Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y la ministra de Igualdad

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.- Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Quiero comenzar trasladando, en nombre de todo el Gobierno de España, nuestro profundo pesar, por las 13 personas fallecidas como consecuencia del devastador incendio en Los Gallardos, en la provincia de Almería. Toda nuestra cercanía, nuestro cariño, nuestra solidaridad a las familias y amigos, de todas las personas que se han visto afectadas por esta tragedia. Compartimos, por supuestísimo, su dolor en unos momentos que son especialmente difíciles. Desde el primer momento, el Gobierno de España ha trabajado en una estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, y con el conjunto de administraciones implicadas, para contribuir en las labores de extinción, de protección a la población y de atención a los afectados y afectadas. Para ello, se han desplegado todos los medios necesarios del Estado, en una de las emergencias forestales más graves registradas en Andalucía.

Hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, se ha presentado un informe que ha elaborado la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior sobre este trágico incendio. Y les voy a detallar ahora mismo, algunas de las cuestiones, algunos de los datos contenidos en el mismo. En el amplio dispositivo coordinado para hacer frente a la emergencia han participado más de 438 efectivos estatales. De ellos, 220 eran militares de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, 184 agentes de la Guardia Civil, 61 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, y 34 miembros de Protección Civil.

Han participado medios terrestres, también aéreos, que se han sumado a los recursos desplegados por la comunidad autónoma. Actualmente, el incendio ha sido estabilizado. No existen, frentes activos de llama pero continúan, los trabajos de vigilancia, de refresco y de control de posibles reactivaciones. Las estimaciones operativas sitúan la superficie afectada en torno a las 7.000 ha, afectando a masa forestal mediterránea, matorral y monte bajo, fauna silvestre, terrenos agrícolas y también a caminos forestales.

Con los datos conocidos hasta ahora, les diré que el incendio de Los Gallardos, que se sitúa entre los tres incendios forestales más graves, de la historia de España por número de víctimas, y el más mortífero registrado en Andalucía. La evolución del incendio ha puesto de manifiesto la importancia, la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal. Las áreas afectadas por incendios anteriores, donde la carga de vegetación era menor, han contribuido a limitar parcialmente la propagación del fuego.

Quiero agradecer, en nombre del Gobierno, el trabajo ejemplar de todos los profesionales que han participado en las tareas de extinción, de rescate, de seguridad, de atención a los afectados, en Almería y también en los demás incendios forestales que mantienen ahora mismo en alerta a diferentes comunidades autónomas. Su compromiso, su profesionalidad y su entrega están siendo, una vez más, extraordinarios.

Antes de indicarles los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros, me gustaría detenerme también brevemente, en una noticia que tiene una enorme importancia para nuestro país. Mañana se abre una etapa histórica para España, para Andalucía y para el Campo de Gibraltar. La desaparición de la verja, como frontera física nos permite mirar al futuro con optimismo. Es una buena noticia para España, para Europa, y sobre todo una buena noticia para más de las 15.000 personas que cruzan diariamente en ambas direcciones.

Este acuerdo permitirá, en el ámbito concreto de mi responsabilidad como ministra de Seguridad Social, la aplicación práctica del protocolo de coordinación de la Seguridad Social, entre España y Gibraltar, con un objetivo, que es garantizar la cooperación administrativa, el intercambio de información, la tramitación de solicitudes y la coordinación efectiva, de prestaciones de Seguridad Social, entre España y Gibraltar. Este protocolo, protege a los trabajadores y trabajadoras, transfronterizas de ambas partes y a sus familias, en ámbitos tan importantes como la asistencia sanitaria, las prestaciones por nacimiento, la incapacidad temporal, o incluso también, por supuesto, las pensiones. Es una nueva etapa de oportunidades, de prosperidad compartida y de cooperación.

Y ahora sí, ya les voy a dar cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado, el anteproyecto de ley orgánica para prevenir sancionar, y erradicar la violencia vicaria. Una norma que permitirá visibilizar, reconocer y combatir, esta manifestación especialmente cruel de la violencia machista, ejercida contra los hijos e hijas, o cualquier otra persona allegada con el objetivo de causar el mayor daño posible, a las madres. Enseguida, como ven que me acompaña en esta mesa, les da cuenta de esta medida la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Por otro lado, el Consejo de Ministros, ha dado luz verde al proyecto de ley por el que se modifican diversas leyes para la digitalización, y modernización del sector financiero y ha acordado su remisión a las Cortes Generales. La norma adapta la legislación española al marco europeo y actualiza áreas claves del sistema financiero para aprovechar las oportunidades, que nos da la digitalización, sin renunciar a la protección de los usuarios, ni a la estabilidad financiera. La ley contempla la aplicación de la normativa europea, sobre criptoactivos, refuerza la ciberseguridad y la operativa del sistema de pagos, DORA, abre los pagos a nuevos operadores, y moderniza infraestructuras críticas, como el Iberpay. Asimismo, impulsa la transparencia con la conexión al punto de acceso único europeo, y relanza el SunBox financiero para facilitar la innovación. Como ven, también me acompaña en esta mesa, en esta rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que les va a detallar la transferencia récord, de 904 millones de euros, que el Gobierno de España, dará a las comunidades autónomas para financiar, en concepto de nivel acordado, las políticas de dependencia.

