Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Defensa, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos tratados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros bastante amplio en su número de decisiones, con lo que procuraré exponerlas con una cierta agilidad. Ha sido un Consejo importante, tanto por los temas abordados, como por el número de las iniciativas. Como ven, me acompañan los ministros de Justicia y de Defensa, por cuanto hoy el Consejo de Ministros ha aprobado dos Anteproyectos de Leyes Orgánicas importantes en el marco de la agenda reformista que está impulsando este Ejecutivo.

Hoy se ha visto, en primer lugar, en el Consejo el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial; un texto que es parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se está analizando en el Ministerio de Justicia, donde se establecen una estructura, organización y funcionamiento nuevos del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia les informará ampliamente sobre este asunto.

Por otro lado, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que es producto de un mandato de la Ley Orgánica 9/2011, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales novedades establece una mucho mejor regulación en su seno del principio de igualdad de trato y de lucha contra la discriminación.

Voy a centrarme más en otros aspectos que no competen a los Ministerios que me acompañan. En primer lugar, quiero decirles que este Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se autoriza la Oferta de Empleo Público para el año 2012. Como saben, en el año 2012 se estableció una congelación en el incremento de plazas en la Administración General del Estado y en todas las Administraciones, salvo el 10 por 100 de tasa de reposición en una serie de colectivos, especialmente Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lucha contra el fraude.

Pues bien, a lo largo de este año ha ido saliendo la Oferta de Empleo Público de algunos de esos colectivos, especialmente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta completar las 1.115 plazas en el año 2012. Para esta Oferta de Empleo Público lo que se hace es sacar aquellas plazas que afectan especialmente a la lucha contra el fraude y a los científicos que se integran en los organismos públicos de investigación. Lo que se está haciendo es una organización doble: por un lado, un control del déficit público y, por tanto, de las estructuras administrativas, siendo muy conscientes de que tenemos que redimensionar las Administraciones públicas; pero, por otro lado, también evaluar en qué aspectos es necesario mantener y consolidar profesionalidad y calidad de determinados servicios.

Por eso, junto a esta Oferta de Empleo Público del año 2012, les anuncio que en el mes de febrero de 2013 se traerá la Oferta de Empleo Público para el año 2013, con una cobertura de plazas de en torno a 1.600. Entendemos que es un número equilibrado, que cumple esa doble finalidad: por un lado, ser muy conscientes de que tenemos un compromiso de control del déficit público, de que tenemos un compromiso de redimensionar las Administraciones Públicas; pero siendo muy conscientes, después de que evaluar todos y cada uno de los servicios, de que es necesario mantener los servicios en un número de plazas adecuadas que garantice la profesionalidad y la calidad de un servicio de una de las mejores funciones públicas que hay en el mundo, que es la función pública española y, en este caso, la Administración General del Estado.

Para el año 2012, y en las plazas que les citaba de luchas contra el fraude, se convocan quince plazas de Inspectores de Hacienda; nueve de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; cinco de Interventores y Auditores del Estado, Abogados del Estado e Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, es decir, quince entre éstos, cinco para cada uno de estos tres colectivos. Y, en el grupo A 2, cinco plazas de técnicos de Auditoría y Contabilidad, y cuarenta plazas de técnico de Hacienda; además de quince plazas de agentes de Hacienda en el subgrupo C 1. Asimismo, veintiséis plazas de científicos titulares de organismos públicos de investigación.

Para el año 2013, en esas más de 1.600 plazas, amén de la cobertura de las correspondientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se hará un esfuerzo importante en plazas de determinados cuerpos de la Administración del Estado que es necesario mantener y reforzar. Estoy hablando de grandes cuerpos del Estado que llevan a cabo las principales tareas en materia de lucha contra el fraude, representación de España en el exterior en distintos ámbitos propios técnicos de la Administración y, en particular, y esa cifra ya se la puedo dar porque forma parte de los Presupuestos Generales del Estado, cincuenta plazas de jueces y fiscales, cuya convocatoria corresponde gestionar al propio Poder Judicial.

Asimismo, se está haciendo un esfuerzo muy importante de promoción interna, de buscar una carrera profesional dentro de la propia función pública que permita a los funcionarios seguir formándose y seguir avanzando en el escalafón. En este año, en el 2012, se ofertan 347 plazas de promoción interna.

En tercer lugar, en materia de inversión a futuro y compromiso del Gobierno, hoy se aprueba el acuerdo por el que se reitera el apoyo a la candidatura de la ciudad de Madrid para la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020, y se otorgan las garantías solicitadas en el manual de candidatura elaborado por el Comité Olímpico Internacional. Como recordarán, el Consejo de Ministros del 27 de enero ya aprobó un acuerdo de respaldo y ahora, después de conocer el Manual de las Ciudades Candidatas, que elabora el Comité Olímpico Internacional, que reclama una serie de garantías para la organización y celebración de los Juegos, se ha aprobado este nuevo acuerdo, que concreta algunos de los aspectos de la participación de la Administración General del Estado en el acontecimiento.

Esos compromisos que asume el Gobierno de España son, entre otros: el cumplimiento de la Carta Olímpica y de todas las obligaciones establecidas en el dossier de la candidatura; la prestación de servicios públicos de transportes, seguridad ciudadana, protección civil, tráfico, aduanas e inmigración; la puesta a disposición de las sedes deportivas necesarias; la financiación de una tercera parte, un 33,33 por 100, y de las inversiones en infraestructuras deportivas y de transporte necesarias para albergar los Juegos. Pero quiero aclarar que esta inversión sólo se realizará en el caso de que Madrid sea elegida como sede. Hay un compromiso, se presta la garantía, pero sólo en el caso de que Madrid sea designada sede se procederá a hacer esa inversión.

Además, quiero recordar que la candidatura de Madrid se basa en el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, que se estiman en un 85 por 100 del total. Si me equivoco, me corregirá el ministro de Justicia, que se lo sabe bastante mejor que yo.

Por último, les diré que, si se aprueban estas obras y se cumple, por tanto, el compromiso de estas inversiones, que se calculan en un total de 1.591 millones de euros, repartido entre las tres Administraciones, lo que se procederá es a hacer una distribución del cálculo del presupuesto por anualidades para poder cumplir esos compromisos, entendemos, además, en un mejor momento presupuestario.

En otro ámbito de cuestiones, hoy se ha aprobado un doble acuerdo: uno, por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley aprobado en estos días en Cataluña, el 5/212, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, y se ha instado dictamen al Consejo de Estado para que lo emita en el plazo de tres días hábiles para poder facilitar la interposición del recurso.

Los motivos de este recurso son varios. Como todos ustedes saben, el Gobierno de la Generalitat es, hasta su investidura, un Gobierno en funciones y un Gobierno en funciones no puede adoptar medidas o decisiones que vayan más allá de la gestión ordinaria y corriente de los asuntos. En segundo lugar, una norma básica de Derecho Tributario es que no se pueden crear nuevos impuestos por decreto ley. Un decreto ley puede, en ocasiones, modificar impuestos existentes, hasta donde la propia Ley establece que pueden ser modificados mediante esta fórmula; pero no se pueden crear "ex novo", o sea, nuevos impuestos por decreto ley, porque merma las garantías de los contribuyentes.

Pero, además, el Parlamento de la nación aprobó ayer una norma, una ley, que establece la reserva del hecho imponible a la Administración General del Estado, al Estado, de dicho impuesto sobre depósitos. Esto es así por muchas razones, pero por una que se entiende muy bien: es necesario garantizar una cierta unidad de mercado entre todas las Comunidades Autónomas a la hora de la regulación de este impuesto, por cuanto depósitos pueden abrirse en sucursales de distinto lugar y no parece muy lógico que sea un trato diferente el que tenga un depósito de la misma entidad abierto en una u otra localidad, según la Comunidad Autónoma.

