Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; del ministro Para la Transformación Digital y de la Función Pública; de la ministra de Juventud e Infancia

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Este martes, hemos amanecido con una noticia excepcional, que confirma la gran fortaleza de nuestro mercado de trabajo. Hemos superado por primera vez, los 22,1 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, en la serie media. Ya saben que el pasado mes, alcanzamos este hito en la serie desestacionalizada, la que quita el efecto calendario, y apenas un mes después estamos celebrándolo en la serie original, que ha sumado casi 224.000 afiliados, respecto al mes de marzo. Es el tercer mejor mes de abril, desde que existen registros. Y encadenamos de esta manera 63 meses, de crecimiento sostenido e ininterrumpido en nuestro mercado de trabajo.

Son más de cinco años consecutivos, creando empleo, mes tras mes. Además, seguimos alcanzando máximos en empleo femenino, con cifras nunca vistas. Somos casi 10 millones y medio de mujeres ocupadas, y seguimos reduciendo de esta manera la brecha de género. También crece la afiliación de autónomos, con un despunte especialmente intenso, en el sector de telecomunicaciones y programación. Atrás quedaron los años en los que ser, autónomo o autónoma, era la alternativa a un mercado de trabajo por cuenta ajena precario. Queda demostrado, que el emprendimiento es una línea fuerte y en auge en nuestro país.

Por otro lado, los trabajadores extranjeros superan los 3,2 millones, después de sumar 251.000 trabajadores en el último año. Es un récord más que nos consolida como país de oportunidades.

Pero igual de importante que estas cifras, o más si cabe, es que no solo creamos más empleo, sino que creamos mejor empleo. Los niveles de estabilidad, están en sus niveles más altos, al tiempo que reducimos la temporalidad.

En definitiva, estos datos reflejan una economía española dinámica, que crece, que crea oportunidades y que avanza con bases cada vez más sólidas y equilibradas.

Paso ya a detallar los acuerdos más destacados, de hoy. Con motivo del 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hemos aprobado una declaración institucional en el que ponemos en valor los grandes avances realizados durante todos estos años en beneficio de las personas, con discapacidad y de sus familias. En España podemos destacar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que sustituyó términos considerados, obsoletos y además ofensivos, y que saldó una deuda moral con las personas con discapacidad. También destacan medidas como el ingreso mínimo vital, que ha permitido ofrecer una mayor cobertura, a personas con discapacidad o el aumento de las asignaciones por hijo a cargo, ampliadas hasta los 26 años, en el caso precisamente de discapacidad. Son solo algunas iniciativas, pero que reflejan el compromiso firme del Gobierno, de España con la inclusión, con la igualdad de oportunidades y con la garantía de derechos.

Paso ahora a detallarles otros acuerdos alcanzados este martes, entre los que destaca la aprobación, en primera vuelta del anteproyecto de ley orgánica para modificar, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Aunque la aprobación de esta ley en 2021, supuso un avance significativo, la persistencia de situaciones de violencia, como el asesinato de 68 menores, por violencia de género entre 2013, y marzo de 2026, evidencia la necesidad de seguir avanzando en la mejora del sistema de protección. En este contexto, la reforma persigue, fortalecer los mecanismos y las garantías existentes, promoviendo entornos más seguros para niños, niñas y adolescentes, así como una mayor especialización, y coordinación entre administraciones públicas. Como ven, nos acompaña en esta mesa, la ministra de Juventud e Infancia, la ministra Sira Rego, que les va a dar más detalles sobre esta medida.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el real decreto por el que se aprueba la oferta pública, la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026. Un instrumento, que es clave, para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, y la adaptación a las necesidades actuales de la ciudadanía. A través de esta oferta aprobada hoy, y sumando las plazas ya aprobadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total de plazas ofertadas en el sector público estatal en el año 2026, supera los 37.000, una cifra ligeramente superior a la del año pasado. Este proceso, además, da continuidad a las políticas impulsadas en los últimos años, que ya han tenido un impacto muy positivo, en la renovación de plantillas, reduciendo su edad media en más de dos años, hasta situarlas en los 49.

También, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se aprueba el real decreto por el que se crea y regula, el Foro de Gobierno Abierto, un espacio institucional de diálogo entre las Administraciones públicas y la sociedad civil en España, que se consolidará como un instrumento clave, para avanzar hacia una gobernanza más abierta, más inclusiva y más colaborativa. A continuación, efectivamente, el ministro López, les va a dar más detalles de estas dos importantes medidas.

A propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se han aprobado dos asuntos. Por un lado, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, para el año 2026, en el que, como saben, se incluyen todas las iniciativas legislativas, y reglamentarias, que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar, cada año al Consejo de Ministros para su aprobación. Y, por otro lado, el informe de evaluación, precisamente, del Plan Anual Normativo para 2025, en el que se analiza el grado de cumplimiento, del plan del pasado año. Dos medidas que a continuación, también el ministro Bolaños expondrá para todos ustedes.

Y en el apunte cultural de esta semana, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que abre esta semana la inscripción de la tercera edición de su concurso de cortometrajes, junto a la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Un certamen de temática social, que premiará con 10.000 y 5.000 € a los dos mejores trabajos, y que busca historias que hablen de desigualdad, de bienestar o de apoyo a colectivos vulnerables. El plazo de inscripción va a estar abierto hasta el 16 de junio y se realizará de forma "online", a través de la web del festival. Ahora sí, sin más, cedo la palabra al ministro Bolaños. Ministro.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.- Muy bien, muchas gracias, portavoz. Gracias a todos y a todas, por estar en esta rueda de prensa. Como bien decía la ministra portavoz, les voy a dar cuenta del Plan Anual Normativo para el año 2026, y también de la evaluación del Plan Anual Normativo del año 25, que también hoy lo hemos aprobado en Consejo de Ministros.

Con la aprobación de estos dos acuerdos, tanto el plan como la evaluación del plan del año anterior, cumplimos la ley del Gobierno. Y quizá alguien piense que cumplir la ley es lo normal, pero es que somos el primer Gobierno, que cumple la ley escrupulosamente, que aprueba el Plan Anual Normativo, y que hace la evaluación del Plan Anual Normativo del ejercicio anterior.

Creo que es un instrumento esencial, tanto de transparencia, que no solo hay que proclamarla, sino que sobre todo hay que ejercerla, sino también de seguridad jurídica para todos los operadores de nuestro país, que sepan cuáles son las prioridades del Gobierno, cuáles son las normas, tanto de rango legislativo como de rango reglamentario, que el Gobierno tiene previsto aprobar durante el año 2026. Y también, sin duda, es una manera de explicarles a todos ustedes, como medios de comunicación, representantes también de los ciudadanos, para que pueda saber, puedan conocer, cuáles son las prioridades que el Gobierno llevará a cabo durante este ejercicio. Ese es nuestro compromiso. Un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno que comunica, las acciones que lleva a cabo.

Por tanto, en cuanto al informe de evaluación del Plan Anual Normativo del año 25. Les recuerdo que se aprueba un plan, para el año 25 como hoy hacemos para el año 26, y a partir de ahí, se llevan a cabo las políticas para ir avanzando en la aprobación de las distintas normas, pero también existen acontecimientos imprevisibles, que todos los años suceden, y que también condicionan la actividad legislativa del Gobierno. Porque hay que tomar medidas, con acontecimientos que son inesperados, y que, obviamente, hay que regular desde el punto de vista legislativo o reglamentario.