Además, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno ha aprobado la segunda estrategia nacional para la equidad territorial y el reto demográfico. El medio rural español, experimenta un cambio de tendencia importantísimo. Tras décadas de pérdida demográfica, la población en municipios de menos de 5.000 habitantes sigue creciendo. De manera generalizada, los pueblos de la España rural, han atraído a nuevos habitantes gracias también al saldo migratorio positivo. Por darles un dato, de los 6.832 términos municipales, con menos de 5.000 habitantes registrados en 2018, el 79 % tienen un saldo migratorio positivo. Esta estrategia, fruto de un amplio consenso participativo, constituye una hoja de ruta, actualizada, para seguir impulsando el desarrollo del mundo rural, y garantizar la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar donde se viva.

Un objetivo que el Gobierno, está impulsando a través de sus políticas, y también, está impulsando a través de los fondos europeos, que están permitiendo financiar inversiones en digitalización, en movilidad, en transición ecológica, en servicios públicos, en innovación, reforzando de esta manera la cohesión territorial y abriendo nuevas oportunidades, para nuestros pueblos.

También, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, hemos aprobado 60 millones de euros, en ayudas directas para que los 78 municipios afectados por la DANA, refuercen su adaptación al riesgo de inundación. Las ayudas financiarán, actuaciones para adaptar edificios, infraestructuras y servicios municipales con riesgo de inundación, con el objetivo de reducir daños, y aumentar la seguridad de la población.

Antes de concluir, me van a permitir que mande desde esta mesa, mucho ánimo a la selección española. Hoy, como saben, España se enfrenta a Francia, en las semifinales del Mundial, en un partido que, sin duda, va a volver a mantener en vilo a millones de españoles y españolas. El fútbol, es una de las grandes herramientas de integración. Tiene la capacidad de derribar barreras, de crear comunidad, y de hacer que millones de personas, se reconozcan en un mismo proyecto compartiendo una misma ilusión. Cuando un equipo representa tan bien, a un país, a través del talento, del compromiso, y de la generosidad, sobran los discursos que pretenden poner etiquetas, a quienes lo hacen posible. Así es que quiero desearle a nuestra selección toda la suerte del mundo. Son un orgullo para nuestro país. Son un magnífico ejemplo de esfuerzo, de deportividad y de un gran trabajo colectivo. Ojalá, esta noche podamos, todos juntos, celebrar el pase a la final. Tengo que animar. Vamos, España. Y sin más, ahora sí, ministro, te cedo la palabra.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.- Pues muchas gracias, portavoz. Hoy, es un día importantísimo para la política social de este país. Me atrevería a decir, que es un día que va a marcar un antes, y un después en la historia de nuestra política social, y que el 14 de julio de 2026 lo recordaremos durante décadas, como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.

Es difícil poner en perspectiva la importancia, y la profundidad de los cambios en nuestro sistema de protección social, que se van a votar esta misma tarde en el Congreso de los Diputados. Yo creo, sinceramente, que es algo comparable a lo que en el siglo XX sucedió, con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público, de sanidad o del sistema educativo. Porque, construir los mecanismos, para que el estado del bienestar, el Estado social, abarque la cuestión de los cuidados, y lo haga desde una perspectiva de derechos de ciudadanía, desde un sistema público y universal, es el gran desafío que tienen nuestras sociedades, por delante. Me atrevería a decir, que no hay muchos precedentes en las últimas décadas, en la historia de la política social de este país, de un esfuerzo de tal ambición y de tal envergadura. Y me atrevería a decir también que, hoy en día, hay muy pocos países en el mundo, que se estén planteando emprender reformas sociales de tal magnitud y de tal calado como las que se van a votar esta tarde, en el Congreso.

En síntesis, me han oído ustedes explicarlo varias veces, pero se trata de transitar de un sistema de la dependencia, marcado por la precariedad, por la infrafinanciación, y por un modelo centrado en la construcción de grandes centros residenciales, que, además, a menudo están ubicados, fuera de nuestras ciudades, y que neutralizan la capacidad de autonomía de las personas mayores, o en situación de dependencia. Se trata de transitar hacia un modelo de derechos de ciudadanía, que permita generar los apoyos y soportes, necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades, en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible.

Esta transformación profunda, esta refundación del sistema de cuidados, además, de manera inédita también, viene avalado, por una financiación histórica. Esta tarde, en la convalidación del decreto ley de financiación de la dependencia, el Congreso de los Diputados, se va a posicionar sobre la inversión de 6.200 millones de euros, en lo que queda del año 26 y el año 27, para hacer posible la refundación del sistema que implican las nuevas leyes, de dependencia y discapacidad. Además, esas leyes incorporan el blindaje, de la financiación por parte de la Administración General del Estado, de tal manera que el compromiso político que figuraba en el acuerdo de gobierno de alcanzar el 50 %, de la contribución a la financiación de la dependencia por parte del Gobierno, cosa que, con estos 6.200 millones, conseguiremos el año que viene. La ley va a recoger la obligación para la Administración General del Estado, de financiar ese 50 %, a partir de aquí. Es decir, vamos a blindar en la ley la responsabilidad de la Administración General del Estado, para hacer viable este nuevo sistema de cuidados.

