimización en ocasiones, del doble dolor que se ha provocado a estas víctimas. No solo el dolor del abuso sexual que sufrieron, sino también ese encubrimiento, ese descreimiento de lo que decían, ese tapar sus casos, y, por tanto, generar situaciones absolutamente traumáticas para estas personas que han pasado por abusos sexuales. Por eso, el Estado ha actuado. Y cuando digo el Estado, digo el Estado en toda su amplitud.

Les recuerdo a ustedes que, en marzo de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó hacer una encomienda al Defensor del Pueblo para la creación de una comisión independiente que elaborase un informe sobre la situación de las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos en estos asuntos. Esa encomienda que se le hizo al Defensor del Pueblo concluyó en octubre del 23 cuando hizo público el informe del Defensor del Pueblo en esta materia, que constata algunos hechos que, no por conocidos, también debemos hoy reiterar. La elevada incidencia de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica en España...hacía una estimación el Defensor del Pueblo de en torno a 400.000 personas afectadas en distinto grado, que no se dio una respuesta adecuada por parte de la Iglesia católica, que en muchas ocasiones estos hechos se han ocultado, se han encubierto y también responsabilidades que durante muchos años, muchas décadas, también tuvieron otro tipo de poderes, de responsables públicos que no hicieron nada ni por investigar ni por reparar estos abusos. Por eso, el 23 de abril del año 2024, el Consejo de Ministros aprobó un plan para la implementación del informe del Defensor del Pueblo. Un plan que tenía distintos hitos, distintas medidas, y que la semana pasada, con el acuerdo con la Iglesia católica, hemos llevado a cabo. Hemos puesto las bases para llevar a cabo el más complejo de todos ellos, que no es otro que reparar a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia cuando los hechos están prescritos o cuando el victimario ha fallecido, es decir, cuando no se pueda acudir a la vía jurisdiccional para obtener una reparación.

Saben ustedes que con el modelo que hemos acordado con la Iglesia católica se cumplen íntegramente las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Por supuesto, ha sido también consecuencia de ese trabajo durante años de asociaciones de víctimas, que han trabajado por visibilizar un problema que ha existido en la sociedad y al que nunca se le ha mostrado atención, nunca se le ha prestado atención, nunca se ha hecho desde el Gobierno, desde los poderes públicos, ningún intento para repararlo. Hoy lo hemos hecho, igual que también asociaciones feministas, que también han puesto el foco de manera muy contundente en la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de nuestra sociedad.

Por eso, el acuerdo al que llegamos, como saben ustedes, es un sistema mixto Iglesia-Estado, donde participamos Iglesia, Estado y víctimas, donde el Defensor del Pueblo tendrá la responsabilidad última en hacer una propuesta o una resolución respecto a cuál tiene que ser la reparación concreta y adecuada a la víctima y, esa última instancia, se produce después de que haya una primera propuesta que se comunica a la Iglesia, se comunica a la víctima. En caso de desacuerdo, pasa a una comisión mixta, donde está también Gobierno, donde está Iglesia, donde están asociaciones de víctimas y, solo en última instancia, el Defensor del Pueblo adopta la decisión.

Como saben, hemos dado cumplimiento íntegro a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y también hemos acordado que el Gobierno, en el contexto del acuerdo que firmamos la semana pasada con la Iglesia, hemos acordado que el Gobierno va a promover las reformas legislativas que sean necesarias para que estas reparaciones, cuando sean económicas, a las víctimas estén exentas de tributación. Y con esto, ministra portavoz, termino mi intervención. Muchas gracias.

Portavoz. - Gracias, ministro.

Sandra Gallardo Tasias (RNE). - Buenas tardes, gracias. Ministro, tenía dos dudas sobre esos dos proyectos de ley. Sobre el derecho a la rectificación, ¿cómo queda definido qué es un usuario de especial relevancia? ¿Sería, por ejemplo, usted un usuario de especial relevancia por número de seguidores? ¿Cómo queda definido...?

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - No todavía.

Sandra Gallardo Tasias (RNE). - ¿Cómo queda definido en la ley? Y sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿hay algún tipo de regulación sobre la comunicación política, el uso político de la inteligencia artificial?