Les tengo que decir, en primer lugar, que el grado de ejecución del Plan Anual Normativo del año 2025, es un grado muy alto, del 82 %. Es decir, es una cifra muy positiva, superior, al cumplimiento que tuvimos en el Plan Anual Normativo del año 24. En concreto, ese 82 % se desglosa en: normas ya aprobadas, un 36,18 % y normas que se encuentran en tramitación avanzada, un 46,23 %, cuyo resultado final es un 82 %.

Ya les digo que mejores, más positivas, mayor cumplimiento que el Plan Anual Normativo del año 24.

Hemos aprobado en el Gobierno, durante el año 25, seis proyectos de ley orgánica, doce proyectos de ley, y 54 reales decretos. De todas estas normas, un tercio, algo menos de un tercio, el 32 % exactamente, tienen que ver con la incorporación del derecho europeo, al ordenamiento jurídico español.

Por supuesto, como les decía antes, estas son las cifras de comparación de lo aprobado, respecto a lo que se previó en su día con el Plan Anual Normativo del año 24, y del año 25. ¿Por qué? Porque ha habido acontecimientos inesperados, como, por ejemplo, todas las medidas que hemos tenido que adoptar de refuerzo, de nuestro sistema eléctrico, como consecuencia del apagón, que sufrió nuestro país en aquel día de abril. O también hemos adoptado medidas, que tienen que ver con la amenaza arancelaria, que también hemos tenido que adoptar y hemos tenido que planificar para evitar los efectos negativos, que hubiera tenido y que han tenido, en parte esos aranceles. Y también, hemos adoptado medidas urgentes, contra el genocidio en Gaza, que también adoptamos como Gobierno.

Por tanto, creo que el índice, y el grado de aprobación y el grado de ejecución, del Plan Anual Normativo del año 25, es un índice muy positivo, y pone de manifiesto la eficacia, la labor de gobierno que llevamos a cabo en el día a día.

Segunda parte de mi intervención, el Plan Anual Normativo del año 2026.

La intención del Gobierno, es continuar fortaleciendo, el estado del bienestar garantizando, el crecimiento económico, superando todos los obstáculos para seguir avanzando en lo social, y por supuesto, tener una posición en política internacional, que sea absolutamente indistinguible, de cualquier otra que no apueste por el derecho internacional, por la paz en el mundo, y por los valores democráticos.

Nosotros seguimos apostando por los derechos humanos, por el derecho internacional, por el multilateralismo, y también este Plan Anual Normativo, tiene que ver con esas banderas del Gobierno de España, en este momento.

El Plan Anual Normativo del año 26 incluye, 179 propuestas normativas. De las cuales diez, son leyes orgánicas, 30 son leyes ordinarias, y 131 son reales decretos. Estas 179 propuestas normativas, del plan del año 26, son algo más que las propuestas que teníamos en el año 25, que era un número de 199. Es decir, hay 20 propuestas menos que en el año 2025.

De esas 179 propuestas, para el año 26, un tercio, algo menos de un tercio, un 31 %, es incorporación al derecho nacional, de normativa europea, de normativa comunitaria.

Me detengo muy brevemente, a modo de pinceladas, en algunas de las normas que están incluidas en el Plan Anual Normativo para el año 2026. No hemos estado suficientemente coordinados. Pero lo hemos resuelto, como es nuestra manera de hacer, resolver los problemas en tiempo real.

Bueno, pues decía, a modo de pincelada, el Plan Anual Normativo del año 2026, algunas de las normas que se incluyen en este plan. La ley de presupuestos generales del Estado para el año 2026. La ley de financiación autonómica. En materia económica, la ley de crédito al consumo. La ley de modernización del sistema financiero. Seguimos avanzando con el Plan de Acción por la Democracia, que está en un grado de ejecución cercano al 90 %. Y vamos a aprobar, en esta línea, tanto la ley orgánica de integridad pública, la ley anticorrupción, como también la ley de publicidad en el sector público. En materia de igualdad, aprobaremos la ley de violencia vicaria, y también la ley de trata, que regule por primera vez todas las formas de trata y de explotación humana. Vamos, en materia de empleo, a aprobar la ley de democracia en la empresa, la ley de prevención de riesgos laborales, que fue en primera vuelta la semana pasada, y que también, se aprobará en las próximas semanas, y la de mejora de condiciones laborales de trabajo, en plataformas. La ley de consumo sostenible.

En materia de justicia, vamos a aprobar la última pieza de la mayor transformación de la justicia en décadas, que estamos llevando a cabo en esta legislatura. La mayor transformación de la justicia en décadas. Nos falta la ley de asistencia jurídica gratuita, que sustituirá a la ley de 1996, que ha quedado obsoleta. También la aprobaremos en los próximos meses. La ley de protección al derecho al honor, una ley cada día más necesaria. La ley de incorporación al derecho nacional, de la prueba digital, que saben que tiene que ver con la transposición, también de normativa europea. Aprobaremos también, la ley orgánica de juventud y derechos, de las generaciones futuras.

En materia sanitaria, la ley de medicamentos y productos sanitarios, o la ley de gestión pública, e integridad del Sistema Nacional de Salud. Y también, a modo de ejemplo, no es exhaustivo, tienen ustedes aquí todo el plan normativo, con todas las leyes, con todas las normas. Lo pueden consultar por ministerios, por materias, por categorías, por rango. Y la ley de inteligencia artificial, es la última que les voy a mencionar, que está ya muy avanzada, por el ministerio competente y que pronto verá la luz en este Consejo de Ministros.

Como les decía, un 31 % de estas normas, es incorporación del derecho europeo. Por tanto, en resumen, ¿qué significa el Plan Anual Normativo del 2026?, significa que esta legislatura, suma y sigue. Seguimos trabajando, para garantizar nuestro estado del bienestar, para modernizarlo, para ampliarlo, para también, fortalecer el crecimiento económico, que hace que tengamos cifras de empleo como la que hemos conocido hoy, que son récord, que son históricas en nuestro país, y, por supuesto, para que la posición de España en el panorama internacional, sea reconocible de defensa del derecho internacional, y de los derechos humanos.

Por tanto, creo que demostramos la voluntad de que se siga transformando la realidad, desde el Gobierno de España. Este es el penúltimo, Plan Anual Normativo que va a aprobar este Gobierno. Nos queda el Plan Anual Normativo del año 2027, que aprobaremos el año que viene, por estas fechas. Pero, sin duda, la legislatura suma y sigue. Muchas gracias.

Portavoz .- Gracias, ministro. Tu turno, Óscar.

Ministro Para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.- Gracias, portavoz. En primer lugar, brevemente, porque lo mencionó la portavoz, hoy traemos un real decreto que fortalece el Foro de Gobierno Abierto. Una institución que ya existía, pero que era un compromiso tanto, del Plan de Acción por la Democracia, como del V Plan de Gobierno Abierto, que presentó el Gobierno de España. Institucionalizar, reforzar si quieren, con este decreto ese organismo, que básicamente lo que hace ahora es ampliar el número de representantes de la sociedad civil, que pasa de 8 a 14, para que sea paritario con la Administración.

Esta es una de las medidas para que la Administración pública sea más participativa, más transparente. Forma parte de todos los planes, que ya hemos presentado en esta mesa en más de una ocasión, y que están situando a España como una de las democracias más avanzadas del mundo en todos los rankings y también en materia de transparencia.

