Referencia Consejo de Ministros

SUMARIO

Economía, Comercio y Empresa

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Hacienda

Interior

Transportes y Movilidad Sostenible

Cultura

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Juventud e Infancia

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO Y DE LA FORMACIÓN EN EL TRABAJO

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se regula la concesión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo, para el ejercicio presupuestario 2026.

Subvenciones para programas de empleo joven, innovación y primeras experiencias en las administraciones públicas

Este real decreto incluye las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinadas a la ejecución para el año 2026 de programas de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, de formación en el trabajo, o de una combinación de ambos.

Las subvenciones del SEPE se harán efectivas a través los programas experienciales de empleo y formación TándEM, así como de iniciativas para el empleo joven en programas de primera experiencia profesional en las administraciones públicas. Por otra parte, el programa Investigo contribuirá a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas e incrementar la competitividad de la investigación y la innovación. El importe total de las subvenciones aprobadas asciende a 16.798.120 euros.

Esta dotación presupuestaria del SEPE atiende al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que han de ejecutarse los programas y planes de empleo objeto de subvención, los cuales sólo pueden realizarse por determinados organismos o Administraciones que, por su propia esencia y su carácter eminentemente social, determinan su carácter extraordinario.

Todos los programas y planes mencionados presentan como característica común las excepcionales circunstancias en que se encuentran las personas desempleadas que serán beneficiarias. Su participación les permitirá adquirir una mayor formación, en su caso acompañada de un período de experiencia profesional o sólo esta última; además, en determinados supuestos la ejecución de estos programas mejorará la atención que recibe la ciudadanía en general.

Características de estos proyectos:

En concreto, el Servicio Público de Empleo Estatal tiene previsto realizar durante el año 2026, programas experienciales de empleo y formación TándEM, consistentes en proyectos de carácter temporal dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas que participen en ellos a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional.

También se desarrollarán programas de colaboración para fomentar la contratación temporal de personas desempleadas para la realización de obras o servicios de interés general y social que mejoren la atención que se presta a la ciudadanía.

Para hacer frente al reto del desempleo juvenil mediante la contratación de personas jóvenes desempleadas en proyectos que les proporcionen una primera experiencia profesional en las administraciones públicas y en proyectos que contribuyan a incrementar la competitividad de la investigación y la innovación (programa Investigo) todo ello en colaboración con los organismos de la Administración General del Estado.

Entidades colaboradoras. Los programas subvencionados están desarrollados por:

• El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
• La Jefatura Central de Tráfico y la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, dependientes del Ministerio del Interior.
• El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura.
• El Instituto de la Juventud (INJUVE), dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia.
• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
• La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
• La Biblioteca Nacional de España (BNE), dependiente del Ministerio de Cultura.
• La Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Planes de empleo de Andalucía, Extremadura y Canarias

Asimismo, este real decreto continua con el desarrollo de los Planes de Empleo de Andalucía, Extremadura y Canarias, con la consiguiente participación del Estado en su financiación a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Estos planes incorporan medidas para combatir el paro e impulsar el empleo en el archipiélago y ambas comunidades autónomas.

El real decreto aprobado regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo, para el ejercicio presupuestario 2026. La financiación se realizará con cargo al presupuesto del SEPE y será de 50.000.000 euros para el Plan integral de empleo de Andalucía, 15.000.000 para el Plan integral de Empleo de Extremadura, y 45.000.000, para el Plan integral de empleo de Canarias.

Plan Integral de Empleo de Andalucía

Por lo que se refiere al Plan de Empleo de Andalucía, serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en el convenio que se formalice entre el SEPE y la Comunidad Autónoma. En particular, las dirigidas a incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo mejorando sus condiciones, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso. Se incluyen incentivos a la contratación para el afloramiento de la economía sumergida; el desarrollo de Planes de Empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas al objeto de mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables, actuaciones para la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo y de servicios de apoyo a la creación de empresa; y a su vez actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas.

El texto del real decreto también incluye promover la contratación, y la consolidación e impulso del empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, especialmente en áreas de especial protección medio ambientales, tales como el entorno del Parque de Doñana.

Plan Integral de Empleo de Extremadura

En relación con el Plan de Empleo de Extremadura, serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en el convenio que se formalice entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la citada Comunidad Autónoma para generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad de la población activa facilitando la adquisición, actualización y mejora de las aptitudes y actitudes necesarias para el mercado laboral actual y futuro, a través de Políticas Activas de Empleo renovadas; fomentar la inclusión y diversidad; potenciar y consolidar los sectores estratégicos; estimular la Transformación Digital y mejorar el Servicio Público de Empleo.

Plan Integral de Empleo de Canarias

Con respecto al Plan de Empleo Integral de Canarias, serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en el convenio que se formalice entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la citada Comunidad Autónoma con el objetivo, además de crear empleo, de generar oportunidades de inserción estables y sostenibles que promuevan la cohesión social y territorial, mejorando las condiciones laborales y consolidando un desarrollo más equitativo en todo el archipiélago.