Y a la ministra portavoz, sobre vivienda. Usted arrancaba la rueda de prensa defendiendo las medidas que anunciaba ayer el presidente y a la misma hora, prácticamente, el ministro Bustinduy insistía en que eso era un regalo fiscal a los propietarios que no tienen, precisamente, un problema de vivienda. Quería saber por qué se ha descartado la prórroga de los contratos que se ha hecho en otras ocasiones.

Sobre la reunión que mantendrán el lunes el presidente con Feijóo. El PP está poniendo condiciones, entre otras cosas, votar en conjunto, no solo una hipotética misión de paz... toda la política exterior del Gobierno, si eso es viable y puede predisponer un no del PP a esa misión de paz.

Y, por último, si me permite, por el impacto que ha tenido en la opinión pública, esa investigación de "elDiario" y Univision sobre el cantante Julio Iglesias y la denuncia de empleadas suyas de presuntos abusos y acoso sexual, ¿se plantearía el Gobierno retirarle la Medalla de las Bellas Artes? Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, gracias. Pues respondo a las preguntas que me ha dirigido a mí. La ley establece que es usuario de especial relevancia aquel que tiene más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 seguidores sumadas todas sus redes sociales. Por tanto, todavía yo no soy usuario de especial relevancia, pero deme un poquito de tiempo.

En segundo lugar, sobre la inteligencia artificial si afecta la comunicación política. Pues como también explicaba en mi intervención inicial, para las personas que tengan proyección pública, cuando se trate de una pieza creativa o satírica, donde se haga expresa mención a que son unas imágenes creadas con tecnologías derivadas de inteligencia artificial, es cuando se permite y digamos, no entra en una de las causas que podría ser intromisión ilegítima en el derecho al honor. Obviamente, para las personas de proyección pública pues se refiere a todas esas personas que tienen una notoriedad y un conocimiento público.

Portavoz. - Vayamos con las tres preguntas, Sandra. En primer lugar, lo que tiene que ver con la vivienda. Yo creo que es importante compartir el contexto en el que nos encontramos. Estamos con una ley de vivienda que salió adelante con amplia mayoría en el Congreso de los Diputados y que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en un claro ejercicio de insumisión están negándose a cumplir. Lo digo porque en esa ley de vivienda se contempla medidas, bonificaciones y deducciones fiscales en el IRPF a los que obtengan rendimientos por el alquiler en zonas tensionadas. Para poder declarar una zona tensionada tiene que cumplirse esa ley y la comunidad autónoma tiene que hacer su trabajo. Por eso, es importante saber de lo que estamos hablando y nunca enfrentar a caseros o a propietarios en este caso con inquilinos. Además, le digo más todavía, dentro del paquete de medidas, se establece una importante medida para luchar contra el fraude en los alquileres de temporada. También fruto de un amplio consenso, hay una ponencia creada en el Congreso de los Diputados en materia de vivienda para actuar contra esos fraudes en alquileres de temporada cuando no lo son.

Lo que hace este Gobierno, que no se queda de brazos cruzados ni ante la insumisión de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y, por acelerar los tiempos, lo que hace es una medida que puede acelerar, precisamente, esa contundencia contra el fraude en los alquileres de temporada. Y el señor Feijóo haría bien en saber y en saber diferenciar que él es el líder del principal partido de la oposición del Gobierno de España, pero que tienen mucho que decir las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son gobiernos que tienen competencias claras en materia de vivienda. Así que toda la batería de medidas que anuncia, lo que debería hacer es ejecutarlas y llevarlas a cabo para empezar cumpliendo la ley de vivienda en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Porque, además, insisto, aparte de hablar de construcción, construcción es importante fortalecer, como ha hecho este gobierno con el importante impulso del mayor barrio público en la historia de nuestro país como vimos ayer, en lo que se refiere al barrio Campamento, fortalecer y ampliar el suelo público y las viviendas accesibles.