Y paso a informarles sobre la oferta de empleo público del año 2026. Esta oferta, es una oferta diferente a otras que se hicieron en el pasado. Diferente por algunas cuestiones. Lo primero, de todo es que tiene sobre todo una gran prioridad, y esa prioridad es la digitalización, y el uso de la inteligencia artificial en la Administración pública. Todo eso, obviamente, con un objetivo, que es mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ese es el objetivo real, de esa digitalización de la función pública, pero, como digo, este es el objetivo que recorre toda la oferta pública de empleo. Dos datos, para que nos situemos, para entender un poco, el reto y hacia dónde vamos.

Según la Comisión Europea, en estos momentos, les daré dos datos, en España, el 83 % de los ciudadanos, repito, el 83 % de los ciudadanos, tiene alguna relación a través de vía digital con la Administración. Esto es, desde luego, 8 puntos por encima de la media europea. Por tanto, los ciudadanos españoles, ya están acostumbrados a hacer muchos trámites con la Administración por la vía digital. Dos, estamos 7 puntos por encima también de la media europea, en el indicador que tiene que ver con los servicios públicos digitales, para los ciudadanos. Por tanto, el punto de partida es muy bueno, por encima de la media europea. Pero con esta oferta pública de empleo, nos planteamos dar un salto, desde luego trascendental. Por eso nos fijamos un objetivo, que es digitalizar al menos otro 25 %, de los servicios que presta la Administración. Este es el objetivo. El punto de partida, el diagnóstico y el objetivo. Y hacerlo, como digo, aprovechando todas las herramientas que permiten la digitalización y la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, esta oferta va a incluir más de 1.700 puestos para TIC, para puestos relacionados con las nuevas tecnologías. Es un 42 % más que el anterior. Vamos a convocar, por primera vez en la historia, plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato. Por primera vez en la historia. Nunca hubo convocatorias específicas en la Administración pública, para esas áreas. Repito, inteligencia artificial, ciberseguridad o ciencia del dato. Vamos a incrementar un 200 %, las plazas para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Y, vamos a hacer algo muy importante, ahora que todos sabemos que, en esta segunda fase de la inteligencia artificial, la verdadera carrera está en la adopción de la inteligencia artificial, en la formación, en la capacidad que tengan los países. Vamos a introducir en todos los cursos selectivos, que realiza la Administración, formación específica obligatoria en digitalización e inteligencia artificial, aplicada a la Administración pública. Y lo vamos a hacer, además, lanzando un mensaje muy importante. Ahora que hay un debate, sobre las consecuencias de la inteligencia artificial, sobre el mercado laboral, hemos conocido informes como el de Funcas, emitido ayer, vamos a, como digo, digitalizar la Administración pública, vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público. Por lo tanto, vamos a transformar empleos y no a destruir empleos. Creo que la Administración, con esto lanza un mensaje y un ejemplo muy poderoso, no solamente a todo el sector público, sino también al sector privado, de cómo se puede transformar, de cómo se puede modernizar, y que todo eso sirva para seguir creando empleo, y no destruirlo. De hecho, el saldo final de esta oferta pública de empleo, me refiero a la diferencia entre las plazas que se incorporan, y las que se jubilan, será de 6.200 en positivo. Por lo tanto, habrá 6200 empleados más en la Administración, con la ejecución de esta oferta pública de empleo. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo se digitaliza, y se aplica la inteligencia artificial, y eso sirve para seguir creando empleo, y no para destruir empleo. Vamos con los números generales. Ahí tienen una gráfica, que es muy clara de cómo, después de años de recortes con la anterior administración, este Gobierno de coalición progresista, ha ido aumentando la función pública para revertir los recortes que se produjeron en aquellos años. La oferta de este año, cuenta con 27.232 plazas para la Administración General del Estado. Hay que decir que, en esta ocasión, hay una especificidad. Además, hay una convocatoria extraordinaria de 346 plazas, para hacer frente a la emergencia climática, básicamente destinadas al MITECO. Al final, el saldo es de 6.200 puestos en positivo. Para que se hagan una idea, la oferta pública global, en relación con el año pasado es bastante similar a la del año pasado. Un poquito, ligeramente superior, pero bastante similar a la del año pasado. Creo que tenemos otra gráfica, donde se ve la comparación directa. Ahí lo tienen. La comparación directa entre este año, y el pasado. Para que se entienda, el año pasado se convocaron, en la Administración General del Estado, 26.889. Este año son 27.232. Es decir, 300 plazas más aproximadamente. Eso, sin contar con las ofertas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y las fuerzas armadas, que ya vinieron antes, van en otro decreto, que pasaron de 9.699 en el 25 a 9.785 en el 26. Es decir, 100 más que el año anterior. Por lo tanto, la oferta global, porque la que traemos hoy, es la de la Administración General del Estado, no la de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la oferta global, con todo acumulado, son 36.588. Perdón, son 37.017 frente a 36.588 del año pasado. Esta es la oferta que traemos, que, como digo, tiene este gran objetivo, pero tiene también otra gran novedad, muy importante.

Desde hace tiempo, había un compromiso, que recientemente firmamos también con los sindicatos, para ir suprimiendo la vieja fórmula de la tasa de reposición, que, para que lo entiendan, consiste en ver las bajas, para básicamente cubrir bajas, e ir viendo cuántas bajas, hay para poner cuántas altas hay, para hacer una verdadera transformación de la Administración. Esto es lo que los expertos llaman una gestión provisional de efectivos, pero que consiste en ver cuáles son las prioridades de la Administración, cuáles son las necesidades de nuestra ciudadanía, para empezar por ahí, para empezar, reforzando aquellas áreas que, creemos que son claves, que son estratégicas, y que necesitan un refuerzo. Es decir, no empezar viendo una tabla para ver cuántas bajas hay, y cuántas altas corresponden, sino empezar por ver qué es lo que queremos que produzca la Administración, cuáles son las prioridades, y a continuación, a partir de ahí, diseñar toda la oferta pública de empleo. Y así lo hemos hecho este año, por primera vez.

Por eso, verán ustedes, hay otra tabla. Bueno, este es el rejuvenecimiento. Lo mencionó ya la portavoz. Creo que es una excelente noticia. Precisamente, porque hemos hecho estas ofertas de empleo público, en los últimos años, hemos conseguido rejuvenecer, casi tres años la edad media de la Administración pública, que estaba, desde luego, bastante por encima de 50 años. Ahora está por debajo de 50 años. Una buena noticia. Hemos ido rejuveneciendo, la función pública en la Administración General del Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde yo quería ir. En el sentido de que esta es otra de las grandes novedades. Como decía, no está hecha en función de cuántas bajas tienes, cuántas altas te pongo, sino de qué prioridades tiene el país, qué prioridades tiene el Gobierno y cómo se cubren esas prioridades.

Por eso se han priorizado áreas como la transformación digital, obviamente. El impulso y el liderazgo de la transición energética, donde el liderazgo de España, en todo lo que tiene que ver con energías verdes, es un motor económico del país. La prevención de las emergencias climáticas, y la lucha contra el cambio climático. El refuerzo de las capacidades de ciberseguridad del Estado. La mejora de las infraestructuras y del transporte. La estrategia comercial, ahora que vivimos este contexto internacional, precisamente reforzamos los servicios comerciales del Estado, para acompañar a nuestras empresas en la internacionalización. La seguridad pública, la protección de los ciudadanos, y el refuerzo de las capacidades de defensa, obviamente, está aquí la ministra, estamos con el proceso de regularización. Todo lo que tiene que ver con la gestión de nacionalidad y migraciones, o la mejora de la atención a la ciudadanía. A estas prioridades, que les acabo de mencionar, que son prioridades claramente de país, le hemos incrementado un 30 %, la oferta pública de empleo. Por lo tanto, el esfuerzo se hace donde se debe hacer, donde tiene las prioridades este país. Y las tiene, desde luego, es ser una Administración mucho más eficaz, mucho más eficiente, con el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, en seguir creando empleo público de calidad, en prestar los mejores servicios, y en hacerlo en aquello que de verdad le interesa y le conviene a nuestro país. Por eso, esas áreas prioritarias han sido, permítanme la reiteración, priorizadas en la contratación, y no se ha hecho, para que lo entiendan, al esquema clásico de "tantas bajas, tantas altas". No. Sabiendo dónde se quiere ir con un plan que es de país. Gracias.