Como palanca, como instrumento, como parte de ese esfuerzo de financiación, hoy, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado una partida histórica de 904 millones de euros, para transferir a las comunidades autónomas, en concepto del nivel mínimo de la dependencia. Desde que aprobamos el decreto ley de financiación extraordinaria, ha habido un intenso debate público, y una sospecha, me atrevería a decir, bastante generalizada, que tiene que ver con la pregunta de cómo vamos a garantizar que, esa movilización histórica de recursos vaya adonde tiene que ir, vaya a conseguir que se eliminen las listas de espera, que se aumente la intensidad, la calidad y el número de las prestaciones, y que mejoren las condiciones laborales en el sector. Desgraciadamente, abundan los ejemplos en nuestro pasado, reciente en el que determinadas comunidades autónomas, han utilizado una financiación extraordinaria para servicios públicos, o políticas sociales, para detraerla hacia otros fines. O hacia otros modelos de gestión, por así decirlo, que no redundan en mejores condiciones para la ciudadanía. Bien, el nivel acordado de la dependencia, es una financiación que está supeditada al cumplimiento de determinados criterios. Entre ellos, por ejemplo, la reducción de las listas de espera, de los tiempos de espera, o las condiciones laborales en el sector. E incorpora, además, una cláusula por la cual, si una comunidad autónoma merma, o reduce su financiación de la dependencia, también recibe menos por parte de la Administración General del Estado. Es decir, por cada euro, que una comunidad autónoma detraiga, de su contribución a la dependencia, recibirá un euro menos, por parte de la Administración General del Estado.

Esto quiere decir que estamos poniendo en marcha los mecanismos, a través del nivel mínimo, porque es una cuantía que se transfiere por cada usuario y prestación en el sistema, es decir, es finalista. Va a la provisión de servicios, y prestaciones a la ciudadanía. Y mediante el nivel acordado, en el que supeditamos la financiación al cumplimiento de determinados criterios de calidad, condiciones laborales y reducción de las listas de espera.

Mediante este esfuerzo, los 904 millones de euros del nivel acordado que, aprobamos hoy, y la convalidación del decreto ley, que se someterá a votación esta tarde en el Congreso, alcanzaremos la cifra inédita, histórica, de 5.513 millones de euros este año, y de 7.239 millones de euros el año que viene. Estos son los recursos que van a hacer posible esa refundación del sistema, que se vota esta tarde en el Congreso. Cierro, sencillamente, reiterando, desde esta mesa un llamamiento a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, para que apoyen la convalidación del decreto ley de financiación de la dependencia, y las nuevas leyes de dependencia y discapacidad. Para que estén, a la altura del inmenso consenso social, que las ha empujado y que las ha hecho posibles. El mismo consenso que hizo posible la reforma del artículo 49 de la Constitución, la adopción de la ley ELA o la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados.

Ningún actor político perdió nada por sumarse a esos consensos. Al revés, se hizo partícipe, de un éxito y un logro, y una conquista de país. Yo reitero, una vez más, el llamamiento a todos los grupos políticos, para que voten a favor de la financiación y de la refundación del modelo de cuidados en España. Y, por tanto, que salgan adelante por unanimidad. Creo que, cualquier otra postura de voto esta tarde, sería absolutamente incomprensible, para sus propios votantes. Y, por tanto, con esta confianza, desde esta mesa, me iré al Congreso de los Diputados, a defender con mucho orgullo, y con también mucha alegría, porque es un día histórico para la política social de este país, tanto la aprobación de una financiación sin precedentes, histórica, como la refundación, del sistema de cuidados con las nuevas leyes de dependencia y discapacidad.

Portavoz.- Gracias, ministro. Ana.

Ministra de Igualdad, Ana Redondo.- Muchísimas gracias, portavoz. Es también un motivo de orgullo, para mí personalmente y para el Gobierno de España, poder traer en segunda ronda este proyecto de ley, contra la violencia vicaria. Es un proyecto trabajado de abajo arriba, con las asociaciones de madres protectoras, con las asociaciones de víctimas. Hemos querido que sea, un proyecto riguroso en lo técnico, pero muy cercano, a las vivencias de violencia que, lamentablemente, sufren muchas familias, muchas madres, hijos e hijas.

Por lo tanto, creo que también es un motivo hoy, de alzar la voz ,por todas esas mujeres como, Itziar Prats, que han perdido lo más querido, y que hoy, de alguna manera, van a ver satisfecha una larga preocupación, y satisfecha, una larga necesidad de que se regule suficientemente, y, por lo tanto, se avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria, es violencia de género, y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.

Hay un segundo objetivo que es importante en este contexto negacionista, y es seguir avanzando. Seguir avanzando, en el desarrollo de políticas dirigidas, a luchar contra la violencia de género, en un contexto, como digo, de reversión de los derechos, de reversión del feminismo, y, en definitiva, de limitación de todas las medidas que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género.

Hay dos formas de enfrentarse a los problemas. Una, negándolo. El negacionismo, siempre agrava los problemas, y aleja las soluciones. Y otro es, el que estamos hoy poniendo de manifiesto, abordar los problemas, analizarlos en profundidad y dar soluciones acordes y congruentes a la dimensión del problema.

Es una dimensión enorme el problema de la violencia de género. Tanto en sus manifestaciones más duras, más salvajes, como los asesinatos, 68 niños y niñas asesinadas por violencia vicaria, desde que hay registros en 2013. Y tres, este mismo año. Pero, la violencia vicaria, va mucho más allá. No solo estamos hablando de los asesinatos, estamos hablando del maltrato, estamos hablando de agresiones, estamos hablando de amenazas diarias constantes, de violencia en el seno de los domicilios, de violencia de género contra los niños y niñas. Por lo tanto, la dimensión del problema que pretendemos solucionar o, por lo menos, minimizar con esta ley es realmente importante.