Para esto, el texto contempla el desarrollo de una política activa de empleo más ágil, territorializada y con fuerte contenido social; se priorizará la atención a colectivos vulnerables: mujeres con baja empleabilidad, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y personas desempleadas de larga duración y del ámbito rural; se impulsará una formación profesional más cercana al tejido productivo y alineada con la economía verde, digital, azul y creativa; y se fomentarán el emprendimiento, la innovación local y los proyectos colaborativos de empleo en sectores estratégicos.

Trabajo y Economía Social

SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EN OFICINAS DE EMPLEO CON PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por importe de 15.000.000 euros.

Estas oficinas, en las que el SEPE presta servicio, se integran en la red de oficinas de empleo de la que son titulares los distintos servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, presentan deficiencias que podrán resolverse con esta inversión.

La convocatoria tiene carácter anual y tiene como finalidad contribuir a la financiación de las oficinas de empleo cuya titularidad ostentan las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de su mantenimiento y renovación. El Servicio Público de Empleo Estatal contribuye a su financiación mediante los fondos de modernización que se distribuyen anualmente.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

NUEVA REGULACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

El proyecto tiene por objeto dotar de una nueva regulación a la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reformando sus principales órganos y redefiniendo sus fines y objetivos a fin de adaptarlos a la actual situación administrativa nacional y a las nuevas directrices y orientaciones de la UNESCO sobre las Comisiones Nacionales.

A su vez, se pretende asegurar la financiación y medios de la Comisión Nacional, con el fin de que pueda cumplir su misión atendiendo a las circunstancias y necesidades actuales.

En consecuencia, la presente norma dispone la derogación del vigente Real Decreto 173/2004, de 30 de enero, por el que se reestructura la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL

El acuerdo fue firmado en El Cairo, el 15 de enero de 2026. El acuerdo persigue establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional en materia penal que facilite la prestación de asistencia judicial entre ambos países promoviendo así la seguridad jurídica en las relaciones mutuas y, a su vez, fijar, sobre una base de reciprocidad, un instrumento que regule dicha asistencia judicial.

El Acuerdo regula, con carácter general, la prestación de asistencia jurídica mutua en procedimientos de índole penal, que tienen lugar en alguna de las Partes, estableciendo las modalidades de dicha asistencia, así como las peculiaridades de su procedimiento.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

El Acuerdo fue firmado en El Cairo el 15 de enero de 2026. El objeto de este es reforzar las relaciones entre ambos Estados y regular la figura de la extradición.

A pesar de que las negociaciones de este Acuerdo se remontan a los años 90, no se intensificó el intercambio de posturas hasta el año 2011. Tras varios intentos por realizar rondas negociadoras, en abril de 2025 se retomaron los contactos para dar con un borrador definitivo, de forma que se obtuvo un acuerdo sobre el contenido del texto del tratado a finales de noviembre de 2025.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 207 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

En la sesión 111ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra del 5 al 16 de junio de 2023, se adoptó la Recomendación número 207 sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental.

Este Recomendación tiene por objeto complementar las disposiciones del Convenio nº 191 de la OIT, sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental, adoptado simultáneamente en la misma Conferencia y actualmente en proceso de ser ratificado por España. Las disposiciones de la Recomendación no producen cambios sustanciales que requieran modificación normativa en la legislación española.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución de la OIT, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha elevado la Recomendación nº 207 de la OIT al Consejo de Ministros para su conocimiento y ha acordado su remisión a las Cortes Generales a efectos de su conocimiento.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MARCO DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ESPAÑA-SENEGAL 2026-2030

El Marco de Asociación España-Senegal 2026 2030, que sustituye al Marco de Asociación País España-Senegal 2019-2023, profundiza en una cooperación basada en los derechos humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la justicia climática y la educación de calidad, consolidando una trayectoria bilateral caracterizada por el diálogo, la corresponsabilidad y el enfoque horizontal. Diseñado con una orientación a retos estructurales y al equilibrio territorial, el Marco busca acompañar los desafíos multidimensionales de Senegal -particularmente en un contexto de transición demográfica, climática, económica y urbana- y reforzar la resiliencia del país, su cohesión social y su capacidad institucional.

El Marco de Asociación incorpora de manera transversal la cultura como motor de cohesión social, la digitalización, la sostenibilidad ambiental, la perspectiva feminista y la reducción de desigualdades, asegurando que las intervenciones respondan a las realidades territoriales y a los retos de un país clave para la estabilidad y la integración regional en África occidental.

Asimismo, el Marco potencia una red amplia de alianzas, que integra instituciones públicas senegalesas, la cooperación descentralizada española, organizaciones no gubernamentales, universidades, sector privado, organismos multilaterales, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, promoviendo sinergias y corresponsabilidad en la acción.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PRÉSTAMO A LA ENTIDAD BANCO DE DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CARGO AL FONDO ESPAÑOL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, POR UN IMPORTE DE HASTA 50.000.000 DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES

El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), establecido en 2011, tiene como misión la inclusión financiera, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del tejido productivo en El Salvador. La entidad cuenta con una sólida estructura de gobierno corporativo diseñada para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

Es la cuarta operación con esta institución, consolidando una relación estratégica iniciada en 2000 para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas salvadoreñas, facilitando su acceso al crédito productivo con un enfoque especial en mujeres, sectores vulnerables y financiación climática.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA AECID A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES HUMANITARIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para la realización de acciones humanitarias, correspondiente al año 2026, por un importe de 15.000.000 de euros ampliable hasta un importe máximo de 24.000.000 de euros.