- Portavoz. - Gracias, ministro. Ahora sí.

- Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.- Sí, muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias por la asistencia. Efectivamente, hoy hemos llevado al Consejo de Ministros, entre otros puntos, la primera vuelta para la ampliación de la LOPIVI, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia. Y, además, el informe anual de la Estrategia de Erradicación de la Violencia, hacia las infancias. Son dos herramientas fundamentales, porque nos permiten conocer la realidad, por un lado, pero también nos permiten actuar para transformarla. Quiero decir que la ampliación de esta ley, supone un punto de inflexión para nuestro país y nos coloca a la vanguardia internacional, en la protección de derechos y de las libertades de las infancias.

Por supuesto, la puesta en marcha de esta ampliación, ha contado primero, con un análisis riguroso del impacto y la incidencia, que tuvo la puesta en marcha de la LOPIVI en el año 2021, pero, además, hemos contado con los datos que nos ha facilitado la macroencuesta, que presentamos hace apenas unos meses, de prevalencia de la violencia, hacia las infancias. Una macroencuesta que, francamente, nos da unos datos bastante dolorosos, en relación al impacto de las violencias en las infancias en nuestro país. Y que nos dice que, casi la mitad de las personas encuestadas, ha sufrido violencia psicológica durante su infancia, cuatro de cada diez, violencia física, y casi tres, de cada diez, violencia sexual. Y desde este punto, desde estos datos concretos, hemos partido de tres premisas para plantear la ampliación de esta ley, del desarrollo de esta ley.

En primer lugar, las cifras de la macroencuesta, nos dan una radiografía que refleja un problema estructural. Por tanto, es imprescindible que las violencias contra la infancia, y su erradicación, pasen de ser un asunto privado, un asunto que forma parte de la conversación privada, a ser parte del debate público y de las políticas públicas de una manera más determinante. Esto, en nuestra opinión, tiene que ver mucho con que las historias de violencia, pues son el resultado, de alguna manera, de una cultura que históricamente ha minimizado estas cuestiones.

En segundo lugar, es una ley que se hace desde la perspectiva de infancia, rompe con el "adultocentrismo" clásico con el que, como sociedades, nos vamos desarrollando. Y esto significa concretamente que, además de plantear la erradicación de la violencia, es una ley que pone en el centro, el buen trato, insisto mucho en este aspecto, el buen trato, hacia las infancias.

Y, en tercer lugar, plantea mecanismos claros, concretos, para erradicar la violencia que sufren, o que puedan sufrir niños y niñas en nuestro país. Tanto a nivel institucional, y esto es importante, como a nivel de los entornos socioafectivos.

Antes de entrar en los detalles, si me lo permiten, creo que es importante reconocer algo. Un pequeño gesto de restitución casi, si me lo permiten. Reconocer algo. Y es que España, tiene una deuda con parte de sus infancias. Porque, durante años, se ha dudado de alguna manera de su palabra, y se ha señalado, se ha criminalizado, a las mamás protectoras. Por tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer, como instituciones, y como sociedad, es reconocer esta realidad, es nombrarla, es asumirla, y pedir perdón o pediros perdón. Me dirijo a todos los niños y niñas. Disculpas a todas las niñas, a todos los niños, que no han sido escuchadas, que no han sido escuchados. Esta ley, está precisamente formulada, para que esto sea así, con garantías. No podemos ser neutrales, ante las violencias, y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia, y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado.

Hay tres ideas centrales que, si me permiten, simplemente enumero, que son las que atraviesan de manera singular esta ley. En primer lugar, la escucha de las personas menores. No es una concesión. No es una concesión. Es una garantía de derechos, y es una cuestión de justicia. Por eso, se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez, suficiente. Se establecen condiciones tanto, en el ámbito administrativo como, en el ámbito judicial. Entre ellas, la necesidad de que la escucha se realice en formas adaptadas a la edad, con un lenguaje accesible, y con la obligación de evitar el contacto con el presunto agresor. Esto, junto al refuerzo del interés superior del menor, obliga al conjunto del sistema, tanto a nivel judicial, como administrativo, a motivar sus decisiones desde una verdadera perspectiva de infancia. La segunda idea, el segundo eje, es que se prohíbe el falso síndrome de alienación parental, y todas sus reformulaciones, de forma explícita. Sin matices. Se prohíbe una herramienta, que todavía sigue utilizándose para desacreditar a mujeres, niños y niñas, y para criminalizarlas. Ningún informe público o privado basado en el SAP, podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además, las resoluciones que lo utilicen, podrán ser impugnadas. Desde el Gobierno, planteamos acabar con prácticas que han contribuido a la revictimización, y tomamos una posición clara, frente a una forma de violencia institucional. Con esta prohibición, España vuelve a ser país pionero, en la defensa de los derechos de la infancia, ya que es el primer país, en prohibir su uso por ley. Insisto en este asunto. España va a ser el primer país, en prohibir el uso del SAP por ley. El tercer eje, proteger nunca puede significar convivir con el maltratador. La ampliación de la LOPIVI va a reforzar que la protección de la persona menor, deba prevalecer frente a cualquier automatismo, en casos de custodias y de visitas. ¿Y de qué manera? Pues se establece con claridad, que el interés superior del menor implica su alejamiento de la persona, que ejerce la violencia. Se incluye la obligación, de investigar cuando existan indicios de violencia, incluso si la persona menor no lo verbaliza. Hay que entender también, cómo son los procesos de niños y niñas. Si un niño o una niña rechaza, el contacto con uno de sus progenitores, esto no se va a poder ignorar. Si la autoridad, decide no investigar, tendrá que motivar las razones. Y se incorpora una medida, con enorme impacto práctico, y es que bastará el consentimiento de un solo progenitor, para que una persona menor víctima de violencia, pueda acceder a la atención psicológica, social o jurídica. El agresor, no podrá en ningún caso tener la capacidad de veto, sobre el proceso de reparación del niño o la niña. El mismo principio se aplica, a otro cambio que introduce la reforma. Los maltratadores, no podrán trabajar con las infancias y las adolescencias. Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes, que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia, y la adolescencia, no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.

En todo caso, esta reforma, la reforma que aprobamos hoy, supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado, frente a la violencia contra la infancia. Como ya he explicado, reforzando la escucha, detallando el interés superior del menor, objetivándolo, y esto sí que es una cosa muy importante, ya no es una cuestión arbitraria o subjetiva. Con esto, lo que hacemos es evitar arbitrariedades, por tanto, a la hora de aplicarlo, y era un punto de partida muy importante. Y establecemos la prioridad absoluta, de que un niño y una niña, crezcan en entornos libres de violencia. También hay otras acciones, que enumero rápidamente. La agilización en el proceso del reconocimiento de las infancias, como víctimas de violencia de género, algo que tiene que hacerse simultáneamente, a la acreditación de las mujeres. Es decir, a partir de la aprobación de esta ley, los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, serán también consideradas víctimas de violencia de género. Reforzamos la formación de todos los profesionales, a través de un plan director de formación. Mejoramos el acceso a la justicia, con la creación de turnos de oficio especializados, en violencia contra la infancia y la adolescencia. Y dotamos, a la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, de la capacidad de personarse, ante casos de desprotección grave de las personas menores de edad.