Por último, también queremos, lógicamente, y es un objetivo de la ley, cumplir con la palabra dada, cumplir con el Pacto de Estado, contra la Violencia de Género, que fue firmado por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en 2025, en febrero de 2025. Y hay, un número importante de medidas, de la 281 a la 320, que precisamente hacen referencia a la violencia vicaria. Por lo tanto, cumplimos con la palabra dada, con nuestra responsabilidad. Y también, esperamos que, puesto que, estas medidas ya están pactadas en ese gran consenso, y gran acuerdo social, también tengan un procedimiento legislativo acorde, y se pueda ver esta ley en esta legislatura.

Es una ley compleja porque, afecta hasta a 10 leyes diferentes. Estamos tratando, la ley integral contra la Violencia de Género 1/2004, pero también el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil, la ley de Enjuiciamiento Civil, la ley de derechos jurídicos del menor, etc. Es decir, es una ley que afecta de forma integral, y dando una solución holística, a todas estas normas, que, efectivamente, tienen un gran impacto, en la vida de las familias, en la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas.

En cuanto a la definición. La definición, se contempla en el artículo 1.4 de la ley integral contra la violencia de género. Es aquella violencia, que se ejerce a través de persona interpuesta. Se ejerce contra las mujeres, por su pareja o expareja, a través de persona interpuesta. Hemos abierto, de forma muy importante, el elenco de esas personas que pueden ser sujeto directo de la violencia. Pueden ser los descendientes, hijos e hijas u otros descendientes, sin consideración de la edad. También aquellos mayores de edad, que estén sometidos a la guarda o custodia de esa pareja, o de esa mujer. Por supuesto, también a los ascendientes: madres, padres. Y a los hermanos, hermanas, o a la actual pareja de la víctima. Por lo tanto, el elenco de personas que pueden ser objeto, sujeto, mejor dicho, de violencia vicaria se extiende, y es importante.

En cuanto al Código Penal. El Código Penal, incorpora un agravante de género en el artículo 22.4, de tal manera que se considera en cualquiera de estos delitos, que, si se produce por violencia vicaria, la pena, se impone en la mitad superior, en la mitad superior, de la correspondiente al delito cometido directamente.

Y, también, incorporamos una pena accesoria para prohibir aquellas publicaciones o difusiones de actuaciones directamente relacionadas con los actos ilícitos, con los delitos cometidos. Se da así, una respuesta normativa, una respuesta legislativa, a casos como el de Bretón, que tuvieron una respuesta social importante, un acompañamiento social, que fue yo creo que ejemplar. En este caso, hemos querido también que la ley contemple una respuesta normativa acorde con esa pena, como digo, accesoria en los artículos 48 y 70 del Código Penal.

En cuanto al Código Civil. En esta cuestión, hemos querido dar una respuesta holística, una respuesta complementaria, una respuesta global, a las situaciones de violencia de género, y violencia vicaria, que se viven en muchas familias. Haciendo congruente y acompasando, la jurisdicción civil, con la jurisdicción penal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y así nos lo trasladan las víctimas, la jurisdicción penal, o los procedimientos penales, por ejemplo, por violencia de género o por violencia contra los hijos e hijas, no iban acompasados de una respuesta en el régimen, de patria potestad, de guarda y custodia o de régimen de visitas. Por lo tanto, hemos querido que vayan acompasadas, ambas jurisdicciones y se dé una respuesta completa, una respuesta global, una respuesta congruente, en definitiva, y holística, a esa situación de maltrato, a esa situación de violencia.

En cuanto a la patria potestad. Se incorpora la privación, automática, de la patria potestad, en aquellos supuestos en los que haya recaído, una sentencia condenatoria, firme por delitos graves, cometidos contra la madre o sus hijos. Por delitos graves, de violencia de género, o por delitos de violencia vicaria. En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación, de la patria potestad, al agresor. Entendemos aquí que el interés superior del menor, no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara, un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre. Y, por lo tanto, eso tiene que tener consecuencias en el ámbito civil, como acabo de referir. Únicamente se recuperaría la patria potestad, cuando se produzca una cancelación completa, de los antecedentes penales. En el momento, en que se cancelen esos antecedentes penales, se podría recuperar la patria potestad.

En cuanto a la guarda y custodia, y al régimen de visitas, también se producen limitaciones, muy importantes. De hecho, se suspenden, cuando haya en curso un procedimiento por violencia de género, o por violencia vicaria, o cuando haya indicios racionales, de que se está produciendo esa violencia, en el seno de esa familia. Por lo tanto, hay también, una limitación muy potente en caso de maltrato, en caso de estar en curso, como digo, en un procedimiento por violencia de género, o violencia vicaria.

Es interesante también que en este caso se exige, se impone, la escucha a los menores. La escucha a los menores, es una obligación legal, para los jueces en todo caso. Y solo, cuando sea imposible, sea inviable, esa escucha directa al menor, cabrá la escucha a través de sus representantes legales, cuando no haya conflicto de intereses, o a través de otras personas allegadas, que tengan conocimiento, formación especializada en esta materia.

Por lo tanto, creo que esta es una premisa esencial, en cuanto a la jurisdicción civil. No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guarda y custodia o un régimen de visitas cuando hay en curso, un procedimiento por violencia de género, o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor, no está en convivir con un maltratador.