Por eso, el Congreso de los Diputados ayer avaló la enmienda del Senado, que establecía la reserva del impuesto; en un principio a tipo cero, pero no porque vaya a mantenerse en ese tipo. Como bien anuncio el ministro de Hacienda en el Senado, se está trabajando, de acuerdo con nuestros compromisos comunitarios y la normativa que allí se establece, en la posibilidad de elevar ese tipo impositivo en una regulación acorde, como digo, con los compromisos asumidos.

También les informo de que tenemos noticia de que alguna otra Comunidad Autónoma puede estar pensando en incluir una medida como la que ha hecho la Generalitat de Catalunya en sus presupuestos y, en ese caso, el procedimiento que se seguirá será exactamente el mismo que en este supuesto.

Quiero, además, confirmarles que se han declarado oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal recibidas a 1 de enero de 2012. La cifra total de españoles es de 47.265.321, lo que supone 74.828 personas más que en el año 2011. Saben que los Ayuntamientos tienen la obligación de remitir al Instituto Nacional de Estadística las variaciones que se vayan produciendo. Para evitar errores o duplicidades; se efectúa la correspondiente comprobación y este Real Decreto lo que certifica es que, a 1 de enero de 2012, según los datos del Padrón, España cuenta con 47.265.321 españoles.

Por último, les informo de que el Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Fernando Martí Scharfhausen como presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y de Cristina Narbona como consejera de esa institución. Ahora será el Congreso de los Diputados el que lleve a cabo la conocida entrevista antes de procederse a su nombramiento definitivo por el Consejo de Ministros.

Voy a dar la palabra, primero, al ministro de Justicia y, después, al de Defensa para que informen sobre los Anteproyectos aprobados en el día de hoy.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Recordarán ustedes que el pasado 6 de julio comparecí en esta misma sala, invitado por la vicepresidenta del Gobierno y portavoz del mismo, para dar cuenta del Informe que presenté al Gabinete en relación con la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Como ha anticipado la Vicepresidenta, saben ustedes que el Gobierno tiene en marcha, mediante el encargo que le hizo a la Comisión de Expertos, la reforma de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el texto básico sobre el cual se construye la Administración de Justicia en nuestro país; pero que tenemos un problema y es que en el mes de septiembre del año que viene vence el mandato del actual Consejo. Ésta es la razón por la que --lo dije entonces y lo repito ahora-- decidimos anticipar una parte de la Ley Orgánica; concretamente la que se refiere a la composición, nombramiento, competencias y estructura del Consejo General del Poder Judicial.

A raíz de ese informe me comprometí también a buscar aproximación a todos aquellos grupos políticos que son determinantes para la aprobación de la misma y para su ulterior aplicación.

Siempre he sostenido que hay determinados aspectos que deben ser objeto de una extensión del consenso constitucional y que no es bueno para el país que un cambio de Gobierno, como consecuencia de la voluntad de los ciudadanos, modifique determinados aspectos estructurales del mismo país y uno de esos aspectos, desde mi punto de vista, es, evidentemente, la Justicia y el gobierno de los jueces y de los magistrados.

Ésa es la razón por la que durante estos meses, durante estos cinco meses, lo que he hecho ha sido una aproximación al efecto de intentar conseguir que se alcance un acuerdo parlamentario para que la Ley sea, no solamente aprobada, que podría serlo dado la composición de la Cámara, con los votos del Partido Popular, sino que sea una Ley respaldada por el máximo número de grupos políticos; pero muy especialmente por aquel partido con el que el Partido Popular ha alternado el Gobierno en nuestra democracia históricamente, es decir, con el Partido Socialista Obrero Español.

Tengo que decir que ésta ha sido una labor intensa, que ha sido una labor discreta y que ha sido una labor que ha aportado al Ministerio de Justicia los elementos de conocimiento para poder hacer lo que hoy hacemos, que es presentar un texto con vocación de consenso. Presentamos un texto para el consenso y presentamos un texto cuya idea es conseguir que su aprobación en las Cortes sea, insisto, no solamente por los diputados del Partido Popular y por los senadores, sino también por los parlamentarios de la oposición política.

Para esto, evidentemente, teníamos necesidad de conocer cuáles eran los criterios que tenía el propio Partido Socialista. Les aclaro que no hemos querido hacer o intentar hacer un pacto de carácter previo, porque pensábamos que, si remitimos un texto cerrado entre las dos formaciones políticas, dejábamos fuera al resto de los Grupos, a los que también queremos invitar a ese consenso.

Por tanto, el texto que hoy les presento es un texto responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad del Gobierno; pero sí les digo que es un texto en el que nosotros lo que hemos hecho ha sido introducir aquellos elementos que nos parecen determinantes, y que el propio Partido Socialista nos había trasladado que eran determinantes, de cara a alcanzar el objetivo que se busca y es que la votación en el Congreso y en el Senado sea una votación por una amplísima mayoría, lo cual, insisto, le dará una estabilidad que garantizará que, al margen de quien decidan los españoles quien gobierne en cada Legislatura, el gobierno de los jueces, ese pilar de la Administración de Justicia, tendrá una continuidad constitucional.

Ése es el trabajo que hemos estado haciendo y éste es el resultado que muy brevemente, sin prejuicio de que, si después quieren hacer alguna ampliación, estoy encantado de trasladársela, nosotros hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, en su condición de Anteproyecto, al efecto de ser remitido, en primer lugar, al Consejo General del Poder Judicial para su informe; después, al Consejo Fiscal y, en tercer lugar, al Consejo de Estado, sin perjuicio de que, ya les anuncie también de que todas las asociaciones judiciales y, por supuesto, todas las autoridades judiciales van a ser convocadas por el Ministerio al efecto de tener la oportunidad, no solamente de explicarles y presentarles este texto, sino tener la oportunidad de escuchar cuáles son sus distintas alegaciones.

La Ley mantiene las competencias del Consejo General del Poder Judicial en los términos establecidos en el artículo 122 de nuestra Constitución y, por lo tanto, todas las atribuciones constitucionales se mantienen estrictamente en la Ley. Donde hay novedades es en algunas otras actividades que no tienen ese carácter constitucional y que, de acuerdo con la legislación vigente o con futuros proyectos del Gobierno, lo hemos adecuado al funcionamiento, no solamente del Consejo, sino de todos los órganos constitucionales. Me refiero a las actividades internacionales, que se llevarán a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y siempre de acuerdo con las directrices de política exterior, que es competencia del Gobierno, del Poder Ejecutivo; a la potestad reglamentaria, que se referirá a la esfera interna; y a la autonomía presupuestaria. El Consejo mantiene su autonomía presupuestaria, el Consejo elabora su propio presupuesto y lo que se hace es vincularlo al principio de especialidad presupuestaria en su sentido cualitativo y sometido a los controles preventivo y externo.

La composición será de veinte vocales, como establece nuestra Constitución: doce jueces serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y los otros ocho serán juristas de reconocida competencia. La designación de los ocho juristas de reconocida competencia corresponde, como expresamente dice el texto constitucional, a las Cámaras. En la elección de los doce jueces y magistrados se procederá de la siguiente manera: cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá ser presentado para ser designado después vocal por este turno y para ello tendrá que presentar el aval bien de veinticinco jueces o magistrados en servicio activo, o bien el aval de una de las asociaciones judiciales legalmente constituidas. Cada uno de los jueces o magistrados o cada una de las asociaciones judiciales podrán avalar hasta un máximo de doce candidatos.

Posteriormente, el presidente del Tribunal Supremo remitirá a ambas Cámaras la lista definitiva de candidatos para que éstas procedan, entre aquellos que han adquirido la condición de candidatos por estar avalados por veinticinco compañeros o por estar avalados por una asociación judicial, a la designación de los vocales del turno judicial.

En la designación de los vocales del turno judicial las Cámaras tomarán en consideración la proporción existente en la carrera judicial entre jueces y magistrados no afiliados, y aquellos que sí están afiliados a las asociaciones judiciales, que, como ustedes saben, es, aproximadamente, un 50 por 100. Con esto se evita la no representación del 50 por 100 de jueces y magistrados no afiliados, que es la situación en la que se han encontrado los últimos Consejos Generales.