Y, desde luego, todos tenemos que ser muy conscientes de la complejidad que tiene el Congreso de los Diputados que han votado los españoles. Y por eso, en este Gobierno, que es el Gobierno del diálogo, va a seguir trabajando siempre para buscar consensos porque, además, somos muy conscientes, en este caso, con los dos grupos que sustentan al Gobierno, somos formaciones distintas, pero compartimos un objetivo común y es que estamos en una situación en la que hay 1.600.000 personas que tienen esa angustia de saber que este año va a subir el alquiler y no podemos quedarnos de brazos cruzados y, por eso, hemos puesto encima de la mesa este importante paquete de medidas que va acompañado... Como saben, es una prioridad para este Gobierno el dar respuesta al quinto pilar del estado del bienestar, que es la vivienda. Desde luego, tenemos muy claro que hacemos política para la gente y no negocio del ladrillo, que es lo que muchas comunidades del Partido Popular, en este caso, tienen mucho que decir y que pueden mejorar su postura.

La segunda cuestión, creo recordar, que me estaba... bueno, le iba a contestar primero... Esa la dejo para el final. Yo no he tenido ocasión todavía de leer con detenimiento con todo el trabajo, toda la investigación relacionada con Julio Iglesias. Lo que sí le puedo decir es que este trabajo periodístico, a mí me merece mucho respeto. Como mujer, como progresista, le vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad y, desde luego, no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso y por eso lo repetimos de manera reiterada. Es tan importante el que no blanqueemos a la ultraderecha porque son negacionistas de la violencia de género, es tan importante que seamos contundentes contra esa lacra.

Y la tercera cuestión, me estaba preguntando por la reunión del presidente con el líder de la oposición. Efectivamente, como el propio presidente anunció, pues va a tener encuentros con todos los grupos políticos. Tenemos un contexto internacional muy complicado, una situación geopolítica que preocupa y que, desde luego, es objeto de mucha atención y, por supuesto, yo soy consciente de que así también lo siguen los ciudadanos. Con lo cual, pues, efectivamente, se va a producir esta reunión el próximo lunes para hablar de todas estas cuestiones, de estrategia diplomática, de toda la estrategia que tiene el Gobierno de España en materia de seguridad. Pero, por otro lado, también le quiero recordar que siempre y de manera habitual, el presidente del Gobierno da cuenta. Han sido múltiples las comparecencias en el Congreso de los Diputados para compartir la posición de España. Por cierto, con un absoluto liderazgo internacional del presidente Sánchez en todas estas cuestiones. Muchos países miran a España en todos estos temas. Con lo cual, ¿cómo no va el presidente a compartir información con los grupos políticos y, por supuesto, con el conjunto del Congreso de los Diputados?

Ana Isabel Martín Almaraz (El Debate). - Gracias, buenas tardes. Tenía preguntas para usted, portavoz. En primer lugar, ayer, el líder... el líder de Esquerra, perdón, Oriol Junqueras, confirmó que había habido más reuniones, a mayores de la de la semana pasada entre el presidente y él. Quería saber si nos podía concretar cuáles, si fueron... cuándo, si fueron en la Moncloa o en otro lugar.

Luego, sobre el decreto ley anunciado ayer sobre vivienda por el presidente, en vista de la reacción de sus socios habituales, incluido el socio de gobierno, de Sumar, quería saber si el presidente va a llevarlo como tenía previsto al Consejo de Ministros y luego negociarlo después de aprobado aquí, antes de su convalidación en el Congreso o si se plantea mantener negociaciones antes de elevarlo al Consejo de Ministros.

Y, luego, hoy la Mesa del Congreso ha confirmado que habrá un pleno extraordinario el 27 para convalidar el llamado decreto ómnibus, que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga de varias medidas del escudo social y quería saber si el Gobierno ya tiene los apoyos y, en concreto, el de Junts para convalidar ese decreto o nos podemos encontrar con una situación similar a la que se produjo a inicios de 2025 con un decreto parecido. Gracias.

Portavoz. - Muy bien. Gracias por su pregunta. Mire, no tengo información sobre esas reuniones que se han publicado. Yo lo que le puedo decir es que este es el Gobierno del diálogo. Y ahí están todos los acuerdos que se alcanzan, las más de 50 leyes aprobadas y eso siempre lleva detrás un trabajo ingente de diálogo, de escucha, de aportaciones, de negociación... Muchísimas veces, como suelo decir, con total discreción para que luego, con total transparencia también, cuando se alcanzan los acuerdos, se cuentan a la ciudadanía y más todas las materias que tenemos entre manos, como las que ha hecho referencia. Es importante también que pregunten. Yo entiendo que pregunten al Gobierno, pero también me parece importante que pregunten a las diferentes fuerzas políticas cuál va a ser su posicionamiento. Por ejemplo, en materia de pensiones hemos visto que por la trayectoria que tiene el PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones siempre ha puesto trabas, ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable. Somos el Gobierno del diálogo. Trabaja permanentemente para conseguir acuerdos que mejoren la vida de la gente, muchas gracias.