También se incorporan en la ley otras medidas, como medidas de concienciación, medidas de formación, específicamente para jueces, fiscales, magistrados, en toda la carrera judicial. Unas formaciones concretas, y específicas, tanto en el acceso a la carrera judicial como, en los ascensos posibles. Se exige, como ya se venía exigiendo, pero en concreto, en relación con esta perspectiva, de infancia y perspectiva, de violencia vicaria.

Hay otras medidas que pueden parecer menores, pero nos parecían muy simbólicas, también de alguna manera restaurativas, reparativas, en relación, por ejemplo, con el artículo 54, de la Ley del Registro Civil. ¿Para qué? Para posibilitar un cambio de apellidos, para aquellas víctimas, que hayan sobrevivido o incluso, para los niños y niñas fallecidas. Es decir, que haya la posibilidad, de cambiar esos apellidos en el registro para evitar las revictimizaciones, y también para acabar con cualquier vínculo, que una a la víctima con el agresor, con el victimario.

Y, por último, también afectamos a la Seguridad Social en el sentido de evitar, impedir, que el agresor, pueda recibir cualquier beneficio, cualquier prestación, que provenga precisamente de la víctima, como de hecho algunas veces sucede, y sigue ocurriendo con la actual normativa.

Por lo tanto, afectamos algunas otras leyes puntualmente para ofrecer una reparación y, de alguna manera, para evitar que esos vínculos, tan dañinos, tan negativos, puedan seguir existiendo. Creo, sinceramente, que España, da un paso muy importante en materia de protección, de las víctimas. Una protección global, una protección holística. Y también, que nuevamente nos ponemos en la vanguardia. España, ahora mismo, es un referente a nivel internacional en materia de políticas de igualdad, y contra la violencia de género. Acabo de volver de París, y nos reconocen, y nos piden apoyo, y nos piden conocer cuáles son nuestras medidas. Creo que, con esta medida, volvemos a ser un referente, y volvemos a incidir en la necesidad de avanzar en la lucha contra la violencia de género, hacia una mayor democracia. Una democracia, desde luego, donde la igualdad es un elemento esencial, sin el que es muy difícil avanzar en democracia. Y por mi parte, nada más.

Portavoz.- Gracias, ministra. Ahora sí, si hay alguna pregunta.

Almudena Guerrero (TVE).- Buenas tardes. Gracias. A la portavoz, quería preguntarle por la sentencia que acabamos de conocer contra el hermano del presidente del Gobierno. Nueve años de inhabilitación, por prevaricación. ¿Qué les parece? Y si coincide, con su compañero de partido, con Patxi López, que acaba de decir que, no se ha perseguido a una persona, sino al hermano de Pedro Sánchez, y que hoy triunfa la estrategia, ha añadido, de la ultraderecha.

Y, por otro lado, también quería pedirle una valoración, sobre la última petición del juez Peinado, de reclamar a la mujer del presidente, que acredite que solo usó su pasaporte para viajar a Reino Unido. ¿Está el juez Peinado obsesionado, como dicen en el PSOE, y varias voces del Gobierno, con Begoña Gómez? Gracias.

Portavoz.- Gracias por sus preguntas, Almudena. Pues bien, acabamos de conocer, la sentencia sobre David Sánchez, y lo que les puedo trasladar, es el origen de esta causa, que es una denuncia de una organización ultraderechista, en la que nunca ha habido acusación particular, y que, a lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas, y cada una, de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que, en instancias superiores, se constate, la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos. Y yo en esta mesa no voy a explicar, cualquier persona que haya viajado recientemente al Reino Unido, sabe perfectamente cuáles son los trámites. Esto es una prueba más, de la obsesión, de la persecución, del acoso político, a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

Guillermo Lerma Ruf (SER).- Muchas gracias. A la ministra portavoz, por insistir en la cuestión de la sentencia de la Audiencia de Badajoz, el presidente del Gobierno, siempre ha trasladado la idea de que él confiaba, en que todo esto acabaría en nada, y que la justicia, diría cuál es la verdad sobre este caso. La sentencia, que hemos conocido considera al hermano del presidente, culpable, de un delito de prevaricación. Si ustedes confían, en que instancias superiores acrediten esa inocencia, por preguntárselo de manera directa, si no confían en la resolución, de esta Audiencia de Badajoz en concreto, si creen, como han dicho algunos portavoces del Partido Socialista, que esta resolución, y este caso lo único que busca es desestabilizar, al Gobierno de coalición.

Y, luego, al ministro Bustinduy, y a la ministra de Igualdad, un par de preguntas. Al ministro Bustinduy, saber si usted tiene constancia de lo que va a hacer finalmente el Partido Popular, en la votación de esta tarde. Viene haciendo llamamientos reiterados, a que apoyen la ley porque, anteriormente, se han mostrado favorables, a todos los cambios que se han introducido en las leyes de dependencia, y discapacidad, saber si tiene constancia de cuál va a ser el voto del PP.

Y, a la ministra Ana Redondo, dos cuestiones muy concretas, saber por qué han optado finalmente por tipificar como agravante, la violencia vicaria, y no como un delito directamente, y por qué no se ha optado por prohibir automáticamente las visitas a los padres, que tengan abiertos procesos de violencia machistas. Por qué no, han optado porque ese proceso sea automático. Muchas gracias.

Portavoz.- ¿Empiezas tú, Pablo?

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.- Sí. Bueno, yo he reiterado en estos días, hoy también en esta mesa, un llamamiento a todos los grupos políticos porque, hasta ahora, constancia no han dejado. No han dado garantías de que vayan a apoyar la ley, lo que sería un extraordinario error político. Un extraordinario error político.