Las subvenciones de esta convocatoria financiarán acciones humanitarias que realicen las ONGD con el objetivo la prevención y preparación ante desastres, la respuesta a emergencias, la atención a crisis complejas, crónicas y recurrentes, la recuperación temprana y la protección de personas en situación de especial vulnerabilidad.

Serán financiables los proyectos que desarrollen las líneas de acción del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, aplicables en el ámbito de la acción humanitaria, prioritariamente en los siguientes sectores: salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición, protección y educación en emergencias, reducción de riesgo de desastres y acción anticipatoria.

Igualmente, serán financiables las acciones específicas de género, entendidas como aquellas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres, niñas y adolescentes y que tengan como objetivo principal promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con enfoque transformador e interseccional.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA AECID A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA SOLIDARIDAD GLOBAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global correspondiente al período 2026-2029.

La anualidad de 2026 se realizará por un máximo estimado de 75.000.000 de euros, siendo el importe máximo previsto para el resto de anualidades de 75.000.000 de euros en cada ejercicio (2027, 2028, y 2029) supeditado a la disponibilidad de crédito.

En esta convocatoria serán subvencionables los convenios dirigidos al desarrollo de actuaciones en los siguientes ámbitos: Convenios de Desarrollo Sostenible, consistentes en actuaciones diseñadas para lograr un objetivo general de desarrollo en las áreas geográficas y sectores priorizados en la convocatoria; Convenios Humanitarios, cuyo objetivo es proteger vidas, aliviar el sufrimiento humano y cubrir necesidades básicas ante crisis de origen natural, ambiental o humano; y Convenios de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global cuyo objetivo es promover un modelo de ciudadanía global capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo de los pueblos, desde un enfoque de derechos humanos, y para la promoción del comercio justo.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

AMPLIACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA (LOPIVI)

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en vigor desde 2021. La reforma de la norma garantizará el derecho a la escucha de niños y niñas. De este modo, se establece la obligatoriedad de contar con su testimonio en los procedimientos judiciales y administrativos que les afecten, independientemente de su edad.

La ampliación de la LOPIVI refuerza el interés superior del menor, de manera que deberá jus tificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege el bienestar físico, emocional y psicológico de niños y niñas.

En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que le violente.

Asimismo, el nuevo texto prohíbe de manera expresa el llamado 'Síndrome de Alienación Parental' (SAP) junto con cualquier reformulación o planteamiento pseudocientífico. Por tanto, ningún informe público o privado basado en el Síndrome de Alienación Parental podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos y las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.

Entre las novedades, la reforma contempla también el endurecimiento de los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será obligatorio para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia.

En última instancia, la titular de Juventud e Infancia ha destacado que la Dirección General de Infancia, en colaboración con las administraciones competentes, tendrá capacidad de intervención directa ante casos de desprotección grave de las personas menores de edad.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO OBTENIDA POR LAS APUESTAS DEPORTIVO-BENÉFICAS A LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reconoce a la Liga Profesional de Fútbol Femenino como beneficiaria de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado, una medida que garantiza y consolida una nueva vía de financiación para los clubes de la Liga F.

Con esta medida, se apuesta por la sostenibilidad económica y por el fortalecimiento estructural de la primera liga profesional femenina de nuestro país.

No en vano, el fútbol femenino se ha convertido en uno de los principales motores de transformación social en el deporte, erigiéndose en referente de igualdad, visibilidad y generación de oportunidades para las mujeres.

La aprobación del Real Decreto, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, pone fin al proceso de tramitación, que ha incluido la consulta pública previa, el trámite de audiencia e información pública, la solicitud de informes a los Ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Hacienda; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; y Educación, Formación Profesional y Deportes, así como el informe del Consejo de Estado.

Con esta nueva vía de financiación, los clubes podrán disponer de mayores recursos para asegurar su viabilidad económica, mejorar sus estructuras y seguir elevando el nivel competitivo de una liga que ganará visibilidad en el objetivo de ser referente internacional.

El reparto de la recaudación

El importe obtenido por la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas de fútbol será distribuido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en base a los siguientes porcentajes:

• El 49,95% para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas.
• El 45,50% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga Profesional de Fútbol Femenino, con la siguiente distribución:
• El 30,50% para la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que aglutina a los clubes de Primera y Segunda División masculina.
• El 15% para la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
• El 4,55% para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional.

El importe que se consignará para cada una de las entidades beneficiarias podrá ser destinado a financiar tanto operaciones de naturaleza corriente como actuaciones de inversión.

Así, el importe previsto para la Liga Profesional de Fútbol Femenino será destinado de manera preferente al pago de prestaciones necesarias para el mejor desenvolvimiento de las competiciones de fútbol profesional entre las recogidas en el convenio de coordinación suscrito con la Real Federación Española de Fútbol y en el convenio colectivo suscrito con la representación de las jugadoras profesionales.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL 20 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional por el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el siguiente texto:

"A fecha de 22 de febrero de 2019, se aprobó en el seno del Consejo de Ministros un acuerdo que establecía el 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este tratado internacional, de obligado cumplimiento para España, se aprobó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, por lo que, en este año 2026, se cumplen 20 años de su adopción.