Estos son algunos de los elementos principales de la reforma. Por supuesto, quedo a disposición para ampliar cualquier aspecto. Y quiero terminar agradeciendo, de manera especial la aportación, el trabajo y la generosidad de las personas, que nos han acompañado durante todo este proceso, estos meses, para construir esta propuesta. A mujeres juristas, magistradas, sociólogas, pediatras, educadoras y trabajadoras sociales, y psicólogas. Quiero agradecer también, al movimiento feminista, por ser siempre un motor de avance en los derechos de nuestro país. Un agradecimiento también especial, a las mamás protectoras, que no solo luchan por sus hijos e hijas, sino que también luchan para que ninguna mujer, ninguna mujer, tenga que sufrir lo que ellas han sufrido. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los que fueron niños y niñas, y que, de forma tan enormemente generosa, han compartido testimonios de dolor, que nos han permitido actualizar una ley, que blinda derechos, que evita repeticiones, y que hace que se consolide una sociedad, del buen trato. Gracias.

- Portavoz.- A ti también, ministra. Gracias.

- Esther Redondo (La Sexta). Hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas. Empiezo por el ministro Bolaños. Quería saber, ministro, si ha habido algún tipo de instrucción política por parte del Gobierno, a la fiscalía para que mantenga su petición de penas a Víctor de Aldama. Saber también si a usted le ha sorprendido, que la acusación popular, liderada por el PP, se rebaje esa petición de penas. Y, por último, ¿por qué ha decidido presentar ahora una querella contra el comisionista?

A la ministra portavoz, quería los detalles, las novedades, que nos puedan dar de este crucero con hantavirus, porque la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que va a ir el barco a las Islas Canarias, pero el Ministerio de Sanidad ha dicho, que no hay ninguna decisión tomada. Si nos puede dar todo tipo de novedades, ¿hay un protocolo preparado? ¿Qué va a pasar? Y también preguntarle, portavoz, por el incidente que la semana pasada se produjo entre Vito Quiles, y la esposa del presidente del Gobierno. Saber si podemos conocer ya el contenido, de la denuncia, que ha presentado y si han tomado ustedes una decisión para evitar que situaciones de estas vuelvan a ocurrir.

Y, por último, y voy muy rápido, al ministro Óscar López, preguntarle por el viaje de la presidenta Ayuso a México. En este momento de deshielo, parece, entre los dos gobiernos, saber si a usted le parece prudente, que la presidenta Ayuso, haya protagonizado un homenaje a Hernán Cortés. Gracias.

- Portavoz.- Empiece, por favor, ministro.

- Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.- Muy bien. Gracias por las preguntas. Contesto las tres que me corresponden a mí.

En primer lugar, respecto a las acciones judiciales que he interpuesto, pues ayer dije todo lo que tenía que decir, y hoy no tengo nada más que añadir y ahora, es el tiempo de la justicia. Por tanto, dejemos que esa demanda, se vaya tramitando y la justicia nos irá dando respuesta. Segunda de las cuestiones que plantea, que es la petición del Partido Popular, para que se rebaje la petición de pena de cárcel, al señor Aldama. Yo aquí quiero ser muy claro. Quiero dar las gracias, al Partido Popular y al señor Aldama, por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro, y el otro con los unos. Y, en tercer lugar, respecto a la pregunta que me hace de la petición que ha hecho la fiscalía, en esta misma causa, pues ha sido una decisión del Ministerio Fiscal, basada en criterios técnicos. Respeto absoluto, desde el Gobierno y del Ministerio de Justicia, a las decisiones que adopta el Ministerio Fiscal. Por tanto, es un criterio y es una decisión que adopta el Ministerio Fiscal, en su conjunto que, por supuesto, nosotros respetamos.

- Portavoz.- Ministro.

- Ministro Para la Transformación Digital y de la Función Pública.- Aclaro. Respondo a la pregunta que me han realizado. Lo digo para luego posteriores interpretaciones, sobre la mesa del Consejo de Ministros. Respondo a la pregunta que me ha realizado. Bueno, el viaje de la señora Ayuso a México, desde luego, no tiene precedentes. Diez días. Verdaderamente sorprendente, que un responsable político pueda desaparecer diez días. Estamos acostumbrados a esos viajes, pero yo después de ver la agenda, me pregunto cuál de estos motivos tiene el viaje. A, Turismo. B, promoción, quizá, no lo sé, del musical de Nacho Cano. C, recibir medallas que pagamos los madrileños, a 300.000 €, sale la medalla, o D, seguir haciendo contactos en Latinoamérica, para su futuro. Una de estas cuatro, porque a la vista de la agenda no veo otra. Yo lamento que la señora Ayuso, no tenga la cabeza en Madrid, y esté dedicada a, entiendo que, a gestionarse su futuro.

- Portavoz.-¿Está?

- Ministro Para la Transformación Digital y de la Función Pública.- ¿Quieres que?

- Portavoz.- Dale, dale.

- Ministro Para la Transformación Digital y de la Función Pública.- Hacía una mención que, en relación con estos agitadores que hemos conocido recientemente. Yo quería decir, las cosas que estamos haciendo para evitar, que esto pueda suceder en un país avanzado democráticamente, como es España, aclarando que periodista, es el profesional, que está dispuesto a pagar cualquier precio para contar la verdad. Y agitador, es el que cobra por contar mentiras, y sembrar el odio. Esa es la diferencia entre un periodista, y un agitador. Lo saben bien, en Reporteros Sin Fronteras. Vayan a ver las cifras, cómo los periodistas han dado hasta su vida, por contar la verdad en países con menos democracia. Esa es la diferencia.

Pues bien, este problema, que no es solo español, que lo tiene Europa. Por eso, estamos poniendo en marcha, y quiero hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, para que aprueben en las Cortes, las medidas que está llevando este Gobierno, que son coherentes con las aprobadas en Bruselas, en el Plan de Acción por la Democracia europeo, con el Plan de Acción por la Democracia español, y que incluye, la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, la Ley de Servicios Digitales, la próxima Ley de Publicidad Institucional, las reformas jurídicas que está haciendo el ministro de Justicia, el señor Bolaños, precisamente para actualizar nuestro derecho, a lo digital. Porque es verdad, que tenemos un derecho concebido en una era analógica, y que se tiene que adaptar. De ahí, que el derecho a la rectificación, el al honor, como decía el ministro Bolaños, las pruebas digitales. Todo eso, tiene que ir al derecho tradicional. Por lo tanto, el Gobierno está poniendo todo un paquete de medidas, precisamente para combatir todo esto, que el primero contra el que van, es el periodismo.