Mire, a lo largo de los años que llevamos trabajando en esta reforma, y en la mejora de la financiación del sistema, el Partido Popular, ha esgrimido dos argumentos principalmente. Sobre las nuevas leyes, ha dicho, en reiteradas ocasiones, que está de acuerdo, en el contenido pero que, sin financiación adicional, esos nuevos derechos y esas nuevas prestaciones, serían papel mojado. Esto lo han dicho varias veces. Bueno, pues hemos puesto por delante 6.200 millones de euros, que lo van a votar hoy también, esto no había sucedido nunca. Hemos puesto por delante la financiación, que va a hacer posible el cambio de modelo, con lo cual, ese argumento no ha lugar.

En segundo lugar, el Partido Popular, las comunidades autónomas, que gobierna el Partido Popular, llevan años exigiendo, cada vez que tienen oportunidad, que el Gobierno cumpla con su compromiso, con el compromiso que adquirimos de alcanzar el 50 %, de la financiación. No solo, lo hemos cumplido por la vía de los hechos, con la financiación encima de la mesa, sino que, lo hemos blindado también en la ley, y, por tanto, el Partido Popular, no tiene ningún argumento, para no suscribir tanto, el Decreto-ley de financiación, que va a duplicar los recursos que tienen a su disposición las comunidades autónomas para el sistema de la dependencia, como las nuevas leyes, que son clamor, por parte de las organizaciones sociales, de la discapacidad, de las personas mayores, del tercer sector, de los sindicatos, de las patronales.

Por tanto, por eso reitero el llamamiento, porque creo que, sería un error político en el corto plazo, pero también porque creo que estas deben ser leyes, de país. Leyes de sociedad. Leyes de Estado. Y creo que, les va a ser absolutamente imposible explicar quedarse fuera, de ese gran consenso, ¿en nombre de qué? En nombre de que, de una táctica del no a todo que es cortoplacista, que es miope, y es contraria al interés general. Y, por tanto, yo espero que el mismo consenso que produjo la reforma constitucional del artículo 49, la ley ELA,, la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, se plasme hoy, en una abrumadora mayoría, para que, estas leyes salgan adelante con el mayor consenso posible.

Portavoz. - Ministra.

Ministra de Igualdad.- Sí. Bueno. Son dos preguntas muy interesantes. En cuanto a la primera, es verdad que, en el Anteproyecto de Ley incorporamos, un artículo específico, que establecía un tipo delictivo, que era concreto, de violencia de género. Pero lo hacíamos diferenciando, un tipo delictivo en el seno del hogar, es decir, en el seno de la familia, y otro tipo delictivo, en relación con la violencia de género. ¿Qué es lo que nos encontramos? Distintos informes. Lógicamente, este proyecto ha pasado por todos los informes técnicos, y jurídicos y, en algunas ocasiones, incluso dos veces, por ejemplo, el CGPJ, o el con fiscal, han tenido que volver, por las modificaciones que se incorporaban, y la recomendación es que, al ser un tipo genérico, el que pretendíamos en la primera ronda podía recaer pena, por violencia vicaria, sobre las mujeres.

Eso, de alguna manera, era no entender que la violencia vicaria es violencia de género, pero generaba tantas dudas, y generaba tantos problemas de interpretación normativa, que decidimos desterrar esa posibilidad, porque, yo creo, que había determinados informes que no terminaban de entender, que la violencia vicaria es violencia de género. Es decir, la violencia vicaria, se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y, por lo tanto, domina su propiedad, hasta el punto de hacer el máximo daño, sobre sus hijos e hijas. Es que no es un delito sin más, es un delito, que trae causa de una cultura, machista, y patriarcal, donde se concibe la propiedad de la familia, igual que el "domus", entendía la propiedad, de todo lo que había en la casa.

Por lo tanto, ante esas dificultades de interpretación, de comprensión, de entendimiento, hemos decidido, finalmente, por incorporar un agravante de género en el artículo 22.4, y que solamente quepa interpretarse como violencia de género. Es decir, la víctima es la mujer, no hay otra posibilidad.

Y la segunda pregunta, que también es muy interesante, en relación con el automatismo. El problema del automatismo es que se enfrenta con la autonomía del poder judicial. Y el poder judicial no admite automatismos, en general. Porque la independencia del poder judicial, es que el poder judicial está sometido, única y exclusivamente, a la ley. No a la interpretación, que puedan hacer otros jueces en otras jurisdicciones. Es verdad que se ha establecido, y se ha recogido la retirada de la patria potestad, con carácter automático, en esos supuestos muy concretos, es decir, cuando hay una sentencia firme condenatoria, por un delito grave, cometido, bien por violencia de género, o violentamente hacia los hijos e hijas. Pero, como digo, sí que es verdad, que hay unas limitaciones muy sustantivas, en cuanto a la patria potestad, o al régimen de visitas, porque será suspendido, en todo caso, cuando haya un proceso en vigor por violencia de género o haya indicios racionales, de que esa violencia, se está sufriendo en el ámbito de la familia.