Antonio Luis Ruiz Valdivia(InfoLibre). - Buenas tardes. A la ministra portavoz le quería preguntar. Mañana es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno y las comunidades. Damos por hecho que el Partido Popular votará que no. ¿Confían en que Junts salve finalmente esa reforma del sistema?

Y al ministro de Justicia, tenía dos preguntas. La primera, ¿qué le parece la reforma de los suplicatorios que ha planteado el Partido Popular, el señor Feijóo? Y también ¿qué le pareció la declaración de Feijóo ante la jueza de la DANA? Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien. Pues gracias por las preguntas. La propuesta que hizo el fin de semana pasado el señor Feijóo sobre la reforma del suplicatorio me llamó la atención porque eso significa que no ha leído la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que aprobó este Gobierno en noviembre porque ahí, en el artículo 864, apartado 2, se regula esta cuestión y digamos que lo que hacemos es que, efectivamente, cuando no se concede el suplicatorio, no se archiva de manera definitiva la causa, sino que se espera a que termine el aforamiento y en ese momento se reabre la causa. Por tanto, el señor Feijóo hizo una propuesta sobre un no problema cuando la solución ya la había dado el Gobierno de España. Todo en orden.

Y sobre la segunda cuestión, pues esa declaración ante la jueza lo que puso de manifiesto es que, bueno, pues había faltado a la verdad en muchas declaraciones públicas que ha hecho durante el primer año, que su prioridad era la comunicación de aquella tragedia de la DANA y su prioridad era culpar al Gobierno de no facilitar medios a la Administración autonómica valenciana, cuando el propio president Mazón, en aquel momento, le confirmó que el Gobierno de España estaba poniendo medios desde el primer momento para luchar contra la DANA. Y, por tanto, pues creo que es una declaración que no le dejó nada bien.

Portavoz. - Mire, el Partido Popular no tiene un modelo de financiación para nuestro país. Cuando gobernó el Gobierno de España, y también coincidía con Gobiernos autonómicos, no tuvo ningún interés, no preparó, no presentó ningún modelo de financiación. Y no es que esté criticando el modelo de financiación presentado, sino que es que está en contra de que los servicios públicos atiendan a las necesidades de los ciudadanos. Porque para entender mejor de lo que estamos hablando, si quieren, podemos llamarle, en lugar de "financiación autonómica", podemos llamarle "servicios públicos", podemos llamarlo "carreteras", podemos llamarlo "hospitales", podemos llamarlo "colegios", podemos llamarlo "centro de mayores". Es que no estamos hablando de números y de cifras, estamos hablando de políticas. De políticas para la gente, no para hacer negocio con la gente. Y fíjese, en estos días, coincidente con la presentación del nuevo modelo de financiación, pudimos ver una foto de una presidenta de una comunidad autónoma fotografiándose con una motosierra bañada en oro, que es el principal símbolo de los recortes. Una comunidad, por cierto, que ha dado más de 5.000 millones a la sanidad privada, asfixiando a la pública. Y ese mismo día, se puso encima de la mesa, por parte del Gobierno de España, más de 21.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas. Por eso le digo que estamos hablando de políticas, de políticas para la gente. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los planteamientos que tienen las comunidades del Partido Popular en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a celebrar mañana mismo.

Carlos Elordi Cué (El País). - Sí. Sobre el asunto de vivienda, le quería insistir, porque no me ha quedado claro cómo pretenden llegar a un acuerdo interno en el Gobierno, porque parece que la discrepancia es muy de fondo, y si se plantean la posibilidad de llegar a un Consejo de Ministros sin esto acordado, que sería muy complejo.