La designación de los doce vocales del Consejo del turno judicial deberá respetar también, como mínimo, la siguiente proporción: tres serán magistrados del Tribunal Supremo, tres serán magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera; cuatro, magistrados, pero sin este requisito de antigüedad: con menos de veinticinco años; y, por último, dos jueces.

En relación con los vocales del turno de juristas de reconocida competencia, tendrán que ser profesionales que tengan más de quince años de ejercicio de la profesión y entre estos quince años se podrán computar también, para aquellos casos en que un juez haya dejado de estar en activo y esté en excedencia, el tiempo que haya estado ejerciendo la función jurisdiccional.

Ya muy rápidamente les diré que el resto de las líneas más importantes de este Anteproyecto, aunque soy plenamente consciente que lo que les he dicho hasta ahora es la parte nuclear del mismo, busca, en primer lugar, eliminar situaciones de bloqueo y se establecen mecanismos de tal forma que si, por ejemplo, una de las Cámaras no cumpliese con el mandato constitucional de la renovación del Consejo, con el mandato de la otra Cámara y la prórroga de aquellos que continuarían en su función el Consejo podría constituirse válidamente y elegir al Presidente.

Hay también un sistema de votaciones que lo que buscan es, precisamente, evitar esos supuestos de bloqueo; pero se mantienen las mayorías cualificadas, tres quintos, para las designaciones más importantes, empezando, por supuesto, por la primera que tiene que hacer el Consejo, que es la elección del presidente del Tribunal Supremo.

Hay un criterio de transparencia y eso significa que las votaciones serán siempre nominales y no secretas; que no cabrá la posibilidad de abstención, salvo cuando concurra causa legal, y que hay un refuerzo en exigencia de motivación de los acuerdos en materia de nombramientos. El Consejo tendrá, por lo tanto, que justificar el por qué procede a una elección determinada.

Hay medidas de simplificación y ahorro. Se quedan única y exclusivamente como órganos del Consejo el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Igualdad. Y solamente existirán las Comisiones --éstas que acabo de enumerar-- que están establecidas en la propia Ley.

Con respecto a la dedicación --éste es el último punto importante también--, se establecen una regla general y una excepción. La regla general es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, excepto los que permanezcan en la Comisión Permanente, continuarán en sus funciones en sus puestos de origen y, por lo tanto, aquellos que sean jueces o magistrados continuarán ejerciendo jurisdicción y, si hubiera un fiscal, un catedrático o un abogado, continuará en el ejercicio de su función, con las reglas de abstención siempre que pueda existir algún conflicto de intereses. Éstos percibirán las dietas por el ejercicio de su cargo con una limitación también de carácter presupuestaria, de tal forma que el número de reuniones que provoquen la percepción de dietas no podrá suponer unos ingresos superiores a los de aquellos vocales que sí tengan dedicación exclusiva. La excepción son los miembros de la Comisión Permanente, sólo mientras formen parte de la misma; y ahora explicaré esta cautela. Los miembros de la Comisión Permanente ejercerán el cargo en exclusiva y percibirán la retribución de magistrados del Tribunal Supremo.

Se prohíbe la promoción de los vocales a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo o cualquier otro cargo de la carrera judicial de libre designación, en cuya provisión concurra percepción de méritos, durante el mandato del Consejo al que pertenezcan o al que hayan pertenecido, en el supuesto de que presentasen su dimisión.

Se suprime la Comisión de Calificación y sus competencias las pasa a asumir la Comisión Permanente. El Pleno es el que ejerce las máximas funciones. Todas aquellas cuestiones que son de auténtica trascendencia, como pueden ser el nombramiento del Presidente, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, la aprobación de los reglamentos del Consejo, la aprobación del presupuesto o la relación de puestos de trabajo, corresponden al Pleno. Y la Comisión Permanente asume la mayor parte de las competencias propias de la gestión cotidiana.

En la composición de la Comisión Permanente --y esto es muy importante-- la presidencia corresponderá al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y tendrá, además del presidente, seis vocales: tres de origen judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia. Y aquí viene la novedad: para evitar, como en algún momento se criticó, y yo creo que con razón, el anterior informe que presenté en el mes de julio, que esto pudiera suponer la existencia de vocales de primera y de vocales de segunda, la pertenencia a la Comisión Permanente será por rotación, por duración de un año, de tal forma que a lo largo del mandato todos los vocales habrán pertenecido durante un año a la Comisión Permanente y todos los vocales habrán estado en una situación distinta en relación con la explicación que antes hacía.

Rápidamente, ya para terminar, quiero decirles que, además, se regulan la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Igualdad y la Comisión Disciplinaria. De la Comisión Disciplinaria un apunte en la creación de una figura, a mi juicio importantísima, que es el promotor de la acción disciplinaria. El promotor de la acción disciplinaria será un magistrado del Tribunal Supremo o magistrado con más de veinticinco años de carrera judicial, y va a ser el encargado de incoar los instrumentos de procedimiento y formulación de pliego de cargos, aunque después, naturalmente, la sanción, en su caso, le corresponderá a la Comisión Disciplinaria, excepto si fuera de separación del servicio, en cuyo caso está reservada para el Pleno.

Por último, con relación a la figura del Presidente, se mantiene sustancialmente como está, pero tiene que ser un miembro de la carrera judicial con categoría de magistrado del Tribunal Supremo y, además, reunir las condiciones para poder ser, aunque no lo fuera, presidente de Sala del Tribunal Supremo; o, en su caso --se mantiene abierta esa posibilidad también--, un jurista eminente con más de veinticinco años de experiencia en su profesión.

Se crea, además del actual existente vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, otro vicepresidente, que lo será del Tribunal Supremo. Por lo tanto, los dos organismos tendrán cada uno de ellos su vicepresidente, con un mecanismo de elección que está también previsto en la propia Ley.

Por último, se crea --y esto es importante--, en la idea de la profesionalización, un Cuerpo de Letrados: el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial. Esto no supondrá gasto alguno, puesto que este Cuerpo se financiará exclusivamente con la amortización de las plazas de los actuales letrados, que no tienen esa categoría profesional, y hemos entendido en el Gobierno que la existencia de cuerpos de altos funcionarios contribuye de una forma muy importante a la continuidad y a la memoria de las propias instituciones, como pasa desde las Cortes Generales hasta el Consejo de Estado.

Termino, Vicepresidenta, exactamente como empecé: este texto es un texto de responsabilidad del Gobierno, pero éste es un texto que nosotros aprobamos habiendo hecho una aproximación voluntaria a planteamientos que no eran exactamente, de forma inicial, los del Gobierno. Y lo hemos hecho buscando el consenso y lo hemos hecho convencidos de que, con este texto que presentamos encima de la mesa, en la votación final que tengamos en las Cortes Generales, el futuro Consejo General del Poder Judicial podrá estar respaldado por la inmensa mayoría del Parlamento español.

Vicepresidenta.- Voy a dar la palabra al ministro de Defensa para que informe sobre el Anteproyecto de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Además, quería indicarles que del Ministerio de Asuntos Exteriores también compete otro asunto que se ha acordado en el Consejo de Ministros, que es la remisión a las Cortes Generales del segundo Protocolo de Enmienda al Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa cuya firma, como saben, fue ya autorizada en el Consejo de Ministros y de la que se les informó en rueda de prensa; ahora se da el siguiente paso administrativo y de gestión, que es la remisión a las Cortes Generales para su aprobación.

Sr. Morenés.- Como saben ustedes, y en línea con lo que explicaba el ministro de Justicia, hay una serie de elementos en la política que son de largo recorrido. La Defensa y la Justicia son dos de ellos. En ese entorno recordarán ustedes que la Disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, establecía la obligación al Gobierno de reestructurar los principios informadores de la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para adaptarlos a la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; básicamente para que el ejercicio de la potestad disciplinaria del ámbito militar se adaptase a la presencia de la mujer y a la organización de las misiones que les viene señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, particularmente también en el ámbito de nuestra presencia en el exterior.

