El Gobierno presenta la reforma del Consejo General del Poder Judicial

Por otra parte, la reforma tiene como objetivo evitar situaciones de bloqueo en la renovación del Consejo. El ministro ha avanzado que se establece un mecanismo para que si una de las Cámaras no elige a los vocales que le corresponden, el Consejo se constituirá con los diez nuevos designados por la otra Cámara y los diez que en su día eligió la que ha incumplido el plazo. El nombramiento de vocales con posterioridad no supondrá la ampliación de su cargo más allá de los cinco años del mandato del Consejo para el que han sido designados.

Ruiz-Gallardón ha añadido que las votaciones serán siempre nominales y no secretas, no cabe la abstención y hay que motivar los acuerdos en materia de nombramientos.

Los seis vocales que formen parte de la Comisión Permanente y el vicepresidente del CGPJ ejercerán su cargo en exclusiva. El resto de los vocales permanecerá en servicio activo en sus puestos de origen.

La presidencia de esta Comisión corresponderá al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y además contará con 6 vocales. El ministro ha subrayado que, como novedad, y para evitar que esto pudiera suponer "la existencia de vocales de primera y de segunda", la permanencia en la Comisión Permanente se realizará por votación, con una duración de un año, "de tal forma que a lo largo del mandato todos los vocales habrán permanecido durante un año" en dicha comisión.

El ministro de Justicia también ha resaltado la creación de la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, que será un magistrado del Tribunal Supremo con más de 25 años de antigüedad: "Va a ser encargado de incoar los instrumentos de procedimiento y formulación de pliego de cargos, aunque después la sanción le corresponderá a la Comisión Disciplinaria, excepto si fuera de separación de servicio, en cuyo caso está reservado para el Pleno".

Autonomía presupuestaria

Alberto Ruíz-Gallardón ha afirmado que el órgano de gobierno de los jueces "mantendrá autonomía presupuestaria". No podrá fijar sus propias retribuciones o dietas, y estará sometido al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas. El primer presupuesto del órgano de gobierno de los jueces se hará en base cero.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El documento revisa los tipos de infracciones, reduce la duración de los arrestos e incorpora la posibilidad de imponer sanciones económicas.

Morenés ha señalado que la norma también supone la adaptación de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. Además, permite aplicar la Ley de Movilización Nacional al personal asimilado al militar.

El ministro ha indicado que se mantiene la sanción de arresto, en el caso de faltas leves, en el domicilio y en la unidad como reestablecimiento de la disciplina. Si bien se limita la duración máxima del arresto, que pasa de 30 días a 14. En el caso de faltas graves, la duración máxima del arresto pasa de dos meses a 30 días y se incorpora la sanción económica. Para faltas muy graves se introduce el arresto con una duración máxima de 60 días. Los arrestos preventivos pasarán de durar un máximo de un mes a 48 horas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la convocatoria de las plazas que restan para completar la Oferta de Empleo Público de este año 2012, que afectan especialmente a la lucha contra el fraude y a los científicos titulares de organismos públicos de investigación. En total son 133 plazas de nuevo ingreso y 347 de promoción interna.

También ha anunciado que la Oferta de Empleo Público para el año 2013, que se aprobará el próximo mes de febrero, tendrá en torno a 1.600 plazas, es decir 485 más que este año. "Se hará un esfuerzo importante en plazas de determinados cuerpos de la Administración General del Estado que hay que mantener y reforzar", como son las relativas a la lucha contra el fraude, la representación de España en el exterior y la administración de justicia. En estas últimas se convocarán 50 plazas de jueces y fiscales, ha señalado la vicepresidenta.

Según ha explicado Sáenz de Santamaría, se trata de "un número equilibrado" que cumple una doble finalidad: redimensionar las Administraciones Públicas y controlar el déficit, a la vez que se mantiene "un número de plazas adecuado para garantizar la profesionalidad y calidad de los servicios de una de las mejores funciones públicas que hay en el mundo".

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que solicita al presidente del Gobierno la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra Decreto Ley aprobado en Cataluña el pasado 18 de diciembre, que grava los depósitos en las entidades de crédito. También solicita al Consejo de Estado que dictamine sobre este asunto, lo que deberá hacer en el plazo de tres días hábiles.

Los motivos del recurso, según ha explicado la vicepresidenta, son varios. En primer lugar, un gobierno en funciones no puede adoptar medidas que vayan más allá de la gestión ordinaria de los asuntos. En segundo lugar, por decreto ley no se pueden crear nuevos impuestos, sólo pueden modificarse, "porque merma las garantías de los contribuyentes".

Además, ha añadido, el Parlamento de la nación aprobó ayer la reserva del hecho imponible sobre depósitos al Estado, debido, fundamentalmente, a que "es necesario garantizar una cierta unidad de mercado entre las comunidades autónomas a la hora de regular este impuesto", pues "no parece lógico que sea un trato diferente el que tenga un depósito de la misma entidad abierto en una u otra comunidad".

La vicepresidenta ha subrayado que "el procedimiento será exactamente el mismo" en caso de que alguna otra comunidad autónoma adopte una medida similar.

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A preguntas de los periodistas sobre los instrumentos que tiene el Ejecutivo para "frenar la consulta soberanista en Cataluña", la vicepresidenta ha subrayado que "el Gobierno no habla de hipótesis". La Constitución Española y las leyes "se cumplirán y se harán cumplir" y ha indicado que en este momento lo que debe tenerse en cuenta es la estabilidad para construir y no generar debates que, únicamente, provocan división.

Respecto a la posibilidad de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ejecutivo catalán, Sáenz de Santamaría ha asegurado que "el Gobierno lo es del conjunto de la nación y vamos a trabajar para que Cataluña y el conjunto de los catalanes padezcan lo menos posible la crisis". "Que nadie tenga la menor duda de que trabajaremos en beneficio de los catalanes", ha dicho.

En cuanto a la idoneidad de que las fuerzas políticas suscriban algún tipo de pacto sobre la unidad nacional, la vicepresidenta ha señalado que la Constitución "va mucho más allá de una declaración", es el marco y el cimiento de la convivencia.

Sobre el balance de un año de Gobierno, la vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo es consciente de la dureza de este año y de que "los españoles llevamos unos cuantos años viviendo en un contexto de crisis del que hay que salir" por ello "el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa para cambiar lo que no funciona".

"Este Gobierno tiene un objetivo: trabajar lo que haya trabajar para superar este momento. España ha salido de crisis políticas, económicas y sociales muy duras. Hay elementos positivos como el dato de la balanza comercial, les puedo decir que no ha habido dato mejor desde 1972", ha asegurado Soraya Sáenz de Santamaría.

Por su parte el ministro de Defensa, Pedro Morenés, al ser preguntado si existe preocupación en la Fuerzas Armadas por la situación en Cataluña, ha asegurado que el Ejército está tranquilo y "sabe perfectamente la tarea que le ha encomendado la nación". Ha dicho que los hombres y mujeres del Ejército, "a nivel personal", tendrán sus opiniones, pero "como Institución no hay otra posición que el cumplimiento estricto de sus obligaciones. "Tengo especial tranquilidad en ese sentido y las Fuerzas Armadas especial confianza en el Gobierno y saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo harán", ha concluido el ministro.