- Portavoz.- Bueno, pues engancho, Esther, con la segunda pregunta que me ha formulado. Yo condeno con rotundidad, la agresión sufrida por Begoña Gómez. Como sabe, se presentó una denuncia, y esta sigue su curso. Este tipo de actuaciones, son absolutamente intolerables en democracia, impropias de una democracia, pero lo que también es realmente doloroso es, bueno, pues quien las ampara, y quienes no las condena con rotundidad. En este sentido y, además, en esta sala, yo quiero verbalizar, yo tengo un respeto profundo, por el periodismo libre, que busca la verdad. Este señor, el señor Vito Quiles, no es periodista. Para él, el periodismo es un disfraz, y lo que hace es monetizar el odio, pero me preocupa, si cabe más, quien lo ampara, quien le aplaude, incluso quien le invita, y quien le coloca de cabeza de cartel, en actos de formaciones políticas.

Y, en segundo lugar, en relación con el hantavirus, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación, junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias, para abordar esta situación. De hecho, a la una hay una reunión, que se va a celebrar entre la OMS y el Gobierno de España. Le diré que está todo dispuesto, para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS, pero, insisto, en estos minutos, en estos momentos, dada la hora que es, está teniendo lugar una reunión entre la OMS y el Gobierno de España.

- Fernando Garea (El Español).- Sí, buenos días. Al ministro de Presidencia y Justicia, le quería preguntar sobre el plan normativo, y el grado de cumplimiento, especialmente, para los que ya son proyectos de ley y han llegado al parlamento. Quería saber, qué opciones hay de formar mayorías, para sacar algunas de las iniciativas que están atascadas, por ejemplo, las de justicia, que mejor conoce y que algunas llevan un año, en el Congreso sin que salgan, como las de acceso a la carrera judicial, estatuto fiscal o enjuiciamiento criminal. ¿Qué perspectivas hay, desde su punto de vista, para que salgan adelante, para terminar de culminar el cumplimiento? Y en el plan también, el principal incumplimiento, no solo del plan, sino de la Constitución, son los Presupuestos. Le quería preguntar si prevé, que este año se cumpla, por fin, y se aprueben los Presupuestos del 26. Insistiendo en un tema planteado antes, le quería preguntar también su opinión sobre la declaración, de José Luis Ábalos. ¿Qué opinión tiene? Y también, una vez terminado el juicio, prácticamente, que está en la fase de conclusiones, si cree que se ha zanjado la responsabilidad política sobre el caso, aún en el supuesto de que finalmente haya condena. Muchas gracias.

- Portavoz.- Ministro.

- Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.- Gracias. Respondo a las cuatro preguntas, que se me formulan. Respecto a las tramitaciones que tenemos en curso, quiero darles algunos datos, que me habrán escuchado quizá, alguna vez anterior decirlas, pero que, me gusta reiterar porque ponen de manifiesto cuál es la realidad de esta legislatura. Yo comprendo que hay otros discursos interesados en otros enfoques, pero la realidad es que en esta legislatura hemos aprobado 62 leyes. 62 leyes. Esas 62 leyes, son dos reformas constitucionales, en toda la historia de la democracia en nuestro país, se han abordado cuatro reformas de la Constitución. En esta legislatura hemos aprobado, dos reformas de la Constitución. Hemos aprobado, diez leyes orgánicas, que están ya en el Boletín Oficial del Estado, que están ya en vigor. Hemos aprobado, 18 leyes ordinarias, y hemos convalidado, 32 reales decretos leyes. Esto hace un total de 62 leyes, que están ya en vigor en el Boletín Oficial, aprobadas por este parlamento. Cualquier ciudadano podrá preguntarse: "Bueno, ¿62 son muchas, son pocas?". Bien, comparemos con el mismo periodo, respecto a parlamentos autonómicos. El parlamento español, es el parlamento que más leyes aprueba, en el período que va desde el inicio de esta legislatura hasta el día de hoy. El que más, con una única excepción, el parlamento de la Comunidad Valenciana, las Corts Valencianas, porque han aprobado innumerables decretos leyes, que tienen que ver con medidas relacionadas con la DANA. Obviamente, un episodio excepcional, fluctuoso, trágico, que ha tenido que responder el parlamento valenciano. Exceptuando el parlamento valenciano, el Gobierno de España, y las Cortes Generales, son las que más leyes aprueban, incluyendo parlamentos autonómicos que tienen mayorías absolutas, que alguno hay. Esta es la realidad. Esta es la realidad.

Es decir, tenemos una compleja, pero razonable, estabilidad parlamentaria. Claro que es compleja. Es lo que han votado los ciudadanos. A todos nos hubiera gustado un parlamento diferente, seguro que cada uno de nosotros, hubiera hecho una distribución distinta del parlamento, pero la ciudadanía votó, en julio del 23 y decidió que esa era la composición del Congreso. Y por eso le digo que, en ese Congreso, complejo, plural, diverso, distinto, que conlleva un trabajo y un esfuerzo enorme, sacar adelante cualquier cosa, haber aprobado 62 leyes, dos reformas de la Constitución, es una tarea, permítanme, absolutamente hercúlea. Y lo hemos conseguido. Por eso les digo que la estabilidad parlamentaria es compleja, pero razonable. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Las normas que usted me planteaba, pues son normas que, se están trabajando en el Congreso, que algunas vamos a avanzar, antes de que termine el período de sesiones actual que, como saben ustedes, termina el 30 de junio. Vamos a intentar impulsar leyes que, están en tramitación parlamentaria porque son demandas sociales, porque es necesario. Transformar, mejorar nuestro país, cada día con normas. Y claro que hay que llegar a acuerdos, por supuesto, pero es que también es la seña de identidad de este Gobierno. Y, por tanto, pues creo que, de esta manera, le doy respuesta a la primera de las preguntas que me formulaba.

La segunda de las preguntas, que son los Presupuestos generales del Estado. Hubo unas jornadas, bien interesantes que no tuvieron ninguna repercusión pública, pero que fueron muy interesantes, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de estudio del derecho, que se celebraron en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que, como saben ustedes, es, prácticamente, la academia del constitucionalismo. Y ahí, se habló de qué supone la obligación, que establece la Constitución de presentación de los Presupuestos generales del Estado. Si es una obligación programática, si es una obligación política, cuál es la, digamos, la consecuencia de hacerlo o de no hacerlo. Ahí, que, desde el punto de vista académico, se valoraron todos los escenarios y se interpretaron de una manera muy completa, todas las distintas posibilidades, la conclusión final es que, obviamente, es una obligación política, y nosotros tenemos voluntad, de aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado, y llevarla al parlamento. Ahora, no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas, que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que no se les escapa a ustedes cuáles, son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso, y que, no esté muy condicionado por las incertidumbres, que tienen que ver con el panorama internacional que existe hoy, en nuestro planeta. Pero, esta situación pasará, y nuestra idea, la voluntad del Gobierno, es aprobar esa Ley de Presupuestos Generales del Estado, y llevarla a tramitación parlamentaria, y trabajar duro, para conseguir apoyos. Afortunadamente tenemos unos presupuestos, que son muy buenos, donde ya, se incorporan esos 25.000 millones de euros, de fondos europeos anuales, que han servido, entre otras políticas, para que hoy, multipliquemos por seis, el crecimiento económico de la zona euro. Por seis. Es que hoy España, crece seis veces más que la media de la Eurozona, y ese crecimiento económico tiene, por supuesto, consecuencias sociales. Las cifras de empleo, que hoy hemos conocido, lo ponen de manifiesto. Una cifra récord, de crecimiento de empleo, y récord en generación, también de puestos de trabajo. Estamos por encima de los 22 millones, de afiliados, algo que era impensable hace tan solo unos años. Por tanto, creo que es fundamental también, poner en valor que los presupuestos que tenemos prorrogados, son unos presupuestos que funcionan, que están funcionando, que evidentemente están teniendo un gran resultado económico y social, en nuestro país.

