Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos tratados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros bastante amplio en su número de decisiones, con lo que procuraré exponerlas con una cierta agilidad. Ha sido un Consejo importante, tanto por los temas abordados, como por el número de las iniciativas. Como ven, me acompañan los ministros de Justicia y de Defensa, por cuanto hoy el Consejo de Ministros ha aprobado dos Anteproyectos de Leyes Orgánicas importantes en el marco de la agenda reformista que está impulsando este Ejecutivo.

Hoy se ha visto, en primer lugar, en el Consejo el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial; un texto que es parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se está analizando en el Ministerio de Justicia, donde se establecen una estructura, organización y funcionamiento nuevos del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia les informará ampliamente sobre este asunto.

Por otro lado, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que es producto de un mandato de la Ley Orgánica 9/2011, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales novedades establece una mucho mejor regulación en su seno del principio de igualdad de trato y de lucha contra la discriminación.

Voy a centrarme más en otros aspectos que no competen a los Ministerios que me acompañan. En primer lugar, quiero decirles que este Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se autoriza la Oferta de Empleo Público para el año 2012. Como saben, en el año 2012 se estableció una congelación en el incremento de plazas en la Administración General del Estado y en todas las Administraciones, salvo el 10 por 100 de tasa de reposición en una serie de colectivos, especialmente Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lucha contra el fraude.

Pues bien, a lo largo de este año ha ido saliendo la Oferta de Empleo Público de algunos de esos colectivos, especialmente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta completar las 1.115 plazas en el año 2012. Para esta Oferta de Empleo Público lo que se hace es sacar aquellas plazas que afectan especialmente a la lucha contra el fraude y a los científicos que se integran en los organismos públicos de investigación. Lo que se está haciendo es una organización doble: por un lado, un control del déficit público y, por tanto, de las estructuras administrativas, siendo muy conscientes de que tenemos que redimensionar las Administraciones públicas; pero, por otro lado, también evaluar en qué aspectos es necesario mantener y consolidar profesionalidad y calidad de determinados servicios.

Por eso, junto a esta Oferta de Empleo Público del año 2012, les anuncio que en el mes de febrero de 2013 se traerá la Oferta de Empleo Público para el año 2013, con una cobertura de plazas de en torno a 1.600. Entendemos que es un número equilibrado, que cumple esa doble finalidad: por un lado, ser muy conscientes de que tenemos un compromiso de control del déficit público, de que tenemos un compromiso de redimensionar las Administraciones Públicas; pero siendo muy conscientes, después de que evaluar todos y cada uno de los servicios, de que es necesario mantener los servicios en un número de plazas adecuadas que garantice la profesionalidad y la calidad de un servicio de una de las mejores funciones públicas que hay en el mundo, que es la función pública española y, en este caso, la Administración General del Estado.

Para el año 2012, y en las plazas que les citaba de luchas contra el fraude, se convocan quince plazas de Inspectores de Hacienda; nueve de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; cinco de Interventores y Auditores del Estado, Abogados del Estado e Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, es decir, quince entre éstos, cinco para cada uno de estos tres colectivos. Y, en el grupo A 2, cinco plazas de técnicos de Auditoría y Contabilidad, y cuarenta plazas de técnico de Hacienda; además de quince plazas de agentes de Hacienda en el subgrupo C 1. Asimismo, veintiséis plazas de científicos titulares de organismos públicos de investigación.

Para el año 2013, en esas más de 1.600 plazas, amén de la cobertura de las correspondientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se hará un esfuerzo importante en plazas de determinados cuerpos de la Administración del Estado que es necesario mantener y reforzar. Estoy hablando de grandes cuerpos del Estado que llevan a cabo las principales tareas en materia de lucha contra el fraude, representación de España en el exterior en distintos ámbitos propios técnicos de la Administración y, en particular, y esa cifra ya se la puedo dar porque forma parte de los Presupuestos Generales del Estado, cincuenta plazas de jueces y fiscales, cuya convocatoria corresponde gestionar al propio Poder Judicial.

Asimismo, se está haciendo un esfuerzo muy importante de promoción interna, de buscar una carrera profesional dentro de la propia función pública que permita a los funcionarios seguir formándose y seguir avanzando en el escalafón. En este año, en el 2012, se ofertan 347 plazas de promoción interna.

En tercer lugar, en materia de inversión a futuro y compromiso del Gobierno, hoy se aprueba el acuerdo por el que se reitera el apoyo a la candidatura de la ciudad de Madrid para la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020, y se otorgan las garantías solicitadas en el manual de candidatura elaborado por el Comité Olímpico Internacional. Como recordarán, el Consejo de Ministros del 27 de enero ya aprobó un acuerdo de respaldo y ahora, después de conocer el Manual de las Ciudades Candidatas, que elabora el Comité Olímpico Internacional, que reclama una serie de garantías para la organización y celebración de los Juegos, se ha aprobado este nuevo acuerdo, que concreta algunos de los aspectos de la participación de la Administración General del Estado en el acontecimiento.