Esta norma que hoy traemos tiene también que recoger los principios informadores de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de la Ley de la Carrera Militar, de la Ley de Tropa y Marinería y de la Ley Orgánica de Reforma de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Las principales novedades sobre el Proyecto anterior --ésta es una reconversión de la Ley anterior-- son: en el ámbito de aplicación se establece, además del personal militar, el personal asimilado al militar para aplicar la nueva Ley de Movilización Nacional que estaba huérfana, digamos, de desarrollo.

En cuanto a las faltas disciplinarias, se han adaptado a la normativa y jurisprudencia anteriormente citada, siguiendo un orden lógico en su enumeración en función del bien jurídico protegido y refundiendo algunas faltas leves, pues había una enorme diversidad de faltas leves, y convirtiendo otras leves en faltas graves por su mayor trascendencia, sobre todo, para el mantenimiento precisamente de la disciplina militar como elemento básico de lo que es la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas.

Asimismo, en cuanto al régimen de sanciones se incorpora como novedad la sanción económica de uno a quince días, con pérdida de retribuciones durante ese tiempo, que existe en todos los Ejércitos de nuestro ámbito occidental y que se aplica en caso de faltas graves y leves.

Se mantiene, y esto es importante, la sanción de arresto, en el caso de faltas leves, en el domicilio o en la unidad como medida de indiscutible eficacia para el reestablecimiento inmediato de la disciplina, medida que existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, que les voy a decir, porque es, realmente, en el ámbito donde España y sus Fuerzas Armadas quieren estar. En los países de la Europa continental la sanción del arresto por falta leve se mantiene en Francia, en Italia, en la República Federal Alemana, en Portugal, en Suiza, en Países Bajos y en Bélgica; en el ámbito anglosajón, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda y en Australia; y en los países iberoamericanos, en México, Perú, Brasil, República Argentina y Chile.

No obstante, en este arresto por faltas leves se introducen algunas modificaciones pues, al introducirse la sanción económica, permite al mando optar, en función de la gravedad de la infracción, por imponer la sanción de arresto o la sanción económica. Se limita la duración máxima del arresto, que pasa de treinta días a catorce días, y se restringe la competencia para imponerlo, pues se confiere a determinados escalones de mando, particularmente a partir del jefe de compañía o similar.

En el caso de faltas graves, se reduce la duración máxima del arresto en establecimiento disciplinario, que pasa de dos meses a treinta días, y se incorpora también la sanción económica.

Para las faltas muy graves se introduce el arresto con una duración máxima de sesenta días y la resolución del compromiso militar, y se suprime la pérdida de puestos en el escalafón.

Se introducen también criterios para la individualización de la pena y para atender al principio, precisamente, de la proporcionalidad. En la regulación de la potestad disciplinaria y la competencia sancionadora se modifican significativamente, debiendo destacarse la atribución de competencia para sancionar las faltas graves, anteriormente reservada a los niveles superiores de mando, a los oficiales generales con mando o dirección sobre la Fuerza; y, en el caso de faltas muy graves, se atribuye también al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Subsecretario y a los jefes de Estado Mayor, salvo la sanción de separación de servicio, que corresponderá exclusivamente al Ministro.

Se reserva al Ministro y al Subsecretario la competencia para sancionar a los representantes de las asociaciones profesionales en el Consejo de Personal, por faltas cometidas en el desempeño de su actividad en ese órgano.

En lo que se refiere a las medidas cautelares, se reduce el plazo máximo de duración del arresto preventivo, que pasa de un mes a 48 horas, y el del cese temporal de funciones, que se reduce de tres meses a dos días.

Se regula el régimen disciplinario aplicable en las unidades y al personal destacado en zona de operaciones, algo muy importante, destacando la atribución de potestad disciplinaria a los militares que hayan sido designados comandantes de las Fuerzas en esos ámbitos. Incluso existe la posibilidad de sanción por falta grave por esos comandantes, entendiendo que están precisamente en las operaciones, salvo la sanción de pérdida de destino, y la posibilidad de demorar la ejecución de la sanción hasta la finalización, precisamente, del servicio que se está haciendo en la zona, y por razones de seguridad y por razones de operatividad.

En cuanto al procedimiento, se destaca la intención de agilizar el mismo sin merma de las garantías del interesado, para lo que se mantiene el procedimiento oral en caso de faltas leves. En el caso de faltas graves y muy graves, se suprime el pliego de cargos y se simplifican los trámites. Se introduce la caducidad como forma de terminación del procedimiento. Y en el régimen de recursos se introduce la posibilidad de interponer recurso disciplinario militar en el caso de sanciones por falta leve.

Este Anteproyecto ha sido puesto a consulta del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que han emitido sus informes favorables con alguna matización; algunas se han incluido y otras no, pero en general casi todas. Ha pasado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, ha pasado por las asociaciones militares y en estos momentos de lo que se trata, y eso es lo que se ha solicitado por este ministro al Consejo de Ministros, es que se remita al Consejo de Estado, dada la trascendencia del asunto del que estamos hablando.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle si nos puede usted enumerar los instrumentos legales de los que dispone el Gobierno para frenar la consulta soberanista en Cataluña.

Quería pedirle también que nos explicara las consecuencias prácticas que tendría para Cataluña y para su presidente, Artur Mas, el que el Gobierno aplicara esos mecanismos legales.

Y, en tercer lugar, ¿el Gobierno, si las cosas se ponen aún más feas, estaría dispuesto a aplicarlos?

Vicepresidenta.- Como he señalado en otras ocasiones en esta misma sala, el Gobierno no habla de hipótesis; el Gobierno tiene que actuar y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes en el caso de que se produzcan actuaciones que son contrarias a las mismas.

Pero yo a lo que llamo al ánimo de todos es a que éste es un momento para la estabilidad, para construir y no para generar debates que únicamente generan división entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles en un momento en el que, por las circunstancias económicas y sociales que vivimos, deberíamos estar todos muy centrados en salir de la crisis.

P.- Mis preguntas son para el ministro Morenés y para la Vicepresidenta sobre Cataluña.

Ministro Morenés, no sé si existe preocupación en las Fuerzas Armadas ante los hechos y los discursos que se están produciendo en Cataluña. ¿Le han transmitido al ministro esa preocupación?

A la Vicepresidenta. No sé si para el Gobierno sería bueno que las fuerzas políticas constitucionales firmaran alguna especie de documento en favor de la unidad nacional, y así lo requirió el ex presidente Aznar esta semana. ¿Le gustaría al Gobierno un documento de este tipo?

Sobre el balance del Gobierno, pues hace un año que el presidente Rajoy llegó a La Moncloa, hemos estado hablando durante toda esta semana de las reformas, pero usted también habló de la España real. Hay muchas personas con problemas, que van a pasar unas Navidades difíciles, y me gustaría saber el mensaje del Gobierno a estas personas.

Sr. Morenés.- Las Fuerzas Armadas están compuestas por hombres y mujeres, y por españoles, como todos los que estamos aquí, y, a nivel personal, tendrán sus determinadas opiniones como personas. Existe una situación, que es la que es, y ustedes han preguntado ahora; pero, como institución y desde el punto de vista de una manifestación de tipo corporativo, le puedo asegurar que no hay ninguna otra posición de las Fuerzas Armadas que no sea el cumplimiento estricto de sus obligaciones establecidas en las Leyes. Por lo tanto, yo tengo la especial tranquilidad en ese sentido y en las Fuerzas Armadas, la especial confianza en que el Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo hará. Ellos estarán exactamente a las órdenes del poder civil, como han estado toda su vida, o a partir, por lo menos, de nuestra historia más reciente, y han dado ejemplo especial de esto que estoy diciendo.

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre si las fuerzas políticas podrían suscribir algún tipo de declaración. Yo, en primer lugar, quiero recordar que la Constitución va mucho más allá de una declaración; es un marco de convivencias, el cimiento de nuestra convivencia en España, suscrita por la inmensa mayoría de los españoles. Ésa es la norma suprema que a todos se nos aplica y con mayor fuerza que cualquier otra.