En estos 20 años, su adopción ha supuesto un amplio rango de mejoras para las personas con discapacidad y sus familias, entre las que destaca especialmente el refuerzo de la posición de estas personas dentro del sistema de protección de derechos humanos, además, de forma vinculante para los Estados signatarios.

Por su importancia social y política, con motivo de su 20 aniversario, y a propuesta conjunta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros y Ministras aprueba la siguiente declaración institucional que sirve a su vez para reconocer este hito mundial y recoger algunas de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España para dar cumplimiento a este Tratado dentro de nuestro ordenamiento jurídico:

La principal de ellas, vertebradora por incorporarse en la más alta instancia de nuestro sistema normativo, es la reforma del artículo 49 de la Constitución, que adopta así nuestra carta magna al mencionado tratado internacional y del que la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 constituye una de sus políticas palanca para que las obligaciones recogidas en la Convención se transformen en medidas concretas con un impacto directo en las vidas de las personas con discapacidad y su familias. Además, se consideran los siguientes avances para acomodar nuestro ordenamiento jurídico y de política pública al marco de la Convención:

En relación con la no discriminación y la protección social de forma generalizada, destaca la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que refuerza el estatus jurídico para mitigar las discriminaciones por razón de discapacidad. También es importante mencionar que el Ingreso Mínimo Vital ofrece una mayor protección a las personas con discapacidad, así como el aumento de las asignaciones que se ha producido por hijo a cargo hasta los 26 años en caso de discapacidad. Destaca la mejora la jubilación anticipada para las personas con discapacidad, en tanto se amplían en once las nuevas situaciones de salud generadoras de discapacidad para que se beneficien de este sistema de protección social y les permita acceder a la jubilación anticipada en estos casos o el hecho de que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, incluye a las personas con discapacidad como colectivo prioritario en el derecho a la vivienda. Por último, en materia sanitaria, destaca el Plan Nacional de bienestar saludable de las personas con discapacidad, con una dotación de 140 millones de euros, que incluye la eliminación de algunos copagos del catálogo ortoprotésico. Asimismo, se incorpora la discapacidad y la accesibilidad como ejes trasversales y prioritarios de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y en la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, al que da apoyo la nueva figura del Embajador en Misión Especial para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo España el segundo país del mundo en contar con ese tipo de puesto.

En relación con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, es importante mencionar la adopción de un Plan estatal para proteger y promover los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, con una dotación de 65 millones de euros, que reconoce la discriminación interseccional que sufren estas mujeres por razón de discapacidad y de género, y busca darle respuesta para sacarlas de la desigualdad. También en relación con esta cuestión, se destaca la protección frente a situaciones de violencia, a través de medidas incorporadas tanto en Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia como en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Genero.

En relación con los derechos en la infancia y a la educación se destaca la aprobación del Consenso estatal de atención temprana, con una dotación de 42 millones de euros, cuyo objeto principal es poner el foco en los derechos de la infancia con discapacidad y garantizar la igualdad de oportunidades desde la edad temprana. Asimismo, en el ámbito educativo, la LOMLOE refuerza el compromiso con una educación inclusiva previendo los apoyos, ajustes razonables y recursos necesarios para garantizar su acceso, permanencia, participación y aprendizaje del alumnado con discapacidad en condiciones de equidad. Se ha incrementado la dotación presupuestaria en becas para personas con discapacidad y además se cuenta con un programa de ayudas específico para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto académico tal y como lo hayan elegido. Además, tanto la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario como la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, incluyen medidas dirigidas a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en la educación superior.

En relación con la accesibilidad universal, es relevante la puesta en marcha del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, con una dotación de 84 millones de euros, con el fin de caminar hacia la accesibilidad universal y reducir las barreras de acceso a los diferentes servicios, oportunidades y experiencias. Cabe mencionar que también se han destinado más de 100 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la mejora de la accesibilidad a los servicios públicos. Además, se han incorporado mandatos de accesibilidad en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual; se ha desarrollado la ley de lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación oral; y se ha aprobado una norma para otorgar rango legal a la accesibilidad cognitiva, para asegurar el derecho a la información a las personas con dificultades de comprensión. A este respecto, vinculado con la movilidad, se destaca también que España ha liderado la Directiva de la Tarjeta Europea de Discapacidad y está trabajando en la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, y en los dispositivos para promover la movilidad de las personas con discapacidad de forma internacional, sin limitación alguna. A nivel nacional, también se han incorporado salvaguardas para asegurar una movilidad accesible en la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.

En relación con el acceso a la administración de justicia, son relevantes tanto la adopción de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, como la formación impartida a facilitadores procesales y operadores jurídicos, así como la mejora de la accesibilidad a las sedes judiciales y policiales.

