El Gobierno aprueba el proyecto de ley contra la violencia vicaria

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha descrito la norma como una iniciativa rigurosa y cercana a las vivencias de las víctimas que vuelve a situar a España en la vanguardia de la lucha contra la violencia de género.

Redondo ha destacado que el texto deja claro que "la violencia vicaria es violencia de género", en un contexto de negación de esa violencia y de "reversión de derechos". La titular de Igualdad ha recordado que 68 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria desde 2013 -3 este mismo año- y que la violencia vicaria supone también maltratos, agresiones y amenazas constantes. Ana Redondo ha recalcado, igualmente, que la futura ley cumple con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: "Esperamos que, puesto que estas medidas ya están pactadas con ese gran consenso y acuerdo social, también tengan un procedimiento legislativo acorde y se pueda ver esta ley en esta legislatura".

Protección integral contra la violencia vicaria

El proyecto modifica un total de diez normas, incluyendo la Ley Integral contra la Violencia de Género, con el fin de ofrecer una protección global a las víctimas. El texto define la violencia vicaria como aquella que se ejerce contra la mujer por su pareja o expareja a través de una persona interpuesta. Redondo ha subrayado la ampliación del elenco de personas que pueden ser sujeto directo de esa violencia: hijos e hijas, otros descendientes sin consideración de edad, los mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o esa mujer, las madres y los padres, los hermanos y las hermanas y la actual pareja de la víctima.

Desde el punto de vista penal, el proyecto modifica el Código Penal para señalar que la agravante de cometer el delito por razones de género concurrirá en los supuestos de violencia vicaria. Además, se incorpora una pena accesoria para prohibir aquellas publicaciones o difusiones de actuaciones directamente relacionadas con los actos ilícitos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra

En cuanto al Código Civil, la norma pretende acompasar la jurisdicción civil con la penal. Con este objetivo, se incorpora la privación automática de la patria potestad en aquellos supuestos en los que haya recaído una sentencia condenatoria firme por delitos graves cometidos contra la madre o los hijos. "La premisa es clara: un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre", ha manifestado la titular de Igualdad. Únicamente se podrá recuperar la patria potestad cuando se produzca una cancelación completa de los antecedentes penales.

En cuanto a la guardia y custodia y al régimen de visitas, la futura ley también incorpora limitaciones muy importantes, ya que se suspenden cuando haya en curso un procedimiento por violencia de género o por violencia vicaria, o cuando haya indicios racionales de que se está produciendo esa violencia en el seno de esa familia. Además, se impone la obligación de escuchar a los menores; solo cuando sea inviable o no convenga al interés del menor, se llevará a cabo a través de representantes legales o personas allegadas o con formación especializada.

El texto recoge, asimismo, medidas de concienciación; formación para jueces, fiscales y magistrados, tanto en el acceso a la carrera judicial como en los posibles ascensos; la posibilidad de cambiar los apellidos de las víctimas, y la garantía de que el agresor no pueda beneficiarse de una prestación social que provenga precisamente de la víctima.

Más recursos para atender a las personas en situación de dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 904 millones de euros para su distribución entre las comunidades autónomas en concepto del nivel acordado para la financiación de la dependencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha resaltado que esa financiación está supeditada al cumplimiento de determinados criterios, como la reducción de las listas de espera o la mejora de las condiciones laborales en el sector. Además, incorpora una cláusula por la cual, si una comunidad autónoma reduce su financiación de la dependencia, también recibe menos recursos de la Administración General del Estado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P Sendra

Si la partida aprobada se suma a los fondos que implica el decreto ley de financiación extraordinaria, pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados, se alcanza la cifra histórica de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones el próximo. Bustinduy ha reiterado el llamamiento a todos los grupos políticos para que apoyen esa convalidación, así como las nuevas leyes de dependencia y discapacidad, de forma que se alcance el mismo consenso que posibilitó la reforma del artículo 49 de la Constitución, la adopción de la Ley ELA o la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados.

El ministro ha defendido que esas leyes, que también se votan en el Congreso esta tarde, suponen "la refundación del sistema de cuidados", un cambio que ha comparado con la construcción de los sistemas públicos de pensiones, sanidad o educación. La meta es transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad, la infrafinanciación y las grandes residencias a un modelo de derechos de la ciudadanía que permita generar los soportes necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible. Pablo Bustinduy ha destacado, además, que esas leyes blindan la financiación al recoger la obligación de que la Administración General del Estado aporte el 50% de los recursos.

Digitalización y modernización del sector financiero

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha informado de la aprobación del proyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero. Según ha explicado, la norma adapta la legislación española al marco europeo y actualiza áreas clave del sistema financiero para "aprovechar las oportunidades que nos da la digitalización sin renunciar a la protección de los usuarios ni a la estabilidad financiera".