Como Gobierno, yo no puedo ni debo sugerir a las fuerzas políticas lo que tienen que hacer; pero permítame que diga que, a la vista de lo que hemos presenciado en el Parlamento de Cataluña, yo creo que lo que sería bueno es que, al menos, cada una de las fuerzas políticas fuéramos muy conscientes de que no podemos tener actuaciones ni posiciones diferentes que puedan contribuir a generar mayor inestabilidad.

Yo creo que es momento para trabajar todos juntos y para saber que tenemos un marco de convivencia que es el que nos hemos dado, que se rige por sus propios mecanismos y que es un elemento para unir, para trabajar juntos y para ayudar a este país a que supere todas las dificultades que vive. Luego ya cada uno tendrá que explicar sus posiciones.

El Gobierno, y enlazo con su tercera pregunta, trabaja para hacer reformas y para que este país salga de la crisis. Éste ha sido un año difícil, en una crisis que está siendo muy larga para muchísimos españoles, y somos muy conscientes de los enormes esfuerzos que están haciendo muchísimos españoles en distintos ámbitos para salir adelante y para contribuir a que el país salga adelante.

Yo sólo quiero dar un mensaje: este Gobierno sólo tiene un objetivo y una prioridad clara, que es hacer todo lo que sea posible, cambiar todo lo que haya que cambiar, trabajar todo lo que haya que trabajar, para que superemos este momento tan difícil que vivimos los españoles. España ha salido de crisis políticas, económicas y sociales muy duras en su historia, y lo hemos hecho todos juntos y demostrando que este país tiene unas fortalezas tremendas, una capacidad de trabajo abrumadora y, además, la fuerza, la ilusión y la esperanza de salir adelante. Eso se hace desde el Gobierno cumpliendo una agenda de reformas que es muy necesaria para que el país salga y pueda volver a crecer.

Son momentos difíciles, aunque hay algún elemento objetivo que nos permite vislumbrar que ésta es la senda adecuada. Hoy, por ejemplo, se conocía el dato de la balanza comercial; no ha habido un dato mejor desde el año 1972. Algunos no hemos vivido más que, como dato mejor, éste y eso demuestra que ésta es la senda: conseguir fortalecer el país, internacionalizar su economía y que las exportaciones cada vez pesen más. Ésta es la senda por la que tenemos que trabajar.

Utilizo un dato objetivo y con mucha prudencia. Saben que este Gobierno es prudente; pero también es un Gobierno que sabe que, haciendo reformas y que trabajando de esta manera, se va en la senda adecuada, se logra ir poco a poco ganando en confianza, y ése es el mecanismo para salir de la crisis.

Pero, indudablemente, somos muy conscientes de que son muchísimos los esfuerzos y las dificultades que pasan un buen número de españoles, porque son muchos años de una crisis larga, de una crisis difícil, en un contexto internacional que no ayuda nada --son otros muchos ciudadanos en otros Estados los que lo están pasando también muy mal-- y eso nos obligará también a trabajar dentro y fuera de nuestras fronteras.

P.- Vicepresidenta, yo tengo dos preguntas para el ministro de Justicia. El hecho de que en la reforma de la Ley se reduzca considerablemente el número de avales de los jueces no asociados para poder ser luego designados directamente por los partidos políticos, por el Congreso y por el Senado; el hecho de que se reduzca considerablemente y pase del 2 por 100, unos cien miembros de la carrera judicial, a veinticinco, ¿eso favorece más o menos a lo que se ha venido a llamar "la politización de la justicia"? Eso, por un lado.

Por otro lado, ha insistido mucho en el consenso e, incluso, ha llegado a decir que hay elementos concretos que han introducido el Partido Socialista. No sé si podría ser más explícito y, en cualquier caso, me imagino que esos elementos han sido de mutuo acuerdo con el líder de la oposición.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Nuestras negociaciones a lo largo de estos meses se han mantenido, fundamentalmente, con los portavoces de Justicia del Congreso de los Diputados y con don Antonio Camacho, sin perjuicio de que, naturalmente, cada uno de nosotros seguíamos, como es lógico y normal, las instrucciones que nos daban nuestros respectivos superiores. Lo digo para precisar quiénes han sido los interlocutores y, además, agradecerles el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses.

Yo creo que, si ustedes comparan lo que es el contenido de mi informe del día 6 de julio y el texto que nosotros hemos propuesto, deducen rápidamente lo que usted me pregunta. Es decir, la modificación más importante con relación a esos dos documentos es que la elección última la realizan el Congreso de los Diputados y el Senado. Es verdad que, a diferencia de otros modelos, no pueden hacerla entre todos los miembros discrecionalmente de la carrera judicial, sino que es requisito previo para que puedan hacer esa elección el Congreso y el Senado que previamente esos jueces y magistrados estén avalados, aparte de que tengan obligación de presentar una memoria sobre su propios consideración y proyecto en sus funciones para el supuesto de que salgan elegidos; pero lo importante es que tienen que estar avalados, bien por veinticinco compañeros, o bien por una de las asociaciones judiciales legalmente constituidas.

A lo largo de estos meses lo que he hecho ha sido escuchar mucho y creo, con toda sinceridad, que el texto que el Gobierno propone al debate parlamentario es un texto que, en lo sustancial y en lo esencial, puede ser asumido por quien ha sido mi interlocutor durante todos estos meses. Pero, evidentemente, no me corresponde a mí ahora hacer pronósticos, porque es una decisión que le corresponderá a ellos, y, además, insisto, hemos querido que esto sea así, porque yo quiero también que el resto de los Grupos Parlamentarios se incorporen a este consenso. El texto que mandamos es, naturalmente, susceptible de modificación en la tramitación parlamentaria; luego, si hubiese diferencias sobre esta propuesta que hace el Gobierno, esas diferencias se podrían reducir, e incluso hacer desaparecer, durante la propia tramitación parlamentaria. Pero yo he entendido desde el primer momento cómo se podría alcanzar el acuerdo parlamentario que estoy buscando y les aseguro que el texto que propone el Gobierno contiene esos elementos sustanciales.

Contesto ahora a la primera de sus preguntas. El hecho de que se amplíe lo que se hace es ampliar la pluralidad. ¿Por qué? Porque con el sistema anterior había dificultades objetivas no, lógicamente, para que aquellos candidatos avalados por las asociaciones pudiesen después ser elegidos por el Congreso y por el Senado; pero sí para que ese 50 por 100 de la carrera judicial que no está afiliado tuviese también su representación en el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Esto no ha ocurrido hasta ahora, no ha habido esa representación del 50 por 100 de la carrera que no está afiliado.

Me pregunta usted si esto incrementa o reduce la politización. El principio de evitar la politización del Consejo, no solamente se mantiene, sino que informa directamente; por dos razones distintas. Dice usted, y dice bien, que la elección la van a hacer… Usted hablaba de los partidos políticos; son, en definitiva, los Grupos Parlamentarios o la Cámara, en su conjunto porque, cuando el legislador constituyente nos dijo que necesitábamos una mayoría de tres quintos, no nos dijo que nos repartiésemos los puestos; lo que nos dijo es que nos pusiéramos de acuerdo en las personas que, a juicio de todos, reúnen los requisitos. Ése es el objetivo político del Gobierno: no establecer un reparto en función del resultado de las últimas elecciones, sino alcanzar un consenso para que el mayor número posible de miembros de las dos Cámaras avalen conjuntamente a estas veinte personas: doce jueces y magistrados, y ocho juristas de reconocido prestigio.

Pero sí le digo que el hecho de que la elección sobre los doce el Congreso la pueda hacer, no solamente sobre los propuestos por las asociaciones, sino por aquellos que han conseguido un número razonable de avales, aumenta, evidentemente, la pluralidad. Y le digo que la Ley establece que el Gobierno atenderá a la realidad asociativa de la carrera judicial a la hora de efectuar estos nombramientos; pero --y con esto termino, Vicepresidenta-- es muy importante que el espíritu de esta Ley se lleve al acto parlamentario de constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Mi propósito, insisto, es encontrar el más amplio consenso, en primer lugar, sobre la Ley y, en segundo lugar, sobre quienes hayan de ser los veinte miembros de este Consejo General.