Y una, ya que está el ministro de Justicia. Sumar, lo que está planteando, una..., que se prorroguen por decreto la..., se fuerce la renovación de los contratos, hay 650.000 contratos, dijo ayer el presidente también que se van a renovar, que se refuercen con las condiciones actuales, hacerlo por decreto. Entiendo que el Gobierno está diciendo que no se puede hacer, pero me gustaría que explicara desde el punto de vista jurídico si realmente el Gobierno o el sector socialista cree que es inconstitucional y por qué. Sobre todo, cómo van a llegar a un acuerdo, porque seguramente le tocará también a usted negociar.

Y sobre la reunión de Sánchez y Feijóo, le quería preguntar si el Gobierno comparte los planteamientos que ha lanzado hoy el PP, la idea de lo que le preguntaba antes la compañera, al margen de la reunión y demás, si el Gobierno está de acuerdo con que se pacte de esta manera, en esa reunión, la política exterior por completo, si el Gobierno está de acuerdo con hablar de Venezuela, sí, digamos, los planteamientos que hemos visto hoy del PP para esa reunión, el Gobierno los comparte. Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, muchas gracias. Bueno, es conocido que tenemos un Gobierno de coalición con otra fuerza política, y que el Gobierno de coalición tiene una minoría parlamentaria. Es decir, no solo ha de tener acuerdos en el seno del Gobierno, sino que ha de convertir esos acuerdos también en mayorías parlamentarias suficientes para aprobar las iniciativas legislativas del Gobierno. Y esto hace que seamos un Gobierno cuya seña de identidad es el diálogo y los acuerdos. Internamente, primero con nuestro socio, y después también en el ámbito parlamentario con el resto de socios que han de dar apoyo a una modificación legislativa, que, en definitiva, esto es una modificación legislativa. Esto es el día a día de nuestro Gobierno, trabajar, dialogar, acordar, llegar a equilibrios, buscar acuerdos para aprobar en esta legislatura 52 leyes. 52 leyes. Y ganar el 90 % de las votaciones. Ya sé que la noticia es el 10 % de las votaciones que perdemos, pero déjenme que informe a los ciudadanos de que el 90 % de las votaciones las ganamos. El 90 %. Y hemos aprobado 52 leyes. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Son más que cualquier comunidad autónoma y Parlamento autonómico, algunos con mayorías absolutas. Por tanto, creo que la hoja de servicios en materia legislativa, de producción legislativa del Gobierno y en materia de acuerdos parlamentarios es bastante clara. Y sé que, muchas veces, las noticias, las opiniones, van en sentido contrario, pero la realidad es esta. Y a mí, en ocasiones, pues me gusta recordar la realidad, y esta es ganar 90 % de votaciones, conseguir 52 leyes en lo que va de legislatura.

¿Aquí qué tenemos que hacer? Pues hablar. Tenemos que compartir con nuestro socio de Gobierno cuál es la solución, porque tenemos un objetivo compartido: el Gobierno progresista quiere que los ciudadanos tengan derecho a una vivienda asequible a un precio razonable. Y, por supuesto, lo que aprobemos, dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y que pueda conseguir apoyos parlamentarios. Con todos estos elementos, hablaremos, trabajaremos y estoy convencido que llegaremos a soluciones que beneficien a los millones de personas que hoy tienen inquietud, tienen preocupación, con su derecho al acceso a la vivienda.

Portavoz. - He querido explicar el contexto que trae su origen en la ley de vivienda porque es, precisamente, lo que hace actuar al Gobierno. Es esa dejación de funciones, permítame, del Partido Popular, que no quiere aplicar la ley de vivienda declarando las zonas tensionadas, y no se están viendo resultados en comunidades gobernadas por el Partido Popular, y por eso el Gobierno reacciona para proteger a ese más de 1. 600.000 personas que van a ver sus alquileres al alza, seguramente, en este año, acciona... Pero es tan importante el saber que ya existen bonificaciones del IRPF para aquellos que declaren rendimientos de capital inmobiliario en zonas tensionadas. Pero si no se declaran las zonas tensionadas, pues no se puede producir eso que ya está vigente en una ley que salió con un amplio consenso de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, que es la ley de vivienda. Por eso, como decía el ministro Bolaños, con trabajo, con diálogo, con explicación, con pedagogía, bueno, pues confiemos en que encontremos el camino para ese objetivo común, que es actuar y, bueno, y hacer frente a la inacción de Gobiernos irresponsables que no cumplen con una ley que beneficia y que vemos que en algunas comunidades ya está teniendo resultados cuando se aplica.

