El Gobierno aprueba una oferta de empleo público que prioriza la digitalización y el uso de la inteligencia artificial

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2026, que suma un total de 27.232 plazas en la Administración General del Estado, una cantidad ligeramente superior a la del año anterior. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que la diferencia entre los nuevos puestos y las jubilaciones supondrá un saldo positivo de 6.200 empleos.

OEP de 2026: transformación digital de la Administración Pública

El ministro ha señalado como gran prioridad de la OEP de 2026 la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública para mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Óscar López ha apuntado que, según datos de la Comisión Europea, en España el 83% de los ciudadanos tiene alguna relación con la Administración por vía digital, 8 puntos más que la media europea. España se encuentra también por encima de la media europea -en concreto, 7 puntos- en servicios públicos digitales para la ciudadanía.

"El punto de partida es muy bueno, pero con esta oferta pública de empleo nos planteamos dar un salto trascendental", ha dicho el ministro, quien ha fijado como meta digitalizar al menos otro 25% de los procedimientos administrativos.

Para alcanzar ese objetivo, la OEP de 2026 incluye más de 1.700 plazas relacionadas con las nuevas tecnologías, un 42% más que el año pasado. El mayor incremento corresponde al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información con 300 plazas, un 200% más que en 2025. Además, por primera vez se van a convocar plazas de especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato. Todos los cursos selectivos que realice la Administración contarán con formación específica en digitalización e inteligencia artificial.

"La Administración lanza un mensaje y un ejemplo muy poderoso no solamente a todo el sector público, sino también al sector privado de cómo se puede transformar y modernizar y que todo eso sirva para seguir creando empleo y no para destruirlo", ha manifestado el ministro.

Refuerzo de las áreas estratégicas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Públíca, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Otra novedad fundamental es que, frente a un modelo que se limita a reponer las bajas, parte de las prioridades de la Administración y de las necesidades de la ciudadanía para reforzar las áreas clave. Óscar López ha detallado que, además de en la transformación digital, la OEP de 2026 está enfocada en la transición energética, la prevención de las emergencias climáticas, la ciberseguridad del Estado, las infraestructuras y el transporte, los servicios comerciales que acompañan a las empresas en su internacionalización, la seguridad pública, la protección de los ciudadanos, la defensa, la regularización migratoria extraordinaria y la atención a la ciudadanía.

De este modo, el esfuerzo se concentra en los intereses del país y redunda en una Administración más eficaz y con empleo de calidad, según ha dicho López, que también ha subrayado que las ofertas de los últimos años han rejuvenecido en casi tres años la edad media de los empleados públicos, hasta los 49 años.

Una Administración más transparente y participativa

También en el ámbito del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Consejo de Ministros ha fortalecido el Foro de Gobierno Abierto, un espacio de diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil.

El cambio amplía el número de los representantes de la sociedad civil de 8 a 14 para igualarlo con el de las administraciones. Óscar López ha asegurado que esta medida, incluida tanto en el Plan de Acción por la Democracia como en el V Plan de Gobierno Abierto, busca que la Administración sea más participativa y transparente. El ministro ha recordado que España se sitúa como una de las democracias más avanzadas del mundo en todas las clasificaciones, incluyendo en materia de transparencia.

Ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

El Consejo de Ministros ha abordado la ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), en vigor desde 2021. La reforma de la norma garantizará el derecho a la escucha de niños y niñas y establece la obligatoriedad de contar con su testimonio en procedimientos judiciales y administrativos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que la futura ley coloca a España "a la vanguardia internacional en la protección de derechos y libertades de las infancias".

Rego ha explicado que la ampliación parte de tres premisas. En primer lugar, es imprescindible que las violencias contra la infancia y su erradicación pasen de ser un asunto privado a formar parte del debate público y de las políticas públicas. En segundo lugar, se rompe con el adulto centrismo clásico, lo que significa que la ley, además de plantear la erradicación de la violencia, pone en el centro el buen trato hacia las infancias. En tercer lugar, plantea mecanismos claros y concretos para erradicar la violencia que sufren o puedan sufrir los niños tanto a nivel institucional como de los entornos socioafectivos.

Novedades de la futura ley

La ministra de Juventud de Infancia, Sira Rego, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Sira Rego ha precisado que los menores serán escuchados en los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten, con independencia de su edad. Así, la escucha se realizará de forma adaptada a su edad, con un lenguaje accesible y evitando el contacto con el presunto agresor.

El nuevo texto prohíbe el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y todas sus reformulaciones. "Ningún informe público o privado basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además, las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas", ha avanzado Rego. La ministra ha insistido en que, con esta prohibición, España vuelve a ser país pionero en la defensa de los derechos de la infancia y es el primer país en prohibir el uso del SAP por ley.

La titular de Juventud e Infancia también ha señalado que "proteger nunca puede significar convivir con el maltratador", por lo que la ampliación de la LOPIVI reforzará que la protección del menor prevalezca frente a cualquier automatismo en casos de custodia y de visitas. Así, la norma establece que el interés superior del menor implica su alejamiento de la persona que ejerce la violencia: "Si un niño o una niña rechaza el contacto con uno de sus progenitores, esto no se va a poder ignorar".

Además, Sira Rego ha avanzado que bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor víctima de violencia pueda acceder a la atención psicológica, social o jurídica. El agresor no podrá, en ningún caso, tener capacidad de veto sobre el proceso de reparación del niño o la niña. Otro cambio que introduce la reforma es que los maltratadores no podrán trabajar con la infancias y la adolescencia.