En relación con el pleno ejercicio de derechos y participación social, económica, política y cultural, es importante mencionar la aprobación de la Estrategia de Española de Desinstitucionalización, que asegura que las personas con discapacidad dispongan de recursos para su vida independiente y dispongan de instrumentos para participar plenamente de sus comunidades. En términos de empleo, también se ha modificado el Estatuto de los Trabajadores para impedir la extinción automática del contrato de trabajo de las personas trabajadoras que acceden a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. Por otro lado, la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, introduce medidas para mejorar las tasas de actividad de las personas con discapacidad. Asimismo, se ha incrementado al 10% la tasa de reserva al empleo público para este colectivo, se han creado las unidades de inclusión laboral garantizando eficazmente el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En lo relativo al ejercicio de derechos políticos, se han eliminado las restricciones legales para el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad y se han regulado normativamente las medidas de accesibilidad en los procesos electorales. En materia cultural, la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos es la política palanca para promover el acceso a la cultura de las personas con discapacidad en España.

Con todo este bagaje acumulado, resulta fundamental la aprobación del Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española. Este hito es la culminación de un proceso que va a permitir adaptar definitivamente nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Convención, suponiendo el andamiaje necesario para la articulación de un país de, para y con las personas con discapacidad con ciudadanía plena.

Por todo lo expuesto, y en aras de poder extender el valor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se insta a las Administraciones públicas, los poderes del Estado, la sociedad civil, la academia, la empresa y la prensa, a integrar los preceptos del mencionado tratado internacional y a desplegarlos en la máxima capacidad posible, posicionando a España como un país a la vanguardia de la ampliación y consolidación de derechos de las personas con discapacidad".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PLAN ANUAL NORMATIVO 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado (PAN) para 2026, que contiene las normas que prevé impulsar a lo largo de este año. El plan incluye 179 iniciativas: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos.

Igualmente, se ha aprobado el Informe de Evaluación del PAN del año 2025.

179 iniciativas en el PAN de 2026

Entre las leyes incluidas en el PAN, destaca la Ley Orgánica de Integridad Pública, enmarcada en la estrategia para combatir la corrupción en el ámbito público. En materia de igualdad, son destacables la Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que aborda de forma conjunta la lucha contra todas las formas de trata (no solo la que tiene como finalidad la explotación sexual).

En el ámbito laboral, destacan la Ley de democracia en la empresa, que impulsa una participación más eficaz de las personas trabajadoras en sus respectivas empresas; la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para afrontar los desafíos del trabajo en el siglo XXI; la Ley relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas y la modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer las garantías adecuadas frente al despido. Y en materia de Justicia, la Ley del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita, que sustituirá a la actual norma tras más de 30 años en vigor, y la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, más garantista y adaptada al entorno digital.

Además de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cabe señalar también la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que reformará el sistema de financiación autonómica para hacerlo más eficiente y equitativo.

El plan també incluye reformas como la de la Ley de protección a la infancia (LOPIVI), aprobada hoy en Consejo de Ministros; la Ley Orgánica de Juventud y Derechos de las Generaciones Futuras, que promoverá la participación de las personas jóvenes en la vida política, social, económica y cultural; y la Ley de medicamentos y productos sanitarios, que, entre otros cambios, adapta el sistema para hacer frente a los avances científicos disruptivos y profundiza en la racionalización del gasto farmacéutico; la de consumo sostenible, que actualiza la normativa en lo relativo a esta cuestión; o la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que incluye medidas para promover el buen uso de la IA en el ámbito de la Administración General del Estado y un régimen sancionador aplicable a los sistemas de IA introducidos en territorio español.

Por ministerios, los que más propuestas incluyen en el PAN son Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con 20 iniciativas; Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 19; Economía, Comercio y Empresa, con 18; y Trabajo y Economía Social, con 17. 61 de las 179 iniciativas suponen la incorporación de derecho de la Unión Europea a nuestro ordenamiento interno.

PLAN 2025: más del 82% del plan, aprobado o en tramitación

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Informe de Evaluación del PAN del año 2025, que concluye que se ha alcanzado un grado de ejecución superior al 82%. Esta cifra tiene en cuenta el número de normas previstas en el Plan ya aprobadas (36,18%) y las que se encuentran en tramitación (46,23%).

Además, durante 2025 el Gobierno ha impulsado otras normas que no estaban previstas en el PAN. Por ejemplo, reales decretos-ley para atender a situaciones de vulnerabilidad, reforzar nuestro sistema eléctrico tras la interrupción del suministro del 28 de abril de 2025, responder a la amenaza arancelaria o adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza.

Defensa

PRENDAS DE VESTUARIO QUE CONFORMAN LA UNIFORMIDAD, CALZADO Y ACCESORIOS DE USO EN LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de prendas de vestuario que conforman la uniformidad, calzado y accesorios de uso en la Armada, conforme a las características o especificaciones que se precisan en sus buques y unidades, tanto en su funcionamiento normal como cuando participen en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ejercicios y maniobras nacionales e internacionales.

La duración del Acuerdo Marco es de dos años, con posibilidad de prórroga de dos años más.

El valor estimado del Acuerdo Marco es de 70.409.360 €.

Defensa

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSA INMEDIATA DE LA FUERZA DE DESEMBARCO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de sistemas de defensa inmediata para la Fuerza de Desembarco de la Armada.