P.- Al ministro Ruiz-Gallardón. Nos está anunciando aquí algo que supone una renuncia clara a un elemento troncal de su programa electoral, que era la elección directa por parte de los jueces de esos doce que permite la Constitución. Esa renuncia se hace en aras del consenso, nos ha dicho usted, y le quería preguntar si tiene algo que ver ese intento de consenso en el incendio que tiene usted montado, por llamarlo así, en la Justicia, los enormes conflictos que está habiendo. ¿Le preocupa ese incendio? ¿Se puede extender esa voluntad de consenso a esas otras cosas que tienen tan molestos a los jueces?

Al ministro de Defensa. Yo he entendido de su respuesta que usted entiende que el Ejército está tranquilo y que no teme que haya cosas como la que pasó recientemente, que usted tuvo que destituir a un director de una revista del Ejército. ¿Cree que eso ya no va a pasar; que está tranquilo, pese a lo que pueda pasar en Cataluña en los próximos meses?

A la Vicepresidenta, un par de cuestiones. Por una parte, una cuestión de detalle: ¿qué le sugiere a usted esa fotografía que hemos visto hoy, que es bastante llamativa, del señor Rodrigo Rato, que ha sido muy importante en esta misma sala, que ayer entraba en un Juzgado para declarar? ¿Qué le sugiere?

Un detalle que parece que ha quedado descuidado. El tema de la publicación de los datos de los grandes defraudadores, ¿iba en serio? ¿Se va a hacer? Ha generado mucha expectativa, pero parece que ha quedado ahora en el olvido. ¿Se va a hacer?

Con el tema del balance del año, que le planteaban antes, volviendo la vista atrás a lo que pasaba hace un año; hace un año estábamos aquí y ustedes nos anunciaban grandes recortes, subidas de impuestos, y decían que esto iba a mejorar. Un año después, ¿ustedes se imaginaban que íbamos a estar tan mal? Si se acuerda de lo que usted pensaba hace un año, ¿se imaginaba que íbamos a estar cerca de seis millones de parados?

Sr. Ruíz-Gallardón.- Yo creo que lo mejor que puede hacer un político con un periodista es recurrir a la hemeroteca. El 6 de julio comparecí en esta rueda de prensa --mi interlocutor, además, tuvo la generosidad de asistir a la comparecencia-- y ahí, antes, recuerdo que el 6 de julio no habíamos puesto en marcha las medidas restrictivas de derechos económicos y restrictivas de derechos laborales, que son las que han generado la polémica, ciertamente. Yo lo he dicho siempre: el Gobierno ha adoptado medidas muy dolorosas, que han afectado a todos los servidores públicos, y, por lo tanto, han afectado también a los miembros del Poder Judicial. Esas medidas no estaban el 6 de julio y yo el 6 de julio manifesté la voluntad de consenso, y dije aquel 6 de julio que yo no quería que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la parte que afecta al Consejo --y ojalá sea el año que viene en su totalidad--, fuese aprobada solamente por la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Y he estado seis meses trabajando directamente en esta dirección.

En segundo lugar, le diré que, además de, naturalmente, iniciarse el trámite de debate parlamentario, la próxima semana nosotros remitiremos el proyecto, por supuesto, al presidente del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que él, en su condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo tendrá que informar y, por lo tanto, lo tendrán también los vocales; se lo remitiremos también a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia; se lo remitiremos también a las asociaciones judiciales. Con todos ellos, con todas las estructuras, no solamente asociativas, sino orgánicas, del propio Poder Judicial, nosotros queremos y estamos absolutamente dispuestos a hablar de cara a que el texto, que, en definitiva, lo apruebe quien lo tiene que aprobar, que es lógicamente el Poder Legislativo, cuente con el enriquecimiento que puedan aportar todos y cada uno de los distintos actores que en la Administración de Justicia en España tenemos.

Sr. Morenés.- El Ejército siempre está tranquilo, punto número uno que le quiero decir. Sabe perfectamente la tarea que le tiene encomendada la nación y, por lo tanto, son absolutamente responsables de algo que es extraordinariamente relevante para la seguridad de todos los españoles y para la propia naturaleza de la sociedad en la que vivimos.

Así que, si usted quiere comparar el cese del general Pontijas con la estabilidad del Ejército, yo le diría que no. El general Pontijas, que fue cesado, evidentemente, fue cesado porque contravino las normas de la disciplina militar que establecen que el Ejército, precisamente, no tiene que utilizar órganos de comunicación públicas para emitir, digamos, opiniones que rocen el ámbito político. Lo entendió perfectamente, y así ha sido. Ésta es una manera muy natural de recordar que, no tanto por el fondo de las cosas, sino por la utilización de órganos públicos para emitir opiniones políticas, que les está vedado legalmente. Con toda naturalidad, debo decir, en el Ejército, a petición del jefe del Estado Mayor del Ejército, fue cesado el general Pontijas. Es decir, se autorregula en ese sentido.

En el otro sentido que decía usted, le puedo asegurar que el Ejército permanece tranquilo, porque es una de sus condiciones esenciales. No es una condición esencial de su propia naturaleza y de la responsabilidad que tienen encomendada.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas que a mí me dirigía, sabe que el Gobierno no hace valoración de los procesos judiciales y respeta las decisiones de los Tribunales, como no puede ser de otra manera.

La segunda era relativa a uno de los elementos en los que se está trabajando, y lo está haciendo el ministro de Hacienda, para luchar contra el fraude. Le digo que nuestro compromiso es tal que hoy presentamos más de cien plazas de funcionarios dirigidos y destinados exclusivamente a la lucha contra el fraude. En un momento de necesidad de contención del déficit público y de redimensionamiento de la Administración, sin embargo permitimos que hubiera una tasa de reposición del 10 por 100 de determinados colectivos, de determinados funcionarios, de la Administración que van dirigidos a esa lucha contra el fraude en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral.

Pues bien, hoy están aquí esas cien plazas de inspectores de Hacienda, de Trabajo, de la Seguridad Social, auditores del Estado y abogados del Estado, todos ellos dirigidos a reforzar ese ámbito. Y van a ser muchas las medidas que ahí el Gobierno está trayendo, ha aprobado y se seguirán trayendo. Hemos aprobado un importante paquete de medidas legales, penales y no penales, contra el fraude fiscal y laboral; hoy, una nueva: estas cien plazas de estos nuevos colectivos. Ahí hay un compromiso muy necesario, por cuanto en España los niveles de recaudación son de los más inferiores de la Unión Europea como consecuencia de unas bolsas importantísimas de fraude, que son un fraude a la sociedad en su conjunto. Lo he dicho muchas veces: el que no paga hace que otro pague más, el que no paga hace que otro no pueda recibir determinados servicios públicos y el que no paga, al final, está perjudicando con su actuación lo que tiene que ser un funcionamiento equitativo y justo de todo el sistema tributario y todo el sistema de servicios públicos.

P.- Pero ¿se van a publicar las listas o no?

Vicepresidenta.- Le he dicho en mi intervención que el Ministerio de Hacienda, como le comuniqué la semana pasada, está trabajando en este asunto. Son reformas que requieren una elaboración normativa que sea la correcta y la adecuada. Ha habido una presentación en informe al Consejo de Ministros y ahora se está trabajando en esta línea.

Como le digo, un paquete de lucha contra el fraude muy grande, muy importante, en lo que yo creo que era una necesidad nacional que tenía España, que no se había hecho, a pesar de que se estaba detectando desde hacía muchísimos años como caía la recaudación; una caída de la recaudación que ha perjudicado directa e inmediatamente al Estado de Bienestar, porque los servicios públicos se sufragan con los impuestos. Aquí, durante muchos años, se estaba viendo como caía la recaudación y como había dificultades, y ahí está el agujero del déficit del 9 por 100, con lo que enlazo con su tercera pregunta, y, sin embargo, no se había decidido a acometer.