En ese sentido yo creo que sí que se da un avance muy importante y, sobre todo, por lo que decía antes, en muchas ocasiones nos hemos encontrado, y así nos lo transmiten las víctimas, que una sentencia condenatoria por violencia de género, no significaba ningún efecto, en materia de patria potestad, de guarda y custodia o régimen de visitas, sino que se mantenía absolutamente, como si no existiera, la violencia de género. Y, en ese sentido, hemos querido dar congruencia, y una respuesta holística, armonizada, en las dos jurisdicciones que, efectivamente, generan muchísimo dolor a las víctimas, pues mantener ese constante, esa constante relación con el agresor, por sentencias judiciales, en el ámbito civil que mantienen, como digo, la patria potestad o un amplio régimen de visitas, o la guarda y custodia.

Portavoz.- En relación a su pregunta, respetamos la sentencia pero, obviamente, no la compartimos. Ya he compartido con su compañera, cómo, y cuál fue el origen de este caso. Quiero recordar, e insistir, en que nunca se personó un solo perjudicado. No existe acusación particular, y la fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito. No acusó. Pidió la absolución. En ese sentido, confianza en la justicia y en que en instancias superiores, se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.

Miguel Muñoz Ortega (Público).- Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Varias cuestiones. Quería preguntar sobre el decreto de vivienda, que está pendiente de aprobarse antes de que acabe el mes de julio, en el Consejo de Ministros. Hoy hemos escuchado al diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, criticar que la negociación está bloqueada, porque el Partido Socialista está introduciendo algunas deducciones fiscales, que no estaban planteadas en un primer momento. Me gustaría saber en qué punto están las negociaciones, si es posible, y si confían en que el decreto, vaya a salir adelante antes de que acabe el verano. Si pudiera contestar tanto el ministro de Derechos Sociales como la ministra portavoz.

También quería preguntar que todo parece indicar que esta tarde en el pleno del Congreso, va a tumbar el techo de gasto. Quería preguntar a la ministra portavoz qué supone esta derrota parlamentaria para el Gobierno y si ven todavía posible aprobar los presupuestos.

Y una última para la ministra de Igualdad. Ayer conocimos la imputación del alcalde de Móstoles, por un presunto delito de acoso sexual. El Partido Popular ha mantenido, de momento su respaldo, y me gustaría una valoración al respecto de este posicionamiento político. Gracias.

Portavoz.- ¿Empiezas tú, ministra?

Ministra de Igualdad.- Bien, bueno. En cuanto al respaldo, es lo que viene haciendo el Partido Popular. Quiero decir, es la incongruencia absoluta, y la falta de coherencia del Partido Popular, a las que ya estamos acostumbrados. Se dice muy defensor de las mujeres, muy defensor de los derechos de las mujeres, pero, en cuanto puede, las abandona a su suerte y se pone a favor del agresor, del presunto agresor.

Creo que hay que exigir coherencia al Partido Popular, y que es intolerable, esa posición. Hay dos formas de enfrentar el machismo, porque el machismo, es general, es transversal, y no conoce ni siquiera del partido, ni de ideología, eso lo hemos podido ver. Pero hay dos formas importantes y diferentes, radicalmente distintas de enfrentarse a las actitudes machistas.

La primera, es apartando a los machistas, señalando a los machistas, y ponernos a favor de la víctima. Eso es lo que hemos hecho en todo momento en este Gobierno, y en el Partido Socialista, a favor de las víctimas. Rechazo a la violencia, rechazo a las agresiones y, por lo tanto, apartar inmediatamente a esas personas violentas y agresoras, o bien, todo lo contrario, apartar a las víctimas, que es lo que hace el Partido Popular, negar la voz a las víctimas, ningunearlas y, eso sí, dar todo el apoyo, y, todo el acompañamiento a los agresores, porque se ve que son de los suyos. El agresor, cuando es del Partido Popular, a ese se le protege, se le abraza, se le quiere mucho, y se le pone alfombra roja. Creo que eso es ser machista. Eso no es, desde luego, defender la igualdad, no es en absoluto defender a las víctimas, y a las mujeres. El Partido Popular, en estos casos, siempre se pone al lado de los agresores, y no se pone a favor de las víctimas. Nosotros hacemos exactamente lo contrario.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.- Sobre el decreto ley de vivienda. Creo que es, muy significativo, y muy importante, que anunciáramos un acuerdo para que, antes de que acabe este mes, sea aprobado un decreto ley que va a ser ambicioso. Y que va a recoger, como se anunció en esta misma mesa, algunas de las medidas que creemos que son fundamentales para poder abordar la emergencia habitacional, que viven las clases trabajadoras en este país, como una prórroga reforzada del alquiler, como la regulación de los contratos fraudulentos, de temporada y de habitaciones, que se están utilizando para expropiar las rentas, de las personas en situación más vulnerable, ante un mercado secuestrado, por lógicas especulativas o como la fiscalidad, una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos, que están detrayendo oferta, de los mercados de alquiler.

Son cuestiones muy relevantes, muy importantes. La negociación progresa adecuadamente. Y se está haciendo, además, teniendo en cuenta cuáles han sido los planteamientos de los distintos grupos parlamentarios que tienen que hacer viable su aprobación en el Congreso. Es un proceso, evidentemente, complejo. Todo el mundo sabe que la vivienda, en esta legislatura, ha sido campo de batalla entre posiciones y paradigmas diferentes, pero creo que, y ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, llegar hasta aquí, pero creo que estamos en disposición de poder dar respuesta al que es, el primer problema que tiene la gente trabajadora en este país y, por tanto, estamos trabajando con prudencia, con buena disposición, y estoy convencido, convencido, de que verá la luz un decreto-ley ambicioso, que sabrá dar respuesta a las expectativas, de la gente trabajadora de este país.