Tercera de sus preguntas. Mire, creo que en un momento como está la causa, por la que usted me pregunta, que es la celebración del juicio oral. Es decir, el punto y final de esa causa, de ese procedimiento judicial, creo que lo que tenemos que hacer desde el Gobierno, es respetar completamente, no solo las decisiones judiciales que allí se están adoptando, sino también las declaraciones que las distintas partes, en este caso, acusados, están llevando a cabo. Y, por tanto, respeto absoluto. Y ahora, es el momento en el que le toca al Supremo, determinar la culpabilidad o la inocencia, de los acusados. Y nosotros, que ya adoptamos, y respondo con esto a la cuarta de las preguntas, ya adoptamos medidas como Partido Socialista. Este no es el lugar, aquí es la mesa del Consejo de Ministros, pero usted me pregunta, yo le respondo. El Partido Socialista, indiscutiblemente que adoptó medidas contundentes, e inmediatas cuando tuvimos las primeras noticias, los primeros indicios, de comportamientos supuestamente irregulares, que no había ni siquiera investigación judicial abierta. Y, adoptamos medidas, para apartar a estos señores que hoy están acusados, para apartarles del partido, y apartarles de la militancia del Partido Socialista. Por tanto, esas medidas se adoptaron, con mucha agilidad, con mucha contundencia, con mucha rapidez. Ahora, es el tiempo de la justicia, cuando fue el tiempo de las decisiones políticas, se adoptaron de inmediato, y se separó de sus puestos, en el Partido Socialista, a estas personas de inmediato. Insisto, sin investigación judicial abierta, solo, conociendo algunos indicios de comportamientos, supuestamente irregulares.

- Portavoz.- Gracias, ministro.

-Alejandro López de Miguel (Artículo 14).- ¿Qué tal, ministro? Sobre el Plan Anual Normativo, quería que el ministro Bolaños concretara, de esos 131 reales decretos, cuáles son de ley, y por tanto necesitan su debate de convalidación en las Cortes. También me gustaría saber, si en el Plan Anual Normativo, se incluye la reforma de la financiación autonómica, o la Ley de Secretos Oficiales, que en julio hará ya un año que ustedes aprobaron, en forma de anteproyecto.

Y para la ministra Sira Rego, a raíz de la LOPIVI, dos dudas muy concretas ¿cómo se hace efectiva la prohibición del Síndrome de Alienación Parental?, más allá de impedir que se utilicen informes, etc., qué pasa, si personas que utilizan este concepto difunden informes, en los que en ese caso concreto no está incluido, qué pasa cuando aparece en una sentencia, ¿hay algún tipo de régimen sancionador, por recurrir a este concepto? Y tampoco me queda muy claro, cómo va a afectar al régimen de visitas, a padres condenados, cuando vemos resoluciones de Audiencias Provinciales, que dicen que la supresión de estas visitas, conlleva un riesgo de desafección que no beneficia al desarrollo del menor, y básicamente ahí, se quitan de un plumazo cualquier dificultad para permitir esas visitas. Gracias.

-Portavoz.- Ministra, ¿empiezas tú?

-Ministra de Juventud e Infancia.- Sí. Sí. En relación a la aplicación del SAP, nos parecía muy importante, situarlo o prohibirlo, explícitamente porque, es uno de los instrumentos, primero, que están bloqueando y cercenando, los derechos de niños y niñas y generando un tipo de sentencias, que no tienen en cuenta sus necesidades, esto en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, porque es un concepto, que está utilizando la extrema derecha, de una manera intencionada para golpear a las mujeres y evitar denuncias, porque hay una amenaza que, hay una amenaza velada o explícita, a través del uso del SAP, y la posibilidad de que, muchas mujeres se queden sin la custodia de sus hijos e hijas. Hay una posibilidad de recurrir, en este tipo de sentencias a partir de la aprobación, se podrá solicitar, explícitamente, viene desarrollado en la ley. Lo que planteamos es una prohibición del uso, en cualquier caso, ya no podrá, de cualquier teoría pseudocientífica, que está avalado, además, académicamente, que esto está fuera de, absolutamente fuera de lugar. Y, por tanto, planteamos de una manera explícita, en la ley, es que no se pueda utilizar. Insisto en esta idea, uno de los mecanismos para, que afectan en términos de violencia institucional, y hay que ponerlo claramente sobre la mesa, y uno de los mecanismos que está haciendo, uno de los artefactos, que está utilizando la extrema derecha, para golpear a las mujeres, y golpear al feminismo. Por tanto, era, y limitar de los derechos de niños y niñas. En relación al régimen de visitas, claro, esto se va a trabajar paralelamente en la ley de violencia vicaria, es ahí, donde va a quedar más definido. Pero sí decir una cosa, cuando nosotros planteamos acreditar, o que se tenga que acreditar, el interés superior del menor, y acreditar y velar, porque se escuche a los niños y niñas, y cuando estamos hablando, por otro lado, de que se reconozca, el estatus de víctima de violencia de género, a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, ya estamos incorporando una serie de indicadores, que hacen que lógicamente, se parta de un lugar concreto a la hora de estipular, el régimen de visitas. Es decir, no abordamos específicamente la cuestión de las visitas, en esta ley, sino en la ley de violencia vicaria, pero sí que ordenamos, y sobre todo, importantísima esta consideración del interés superior del menor, porque objetivarla, y hacer un gradiente de lo que supone, generando en primer lugar un uso, que dice que lo prioritario es que el niño y la niña, viva en un entorno libre de violencia, y alejados de sus presuntos agresores, ya de alguna manera modifica la praxis, o de alguna manera, encarrila, por decirlo de alguna manera, la posibilidad del régimen de visitas y lo condiciona. Porque articulamos, y prevemos, en cualquier caso, que esto se ordene de una manera completamente diferente, y ya no es subjetiva, la manera de aplicar el interés superior de la infancia, sino que viene acreditado en la propia ley.

- Portavoz.- Gracias, ministra. Te toca, ministro.

- Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.- Sí. Respecto a las tres preguntas muy concretas, que me hacía, ninguna de las propuestas que incluye, el Plan Anual Normativo, son reales decretos leyes, porque el real decreto ley, por definición, son aquellas normas que se dictan por el Gobierno, en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, que dan respuesta a acontecimientos inesperados, extraordinarios, o a una urgencia de Gobierno que también no está prevista con antelación.

Es decir, este Plan Anual Normativo incluye, como decía al inicio de mi intervención, diez leyes orgánicas, y 38 leyes ordinarias, y el resto son reales decretos, pero no incluye ningún real decreto ley, por definición, porque si lo incluyera estaría planificado, y, por tanto, no respondería a una urgente necesidad. Segunda pregunta, sí incluye, la Ley de Financiación Autonómica, para aprobarla en el Gobierno, y posteriormente llevarla a tramitación parlamentaria. Y, en tercer lugar, tercera de las preguntas que me formula, no incluye la Ley de Secretos Oficiales, porque ya está aprobada por el Gobierno, está en tramitación parlamentaria. Está en tramitación parlamentaria, y es una de las leyes que tenemos voluntad de impulsar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque yo creo que, es un buen ejemplo. La ley vigente de secretos oficiales, es de 1968, es una ley preconstitucional y franquista, y no es un adjetivo traído al caso, sino que es que es objetivo, que es una ley dictada por las Cortes franquistas, que sigue en vigor, es verdad que ha tenido algunas reformas, pero sigue en vigor, el grueso de esa ley. No cumple con ninguno de los estándares europeos, ni ninguno de los mejores estándares de las democracias, más avanzadas del mundo, y por eso el Gobierno, por cierto, el primer Gobierno de la democracia, que ha aprobado, un proyecto de ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, el primero Gobierno de la democracia, que lo ha llevado a tramitación parlamentaria. Todos los grupos, si usted pregunta uno por uno, todos le dirán que efectivamente la ley del 68, está obsoleta, es una antigualla, no cumple con los mejores estándares democráticos, y que hay que cambiarla. Bueno, pues tenemos que convertir eso, en un acuerdo donde seamos capaces, de aprobar la democrática Ley de Información Clasificada, que así se llama, que el Gobierno ya aprobó, que estaba en el Plan Anual Normativo, del año 2025, y que ahora está en tramitación parlamentaria.