Esos compromisos que asume el Gobierno de España son, entre otros: el cumplimiento de la Carta Olímpica y de todas las obligaciones establecidas en el dossier de la candidatura; la prestación de servicios públicos de transportes, seguridad ciudadana, protección civil, tráfico, aduanas e inmigración; la puesta a disposición de las sedes deportivas necesarias; la financiación de una tercera parte, un 33,33 por 100, y de las inversiones en infraestructuras deportivas y de transporte necesarias para albergar los Juegos. Pero quiero aclarar que esta inversión sólo se realizará en el caso de que Madrid sea elegida como sede. Hay un compromiso, se presta la garantía, pero sólo en el caso de que Madrid sea designada sede se procederá a hacer esa inversión.

Además, quiero recordar que la candidatura de Madrid se basa en el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, que se estiman en un 85 por 100 del total. Si me equivoco, me corregirá el ministro de Justicia, que se lo sabe bastante mejor que yo.

Por último, les diré que, si se aprueban estas obras y se cumple, por tanto, el compromiso de estas inversiones, que se calculan en un total de 1.591 millones de euros, repartido entre las tres Administraciones, lo que se procederá es a hacer una distribución del cálculo del presupuesto por anualidades para poder cumplir esos compromisos, entendemos, además, en un mejor momento presupuestario.

En otro ámbito de cuestiones, hoy se ha aprobado un doble acuerdo: uno, por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley aprobado en estos días en Cataluña, el 5/212, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, y se ha instado dictamen al Consejo de Estado para que lo emita en el plazo de tres días hábiles para poder facilitar la interposición del recurso.

Los motivos de este recurso son varios. Como todos ustedes saben, el Gobierno de la Generalitat es, hasta su investidura, un Gobierno en funciones y un Gobierno en funciones no puede adoptar medidas o decisiones que vayan más allá de la gestión ordinaria y corriente de los asuntos. En segundo lugar, una norma básica de Derecho Tributario es que no se pueden crear nuevos impuestos por decreto ley. Un decreto ley puede, en ocasiones, modificar impuestos existentes, hasta donde la propia Ley establece que pueden ser modificados mediante esta fórmula; pero no se pueden crear "ex novo", o sea, nuevos impuestos por decreto ley, porque merma las garantías de los contribuyentes.

Pero, además, el Parlamento de la nación aprobó ayer una norma, una ley, que establece la reserva del hecho imponible a la Administración General del Estado, al Estado, de dicho impuesto sobre depósitos. Esto es así por muchas razones, pero por una que se entiende muy bien: es necesario garantizar una cierta unidad de mercado entre todas las Comunidades Autónomas a la hora de la regulación de este impuesto, por cuanto depósitos pueden abrirse en sucursales de distinto lugar y no parece muy lógico que sea un trato diferente el que tenga un depósito de la misma entidad abierto en una u otra localidad, según la Comunidad Autónoma.

Por eso, el Congreso de los Diputados ayer avaló la enmienda del Senado, que establecía la reserva del impuesto; en un principio a tipo cero, pero no porque vaya a mantenerse en ese tipo. Como bien anuncio el ministro de Hacienda en el Senado, se está trabajando, de acuerdo con nuestros compromisos comunitarios y la normativa que allí se establece, en la posibilidad de elevar ese tipo impositivo en una regulación acorde, como digo, con los compromisos asumidos.

También les informo de que tenemos noticia de que alguna otra Comunidad Autónoma puede estar pensando en incluir una medida como la que ha hecho la Generalitat de Catalunya en sus presupuestos y, en ese caso, el procedimiento que se seguirá será exactamente el mismo que en este supuesto.

Quiero, además, confirmarles que se han declarado oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal recibidas a 1 de enero de 2012. La cifra total de españoles es de 47.265.321, lo que supone 74.828 personas más que en el año 2011. Saben que los Ayuntamientos tienen la obligación de remitir al Instituto Nacional de Estadística las variaciones que se vayan produciendo. Para evitar errores o duplicidades; se efectúa la correspondiente comprobación y este Real Decreto lo que certifica es que, a 1 de enero de 2012, según los datos del Padrón, España cuenta con 47.265.321 españoles.

Por último, les informo de que el Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Fernando Martí Scharfhausen como presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y de Cristina Narbona como consejera de esa institución. Ahora será el Congreso de los Diputados el que lleve a cabo la conocida entrevista antes de procederse a su nombramiento definitivo por el Consejo de Ministros.

Voy a dar la palabra, primero, al ministro de Justicia y, después, al de Defensa para que informen sobre los Anteproyectos aprobados en el día de hoy.