El texto completa la aplicación en España de la normativa europea sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), refuerza la ciberseguridad y la resiliencia operativa del sistema financiero mediante la aplicación del Reglamento europeo DORA y moderniza el sistema de pagos. Asimismo, permitirá que las entidades de pago y de dinero electrónico puedan acceder directamente a los sistemas de pago, impulsando una mayor competencia, y reforzará la protección de infraestructuras estratégicas como Iberpay.

La portavoz del Ejecutivo ha destacado también que la ley impulsará una mayor transparencia en los mercados financieros mediante la conexión al Punto de Acceso Único Europeo y dará un nuevo impulso al Sandbox financiero, el entorno controlado de pruebas para proyectos innovadores, que contará con una ventanilla abierta permanente y una reducción de las cargas administrativas para favorecer la innovación.

Nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P. Sendra

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una hoja de ruta destinada a seguir impulsando el desarrollo del medio rural y garantizar la igualdad de oportunidades.

Elma Saiz ha destacado el cambio de tendencia que experimenta el medio rural español. Según ha apuntado, los municipios de menos de 5.000 habitantes continúan ganando vecinos: en concreto, el 79% de los 6.832 municipios españoles de menos de 5.000 habitantes registrados en 2018 presentan actualmente un saldo migratorio positivo.

La ministra ha explicado que la estrategia es fruto de un amplio proceso participativo y permitirá seguir impulsando inversiones en digitalización, movilidad, transición ecológica, innovación y servicios públicos, muchas de ellas financiadas con fondos europeos. El objetivo, ha subrayado, es reforzar la cohesión territorial y abrir "nuevas oportunidades para nuestros pueblos".

60 millones para municipios afectados por la DANA

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una partida de 60 millones de euros en ayudas directas destinada a los 78 municipios afectados por la DANA para reforzar su adaptación frente al riesgo de inundaciones.

Según ha explicado la portavoz, estas ayudas permitirán financiar actuaciones dirigidas a adaptar edificios, infraestructuras y servicios municipales situados en zonas con riesgo de inundación, con el objetivo de reducir los daños derivados de futuros episodios meteorológicos extremos y aumentar la seguridad de la población.

Asuntos de actualidad: incendio de Los Gallardos

Elma Saiz ha iniciado su intervención trasladando, en nombre del Ejecutivo, su "profundo pesar" por las 13 personas fallecidas como consecuencia del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), así como la solidaridad con sus familias y con todas las personas afectadas por esta tragedia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/César P Sendra

La portavoz ha explicado que el Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de un informe elaborado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias sobre la evolución del incendio, en cuya extinción han participado más de 438 efectivos estatales, entre ellos 220 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 184 agentes de la Guardia Civil, 61 efectivos de la Policía Nacional y 34 miembros de Protección Civil, además de numerosos medios terrestres y aéreos.

Según ha detallado la ministra, el incendio ha afectado a unas 7.000 hectáreas de masa forestal, terrenos agrícolas y caminos forestales. Con los datos disponibles hasta el momento, se trata de uno de los tres incendios forestales más graves de la historia de España por número de víctimas y del más mortífero registrado en Andalucía. Asimismo, ha destacado que la evolución del fuego ha puesto de manifiesto "la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal", ya que las zonas afectadas por incendios anteriores contribuyeron a limitar parcialmente su propagación.

La portavoz ha concluido agradeciendo "el trabajo ejemplar" de todos los profesionales que han participado en las labores de extinción, rescate, seguridad y atención a la población afectada, tanto en Almería como en el resto de incendios forestales activos en distintas comunidades autónomas.

Gibraltar: una nueva etapa de cooperación

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo ha destacado la inminente desaparición de la verja fronteriza con Gibraltar. A juicio de Saiz, se abre "una etapa histórica para España, para Andalucía y para el Campo de Gibraltar". Según ha señalado, esta nueva realidad permite "mirar al futuro con optimismo" y constituye "una buena noticia para España, una buena noticia para Europa" y, especialmente, para las más de 15.000 personas que cruzan diariamente la frontera en ambos sentidos.

En el ámbito de sus competencias, la ministra ha explicado que esta nueva etapa permitirá aplicar el protocolo de coordinación de la Seguridad Social entre España y Gibraltar para garantizar la cooperación administrativa, el intercambio de información, la tramitación de solicitudes y la coordinación efectiva de las prestaciones de Seguridad Social. Según ha subrayado, el protocolo protegerá a los trabajadores transfronterizos y a sus familias en ámbitos como la asistencia sanitaria, las prestaciones por nacimiento, la incapacidad temporal o las pensiones.