Pues bien, este Gobierno tiene entre uno de los pilares de su actuación la lucha contra el fraude y lo está haciendo con medidas legales y con medidas operativas, y una de ellas, más personal, destinado a estos fines.

Sobre el balance, y como decía antes, somos conscientes de la dureza de este año y somos conscientes de que los españoles llevamos unos cuantos años viviendo en un contexto de crisis del que hay que salir. ¿Qué ha hecho este Gobierno en este año? Poner en marcha un conjunto de reformas muy amplio y muy ambicioso, uno de los programas, yo creo, más ambiciosos que se han hecho en democracia, para cambiar todo lo que no funciona y conseguir conectar con la senda de cambiar las cosas para poder salir de la crisis.

Nos encontramos --hace un año exactamente no lo sabíamos; lo supimos una semana después-- con un déficit público del 9 por 100 que ha habido que acometer y se ha hecho, no sólo con un control muy exhaustivo de las cuentas, sino también con un cambio de filosofía: el que supuso, primero, la reforma constitucional de agosto y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y todas las Administraciones comprometidas con eso. Se han hecho reformas, la del sistema financiero, que es clave para ganar en confianza, y en muchos sectores y en muchos mercados.

Ahora en el año 2013, sin embargo, hay que seguir con ese impulso reformista en ámbitos fundamentales como la reforma de las Administraciones Públicas y la mejora del funcionamiento de ciertos mercados en nuestro país que garantice que se presten bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio, a ser posible.

Ésta es la manera de salir de la crisis. Se ve que, cuando se apoya a determinados sectores, la economía española tiene capacidad. Tenemos unas empresas, unos emprendedores y unos trabajadores que tienen capacidad. Y si vemos, por ejemplo, que el dato de las exportaciones va bien y que la balanza comercial va bien, ésa es la senda por la que tenemos que trabajar y uno de los elementos clave del próximo año será, precisamente, profundizar en ese apoyo al emprendedor y a la internacionalización de la empresa.

P.- Sólo una pregunta a la Vicepresidenta. Después del debate que ha habido en el Parlament de Catalunya, ¿cree que todavía hay margen para la colaboración y el diálogo entre el Gobierno central y el próximo Gobierno de la Generalitat?

Vicepresidenta.- Yo creo que no hay que confundir los planos. Este Gobierno lo es también de todas las Comunidades Autónomas, lo es del conjunto de la nación y, desde luego, nosotros vamos a trabajar para que Cataluña y el conjunto de los catalanes, desde un punto de vista institucional, padezcan lo menos posible los rigores y los problemas de la crisis, y la ausencia de financiación. Desde luego, este Gobierno también lo es de los catalanes y de Cataluña, como lo es de Castilla y León, como lo es de Andalucía o como lo es de Galicia. Nuestra relación institucional será siempre en esa línea de trabajar para salir de la crisis, porque también somos allí Gobierno; somos el Gobierno del conjunto de España.

Yo pediría a todas las Administraciones, y en este caso a la Generalitat de Catalunya, que participe en lo que, a nuestro juicio, tiene que ser el objetivo principal de país, el objetivo principal de España, que es salir de la crisis. Cuando la Generalitat de Catalunya tenga otro tipo de planteamientos, como Gobierno de la nación nos tocará tomar las decisiones oportunas; pero, desde luego, como Gobierno de la nación, también lo somos de los catalanes y este Gobierno, al contrario, tratará de trabajar de la mejor manera posible para que Cataluña, a pesar o a no pesar del Gobierno que se decida constituir en la investidura, procure estar en un contexto que le ayude a salir de la crisis.

Ésta es nuestra posición; como Gobierno, nuestra posición institucional y que nadie tenga la menor duda de que trabajaremos en beneficio de los catalanes, con independencia de lo que en el Parlamento algunos hayan decidido que tenga que ser su Gobierno.

P.- Yo tengo también sólo una pregunta para la Vicepresidenta relacionada con este tema, precisamente, con Cataluña, y en línea con la pregunta anterior. Al principio decía, Vicepresidenta, que este Gobierno está para cumplir las leyes y hacer cumplirlas, y quería saber hasta qué punto está dispuesto el Gobierno a cumplir estrictamente una de esas leyes que se aprobó a principio de este año: la Ley de Estabilidad. En esa Ley de Estabilidad se establecen varias condiciones y un largo proceso de sanciones para las Comunidades Autónomas que no cumplan el déficit público, y parece que Cataluña no lo va a cumplir este año e, incluso, ya se han hecho declaraciones en ese sentido. Si no se cumple, ¿hasta dónde va a llegar el Gobierno? ¿Incluso puede llegar a retirarle el apoyo financiero del FLA, porque también está condicionado con la Ley de Estabilidad?

Vicepresidenta.- Tanto la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en lo que son los planes de ajustes para el cumplimiento del déficit, como el Fondo de Liquidez Autonómico, establecen una serie de condiciones y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas analiza y, en su caso, requiere a las Comunidades Autónomas para que las mismas se cumplan. Es decir, nosotros, desde luego, estamos con las Comunidades Autónomas revisando esas cifras, se conocerá el resultado de los cierres del ejercicio y, con arreglo a ello, a los planes de ajuste y a los compromisos del Fondo de Liquidez Autonómico, tomará, desde luego, el Ministerio de Hacienda, las medidas que considere oportunas para cumplir un objetivo fundamental, que es la consolidación fiscal que nos ayude a salir de la crisis.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle si nos podía decir qué Comunidad Autónoma también se está pensando poner una tasa a los depósitos y qué miedo tiene el Gobierno.

También, ¿nos puede decir por qué el Gobierno quiere subir la tasa a los depósitos que ha creado con tipo cero? Muchos economistas están diciendo que esto puede contribuir, junto con la tasa a las transacciones financieras, a agravar un poco la sequía del crédito que vive España y la recuperación económica atrasarla, por tanto.

Después, yo quería saber si el Gobierno, ahora que ha convocado plazas nuevas contra el fraude fiscal, cree que este primer año del Gobierno, con amnistía fiscal, ha sido un año perdido en este tema, en la lucha contra el fraude, por la amnistía. ¿Nos podía explicar qué le parece? ¿Cree que la estrategia ha sido acertada o no?

Sobre el cumplimiento del déficit público, me gustaría también saber si el Gobierno nos puede decir ya un mensaje positivo, a cierre de año, de que vamos a quedarnos por debajo del 7 por 100, porque hay economistas, FEDEA y también algunos medios de comunicación que están dando por hecho, con los datos de ayer de ejecución presupuestaria, que va a ser prácticamente imposible el 6,3 por 100, pero también que nos quedaríamos por encima del 7 por 100. ¿Nos podría dar aquí un mensaje o tiene ya datos sobre este asunto?

Vicepresidenta.- Sobre este asunto, los que tenemos se hicieron públicos en el día de ayer.

Me pregunta qué Comunidades Autónomas. Asturias ha hecho alguna manifestación en este sentido, lo ha hecho públicamente, y nosotros desde aquí lo que le recordamos es que se ha tomado la decisión de que ese hecho imponible sea un hecho imponible reservado al Estado, habida cuenta que nos movemos en un ámbito en que está muy afectada la unidad del mercado. Las diferencias, simplemente por la localización de los sucursales, no son coherentes con un sistema como el nuestro que tiene que tender hacia un mercado único. Además, el poder originario tributario es del Estado, a quien le corresponde decidir en cada caso esa reserva de los hechos imponibles. Y yo lo que llamo al ánimo de todo el mundo es a su cumplimiento.

Sobre el segundo de los aspectos, el ministro Montoro, expresamente en el Senado, hizo referencia a esta posibilidad. Sabe que es un asunto, éste y el de las transacciones financieras, especialmente las transacciones financieras, en el que se está trabajando en el marco de la cooperación reforzada en la Unión Europea para hacerlo de la mejor manera posible y para que grave, al menos en la manera menos repercutible, a los depósitos y a los particulares. Nosotros estamos trabajando en ese seno de la cooperación reforzada con otros Estados que puedan llevar a cabo o que puedan establecer normas similares.