En otro orden de cosas, en la pregunta que me hacía, con total normalidad. Es el encuentro del presidente con los diferentes líderes de los grupos políticos, en un contexto internacional y geopolítico muy complicado, donde, bueno, si es el Gobierno, somos el Gobierno del diálogo, como ya le he dicho antes a su compañera, bueno, pues, en esa línea, se hablará, se analizará y se explicará este contexto internacional y todas las medidas y todos los posicionamientos y las reuniones tan importantes en las que ha participado el presidente Sánchez en las últimas semanas. Con vocación de diálogo, de escucha, y también me gustaría que esa fuera la actitud que llevaran los diferentes responsables políticos a los encuentros con el presidente.

Fernando Garea Baragaño (El Español). - Yo quisiera... bueno, no hago otras preguntas, lo que hago es insistir en dos preguntas que le han hecho y que, en mi opinión, la portavoz no ha contestado y me parecen importantes. Una creo que es sencilla, y es: ¿Cuál va a ser el procedimiento para ese decreto sobre vivienda? Es decir, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros, ¿el Gobierno lo va a hablar, no solo con Sumar, sino con otros socios, como Bildu, Esquerra, etc., para pactar el contenido antes de que se apruebe en Consejo de Ministros o no?

Y la otra pregunta es: si el Gobierno puede confirmar esas reuniones y contactos y de qué forma han sido, entre el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Entre otras cosas, porque no responder a eso, hace que, legítimamente, pensemos que también ha podido haber esos contactos de los que ustedes no informan, por ejemplo, con Carles Puigdemont. Y no sé si esos contactos los puede descartar, los confirma o no dice nada. Gracias.

Portavoz. - Bueno, en primer lugar, lo que les decimos, lo he dicho en más de una ocasión, para llegar a acuerdos, se habla todo el rato, se habla constantemente, en lo que tiene que ver con algo tan importante. Porque estas medidas que se han puesto encima de la mesa o que hemos conocido ayer mismo, por el propio presidente y la ministra de Vivienda, no son medidas aisladas. Este Gobierno lleva trabajando de manera incesante para dar respuesta al desafío de la vivienda desde el principio de la legislatura. Con lo cual, no tenemos que ver una medida aislada, forma parte de un paquete de medidas que se está trabajando y que se está dialogando todo el rato. En lo que, bueno... y, desde luego, pues veremos cuál va ser la fecha en la que eso verdaderamente llegue al Consejo de Ministros. Pero como el diálogo es permanente, lo importante es que cuando tenga que votarse en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas se posicionen a favor de algo que es bueno para la gente. Y le he dicho que no he tenido conocimiento de esas reuniones. Bueno, como saben, si el Gobierno es el Gobierno del diálogo, el presidente del Gobierno es el principal exponente de ese Gobierno de diálogo, ¿no? Y lo importante es que con total transparencia se cuentan los acuerdos alcanzados. Somos un Gobierno que cumple con sus acuerdos y con tal transparencia, siempre, se cuentan los acuerdos cuando se alcanzan.

Irene Castro Ramírez (elDiario.es). - Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Portavoz, quiero retomar la pregunta de Sandra sobre el cantante Julio Iglesias y la investigación de elDiario.es y Univision. Más Madrid ha pedido al ayuntamiento y la comunidad que retiren las condecoraciones al cantante. Más allá de la valoración que ha hecho el Gobierno, ¿qué les parece esta petición concreta? Y si han debatido algo similar dentro del Gobierno, dado que, en 2010, se le condecoró con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Si el Gobierno se está planteando retirarle esa condecoración. Gracias.

Portavoz. - No, no... Como he dicho, yo ni siquiera he tenido ocasión de leer al completo toda la labor de investigación. Yo creo que lo que es muy importante es que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que el Gobierno de España es absolutamente firme, contundente, con un compromiso inquebrantable en contra de la violencia de género y que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, sea el que sea. Y siempre al lado de las víctimas. Pero me va a permitir que, bueno, pues en este momento es lo que le puedo decir. Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)