Portavoz.- Bueno, y quiero recordar, que el 86 %, aproximadamente, de las votaciones, se sacan adelante en el Congreso de los Diputados. Con cuestiones muy importantes, fruto del diálogo, de la responsabilidad, de ese trabajo compartido, de ese trabajo de negociación y acuerdo, serio y riguroso, que lleva a cabo el Gobierno. En ese sentido, por supuesto, vamos a dejar que se produzcan esas votaciones, por las que me preguntaba. Saben que el Gobierno, tiene un compromiso de presentar los presupuestos, se están dando los pasos preceptivos, en un procedimiento de aprobación de presupuestos, como es fijar el techo de gasto y más cuestiones, fijar la senda de déficit, y yo creo que, bueno, en un momento, además, un techo de gasto que responde, a la extraordinaria situación de la economía española, donde hablamos de recursos, para hacer frente a los diferentes desafíos que tienen, no solamente el Gobierno de España, sino también las comunidades autónomas en materia de vivienda, de servicios sociales, de educación, así que, con esa vocación, vamos trabajando, para seguir caminando hacia, la presentación de los presupuestos.

Esther Garrido Naranjo (Antena 3).- Buenos días, ministros. A la portavoz. Yo le quería insistir en la sentencia del hermano del presidente, como le han preguntado ya algunos compañeros. Si comparten, con el Partido Socialista, que solo busca desestabilizar al Gobierno, esta sentencia. Y también qué le parece lo que está diciendo la oposición. El PP, hablaba de un día histórico. Feijóo, ha dicho que nadie esté por encima de la ley habla bien de nuestro Estado de Derecho, y que esto debería reconfortar a todos los españoles. ¿Qué le parece?

Y, por otro lado, una valoración del último informe de la UCO. Viene a decir que el Partido Socialista habría pagado a Leire Díez, a través de intermediarios. Saber si hay cierta preocupación, en la parte socialista del Gobierno o si siguen manteniendo que en el partido, no se sabía nada de esta trama. Gracias.

Portavoz.- Bueno, como les digo siempre en todas estas cuestiones, colaboración máxima con la justicia, dejar que la justicia haga su trabajo. No son, eslóganes vacíos. Lo hemos visto en lo que tiene que ver, con la situación del alcalde de Móstoles. Los diferentes comportamientos, la reacción, no es lo mismo, decir que está comprometido con la limpieza, y con la lucha contra la violencia de género, o los casos de acoso sexual y luego mirar hacia otro lado y no actuar, así que colaboración con la justicia.

Estamos en la segunda cuestión, que me preguntaba. Era una fase absolutamente embrionaria, y dejar que la justicia haga ese trabajo, y siempre con esa colaboración máxima con la labor judicial. Y, bueno, en este sentido, creo que la reacción a la primera pregunta. Lo que le puedo afirmar, es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar.

José Miguel Blanco (Agencia EFE).- Gracias, buenas tardes, para la portavoz. Respecto a la polémica por las palabras del expresidente Rajoy. Usted ya se pronunció al respecto, pero no sé, si tiene constancia de si el presidente del Gobierno, tuvo oportunidad de comentarlo ayer con el presidente Macron, si le pidió disculpas por ello, u hoy al primer ministro, cómo parece desprenderse de unas imágenes que había en el desfile de la fiesta nacional, y si creen que consideran que puede tener algún recorrido, el que pueda considerarse como un delito de odio, tal y como apuntó ayer el ministro Albares, o hay informaciones políticas como Podemos que están pidiendo.

Por otro lado, también esta semana, se va a conocer la decisión de la justicia europea, sobre la amnistía. Si ustedes confían que, sea favorable, si comparten con el presidente de la Generalitat, que en ese caso, la justicia española debería actuar rápidamente, para que fuera efectiva, y si confían en que pueda exponer un punto de inflexión es en su relación con Junts. Gracias.

Portavoz.- Mire, yo no he visto las imágenes del desfile, pero como saben, el presidente del Gobierno, a través de una red social, manifestó claramente, su posición y su opinión, en relación a esas palabras racistas, irresponsables e impropias de un expresidente del Gobierno, como, bueno, las dijo Mariano Rajoy. Lo que a mí me extraña, de verdad, sinceramente, es que, a estas alturas, y con el revuelo, y las condenas, que han tenido esas palabras en nuestro país y también en Francia, el presidente o el expresidente Rajoy, todavía no haya pedido disculpas. Así que, bueno, insisto, esas palabras no responden, ni los españoles, las españolas, nuestro país, no se siente representados, con esas palabras. España, es un país abierto, es un país diverso, es un país solidario, y en lo que tiene que ver con el fútbol, y el deporte, el fútbol son valores, es integración, el fútbol, es no al racismo, así que dejemos que sea el protagonista, el fútbol, hoy, y por supuesto, en el desarrollo de este Mundial.

Y en relación a la sentencia del Tribunal, del TJUE. Mire, me voy a remitir a las palabras del propio presidente Illa en el sentido de esperar que esa sentencia se aplique, sea clara, sea contundente y que se aplique esta medida de gracia con la diligencia. Y sin más dilación. Las consecuencias de la ley de amnistía, una ley, que salió con una importante mayoría del Congreso, y que ha sido avalada también por el Tribunal Constitucional, las consecuencias se están viendo en las calles de Cataluña, donde prima, la convivencia y la prosperidad.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)