Este Acuerdo Marco, permitirá a la Armada la adquisición de los equipos y del material necesario para actualizar los sistemas de defensa inmediata de las compañías de fusiles y mecanizadas de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de la Armada (BRIMAR-TEAR), integrantes de la Fuerza de Desembarco, garantizando con ello su capacidad de defensa frente a todo tipo de amenazas en sus entornos operativos, en particular frente a vehículos blindados y acorazados, en el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 21.612.436, 80 de euros y tendrá una duración de cuatro años desde su formalización.

Defensa

ACUERDO MARCO DE PERTRECHOS DE CARÁCTER GENERAL PARA BUQUES Y UNIDADES DE LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de pertrechos de carácter general para buques y unidades de la Armada.

Este nuevo Acuerdo Marco, que sustituye al vigente celebrado en 2020, garantizará a la Armada durante los próximos cuatro años, de acuerdo con sus necesidades, el suministro de pertrechos de una manera ágil y flexible mediante la celebración de los correspondientes contratos basados.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 14.041.009, 23 euros y tendrá una duración de dos años desde su formalización, con posibilidad de prórroga de dos años más.

Hacienda

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTOS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un importe de 641.810.591,11 euros.

De ellos, corresponde a gastos de personal la cantidad de 75.080.551,11 euros, a gastos corrientes en bienes y servicios un importe de 176.634.170 euros, y a inversiones reales una cuantía de 390.095.870 euros.

Las diferentes misiones en las que participan las Fuerzas Armadas españolas atienden a los tres grandes objetivos estratégicos siguientes: proporcionar estabilidad y seguridad; luchar contra el terrorismo; y disuadir y defender el territorio aliado.

Para hacer efectivos tales objetivos estratégicos, en el Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 se adoptaron una serie de acuerdos. Entre ellos se encuentra la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la autorización de participación de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil españolas en una serie de misiones fuera de territorio nacional; así como la prórroga en otras misiones y programas internacionales.

Asimismo, se fijan en 400 los observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares que puede desplegar España hasta el 31 de diciembre de 2026, a solicitud, en su caso, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para contribuir a misiones de diplomacia, gestión de crisis, de paz o de ayuda humanitaria, y atender a los compromisos que, en el marco multilateral, pueda adoptar España a la vista de la evolución de los procesos de paz en la Franja de Gaza.

Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, la autorización de posibles despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otras unidades de las Fuerzas Armadas ante situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidades u otras necesidades en apoyo a otras solicitudes bilaterales de naturaleza urgente en el marco de los intereses compartidos con países socios y aliados.

Con objeto de financiar esta ampliación se requiere disponer de un importe de 641.810.591,11 euros con cargo al Fondo de Contingencia. Por tanto, en aplicación del artículo 50.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la aprobación del Consejo de Ministros de la aplicación del Fondo de Contingencia.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A LA C. DE MADRID A FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 795,7 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

En concreto, esta comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.061 millones, destinadas a cubrir el déficit de 2025 pendiente de financiar.

Esta autorización de deuda solo permite formalizar operaciones de deuda por el 75% de dicho importe a la espera de los datos provisionales que se publiquen por la IGAE para el ejercicio 2025.

Esta autorización podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Transportes y Movilidad Sostenible

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE USO GENBERAL POR CARRETERA ENTRE MADRID Y VALENCIA

El Consejo de ministros ha aprobado el proyecto de establecimiento del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid y Valencia.

Este nuevo corredor atenderá potencialmente a más de 6,2 millones de ciudadanos de 130 municipios de las provincias de Albacete (12 municipios), Castellón (12 municipios), Ciudad Real (4 municipios), Cuenca (30 municipios), Guadalajara (25 municipios), Madrid (7 municipios), Teruel (13 municipios) y Valencia (27 municipios). En concreto, unifica las concesiones VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas), VAC-248 (Puertollano-Tomelloso-Cuenca-Albacete-Valencia) y VAC-255 (Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia) a través de 22 rutas y 275 paradas optimizadas por criterios de demanda y accesibilidad. En total, las rutas suman unos 7.240 km.

De esta forma se conservan todas las rutas y paradas actuales con el objetivo de reducir tarifas, renovar flotas y mejorar los servicios. Así, se da respuesta a la gran demanda de movilidad entre Madrid, Cuenca y Valencia, conectando capitales y municipios de relevancia económica y turística como Madrid, Valencia, Gandía, Castellón, Requena o Sagunto. También incluye rutas entre las ciudades y poblaciones de Madrid y Guadalajara con Teruel y de estas últimas con Valencia. Además, se contempla la conexión entre Ciudad Real y Valencia y entre esta última y Albacete.

Novedades

La nueva ordenación del servicio trae novedades como:

• Nuevas paradas en Sisante y Villanueva de la Jara (Cuenca), permitiendo la conexión de estas poblaciones con las vecinas de la Comunitat Valenciana.
• Nuevas conexiones: Arganda del Rey-Valencia; Gandía-Tarancón; La Almarcha-Valencia; La Almarcha-Madrid; Madrid-Sagunto.
• Mejora de tarifas, con una reducción del 12 % respecto a la media ponderada de las tarifas vigentes de los servicios que conforman actualmente el corredor.

La previsión de movilidad de viajeros de autobús para este nuevo corredor se ha cifrado en 503.472 viajeros para 2025 y 524.300 para 2034.