- Portavoz.- Muy bien.

- Juan Manuel Romero (El Independiente).- Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ministros. Yo también, ministro, quería preguntarle por el Plan Anual Normativo, y atornillando alguna de las cuestiones, por las que se le ha preguntado. Respecto a Presupuestos, nos ha dicho antes en la introducción, si no recuerdo mal, Presupuesto de 2026. Quería preguntarle si la intención es Presupuesto de 2026, llevarlos a la Cámara, o los de 2027, lo digo porque estamos en mayo y ya parece difícil que puedan llegar a la Cámara, más teniendo en cuenta las incertidumbres de las que hablaba, el proyecto en tiempo.

Segundo, sobre el asunto de los secretos oficiales, si están dispuestos a rebajar, el número de años para la desclasificación, teniendo en cuenta que es lo que piden los grupos, que dicen que pese a la rebaja que se introdujo en el proyecto de ley respecto al anteproyecto, no era suficiente. También quería preguntarle por la abolición de la prostitución, puesto que es un proyecto que el PSOE ha reivindicado, que se anunció, de hecho, para el otoño pasado, lo anunció la ministra de Igualdad, y todavía no se ha avanzado en ese asunto, quería preguntarle si va, en este Plan Anual Normativo, si tienen intención de impulsarlo. Y luego, una cuestión sobre el IVA franquiciado, que lo reclama Junts, para poder tramitar la prórroga de alquileres, por la que tanto presiona Sumar, si cree que es posible avanzar algo en esa línea o no, porque ellos imponen el asunto de los 85.000 € para los autónomos, y es una barrera que no está dispuesto a cumplir el Gobierno, según nos han trasladado, es verdad, que esa parte no es obligatoria en la trasposición de la directiva.

Y una última cuestión sobre financiación y deuda ¿cuándo cree que llegará el asunto de financiación al Congreso, y el tema de la deuda, que ya está en tramitación parlamentaria, pero que todavía no ha pasado por totalidad? ¿Qué es lo que está pasando con esa iniciativa? Gracias.

- Portavoz.- Ministro, todo tuyo.

- Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.- Muy bien, pues respondo a las cinco preguntas, que me formula con mucho, con mucho cariño. La primera pregunta que me hace, tiene que ver otra vez con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, insisto que, nuestra voluntad es presentar esa ley, y presentar esa ley, para el año 2026, esa es nuestra voluntad. Obviamente, pues vamos a trabajar primero, en el ámbito interno, tenemos que esclarecer, no nosotros, no el Gobierno, no España, el mundo, cuál es las previsiones económicas a las que todos tenemos que adaptarnos, porque obviamente, no se les escapará a ustedes que nada tiene que ver la previsión económica, si la situación geopolítica cambia, porque la tregua, frágil, actual se convierte en definitiva, o si muy al contrario, se recrudece el conflicto. Y, por tanto, no estamos en disposición en este momento, insisto, ni España ni nadie, en poder hacer una previsión económica, en el medio y en el largo plazo.

Sobre la Ley de Secretos Oficiales, me pregunta usted cosas bien interesantes, que tienen que ver casi con las conversaciones que hay que tener con los grupos parlamentarios: "Están ustedes dispuestos a rebajar?". Estamos dispuestos a hablar, a sentarnos, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que sea razonable. Que cumpla con los estándares democráticos mejores del mundo, que adapte nuestra legislación, a lo que tiene que ser una democracia avanzada, como España, y que, por supuesto, consiga un acuerdo mayoritario en la Cámara, para sacar adelante esta ley. Nosotros, siempre, estamos hablando con los grupos parlamentarios, y esta es una ley, que debiera salir aprobada en el Parlamento.

Me habla de una norma, que también respondo, porque se me pregunta, pero que no tiene que ver con esta mesa, que es la propuesta, la proposición de ley, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, para la abolición de la prostitución. No está en el Plan Anual Normativo, porque es un asunto que es el grupo socialista, el Partido Socialista, quien lidera. Lo que sí, está en el Plan Anual Normativo, es la ley de trata y contra la explotación de seres humanos, donde se regulan todos los fenómenos que tienen que ver con la trata, normalmente de mujeres, y también todas las formas de explotación humana, para evitarlas, para prohibirlas, para ponerles coto. Esa norma sí está, en el Plan Anual Normativo, nuestra voluntad es llevarla, bueno, pues no tardará, no tardará, y nada que ver, aunque esté relacionada, con la abolición de la prostitución, que insisto, es una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español.

Me pregunta por el IVA franquiciado. Esto en términos técnicos es la Directiva DAC8. Nosotros como Gobierno, hicimos nuestro trabajo. Y es aprobar, el proyecto de ley, que está en tramitación parlamentaria. En esa normativa europea, no hay ninguna obligación, ninguna obligación de, digamos, acordar un determinado importe de facturación, para evitar o eximir de tributación, a los autónomos. La directiva, lo que hace es regular, en términos generales lo que tiene que ser la tributación de autónomos y otras figuras. El Ministerio de Hacienda, impulsó esta norma, y ahora está en tramitación parlamentaria, para trabajarla con los grupos. Pero insisto, yo creo que hay que hablar de cada norma, hay que trabajar, digamos, ley por ley, proyecto por proyecto, y no podemos, digamos, establecer acuerdos absolutamente generales, que tienen que ver con todo tipo de normas, para aprobar otras leyes, muy concretas. Una cosa, son las políticas en materia de vivienda, otra cosa es, la trasposición definitiva del DAC8, de lo que venimos denominando el IVA franquiciado, aunque no tiene nada que ver con la directiva, y, cuestión distinta es que nos sentemos con los grupos, para buscar puntos de equilibrio, para ver hasta dónde podemos avanzar en cada materia.

Y sobre la última de los asuntos, y es la condonación de la deuda. Pues los tiempos en el Parlamento, tienen que ver, con lo avanzada que está la negociación con los diferentes grupos parlamentarios. Por tanto, los debates a la totalidad, o luego la constitución de la ponencia, o luego, los debates en ponencia, o luego los debates en comisión, o luego, el debate en pleno, tienen que ver, con cómo avanzamos con cada grupo en cada una de las leyes. Y en esta ley, pues todavía no se ha celebrado el debate a la totalidad, yo creo que, lo podremos celebrar en un tiempo razonable, y creo que, podrá superar ese debate en la enmienda a la totalidad. Pero, no obstante, hay que seguir trabajándolo, y una vez que tengamos esos apoyos, pues, podremos seguir avanzando en la tramitación parlamentaria, de esa ley.

- Portavoz.- Muchas gracias, ministro.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)