La ampliación de la LOPIVI, según ha expuesto la ministra, también recoge otras acciones, como la agilización del proceso de reconocimiento de las infancias como víctimas de la violencia de género: "A partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género también serán considerados víctimas de violencia de género".

Asimismo, la futura ley refuerza la formación de los profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes a través de un plan director de formación y mejora el acceso a la justicia con la creación de turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia.

La ministra ha resaltado que España tiene una deuda con sus infancias porque "durante años se ha dudado de su palabra y se ha criminalizado a las madres protectoras", por lo que la ampliación de esta ley pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado.

Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2026 y evaluación del anterior

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha informado sobre la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2026 y acerca de la evaluación del plan del año anterior.

Bolaños ha destacado que, con la aprobación de estos acuerdos, este Ejecutivo es el primero que cumple la Ley del Gobierno escrupulosamente. La aprobación de planes normativos es un instrumento esencial tanto de transparencia como de seguridad jurídica para que todos los ciudadanos y los operadores del país sepan cuáles son las prioridades del Gobierno y qué normas, tanto de carácter legislativo como de rango reglamentario, tiene previsto aprobar. "Ese es nuestro compromiso de un Gobierno abierto, un Gobierno transparente, un Gobierno que comunica las acciones que lleva a cabo", ha recalcado el ministro.

Informe de evaluación del Plan Anual Normativo de 2025

Félix Bolaños ha subrayado que el grado de ejecución del Plan Anual Normativo del año 2025 es del 82%, una cifra muy alta que se desglosa en un 36% de normas ya aprobadas y un 46% de normas en tramitación avanzada.

El ministro ha concretado que el Gobierno ha aprobado 6 proyectos de ley orgánica, 12 proyectos de ley y 54 reales decretos durante el año 2025. Estas cifras superan a las contempladas en el plan de 2024 y a las previstas para 2025. Bolaños ha argumentado que acontecimientos inesperados como el apagón eléctrico que sufrió España en abril de 2025, las amenazas arancelarias o el genocidio en Gaza provocaron la adopción de nuevas medidas para afrontar estas situaciones.

Plan Anual Normativo para 2026

El titular de Presidencia ha avanzado que el objetivo del Plan Anual Normativo para 2026 tiene como objetivo seguir fortaleciendo el Estado del bienestar, garantizar el crecimiento económico, avanzar en lo social y tener una posición en política internacional "absolutamente indistinguible de cualquier otra que no apueste por el derecho internacional, por la paz y por los valores democráticos".

A juicio del ministro, el plan significa que "esta legislatura suma y sigue" y, como ejemplo, ha destacado las cifras récord de empleo publicadas hoy.

El documento para 2026 incluye 179 propuestas normativas, de las que 10 son leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 son reales decretos. Félix Bolaños ha avanzado algunas de las normas incluidas en el plan, como la de financiación autonómica, la ley anticorrupción, la ley de violencia vicaria, la ley de trata, la ley de consumo sostenible, la ley del derecho al honor, la ley de medicamentos y productos sanitarios y la ley de inteligencia artificial.

Más de 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha celebrado el nuevo hito alcanzado en el mercado de trabajo en España: 22.105.831 afiliaciones a la Seguridad Social en la serie media. Saiz ha destacado que este avance se produce apenas un mes después de haber alcanzado una cifra similar en términos desestacionalizados, es decir, al margen de factores puntuales como las vacaciones o festivos. A su juicio, esta "noticia excepcional confirma la gran fortaleza de nuestro mercado de trabajo".

La portavoz del Ejecutivo ha puntualizado que en abril se ha registrado un incremento de 223.685 afiliados respecto al mes anterior, convirtiéndose en "el tercer mejor mes de abril desde que existen registros". Además, se encadenan "63 meses de crecimiento sostenido e ininterrumpido, más de 5 años consecutivos creando empleo", ha enfatizado Saiz.

La titular de Seguridad Social ha destacado especialmente el avance del empleo femenino, que alcanza cifras "nunca vistas", 10.489.362 ocupadas, contribuyendo a reducir la brecha de género. Asimismo, ha señalado el crecimiento de la afiliación de trabajadores extranjeros, que supera los 3,2 millones tras un aumento significativo en el último año, consolidando a España como "un país de oportunidades".

También ha puesto el acento en el dinamismo del trabajo autónomo, con un incremento especialmente intenso en sectores como las telecomunicaciones y la programación, lo que evidencia, según ha indicado, que el emprendimiento se consolida como una vía en expansión dentro del mercado laboral.

"No solo creamos más empleo, sino que creamos mejor empleo. La estabilidad está en sus niveles más altos al tiempo que reducimos la temporalidad. En definitiva, estos datos reflejan una economía española dinámica que crece, que crea oportunidades y que avanza con bases cada vez más sólidas y equilibradas", ha afirmado.

Avances en los derechos de las personas con discapacidad

La portavoz del Gobierno ha informado de la aprobación en el Consejo de Ministros de una declaración institucional con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ministra ha señalado que el Ejecutivo ha querido poner en valor los avances logrados en España en materia de inclusión y derechos de este colectivo y sus familias, como la reforma del artículo 49 de la Constitución que "sustituyó términos considerados obsoletos y además ofensivos y que saldó una deuda moral con las personas con discapacidad".

Asimismo, ha subrayado el impacto de medidas como el Ingreso Mínimo Vital, que ha ampliado la cobertura a personas con discapacidad, o la mejora de las asignaciones por hijo a cargo, extendidas hasta los 26 años en estos casos. La ministra ha señalado que estas iniciativas forman parte de un conjunto de políticas públicas que reafirman "el compromiso firme del Gobierno de España con la inclusión, la igualdad de oportunidades y con la garantía de derechos".