Como sucederá en todos los corredores del nuevo mapa concesional, el concesionario deberá contar con un sistema de ayuda a la explotación (SAE) basado en sistemas de localización geoposicionada por satélite y comunicaciones de datos de última generación que permita la adecuada gestión de la explotación y ofrezca información en tiempo real sobre la flota de autobuses.

El anteproyecto para la prestación del servicio público de transporte regular de viajeros entre Madrid y Valencia ha estado sometido al procedimiento de información pública durante 30 días desde su publicación el pasado 16 de enero de 2026. El siguiente paso del Ministerio será proceder a la licitación del nuevo contrato para la explotación del servicio, tras recabar los informes pertinentes.

31 corredores para finalizar el mapa concesional

El nuevo mapa concesional se completará con 31 nuevos corredores. Así, se prevé la publicación de los respectivos anteproyectos en el mes de junio, para iniciar el trámite de información pública y poder así poder aprobar definitivamente en diciembre el nuevo mapa, una vez recibidas y analizadas las alegaciones.

Una vez aprobados los proyectos, se procederá progresivamente a lo largo de 2027 y 2028 a la licitación de los 31 corredores, dando cumplimento así a lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible.

Actualización y reordenación del mapa concesional

El sistema concesional actual presta servicio a cerca de 2.000 municipios en todo el país. Este sistema tiene su origen en los años 40 del siglo pasado, y a lo largo de las décadas ha demostrado ser un modelo eficaz para garantizar la conectividad y accesibilidad a través de servicios regulares de autobús, considerados de interés público.

Para ello, se lanzarán los procedimientos de licitación necesarios que respetarán las condiciones legales vigentes y fomentarán la competencia leal entre las empresas concesionarias. Esta estrategia permitirá cumplir con varios objetivos, como la reducción generalizada de tarifas, la potenciación de las rutas directas manteniendo la cobertura actual, mayor seguridad jurídica para las empresas, mejora de la sostenibilidad mediante la renovación de flotas, y mejora de los servicios a través de nuevos canales de comunicación y comercialización de los billetes y la implementación de sistemas inteligentes de transporte que faciliten la información al usuario.

Cultura

AYUDAS GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES SOBRE PROYECTO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2026, por un importe de 62 millones de euros. Se trata de una línea de ayudas anticipadas a empresas productoras para la financiación del coste de la producción de proyectos de largometraje mediante la aplicación de criterios objetivos, entre los que se incluyen la viabilidad económica o el impacto socioeconómico de la inversión en España.

El objetivo específico de esta línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, que se convoca mediante convocatoria abierta con dos procedimientos de selección, es mejorar el tejido industrial de las empresas cinematográficas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.

Con estas ayudas se pretende, asimismo, reducir la brecha de género, impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y de carácter técnico. Se destinará un mínimo del 35% del presupuesto para los proyectos realizados exclusivamente por directoras y un mínimo del 10% para proyectos de animación.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria, los proyectos que se presenten deberán incluir, como medidas de accesibilidad universal, el subtitulado especial y la audiodescripción con arreglo a la normativa técnica aplicable, lo que se acreditará en el momento de solicitar la calificación de la película. Además, los proyectos de largometraje que resulten beneficiarios deberán incluir acciones en materia medioambiental y de sostenibilidad y/o un sistema de medición del impacto ambiental y la huella de carbono.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

FORO DE GOBIERNO ABIERTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crea y regula el Foro de Gobierno Abierto para darle un marco más estable y operativo, reforzando su estructura, y para potenciar la colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad civil. El Foro está adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Con esta decisión se cumple uno de los compromisos del V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, aprobado en el marco de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Este compromiso contemplaba la mejora del Foro como instrumento clave para el diálogo estructurado con la sociedad civil, reconociendo su papel esencial en la cocreación de políticas públicas y en la defensa de un espacio cívico plural, colaborativo y propicio para la participación.

Además del rango normativo superior con el que se regula desde ahora y que sustituye a la anterior orden ministerial, el Foro de Gobierno Abierto tendrá una composición paritaria (64 vocalías en el pleno, 32 de las administraciones públicas y 32 de la sociedad civil). Entre las vocalías se incluye una por cada comunidad autónoma y cuatro para la Federación Española de Municipios y Provincias, además de Ceuta y Melilla.

Los órganos de debate y decisión del Foro serán el pleno, la comisión permanente y los grupos de trabajo. La vicepresidencia segunda recae en sociedad civil, con rotación anual, y se publica el calendario en el Portal de la Transparencia.

Las vocalías observadoras (con voz, pero sin voto) ampliarán la pluralidad (órganos consultivos, instituciones científicas, organismos internacionales, etc.) sin romper la paridad. Para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, se elaborará un informe anual del con indicadores verificables y publicación en formato reutilizable y accesible.

El nuevo Foro debe constituirse en un máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado correspondiente a 2026. En esta ocasión, la oferta se estructura en torno a tres ejes principales: la transformación digital de la Administración Pública, la mejora de los servicios esenciales y una planificación que gira sobre las áreas estratégicas.