Sobre la lucha contra el fraude fiscal, el propio presidente del Gobierno, en una reunión con la Agencia Tributaria, avanzó los datos de la lucha contra el fraude fiscal, que han experimentado un crecimiento muy notable en el número de inspecciones y en la recaudación de ellas derivada respecto al año 2011.

Aquí, periódicamente, yo les presento los datos de cómo va, porque ya digo que es una prioridad del Gobierno, que tenemos absolutamente monitorizada, eso y la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, y periódicamente analizamos cómo evolucionan esos datos. Desde luego, el crecimiento en la lucha contra el fraude, los datos de la Agencia Tributaria y el incremento de la recaudación, como saben, son muy voluminosos; también lo es en el ámbito de la Seguridad Social, donde aspectos como la detección de empresas ficticias, creadas exclusivamente para cobrar prestaciones, se ha incrementado enormemente. Si tiene interés, yo procuraré la semana que viene ver si le puedo traer los últimos datos en ese ámbito y en el ámbito de la Seguridad Social.

Y sobre el déficit público, los últimos datos los explicó ayer la secretaria de Estado de Presupuestos. Yo me quedo con una cosa, y es que en el conjunto de la Unión Europea han reconocido, tanto las reformas, como el esfuerzo que ha venido realizando, no el Gobierno, sino el conjunto de los españoles, para cumplir lo que nos corresponde en nuestro ámbito de consolidación.

P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta. Quería saber si el Gobierno puede garantizar con rotundidad, sin dejar lugar a la duda, que no habrá referéndum sobre la independencia de Cataluña en el año 2014, ya sea legal o ilegal. ¿El Gobierno puede garantizarlo a los ciudadanos?

Vicepresidenta.- El Gobierno garantiza a los ciudadanos que la Constitución que ellos refrendaron en el año 1978, y que es el marco de convivencia, se aplicará. Se cumplirá y se hará cumplir.

P.- Son tres cuestiones muy concretas para el ministro de Justicia. Primera pregunta, aparte de la constatación de que lo que ustedes plantean ahora respecto a la elección del Consejo del Poder Judicial no es que sea una variación de lo que habían establecido en el programa electoral, sino que está en las antípodas del programa electoral; me gustaría saber cómo explican esto a los ciudadanos que creen que el programa electoral es el compromiso, el pacto. Algunos constitucionalistas han hablado del sagrado contrato del partido en el Gobierno con los ciudadanos.

La segunda cuestión es: ¿qué razones concretas aconsejan que sólo seis de los veinte vocales tenga dedicación exclusiva?

Y la tercera es si el Gobierno ha valorado que, para la carrera judicial, este Proyecto es "casus belli", mucho más allá de permisos o de pagas extras. ¿O al Gobierno le resulta indiferente un recrudecimiento del conflicto con la carrera judicial?

Sr. Ruíz-Gallardón.- Vamos por partes. El compromiso de nuestro programa electoral era la despolitización de la Justicia y yo le aseguro que este instrumento que hoy propone el Gobierno, después del esfuerzo de aproximación que ha hecho para buscar ese consenso, es válido y es eficaz para alcanzar la despolitización de la Justicia, porque la politización de la Justicia no debe, única y exclusivamente, observarse como la consecuencia o la interferencia de los partidos políticos dentro del mundo judicial. Quiero decir con ello que también es politización cuando, no los partidos políticos pero sí otros órganos o asociaciones, lo que hacen es sustituir a los partidos políticos en ese ejercicio de politización.

Le podría poner muchos ejemplos, pero le voy a dar uno: ¿qué es lo que queríamos evitar con la despolitización? Por ejemplo, que en la selección de los jueces y magistrados que tienen que ocupar los puestos de responsabilidad de nuestra carrera no fuesen criterios objetivos los que determinasen el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo, el nombramiento de un presidente de un Tribunal Superior de Justicia o la propuesta de un magistrado del Tribunal Constitucional, sino que fuesen criterios de mérito y capacidad.

Una de las constataciones que a nosotros nos ha llevado a esta reflexión es comprobar que los nombramientos que ha hecho el Consejo durante los últimos años desvían su elección de una forma abrumadora hacia no toda la carrera judicial, sino hacia el 50 por 100 de la carrera judicial que pertenece a algunas de las asociaciones. No tiene sentido objetivo pensar que, si los criterios de selección son mérito y capacidad, hay un 50 por 100 asociados que tiene mejor condición de capacidad y mérito que el otro 50 por 100 que no lo está.

Por lo tanto, déjeme que le conteste que el cumplimiento de nuestro programa electoral de despolitización de la Justicia se manifestará cuando esta Ley, una vez aprobada, lleve al Congreso de los Diputados y al Senado a la selección de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y en la selección de esas personas, de acuerdo a los criterios de representación de la propia carrera, que están establecidos en la Ley, será cuando se acredite que, efectivamente, no ha sido razón política, sino que ha sido auténtica razón de Estado la que ha llevado al Gobierno a la propuesta de esta forma.

¿Por qué seis, que son siete, más el presidente, que preside la Comisión Permanente? Porque entendemos que en los criterios de austeridad que en estos momentos deben de regir el funcionamiento de la totalidad de las Administraciones Públicas, con un órgano ejecutivo de siete componentes tiene suficiente capacidad el Consejo General del Poder Judicial para dar respuesta a las necesidades cotidianas que tiene atribuidas de acuerdo con sus competencias. Pensamos, además --y éste es un aspecto en positivo--, que es muy bueno para el Consejo que una parte sustancial de sus miembros, en lugar de aislarse de la propia carrera, en lugar de quedar en una situación de servicios especiales, sigan ejerciendo jurisdicción, sigan poniendo sentencias y sigan conociendo la realidad cotidiana del funcionamiento de la Justicia. Entendemos que esto va a enriquecer sus decisiones.

Yo no voy a criticar al legislador constituyente, pero en el Consejo de Ministros de España somos catorce personas, incluido el presidente, y las mesas de las Cámaras, que son los órganos de gobierno del Poder Legislativo, tienen una composición muy limitada. Y no parece que sea necesario que los veinte miembros del Consejo, que son convocados para funcionar en Pleno, tengan que tener un abandono de sus responsabilidades con carácter permanente, de acuerdo con las funcione que el propio Consejo tiene. Es la razón por la que lo hemos hecho.

Por último, le voy a decir, no algo que intuya, sino algo de lo que estoy convencido, de lo que estoy absolutamente convencido, y es que no podemos confundir la carrera judicial con las asociaciones que representan al 50 por 100 de la carrera judicial. Yo le aseguro que esta Ley va a ser muy bien recibida en la carrera judicial y que nuestra interlocución --que, por supuesto, ya lo he dicho, lo va a ser con las asociaciones-- lo está siendo paralelamente, probablemente, con actores jurídicos que tienen menos protagonismo mediático, pero que son determinantes.

Yo creo que será importante ver qué opinan desde el Presidente hasta el resto de los magistrados del Tribunal Supremo sobre este modelo, qué opinan los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y qué opinan, en definitiva, esos miles de titulares del poder del Estado, que son los jueces y magistrados, sobre una norma que, cumpliendo los criterios de austeridad, garantiza la independencia del Poder Judicial de una forma absolutamente efectiva.

En todo caso, sí le digo que yo respeto absolutamente los intereses, por supuesto, de las asociaciones judiciales; pero entiendo que ellos tienen que hacer lo que hace una asociación judicial, que es defender a sus asociados. Sin embargo, el Gobierno, además de defender a esos asociados, porque tenemos también obligación de hacerlo, además de a ellos tiene obligación de defender al resto de la carrera y a todos los ciudadanos. Por lo tanto, el nuestro es un interés de carácter general, tanto si hablamos de jueces y magistrados, como de ciudadanos, y el otro es un interés absolutamente legítimo, pero parcial, porque es el interés de defensa de aquellos que han tomado la decisión de asociarse.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.