Captar especialistas en IA, Ciberseguridad y datos

Una de las principales novedades que incorpora la OEP de 2026 es que se convocarán 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la anterior oferta. Además, y por primera vez, se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo de captar especialistas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia del Dato.

Además, se constituirá una alianza por el talento STEM (capacidades en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), para mejorar la competitividad de la oferta pública y asegurar la cobertura de vacantes. Respecto a la capacitación digital, el plan de competencias digitales integrará módulos obligatorios de IA y herramientas de datos en todos los cursos selectivos de esta oferta, al tiempo que se fortalecerán las competencias digitales de todos los empleados públicos.

La OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), a las que se añaden 346 de la OEP extraordinaria para personal destinada a dar respuesta a la emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales. Teniendo en cuenta ambas ofertas, se crearán 6.200 empleos netos.

Refuerzos para protección civil e infraestructuras

Otra de las novedades de esta OEP es que se ha diseñado priorizando la dotación de recursos humanos en áreas estratégicas que surgen del análisis prospectivo de las necesidades de país. La oferta identifica necesidades de refuerzo para el impulso y liderazgo de la transición energética, prevención de las emergencias climáticas y lucha contra el cambio climático, y para ello prevé 852 plazas en cuerpos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se prioriza así la dotación de personal en materia de transición ecológica, emergencia climática y protección civil en la OEP, con una oferta extraordinaria de 346 puestos, dedicados específicamente a fortalecer la presencia del Estado y la capacidad de gestión en zonas afectadas por las recientes emergencias climáticas.

Dentro de las dotaciones en áreas estratégicas destaca también las 601 plazas adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mejorar las infraestructuras; así como las 400 plazas que forman parte de una estrategia comercial que incluye la expansión y refuerzo del tejido productivo y que dependen del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asimismo, se lanzarán 1.589 plazas de personal civil, dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa, para reforzar la seguridad pública, protección de la ciudadanía y refuerzo de las capacidades de defensa.

En cuanto a la mejora de los servicios públicos y la atención a la ciudanía, la OEP refuerza la red de 3.200 oficinas de atención a la ciudadanía repartidas por todo el territorio (Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Catastro,DGT, Subdelegaciones de Gobierno, gerencias territoriales de Justicia…) Además, se realizará una oferta récord en sanidad pública, duplicándose las plazas de hospitales y centros de salud del Estado (1.037 plazas), y un refuerzo del ámbito educativo de la AGE, con 40 plazas de catedrático de enseñanza secundaria para Ceuta y Melilla, que permitirán la promoción profesional y la especialización de este colectivo.

Mejorar la cobertura de los procesos

Con el propósito de aumentar la cobertura de plazas en algunos procesos selectivos, esta OEP incluirá la obligatoriedad para los centros gestores de elaborar un informe de diagnóstico y con medidas de adaptación de las pruebas, agilización del proceso, comunicación y captación de talento, si la cobertura en la última convocatoria ha sido menor al 75%.

Se monitorizarán los procesos selectivos para que no se alarguen más de un año desde que se publica la convocatoria y se continuará con la descentralización de las pruebas en varias sedes por todo el territorio.

La oferta cumple con el cupo del 10% para personas con discapacidad y en total se ofrecerán 2.689 plazas, de las que 538 son para personas con discapacidad intelectual.

Juventud e Infancia

ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS INFANCIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el informe de la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las Infancias relativo a los años 2023 y 2024. El informe presenta que el 90% de las medidas ya están en marcha y muestra avances a la par que señala dificultades como las desigualdades territoriales, la falta de especialización en la judicatura o, la necesidad de mejorar la coordinación y los sistemas de datos.

En este sentido, la ampliación de la LOPIVI avanza en la prevención de la violencia hacia las infancias y en la reparación de las víctimas. De este modo, se agiliza el reconocimiento de la condición de víctima de violencia durante la infancia, se refuerza la formación de todos y todas las profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes a través de un Plan Director de Formación y se mejora el acceso a la justicia con la creación de turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia.

BIOGRAFÍAS

Política Territorial y Memoria Democrática

Secretario general de Coordinación Territorial

D. AGUSTÍN TORRES HERRERO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, ha realizado el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública impartido por el IESE Business School.

Ha desempeñado el puesto de director general de la Administración General del Estado en el Territorio, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde ha tenido responsabilidades en la gestión de recursos humanos, materiales y presupuestarios de las delegaciones del Gobierno, así como en la coordinación de éstas con el resto de los ministerios.

Con anterioridad, ha ocupado diversos puestos, director general de Emigración (2005-2009), director general de Inmigración (2009-2010), director general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Función Pública (2010-2011) y secretario general de Inmigración y Emigración (2018-2020).

Directora general de AGE en el Territorio

D.ª PILAR GONZÁLEZ PUENTE

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública impartido por el IESE Business School.

Ha desempeñado, desde 2020, el puesto de subdirectora general de Coordinación de la Administración General del Estado en el Territorio, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Con anterioridad, ha ocupado diversos puestos, subdirectora general de Pensiones Asistenciales y Programas de Actuación a favor de los Emigrantes, subdirectora general de Normativa e Informes, subdirectora general de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios, subdirectora general de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental y jefa del Gabinete Técnico del secretario general de Inmigración y Emigración.